CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 32

Sesión plenaria núm. 31

celebrada el lunes,

21 de mayo de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página3)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:


- Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 5-1, de 7 de abril de 2012. (Corrección de error en BOCG, serie A, número 5-3, de 11 de abril de 2012).
(Corrección de error en BOCG, serie A, número 5-4, de 20 de abril de 2012). (Número de expediente 121/000008) ... (Página3)

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SUMARIO


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página3)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página3)


Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 ... (Página3)


Títulos I y II ... (Página3)


En defensa de las enmiendas presentadas a los títulos I y II intervienen los señores Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Ranjel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Título III ... (Página11)


En defensa de las enmiendas presentadas al título III intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Títulos IV y VIII y sección 07, Clases pasivas ... (Página18)


En defensa de las enmiendas presentadas a los títulos IV y VIII y sección 07, Clases pasivas, intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; la señora López i Chamosa y el señor Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Susinos Tarrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Título V y sección 06, Deuda pública ... (Página21)


En defensa de las enmiendas presentadas al título V y sección 06, Deuda pública, intervienen los señores Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Título VI ... (Página26)


En defensa de las enmiendas presentadas al título VI intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Título VII ... (Página31)


intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Hurtado Zurera, del
Grupo Parlamentario Socialista.

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En turno de fijación de posiciones interviene el señor Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a las votaciones de los títulos I, II, III, IV y VIII; sección 07, Clases pasivas; título V; sección 06, Deuda pública y títulos VI y VII.


Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3º del Reglamento.


En sustitución de don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde pregunto a doña Julia de Micheo Carrillo-Albornoz si jura o promete acatar la Constitución.


La señora DE MICHEO CARRILLO-ALBORNOZ: Sí, juro.


El señor PRESIDENTE: Doña Julia de Micheo Carrillo-Albornoz ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos).


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012. (Número de expediente 121/000008).


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar por tanto el debate del dictamen del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Para que hagan sus previsiones, hoy no antes de las ocho, pero lo más cercano posible a esa hora, se procederá
a una primera votación de lo que se haya debatido hasta ese momento. Mañana martes comenzará el Pleno a las diez de la mañana. Continuará durante todo el día, mañana y tarde, sin interrupción, y no antes de las ocho, pero también cerca de esa
hora, procederemos a la votación. Si no se hubiera sustanciado todo lo que sus señorías conocen que está previsto para el martes, habría una sesión nocturna después de la votación para terminar el orden del día del martes. El miércoles
comenzaríamos a las nueve de la mañana, sin interrupción, y al terminar el debate procederíamos a la votación final de los presupuestos.


Ahora comenzaremos de acuerdo con el orden del día que tienen. Quiero decirles que, por un acuerdo que me parece beneficioso para toda la Cámara para el tiempo de empleo y también para el Grupo Mixto, los representantes del Grupo Mixto van
a intervenir uno en cada uno de los títulos o secciones, y, de acuerdo con la Presidencia, el que intervenga podrá defender todas las enmiendas que considere oportunas -normalmente serán las que presenta su agrupación política-, aunque no
correspondan a lo que estamos debatiendo. Eso agiliza mucho que podamos tener un debate lo más rápido posible.


Dicho esto, comenzamos, en primer lugar, con el debate de los títulos I y II. En turno de defensa de enmiendas, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, visto el panorama que nos acaba de dibujar el señor presidente, en aras del bienestar común intentaré ser tan breve como sea posible y no agotar el tiempo que se nos cede.


Nos presentan estos presupuestos como si no hubiera alternativas, y eso no es cierto porque las hay. Abordando concretamente los títulos I y II, se están regulando diversos aspectos sobre, por ejemplo, la financiación de la Seguridad
Social, incluyendo el Instituto Social de la Marina. Siempre desde el Gobierno y desde las filas del PP insisten en la racionalización, en evitar duplicidades, y en ese sentido siguen incurriendo en una contradicción flagrante en lo que se refiere
a las Fuerzas Armadas. Ya hemos comentado el tema más de una vez, pero aquí en lo que tendríamos que insistir, y es nuestro deber y es lo que nos piden nuestros electores, es en que, si son tiempos de austeridad, la austeridad tendría que estar en
todas partes, y si vamos a apostar por la racionalización eso también tendría que ser visible en todas partes. No entendemos por qué en el Instituto Social de la Marina o en otros apartados referentes a la asistencia sanitaria y hospitalaria y al
mutualismo para militares se gastan, por ejemplo, 1.250 millones de euros, cuando eso se podría integrar y racionalizar, como a sus señorías les gusta decir e insistir, en la sanidad pública con el resto de los mortales que, si no tengo mal
entendido, se ponen igual de enfermos que los militares.


Estos títulos que se discuten ahora también versan sobre el presupuesto del Banco de España; es otro aspecto que quisiéramos resaltar. Uno se pregunta en qué nos acaba beneficiando ese presupuesto que recae sobre las espaldas de todos,
cuando vemos que la quiebra de cajas y bancos se ha debido en buena medida al incumplimiento de las funciones de ese Banco de España, tanto en lo que se refiere al análisis y al diagnóstico como a su actuación. Estar discutiendo aquí las dotaciones
de Banco de España, señorías -me disculparán-, tiene


Títulos I y II

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algo de surrealista, cuando su gobernador, el señor Fernández Ordóñez constituye sin duda uno de los máximos responsables de la crisis financiera o de no haber previsto el alcance de la crisis financiera que nos ha estallado ante las
narices, a pesar de lo diga el señor Rajoy, el presidente del Gobierno, paseándose en barca por el río Chicago, cuando se cita como ejemplo en lo que se refiere al trato de la situación financiera y bancaria ante Angela Merkel. Por cierto -un
paréntesis-, cada día el presidente del Gobierno del Estado español se parece más a su predecesor cantando las alabanzas del sistema financiero español y su capacidad de reacción. La burbuja está estallando, y quien no se quiera dar cuenta de eso o
quien apele al autoelogio lo que hará es empeorar la situación.


Déjenme añadir que otros presupuestos son posibles con relación también a Cataluña, y no estos, que son la foto fija -ya lo dijimos en su día, porque es lo que creemos y creemos que es la verdad- del expolio social y financiero de un país
que debería ser tratado como motor económico y no como el culpable de todos los males, disimulando además los males de otras comunidades autónomas que -ahora lo sabemos, lo empezamos a saber- estaban igual o todavía peor que la Administración
catalana. En el caso de Cataluña es grave que en treinta años el poder español se haya quedado el 40 % de los impuestos catalanes y haya negado el pan y la sal a la gente modesta, a la sociedad trabajadora y, de paso, haya desmontado el bienestar y
también la Administración catalana. Estos presupuestos no son de sentido común, sino todo lo contrario. El poder español ha estado sustrayendo la riqueza, la contribución, la aportación de Cataluña y la ha estado utilizando mal, gastándola en
tonterías o en iniciativas que han acabado en ruina, ruina que acaba afectando a todos. Encima en algunos casos ese maltrato se ha hecho desde la ilegalidad, ignorando aportaciones consignadas en un Estatuto, que es ley orgánica española, y
rechazando incluso transferencias como las becas, unos 200 millones de euros, que el Tribunal Constitucional ya dictaminó en su día que debían ser traspasadas de inmediato.


Volvamos a la gente. La gente está acusando la crisis y la gente en Cataluña se está rebelando contra este estado de cosas y esta injusticia manifiesta, se está acercando a la insumisión. Este fin de semana yo mismo, como algunos de mis
compañeros, pude asistir a la gente que se niega a pagar peajes, no porque la gente sea partidaria de generar impagados, sino porque la gente está harta de esta sensación de expolio, que es más que una sensación, y de esta impresión de
discriminación, que es más que una impresión. Hay gente que está pagando ya los impuestos directamente a la Generalitat de Cataluña, ayuntamientos que se declaran insumisos fiscales. Dirán que eso no lo contempla la ley. Quizá, pero si el mismo
Gobierno del Partido Popular es el primero en cepillarse las leyes o en interpretarlas a su manera, qué quieren que haga la gente. Al menos los ciudadanos cuando desafían al poder lo hacen por sentido de justicia. La gente corriente no es tonta y
tiene un límite. La gente es sensata y se amotina ante las injusticias. Eso, precisamente eso, que algunos de ustedes criticarán o verán como un peligro, es lo que más luz, a mi entender, vierte sobre el futuro, porque tenemos esperanza en la
gente, tenemos esperanza en su conciencia, tenemos esperanza en su sentido de la realidad. Por eso, porque la gente sabe muy bien lo que está pasando, saben hasta qué punto pueden aguantar y saben lo que no permitirán de ninguna manera; por eso,
el futuro nos vierte esperanzas y perseverando podremos acabar con los abusos que nos acucian, que nos torturan en este momento.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.


Trataré de ser breve porque ya tuvimos oportunidad de debatir nuestras enmiendas en Comisión, ya tuvimos oportunidad de hacer ver a la población y al resto de grupos parlamentarios cuál es nuestra posición sobre estos Presupuestos Generales
del Estado y también sobre las secciones y el título que ahora estamos debatiendo. Por tanto, me ceñiré a las líneas fundamentales de nuestro discurso.


Estos presupuestos están elaborados siguiendo una política suicida, siempre y cuando el objetivo sea volver a generar crecimiento económico, volver a crear empleo. No parece que ese sea el objetivo a tenor de la filosofía de estos
presupuestos, que están centrados en combatir el síntoma y no la enfermedad, en combatir el déficit público, que se dispara después de la crisis, y no las causas que dieron origen a esa crisis. Por tanto, no resolvemos la enfermedad, sino que
seguirá con nosotros después de haber aprobado estos presupuestos generales y todas las enmiendas que hayan sido aprobadas en este periodo de sesiones. Lo cierto, como ya se dijo desde nuestras bancadas, es que más bien parece que estos son los
presupuestos generales del mercado, pues parece que son elaborados por el mercado y en beneficio del mercado.


La política de gasto de estos presupuestos es destructiva con el Estado del bienestar. Deteriora la calidad de los servicios públicos, afectando, por supuesto, a los más desfavorecidos y por tanto abriendo la puerta a unos presupuestos -los
que vendrán en otoño y en Navidad- que van a ser profundamente destructivos con el tronco del Estado del bienestar. Es decir, estos presupuestos abren la puerta a mayores privatizaciones de los servicios entonces considerados fundamentales, que a
partir de ahora se consideran menos fundamentales según el criterio del Gobierno. Es una política de gasto profundamente desigual en sus efectos en la sociedad, como bien sabemos, pero quizá lo que mejor lo refleja es la política

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de ingresos. La política de ingresos del Grupo Popular es una política claramente de clase social -de clase social alta, se entiende-, porque a la vez que estamos haciendo una reforma fiscal que sube los impuestos a la mayoría de la
población en términos de IRPF -ya lo veremos en términos de IVA en los meses siguientes- se hace una amnistía fiscal a los grandes defraudadores. Se perdonan los delitos cometidos, delitos que son precisamente responsabilidad de sujetos que han
estado atacando el Estado del bienestar con su política de evasión y elusión de impuestos. Son los delincuentes más peligrosos de esta sociedad y el Grupo Popular en estos presupuestos les ofrece una ayuda para que no paguen lo que deben, para que
no se les sancione y para que además paguen una pequeña parte del tipo de gravamen que hubieran pagado si se atendiera a la legalidad existente hasta estos presupuestos.


En estas enmiendas reflejamos que las políticas alternativas claro que existen, son posibles, se pueden realizar. Hoy abríamos El País con una viñeta de un humorista -creo que es un filósofo estupendo-, El Roto, que decía precisamente que
si no hay alternativa para qué hay elecciones. El Partido Popular nos intenta hacer ver que ellos tienen la verdad absoluta y que por lo tanto hay que hacer lo que ellos consideran necesario hacer porque es la única opción posible. Es el debate
que más hemos visto repetido en la Comisión de Presupuestos, en la que ya debatimos estas enmiendas. Pues es radicalmente falso, es mentira. Es mentira porque hay política alternativa, pero eso implica cambiar la redistribución del coste de la
crisis, decir que esta crisis la van a pagar los más ricos y hacer reformas fiscales que incidan en la responsabilidad, en la culpabilidad de aquellos que han estado especulando y enriqueciéndose durante la gestación de esta crisis. Además, el
Partido Popular habla en cierta medida de que es verdad que ha habido un exceso de gasto público en determinados aspectos, el despilfarro en grandes macroproyectos, que dieron muchas rentas a determinadas empresas, grandes empresas, y a unas redes
empresariales vinculadas a la construcción. Sin embargo, el Partido Popular no quiere investigar las causas de la crisis, ni quiere generar responsabilidades, ni quiere que la sociedad sepa quiénes son los culpables. Esta es una cuestión que
seguimos reivindicando, porque la población necesita saber quiénes han tenido la responsabilidad de esta crisis, cuyos efectos están en estos presupuestos.


Tenemos alternativas, por el lado de los ingresos haciendo que los que más tienen más paguen de forma real y no solo en el discurso y con una distribución del gasto muchos más equitativa y, sobre todo, que no impacte tanto en las clases
sociales más desfavorecidas. El Partido Popular dice que no hay instrumentos suficientes y en el debate de presupuestos nos decía su portavoz que estábamos hablando de una política de ciencia ficción o de una nueva teoría económica. Es falso.
Desde la teoría económica se sabe perfectamente que haciendo una buena política de ingresos y una buena política fiscal es posible que los presupuestos generen crecimiento económico. Es cierto que hay determinados instrumentos que están delegados
en la Unión Europea como puede ser el Banco Central Europeo. Hay que aprovechar para decir que la tiranía del Banco Central Europeo es una de los grandes responsables y de los grandes obstáculos para salir de esta crisis, pero es un obstáculo más.
Por eso pedimos al Grupo Popular que insista en cambiar el estatuto del Banco Central Europeo para que en los presupuestos podamos utilizar mejores instrumentos, como puede ser el de política monetaria, de una forma más adecuada para nuestra
sociedad. En definitiva, queremos decir que hay alternativas, porque la teoría económica ya está inventada en lo que se refiere a las posibilidades que tenemos actualmente, y tenemos que recuperar instrumentos. Podemos empezar haciendo unos
presupuestos más equitativos y justos, que no hagan caer el coste de la crisis sobre los más desfavorecidos.


Imaginamos que nuestras enmiendas volverán a caer otra vez al vacío, pero es importante que repitamos a la ciudadanía que hay alternativas y que no caigan en la resignación a la que les invita el Partido Popular haciéndoles creer
-engañándoles, mintiéndoles- que no hay alternativa. Por supuesto que hay alternativa, pero pasa por equilibrar la distribución de los costes de la crisis. El Partido Popular hace una política de clase; ayuda a los más ricos en beneficio de las
grandes fortunas y las grandes empresas y en perjuicio de los más desfavorecidos. Nosotros planteamos que hay una alternativa que es la de la solidaridad, la de la fraternidad y la de los valores que nos hagan salir de la crisis sin que lo paguen
los más desfavorecidos.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Como todas sus señorías saben perfectamente, nuestro grupo, Convergència i Unió, presentó en su momento una enmienda a la totalidad a estos presupuestos, y debido a que desgraciadamente no prosperó presentamos 563 enmiendas a todo el
articulado de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Estas enmiendas reflejan básicamente el propósito de enmendar desde una perspectiva general dichos presupuestos. Ya en su momento planteamos que estos presupuestos eran muy
restrictivos. Se ha intentado cuadrar el círculo incrementando los impuestos directos e indirectos -porque se han subido también algunas tasas- y reduciendo gastos. El Gobierno ha llegado a la conclusión de que así sería posible salir de esta
situación, pero, señorías, nosotros entendemos que a estos presupuestos les falta, entre otras cosas, alma social. Creemos sinceramente que el Grupo Popular ha demostrado con la

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configuración de estos presupuestos que no tiene alma social; no está presente la sensibilidad social en ellos. Independientemente de que se incrementen los ingresos y se reduzcan los gastos, es necesario buscar alternativas para
implementar todos los mecanismos que impulsen el crecimiento económico. Hoy se está hablando en diferentes simposios internacionales de la posibilidad de que se puedan impulsar alternativas al crecimiento económico, y justamente esta es una de las
cuestiones de las que adolecen estos Presupuestos Generales del Estado. Más adelante nos referiremos a ello.


En segundo lugar, hay otro aspecto muy importante que nosotros hemos querido destacar. En estos presupuestos, y desde la perspectiva de las comunidades autónomas, algunos partidos nacionalistas nos damos cuenta de que el Estado central, en
este caso el Gobierno del Partido Popular, no considera que las comunidades autónomas son Estado, son Administración pública. Por este motivo nosotros consideramos que faltan una serie de cuestiones en las que el Partido Popular habría podido
demostrar que no solamente es serio en el pago a proveedores por parte de las administraciones autonómicas y de los ayuntamientos -que lo ha sido y lo ha demostrado-, ya que se ha olvidado de pagar todas aquellas cantidades que están perfectamente
consignadas en la disposición adicional tercera y en algunos acuerdos bilaterales entre el Gobierno del Estado y la Administración autonómica, en este caso la Generalitat de Cataluña; ha dejado de consignar algunas partidas que adeuda a la
Generalitat de Cataluña y a otras comunidades correspondientes a la disposición adicional tercera de los años 2008 y 2009. Creemos que es una falta de seriedad importante que el Estado no pague sus deudas a las administraciones autonómicas, deudas
que además están contraídas por la disposición adicional tercera y reconocidas en la comisión bilateral Estado-Generalitat de Cataluña. Es lamentable que pasados estos presupuestos el Estado, la Administración central continúe siendo morosa con
algunas administraciones autonómicas, concretamente con la Generalitat de Cataluña. Han perdido, señores, a no ser que lo podamos enmendar en este trámite parlamentario, la posibilidad de dejar de ser morosos de algunas administraciones
autonómicas.


Hay otro aspecto que nos preocupa, y son las transferencias a las diferentes comunidades autónomas. Hay una rebaja sustantiva y cualitativa de transferencias de capital a las comunidades autónomas justamente en todos aquellos aspectos que
hacen referencia a las políticas activas de empleo. Ustedes saben perfectamente que con una población de paro, señorías, que va incrementándose mes a mes, día tras día, es realmente triste y lamentable que todas aquellas políticas o recursos de
políticas activas orientadas al fomento del empleo se hayan visto reducidas en torno a un 40 %.


Un tercer aspecto también relevante para nosotros es la falta de mecanismos para que determinados ingresos provenientes de estos incrementos impositivos vayan orientados directamente a implementar alternativas de crecimiento económico dentro
del Estado español. No hay ni un solo ingreso que vaya directamente orientado a incrementar la actividad económica, a mejorar la economía productiva en nuestro país. Es realmente paradójico que partidas tan fundamentales como todos aquellos
aspectos que se refieren a la innovación, al desarrollo y a la investigación experimenten bajas o reducciones de un 30 %; que mientras en la media de la Unión Europea estas partidas han experimentado aumentos importantes del 30 %, en España se
reduzcan aproximadamente en un 35 %. Existe una diferencia de 65 puntos entre lo que hacemos nosotros y lo que están haciendo determinados países que están saliendo de esta situación delicada de la crisis.


Finalmente, hay otro agravio comparativo que a nuestro parecer es muy relevante, y es que, justamente en todas aquellas inversiones que el Estado destina u orienta a los diferentes territorios, Cataluña ha sido la comunidad más castigada.
En estos presupuestos se ha experimentado una reducción de más del 40 % de las inversiones del Estado en Cataluña con respecto a los presupuestos del año 2011. Si es posible, con las enmiendas a las que más adelante nos referiremos, nosotros
intentaremos conseguir un acuerdo sustancial con el Grupo Popular a fin y efecto de poner fecha a todas aquellas enmiendas territoriales de inversión estratégica, como son los accesos a los puertos de Barcelona y Tarragona, las obras del corredor
mediterráneo, las inversiones pendientes de cercanías de Barcelona, la finalización del desdoblamiento de carreteras del Estado en Cataluña y muchísimas otras enmiendas más.


Señor presidente, paso directamente al título I y al título II, que estamos debatiendo en estos momentos. La enmienda más importante es la 2750 al título I, de cuyo artículo 1 curiosamente ha desaparecido la habilitación que facultaba al
ministro de Hacienda para que pudiera dotar de recursos todas aquellas disposiciones adicionales en las cuales el Estado tiene deudas pendientes con las diferentes comunidades autónomas. No solo no han consignado las partidas, sino que han hecho
desaparecer la habilitación que proveía al ministro de Hacienda para que pudiera hacer efectivos estos pagos. Respecto al título II, las enmiendas hacen referencia a la gestión presupuestaria. Son enmiendas que habitualmente presenta nuestro grupo
parlamentario, que están relacionadas con la financiación y la cualificación profesional en tanto no se desarrollen las previsiones de la LOE y con la posibilidad de que todas aquellas comunidades autónomas con competencias exclusivas en la materia
incrementen los módulos establecidos en unos anexos que hemos detallado perfectamente en dichas enmiendas. También hemos trasladado la previsión contenida en la LOE relativa al incremento de los módulos de los centros privados concertados que
escolaricen alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, así como la dotación de recursos necesarios para la atención de conocimientos básicos del alumnado con necesidades de apoyo educativo.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Rangel.


El señor RANGEL TARRÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Dicen que una imagen es más ilustrativa que mil palabras. Hoy, viendo la bancada del Gobierno vacía, se pone de manifiesto el poco interés que tiene para ellos el debate que hoy iniciamos de los Presupuestos Generales del Estado. Espero
que cuando se debatan las secciones al menos los ministros estén presentes.


Señorías, estamos ante unos Presupuestos Generales del Estado que no suponen un cambio de modelo productivo, no apuestan por el crecimiento ni por el futuro de nuestra economía y no garantizan la prestación de los servicios públicos
esenciales. Se reducen a un único objetivo, reducir el déficit público, y la mayoría de los analistas pronostican que ni tan siquiera eso van a cumplir. Y me pregunto: ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Gobierno rectifique el rumbo de
colisión al que llevan a nuestro país con sus políticas públicas? ¿Hasta qué límite pretenden arrastrar a España hacia el abismo? ¿No se dan cuenta de que, a pesar de los paseos fluviales con la señora Merkel, se están quedando solos o es que el
modelo al que abocan a nuestro país es convertirse en la maquila de Alemania? Eso explicaría su política de recortes, de desmantelamiento de los servicios esenciales, de la desinversión en investigación, desarrollo e innovación, de ataque a la
educación pública, de fomento de la desigualdad y pérdida de derechos laborales y sociales. Desde luego, es lo que avalan estos presupuestos que ya están amortizados antes de que vean la luz en el Boletín Oficial del Estado. Las reacciones
negativas a los mismos y a los efectos nocivos para nuestra economía no han cesado desde que se conoció el proyecto aprobado por el Gobierno. También, la pasada semana hemos conocido de la autoherencia de las tres comunidades gobernadas por el
Partido Popular: Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Se les ha caído el velo. Ahora entendemos de qué hablaban cuando se referían a la herencia. Se referían a la herencia Aguirre, Camps y Herrera. Señorías, su argumento se ha caído
por su propio peso. Su fundamentalismo ideológico está siendo fuertemente cuestionado en todas partes, porque el problema, señorías, no es la herencia; son los herederos. Cada vez se habla con más fuerza de que hay que estimular la economía, que
solo con recortes duros y en plazos inadecuados se va a peor. Apéense del pedestal en el que están encaramados de una vez por todas y hagan política de la buena, que es lo que están esperando los ciudadanos. ¿A qué esperan ustedes?


La política, en esencia, es pacto, es acuerdo, es gestionar el espacio público que compartimos. Y para hacerlo con acierto, para encontrar el interés general al que servir, hay que buscar consensos. No se equivoquen, la mayoría absoluta
les da certeza en el resultado de las votaciones, pero no les garantiza el buen Gobierno. A pesar de su actitud nada dialogante, los socialistas y los demás grupos de esta Cámara hemos hecho los deberes: les planteamos enmiendas a la totalidad en
las que coincidíamos en lo esencial en la crítica y hemos elaborado enmiendas parciales; en nuestro caso, más de setecientas, que van desde lo micro a lo macro; entre todos los grupos más de tres mil. En el caso del Grupo Socialista ofreciendo
una propuesta alternativa de ingresos basada en criterios de exigir mayor contribución a aquellos que disponen de más riqueza, con la propuesta de la creación del impuesto de grandes fortunas o bien evitando que las grandes empresas terminen pagando
un tipo efectivo menor que las pymes o los autónomos en el impuesto de sociedades mediante el establecimiento de un suelo del 15 %,; proponiendo la eliminación del gravamen del IRPF que castiga injustamente a las clases medias, o la eliminación de
los beneficios fiscales por la adquisición de vivienda para las rentas más altas. Finalmente, rechazando de plano la amnistía fiscal y optando por la lucha contra el fraude. Y en el ámbito de los gastos, focalizando los esfuerzos en la lucha
contra el paro incentivando las políticas encaminadas a la creación de puestos de trabajo, en el apoyo a la economía productiva, a la educación, a la I+D+i, a la mejora de las infraestructuras productivas o al impulso a la exportación. En
definitiva, proponiendo políticas que refuerzan el estímulo a nuestra economía, que es la clave para salir de la crisis. Eso solo se consigue potenciando nuestro capital humano, físico y tecnológico, y no todo lo contrario, que es lo que nos
proponen en este proyecto de presupuestos. Debemos ser competitivos no precisamente por salarios de miseria, que es su modelo, el de su reforma laboral, sino por la incorporación de conocimiento a nuestros productos y servicios, mimando el sector
exterior, que ha de ser la punta de lanza de nuestra recuperación económica y un elemento esencial en nuestro modelo productivo y, por descontado, recuperando las políticas que piensan en las personas y que garantizan servicios esenciales para la
cohesión de nuestra sociedad.


También ha sido nuestro empeño que se cumplan las normas básicas que definen nuestro modelo autonómico, los estatutos de autonomía de aquellas comunidades que contemplan un determinado nivel de inversión estatal en un periodo determinado en
el que nos encontramos. Es el caso de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura o Illes Balears, que han sido olvidadas en estos presupuestos. Ese ha sido nuestro ejercicio de responsabilidad, señorías, la responsabilidad del Grupo
Parlamentario Socialista. La respuesta por parte del grupo mayoritario, del Grupo Popular, es perfectamente cuantificable. De más de tres mil enmiendas han aceptado tres, menos del 1‰. Al Grupo Socialista nos han aceptado una enmienda, y se lo
agrademos, aunque no representa ni un incremento de un euro en gastos, solo se trata de una modificación literal de un proyecto de inversión, la conexión de la AP-53 con la N-525, en lugar de en Chapa en Lamela. Menos es nada, señorías.

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Los poderes públicos generan confianza cuando son creíbles y el Gobierno y el PP han demostrado que no lo son; no lo son porque han hecho del engaño su arma política. Desde la oposición eso les podía dar rédito, y de hecho se lo dio.
Ahora es distinto, como he afirmado antes, gobernar implica compromiso y obtención de resultados, y por ello se les juzga. Día a día los resultados van a peor; no tienen más remedio que reconocer que se continuarán destruyendo puestos de trabajo y
que nuestra economía no va a despegar en los próximos meses, y cuando conozcamos que su único objetivo, el déficit, queda lejos de cumplirse y su única receta son más recortes, su credibilidad estará definitivamente por los suelos. Rectifiquen a
tiempo y dialoguen, no pretendan que los demás comulguemos con sus ruedas de molino o que abracemos a ciegas sus propuestas como contratos de adhesión.


Hoy iniciamos la recta final del debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, aún están a tiempo de cambiar de actitud. Señorías, dignifiquemos la política para convertirla en la solución a los problemas y no en el problema,
tal como percibe una gran mayoría de españolas y españoles. En mayor medida de ustedes depende, señorías del PP, porque tienen Gobierno y mayoría, por nosotros no quedará.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nos encontramos en el debate que la tradición parlamentaria considera más importante de cada periodo de sesiones, el debate de presupuestos. Y con razón se considera así, porque este es el debate en el que las políticas que
normalmente el Gobierno formula con palabras se formulan con cifras, con asignación de recursos a políticas concretas. Por eso son tan importantes los presupuestos y por eso son tan preocupantes, porque en este caso esas cifras lanzan un mensaje
muy distinto del que habitualmente lanzan las palabras. No es coherente lo que se nos dice aquí en miles de millones de euros con lo que se nos dice cada día en castellano.


Nuestro grupo ya presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos en la que tuvimos la ocasión de manifestar nuestra preocupación y nuestra postura general frente a los presupuestos. Por recordarles lo que allí dijimos, nuestra
interpretación de los presupuestos es que el ajuste se centra muy fuertemente en el gasto de la Administración central, en el gasto del Estado, olvidando que este Estado es ya relativamente pequeño por el fuerte proceso de descentralización que ha
habido en nuestro país. Puede parecer paradójico que digamos que es pequeño cuando estamos hablando de cifras de tantos miles de millones de euros, pero hoy en día en España la Administración central solo controla el 20 % del gasto público, otro 30
% es de la Seguridad Social, el 36 % de las comunidades y el 14 % de los ayuntamientos. Las comunidades controlan el doble de gasto que el Estado. Y no solo se trata de las cifras, se trata de lo que hay detrás de esas cifras, porque este gasto
que mueve el Estado es un gasto básicamente en transferencias, es básicamente un gasto previamente comprometido. El Estado recauda con una mano y con otra lo entrega a los destinatarios últimos, pero con poca capacidad de actuación porque son
gastos como el pago de intereses de la deuda -28.000 millones de euros-, las prestaciones de los parados -28.000 millones de euros-, las pensiones si incluimos la Seguridad Social, los sueldos de los funcionarios. Cuando quitamos todo esta gasto
previamente comprometido, lo que queda es poco más de 4 puntos del PIB, poco más de un 4 % del PIB para actuaciones discrecionales, y esta cifra no es de UPyD, es la que dijo la secretaria de Estado de Presupuestos en su comparecencia en la Comisión
de Presupuestos.


Pues bien, sobre esos 4 puntos del PIB se centra buena parte del recorte y lo poco que queda en manos estatales es importante. Se recorta sobre esos 4 puntos del PIB, donde están las políticas discrecionales del Estado, y lo poco que ha
quedado en manos de ese Estado residual son políticas muy importantes. Al recortar ahí se afecta a gastos que tienen una repercusión muy fuerte sobre el crecimiento económico y a gastos que tienen un coste social muy importante. Son gastos que al
reducirse van a ralentizar nuestra economía y son recortes de gastos que van a tener un coste social muy importante porque, insisto, se centran en un gasto estatal en el que lo poco que queda, al margen de las transferencias, se dedica a cuestiones
muy relevantes.


Junto a este recorte del gasto estatal en cuestiones esenciales, es muy llamativo que uno de los pocos componentes del gasto público que aumenta en estos presupuestos sean las transferencias a las administraciones territoriales. En medio de
recortes del 20, del 30 % en cuestiones esenciales para el crecimiento y en gasto social se encuentra margen para aumentar el 9,7 % este tipo de transferencias. Es decir, se opta por desmantelar lo poco que queda del Estado para preservar unas
comunidades autónomas entre las que siguen existiendo sus 166 embajadas en el extranjero o sus 4.000 entes de todo tipo, y las cifras insisten una y otra vez en que la desviación presupuestaria se concentra en ese excesivo gasto autonómico. Aquí no
tenemos las cuentas autonómicas pero sí las transferencias a las administraciones territoriales, que aumentan casi un 10 por ciento. ¿Cómo se compagina esa generosidad con el esfuerzo que se hace en partidas esenciales de gasto?


Entrando en el detalle del tipo de gasto que se recorta, me centraré primero en las partidas que tienen que ver con el crecimiento de la economía, en el gasto productivo. Y nos encontramos recortes, insisto, del orden del 20 y del 30 %. No
son recortes simbólicos del 2 o

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del 5 %, no son recortes que se puedan asumir con aumentos de eficiencia; son recortes que van del 20 a más del 30 %. Por ejemplo, en el Ministerio de Fomento -muy ligado con la inversión pública- el recorte es del 34 %; el recorte en
investigación y desarrollo, fundamental para el crecimiento a largo plazo, es del 25 %; Ministerio de Industria -de nuevo muy ligado al aumento de la producción, al gasto productivo-, recorte del 31 %; recorte en gasto educativo -junto a la I+D es
esencial también para el crecimiento a largo plazo-, el 21 %. Incluso, tirando piedras sobre nuestro propio tejado, disparándonos en el pie, recortamos gastos en promoción de exportaciones, en promoción del turismo -29,5 %-, en internacionalización
de la empresa. ¿Cómo se compagina eso con crecer en el exterior? ¿Va a facilitar el aumento de las exportaciones recortar fuertemente la promoción de nuestros productos o de nuestro turismo? Esto metafóricamente recuerda a un barco que tuviese
una vía de agua en el casco y que intentase aligerar el peso tirando las velas por la borda. Son recortes que no se pueden sostener en el tiempo y que van a tener un efecto importante sobre la producción.


Los recortes en el gasto social no son menos drásticos. Pensemos que se prevé un aumento del paro en más de 600.000 personas y, sin embargo, en estos presupuestos aparece un recorte de las políticas activas de empleo de 1.500 millones de
euros y un recorte del gasto en protección a los parados del 5,5 %. Con 600.000 parados más, ¿tiene sentido recortar el gasto en formación y en protección de esos parados? También hay recortes importantes en el gasto en dependencia y en el gasto
en sanidad. Es decir, los sectores más damnificados por la crisis se dejan abandonados a su suerte.


Por otro lado, un defecto importante de estos presupuestos es que no son creíbles; es cierto que incorporan unas previsiones más realistas que presupuestos anteriores, que eran directamente ciencia ficción, pero en el cuadro macroeconómico
hay algunos elementos muy sospechosos. ¿Va a caer solo el consumo un 1,4 %? En un escenario con restricción de crédito, con subidas de impuestos, con aumento del paro, con perspectiva de bajada de los salarios, no sería de descartar que la caída
fuese superior. ¿Van a aumentar nuestras exportaciones un 3,5 % cuando dos terceras partes de nuestras exportaciones van al resto de la Unión Europea y el resto de la Unión Europea está en recesión? Parece optimista pensar que vayan a crecer así
las exportaciones.


Este optimismo en las previsiones está unido a uno de los defectos esenciales del presupuesto, que es el optimismo en la recaudación. En medio de la recesión se cree que va a aumentar la recaudación porque han subido los impuestos. Pero es
que el efecto de la recesión sobre la recaudación va a compensar con creces esas subidas de impuestos. Los primeros datos ya nos están diciendo que la recaudación está cayendo. Se suben los impuestos, pero el efecto de la recesión más que compensa
esas subidas de impuestos. Por otro lado, se suben los impuestos sin orden ni concierto, improvisadamente, al hilo de necesidades recaudatorias; no hay ningún plan global que dé sentido a esas subidas de impuestos y permita a los agentes
económicos prever el futuro, y esto genera desconfianza e incertidumbre.


Como han señalado otros portavoces, para rematar la parte de ingresos se incluye una amnistía fiscal absolutamente reprobable, que veremos lo que recauda y que pone en grave riesgo la conciencia fiscal en nuestro país, mientras se recortan
los medios de la agencia tributaria, tanto los medios presupuestarios, que caen un 4,8 %, como los recursos humanos, porque el 90 % de las jubilaciones no van a reponerse. Es sospechoso también que en los presupuestos se incluya una Seguridad
Social en equilibrio cuando el número de cotizantes está cayendo drásticamente y hay una previsión de deuda a final de año cercana al 80 %, una previsión que puede quedarse corta porque, como avisó UPyD en debates anteriores, hay un riesgo de
aumento de la deuda por el rescate bancario, que todavía no sabemos cuánto va a costar, aunque ustedes niegan que vaya a costar nada -lo que es una afirmación absolutamente increíble-, y porque no está claro cómo el déficit excesivo de las
comunidades autónomas va a acabar repercutiendo en la deuda pública.


Resumiendo, como algún portavoz anterior ha señalado también, estos presupuestos se han quedado anticuados antes de aprobarse, lo apuestan todo a una carta, que es el control del déficit, y ni siquiera el Fondo Monetario Internacional cree
que esto vaya a ser posible, nos dice que no cree que alcancemos el 3 % de déficit hasta el año 2018. Se apuesta todo a una carta, el crecimiento, el gasto social, y esa carta va resultar fallida. De ahí nuestra enmienda a la totalidad y nuestras
trescientas cincuenta enmiendas a estos presupuestos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gallego.


El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, los títulos I y II recogen las normas básicas y la instrumentación para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2012. Recogen, como todo el mundo sabe, las grandes cifras, las líneas maestras que permitirán
alcanzar los objetivos políticos y económicos fijados por el Gobierno de la nación. Como viene siendo habitual y como han hecho el resto de portavoces en los debates de presupuestos, en este primer título haremos una escueta valoración sobre las
grandes cifras, el contexto económico y los objetivos de estos Presupuestos Generales del Estado para 2012. Estos Presupuestos Generales del Estado se elaboran en el año 2012 porque la convocatoria de elecciones anticipadas que se produjo en
septiembre impidió que se elaboraran en los plazos ordinarios. Durante los primeros días del nuevo Gobierno del Partido Popular pudimos comprobar cómo

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los objetivos de déficit previstos para 2011 no se habían cumplido. El anterior Ejecutivo se había comprometido con alcanzar una cifra de déficit público del 6 %. Al final de todo este proceso y después de entregar todos los datos
definitivos de la ejecución presupuestaria, hemos podido comprobar cómo el déficit del conjunto de las administraciones públicas se ha elevado en un primer lugar al 8,51 % -una desviación inicial de más de 27.000 millones de euros respecto a lo que
se comprometió el anterior Ejecutivo socialista- y recientemente hemos conocido un aumento de ese déficit hasta el 8,9 %. El conjunto de las administraciones españolas gastaron el año pasado casi 100.000 millones de euros más de lo que ingresaron,
un déficit absolutamente descomunal, un déficit muy parecido al que tiene Grecia. Somos el segundo país de la zona euro con más déficit público. Por eso me sorprende que hoy aquí todo lo que planteen algunos partidos políticos sea hacer más laxo
el objetivo de déficit. Parece que no quieren reducir el déficit público, parece que tienen otra propuesta, que no quieren llegar al 5,3 % de déficit público. Yo les pido, por favor, que me respondan a una pregunta: ¿Cuál es el objetivo de
déficit público con el que trabajarían el Grupo Socialista u otros grupos? Es decir, si no quieren llegar al 5,3 %, propongan. Digan: nosotros queremos llegar al 7,3 %, al 8,5 % o al 7 %. Pero den una cifra concreta porque, si no la dan, no son
creíbles ninguna de las enmiendas que plantean.


Esos 100.000 millones de déficit público son el nuevo punto de partida del nuevo Ejecutivo del Partido Popular. Con esta losa inicia su mandato el Ejecutivo del Partido Popular. Ya sé que no les gusta que hable de herencia, pero voy a
hacer una pequeña referencia porque lo ha hecho el portavoz del PSOE, que ha hablado de herencia y de heredero. Pues hubo un heredero en 2004, que se llamaba señor Zapatero y que todos conocemos, que fue presidente del Gobierno, que el 6 de octubre
de 2004, sentado aquí mismo, dijo exactamente lo siguiente: Aunque sorprenda la afirmación que voy a hacer, porque no es muy habitual en el debate político, no tengo ningún inconveniente en reconocer que no es mala la herencia económica que hemos
recibido. Eso lo dijo el señor Zapatero el 6 de octubre de 2004. Lamentablemente el Ejecutivo del Partido Popular no puede decir lo mismo. La herencia que ha recibido del PSOE ha sido absolutamente nefasta.


En ese escenario de déficit, de deuda y de paro masivo, el Gobierno del Partido Popular se vio obligado el 30 de diciembre a aprobar el Real Decreto 20/2011, en materia presupuestaria, tributaria y financiera, para corregir el déficit
público, y como todo el mundo sabe esas medidas ya están incorporadas en el presupuesto. Este presupuesto tiene como principal objetivo devolver la estabilidad a las finanzas públicas, que para el Grupo Popular es una condición indispensable para
crear empleo y crecimiento económico. El presupuesto es la principal herramienta dentro de un paquete de reformas estructurales que nos van a permitir a corto plazo la recuperación económica, la mejora del acceso al crédito y la dinamización de
nuestra economía.


El portavoz del PSOE hablaba del modelo del Partido Popular. Llevamos ciento cincuenta días en el Gobierno y ustedes están diciendo que esto va a traer todas las plagas bíblicas. El modelo del PSOE ya lo conocemos; ustedes -parece que se
han olvidado muy pronto- han gobernado en este país durante los últimos ocho años y los resultados han sido los que han sido. En términos de equilibrio presupuestario muchas lecciones no pueden dar: somos el segundo país con el déficit más elevado
de la zona euro, la deuda pública se ha duplicado en los últimos cuatro años, igual que se ha duplicado el número de parados de nuestro país. El balance de su modelo, consagrado en sus enmiendas, ya sabemos lo que aporta a nuestro país. Yo creo
que un poquito de humildad y de prudencia en sus planteamientos en la tribuna de este Congreso de los Diputados estaría bien. El déficit de la Administración central no puede pasar del 3,5 % en 2012. El déficit del conjunto de las administraciones
públicas tampoco puede pasar del 5,3 %. Es un gran objetivo nacional y va a contribuir de manera clara a que nuestro país pueda iniciar una senda de recuperación económica y de creación de puestos de trabajo.


Daré algunas pequeñas pinceladas respecto a los Presupuestos Generales del Estado. Desde nuestro punto de vista, el cuadro macroeconómico es realista, está basado en la austeridad, está diseñado con rigor, se ajusta a las actuales
circunstancias de la economía española y de la economía mundial, incorpora nuevas medidas tributarias de las que los mercados y los agentes económicos se toman en serio -no como estas propuestas que ha hecho el Partido Socialista en la sección 98,
que desde mi punto de vista no son muy rigurosas y no garantizan el incremento de ingresos que necesita la Administración General del Estado-, y reduce de manera muy notable los gastos corrientes no productivos en los ministerios, del orden del 17
%. Hay una apuesta clara también por la racionalización del sector público. Efectivamente, las inversiones previstas bajan y se acercan a las ejecutadas a lo largo del año 2011. Incluyen 29.000 millones, la partida más importante de los
Presupuestos Generales del Estado, para pagar intereses de las deudas que se contrajeron durante los últimos años del Gobierno socialista. Estos 29.000 millones no son para pagar las deudas que pedimos nosotros en estos cien días, que quede claro;
estos 29.000 millones son para pagar las deudas que ustedes han ido contrayendo a lo largo de los últimos tiempos. También aumentan las transferencias a las administraciones territoriales para garantizar su suficiencia financiera y respeta el
actual sistema de financiación. Déjeme que haga un apunte y que lo reconozca y ponga en valor. Quiero manifestar nuestro agradecimiento y reconocimiento al conjunto de comunidades autónomas que la semana pasada llegaron a un gran acuerdo nacional
para alcanzar los objetivos de déficit que nos hemos marcado todas las administraciones, gobierne quien gobierne, porque los ajustes no solo son patrimonio del Partido Popular sino que el Partido Socialista allá donde gobierna también los hace y
cuando ha

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gobernado también los ha hecho. También quiero hacer una referencia al hecho de que el gasto social crece un punto respecto al ejercicio anterior si lo comparamos en términos homogéneos. Se mantiene el poder adquisitivo de las pensiones;
se garantiza el cobro del desempleo; se mantiene la retribución, el poder adquisitivo y el sueldo de los funcionarios; reconoce las obligaciones de ejercicios anteriores; incluye un plan de pago a proveedores por valor de 27.000 millones de euros
que será una auténtica inyección económica para estimular el crecimiento y ayudar a que las empresas en nuestro país cobren facturas que, como todo el mundo sabe, acumulan muchos meses y algunos años de retrasos.


Respecto a las enmiendas que presenta el principal partido de la oposición, que es el que más enmiendas ha presentado, suponen un incremento de gasto memorable. El conjunto de enmiendas que presenta el Grupo Socialista supone un aumento de
más de 6.400 millones de euros. Yo tampoco acabo de entender esa política del Grupo Socialista que nos viene a decir: ustedes gasten más, no hagan ajustes, inviertan más, no suban los impuestos y reduzcan la deuda; y del déficit tampoco se
preocupen mucho, porque ustedes están demasiado obsesionados con el déficit público y en vez de llegar al 5,3 tendríamos que llegar al 7. Todo esto no cuadra. Desde nuestro punto de vista, el conjunto de enmiendas que presenta el Grupo Socialista
no es coherente. De hecho, cuando gobernaron los últimos siete años no incorporaron esas medidas, ni modificaron sociedades sustancialmente como proponen, ni crearon el impuesto de grandes fortunas a las que hacía referencia ahora el portavoz del
Grupo Socialista, ni incrementaron los medios de la Agencia Tributaria en los términos que parece que plantean en el enmienda a la sección 98. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, las enmiendas no son nada rigurosas.


Y aquí me planto. A lo largo de las próximas horas y de los próximos días seguiremos hablando de las secciones de manera individualizada y desde luego en cada capítulo iremos planteando nuestra política presupuestaria basada, como todo el
mundo sabe, en la austeridad, en el rigor y con la voluntad de alcanzar unos objetivos de déficit que nos van a permitir crear empleo y crecimiento económico.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.


Pasamos al debate del título III. En primer lugar, y para defensa de las enmiendas, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, muy brevemente para defender básicamente la única enmienda que al título III ha presentado nuestro grupo parlamentario, no sin antes señalar que hoy repetimos el
debate que hace dos semanas se produjo en Comisión. He de decir que tras largos debates y disquisiciones, el resultado real fue que tan solo se aprobaron 3 de las más de 3.000 enmiendas y que además las 3 enmiendas que se aprobaron eran de un
contenido prácticamente insignificante. Espero que la ineficacia de aquel debate y de aquellas largas horas de palabras estériles no se reproduzca esta semana y que el PP asuma que algunas de las ideas y propuestas de otros grupos parlamentarios
pueden ser útiles y pueden ser aprobadas, que no se utilice la apisonadora de la mayoría más allá de lo que sea razonable y, en el caso de que lo vayan a hacer, que nos lo digan para saber a qué atenernos. Nuestro grupo ya mostró la oposición a
estos presupuestos en el debate a la totalidad y no voy a reproducir por ello los argumentos que ahí empleamos. Creíamos básicamente que estos presupuestos no servían para salir de la situación económica de crisis tanto a largo plazo por su
carácter fuertemente contractivo, como a largo y medio plazo porque se reducían partidas importantes como la de innovación, que son claves para conseguir cotas mayores de competitividad que permitan salir de la situación en que nos encontramos.


En concreto, a este título III nuestro grupo ha presentado una enmienda, la enmienda 3335, que me gustaría que el Grupo Popular la tuviera en consideración, porque tengo la información de que al menos el Gobierno no ve con malos ojos esta
enmienda. Por tanto, si puede hacer este esfuerzo a lo largo de estas horas antes de la votación, me gustaría que así fuera. Planteamos la modificación del artículo 22.Tres. En el artículo 22 apartado tres actualmente se dice que durante el
ejercicio 2012 las administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan los de jubilación. Creemos
que se debe modificar y que se diga: aquellos seguros colectivos referidos a la contingencia de jubilación. Y añadimos otro apartado adicional en el que se dice que, no obstante, las aportaciones para prestaciones de jubilación y las aportaciones
para la cobertura de contingencias de riesgo como fallecimiento o incapacidad que se deriven de planes de empleo y se articulen a través de entidades de previsión social voluntaria, solo podrán realizarse para aquellos que hubieran sido suscritos
antes del 31 de diciembre de 2011 y sin incrementar su cuantía. Insisto, creemos que es realmente importante, al menos para las entidades de previsión social voluntaria, que se apruebe esta enmienda.


El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y convalidado en el Congreso de los Diputados en su sesión de 11 de enero del año
2012, como saben sus señorías, ha provocado, en relación con el régimen de aportaciones a sistemas de previsión social del sector público, una incertidumbre generalizada y graves problemas de seguridad jurídica, poniendo en cuestión todo el sistema
de previsión social complementaria, con un grave daño, a nuestro juicio, muy especialmente a la viabilidad futura


Título III

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de las entidades de previsión social voluntaria, y todo ello se enfrenta radicalmente a la política europea en la materia, singularmente a las orientaciones establecidas en el libro blanco. En los planes de empleo se está produciendo el
bloqueo de las aportaciones institucionales referidas a compromisos ya en vigor y el freno absoluto a la creación de otros nuevos. Como consecuencia de ello, y singularmente en aquellos sistemas en donde se comparte la aportación entre la
institución pública y el trabajador, se puede producir una reconsideración por parte de los empleados públicos concernidos que pueden demandar la suspensión de la aportación y abandonar el modelo. Todo ello conlleva una grave afección a los
compromisos en pensiones asumidas en el sector público que se ha realizado con independencia del tipo de vehículo utilizado, plan de pensiones de empleo, contrato de seguro colectivo, mutualidad de previsión social o plan de previsión empresarial,
ignorando la distinta naturaleza jurídica de unos y de otros. Adicionalmente, y como consecuencia de la poca afortunada redacción del precepto mencionado, la afección se extiende también a las contingencias de fallecimiento, viudedad y orfandad e
incapacidad, con un grave daño y una clara inseguridad jurídica especialmente para las personas que ya en los primeros meses de este ejercicio 2012 se han visto afectadas por tales situaciones. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2012 reproduce literalmente lo prescrito en el real decreto-ley, si bien introduce una clara contradicción. Si en el apartado 2 del artículo 20 señala el criterio firme de congelación retributiva sin modificación al alza y también sin forzar
una reducción a la baja, prohíbe, no obstante, destinar una parte de la masa salarial a financiar aportaciones a sistemas complementarios de previsión. Dichas aportaciones a estos sistemas, que fueron pactadas en la negociación colectiva, son
obviamente un salario diferido del trabajador que ya fue comprometido.


En atención a todo ello, la enmienda presentada, a nuestro juicio, pretende, en primer lugar, no cuestionar el objetivo de control de gasto en personal al servicio de las administraciones públicas bajo el criterio de congelación retributiva.
En segundo lugar, diferenciar claramente el tratamiento de las entidades de previsión social voluntaria dada su distinta naturaleza, así como el protagonismo que están llamadas a desarrollar para la construcción del segundo pilar del sistema. Y en
tercer lugar, resolver claramente los efectos colaterales producidos, seguramente de forma no voluntaria, sobre el aseguramiento de las contingencias de riesgo. Esta es nuestra enmienda, este es nuestro planteamiento y apelamos al Grupo
Parlamentario Popular para que la tome en consideración.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.


Como sus señorías saben, el título III trata de los gastos de personal y proporciona una buena ocasión para reflexionar brevemente sobre la política de personal que reflejan estos presupuestos. Un año más los empleados públicos son uno de
los grandes perjudicados por los presupuestos. Un año más a este colectivo se le exige un importante esfuerzo, con la diferencia de que este año se presume de lo contrario. En ocasiones anteriores por lo menos se reconocía, este año se presume de
lo contrario que nos dicen las cifras que recogen las cuentas públicas. A los empleados públicos se les exige un importante esfuerzo en sus retribuciones. El Gobierno dice: no se les baja el sueldo. Se les congela el sueldo, en términos
nominales, pero evidentemente hay una subida de precios, una inflación -en nuestro país tenemos tasas de inflación del 2 ó 3 %-, y si sumamos la rebaja de sueldos del 5 % de hace unos años con las congelaciones posteriores, los empleados públicos
acumulan unas pérdidas de poder adquisitivo considerables ya, del 10 ó 15 % según los colectivos, y este año se continúa en esa dinámica de pérdida de poder adquisitivo. Se les exige también un esfuerzo en términos de oferta de empleo público. La
tasa de reposición es de manera general el 0 %, es decir, ninguna de las plazas de personal público que se vaya jubilando se va a reponer. Solo en casos muy excepcionales se permite una tasa de reposición del 10 % y esto se presenta como si fuese
un aumento del 10 % en esos servicios. No, no es un aumento del 10 %, es una caída del 90 %, de las plazas de personas que se jubilen el 90 % no se van a reponer; por ejemplo, en casos como los de la Agencia Tributaria, quedarán el 90 % de esas
plazas sin cubrir. Por tanto, no es cierto que se mantenga el poder adquisitivo de los funcionarios, no es cierto que en algunos servicios se aumenten los recursos un 10 %, sino que se disminuyen menos.


Querríamos haber introducido más enmiendas a esta sección, pero conscientes de la poca receptividad del grupo mayoritario hemos preferido introducir pocas enmiendas que señalasen algunos casos específicos, especialmente cargados de razón y
sin un fuerte aumento del coste presupuestario. Nuestra enmienda 1375 se refiere al personal público de investigación y propone algo tan de sentido común como que la tasa de reposición del 10 % se extienda a este colectivo, se le dé ese trato
prioritario. Insisto en que no es aumentar el 10 %, es que solo se reduzca un 90 % el personal que se jubila. Esta tasa de reposición cero con carácter generalizado se ha hecho sin ningún estudio de las necesidades del sector público, se ha hecho
de manera generalizada y las excepciones son muy poco relevantes; sin embargo, en todos los indicadores de investigación estamos muy por detrás de nuestros socios de la Unión Europea y todos los estudios coinciden en que estos indicadores son muy
relevantes para el crecimiento a largo plazo. Por otro lado, es muy fácil destruir un equipo de investigación y muy

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difícil recomponerlo. Ya hay un serio peligro de fuga de cerebros en nuestro país. Puede que este año ahorremos unos millones, pero cuando no queramos ahorrarlos va a ser muy difícil recomponer los equipos de investigación que se hayan
destruido o hacer volver a los investigadores que se hayan ido a otro país. Por eso -insisto-, nuestra enmienda pide extender la tasa de reposición del 10 % al personal público dedicado a la investigación.


Hay otras dos enmiendas, la 1376 y la 1377, que se centran en la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía, dos colectivos a los que habitualmente se les loa, se les reconoce su importante labor social, pero cuando leen las cifras que
les atañen se encuentran normalmente con que esas loas no coinciden con lo que dicen los números. Estos colectivos parten de unos salarios muy modestos, inferiores a los de las policías autonómicas y locales. Se les ha dicho muchas veces que se
iban a equiparar esos salarios y la equiparación ni se ha producido ni está camino de producirse. Y no solo sus salarios son modestos, sino que trabajan en condiciones precarias, tanto por lo que respecta al material que utilizan como por lo que se
refiere a las instalaciones en las que muchos de ellos viven. Pues bien, este año, además de congelar esos sueldos, sueldos muy por debajo de los que cobran otras policías autonómicas y locales, incluso se reduce un 10 % su complemento de
productividad -estoy hablando del complemento de productividad, ni siquiera del salario-, que se usa a menudo para remunerar las horas extras, dado que estos trabajadores públicos no tienen un horario muy previsible. Nuestras enmiendas proponen
algo tan poco costoso y ambicioso como dejar ese complemento de productividad en las cifras del año 2011. Entendemos las restricciones presupuestarias -también queremos cumplir los objetivos de déficit, aunque de otra forma que el Gobierno-, pero
tal vez para que este debate, que debería ser el más importante del periodo de sesiones, tenga algún sentido convendría considerar este tipo de enmiendas, que no son muy costosas y corrigen una notoria injusticia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.


De nuevo intentaré ser lo más breve posible porque este debate ya lo tuvimos también. En cualquier caso, quisiera aprovechar para responder al portavoz del Grupo Popular que se ha pronunciado anteriormente y ha sugerido que las enmiendas de
la oposición realmente no son rigurosas. Tanto es así que parece que se justifica que de 3.100 enmiendas solo se hayan aprobado 3. Parece que el Partido Popular es el único que actúa con rigor y el resto de la oposición es una irresponsable.
Además, lo plantea en términos económicos. Dice que somos unos irresponsables porque queremos gastar más cuando queremos combatir el déficit y que el Partido Popular tiene la verdad absoluta en términos de economía y yo quisiera decirle que hay
alternativas. Por supuesto que hay alternativas y se pueden hacer actualmente. En primero de carrera te explican qué es el teorema del multiplicador del presupuesto equilibrado. Quiere decir que si se suben los impuestos también se puede
incrementar el gasto en la misma cantidad y tiene un efecto multiplicación en el crecimiento económico. Es decir, si el Partido Popular optara por esa decisión, una decisión de tradición keynesiana, el efecto sobre el gasto no sería tan cruel sobre
las clases populares, a las que está afectando. Además, sorprende que sea el Partido Popular el que hable de rigor cuando estos presupuestos están elaborados desde la fe, fe en que esto va a funcionar por una mano invisible que va a hacer que los
recortes y esta austeridad ayuden a crear empleo. Esa es una cuestión importantísima, porque no va a crear empleo. No va a crear empleo, lo decimos nosotros, lo dice el resto de la oposición y lo dice el Fondo Monetario Internacional. Es obvio
que estos presupuestos no están diseñados para combatir el principal problema de la economía española. Como decía anteriormente, están elaborados para satisfacer a los bancos y a los mercados. Son unos presupuestos que reflejan a un Gobierno
secuestrado por los bancos. Ese es el presupuesto que nos están presentando y que tiene efectos, por ejemplo, sobre el empleo público, que es lo que debatimos con estas enmiendas. Son presupuestos que no solo no sientan las bases para crear
empleo, sino que lo destruyen directamente, por ejemplo en el caso de la educación, eliminando la capacidad de generar educación que nos pueda permitir salir de la crisis en unas mejores condiciones. La tasa de reposición se ha decidido que sea del
cero o en algunos sectores del 10 %, lo que significa -como ya han mencionado anteriormente otros grupos- que de cada diez personas que se jubilen solo se contratará a una. Además, el Partido Popular intenta vender que eso es útil, por ejemplo,
para luchar contra el fraude fiscal. Si se van diez inspectores y solo aparece uno, tendremos menos recursos para luchar contra el fraude fiscal. Se comprende entonces la amnistía fiscal. Por supuesto que se comprende a raíz de esa norma, por
supuesto que se comprende que esa amnistía fiscal sea un instrumento estupendo para blanquear capitales, dado que no se les pide condiciones a aquellos que vayan a entrar en esa norma. Estamos hablando de que el empleo público genera crecimiento
económico y, si se sabe diseñar bien, el gasto público puede relanzar la economía y puede hacer que salgamos de la crisis; siempre y cuando haya una política fiscal acorde, que es lo que denunciamos que el Gobierno del Partido Popular no está
haciendo.


Esta es una oportunidad que el Gobierno del Partido Popular debería aprovechar y tendría que tener más humildad a la hora de defender sus presupuestos. Son unos presupuestos que no tienen el apoyo del resto de la

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Cámara; no tienen más que oposición dentro y fuera. Además, estamos viendo como de 3.000 enmiendas, nos aprueban a la oposición en conjunto solo 3. Esto lo que refleja es ese rodillo y esa forma de hacer política de la mayoría absoluta
que no consideramos que sea la adecuada, aunque solo fuera por cortesía parlamentaria. Nuestras enmiendas podrían aprovecharse para minimizar el impacto de la crisis y para que estuviese mejor redistribuido entre las clases sociales, entre todas
las personas de la sociedad. El Partido Popular no nos puede engañar diciendo que no hay alternativa. Tampoco puede decir que no somos rigurosos. Somos tan rigurosos o más que el Grupo Parlamentario Popular a la hora de plantear enmiendas. Por
tanto, téngalas en consideración y respétenlas, igual que nosotros tenemos en consideración las propuestas del Grupo Parlamentario Popular aunque no estemos de acuerdo con ellas.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Entre las enmiendas que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha planteado al título III, gastos de personal, hay una que consideramos la más relevante, que es la número 2763. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero,
ocupa la Presidencia). Hemos planteado en diferentes comisiones -tanto de Economía como de Presupuestos- y en distintas negociaciones que hemos mantenido con el Grupo Parlamentario Popular que el debate de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2012 era el momento para demostrar que el Gobierno del Partido Popular podía ser valiente en la toma de decisiones para plantear un presupuesto competitivo. Como he dicho en mi anterior intervención, se ha optado finalmente por un
presupuesto recesivo y que probablemente va a perjudicar a muchas familias y a las clases económicamente más débiles, que están sufriendo la crisis de manera muy directa desde la perspectiva de la economía productiva. Hemos reiterado en bastantes
ocasiones que el Gobierno del Partido Popular hubiera debido seguir el ejemplo de algunas comunidades autónomas al presentar sus presupuestos y tener la valentía suficiente para tomar determinadas decisiones. En todos aquellos aspectos que hacen
referencia al capítulo de gastos de personal al Gobierno le ha faltado la valentía suficiente para tomar la decisión que se ha tomado en Cataluña para hacer unos presupuestos competitivos y para no lesionar determinados intereses sociales,
educativos y sanitarios. A nosotros nos habría gustado que en este caso hubieran planteado o tomado la decisión de reducir las retribuciones del personal del sector público. Sabemos que es una medida dolorosa, pero no es menos cierto que hay
muchísimos trabajadores privados del sector de la economía productiva española que están padeciendo estas consecuencias, y no solamente con reducciones salariales, sino también perdiendo su puesto de trabajo y pasando a cobrar el seguro de desempleo
o, desgraciadamente, incluso acabándoseles el seguro de desempleo y no encontrando trabajo. Por lo tanto, hay otras maneras de tomar medidas presupuestarias, hay otras maneras de tomar decisiones competitivas sin lesionar los intereses generales,
como probablemente era la de tener la valentía suficiente para presentar la enmienda que hemos planteado nosotros en Cataluña. Sinceramente, señorías, creemos que esto que ustedes podrían haberse ahorrado en esta decisión lo podrían haber
complementado o equilibrado en otros aspectos muchísimos más sociales y que, repito, están lesionando los intereses de las economías y de las familias más débiles.


Hay tres o cuatro enmiendas más que van en la dirección de la eliminación de la excepción de la reducción de oferta de empleo público a todas aquellas plazas militares de tropa y de marinería. Entendemos que esta sería una decisión acertada
y competitiva a la vez; así los recursos que se pudieran ahorrar en esta dirección podrían implementarse en otros aspectos muchísimo más sociales. Hay otra enmienda que pretende eliminar la limitación del 10 % de la reposición de efectivos de la
Policía local y de los cuerpos de extinción de incendios. Aquí vamos en la dirección contraria, ya que hay otros servicios en los que no se pueden eliminar su contratación o la limitación de reposición de plazas públicas, como son la Policía local
y el cuerpo de extinción de incendios. Valdría la pena eliminar estas limitaciones del 10 % y, al mismo tiempo, la no aplicación de todas aquellas limitaciones de contratación. Se aplica la limitación del 10 % en relación con las plazas para la
promoción de la autonomía personal y atención de las personas en situación de dependencia, que, como ya hemos dicho anteriormente, demuestra que el Partido Popular en estos Presupuestos Generales del Estado no tiene alma social. Si ustedes
aplicaran o tomaran nota de algunas enmiendas que ha presentado nuestro grupo y otros grupos parlamentarios, probablemente en esta acusación tan relevante que les estamos haciendo de que han demostrando no tener alma social podrían enmendar la
cuestión principal.


Muchas gracias, señora presidenta y señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Batet.


LA señora BATET LAMAÑA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en el titulo III de los Presupuestos Generales del Estado se establece el gasto de personal de la Administración General del Estado y en parte también de las

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otras administraciones públicas, la autonómica y la local, puesto que tiene varios preceptos básicos. En estos Presupuestos Generales del Estado se les pide de nuevo un gran esfuerzo a los funcionarios y a todos los empleados públicos. Se
dice que solo se les congela el sueldo, pero todos sabemos que hay una pérdida real de poder adquisitivo; no solo debido a la subida del IRPF o a la prohibición de aportaciones a planes de pensiones, sino también a otras afectaciones por la nueva
regulación, por ejemplo, en sanidad o en educación. De hecho, con los datos en la mano podríamos decir que este título III tiende a la extinción; igual que ustedes harían desaparecer las administraciones públicas, también harán desaparecer pronto
el título III de gastos de personal de los Presupuestos Generales del Estado. Pero precisamente por esa coyuntura absolutamente excepcional y por solicitar ese esfuerzo a los empleados públicos, pensamos que más que nunca el Gobierno debería poner
en valor el trabajo imprescindible que desarrollan y que acometen cada día con profesionalidad todos los empleados públicos. El Gobierno debería poner el máximo esfuerzo para prestigiar a los trabajadores del sector público y no jugar a la
confrontación con el sector privado. Este título III es la base, el fundamento para garantizar un sector público fuerte, un sector público capaz de afrontar las necesidades de los ciudadanos que menos tienen y un sector público capaz de garantizar
la prestación de servicios públicos básicos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que el título III que presentan en estos presupuestos no responde a estas demandas. Entre otras cosas, la obligación de mantener una oferta de empleo
público del 0 % no ofrece en absoluto esas garantías de un sector público fuerte que dé respuesta a los más necesitados y que dé garantías de prestación de servicios públicos.


En materia de administraciones públicas son muchos los retos que tenemos por delante. Algunos, es cierto, vienen dados por la coyuntura de crisis económica, pero otros son de carácter estructural. Por eso, el ejercicio de responsabilidad
que debe hacer el Gobierno es imprescindible. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, una vez más, ofrecemos esa responsabilidad, desde la oposición en este caso, conscientes del imprescindible consenso que se requiere en esta materia. Hago
referencia solo a algunos de estos retos que percibimos con toda nitidez, que tenemos por delante y que tenemos que abordar con cierta premura. Son los siguientes. En primer lugar, hay una falta de recursos apropiados para llevar a cabo las
políticas públicas que se quieren abordar y que la ciudadanía necesita. No pensamos que las administraciones públicas de nuestro país estén sobredimensionadas, en absoluto; ni lo están en términos comparativos con otros países ni lo están por las
necesidades crecientes de los ciudadanos de recibir servicios por parte del sector público de nuestro país. Hay también un riesgo de privatización de la gestión de servicios públicos, fundamentalmente aquellos que constituyen el núcleo duro del
Estado del bienestar, a partir del falso dogma de una mayor eficiencia de la gestión privada. En segundo lugar, manteniendo unas tasas de reposición del 0 %, será difícil que por parte de los empleados públicos se ofrezcan estos servicios. Por
tanto, acabaremos cayendo irremediablemente en esta privatización. En tercer lugar, hay un problema también de pérdida de la consideración de la Administración como un elemento de cohesión social. En cuarto lugar, hay peligro de desmotivación de
los empleados públicos, causada tanto por unas menores perspectivas de progreso en su carrera profesional como por la reducción de sus retribuciones, y ahora también tienen que soportar las frases de desprestigio que deslizan constantemente los
miembros del actual Gobierno. Y hay también otro elemento preocupante, como es la desincentivación de posibles candidatos al acceso a la Función pública como consecuencia de las exiguas ofertas de empleo público, lo que puede llevar también a un
envejecimiento y a una descapitalización de la Administración si la situación de reducción de las ofertas de empleo público se mantienen largo tiempo. Nos tememos que, por los antecedentes en los gobiernos anteriores del Partido Popular, ese será
el caso.


El Grupo Parlamentario Socialista, partiendo de la conciencia de la necesidad de austeridad y desde la responsabilidad, como decía hace un momento, presenta un conjunto de enmiendas para su aprobación; y digo para su aprobación, porque
pensamos honestamente que ofrecen un buen equilibrio entre la necesidad de austeridad pero también para cubrir las necesidades mínimas de los ciudadanos. Paso por ello a defender las enmiendas que mi grupo ha presentado. En primer lugar, elevamos
la oferta de empleo público general del 0 % al 10 %. Es un porcentaje ciertamente modesto y excepcional, porque la coyuntura para este año así lo exige, pero para nada tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo. Hacemos un esfuerzo de aplicar
criterios muy estrictos de austeridad, pero buscamos al mismo tiempo priorizar y cubrir plazas allí donde sea necesario y evitar así la descapitalización de la Administración pública de nuestro país. Además, esta enmienda permitiría continuar con
los procesos de consolidación de empleo respecto de funcionarios interinos que llevan muchos años prestando servicios en la Administración. En segundo lugar, elevamos la oferta de empleo público para aquellos sectores exceptuados, por considerarlos
prioritarios, del 10 al 30 %. Para garantizar la prestación de los servicios esenciales fijados en el 23.1.2, es necesario que al menos las ofertas incluyan el 30 % de las vacantes, siendo conscientes de que continúa siendo un porcentaje
insuficiente. En tercer lugar, añadimos dos sectores que el Gobierno no ha incluido como prioritarios, entiendo que por descuido, y pensamos que debe ser un descuido porque son necesidades evidentes para la ciudadanía, evidentes para todas sus
señorías. Por un lado, la Administración de Justicia, de acuerdo con la Ley 38/1988, de Demarcación y de Planta Judicial. Es claro que el servicio público judicial no está a la altura de las necesidades de los ciudadanos y, por tanto, no tiene
ningún sentido que se les aplique

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un 0 % de la tasa de reposición, es decir, cubrir cero de las vacantes que se produzcan en este sector. Por otro lado, el segundo gran ámbito que pensamos que debería incluirse y, por tanto, que se le aplicara este 30 % de tasa de
reposición es el sistema de ciencia y tecnología, es decir, universidades públicas, organismos públicos de investigación y la Agencia Estatal CSIC, en cuanto a su personal docente e investigador, porque la pérdida de capital humano en este sector no
podría recuperarse en el futuro por un mero aumento de recursos, por lo que es preciso evitar que esta pérdida irrecuperable se produzca. De ello depende en parte el futuro de nuestro país. Finalmente, proponemos una nueva disposición adicional
con el objetivo de que el Gobierno presente en el Congreso de los Diputados, anualmente, un estudio de necesidades de recursos humanos de la Administración General del Estado tras un intenso y riguroso estado de la situación de las plantillas de
personal. Si queremos que la oferta de empleo público de las administraciones públicas responda a criterios de racionalidad, equilibrio, proporcionalidad, austeridad y garantía de funcionamiento de los servicios públicos para los ciudadanos es
imprescindible contar con esta información. Ya no solo que cuente con ella este Congreso de los Diputados, sino que la propia Administración pueda tener estos datos con claridad.


Para terminar, querría hacer alusión también a la enmienda 797, referida a la prohibición de las aportaciones a planes de pensiones recogida en el artículo 22 de la ley de presupuestos. Por lo que he entendido en el debate y en la
intervención del señor Azpiazu, es equiparable a una enmienda presentada por el PNV. En esta prohibición de aportar cantidades a estos planes de pensiones no se especifica que afecte solo a planes de pensiones destinados a la cobertura de la
contingencia de jubilación, que es el objetivo, por lo que quedan también prohibidas las aportaciones a la cobertura de otras contingencias, de riesgos como la invalidez o el fallecimiento. Así, algunos empleados públicos no solo se verán afectados
por no recibir aportaciones a planes de jubilación estrictamente sino que también quedarán sin cobertura las otras contingencias. Por tanto, pedimos al Gobierno y al grupo parlamentario que le da suporte, al Grupo Popular, que modifiquen este grave
error generador de discriminación y que acepten la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Batet.


En turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la situación económica de nuestro país y la aplicación del mandato constitucional relativo a la estabilidad presupuestaria hace innecesario que, con carácter general, se establezca en estos presupuestos que no habrá incremento en
las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas en el ejercicio 2012. Si bien es cierto que estos presupuestos congelan las retribuciones de los empleados públicos, también lo es que hubiéramos preferido no tener que
hacerlo. Pero entre la opción de rebajar las retribuciones -como se hizo en mayo de 2010 por parte del Gobierno socialista y como se ha hecho hace escasos días por parte del bipartito, del Partido Socialista e Izquierda Unida, en Andalucía por
parte del presidente Griñán- o congelarlas el Partido Popular ha optado por la menos mala para los empleados públicos, que ha sido la congelación. Señorías, somos conscientes de que estamos pidiendo al conjunto de los empleados públicos un esfuerzo
adicional; que junto a la congelación salarial se han adoptado otras medidas como la ampliación de dos horas y media de su horario laboral, que requieren un esfuerzo mayor para el conjunto de los empleados públicos. Pero solo esta ampliación de la
jornada va a permitir ahorrar al conjunto de las administraciones públicas territoriales más de 2.500 millones de euros, 1.470 en las comunidades autónomas y 1.092 en las corporaciones locales. Por todo ello, el gasto del personal activo se reduce
en un 2,6 %, aunque al subir las clases pasivas los gastos totales en personal se incrementan.


En segundo lugar, señoría, se incluye en este título III la regulación de la oferta pública de empleo. Como ya ocurrió en otras ocasiones, la presente ley establece la imposibilidad de incorporación de nuevo personal al servicio del sector
público, con excepciones, ya que se aplica una tasa de reposición del 10 % a ciertos sectores y administraciones en relación con servicios públicos prioritarios como son la educación, la sanidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la
prevención y lucha contra el fraude fiscal y laboral. Señorías, no podemos aceptar las enmiendas que significan un incremento de gasto imposible de asumir en unos presupuestos como los que estamos debatiendo a partir de hoy y sus señorías lo saben
perfectamente. En una situación como la actual pretender que la tasa de reposición sea del 30 % o incluso del 100 %, como algún grupo ha planteado, está fuera de la más absoluta realidad. En las circunstancias actuales la tasa de reposición solo
puede ser del 0 %, salvo excepciones muy concretas en las que se fija el 10 % cuando se trata de servicios públicos esenciales. Señorías, hemos escuchado a algún grupo parlamentario en su intervención de hoy poner en duda la posibilidad de
prestación de servicios públicos de calidad si no hay reposición de personal. Pero no es cierto y podemos garantizar el cumplimiento de esos servicios públicos básicos y esenciales, aun existiendo esa tasa de reposición del 0 % con la excepción del
10 %, como ya he significado. Para zanjar esta polémica es necesario recordar que en una situación de dura crisis económica, el conjunto de los empleados públicos no se ha reducido. Tan solo en la Administración General del Estado en este último
año se ha reducido apenas un 0,53 %; sin embargo, en comunidades autónomas y corporaciones locales el personal se ha incrementado y esto, señorías, no es ni lógico ni sostenible.

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En tercer lugar, también se recoge en este título, concretamente en el capítulo 2, las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de la nación y sus órganos consultivos. Altos cargos que verán también su sueldo congelado y no
experimentarán incrementos respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2011. Quiero recordarles que el Gobierno del Partido Popular ha reducido en 70 el número de altos cargos. Hoy hay 46 subdirecciones generales menos que en el Gobierno del
Partido Socialista. Más datos para que ustedes vean las distintas realidades. Entre el personal de confianza hay más funcionarios que nunca. Solo en el ámbito de Presidencia, de 13 altos cargos, 11 son funcionarios y solo 2 son personal eventual,
y de 21 subdirecciones generales, 16 son funcionarios y solo 5 eventuales. Esto significa y se llama ahorro y respeto a la consideración de los funcionarios de carrera. Los empleados públicos sirven a los intereses generales del conjunto de los
españoles y el Grupo Popular va a defender, y lo está haciendo, su trabajo profesional e independiente. La Función pública necesita reformas para hacerla más eficaz y más eficiente y necesita también que su dimensión sea coherente en cada ámbito
territorial, en cada uno de los niveles territoriales, en el ámbito de la Administración General del Estado, en el ámbito autonómico y en el ámbito local. La Administración está para prestar servicios a los ciudadanos, para promover el bienestar de
los ciudadanos, para generar empleo y poner en práctica las políticas reformistas del Gobierno para que los ciudadanos puedan conseguir un empleo, mejores niveles de renta y más y mejores servicios públicos. Es imprescindible ir adecuando la
estructura y los costes de las administraciones públicas a la realidad económica actual y a la necesidad del Estado. No es posible que la Administración sea la empresa más importante de un país o que un ayuntamiento sea la agencia de colocación de
una ciudad. Por eso, medidas como la congelación salarial, la limitación de la tasa de reposición y la aplicación de la reforma laboral son absolutamente necesarias e imprescindibles y en parte hacen posible que no se adopte una medida como la que
se ha propuesto aquí por algún grupo de volver a reducir el sueldo de los funcionarios públicos.


Quisiera terminar, señorías, contestando brevemente al portavoz de Izquierda Unida y a la portavoz del Grupo Socialista. Hablaba el portavoz de Izquierda Unida de que había alternativas, y yo, señoría, quiero decirle que parece insólito el
discurso que ha llevado a cabo aquí. Parece insólito que haga ese discurso, cuando ustedes, que gobiernan en Andalucía, les han reducido el sueldo a los funcionarios y a los empleados públicos en Andalucía un 15 % -¡un 15 %!-, mientras que el
Gobierno del Partido Popular ha congelado el sueldo. ¿Esa es su alternativa, bajar el sueldo un 15 % y subir los impuestos y las tasas andaluzas a los funcionarios andaluces? (Aplausos). ¿Esa es la alternativa que usted ha planteado? ¿Esa es?
Espero, señoría, que hoy vote a favor del título III, porque este título III no baja el sueldo a los funcionarios, lo congela. Por tanto, por pura coherencia con ese discurso demagógico que ha hecho, espero que usted y su grupo voten hoy a favor de
la congelación del sueldo de los funcionarios (El señor Llamazares Trigo hace gestos negativos), porque en Andalucía, señor Llamazares, sus compañeros les han bajado el sueldo a los funcionarios andaluces un 15 %. (Una señora diputada: ¡No!).
Fíjese en lo que usted ha dicho y en lo que hacen los compañeros de Izquierda Unida en Andalucía. (Aplausos).


Señora portavoz del Grupo Socialista, ¿cómo se puede poner en duda la calidad de unos servicios públicos, de unos empleados públicos a los que este Gobierno solamente les congela el salario, cuando ustedes en Andalucía les están bajando el
sueldo un 15 %? (La señora Costa Palacios: ¡Eso no es verdad!). ¿Cómo es posible que usted ponga en duda la calidad de los servicios públicos? (Aplausos.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben). ¿Quiere decir o acaba
usted de decir aquí que la bajada del 15 % del sueldo de los funcionarios públicos en Andalucía repercute negativamente en el servicio público? ¿Quiere usted decir eso o ha dicho usted eso? Porque si eso es lo que ha dicho y lo que está
defendiendo en nombre del Grupo Socialista, lo que tiene que hacer inmediatamente es llamar al señor Griñán y al señor Valderas y decirles que no degraden más el servicio público de Andalucía bajándoles un 15 % el sueldo a los funcionarios.
(Aplausos).


Señorías, esta es la demagogia socialista. Ustedes aquí, en el hemiciclo, dicen una cosa y en aquellos pocos lugares donde gobiernan hacen la contraria. Todo lo que ustedes critican al Partido Popular lo hacen al contrario: el Partido
Popular congela, ustedes bajan el sueldo. Esa es la realidad, señorías socialistas, y esa es la realidad que tienen que analizar, pero no con el conjunto de esta Cámara sino con ustedes mismos; póngase ustedes mismos de acuerdo. Señorías, dentro
de quince días hablaremos de Asturias (Aplausos.-El señor Trevín Lombán: ¡Pasado mañana! ¡No hacen falta quince días, pasado mañana!), y ahí nos vamos a ver, en este hemiciclo, señor Llamazares, cuando ustedes apliquen recortes y ajustes. ¿O es
que bajar el sueldo en Andalucía un 15 % a los funcionarios de la sanidad y de la educación no es hacer recortes en sanidad y en educación? Señorías socialistas, ¿cómo se llama eso? ¿Se van a agarrar ustedes a la pancarta en Andalucía cuando
salgan a protestar los funcionarios? (Rumores.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben). ¿Se van ustedes a agarrar a la pancarta? ¿Van a salir ustedes? ¿Todos los diputados socialistas de Andalucía, todos los diputados de
Izquierda Unida de Andalucía van a coger la pancarta de los funcionarios de Andalucía que van a protestar contra la bajada de sueldo del 15 %? Señorías, un poco de coherencia -no se pongan nerviosos-, un poco de seriedad, un poco de rigurosidad y
les espero a todos votando a favor de este título III.


Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien, chaval!).

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Merino.


Pasamos al debate de los títulos IV y VIII y de la sección 7. En turno de defensa de sus diferentes enmiendas, en primer lugar por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Señorías, estamos ante unos presupuestos que se podrían definir de vergüenza soberana, un guión escrito bajo la inspiración de los recortes sociales descuartizadores y el descarado intento de involución autonómica.
Son demasiados ya los ejemplos que dan certeza a nuestras tesis. Bajo la cansina excusa de la crisis y sus reiterados golpes al Estado de las autonomías, algunos no podemos quedarnos impasibles pensando que la recentralización o la devolución de
competencias no afectarán a las comunidades históricas; al contrario, volvemos una vez más a denunciar desde esta tribuna que se trata únicamente de una opción ideológica, compartida tanto por la derecha española como por la izquierda jacobina,
repito, una vergüenza soberana.


Respecto de las enmiendas que realizamos al articulado, hemos de destacar aquellas que van a paliar el agravio comparativo que sufre la población catalana. En primer lugar, pedimos que en cumplimiento de la distribución competencial, tal y
como reconocen los tribunales, el Estado transfiera a las comunidades autónomas para subvencionar actividades de interés social el 0,7 % de la cuota íntegra del IRPF. Señorías, la mesa del tercer sector en Cataluña agrupa a casi 4.000
organizaciones sociales. El incumplimiento de una sentencia judicial -que ustedes, diputados del Partido Popular y también del Partido Socialista Obrero Español, parecen ignorar- puede lapidar el futuro de estas y del resto de organizaciones
estatales del tercer sector. Estamos hablando pues de entidades, hablamos también de asociaciones, de fundaciones, de empresas de inserción y también de centros especiales de trabajo que luchan día a día, y no solo luchan, luchan y trabajan contra
las desigualdades y con la voluntad de extender el bienestar -el bienestar que ustedes están dinamitando- a los colectivos sociales más desfavorecidos.


Por ello, también planteamos el mantenimiento del fondo de inmigración o la creación de un fondo estatal de lucha contra la pobreza estructural. Solo con que el 0,7 % del IRPF que recauda Cataluña se quedara en Cataluña, se podría compensar
el recorte que ustedes han realizado en este ámbito y se podría también salvar a las organizaciones sociales catalanas, a las que han dejado casi al borde de la quiebra. Este 0,7 % es una muestra más del agravio que en Cataluña se simboliza por
ejemplo con el pago de las autopistas. Por eso, otra de las enmiendas propone la creación de un fondo de rescate de las autopistas de peaje para que el Estado redima esta injusticia histórica. La enmienda está basada en un proyecto de ley que
aprobó el Parlament de Catalunya y que, después de aceptarse la toma en consideración en esta misma Cámara, la mayoría PSOE y CiU en la Mesa del Congreso impidió su tramitación. Una burla al Parlament catalán, a la ciudadanía catalana y a la propia
democracia. Y por si fuera poco el agravio con los països catalans, pretenden también eliminar las reducciones tarifarias de que ya ha disfrutado en los últimos años la ciudadanía de las Illes Balears, y además pretenden exigirles que vayan al
aeropuerto con el certificado de empadronamiento. Esto no solo es un agravio, sino un agravio que cae sobre el agravio del expolio. Si las Illes Balears tuvieran independencia fiscal y se vieran libres del expolio, podrían mantener sobradamente
sus reducciones tarifarias.


Y mientras recortan a los països catalans y a los sectores más desfavorecidos, mantienen los privilegios a la iglesia, a la que excepcionan del pago de impuestos. Por ello, desde Esquerra hemos presentado una enmienda para la eliminación de
estos privilegios y que la iglesia pague sus impuestos como todo el mundo. Dejen que les manifieste una ligera sospecha: Jesús ya hablaba de predicar con el ejemplo y en estos momentos de crisis seguro que la iglesia desea colaborar con sus
impuestos en la financiación básicamente del gasto social. Cabe decir que mientras unos disfrutan de estos caóticos privilegios, otros, como el pueblo catalán, nos hartamos cada día de pagar peajes. De hecho, estamos más que cansados de copagar
las vías rápidas de nuestro bolsillo. Los acuerdos de Convergència i Unió con socialistas y populares en la década de los noventa permitieron que aquellas concesiones que tenían que acabar en el año 2004 terminen en 2021. Esta situación, unida a
la opacidad de los planes económico-financieros de las concesiones y del estado de los fondos de reversión, ha generado muchas dudas y -permitan que les diga- también un sinfín de sospechas. Estamos, pues, frente a unas concesiones que tendrían que
estar en manos de otra gente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.


La ciudadanía tiene muchas veces la sensación de que siempre les toca a los mismos, de que los costes de la crisis siempre recaen sobre los mismos grupos sociales por su debilidad y su falta de capacidad de respuesta o porque son grupos más
controlados por la Administración. Este es el caso de los pensionistas. Llegamos a los títulos IV y VIII de los presupuestos, en los que se habla de las pensiones públicas y las cotizaciones sociales. De nuevo el Gobierno presume de lo que ha
realizado en este aspecto en los presupuestos; nos dice que las pensiones han subido un 1 %. Pero volvemos a la situación que antes explicábamos para los empleados públicos. Lo importante es el poder adquisitivo, y la tasa de inflación


Títulos IV y VIII y sección 07, Clases pasivas

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supera esa subida. Pero más relevante todavía que el concepto de poder adquisitivo es en este caso el de renta disponible: al final, ¿cuánto tiene un pensionista en su bolsillo para hacer frente a sus necesidades? Porque, junto a la
subida insuficiente de las pensiones para hacer frente a la inflación, ha habido una serie de subidas de impuestos que afectan a los pensionistas, por ejemplo en los impuestos especiales y pronto en el IVA también, y ha habido una subida en tasas de
servicios que utilizan por supuesto los pensionistas, como el transporte, o fuertes subidas en la electricidad o copago en medicinas. Teniendo todo esto en cuenta, los pensionistas saben perfectamente, por mucho que se les diga lo contrario, que
están peor que antes, que viven peor que antes. Lo que se les da con una mano se les quita con creces con la otra. Esto supone ignorar las promesas electorales del Partido Popular o lo que solicita del Gobierno el Pacto de Toledo.


Por eso, nuestra enmienda 1378 propone paliar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas con una subida mayor para los tramos inferiores de las pensiones. Proponemos que en aquellas pensiones inferiores a 550 euros mensuales la
subida sea del 2 % y en aquellas entre 550 y 900 la subida sea del 1,5 %. Con esto tampoco se compensaría la subida de la inflación, pero al menos en los grupos más bajos se paliaría la medida que ha tomado el Gobierno. Querría recalcar que
estamos hablando de pensiones inferiores a 550 euros. Pediría a sus señorías que hiciesen el esfuerzo -es difícil, también para mí- de ponerse en el lugar de esas personas, que con poco más de 500 euros tienen que vivir un mes. Creo que no entran
dentro de esa categoría de personas que viven por encima de sus posibilidades, y si lo hacen es porque sus posibilidades son muy escasas y con estos presupuestos van a ser más escasas todavía.


Otra enmienda, la 1423, se refiere a la disposición adicional quincuagésimo primera, pero está relacionada con lo que aquí hablamos, por eso la traigo a colación. La enmienda 1423 de Unión Progreso y Democracia coincidía con la 2798 del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y se aprobó en Comisión. En el 'Diario de Sesiones' figura que se dijo que se iba a aprobar porque se refiere a algo tan poco costoso y tan socialmente aceptable como que en las actividades de
mecenazgo tengan prioridad, entre otras, las acciones que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. No parece una propuesta muy costosa, e insisto que en Comisión se dijo que se iba a aprobar, pero en la votación no se aprobó.
Pediría por eso a los diputados del grupo mayoritario que reconsiderasen esta decisión, porque no supone un aumento del gasto, hasta donde yo lo entiendo por lo menos, y no veo motivos para que se cambiase en la votación lo que se había afirmado en
el debate. Les animo además porque, dado que hasta ahora solo han aceptado tres enmiendas, si aceptan una más supondrá un incremento del 33 % en el número de enmiendas aceptadas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, tiene la palabra la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias.


Señorías, vamos a hablar del título IV, pensiones, en los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno ha venido presumiendo de que subían las pensiones un 1 %, pero luego les aplica una subida del IRPF que supone que muchos pensionistas
pierden el 2 %. Además, por primera vez se establece para los pensionistas un copago farmacéutico que no había existido nunca, y en Cataluña, por ejemplo, les añaden un euro por receta, con la amenaza de que pagarán 5 euros por día de ingreso.


Señores del PP, yo creo que esto sí es engañar a los pensionistas. Porque los pensionistas son mayores pero son muy inteligentes, han trabajado toda su vida para tener derecho a esta pensión y no merecen que ahora intenten engañarles.
Tanto que ustedes se opusieron a la congelación del año 2011 -congelación, señorías, no rebaja en ningún término- y ahora resulta que les dicen que les suben la pensión y al final acaban cobrando entre 18 y 20 euros menos al mes. Señorías, hay que
ser un poco más coherente con los programas y con lo que prometemos a la gente, porque creo sinceramente que no se merecen estas tomaduras de pelo.


El Grupo Socialista ha presentado en este apartado dos enmiendas. Una hace referencia a que dejemos sin efecto una disposición del Real Decreto 20/2011 que ustedes, nada más llegar, hicieron. Una de las primeras medidas que toman es anular
la subida a las viudas que se había de aplicar el 1 de enero como consecuencia de la Ley 27/2011. ¿A qué viudas habíamos aprobado subir el porcentaje de su pensión? A las viudas mayores de 65 años cuyo único ingreso es la pensión de viudedad;
viudas que viven en su mayoría con 620 euros y que afectan, en el conjunto de las pensiones, a 525.000 mujeres que viven solo y exclusivamente de esa pensión de viudedad. Hace unos días me mandaba una nota una viuda, hablando de los presupuestos, y
me decía que cuando se muere el marido se le lleva la llave de la despensa y el Gobierno le lleva la mitad de su pensión. Es un poco exagerado pero en el fondo tiene razón. Señorías, subir a las viudas mayores de 65 años que no tienen pensión
propia, que no tienen otros ingresos, un punto cada año hasta alcanzar el 60 % creo que es de justicia y además se lo tienen más que ganado.


La enmienda 868 hace referencia a la Ley 27/2011, con la que mejoramos la pensión de orfandad aumentándola por año para que los huérfanos tengan mejores condiciones para poder terminar sus estudios, pero ahora nos falta equiparar esa
orfandad con el régimen de clases pasivas. Creemos que un huérfano cuyo padre sea funcionario o sea un trabajador de una industria tienen los mismos derechos y por eso hemos presentado esta enmienda.

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Termino diciéndole al señor Merino que lo mínimo que nos exige la decencia es decir la verdad, y lo que usted ha dicho de Andalucía es simplemente mentira. En Andalucía han rebajado a los funcionarios, sí, pero los complementos salariales,
ni siquiera el salario mínimo. Y bajar los complementos salariales, señoría, no significa bajar prestaciones, no significa empeorar la calidad de la prestación sanitaria ni la educativa ni empeorar el sistema que hasta ahora era uno de los mejores
del mundo. No por más chillar se tiene más razón y ustedes saben que yo suelo hablar también bastante alto. Señor Merino, ojalá tuvieran el resto de españoles el Gobierno que preside José Antonio Griñán en Andalucía. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora López i Chamosa.


Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Seré muy breve. Defenderé las enmiendas que hemos presentado en la parte correspondiente a cotizaciones sociales.


Quería empezar aludiendo a algo a lo que ya se ha referido un portavoz parlamentario anterior y es si estos presupuestos son en realidad presupuestos del Estado o del mercado. Un artículo de hace ya más de dos décadas de Luis Ángel Rojo,
del que hemos conmemorado el aniversario de su muerte, refiriéndose a la Unión Soviética decía: la Unión Soviética sin plan y sin mercado. Creo que estos presupuestos ni son para el Estado ni son para el mercado porque sabemos bien que cuando hay
exceso de rigor y de austeridad al mercado tampoco gusta. No suele ser gustoso de este tipo de presupuestos porque lo que quiere el mercado es siempre Estados con capacidad de devolución de sus deudas. Por tanto, insistir en la austeridad,
insistir en el rigor, insistir en la depresión de la economía es la peor noticia que un acreedor puede recibir cuando lo es en este caso de la economía española.


Quiero decir dos cosas a este respecto. Una, hemos planteado la enmienda 825 en la que hacemos una propuesta concreta. La propuesta concreta es desarrollar algo que ya venía incluido como futuro desarrollo en la Ley de Reforma Laboral del
año 2010 y es ni más ni menos que aumentemos las cotizaciones sociales para el empleo temporal y disminuyamos en la proporción correspondiente el impacto que cada uno de ellos tiene sobre el sistema de protección por desempleo, las cotizaciones en
el caso de los contratos indefinidos. Creemos que no es un mal momento para hacerlo, muy especialmente en un contexto en el que se habla de cambios a futuro en el ámbito de la política fiscal y también en el ámbito de la imposición indirecta. Al
respecto quiero manifestar que, como también se ha dicho aquí, estos presupuestos precisamente en este ámbito estaban en realidad ya muy pasados de moda muy pocos días después de que fueran aprobados. ¿Por qué lo digo? Porque dejar aproximadamente
11.500 millones en la incertidumbre de una presupuestación indebida por aumentar en exceso los ingresos esperados y por disminuir en exceso los gastos previstos es la peor forma de dar confianza a esos presupuestos, y pocos días después esos 11.500
millones, sobre los que observábamos algunos grupos que no había una buena presupuestación, iban acompañados de un recorte importante de una cuantía muy similar en el ámbito de la educación o en el ámbito de la sanidad. Por esa razón yo creo que es
bueno también hablar de presupuestos que ya muy poco tiempo después de su aprobación carecían de la garantía, de la transparencia y de la confianza necesaria.


Hay al menos dos ámbitos relativos a las cotizaciones que nos preocupan. Los datos de los primeros meses del año 2012 indican que la reducción de los ingresos por cotizaciones está alcanzando el -1,8 %; han contabilizado ustedes un aumento
del 0,9 % en contingencias, es decir, tienen un desvío del 300 % en estos primeros meses respecto de lo presupuestado. Han presupuestado un conjunto de gastos por pensiones en las prestaciones contributivas que aumentarían aproximadamente el 2,9 %;
están aumentando en este momento el 4,3 %. Esto es una desviación de aproximadamente el 150 %. No es que ya veremos lo que ocurre al final del año, es que está ocurriendo ya en este momento. Y la única razón para estar satisfechos de esta parte
de su presupuesto, del presupuesto en cotizaciones sociales, es que por lo menos en el ámbito de las cotizaciones de empresarios y trabajadores no hay ningún tipo de amnistía fiscal.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Susinos.


La señora SUSINOS TARRERO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nos corresponde analizar los títulos IV y VIII, correspondientes a las pensiones públicas y las cotizaciones sociales, y quiero comenzar mi intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, haciendo referencia al título IV,
pensiones públicas.


Señorías, es conocido por todos ustedes cuáles son las líneas de actuación que presiden este presupuesto; líneas que inciden en la austeridad y en la eficiencia del gasto, pero sin renunciar al mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones, porque es muy relevante señalar que se han revalorizado todas las pensiones, teniendo en cuenta la difícil situación en la que nos encontramos. El Gobierno del Partido Popular, de esta manera, ha garantizado el poder adquisitivo de todos
los pensionistas, conforme al Pacto de Toledo. Porque, señorías, no podemos olvidar que el Gobierno del Partido Popular ha heredado de nuevo un sistema de Seguridad Social en situación de déficit, casi 1.000 millones, y pese a ello,

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como decía, las pensiones mínimas, las no contributivas, las del SOVI, las familiares, todas ellas se han revalorizado un 2,9 % al recuperar la desviación respecto del IPC de 2011 y el resto de las pensiones se han revalorizado un 1 %. Por
tanto, señorías, no hay ninguna congelación encubierta de las pensiones, como han señalado algunos portavoces. El único Gobierno que congeló realmente las pensiones fue el Gobierno del Partido Socialista, mientras que el Gobierno del Partido
Popular las ha revalorizado todas. Además, en este momento tan complicado se ha realizado una aportación histórica para los complementos a mínimos de las pensiones, incrementándose las del año anterior en 1.000 millones de euros. Esta aportación,
que repito que es histórica, supone un incremento del 35,6 % respecto del año 2011 y rompe por arriba la tendencia del anterior Gobierno socialista de incrementar cada año 300 millones de euros, salvo en 2011 que solo fueron 100 millones. De esta
forma el Gobierno actual pone en evidencia la clara voluntad de avanzar en la separación de fuentes, en línea con lo manifestado en el Pacto de Toledo.


En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, quiero comentar que se trata de enmiendas técnicas dirigidas a corregir erratas y a subsanar errores y omisiones detectados en el articulado. En cuanto al conjunto de
enmiendas presentadas por los demás grupos parlamentarios, les adelanto que el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar ninguna, porque estamos ante unos presupuestos de emergencia, unos presupuestos excepcionales que, como ustedes saben, tienen
como objetivo recuperar la estabilidad presupuestaria, por tanto, tenemos que mantener el criterio de máxima austeridad, no pudiendo comprometer el gasto de otras partidas presupuestarias. Aunque por cuestión de tiempo no es posible examinar todas
las enmiendas, sí quiero detenerme en algunas de ellas, en concreto, en tres enmiendas presentadas por diversos grupos parlamentarios, aunque como ya he dicho anteriormente no las vamos a apoyar. Es el caso de la enmienda referente a la disposición
adicional vigésimo sexta, que suspende sin determinación de plazo el porcentaje del 60 % a aplicar a la base reguladora, que ahora es el 52 % en las pensiones de viudedad de beneficiarios mayores de sesenta y cinco años en los que esta pensión sea
su principal fuente de ingresos. La aplicación debía llevarse a cabo de forma progresiva en un plazo de ocho años a partir del 1 de enero de 2012, pero posteriormente el Real Decreto-ley 20/2011, de medidas urgentes para la corrección del déficit
público, aplaza la aplicación de esta medida. Vuelvo a reiterar, señorías, que es una medida que se aplaza, ya que el coste hubiera supuesto un aumento del crédito de las pensiones cifrado en 90 millones de euros en 2012 y además, a fecha de enero
de 2012, los pensionistas únicos de viudedad con sesenta y cinco años o más son 1.139.105, de los cuales el 56 % están en cuantías mínimas y por eso no verían incrementada la cuantía mensual percibida.


Otra enmienda presentada por varios grupos parlamentarios es la referente a la disposición adicional cuadragésimo quinta, la no suspensión del fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes. Señorías, esta disposición no supone la
supresión del fondo, sino no dotarla presupuestariamente en el ejercicio 2012. Desde su creación en 2005, la dotación de este fondo siempre ha estado vinculada al marco presupuestario planteado para cada ejercicio. Concretamente, en los años 2010
y 2011 se produjo un importante descenso en las dotaciones presupuestarias previstas, descenso marcado por las contingencias presupuestarias y totalmente ajeno a la evolución de las cifras de residentes no comunitarios en España, que ascendieron en
el conjunto de los dos años. Pero la ausencia de dotación, señorías, no pone en entredicho la capacidad del Estado para desarrollar políticas de integración de los inmigrantes en colaboración con las comunidades autónomas y a través principalmente
de la Conferencia Sectorial de Inmigración.


Por último, voy a referirme a la enmienda de modificación de la disposición adicional décima, sobre el pago de deudas a la Seguridad Social de instituciones sanitarias, cuya titularidad ostentan las administraciones públicas o las
instituciones sin ánimo de lucro. En la citada enmienda se determina la condonación de tales deudas con la Seguridad Social de las citadas instituciones. Señorías, la propuesta de esta enmienda tampoco se considera asumible y además supone un
agravio comparativo con aquellas entidades sanitarias que desde un principio han cumplido con el calendario previsto y, dado el carácter netamente contributivo del sistema de la Seguridad Social, es impensable que por razones de distinta índole se
le hurte a la Seguridad Social de sus fuentes de financiación, necesarias para hacer frente al sistema prestacional.


Señorías, quiero finalizar mi intervención reconociendo el enorme esfuerzo que ha realizado el actual Gobierno del Partido Popular a la hora de elaborar estos prepuestos; presupuestos que, pese a su austeridad y fuerte ajuste en el gasto,
permiten no perjudicar a quienes peor lo están pasando. Son unos presupuestos que garantizan más Seguridad Social cuando más se necesita, que salvaguardan la protección de los pensionistas. Este esfuerzo, señorías -estarán de acuerdo conmigo-, es
muy importante y merece la pena hacerlo, especialmente en un momento tan difícil como el actual. Con ello estamos garantizando la estabilidad y la tranquilidad de los más de 9 millones de pensionistas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Susinos.


Pasamos al debate del título V y de la sección 06, deuda pública. En primer lugar, para defender las enmiendas del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Urbina.


Título V y sección 06, deuda pública

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El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, intervengo a título formal para dar por defendidas las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Mixto.


En referencia a la sección 06 y en general a lo que son los Presupuestos Generales del Estado, Amaiur presentó en su día una enmienda a la totalidad, no ha presentado enmiendas parciales y mantendrá una posición de abstención en las
votaciones de las enmiendas parciales. Se abstendrá de manera activa situándose al margen de dicha votación, manteniendo una posición de abstención general a las enmiendas parciales. Lo hace sobre la lógica que fundamentaba su enmienda total a los
presupuestos, que se puede resumir básicamente en tres ideas.


En primer lugar, mantiene un evidente desacuerdo con el contenido de los presupuestos. Las partidas destinadas a sufragar la deuda pública, que es la que corresponde a esta sección, representan básicamente la esencia del modelo neoliberal.
La deuda pública se ha convertido en el paradigma de este modelo y de la actual crisis. Bien es cierto que por sí misma la deuda pública no tendría que tener ninguna tacha en la medida en que fuera consecuencia de unos gastos debidamente realizados
en prestaciones sociales; si ha sido suscitada por un gasto correcto, no es problema. El problema es lo que ha suscitado el déficit público, que ha llevado a tener que emitir esa deuda pública. El problema es que los diferentes gobiernos han ido
engordando la deuda pública y los bolsillos de los grandes poderes económicos y estos presupuestos vienen a profundizar en esa dirección. Han engordado la deuda pública a costa de construir obras faraónicas -aeropuertos, puertos- que, lejos de
responder a las necesidades de la sociedad, han supuesto un gran gasto para las arcas públicas. Han engordado también la deuda pública a costa de inyecciones de ayudas a las entidades financieras para garantizar que mantuviesen sus beneficios,
mientras esas mismas entidades financieras no tenían piedad alguna en desahuciar a aquellas personas que no podían hacer frente a sus pagos. Ayudas para sufragar la deuda privada de esas entidades financieras, convirtiéndola así en deuda pública
sin que eso revirtiese de manera eficaz en la sociedad. Al contrario; la misma deuda pública que engordaba el Estado ha tenido que ser sufragada posteriormente con créditos que las mismas entidades a las que se había ayudado daban al Gobierno con
intereses mucho mayores de lo que les había costado a ellas. En definitiva, no tenemos por qué hacer frente a la deuda privada de los bancos y convertirla en deuda pública. Al mismo tiempo se aplicaban políticas fiscales encaminadas precisamente a
que las grandes fortunas y poderes económicos mantuviesen sus beneficios. Políticas fiscales que no combaten realmente el fraude fiscal y que, como se aprobó, se basan en la aplicación de una amnistía fiscal. Todo ello con la correspondiente
reforma constitucional, que eleva a rango supremo toda esta operación.


Señorías, decía la semana pasada el presidente del Gobierno que la prioridad es la sostenibilidad de la deuda pública de todos. Desde Amaiur creemos que lo verdaderamente importante y prioritario en este momento es determinar quién ha
generado esta crisis y pedir responsabilidades, que esas entidades responsables hagan frente a la deuda pública, hagan frente a la crisis; esto es, que la crisis la paguen los que la han generado.


En segundo lugar, nuestra abstención quiere simbolizar el rechazo a la metodología para elaborar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y es que se realiza sin ningún tipo de garantía de participación de agentes sociales, políticos
y económicos que realmente desean participar. Pero no solo eso; no solo no se garantiza la participación en un tema que tiene una evidente relevancia pública en la vida cotidiana, sino que además se da la espalda a las demandas e intereses de la
sociedad en el sentido de que se están recortando todos sus derechos en sanidad, en educación y en el ámbito social. Sobre ello se han pronunciado aquí diferentes diputados y creo que ha quedado sobradamente explicado. Por tanto, señorías, en la
medida en que tanto los presupuestos como la deuda afectan a toda la sociedad, entendemos que se debe disponer de mecanismos reales y eficaces que garanticen la participación de todos los agentes políticos, económicos y sociales en su elaboración y
aprobación.


Finalmente, señorías, nuestra abstención principalmente representa la posición que Amaiur ha defendido desde el principio en esta Cámara reclamando al Estado español la soberanía para nuestra nación, Euskal Herria. Reclamamos sin ambages
los mismos instrumentos de decisión que tiene cualquier Estado, también para Euskal Herria. Queremos que se nos respete el derecho a decidir también en el ámbito económico. La soberanía, señorías, no es solo una cuestión identitaria, se ha
convertido en una necesidad; una necesidad para solucionar los problemas reales de hoy de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria. Por eso queremos decidir nuestros propios presupuestos, queremos decidir qué deuda pública tenemos, si es que
la tenemos, y queremos gestionarla. Todo ello basándonos en nuestra realidad para responder a los problemas reales de allí, desde allí; solo así podemos garantizar que realmente se dé respuesta a esos problemas reales y que se garanticen los
derechos de la clase trabajadora vasca y de toda la sociedad vasca.


Señorías, los presupuestos del Estado tampoco en materia de deuda pública, la correspondiente a esta sección, responden a las necesidades de Euskal Herria ni de su gente, porque no están pensados en las circunstancias sociales, políticas y
económicas de Euskal Herria; no están pensados en nuestros arrantzales, no están pensados en nuestros nekasareas, no están pensadas en nuestro tejido industrial, y no lo están tampoco en nuestra cultura. Por eso necesitamos soberanía. Euskal
Herria -Nafarroa, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa- necesita soberanía para llevar a cabo políticas económicas que realmente den solución a su situación económica. Estas son las razones de la posición que Amaiur va a mantener en este debate de
presupuestos en las enmiendas parciales en las que, como decía, se abstendrá de manera general.


Muchas gracias.

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Urbina.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la evolución de la deuda pública resume gráficamente la situación de la economía española. En estos presupuestos se nos incorporan unas previsiones respecto a la deuda pública que nos dicen que hoy estaríamos en el 68,5 % del PIB
y a final de año en el 79,8 % del PIB. Cada punto del PIB equivale a unos 10.000 millones de euros, es decir, que al final de año se prevé una deuda pública de 800.000 millones de euros. Decía que esto resume gráficamente la situación económica
española porque comenzamos la crisis en el año 2008 con una deuda del 39,7 % y esto quiere decir que desde el inicio de la crisis se ha duplicado nuestra deuda pública, hemos incrementado en 40 puntos la deuda pública desde el inicio de la crisis.
Esto tiene consecuencias, como que en estos presupuestos haya que destinar al pago de intereses de la deuda más de 28.000 millones de euros, una cantidad equivalente al pago de las prestaciones por desempleo. Por otro lado, hemos superado con
claridad el valor de referencia que marca la Unión Europea para la deuda pública, que es un 60 % del PIB, y va a ser difícil volver a él, sin embargo, en nuestros pactos fiscales estamos comprometidos a intentarlo.


Todo esto, como ven, es preocupante y resume la situación económica española, pero en opinión de mi grupo hay algo más preocupante todavía, y es que muy probablemente estas previsiones sobre deuda pública que contienen los presupuestos se
queden cortas, porque los últimos acontecimientos están sacando a la luz lo que desde nuestro grupo se denunció hace tiempo, que hay amenazas sobre la deuda pública española que tienen que ver con la situación de las cajas de ahorros, con los
agujeros ocultos de las politizadas cajas de ahorros, y el coste del rescate que puede gravitar sobre la deuda pública. Desde el Gobierno se sigue negando esto, se sigue negando la evidencia, pero prácticamente solo se niega desde el Gobierno; no
hay analista internacional, experto que analice las cuentas públicas españolas que no considere que hay una amenaza sobre la deuda pública derivada del coste del rescate bancario. Y la otra amenaza tiene que ver con los déficits ocultos de las
comunidades autónomas, que también están saliendo recientemente a la luz.


Querría llamar la atención de sus señorías sobre la corresponsabilidad que hay entre los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, en ambas cuestiones. Unos y otros han dirigido sus respectivas cajas de ahorros con
resultados similares y unos y otros han dirigido sus respectivas comunidades autónomas con resultados similares. Las consecuencias están todavía por determinar. No debería producir relajación el hecho de que más de la mitad de las emisiones
previstas para este año se hayan realizado ya. Se prevén unas emisiones brutas en los presupuestos para el año 2012 de unos 186.000 millones de euros para cubrir las nuevas necesidades más los vencimientos de deuda anterior. Más de la mitad
-insisto- está cubierta, pero puede que la necesidad de financiación sea mayor. Las emisiones anteriores se han cubierto gracias a las facilidades de liquidez del Banco Central Europeo, pero el entorno financiero cada vez dificulta más captar
financiación adicional. Por eso, en esta cuestión, como decíamos en la primera intervención, los presupuestos no se han aprobado y empiezan a quedarse anticuados; las previsiones de deuda son poco creíbles y la manera en que se vaya a financiar
plantea interrogantes sobre nuestra situación económica muy graves y ya acuciantes.


Paso a defender las enmiendas concretas que hemos presentado al título V. Hemos presentado dos enmiendas referidas a dos fondos concretos. La enmienda 1379 se refiere al Fondo de cooperación para el agua. Esta es una parte de las políticas
de cooperación y ayuda al desarrollo no de las más costosas y, sin embargo, muy importante para los países receptores, porque son unas políticas de mejora de la calidad del agua que ayudan a prevenir importantes enfermedades, como es el caso del
cólera. Por eso, proponemos un aumento de 10 millones de euros, desde 25 a 35 millones de euros, en ese Fondo de cooperación para el agua. La segunda enmienda, la 1380, se refiere al Fondo para la internacionalización de la empresa, el llamado
FIEM. La estrategia del Gobierno pasa por el aumento de la exportación, por el crecimiento en el exterior, y es contradictorio con esa estrategia recortar el FIEM, que ayuda a internacionalizar nuestras empresas. Por eso proponemos, y de nuevo no
es una enmienda ni muy costosa ni muy ambiciosa, que consideren mantener la dotación del FIEM en sus presupuestos en la cantidad que tenía para el año 2011. Esto es todo respecto a este título.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Catalán tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señora presidenta, las damos por defendidas.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Socialista, señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidenta.


Señorías, no cabe duda de que estos presupuestos no han suscitado ningún tipo de confianza por parte de los mercados financieros. La prima de riesgo está en cotas históricas. Yo creo que esta desconfianza en los presupuestos y en el futuro
inmediato se muestra de forma

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palpable justamente en este título V de operaciones financieras. Los datos son muy claros y muy evidentes. En el año 2012 se van a emitir 186.000 millones de euros de deuda pública en bonos y en letras del Tesoro, de los cuales 150.000
millones de euros son amortizaciones de deuda existente, que hay que renovar, y hay 36.000 millones de euros de nuevas necesidades. Esto significa que se va a tener que dotar -y de hecho figura en la sección 06, capítulo 3- con 29.000 millones de
euros para hacer frente a los costes financieros de la deuda pública española. Estamos hablando de un 3 % de nuestro producto interior bruto. Estamos hablando de un incremento de un 5,2 % respecto del año anterior, cuando los presupuestos han
decrecido en un 4,4 %. Estamos hablando de que durante este ejercicio se ha producido el mayor incremento de deuda pública de los últimos años, un incremento de un 11,5 % con respecto a nuestro producto interior bruto, y la deuda pública de todo el
sector público va a alcanzar el 80 %; faltan décimas para alcanzar ese 80 %.


Tenemos que ahorrar. Nosotros, los socialistas, somos partidarios de la austeridad, del ahorro. En ese sentido, creo que ustedes dan también una doctrina muy significada. Pero tenemos que ahorrar, y hay que saber dónde ahorrar. Hay que
enfocar bien dónde adoptamos nuestras políticas de austeridad. No podemos adoptar, desde nuestro punto de vista, las políticas de austeridad en la sanidad -un 20 %-; en la educación -una reducción de más de un 20 %-; en la dependencia, en las
políticas sociales. Tenemos que ahorrar y, justamente, un capítulo importante es el de los costes financieros. Voy a dar un dato muy significativo y es que estos 36.000 millones de euros, más los 150.000, es decir, los 183.000 millones de euros
que se van a emitir este año, si se mantienen los tipos de interés actual, se hará en torno a un 6 %. Eso va a significar un coste financiero de 11.200 millones de euros. Si en lugar de pagar el 6 %, pagásemos lo que está pagando Reino Unido o lo
que está pagando Estados Unidos, en torno al 2 % o 2,2 %, nosotros pagaríamos por esa deuda pública 4.000 millones de euros. Nos ahorraríamos más de 7.000 millones de euros -repito, más de 7.000 millones de euros-. Todo lo que quieren ustedes
recortar en políticas sociales podríamos ahorrarlo justamente en gasto financiero que no aporta nada a este país, que no aporta beneficios a la ciudadanía y que está enriqueciendo a grandes capitales.


¿Qué tenemos que hacer para ahorrar? Tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer para ahorrar, para bajar esa prima de riesgo y para abordar la crisis de la deuda. Lo está defendiendo Hollande en Bruselas, lo está defendiendo Monti
en Bruselas, pero no lo está defendiendo nuestro Gobierno en Bruselas. Son los eurobonos, que tienen que primar el principio de solidaridad en todo el territorio europeo, en todos los Estados europeos. Primar ese principio de solidaridad
significaría un ahorro sustancial de un gasto financiero que es insoportable e inasumible para un país como España. Se nos llena la boca y decimos que estamos todavía 20 puntos por debajo de la media europea. No es lo mismo soportar lo que Estados
Unidos está soportando, un 105 % con respecto a su PIB de endeudamiento, pero pagando a un 2 %. No es lo mismo Reino Unido, que tiene un nivel de endeudamiento del 85 % de su PIB, pagando un 2 %. Nosotros tenemos un 20 % menos de la media, pero
estamos pagando un precio y un coste financiero inasumibles. Tenemos que evidenciarlo en Europa y tenemos que unirnos a Hollande y a Monti. En esa cumbre del miércoles hay que exigir que los eurobonos se pongan en circulación, porque países como
España no pueden soportar ese coste y esa carga financiera que no beneficia a los ciudadanos. Los ciudadanos están hasta las narices de que estemos todos los días hablando de inestabilidad y de prima de riesgo, sin tomar medidas y soportándolo.
También tenemos que exigir que el Banco Central Europeo se convierta en lo que es el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal, que preste directamente a los Estados en circunstancias como esta, que no tenga que ir a los mercados secundarios, sino
que pueda intervenir en los mercados primarios. Esas son las soluciones que tenemos que plantear.


Asimismo, tenemos que adoptar medidas a nivel nacional. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ya una proposición no de ley para que los hispabonos se pongan en marcha en este país. Tenemos un Gobierno con un ministro de Economía,
que dice que está de acuerdo, y con un ministro de Hacienda, que dice que no está de acuerdo; un Gobierno que no se pone de acuerdo entre ellos para decidir algo que es fundamental en este país. Gran cantidad de deuda pública de muchas comunidades
autónomas supera el 6 % de tipo de interés; son bonos basura, calificados por las empresas de rating. Y nosotros seguimos expectantes y pendientes de lo que sucede en los mercados financieros. Tenemos que primar también ese principio de
solidaridad a nivel nacional y, si es necesario, hay que prestar avales a las comunidades autónomas. No podemos estar exigiéndoles a las comunidades autónomas que recorten en sanidad, que recorten en educación cuando pueden conseguir importantes
ahorros en su deuda pública y en sus costes financieros. También tenemos que poner en marcha el ICO, para que, si tiene que prestar a las comunidades autónomas, establezca líneas de colaboración, pero no se puede soportar lo que estamos
presenciando de forma impasible, sin tomar medidas, criticando a los mercados, pero sin hacer nada. No podemos seguir así.


Nosotros hemos presentado dos enmiendas, la 800 y la 801, a este título V, que van destinadas a que siga rigiendo ese principio de solidaridad del que hemos hecho gala con los países más necesitados en la lucha contra la pobreza, que por
cierto en este presupuesto se rebaja en un 72 %. Queremos que se aumente en 410 millones de euros el Fondo para la promoción del desarrollo y que se aumente en 25 millones de euros el Fondo de cooperación para agua y saneamiento de países pobres.
Creemos que es necesario, al igual que he dicho antes, que prime en Europa el principio de solidaridad,

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que primen en beneficio de la lucha contra la pobreza criterios de los que hemos sido ejemplo a nivel internacional. ¿Que hay que ser austeros? Hay que ser austeros. ¿Que hay que reducir? Hay que reducir, pero lo que no podemos hacer es
un recorte de un 72 % en la lucha contra la pobreza. No solamente es injusto e insolidario, sino que le diría que también es inmoral. (Aplausos). Concluyo pretendiendo que acepten nuestras enmiendas, que son razonables, y que adopten las medidas
que toda la ciudadanía les está exigiendo.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Hurtado.


Por el Grupo Popular, para fijación de posición, tiene la palabra el señor Gallego.


El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, en el título V y sección 06 del presupuesto se recogen las autorizaciones de endeudamiento del Estado, los avales públicos permitidos y las relaciones del Estado con el ICO, entre otros aspectos. Están en consonancia con la
sección 06, en la que se contemplan las grandes operaciones de financiación del Estado. La sección 06 es la segunda más importante de los Presupuestos Generales del Estado, atendiendo a su dotación económica, 78.898 millones de euros; lo que
representa un 21,79 % del total del presupuesto. Solo es inferior al presupuesto de la Seguridad Social. Como es natural, las operaciones recogidas en esta sección se corresponden a la totalidad de los gastos financieros del Estado, que alcanzan
una cifra que ya se ha recordado aquí durante el debate, de más de 28.000 millones de euros, y a la amortización de la deuda que vence en 2012 por un total de 50.050 millones.


La deuda del Estado varía este año como consecuencia de varios factores: la necesidad de financiación y de déficit de caja del Estado, el Fondo de financiación de pago a proveedores, el MEDE. Por cierto, todo esto suma los 36.000 millones
a los que hacía referencia el señor Hurtado. La necesidad de financiación neta del Estado es esa cifra, que es un 30 % inferior a la cifra del presupuesto del año anterior. Es decir, este año pagaremos un 30 % menos por este concepto que el año
anterior, cuando alcanzó una cifra de 52.814 millones. Lo digo por aquello que ha dicho durante su intervención de que al Grupo Socialista le gusta ahorrar, de que hay que ahorrar.


No lo he visto. En los últimos cuatro presupuestos del PSOE de la última legislatura, ahorro, poco; gasto, mucho; déficit, descomunal; y el incremento de la deuda producido durante los últimos años se ha doblado, como ha dicho antes el
portavoz del Grupo de UPyD. El importe de la deuda pública española se ha doblado durante el mandato del Partido Socialista. Como usted comprenderá, en estos ciento cincuenta días que lleva gobernando el Partido Popular todavía no nos ha dado
tiempo a meter la deuda pública española en un 70 %; a nosotros no nos ha dado tiempo. Lo que sí sabemos es que en el año 2004 la dejamos en un 37 %; eso sí lo sabemos. (Aplausos).


Efectivamente, tenemos que refinanciar los vencimientos de la deuda del presente ejercicio, una cifra estimada en 149.300 millones, aunque también dependerá de las emisiones de letras a corto plazo que se realicen en el año 2012 con
vencimiento en este mismo año. En total, como han dicho los compañeros anteriormente, las emisiones brutas del Tesoro público ascienden a 186.100 millones de euros, y es verdad que a día de hoy ya se han cubierto el 53 % de las necesidades netas de
financiación de nuestro país.


Asimismo, en 2012 aumenta la ratio deuda-PIB. También es verdad que en ese aumento se contemplan operaciones a las que casi todos los grupos de esta Cámara han votado favorablemente, porque el Plan de pago a proveedores, que todo el mundo
ve bien y al que todo el mundo ha dado el visto bueno y que incluye una inyección de 27.000 millones de euros a las empresas, sí se contabiliza en términos de la ratio deuda-PIB, o la amortización del déficit eléctrico o el préstamo asignado a
Grecia que, como saben ustedes, también tiene una afectación sobre la ratio deuda-PIB. Al final del año 2012, la deuda del Estado será de 628.000 millones de euros, la Administración central deberá un 60 % del PIB y el conjunto de las
administraciones públicas españolas tendrá una deuda del 79,8 %, frente al 68 % del año anterior. Efectivamente, la deuda crece 11 puntos, pero está por debajo de la media europea, que está en el 90 %, aunque es verdad el dato de que nos alejamos
del objetivo de estar cerca del 60 %, que es lo que marcan nuestros compromisos de estabilidad europeos. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular, se va a trabajar para ir reduciendo los ratios de deuda y ojalá pudiéramos dejarlos en aquellos
márgenes donde los dejamos en el año 2004, ojalá al finalizar esta legislatura pudiéramos dejar la deuda país en un 37 %, tal y como la dejamos en el año 2004.


No entiendo, sinceramente, cuando a lo largo de unas cuantas secciones que llevamos del presupuesto cada uno de los ponentes reclama que no recortemos nada, que gastemos mucho más, que no hagamos ajustes, que lo del déficit ustedes no se lo
tomen tan a broma. Y yo les pregunto, ¿cómo quieren ustedes reducir la deuda pública sin reducir el déficit? Es que no tiene respuesta y, si la supieran, supongo que la habrían aplicado ustedes durante sus mandatos, pero desde luego a nosotros
todavía no se nos ha ocurrido esa idea. Por tanto, para el Grupo Parlamentario Popular es fundamental reducir el déficit público para controlar los niveles de endeudamiento de nuestro país. Yo entiendo que usted puede subir aquí a la tribuna,
lanzar una arenga, hacer un discurso político -no de política económica, sino de política-, decir esto de los más pobres y los más ricos y los más ricos y los más pobres. Pero estaría bien que plantearan

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en esta tribuna una solución con sustancia, porque no se puede hacer tal y como lo plantean ustedes.


Por otro lado, hemos hablado un poco de la cantidad y ahora hablaremos del precio. Hay casi 29.000 millones de euros en gastos financieros. ¿Son gastos financieros de deuda que ha pedido el PP, de deuda que ha pedido el Gobierno en ciento
cincuenta días o es una deuda acumulada de los últimos años? Por cierto, le voy a hablar del precio, porque creo que no entienden muy bien cómo nos financiamos. El diferencial con la deuda alemana es a diez años, efectivamente, pero en los últimos
meses España no se está financiando con bono a diez, se está financiando con bono a corto, con bono a dieciocho y veinticuatro meses, con bono a doce meses, no estamos pagando el 6 %, como dice usted, esa fórmula magistral para ahorrarnos 7.000
millones de euros. Por cierto, ¿por qué no la hicieron ustedes cuando gobernaban? La emisión de deuda que está sacando cada semana el Tesoro público español es de bono a corto, es al 2 %, y en esos márgenes las fluctuaciones no son tan agresivas
como han sido con el bono a diez. Por lo tanto, no nos estamos financiando con bono a diez, que ya sabemos que el precio está alto, y desde luego que nos preocupa la prima de riesgo, como le preocupa a todo el mundo, por eso nos estamos financiando
con otro tipo de productos. Esa solución que usted plantea no tiene ningún sentido, porque ya se está haciendo lo que se está haciendo.


Quiero hacer dos referencias más. Estamos de acuerdo en que el Banco Central Europeo ayudó muchísimo durante el primer trimestre de este año a la economía española y a la deuda pública española con esas macroinyecciones de capital.
Aprovecho este momento para volver a pedir en nombre el Grupo Popular que tenga en cuenta la situación de la economía española, que todo el mundo sabe que está en una situación financiera compleja. Eso es evidente, no estamos descubriendo nada,
todo el mundo lo ve y lo tiene claro. Y le seguimos pidiendo al Banco Central Europeo que siga prestando ayuda e inyecciones de liquidez a España.


También se está trabajando en la cuestión vinculada a lo que usted hacía referencia, a los eurobonos, eurobonos que cuando el presidente Zapatero gobernaba tampoco consiguió. Es que Mariano Rajoy tiene que conseguir en ciento cincuenta días
de gobierno lo que el señor Zapatero -que también ha sufrido primas de riesgo por encima de los 400 puntos- no fue capaz de lograr. Por tanto, no hagamos política sin tener en cuenta la realidad y sin tener en cuenta que ustedes han gobernado hasta
hace muy poco.


Efectivamente, tiene usted razón, nos preocupa muchísimo el precio al que se financian las comunidades autónomas en nuestro país, se están financiando a un precio elevadísimo, terrorífico, no se puede soportar, y se está trabajando para
evitar esa situación. No es cierto que no se esté trabajando en líneas de avales y no es cierto que no estemos utilizando el ICO. Revíselo usted. Se están avalando todas y cada una de las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas.
Dígame usted una operación que no se haya avalado. Se han avalado absolutamente todas. Por tanto, le pido más rigor.


Nosotros pensamos que la reducción del déficit público va a contribuir a que las necesidades de financiación de la economía española del próximo año sean mucho menores. Hay que controlar el déficit público en nuestro país con dos objetivos:
reducir a corto las necesidades de financiación y generar confianza y estabilidad, que eso sí puede ayudar -y usted coincidirá conmigo- a reducir la prima de riesgo de la economía española.


Acabo. La situación es compleja, lo sabemos, sabemos que es muy difícil, que tenemos una gran crisis financiera, pero se están adoptando medidas para impulsar esa situación y resolver esta cuestión dentro de lo razonablemente posible, pero
esto, como ustedes comprenderán, no se arregla con dos soluciones mágicas aquí hoy en el Parlamento. Esto es un poco más complicado que todo eso.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gallego.


Pasamos al debate del título VI.


En primer lugar, en turno de defensa de enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.


Por acuerdo del Grupo Mixto y la Mesa doy por defendidas todas las enmiendas del Grupo Mixto.


Compromís-Equo ha presentado enmiendas a los títulos y a las disposiciones, y hablaré como portavoz de Copromís-Equo, pero también en defensa de las enmiendas del PSM Iniciativa-Verds y Entesa de las Illes Balears. Mantenemos la enmienda
2517 al título VI porque, aunque ya viene recogida parcialmente en el Real Decreto-ley 6/2012, consideramos que son insuficientes las medidas orientadas hacia las víctimas de ejecuciones hipotecarias y desahucios. En mi condición de concejal de un
ayuntamiento pude ver el otro día un caso de estos, y es el caso de un vecino de Sueca, al cual el banco había ejecutado su piso y encima en el ayuntamiento le pedíamos que pagara las tasas municipales. El apartado número 3 que ustedes han
introducido en el artículo 106 de la Ley reguladora de las haciendas locales a través del Real Decreto-ley solo se refiere al deudor situado en el umbral de exclusión. Eso lo redefinen luego en el artículo 3, y ese deudor que está situado en el
umbral de exclusión por definición de su artículo afronta una verdadera carrera de obstáculos.


Las ejecuciones hipotecarias se han multiplicado mucho en los últimos tiempos. En concreto, entre 2007 y 2011, ha habido 349.438 ejecuciones hipotecarias y 166.716 desahucios. De esos, Valencia se encuentra situada en segundo lugar con
7.267 y Alicante en cuarto lugar con 4.648. Detrás de esos números, como ya dije en su momento, hay personas a las que el sistema está apartando. Esto representa un problema social de primer


Título VI

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orden. Al drama social que comporta la ejecución y el desahucio se añade la carga de seguir pagando el crédito. A esto además se suma la transmisión que comporta la licitación de la vivienda y que está sujeta al impuesto sobre el
incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana. Justamente el sujeto pasivo del impuesto era el deudor hipotecario. Como habrá muchos deudores que no cumplirán el mínimo umbral de exclusión, mucha gente a la que hayan quitado su vivienda
tendrá que seguir abonando este tributo al ayuntamiento. La enmienda lo que pretende es que sea el adquirente quien devuelva a la comunidad la plusvalía latente ya que difícilmente, aunque no esté en ese umbral de exclusión, puede colegirse que el
propietario ejecutado haya obtenido beneficio alguno y encima, si no ha podido pagar la hipoteca al banco, se sumaría la imposibilidad de pagar la deuda al ayuntamiento.


En segundo lugar mantenemos también la enmienda 2516 que se refiere a todos los ayuntamientos -los que somos concejales o alcaldes lo estamos viendo-. Muchos ayuntamientos tienen concertadas operaciones a largo plazo, lo que llamamos los
préstamos puente, que van dirigidos fundamentalmente a hacer inversiones a la espera de recibir las subvenciones o las aportaciones que tienen comprometidas las diputaciones o las comunidades autónomas (El señor presidente ocupa la Presidencia). En
mi comunidad autónoma, la comunidad autónoma del País Valenciano, hubo un famoso plan que se llamó Plan Confianza; y muchos ayuntamientos adelantaron el dinero para hacer esas obras y aún esperan con confianza -ya con poca confianza- a que el
Gobierno abone en muchos casos el dinero que tenía comprometido con ellos. Muchos ayuntamientos han adelantado esos pagos y llevan mucho tiempo esperando que paguen, porque muchas comunidades autónomas están aplazando o reprogramando estos pagos.
Esta situación implica que aquellos ayuntamientos que en virtud de la disposición adicional décimo octava no puedan concertar nuevas operaciones de crédito en 2012 ni tampoco refinanciar estos créditos ya concedidos y vinculados a esas subvenciones
están asumiendo un bloqueo de las tesorerías, lo que está provocando demoras en el pago a los proveedores. Por eso sería necesario abrir la posibilidad de refinanciación de estas operaciones en concreto, para adaptarlas a las reprogramaciones de
las subvenciones o pagos autonómicos y, sobre todo, para impedir el bloqueo de las tesorerías municipales.


Por último, mantenemos también la enmienda 2518 que es una enmienda de supresión de la disposición final vigésimo primera. El Parlamento de las Illes Balears aprobó por unanimidad una proposición no de ley del PSM-IniciativaVerds-Entesa de
las Illes Balears que decía sintéticamente: que en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 no se establezca ningún incremento de las tasas aeroportuarias que se apliquen a los aeropuertos de las Illes Balears, atendiendo a su singularidad
tanto económica como social. Por tanto, el aumento que recoge la disposición final vigésimo primera perjudica tanto a los residentes en las Illes Balears como a su actividad económica, especialmente como destino turístico. Por tanto, proponemos
también la supresión de la disposición final vigésimo primera.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví por su concisión.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.


La discusión del título VI ofrece la oportunidad de hacer un breve balance de la política tributaria del Gobierno, pero llamarla así tal vez sea hacerle un honor excesivo porque política tributaria tiene connotaciones de previsión, de
predecibilidad, de diseño, y lo que caracteriza las decisiones impositivas del Gobierno es todo lo contrario. En los impuestos ha seguido una política errática, falta de proyecto, a golpe de necesidad recaudatoria, siempre por detrás de los
acontecimientos, y se han tomado unas decisiones que se nos dice que no son permanentes, que son temporales. Mi grupo no entiende entonces cómo se va a reducir el déficit estructural, porque si se están tomando medidas coyunturales ¿cómo se está
reduciendo el déficit estructural? Lo mismo sucede por el lado del gasto. Los recortes en la inversión en la investigación no pueden ser permanentes, no pueden ser sostenibles, es decir son coyunturales, no están reduciendo el déficit estructural.
Es difícil que se recuperen el consumo y la inversión si existe este caos en relación con los impuestos. El Gobierno ganó las elecciones prometiendo una bajada de impuestos y ha subido el IRPF a niveles nórdicos, a niveles suecos, eso sí, sin las
contraprestaciones sociales. El partido hoy mayoritario se pasó, cuando estaba en la oposición, toda la legislatura pasada prometiendo bajadas en el impuesto sobre sociedades porque así iba a mejorar la competitividad internacional de nuestro país,
y cuando llega al Gobierno sube fuertemente el impuesto sobre sociedades, que no digo que sea equivocado, pero para los empresarios no genera mucha predecibilidad ni mucha confianza. Amenaza en el futuro con una subida del IVA, que se niega, pero
todo el mundo la da por descontada. Las decisiones de inversión se toman a años vista y es difícil decidir racionalmente en este entorno fiscal. La alternativa habría sido una reforma fiscal en profundidad integral, revisando las deducciones de
todos los impuestos, haciendo que las cargas se repartiesen de forma más equitativa sin recaer con tanta fuerza como en la actualidad sobre las rentas del trabajo dependiente. La alternativa pasa también por la lucha contra el fraude. Nunca se
recordará bastante que hay un 23 % de economía sumergida en nuestro país, y eso supone que cada año se dejan de recaudar 7 u 8 puntos del PIB. No se va a acabar con el fraude totalmente ni de la noche a la

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mañana, pero el potencial recaudatorio es inmenso. Es difícil lograr esa recaudación si se disminuyen los recursos de la Agencia Tributaria o mediante amnistías fiscales que destruyen la conciencia fiscal del país El resultado de esta
política tributaria, a juicio de nuestro grupo equivocada, es que las previsiones de ingreso que incorporan los presupuestos también lo están, no son creíbles. Los efectos de la recesión van a compensar con creces los efectos en la recaudación de
la subida de impuestos, y esto ya lo están arrojando las primeras cifras oficiales. Con una restricción del crédito, con unos presupuestos restrictivos que van a hacer que se ahonde en la recesión, prever subidas de recaudación no es más que un
deseo sin ningún sustento en la realidad. A nuestro juicio, este es uno de los errores importantes en los presupuestos que aquí discutimos.


Pasando a la defensa de las enmiendas que presentamos a este título, en la enmienda 1381 cuestionamos la subida del IRPF con tipos marginales que en algunos casos llega al 52 %, no porque estemos en contra de la progresividad fiscal, todo lo
contrario, sino porque esta progresividad fiscal solo afecta a las rentas del trabajo dependiente. Recuérdese que solo un 4 % de los declarantes del IRPF declaran bases imponibles superiores a los 60.000 euros; solo un 4 % de los declarantes
declaran ingresar más de 60.000 euros. Esto nos indica que la gente con más posibilidades económicas realmente no está tributando en el IRPF. Se sube el IRPF porque es fácil recaudatoriamente, porque son unas rentas del trabajo dependiente
controladas por Hacienda. Hay otras tres enmiendas que tienen que ver con la reducción del IVA para productos muy concretos. La 1413 propone la introducción del IVA superreducido para los libros electrónicos, equiparando su tributación a los
libros tradicionales, a los libros en papel. Esto es algo que Unión Progreso y Democracia propuso mediante una proposición no de ley en la Comisión de Cultura y se aprobó por unanimidad el día 8 de marzo de 2012. Es una buena ocasión para que esta
proposición no de ley, aprobada por unanimidad, se ponga en funcionamiento. Hay otras dos enmiendas, la 1414 y 1415, que proponen la introducción de un IVA reducido para uso agrícola en el gasóleo y la electricidad que utilizan los agricultores.
Esto ayudaría a mejorar la delicada situación económica que atraviesan y es algo que está previsto en la normativa europea. Estas son nuestras enmiendas, señor presidente, al titulo VI.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor presidente, las damos por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Esta tarde estamos hablando de política económica, de política presupuestaria. Lo que es un hecho evidente es que el Partido Popular prometió que, en llegando al Gobierno, iba a haber confianza, iba a haber un programa económico encima de
la mesa e iba a comenzar la salida de la crisis de manera inmediata. Esa era la máxima con la que el Partido Popular se presentó a las elecciones y ganó las elecciones generales. A estas alturas todos los indicadores económicos, todos los
indicadores financieros -el diferencial del bono español con el alemán a diez años, los CDS a cinco años, la evolución de la bolsa- desde diciembre para acá han ido a peor. La confianza ha ido a peor. Es más de este país han salido a los mercados
internacionales en torno a 30.000 millones de euros de la economía española, del ahorro en España. Eso es un hecho y tiene que ver con que no hay un programa económico, no hay una hoja de ruta, no hay un plan para la economía española, no hay un
plan creíble desde el punto de vista presupuestario ni de la política impositiva. Esa es la realidad, y eso tiene que ver con la pérdida de confianza de la economía española. No hemos ganado confianza con el PP con su ausencia de programa, más
bien nos hemos alejado de ella. Hay algunas lecciones que tenemos que sacar, hay algunas cosas que no se tienen que volver a repetir, porque esa no es la mejor manera de que la economía española tenga confianza. Que a finales del mes de mayo de
2012 estemos discutiendo el presupuesto del año 2012 no es una buena cosa desde el punto de vista de la confianza. ¿Por qué estamos discutiendo a finales de mayo el presupuesto de este año? (Protestas). Fundamentalmente porque el Partido Popular
no quiso traer el presupuesto aquí antes de las elecciones andaluzas. (Protestas). No quiso traer el presupuesto, quiso retrasarlo, porque le convenía electoralmente en ese momento.


Otra de las cosas que no se pueden volver a repetir es lo que ha hecho el Partido Popular estos meses. Creía que, desde el punto de vista electoral y político, era mucho mejor que hubiera herencia y que fuera negativa, es decir, era bueno
decirle al mundo, a los mercados internacionales y a Europa que había 2 puntos de déficit debajo de las alfombras de este país. Lógicamente, eso no ha sido bueno desde el punto de vista de la confianza. Ahora los mercados no se creen que,
efectivamente, las comunidades autónomas puedan tener cuatro décimas adicionales de déficit. No se creen los mercados que las comunidades autónomas del Partido Popular tengan cuatro décimas de déficit más. No se lo creen y desde luego es increíble
que una comunidad autónoma como la de Madrid tenga de déficit 1.000 millones más; que doble su déficit en 1.000 millones no es creíble, evidentemente.

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Lo que tampoco es bueno desde el punto de vista de la confianza es la amnistía fiscal. No hay una estrategia impositiva creíble para este país; no hay una estrategia impositiva, fiscal, y producto de eso, como hay que recaudar de manera
rápida, se improvisa una amnistía fiscal que, además de ser inmoral, no genera confianza, no da una buena imagen internacional del país y además no genera confianza desde el punto de vista de la sostenibilidad a corto y a medio plazo de las cuentas
públicas porque es un ingreso por una sola vez, en un solo ejercicio. Evidentemente, eso no genera confianza desde el punto de vista de la sostenibilidad en el medio y en el largo plazo. Como no hay una estrategia impositiva clara, consistente, de
medio y largo plazo, se improvisa un incremento de la presión fiscal a las clases medias. No se lucha contra el fraude fiscal, no hay ambición en la lucha contra el fraude fiscal y se plantea una subida impositiva sobre las clases medias; clases
medias que tienen una alta propensión a consumir y por tanto a reactivar la economía española. Por eso hablo de que no se tiene una política presupuestaria impositiva coherente, lógica y consistente desde el punto de vista del corto, del medio y
del largo plazo. Como no se tiene un programa, no se tiene una hoja de ruta, no se tiene un plan, se vuelve a pensar que la burbuja inmobiliaria nos puede sacar de la crisis económica, pero no nos va a sacar. Tenemos que alejarnos de la
especulación y de la burbuja inmobiliaria, y entonces se plantea por parte de este presupuesto y del Gobierno volver a la deducción en la compra de vivienda a las rentas más altas. Esa es una muestra más, que no genera confianza, de que no hay un
plan, de que no hay un programa, de que no hay una hoja de ruta de política económica, de política presupuestaria y de política impositiva. Así podríamos continuar, por ejemplo con las dudas sobre los gastos que tienen que ver con la productividad,
con el crecimiento potencial de la economía española.


El Grupo Socialista ha presentado un conjunto de enmiendas a este capítulo, que tiene fundamentalmente algunos objetivos: primero, dar credibilidad a las enmiendas que presentamos desde el punto de vista de los gastos; segundo, hacer
creíble una política, esbozar un dibujo alternativo de política impositiva y política presupuestaria. En este sentido, planteamos la supresión de la subida del IRPF para las rentas del trabajo, la supresión de la amnistía fiscal para compensar un
plan ambicioso de lucha contra el fraude, la supresión de la deducción por compra de vivienda para rentas más altas, un mandato al Gobierno para la creación de un impuesto sobre grandes fortunas, una tributación mínima en el impuesto sobre
sociedades para las grandes empresas de al menos el 15 % y una mayor limitación de la deducción por gastos financieros en el impuesto sobre sociedades. En definitiva, se trata de un conjunto de enmiendas que tienen unos objetivos claros, cuatro
grandes objetivos. En primer lugar habría que recaudar, añadir al presupuesto en torno a 5.100 millones de euros para hacer creíble y consistente las enmiendas de gasto que el Grupo Socialista plantea en este presupuesto. En segundo lugar, se
debería dar una mayor sostenibilidad en el medio plazo al gasto de la Administración central. Nos parece importante porque ese debe ser uno de los grandes objetivos de cualquier política impositiva. En tercer lugar, proponemos una composición de
los ingresos que apueste por la equidad horizontal y vertical, pero todo ello sin que se erosione la competitividad y la creación de riqueza; es decir, una política impositiva justa y equitativa y que, por otra parte, ayude a la reactivación
económica. En cuarto lugar, como decía anteriormente, se trataría de esbozar que es posible una política impositiva y una política presupuestaria distintas a la del Partido Popular.


Termino como empecé. En este momento la economía española va camino del precipicio fundamentalmente porque no hay confianza; y no hay confianza porque no hay un programa o una hoja de ruta creíble en materia presupuestaria, financiera,
particularmente en materia presupuestaria y en materia fiscal. Quiero que recuerden sus señorías que el Partido Popular se presentó a las elecciones diciendo que con ellos habría más confianza y habría una hoja de ruta y una política económica
claras, pero en estos últimos cuatro meses hay menos confianza en la economía española.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Saura, tengo que empezar mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Popular desmintiendo absolutamente las afirmaciones que ha hecho de que el Partido Popular no elaboró los presupuestos a tiempo por motivos electorales. Fue
justamente al contrario. Le recuerdo que en septiembre, que es cuando el Partido Socialista convocó elecciones anticipadas, es cuando se empiezan a elaborar los presupuestos. Por tanto, seamos más serios en los planteamientos. El Partido
Socialista no hizo los presupuestos porque no le convino en ese momento, precisamente por motivos electorales. (Aplausos).


A partir de ahí todos sabemos que España tiene la necesidad urgente de proceder a la reducción del déficit público que heredamos del Partido Socialista. Por tanto, expreso nuestro compromiso con esa reducción del déficit. Estos
presupuestos están encaminados a ese gran objetivo nacional en el que debemos estar comprometidos todos. Es una cuestión de supervivencia como país, y las noticias económicas de cada día nos reafirman más si cabe en esta convicción. El debate en
el que se empeña el señor Saura sobre la presunta incompatibilidad en la reducción del déficit público con las políticas de activación de nuestra economía es ficticio y falso. Si no controlamos

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nuestro déficit no conseguiremos la financiación necesaria para nuestras inversiones. El Gobierno del Partido Popular no está aplicando únicamente políticas de austeridad, también está aplicando reformas para ser más competitivos. Además,
ha puesto en marcha un plan de pago a proveedores que es una inyección importantísima para nuestra economía, para los pequeños y medianos empresarios y para los autónomos. Es en este contexto de urgente necesidad de reducir nuestro déficit público
en el que me gustaría enmarcar el debate del título VI, que se refiere a las normas tributarias -estamos hablando ahora de los ingresos fiscales-, porque para rebajar el déficit no solamente necesitamos recortar el gasto sino también aumentar
nuestros ingresos tributarios.


Señorías, nada más llegar al Gobierno descubrimos a través de un informe de la Intervención General que el agujero que heredamos del anterior Gobierno era mucho mayor del que habían prometido ustedes. Por eso el Gobierno tomó la decisión
-difícil pero necesaria- de establecer un gravamen complementario en el IRPF que fuera temporal e intentó hacerlo de la manera más justa y más equitativa posible. También niego lo que han dicho algunos portavoces de que únicamente se graven las
rentas del trabajo. Se ha puesto también un gravamen complementario progresivo justo, equitativo y muy importante para las rentas de capital. Por tanto, no es imprevisión, no es falta de previsión, es urgencia, porque nos encontramos con un enorme
agujero en esas cuentas públicas. El PSOE ahora se rasga las vestiduras ante una necesaria y urgente regularización fiscal para aflorar activos no declarados, activos que se encuentran depositados en cuentas en el extranjero y activos con los que,
por cierto, el Partido Socialista fue muy benevolente; les recuerdo que los depósitos de algunos contribuyentes en cuentas suizas fueron tratados fiscalmente con auténtico guante blanco. Por tanto, no nos valen esos ejercicios de auténtica
hipocresía política cuando sucesivos gobiernos socialistas hicieron no una sino varias regularizaciones, olvidándose además de mencionar otro aspecto muy importante, porque esta medida tiene su explicación en la dificilísima situación que atraviesa
nuestra economía, y es una medida excepcional que necesitamos para atraer rentas hacia nuestro país que ahora mismo se encuentran depositadas en el extranjero. Usted sencillamente tacha esta medida de inmoral y se queda tan ancho, pero lo realmente
inmoral es que nos dejaran ustedes un agujero, un déficit público de más de 100.000 millones en el año 2011, eso es lo que es inmoral. (Aplausos). Tampoco mencionan ustedes que esta regularización va acompañada de un conjunto de medidas que se van
a poner en marcha próximamente de lucha contra el fraude fiscal, porque saben sus señorías que ya está en marcha un proyecto de ley que endurece tremendamente las sanciones para los defraudadores y que además pone contra las cuerdas a aquellos que
no quieran pagar sus impuestos a la Hacienda pública; un conjunto de medidas que hará que la no regularización ahora suponga para los defraudadores jugar a la ruleta rusa en el futuro. El Gobierno del Partido Popular ha actuado también a través
del Real Decreto-ley 12/2012 en el impuesto sobre sociedades, que ustedes dicen que es injusto. Efectivamente hace pagar más a través de una serie de medidas a las grandes empresas, intentando no perjudicar fiscalmente a los pequeños y medianos
empresarios. En definitiva, este conjunto de medidas inyectará en nuestra economía 12.300 millones de euros más al mes, que son absolutamente imprescindibles para mantener nuestra recaudación tributaria y para sostener nuestros servicios públicos.


Señorías, por limitaciones de tiempo voy a mencionar solo aquellas enmiendas que resultan más destacables y haré una breve explicación del motivo por el que mi grupo va a votar en contra. En primer lugar, como ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista, proponen suprimir el gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera y suprimir la regularización fiscal. Yo creo que este aspecto ya ha sido suficientemente debatido, por tanto me remito a los argumentos que ya he dado
a este respecto. Además contribuyen ustedes con estas declaraciones a fomentar una sensación de laxitud frente al fraude, lo que a nuestro juicio no favorece en absoluto a nuestro sistema tributario. Propone también el Grupo Socialista, junto con
UPyD, la supresión del gravamen complementario de IRPF, en el que tampoco me quiero detener más porque ya he explicado que se ha intentado hacer perjudicando lo menos posible a las familias con menor poder adquisitivo. La gran aportación que nos
hacen en estos presupuestos en materia fiscal es la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas; lo aportan como la salvación para incrementar nuestros ingresos tributarios. Ustedes han estado en el Gobierno hasta hace muy pocos meses, por
lo que yo me pregunto: ¿por qué primero suprimieron el impuesto sobre el patrimonio alegando que este impuesto en realidad solo afectaba a las clases medias porque las grandes fortunas tenían otros mecanismos de elusión fiscal para no pagar el
impuesto sobre patrimonio y posteriormente reimplantaron el impuesto sobre el patrimonio diciendo todo lo contrario de lo que habían dicho cuando lo suprimieron? Estamos otra vez ante los mismos ejercicios de hipocresía política a la que nos tienen
acostumbrados, y además ante un impuesto que no va a tener gran incidencia recaudatoria y que no sirve en estos momentos para sostener nuestro sistema tributario. Nos parece una propuesta totalmente demagógica, y ustedes saben que este impuesto no
solucionaría la grave caída que sufre nuestra recaudación tributaria.


Señorías, no quisiera concluir mi intervención sin hacer referencia a diversas enmiendas presentadas por La Izquierda Plural y UPyD que proponen medidas para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y para incrementar los recursos
materiales y humanos de los que dispone la Agencia Tributaria. En este sentido, me gustaría dejar claro que la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida es un objetivo prioritario del

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Gobierno del Partido Popular, como no puede ser de otra manera. Creemos que tener un sistema tributario justo y equitativo al que todos los españoles contribuyamos para sostener el gasto es un objetivo que debemos compartir todas las
fuerzas políticas. No debemos permitir comportamientos injustos e insolidarios y por ello tanto a nivel normativo, con una ley de lucha contra el fraude fiscal en la que el Gobierno está trabajando, como a nivel de medios materiales y humanos la
Agencia Tributaria va a cumplir con los objetivos que tiene marcados en las dos líneas de actuación tradicionales: facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y luchar contra el fraude fiscal. En estos presupuestos, señorías,
se dota a la Agencia Tributaria de medios suficientes para el logro de estos dos fines que tiene encomendados, para conseguir mayores grados de eficacia y eficiencia en la lucha contra el fraude que, como digo, es un objetivo prioritario para el
Gobierno del Partido Popular.


Señorías, concluyo no sin antes agradecer a todos los grupos políticos las aportaciones que han realizado en este título VI de nuestros presupuestos, porque sin duda compartimos el que es el gran objetivo nacional: salir de la crisis
económica actual y encontrar el camino que nos lleve al crecimiento económico y a la creación de empleo. Eso es lo que esperan los españoles de nosotros y lo que pretende el Gobierno del Partido Popular con la aprobación de estos presupuestos. Por
eso, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar estos presupuestos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.


Continuamos con el debate del título VII. Turno de defensa de enmiendas. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, de acuerdo con los criterios de reparto acordados en el Grupo Mixto y que han contado con el visto bueno de esta Cámara, aprovecharé mi intervención en este título para defender las enmiendas presentadas por el BNG al conjunto del
articulado. Son unas enmiendas que pretenden imprimir un total cambio de rumbo a las políticas presupuestarias impulsadas por el Gobierno. Otras políticas económicas no solo son posibles, sino que son imprescindibles para favorecer la recuperación
económica y propiciar una salida social y justa de la crisis. Todos los datos indican que en un contexto económico de recesión, y por consiguiente de fuerte caída de la demanda, optar por un recorte drástico del gasto público es tanto como
retirarle la mascarilla al enfermo cuando este está en la UCI. Estas políticas tan solo contribuyen a agravar la crisis y a repartir de forma injusta los costes de la misma, poniendo en peligro la cohesión social. Pero es más, las políticas
obsesionadas con la consolidación fiscal se están revelando también totalmente ineficaces para conseguir el objetivo que las inspira, pues solo contribuyen a deprimir más los ingresos haciendo inviable cualquier objetivo de reducción del déficit.
Los datos de Eurostat son elocuentes en este sentido; su último informe refleja que el Estado español está ya a la cola de la zona euro en recaudación en relación con su producto interior bruto. Esta es la consecuencia de las políticas de desarme
fiscal practicadas por los sucesivos Gobiernos en la última década. Como ya hemos expresado en múltiples debates, el déficit público es consecuencia y no causa de la crisis.


La crisis que estamos viviendo tuvo su origen en el sector financiero, fruto de su orientación hacia actividades especulativas desconectadas de las necesidades de la economía real, fruto de su excesiva concentración y fruto de la ausencia de
una regulación pública efectiva sobre el mismo. La falta de control público sobre el sector financiero privado provocó sucesivamente dos imponentes burbujas especulativas: primero, la inmobiliaria; ahora, la de la deuda pública.


Frente al discurso obsesionado con el recorte del gasto público, conviene recordar que en el Estado español el gasto público es inferior en 66.000 millones de euros al año a la media europea, incluso si la prorrateamos en relación con el
producto interior bruto de cada Estado. Pero mientras esto ocurre, los ingresos públicos son inferiores a la media europea en 86.000 millones de euros. Ante esta realidad, el BNG aboga por otro camino, operar sobre los ingresos para reducir el
déficit sin recortar la inversión pública productiva y el gasto social. Por eso, muchas de nuestras enmiendas tienen por objeto hacer posible una reforma impositiva integral que mejore la progresividad del sistema, repartiendo de forma más justa y
equitativa la carga fiscal.


Así, la enmienda 2587 propone la modificación de la ley sobre la renta de los no residentes, para que la exención de los rendimientos derivados de la deuda pública obtenidos sin mediación de establecimiento permanente en España en ningún
caso sea de aplicación a los rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidos a través de los países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal. La enmienda 2589 propone una escala de gravamen más progresiva para las rentas del
capital en el IRPF, de forma que los tramos se equiparen con las rentas del trabajo. La enmienda 2590 propone recuperar en las rentas del ahorro el requisito del plazo de permanencia para calcular la tributación de las plusvalías suprimido en la
reforma fiscal de 2006. La enmienda 2591 propone la supresión del régimen fiscal especial para trabajadores desplazados. La 2592 propone el establecimiento en el impuesto de sociedades de un gravamen especial del 35 % para las empresas que superen
los 100 millones de euros de beneficio. Las enmiendas 2601 y 2602 proponen la incorporación de dos nuevas disposiciones adicionales, emplazando al Gobierno a remitir sendos proyectos de ley de modificación de la Ley de Instituciones de Inversión
Colectiva y de creación de un impuesto sobre grandes fortunas y patrimonios. Para concluir con el capítulo fiscal, la enmienda 2586 propone


Título VII

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mejorar el tratamiento fiscal de las prestaciones por desempleo y la enmienda 2588 propone fijar el devengo del impuesto sobre el valor añadido en el momento del cobro de las facturas y no en el momento de emisión.


Por último, la enmienda 2600 propone recortar en un 20 % la asignación tributaria a la Iglesia católica en el IRPF. Señorías, el BNG es partidario de que, de acuerdo con el carácter laico del Estado, las distintas confesiones religiosas se
autofinancien y, por lo tanto, no sean sostenidas con fondos públicos. En cualquier caso, es por lo menos exigible que la Iglesia católica participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis y, por lo tanto, que se le recorte la
asignación pública, tal y como se ha hecho con organizaciones políticas, sindicatos y organizaciones empresariales.


El resto de las enmiendas pretenden corregir lo que estos presupuestos tienen de regresivos en lo económico y en lo social. Así, las enmiendas 2583 y 2584 proponen que las pensiones sean objeto de revisión y revalorización automática
conforme a la evolución del IPC. Las enmiendas 2597 y 2605 proponen la supresión del aplazamiento de la entrada en vigor de los derechos contemplados en la Ley de Dependencia. La enmienda 2598 propone también suprimir la suspensión de la
colaboración con las comunidades autónomas en los programas de reinserción de inmigrantes. Las enmiendas 2599 y 2607 pretenden asegurar la continuidad del plan de reforzamiento de los servicios públicos de empleo. La enmienda 2606 propone suprimir
el retraso de la entrada en vigor de la ampliación de los permisos de paternidad. Y las enmiendas 2580, 2581 y 2582 proponen corregir las tasas de reposición de empleados públicos para evitar que se destruya empleo en el sector público con carácter
estructural. Señorías, el Estado español está muy lejos de las ratios de empleo público de los Estados de nuestro entorno. La destrucción de empleo en el sector público redunda en una peor prestación del servicio y además, con una tasa de paro
escandalosa, genera aún menos oportunidades de empleabilidad.


Por último, señorías, permítanme que me refiera brevemente a las dos enmiendas presentadas por el BNG al título VII, al tiempo que doy por defendidas el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto a este título. La enmienda 2593
propone mejorar la dotación del Fondo especial para ayuntamientos de menos 20.000 habitantes, al objeto de asegurar una financiación similar a la de años anteriores para los municipios de pequeño tamaño. Pero para el Bloque Nacionalista Galego
tiene una importancia singular la enmienda 2594. En esta enmienda proponemos la inclusión de un mecanismo de revisión del Fondo de suficiencia global del vigente modelo de financiación autonómica que permita corregir los déficits de financiación
para mantener la calidad de los servicios públicos básicos cuando objetivamente estos déficits sean originados por costes derivados de la prestación de estos servicios, evitando así tener que aplicar drásticos recortes en servicios esenciales para
los ciudadanos.


Señorías, ni la crisis económica es consecuencia del déficit público, como antes manifestamos, ni el déficit público es atribuible a las comunidades autónomas, dado que su porcentaje de déficit es inferior al porcentaje de gasto que tienen
la responsabilidad de gestionar, pese a que buena parte del mismo es gasto social. De ahí que los límites de gasto y objetivos de estabilidad que se les exigen a las comunidades autónomas no sean equitativos y tenga como consecuencia recortes
brutales en servicios públicos y políticas sociales. Para evitar esta situación proponemos la inclusión de un mecanismo de revisión del Fondo de suficiencia global.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


El título VII trata de los entes territoriales y es evidente lo mucho que se podría decir sobre la situación de las administraciones territoriales en nuestro país, pero desborda el marco de este debate resumir esa situación o explicar las
propuestas numerosas que mi grupo ha realizado en torno a este tema. Así que me limitaré a hacer un par de comentarios generales más pertinentes al debate presupuestario que nos ocupa. El primero tiene que ver con que, como señalé en mi primera
intervención, resulta sorprendente que en unos presupuestos que incorporan recortes del 20, 25 o 35 % en gastos sociales básicos o en gastos para el crecimiento, la Administración central encuentre recursos para aumentar las transferencias a las
administraciones territoriales, con un incremento cercano al 10 %. Esto corrobora una filosofía ya señalada en decisiones anteriores de rescatar a las comunidades autónomas de manera generalizada, a cualquier precio y sin demasiadas condiciones.
Estamos empezando a ver las consecuencias de esa decisión y probablemente las sigamos viendo en el futuro.


El segundo comentario general tiene que ver con las cláusulas de los nuevos estatutos, que prefijaban qué parte de la inversión estatal tenía que ir a cada comunidad autónoma. A mi grupo siempre le sorprendió que estas cláusulas se
aprobasen. No tiene mucho sentido que una comunidad diga al Estado cuánto tiene que invertir en ella, sobre todo porque se trata de inversión estatal y por tanto habría que realizarla en la zona del país en que el rendimiento social sea más alto.
A esto se añade que se permitió que cada comunidad eligiese el criterio que más le convenía para decir qué porcentaje recibía, con la consecuencia de que una comunidad como Cataluña, con un alto PIB, decidió que tenía que recibir el porcentaje de
inversión estatal equivalente a su peso en el PIB español; otra, como Andalucía, con mucha población, decidió que no, que el criterio debía ser la población, y así sucesivamente. Esto quiere decir que la suma de esos porcentajes al completar el
proceso en todas las comunidades autónomas superaría el 100 %.

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Se ha legislado contra las leyes de la aritmética y ahora en estos presupuestos se dejan de dotar esos fondos. Queremos recordar que estas cláusulas se han aprobado con el entusiasta apoyo, primero del PSOE, en el Estatuto catalán, pero
después también del PP, en esa puja suicida de los dos grandes partidos para ver quién es más pronacionalista. La culminación de este proceso se puede identificar con la famosa cláusula Camps, que eleva a criterio de legislación estatutaria la
rabieta del niño pequeño que dice: Yo también quiero tanto como el que más. A nosotros nos parece bien que se dejen de dotar estos fondos -queda claro el motivo de nuestra oposición-, pero nos sorprende que hayan llegado a existir y que estén en
vigor dichas cláusulas, y esperamos que ninguno de los numerosos observadores extranjeros que ahora visitan nuestro país reparen en la existencia de las mismas porque no creemos que eso vaya a mejorar la imagen que tengan de España.


Las enmiendas que hemos incorporado al título VII se centran en un fondo importante pero cada vez más olvidado, el Fondo de compensación interterritorial. Este fondo está previsto en la Constitución -al contrario que los numerosos y
complejos fondos del sistema de financiación autonómica-, tiene un papel importante a la hora de suavizar las diferencias entre comunidades autónomas porque se concentra en infraestructuras en las comunidades autónomas con menor renta per capita y
es especialmente importante en un entorno de fuerte disminución de los fondos europeos. Hasta ahora los fondos europeos ayudaban a que hubiese una política de cohesión en España, pero esos fondos son cada vez más escasos. Sin embargo, pese a todas
estas razones para dotar más generosamente el Fondo de compensación interterritorial, en cada presupuesto se vacía más de contenido, en cada presupuesto se hace más pequeño. Nuestras enmiendas 1384 y 1385 proponen lo contrario, reforzar el Fondo de
compensación interterritorial. Señalaba el portavoz del PP en la Comisión que esto era contradictorio con la política autonómica de Unión Progreso y Democracia. No lo es en absoluto; nosotros estamos preocupados por el derroche y las
ineficiencias del mal diseño del Estado autonómico y por eso a menudo hacemos propuestas de ahorro en ese campo, pero no nos preocupan menos las desigualdades que genera ese mal diseño y un fondo como este, que corrige esas desigualdades, tiene que
estar suficientemente dotado. Esto es todo por lo que se refiere a este título.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Las damos por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


En primer lugar, quisiera pedir una rectificación del señor Gallego, que hacía una pregunta dando por entendido que el Estado avala a las comunidades autónomas en la emisión de deuda pública. Evidentemente, hay que decirle que no avala. No
sé cómo el partido que sustenta al Gobierno, el portavoz de presupuestos, tiene tal desinformación al respecto y es capaz de retar a que se diga si hay alguna operación que no esté siendo avalada. Señorías, no hay ninguna operación que esté siendo
avalada; es decir, el cien por cien de las operaciones no están siendo avaladas. Justamente en este país se ha avalado a los bancos y no a las comunidades autónomas, con lo cual tenemos necesidad de los hispabonos o, como alternativa, de avales o
líneas ICO.


Con relación al título VII, Entes territoriales, quiero lanzar un mensaje muy importante. En esta sesión se pone de manifiesto que se quieren dar por papel mojado los estatutos de autonomía. ¿Son leyes o no son leyes los estatutos de
autonomía? ¿Hay que cumplir la ley o no hay que cumplir la ley? Parece ser -el señor Matarí lo dijo en Comisión- que la ley no hay que cumplirla. Los estatutos de autonomía son leyes y como tales hay que cumplirlas. El Gobierno socialista
cumplió con las leyes y con los estatutos de autonomía. Nosotros presentamos diversas enmiendas. La enmienda 805, al artículo 118, es una reivindicación de Andalucía: la disposición adicional segunda, la denominada deuda histórica. Señor Matarí,
si no se enteró usted se lo explico. En marzo de 2010 se llegó a un acuerdo entre las dos administraciones y se definió la cuantía de la deuda, 1.204 millones de euros. Se habían anticipado 420 millones; se dio la diferencia, excepto 2 millones
de euros -para ser exacto 1.900.000 euros-, con participaciones o acciones de Agesa, con inmuebles y con activos, pero Andalucía todavía no ha cobrado esos 1,9 millones de euros y queremos que se incluya en los presupuestos para liquidar total y
definitivamente la disposición adicional segunda del estatuto de autonomía. Usted es parlamentario por Andalucía y le debería afectar, debería exigir al Gobierno que lo incluya en los presupuestos.


Las enmiendas 838, 839, 840 y 841 también están en relación con el estatuto andaluz, en concreto con la disposición adicional tercera, que dice -por si usted no lo conoce- que las inversiones del Estado serán en proporción a la población en
Andalucía. La población en Andalucía es del 17,8 %; las inversiones del Estado en este presupuesto son del 16,4 %. Reivindicamos que se cumpla con esa ley. Queremos esto perfectamente cuantificado, que son 497 millones de euros -500 millones
para redondear-, y queremos que se incluyan en la sección 32. Queremos un acuerdo en la Comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado que permita que se vayan definiendo las obras que se pueden incluir en ese

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plan de inversiones, y damos una relación en el anexo número 16, en la enmienda 839. Ahí damos una serie de obras con las cuales se puede dar cobertura al cumplimiento del Estatuto de Andalucía. Reivindicamos también en la enmienda 840 una
desviación de los años 2008 y 2009 en relación con la disposición adicional tercera, desviación que está cuantificada por la Intervención General del Estado y que supone 1.500 millones en Andalucía. Queremos que también se incluya en la sección 32,
en los créditos ampliables, y que sea también una transferencia que se puede definir en cuantía y en periodo a través de la Comisión Mixta Junta de Andalucía-Estado. Pero también incluimos enmiendas para el resto de estatutos de autonomía, dos
enmiendas para el Estatuto de Autonomía de Aragón, la 842 y la 843, con la misma metodología: sección 32, créditos para cumplir con lo establecido en su estatuto, y anexo 17, con una relación de obras. Y que sea la Comisión bilateral la que las
defina. Incluimos dos enmiendas para lo que está establecido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, con la misma metodología: anexo y sección 32. También lo hacemos para Cataluña; en concreto para Cataluña incluimos también la
desviación que se ha producido en las inversiones durante los años 2008 y 2009. Incluimos enmiendas para Extremadura, incorporando así su disposición adicional primera del estatuto, una deuda histórica con Extremadura que tampoco se contempla en
los Presupuestos Generales del Estado que ustedes han presentado. Incluimos también para Baleares dos enmiendas, una con el anexo correspondiente de inversiones y otra con los créditos ampliables en la sección 32.


Incluimos otra enmienda con relación al impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos, un impuesto que era al cien por cien recaudación para las comunidades autónomas. Al eliminar ese impuesto, al incorporarlo al impuesto especial sobre
hidrocarburos, del que solamente se transfiere el 98 %, se ha derivado una pérdida económica para la financiación de las comunidades autónomas. Queremos que se resarza esto y que sea el cien por cien del impuesto especial sobre hidrocarburos el que
se incluya. También hemos presentado una enmienda en relación con Canarias, para el plan de inversiones y el plan de empleo comprometido con la comunidad canaria. En definitiva, queremos que se cumpla con los estatutos, que sean leyes reconocidas
por este Gobierno y que se cumpla con lo establecido en esas leyes, que no sean papel mojado. Las leyes están para ser cumplidas y el Gobierno es el primero que tiene que hacerlas cumplir.


En el ámbito de los entes territoriales incluimos enmiendas para municipios, una en concreto para compensar a los ayuntamientos que tienen embalses de titularidad del Estado del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Quiero hacer mención
especial a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Solamente se ha dotado un millón de euros, cuando la deuda en el impuesto sobre bienes inmuebles es superior a los 9 millones de euros. ¿Cómo van a pagar si no dotan de crédito? ¿O es que
están aprobando un presupuesto con deudas sin reconocer en el mismo, con lo que ustedes llaman facturas en los cajones? Si no dotan el crédito, ustedes están creando facturas en los cajones.


Incorporamos una enmienda sobre el plan del carbón, para la cesión a municipios de Asturias, Teruel, León y Córdoba, de Andalucía, para compensarles con 138 millones de euros. Es una disposición adicional porque ustedes han reducido
sustancialmente el compromiso de los fondos Miner en creación de infraestructuras en estos municipios.


Por otra parte, pretendemos recuperar los recursos y la dotación presupuestaria para los planes de obras y servicios, planes de obras y servicios que gestionan las diputaciones y que han sido mermados sustancialmente. Queremos recuperar los
63 millones de euros que existían. Significa solidaridad; significa garantía de equilibrio territorial en las provincias. Es necesario que se incorporen. Incluimos otra enmienda para el Fondo especial de financiación a los municipios menores de
20.000 habitantes, con una dotación de 45 millones de euros.


Señores del Partido Popular, hagan saber al Gobierno que es muy importante que en este título VII y en las disposiciones adicionales se incorporen cuestiones que son leyes, que son derechos y son garantía de equilibrio y de seguridad
jurídica.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matarí.


El señor MATARÍ SÁEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, el título VII de los Presupuestos Generales del Estado, junto con las secciones 36, 32 y 33, recoge la financiación de los entes territoriales, comunidades autónomas y
corporaciones locales, y constituye sin duda una de las partes fundamentales de los mismos. Señorías, en unos presupuestos que son, es verdad, muy austeros y que contemplan un escenario económico en recesión, el Gobierno del Partido Popular ha
hecho un gran esfuerzo para garantizar y mejorar el conjunto de la financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. La financiación se incrementa en su conjunto un 1,35 %. Este esfuerzo que se hace en los presupuestos de
2012 tiene como objetivo garantizar los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas y las corporaciones locales, garantizar por tanto la sanidad, la educación y los servicios sociales, que en el caso de las comunidades autónomas
constituyen el 80 % de su presupuesto. Esta es la razón, señor Anchuelo. En el presupuesto de gastos se recogen las transferencias consecuencia de la aplicación de los sistemas de financiación vigentes, de las medidas excepcionales acordadas por
el Gobierno y también de las transferencias que se derivan de convenios, contratos-programa o acuerdos para financiar determinados bienes o servicios públicos prestados por corporaciones locales y por comunidades autónomas.

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Señoras y señores diputados, el Gobierno del Partido Popular presenta unos presupuestos realistas, característica que no destacaría si no fuera porque la norma de los últimos cuatro años fue justamente la contraria. Presentar unos
presupuestos realistas en lo que se refiere a la financiación de los entes territoriales tiene una gran importancia. Cuando se hacen presupuestos falsos, presupuestos para negar y ocultar la crisis pasa, señorías, lo que ocurrió con los
presupuestos de 2008 y 2009, que se transfieren a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales cantidades infladas, se les anima a gastar y resulta que después hay que devolver ese dinero que no debía de haberse transferido, 24.000
millones de euros nada más y nada menos, señorías. Señor presidente, el Gobierno del Partido Popular ha sido desde el principio de la legislatura claro, exigente y leal con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos de España. Por eso, al
mismo tiempo que se ha exigido al conjunto de las administraciones públicas el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con los objetivos de déficit, se han puesto en marcha importantes medidas para garantizar la liquidez y la viabilidad de
las administraciones territoriales. Señoras y señores diputados, España somos todos y por eso el Gobierno no va a desentenderse en ningún caso de las dificultades de las comunidades autónomas ni de las corporaciones locales, y eso es lo que ha
hecho estos meses y es lo que se hace también en estos Presupuestos Generales del Estado para 2012. Por eso, se han adoptado medidas extraordinarias en estos meses. Por ejemplo, la ampliación a doce meses del periodo de reintegro al Estado de las
liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009; el anticipo del 50 % de la liquidación del sistema de financiación de 2010; el plan de pago de deuda a proveedores, casi 30.000 millones de euros; o la línea de financiación directa del ICO a las
comunidades autónomas para atender vencimientos de deuda, 10.000 millones de euros ampliables a 15.000. Y a estas medidas extraordinarias hay que sumarle las transferencias contenidas en estos Presupuestos Generales del Estado, que alcanzan los
43.000 millones de euros, con un incremento global respecto a 2011 del 8,9 %. Señorías -y paso ya a comentar algunas enmiendas-, este no es un presupuesto para discutir tal o cual proyecto, por muy importante que sea y es verdad que algunos sin
duda lo son. Este no es un presupuesto para discutir y reivindicar intereses territoriales concretos, por muy legítimos que estos sean y lo son sin duda muchos de ellos. Este es un presupuesto de emergencia, señorías, que no puede entenderse
dejando al margen el agujero que nos hemos encontrado y que obliga a hacer este año y el próximo lo que otros irresponsablemente dejaron de hacer en años anteriores.


Señor presidente, muy brevemente quiero referirme a algunas de las enmiendas que han sido defendidas por los distintos grupos, en especial por el señor Hurtado. En primer lugar, las enmiendas que proponen inversiones derivadas de los
estatutos de autonomía. Tengo que decirles, señorías, que desde nuestro máximo respeto y compromiso con los estatutos de autonomía -y si me lo permiten, en mi caso muy especialmente con el Estatuto de Autonomía de Andalucía-, lo que dije, señor
Hurtado -no invente usted cosas- es que los compromisos presupuestarios para inversiones reflejados en los estatutos no vinculan al Estado en la definición de su política de inversiones, ni pueden condicionar la voluntad de las Cortes Generales en
el ejercicio de sus funciones sobre los Presupuestos Generales del Estado. Eso es lo que dije, señor Hurtado. Y no es que lo diga yo, señorías, lo dice el Tribunal Constitucional, que en su sentencia 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de
Cataluña y respecto de la disposición adicional tercera dice textualmente, señor Hurtado: No puede admitirse que vincule a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado, pues respecto a este tipo de compromisos presupuestarios en un estatuto de autonomía hemos dicho -dice el tribunal- que no constituyen un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los presupuestos generales de cada ejercicio
económico, pues es al Estado a quien le corresponde en exclusiva, atendiendo a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las comunidades autónomas, a las realidades de cada una de estas y a las posibilidades reales -y esto es muy
importante- del sistema financiero del Estado, decidir si procede dotar en su caso y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de la competencia que sobre la materia le atribuye el artículo 149.1.14ª de la Constitución española. Y añade el
Tribunal Constitucional que la disposición adicional tercera del estatuto debe interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de estas Cortes Generales para decidir
sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones. Señorías, por supuesto, respeto a los estatutos y respeto también a la Constitución, al Tribunal Constitucional, a las competencias del Gobierno y a las funciones de las Cortes Generales. Por
tanto, no hay ningún incumplimiento de ningún estatuto, señor Hurtado.


Hablando de Andalucía, aparte de las enmiendas referidas a las inversiones de los estatutos de autonomía, el Grupo Socialista propone otras enmiendas relacionadas expresamente con las inversiones en Andalucía, la deuda histórica. En fin, lo
de siempre, cuando están en la oposición mucha reivindicación al Gobierno del Partido Popular y cuando están en el Gobierno sumisión por completo al Gobierno del Partido Socialista. ¿Me quiere usted decir, señor Hurtado, quién incumplió la deuda
histórica pagando en solares y quién aceptó el pago en solares de casi 800 millones de euros? Efectivamente, señor Hurtado, el Gobierno socialista de Madrid y de Andalucía. ¿O me quiere decir, señor Hurtado, quién aceptó que no se ejecutaran las
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado en Andalucía, 333 millones en 2007, 478 millones en 2008, 1.719 millones en 2009 y 1.171 millones en 2010, un total de 3.700 millones de euros sin invertir? Ustedes lo consintieron,

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los señores del Grupo Socialista. Y una última pregunta, si me lo permite, ¿quién cayó ante una financiación autonómica pactada por el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero y el señor Rubalcaba con Esquerra Republicana de
Catalunya, una financiación que efectivamente perjudica claramente a Andalucía? Ustedes, el Gobierno socialista de la Junta. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón señor diputado. Por favor, ocupen sus asientos de tal forma que el diputado en el uso de la palabra pueda ser oído.


El señor MATARÍ SÁEZ: Por eso le digo, señor Hurtado, que hay que tener mucho desahogo, y usted lo tiene, para venir ahora y presentar otra enmienda de 1.500 millones de euros para que se ejecuten las inversiones que el Gobierno del PSOE no
cumplió en los años 2008 y 2009. Por cierto, ¿sabe usted, por ejemplo, que en mi provincia, en Almería, los Gobiernos socialistas en los últimos siete años han dejado de ejecutar 1.856 millones de euros que fueron aprobados por esta Cámara? Si
tuviéramos que invertir en este año todo lo que ustedes han dejado de hacer en los últimos siete de presupuestos que se habían aprobado en el Congreso y en el Senado, no habría dinero suficiente en los ingresos del Estado, señor Hurtado. Por tanto,
le digo que menos demagogia, menos desahogo y un poco de responsabilidad no estarían mal. Y es falso, se lo dije en Comisión y se lo repito, que exista ninguna deuda reconocida a la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Comisión Mixta de Asuntos
Económicos y Fiscales. Y como le demostré en Comisión, y se lo vuelvo a reiterar, en cuanto a la deuda histórica de Andalucía, ustedes, el señor Griñán y el señor Rodríguez Zapatero, celebraron conjuntamente que por fin se había saldado. ¿En qué
quedamos, señor Hurtado?


Respecto a otras enmiendas -señor presidente, voy concluyendo-, en concreto algunas del Grupo Catalán y de Izquierda Unida, tengo que insistir, señorías, en que el conjunto de la financiación municipal se incrementa notablemente y que por
eso, junto a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de las entidades locales, hace innecesario que se doten fondos específicos en estos presupuestos.


Finalizo, señor presidente. Señorías, la financiación de los entes territoriales es una parte, como he dicho, fundamental de los Presupuestos Generales del Estado y cómo no va a ser así si la mitad del gasto público en nuestro país, en
España, corresponde a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, el 36 % a las comunidades autónomas y el 14 % a las corporaciones locales. Creemos en el Estado autonómico y trabajamos para mejorarlo. España, insisto, señorías, somos
todos y, por eso, las administraciones territoriales, y especialmente las comunidades autónomas, tienen una gran responsabilidad en la prestación de los servicios públicos esenciales y la sostenibilidad de nuestro sistema y Estado del bienestar. El
80 % de su presupuesto se destina a sanidad, educación y servicios sociales y, por eso, el esfuerzo que hacen estos Presupuestos Generales del Estado incrementando la financiación de los entes territoriales.


Señorías, concluyo mi intervención como la inicié. Insisto, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno en estos presupuestos en lo que se refiere a la financiación territorial no es, como aquí se ha dicho por algún grupo, para menoscabar a
la Administración central en beneficio de las administraciones territoriales, sino para que las comunidades autónomas y las corporaciones locales de España puedan seguir prestando...


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar.


El señor MATARÍ SÁEZ: ... los servicios públicos básicos que los españoles se merecen.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Acabado el debate del título VII, los dos puntos que estaban señalados para hoy, que son disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales y anexos, y las secciones 01 a 05 y 08, pasarán a debatirse mañana
a continuación de la sección 31. Por tanto, mañana empezaremos a las diez de la mañana con la sección 25, que es Presidencia.


Vamos a comenzar las votaciones. Quiero advertir que, como es usual en estas votaciones de presupuestos, el tiempo se ha reducido a diez segundos. Lo digo sobre todo para los diputados que votan por primera vez unos presupuestos, que deben
estar atentos.


Empezamos con el título I, artículos 1 a 16. Enmienda 2578 del Grupo Parlamentario Mixto, señor Jorquera.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 27; en contra, 177; abstenciones, 112.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1700 de La Izquierda Plural.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 19; en contra, 191; abstenciones, 106.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 2750 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 122; en contra, 181; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 794 del Grupo Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 131; en contra, 183; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el texto del dictamen del título I.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 176; en contra, 141.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen del título I, del artículo 1 al artículo 16, sin perjuicio de las variaciones que puedan experimentar las cifras como consecuencia de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.


Titulo II, artículos 17 a 21. Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmiendas 2761 y 2762.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 20; en contra, 288; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 27; en contra, 280; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el texto del dictamen del título II.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 177; en contra, 139.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Título III, artículos 22 a 38. Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Jorquera. En primer lugar, 2579 y 2581.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 133; en contra, 181; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 2580.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 22; en contra, 293; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 2582.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 117; en contra, 177; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 3335 del Grupo Vasco, PNV.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 41; en contra, 179; abstenciones, 97.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 99; en contra, 184; abstenciones, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de La Izquierda Plural. En primer lugar, enmienda 1701.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 20; en contra, 293; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 1702 y 1703.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 19; en contra, 193; abstenciones, 105.

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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 1704, 1707 y 1714.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 113; en contra, 196; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 1705 y 1706.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 114; en contra, 181; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 1708.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 131; en contra, 178; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 1709, 1710 y 1711.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 127; en contra, 183; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 1712.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 132; en contra, 177; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, enmienda 1713.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 133; en contra, 178; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la enmienda 2763.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 20; en contra, 292; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 2764, 2767 y 2768.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 122; en contra, 179; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 2765.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 27; en contra, 288; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 2766.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 31; en contra, 275; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las enmiendas 795 y 796.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 123; en contra, 192; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 797 y 798.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 123; en contra, 178; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 799.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 137; en contra, 178; abstenciones, 2.

Página 39

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el texto del dictamen del título III.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 177; en contra, 139; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Título IV, artículos 39 a 48. En primer lugar, votamos en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Jorquera.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 123; en contra, 177; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 1378 del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 5; en contra, 191; abstenciones, 121.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el texto del dictamen del título IV.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 176; en contra, 138; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Título VIII, artículos 120 y 121. Votamos el texto del dictamen del título VIII.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 178; en contra, 137.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Sección 07, Clases pasivas. Votamos el texto del dictamen de la sección 07.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 176; en contra, 141.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Título V, artículos 49 a 59. Enmienda 2585 del señor Jorquera.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 28; en contra, 180; abstenciones, 109.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, la enmienda 1379.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 6; en contra, 292; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1380.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 8; en contra, 208; abstenciones, 101.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que se votan en bloque.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 127; en contra, 177; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda 800.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 133; en contra, 178; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 801.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 119; en contra, 178; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora el texto del dictamen del título V.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 40

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 176; en contra, 139; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen del título V, del artículo 49 al artículo 59, sin perjuicio de las variaciones relativas al artículo 49 que puedan resultar de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.


Sección 06, Deuda pública. Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista número 873.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 105; en contra, 183; abstenciones, 29.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora el texto del dictamen de la sección 06.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 191; en contra, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Título VI, artículos 60 a 81. En primer lugar, la enmienda del señor Baldoví número 2517.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 137; en contra, 177; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas ahora del señor Jorquera. En primer lugar, las enmiendas 2586 y 2591.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 121; en contra, 178; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 2587 y 2590.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 23; en contra, 277; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 2588.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 41; en contra, 274; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 2589 y 2592.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 22; en contra, 293; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las enmiendas de la señora Jordà. En primer lugar, las enmiendas 788 y 789.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 38; en contra, 273; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 790 y 791.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 32; en contra, 178; abstenciones, 107.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, la enmienda 1381.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 99; en contra, 210; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1382.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 5; en contra, 304; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1413.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 101; en contra, 195; abstenciones, 20.

Página 41

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 1414 y 1415.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 19; en contra, 186; abstenciones, 112.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la enmienda 2774.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 32; en contra, 179; abstenciones, 106.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 127; en contra, 178; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda 802.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 106; en contra, 189; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 803.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 102; en contra, 190; abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora el texto del dictamen del título VI.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 176; en contra, 141.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Título VII, artículos 82 a 119. En primer lugar, enmienda número 2519 de la señora Oramas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 24; en contra, 178; abstenciones, 113.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del señor Jorquera. En primer lugar, la 2593.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 136; en contra, 178; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 2594.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 34; en contra, 184; abstenciones, 97.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora las enmiendas de la señora Jordà. Las votamos todas en bloque.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 32; en contra, 185; abstenciones, 100.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo de Unión Progreso y Democracia que se votan también en bloque.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 5; en contra, 211; abstenciones, 101.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Bloque de enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 133; en contra, 178; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió. En primer lugar, las enmiendas 2776 y 2778.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 42

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 27; en contra, 176; abstenciones, 113.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 2777.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 136; en contra, 178; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Socialista, que se votan en bloque.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 131; en contra, 182; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos ahora a votar el texto del dictamen del título VII.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 177; en contra, 139; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Se suspende la sesión hasta mañana a las diez.


Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.