Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 24, de 10/04/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 24
Sesión plenaria núm. 23
celebrada el martes,
10 de abril de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión en el orden del día:
Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía:
- De Les Corts Valencianes, de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 24-1, de 28 de diciembre de 2011. (Número de expediente
127/000001) ... (Página4)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 13-1, de 27 de diciembre de 2011. (Número de expediente 122/000013) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar una nueva modalidad de formación profesional de carácter dual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 27, de 31 de enero de 2012. (Número de expediente
162/000131) ... (Página15)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, del impuesto sobre las grandes fortunas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 66, de 30 de marzo de 2012. (Número de expediente 162/000258) ... (Página22)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las previsiones de modificación de la Ley de Costas, especialmente en lo referente a la posible ampliación de las concesiones a fábricas que caducan en 2018 y a la situación de
ilegalidad de numerosos núcleos singulares-históricos afectados por la aplicación de dicha ley. (Número de expediente 173/000015) ... (Página30)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos. (Número de expediente 173/000016) ... (Página36)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo. (Número de expediente 173/000017) ... (Página43)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página50)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página50)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página4)
Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía ... (Página4)
De Les Corts Valencianes, de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana ... (Página4)
La Presidencia informa a la Cámara de la petición, por parte del presidente de Les Corts Valencianes, de aplazamiento del debate de la reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Esteban Bravo, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, los señores Bosch i Pascual y Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia;
Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la
señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Pezzi Cereto, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Blasco Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página15)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar una nueva modalidad de formación profesional de carácter dual ... (Página15)
Defiende la proposición no de ley la señora Moneo Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Álvarez Sostres y Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras García Álvarez, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Moneo Díez.
Del Grupo Parlamentario Socialista, del impuesto sobre las grandes fortunas ... (Página22)
Defiende la proposición no de ley la señora Rodríguez-Piñero Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Jorquera Caselas, la señora Jordà i Roura y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia y el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Asian González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Rodríguez-Piñero Fernández.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página30)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las previsiones de modificación de la Ley de Costas, especialmente en lo referente a la posible ampliación de las concesiones a fábricas que caducan en 2018 y a la situación de
ilegalidad de numerosos núcleos singulares-históricos afectados por la aplicación de dicha ley ... (Página30)
Defiende la moción la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Tapia Otaegi, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario
Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Fernández Davila.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos ... (Página36)
Defiende la moción la señora Batet Lamaña, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Cuadra Lasarte,
del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y Martín-Toledano Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Batet Lamaña.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo ... (Página43)
Defiende la moción el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gutiérrez del
Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto y los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Anchuelo Crego, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadés.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se rechaza por 42 votos a favor y 282 en
contra.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar una nueva modalidad de formación profesional de carácter dual, se aprueba por 196 votos a favor, 119
en contra y 6 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de una enmienda del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, se rechaza por 119 votos a favor, 189 en contra y 16 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las previsiones de modificación de la Ley de Costas, especialmente en lo referente a la posible ampliación de las concesiones a fábricas que caducan
en 2018 y a la situación de ilegalidad de numerosos núcleos singulares-históricos afectados por la aplicación de dicha ley, se rechaza por 141 votos a favor, 174 en contra y 5 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos, se rechaza por 126 votos a favor, 180 en
contra y 15 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo, se aprueba por 202 votos a favor, 114 en contra y 5 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA:
- DE LES CORTS VALENCIANES, DE REFORMA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 127/000001).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Como asunto previo, esta Presidencia debe informar al Pleno de que se ha recibido un escrito del presidente de Les Corts Valencianes solicitando el aplazamiento de debate de la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, debiéndose por ello excluir el primer punto del orden del día.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Como segundo asunto previo del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Luis López Jiménez, pregunto
a doña Gracia Fernández Moya si jura o promete acatar la Constitución.
La señora FERNÁNDEZ MOYA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: La señora diputada acata la Constitución y, por lo tanto, ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE. (Número de expediente 122/000013).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto II del orden del día, relativo a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, señoras y señores diputados, recapitulo la trayectoria reciente de mi partido en la materia que trataremos en este punto. Durante los últimos ocho años el Grupo Vasco ha defendido su posición en
tres proposiciones de ley, una proposición no de ley, una pregunta oral en Pleno, tres comparecencias, una moción, una proposición no de ley en Comisión y una propuesta de resolución. A través de diferentes fórmulas hemos intentado diversas
alternativas jurídicamente viables y nos hemos topado con una única razón esgrimida desde los bancos de los dos partidos mayoritarios, la razón de Estado, el popularmente llamado artículo 33. No es de extrañar que el Partido Nacionalista Vasco
insista hasta que esta reivindicación sentida hasta lo más profundo por nuestro pueblo sea una realidad e insistiremos, como verán, invocando el ordenamiento jurídico y apelando a la libertad, en contra de la imposición de cualquier signo.
El artículo 149.1 de la Constitución, que contiene treinta dos largos puntos en los que se desgranan las competencias exclusivas del Estado, no hace ni una sola referencia al deporte, sea de manera directa o indirecta. ¿Cómo es entonces
que, careciendo de competencias el Estado, incida normativa y administrativamente en el núcleo mismo del deporte como título competencial específico que forma parte del bloque de constitucionalidad? Hay que buscar una explicación política, que
arrumba por motivos políticos, que no jurídicos, todo el entramado normativo, en el tan publicitado por sus voceros, Estado más descentralizado del mundo. Se utiliza el servicio diplomático para presionar a las instancias internacionales y se
utiliza la Abogacía del Estado para presentar recursos ante cualquier cosa que se refiera a una participación autónoma del deporte vasco, sea en estatutos de federaciones, subvenciones, reglamentos o leyes.
La argumentación básica del Estado es la competencia en materia de relaciones internacionales, el artículo 149.1.3.ª Este argumento carece de consistencia jurídica, toda vez que el Tribunal Constitucional ya ha configurado los perfiles del
concepto de relaciones internacionales. En la Sentencia 80/1993 se impedía una interpretación expansiva de dicho artículo, pues supondría una alteración competencial del bloque de constitucionalidad, reconociendo ámbitos de prevención internacional
a las comunidades autónomas. La etapa jurisprudencial actual, marcada por la Sentencia 165/1994, señala que no puede impedirse, al amparo del ya citado artículo, que las comunidades autónomas puedan realizar actividades no solo fuera del ámbito
autonómico, sino incluso fuera de los límites territoriales de España, pues el objeto de dicha reserva competencial a favor del Estado abarca exclusivamente -y lo digo literalmente- el aspecto más tradicional de estas relaciones. Como bien señala
el profesor Lasagabaster, a juicio del Tribunal Constitucional en sentido positivo, el objeto de la materia de relaciones internacionales abarca las relaciones de España con otros Estados independientes y soberanos y con las organizaciones
internacionales gubernamentales. En suma, las relaciones internacionales, objeto de reserva contenida en el artículo 149.1.3.ª, son relaciones entre sujetos internacionales y regidas por el Derecho internacional. Si se anuda este juicio
constitucional a la naturaleza absolutamente privada del COI y de las federaciones deportivas internacionales, la conclusión, como apunta el profesor Bermejo, es que ni UEFA ni FIFA ni otras organizaciones semejantes deben considerarse
organizaciones internacionales en el sentido jurídico del término. Por consiguiente, el artículo 149.1.3.ª no faculta al Estado para establecer condiciones ni autorizaciones generales ni integraciones forzosas con referencia al ámbito internacional
privado del deporte.
A más abundamiento, las selecciones deportivas no representan a un Estado, sino a sus respectivas federaciones. Aunque esa sea la percepción de muchos ciudadanos, jurídicamente es indiscutible que los miembros de las federaciones
internacionales no son los Estados, sino las federaciones y las federaciones internacionales son entidades de naturaleza asociativa privada; están integradas no por Estados, sino por federaciones o asociaciones de carácter privado. Tan por encima
de los límites de un Estado están que incluso las propias federaciones permiten en ocasiones que conjuntos deportivos de otros países participen en las competiciones que organizan, y esto no muy lejos de aquí. Así, hay clubes andorranos -país que
tiene su propia selección- afiliados a la federación española y participan en las ligas españolas, y todo ello admitido por la propia Ley del Deporte española. Otro tanto ocurre con algún equipo gibraltareño en alguna liga inferior. Por cierto,
Gibraltar ya ha anunciado su presencia en el campo internacional para el año que viene. Por tanto, participan en las competiciones españolas clubes de otros países, como ocurre con clubes galeses en el ámbito de la liga inglesa o con clubes
escoceses e ingleses alternativamente. No se ponga, pues, como excusa que es necesaria la existencia de una liga profesional propia, a la que deben verse limitados en su participación todos los clubes englobados en una federación. Es más, incluso
a finales del año 2010 se reconoció por las respectivas ligas profesionales de fútbol de España y Portugal que estaban en conversaciones para crear una liga conjunta. Desde luego, a nadie se le pasó por la cabeza que, si eso se consumaba, las
selecciones españolas o la selección lusa fueran a desaparecer. Y en diciembre pasado, en 2011, se lanzó la propuesta de que Oporto, Benfica, Sporting de Portugal y Sporting de Braga jugaran en la liga española. Y no digan que otras selecciones no
serían competitivas porque solo podrían tener jugadores de una supuesta liga vasca, porque que yo sepa Torres, Reina, De Gea, Silva y compañía no juegan en la liga española y sin embargo lo hacen en su selección.
Frente a todo esto, ¿qué les queda al Partido Popular y al PSOE para defender su numantina posición de oposición a las selecciones vascas? El Real Decreto 2075/1982, básicamente, un reglamento que es desarrollo de la Ley 13/1980, ya
derogada, y sobre cuya vigencia actual, incluso sobre su constitucionalidad, se ciernen muchas dudas por parte de la doctrina jurídica, según los profesores Luengo Álvarez-Santullano, Cuchi, etcétera. Todos los viejos reglamentos de esa ley han
sido actualizados y adaptados a la nueva -entre comillas- Ley del Deporte, del año 1990, todos menos ese y ya han pasado veintidós años. Resulta extraño, muy extraño. ¿Por qué no se atreven a adaptarlo al ordenamiento jurídico y a la
jurisprudencia constitucional? No es cierto, como se suele argumentar desde los bancos de la mayoría, que dicho real decreto fue confirmado a través de la Sentencia 1/1986. Al contrario, esa sentencia reconoce reiteradamente en su fundamento
jurídico tercero hasta en cuatro ocasiones que el artículo 4 del real decreto no descarta en términos absolutos toda participación internacional de las federaciones autonómicas. Y además la sentencia elude entrar en materia, tal y como señala,
entre otros, el catedrático de Derecho administrativo Bermejo Vera. Dice: No parece suficiente ni clara la doctrina del TC sobre las competencias del deporte entre el Estado y las comunidades autónomas. La doctrina de la sentencia de 10 de enero
de 1986 es flagrantemente débil, no existiendo parámetros en ella para resolver los problemas. Si tanta es la seguridad jurídica que tienen los partidos mayoritarios y el propio Tribunal Constitucional, ¿cómo es que sigue sin resolverse después de
catorce años -sí, catorce años- el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca, del año 1988, del deporte, que posibilitaba la existencia de selecciones vascas en el ámbito internacional? Ha pasado la friolera de catorce años, catorce años
permitiendo que las reivindicaciones vascas queden en el limbo jurídico, negándolas por la fuerza de los hechos, por el aquí mando yo, más digno de otras épocas. ¿Y qué atenaza entonces a los magistrados para no sacarla adelante? ¿Será su propia
jurisprudencia? No me vuelva a decir, por tanto, señor Pezzi, por favor, porque no es un argumento, que la ley vasca está suspendida y que, por lo tanto, hay que esperar. Oiga, catorce años y, además, parece que es con recochineo.
Si el impedimento -más impostado que realmente jurídico- es el real decreto de 1982 y la Ley del Deporte de 1990, deróguese el uno e interprétese la otra. Nuestra propuesta se refiere a Euskadi, Galicia y Cataluña, pues es en esos lugares y
no en otros donde en mayor o menor medida se ha reivindicado por parte de deportistas y federativos, así como por los representantes políticos, la voluntad de estar representados directamente en el deporte internacional. No es de extrañar que la
propia Constitución recogiera de manera expresa la particularidad de sus reivindicaciones de autogobierno a través de una disposición transitoria que hace referencia expresa a ellas.
Nuestra posición es clara: no queremos imponer a nadie nuestros sentimientos, pero tampoco que otros nos impongan los suyos. Tampoco a los deportistas se los queremos imponer. Permitamos, tal y como lo dispone la proposición que
presentamos, que sean los propios deportistas quienes libremente opten por defender unos u otros colores sin que sean penalizados deportivamente por ello. Recuerdo que hace dos años el representante del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Domínguez González, me dijo que les preguntara a los deportistas si querían o no ganar y colgarse medallas, sugiriendo que ello solo es posible con el entorchado español. Pues bien, preguntémosles, pero para que contesten libremente. Yo no tengo
inconveniente ni ningún recelo hacia cuál será su respuesta en un sentido o en otro; me da igual. Creo que lo importante es que elijan. Si tan seguros están, señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, no deben preocuparse, porque la
selección española no se resentirá, ya que todos los deportistas optarán por ella sin duda.
Es evidente que existe en esta materia un componente de sentimiento y afinidad, y ese sentimiento no se mide en triunfos ni en derrotas. A muchos ciudadanos en Euskadi, Cataluña o Galicia les gustaría presenciar y animar a las selecciones
de las federaciones de sus propias naciones en competiciones internacionales; en deportes con muchos seguidores o en deportes minoritarios, haya o no federación española en dichos deportes. Algunos piensan que a caballo ganador -léase selección
exitosa- todos se apuntan. No todo el mundo tiene, tenemos, esa filosofía. A algunos nos gusta ver jugar a nuestros convecinos aún a sabiendas de que será muy difícil verles campeones. Las otras victorias, las de equipos hacia los cuales no se
tienen sentimientos o afectos ni positivos ni negativos, no valen de mucho por muy campeones que sean. Hagamos, pues, que reine la libertad: libertad de elección, libertad de sentimientos y libertad de expresión deportiva. Dejemos que sean las
federaciones respectivas quienes puedan decidir libremente en asamblea si quieren o no tener presencia internacional. Permitamos que haya un diálogo de las federaciones autonómicas con las federaciones internacionales, pero sin tutelajes, presiones
o amenazas desde instancias deportivas, diplomáticas o gubernamentales -que de todo hemos visto- de manera que, si así lo acuerdan, puedan integrarse en esas federaciones internacionales.
Concluyo, señorías, como lo hice en mi última intervención sobre esta materia. Pueden seguir -probablemente lo harán- imponiendo su mayoría parlamentaria de color rojo, pero cada vez que lo hagan nuestra camiseta y también nuestro corazón
serán más verdes que nunca.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
¿Algún grupo quiere utilizar el turno en contra? (Pausa). Si no es así, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con la proposición de ley que acaba de defender el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Evidentemente, la posición de nuestro grupo político
será de apoyo a la iniciativa presentada por don Aitor Esteban y se va a manifestar en nuestro voto, que no puede ser más que un voto favorable. Señorías, el Bloque Nacionalista Galego en otras ocasiones también ha presentado iniciativas dirigidas
al hecho de que las distintas nacionalidades del Estado español, Galicia, Euskadi y Cataluña, y no nos oponemos a que también sean otras comunidades autónomas, puedan ejercer el derecho a crear sus propias selecciones deportivas. Nos parece que
esta iniciativa -y hoy debatimos su toma en consideración- es una buena oportunidad para seguir incidiendo en esta reivindicación, sobre todo porque entendemos que puede significar la mejora de la propuesta que nos hace el Grupo Vasco. Podemos ir
en la dirección de esa modificación que se plantea de la Ley del Deporte, a la espera de una ley del deporte en condiciones que también estamos reclamando de acuerdo con las peticiones prácticamente de todas las federaciones deportivas; pero con la
propuesta que hoy estamos debatiendo buscaría solucionar el problema que en estos momentos está impidiendo que las selecciones de fútbol o de otro tipo de deportes de las nacionalidades históricas del Estado español -y estoy utilizando términos
constitucionales- puedan participar en eventos internacionales oficiales. Y digo eventos internacionales oficiales porque extraoficialmente o en eventos deportivos que no tengan formalidad deportivamente hablando lo están haciendo y además con la
satisfacción de todos los amantes de deporte. Estoy hablando concretamente de Galicia con la experiencia que tuvimos con la selección galega, una experiencia que significó no solamente una importancia grande para la promoción del deporte, en ese
caso del fútbol, y sobre todo del fútbol base, sino que también significó algo importante en lo que se refiere a la satisfacción de los amantes del deporte -y hago referencia a esto porque lamentablemente el nuevo Gobierno del Partido Popular en
Galicia eliminó toda posibilidad de este disfrute-. Por lo tanto, como no puede ser de otra forma, damos nuestro apoyo a la iniciativa. Simplemente, quiero recordar que la propia Unión Europea en el Parlamento Europeo aprobó también un nuevo
considerando a la normativa relativa a la seguridad de los campos de fútbol...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor presidente. ... donde se recoge esa posibilidad por parte de aquellas naciones de los Estados plurinacionales. Tengamos en cuenta que en el Reino Unido ya funciona la selección de Inglaterra, de
Escocia y de Gales. No entendemos por qué en el Estado español no se puede hacer lo mismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como ustedes saben, la ciudad de Madrid ha pedido para el año 2020 los Juegos Olímpicos de verano. Estoy seguro de que Madrid los obtendrá como estoy también convencido de que en esa cita los deportistas vascos, gallegos y
catalanes acudirán bajo bandera propia. De hecho, sería esa una situación que contentaría a todos; a unos por la oportunidad de exhibir durante
unos días la capital de España como capital del mundo y a otros por la gran alegría de desfilar -ya de una vez- como representantes de sus respectivos países. Los vientos de la historia soplan hacia ese escenario, y ustedes lo saben. Si
quieren dedicarse a remar contracorriente, ustedes mismos, pero el mundo avanza hacia la globalización y hacia un mayor reconocimiento de las naciones, ambas cosas, las dos, la globalización y un mayor reconocimiento de las naciones. ¿Cómo quieren
ustedes que desfilen esos atletas vascos, gallegos y catalanes? En buena parte depende de ustedes, diputados, aquí presentes en el hemiciclo. Puede ser a la británica, sin complejo, como naciones equipadas con pabellón deportivo propio, aunque
todavía dentro de un mismo Estado, o puede ser a la brava, como atletas pertenecientes a un Estado del todo independiente políticamente, reconocido por Naciones Unidas y, cómo no, por las instancias deportivas y federativas mundiales.
Como ustedes saben, yo apuesto por la nación plena; esa es mi solución a un dilema antiguo. Pero ustedes y, sobre todo, ustedes, señorías del PP, no están por esa vía, y en eso no coincidimos. Además, ustedes tienen el poder, actualmente
mayoría parlamentaria y el Gobierno, y, por tanto, tienen la capacidad de decidir y de cambiar las cosas. Ustedes todavía pueden elegir entre dos escenarios, y desde su punto de vista me parecería lo más inteligente apostar por un paisaje de
diversidad deportiva dentro de un mismo marco político, ¿o no? A ustedes les interesa, y mucho, esta ley que propone el PNV, claro que también pueden optar por el no a todo, por el no a todos y por el no siempre; quizá no sea lo más sensato, pero
no están obligados a ser sensatos, es evidente.
Votaremos que sí a esta proposición de ley, como lo hemos hecho en otras ocasiones similares, algunas de ellas propuestas por nosotros mismos, hace escasamente un año la última vez, y lo haremos como gesto de buena voluntad, creyendo que
todavía es posible la vía británica entre nosotros, la vía del entendimiento, la vía de la pluralidad y la vía respetuosa.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar, por favor.
El señor BOSCH I PASCUAL: Acabo ahora mismo. Gracias, señor presidente.
Ustedes eligen. Si ustedes la rechazan, nos regalarán otro motivo para alejarnos del Estado plural y avanzar en el camino de la completa libertad nacional. Entre una pírrica victoria parlamentaria hoy y una amplia victoria histórica
mañana, ustedes tienen que elegir. Algo me dice que volverán a equivocarse, y en 2020 ya verán cómo la realidad les pasa olímpicamente por encima, y si no tiempo al tiempo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señor Esteban, ya que estamos aquí, en Madrid, hay que insistir en Madrid. Amaiur va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley, pero sobre todo consideramos que tenemos mucho que hacer en
Euskal Herria en común y desde Euskal Herria.
La Constitución española permite a las comunidades autónomas que asuman la competencia del deporte, de hecho la Euskal Herria peninsular y las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos asumieron el carácter de exclusividad del
deporte. Sin embargo, la práctica del Estado español contradice su propia Constitución al negar la participación de las federaciones deportivas vascas en las internacionales, igual que a la catalana y a la gallega. El Gobierno del Estado, vía
recurso de inconstitucionalidad, consiguió la suspensión del artículo 16.6 de la Ley 14/1998, del Deporte del País Vasco, y ahí está, después de catorce años. Quizá alguien en el Constitucional debiera prestarle algo más de atención, ¿no creen? Su
actitud, por tanto, es negadora de los derechos individuales de los deportistas y de los colectivos. De hecho, obliga a los deportistas y a las deportistas a competir en la selección española, bajo sanción, incluso con la retirada de la licencia,
situación que me tocó vivir y que a día de hoy se mantiene.
Sin embargo, las federaciones internacionales son organismos privados, y la legislación estatal no les afecta. Por ello, el Gobierno español está utilizando también todo tipo de vías -la diplomática, la federativa- para intentar modificar
los estatutos de las federaciones internacionales. Pero de todos es conocido que, a pesar de los intentos por vetar esta presencia por los Gobiernos español y francés, existen decenas de naciones sin Estado que compiten de igual a igual con
selecciones como, por ejemplo, la española, la francesa o la alemana en competiciones internacionales. Por lo tanto, la cuestión es de madurez democrática. La cuestión es aceptar con total naturalidad la actuación oficial, en el ámbito
internacional, de las selecciones vascas y de aquellos deportistas que puedan elegir la selección en la que se sientan representados. Es reseñable también la transcendencia de la Resolución del Tribunal Arbitral del Deporte sobre la admisión de la
Federación Catalana en la internacional de Bowling. Desde Amaiur hablamos de la defensa de las selecciones, de nuestras selecciones. No hablamos en contra de ninguna otra selección; todas son legítimas.
Ya que estamos aquí en Madrid, exigimos, por un lado, la retirada del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a la Ley 14/1998, del Deporte del País Vasco. Y, por otro lado, tenemos que reseñar que se debe hacer algo más que estar
legislatura tras legislatura defendiendo la misma proposición de ley, la octava, la novena, la décima. No sé, señor Esteban, si el horizonte impuesto por el Partido Nacionalista Vasco es trabajar sobre lo mismo en la legislatura undécima. Nosotros
consideramos que es en Euskal Herria en donde hay que redoblar los esfuerzos y, por lo tanto, es allí donde más hay que trabajar. De hecho, queremos
recordarle al Partido Nacionalista Vasco que debiera recuperar la territorialidad, es decir, que cuando hablamos de las selecciones deportivas vascas tengamos en cuenta las siete provincias. De hecho, no entendemos que todavía las
federaciones vascas no hayan pedido la incorporación en las internacionales. Creemos que ahí el partido que representa el señor Esteban tiene bastante responsabilidad. Pero hablamos en positivo y emplazamos a los partidos vascos, y en especial al
Partido Nacionalista Vasco, a un acuerdo nacional a favor de la oficialidad de las selecciones deportivas vascas, en donde se podría establecer una hoja de ruta en cinco años, con unos objetivos mínimos, como podría ser tratar sobre el Decreto
16/2006, de manera que los deportistas navarros y navarras y de Iparralde puedan tener la misma consideración que los de Euskadi.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Gracias.
También tendríamos que gestionar, coordinar y canalizar la participación de las federaciones vascas en las internacionales. También deberíamos hacer un diagnóstico -por ahí tendríamos que empezar, por supuesto- y recoger el compromiso
adquirido por el Partido Nacionalista Vasco en 1998 al hilo de la aprobación de la Ley 14/1998, en la cual se debiera crear la unión de las federaciones deportivas de Euskal Herria que recoja, aparte de a las federaciones deportivas vascas, a los
clubes de Nafarroa y de Iparralde. Insisto en que está bien trabajar desde Madrid y, por lo tanto, apoyamos la proposición de ley, pero, sobre todo, consideramos que hay que hacer un esfuerzo en común desde Euskal Herria por estos objetivos, porque
se pueden conseguir desde allí.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, señorías, es entristecedor escuchar lo que estamos escuchando aquí esta tarde con la que está cayendo. Señor Esteban, es entristecedor escucharle a usted hablar de toda la glosa legal. Es
entristecedor -no digo ya cabreante- escuchar al señor Bosch con ese tono amenazante y victimista que siempre usa en esta tribuna. Y no digamos ya lo que me parece escuchar al representante de Amaiur, que vistió la camiseta nacional de la Selección
de Balonmano, hablando de amenazas; no es entristecedor, ya es otro tipo de adjetivo que prefiero no utilizar aquí. No me voy a extender mucho en este asunto. Me gustaría decir, simplemente, que lo que ustedes están proponiendo, en primer lugar,
es inconstitucional y, en segundo lugar, niega la mayor. Incluso el Comité Olímpico Internacional, y no digamos ya todas las federaciones deportivas internacionales, dice, entre otras cosas, que se pueden conformar comités olímpicos en aquellos
Estados que son reconocidos como tales en la comunidad internacional. Se ponga como se ponga el señor Esteban, el País Vasco no está reconocido como tal, como tampoco Cataluña, tampoco Galicia ni desde luego tampoco otras comunidades autónomas a
las que ustedes parece, sin embargo, que les niegan el derecho que se arrogan para sí.
Tampoco voy a detenerme en las razones económicas porque no quisiera que se entendiera que forman parte de nuestro razonamiento para negar que dediquemos tiempo a una -perdónenme- tontería como esta en esta Cámara, con la que está cayendo.
Sin embargo, hemos repetido numerosas veces en Comisión parlamentaria y aquí nuestra opinión acerca de las duplicidades, de que se creen administraciones en las comunidades autónomas, de que se creen embajadas y aquí ahora se vuelvan a crear
estructuras que ya están creadas a nivel estatal. Pero sí me gustaría hacer dos consideraciones que tienen que ver con el contenido y con la oportunidad de esto que se nos trae aquí. Con el contenido, en primer lugar, porque algún día que hablemos
de educación deberíamos tratar de cómo en todo lo que tiene que ver con el juego y el deporte estamos orientando excesivamente a nuestros jóvenes y a nuestros hijos hacia la competición, a ganar, cuando todo lo que podemos aprender a través del
juego y el deporte tiene que ver simplemente con esa práctica, ganemos o no; incluso perdiendo se pueden aprender grandes valores. No nos engañemos, señorías, aquí estamos hablando de deporte profesional, aquí el Estado invierte para ganar e
invierte para ganar porque el Estado sabe que si ganamos estaremos comunicando al resto del mundo que somos un país desarrollado, que somos un país moderno y que somos un país que, en teoría, es capaz de dar importancia a ciertos valores
democráticos. Disgregando la capacidad competitiva de nuestros atletas estamos yendo en contra de lo que es esencial en el caso del deporte profesional, y es la capacidad de ganar, la capacidad de hacer algo que estamos haciendo bien ya en nuestro
país. Hay un montón de cosas, señorías, que están mal en nuestro país, ¿por qué tenemos que dedicar energía a otras que no tienen importancia y que además estamos haciendo bien? Porque estamos ganando en muchos deportes, porque estamos comunicando
al resto del mundo que somos un Estado importante, porque estamos creando mediante la marca España un valor añadido que revierte en otros ámbitos como son la industria agroalimentaria o el turismo de este país.
Aparte del poco contenido que tiene realmente lo que nos trae aquí el PNV, me gustaría pararme un momento en la oportunidad. Señorías, con la que está cayendo, ¿por qué hablamos de esto hoy? Y entonces, de repente, me pongo a pensar: ¿no
será precisamente por eso?, ¿no será precisamente por la que está cayendo que nos pongamos a perder tiempo hablando de este tipo de cosas? Porque yo estoy muy cansado de ver -y nuestro grupo
parlamentario lo ha dicho a menudo- cómo especialmente los grupos nacionalistas que han intervenido anteriormente cuando ven unas elecciones en el horizonte, o para tapar las vergüenzas, empiezan a agitar la bandera, la lengua y la nación
para no hablar de lo que realmente le importa a nuestros ciudadanos. Señorías, señores del PNV, señores de Amaiur, señores de Esquerra Republicana, señores del BNG, nuestros ciudadanos merecen que dediquemos el tiempo a algo realmente importante y
que no hablemos ni dediquemos tiempo a lo que ustedes han traído a debatir aquí, en esta Cámara.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, para serles sincero, no es esta la iniciativa prioritaria de mi grupo parlamentario en el día de hoy. Si tuviéramos que adoptar una iniciativa prioritaria sería la que tiene que ver con el mantenimiento de la sanidad y la
educación públicas en nuestro país o el rechazo de la política de ajustes, pero da la casualidad de que esta es una iniciativa legítima y es una iniciativa que además le corresponde a un grupo parlamentario de esta Cámara. Por tanto, nosotros
fijamos posición frente a una iniciativa que es legítima, que le corresponde a un grupo parlamentario de la Cámara y ante la cual los grupos parlamentarios pueden intervenir o no, pueden pronunciarse o no. Mi grupo parlamentario se pronuncia con
relación a esta iniciativa por respeto al grupo parlamentario proponente y por respeto a la propuesta. Creemos que esta propuesta no es nueva en esta Cámara sino que la hemos debatido en ocasiones anteriores y ante la cual podemos pronunciarnos sin
agitar ningún tipo de fantasma. Sabemos el contenido simbólico que tiene esta iniciativa pero no pretendemos sumarnos a ningún fantasma ni agitar ninguna confrontación. No es la primera vez que esta propuesta viene a debate tanto en el Parlamento
de las comunidades autónomas como en este mismo Parlamento en anteriores legislaturas. Es, por tanto, y así lo reconocemos, un viejo debate y una vieja reivindicación; reivindicación y debate no resueltos.
Señorías, les puedo asegurar que con la que está cayendo en estos momentos también en el ámbito deportivo esta iniciativa tampoco habría sido el centro de nuestra atención; podría por ejemplo serlo la deuda de los equipos de fútbol o la Ley
del Deporte. En todo caso, vuelvo a repetir que es una iniciativa ante la cual queremos fijar posición y ante la que históricamente hemos fijado posición, apoyándola en el marco de la Constitución y de la orientación federal de nuestras posturas
políticas.
Señorías, no descubrimos nada nuevo si les manifiesto desde este atril que nuestro modelo de organización del Estado es evolucionar desde el actual Estado de las autonomías hacia un modelo de Estado federal. Desde esa perspectiva,
consideramos que esta propuesta cabe perfectamente en el ámbito deportivo y es concordante con nuestra posición federal. Si hay algo del agrado de los gobiernos, sean estos autonómicos o del Estado, como en este caso, es compararse con otros países
de nuestro entorno. Pues bien, vayamos a ello. Gran Bretaña cuenta con selecciones internacionales oficiales de Escocia, Gales, Irlanda del Norte y de la propia Inglaterra y nadie se ha rasgado las vestiduras ni ha considerado la nacionalidad en
peligro. Lo mismo ocurre con numerosas naciones en el mundo. Que nosotros sepamos, en nuestro país tampoco nadie ha sufrido una lipotimia con relación, por ejemplo, a la selección de Euskadi, que tiene y ha tenido internacionalmente una larga
trayectoria. Fundada por el primer lehendakari, José Antonio Aguirre, que había sido jugador del Athletic de Bilbao, jugó cuatro partidos internacionales contra Checoslovaquia, Cuba, Noruega y Dinamarca, con el fin de lograr fondos en el extranjero
para la República. Es posible que esto produzca algún tipo de urticaria en alguna persona pero, en definitiva, la historia es la historia. Desde 1979, con la democracia, la selección de Euskadi ya ha jugado partidos amistosos con una veintena de
selecciones extranjeras, del mismo modo que lo han hecho otras elecciones autonómicas en nuestro país. La misma selección asturiana también se ha enfrentado a otras selecciones, con menor fortuna, por cierto.
Dado que las selecciones autonómicas no son miembros de la FIFA ni del Comité Olímpico Internacional, no pueden participar en torneos oficiales y solo pueden disputar partidos amistosos no oficiales a nivel internacional. Para que sea
posible su participación en competiciones oficiales el problema tiene solución desde el respeto a las reglas de juego en el marco jurídico del deporte internacional. Las federaciones deportivas internacionales, sean de fútbol, baloncesto u otros
deportes, son entidades de naturaleza privada, no gubernamentales, y para que selecciones como la del País Vasco, Andalucía, Cataluña o Canarias, por ejemplo, puedan participar en competiciones oficiales internacionales es necesario el acuerdo
previo de las federaciones españolas respectivas.
Señorías, no se me oculta -y lo vuelvo a repetir-, el carácter simbólico tanto de la selección española como, en su caso, de las selecciones de Euskadi, de Galicia o de Cataluña en el ámbito internacional. En todo caso, mi grupo, La
Izquierda Plural, considera que podríamos resolver esta situación autorizando a las federaciones deportivas autonómicas del País Vasco, Cataluña, Galicia u otras, si así lo solicitaran, a integrarse en las correspondientes federaciones
internacionales y organismos olímpicos. De todas maneras, la limitación a Euskadi, Galicia y Cataluña es, en nuestra opinión, una limitación excesiva y anacrónica. Es este sin duda uno de los problemas que tenemos pendientes, como lo es para
nosotros también y sobre todo la necesidad de una nueva ley del deporte profesional en nuestro país, acabar
con la deuda de los clubes, retomar la formación de una subcomisión parlamentaria, recoger las propuestas que elaboraron en 2010 y avanzar para que el deporte profesional en nuestro país elimine aquellos aspectos que lacran el buenhacer de
nuestros deportistas.
Señorías, en ese sentido, nuestro grupo parlamentario vuelve a votar favorablemente esta iniciativa, no le da esa trascendencia de confrontación que otros grupos parlamentarios han planteado y creemos que cabe perfectamente en un Estado con
distintas identidades nacionales, con plurinacionalidad, como es el Estado español.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Desde Convergència i Unió compartimos totalmente la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, incluso iríamos más allá, nosotros plantearíamos una reforma global de la Ley del Deporte de 1990 en la que la organización del deporte en España
se ajustara realmente al modelo de Estado del que nos hemos dotado y también al marco competencial previsto en la Constitución de 1978. De hecho, así lo hemos puesto de manifiesto en distintas ocasiones. Además, como bien saben, la Ley del Deporte
de 1990 ha quedado obsoleta, por lo que necesitaría una revisión en profundidad. Esta es una afirmación asumida mayoritariamente por los miembros de la subcomisión de estudio de la situación del deporte profesional en España, que se constituyó en
la anterior legislatura y de la que todos los grupos formamos parte. Como decía, la Ley del Deporte supuso una estructuración del deporte en España alejada del modelo autonómico previsto en la Constitución. El marco constitucional dispone que las
comunidades autónomas puedan asumir, como han hecho, las competencias exclusivas en materia de deporte, y así lo recoge el artículo 148.1.19ª de la Constitución española. Se trata, por tanto, de una competencia exclusiva que permite a las
comunidades autónomas establecer su modelo deportivo, su organización del deporte, es decir, estamos ante una competencia exclusiva en sentido estricto. No obstante, desde nuestro punto de vista, la Ley del Deporte de 1990 y la legislación derivada
posterior, lejos de respetar ese marco competencial establecido en la Constitución, paulatinamente han vaciado de contenido las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de deporte. De hecho, esta es una tendencia que se ha
dado en muchos otros ámbitos, no solo en el deporte, y se ha producido abusando del concepto de base en la legislación estatal, calificando ciertas actividades como nacionales para asumir así el Estado la competencia o bien recurriendo a la
alegación de la competencia en relaciones internacionales, que, de acuerdo con la Constitución, corresponde al Estado. En definitiva, han sido y son muchas las fórmulas utilizadas desde el Estado -independientemente, eso sí, del color político que
haya gobernado- y que nos han llevado a una clara involución competencial de base recentralizadota en materia deportiva.
En ese contexto, hoy debatimos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Vasco que, evidentemente, Convergència i Unió va a votar favorablemente. Con ella lo que se pretende es conseguir el pleno reconocimiento
internacional de las selecciones deportivas catalanas, vascas y gallegas como representativas de estas naciones históricas y de aquellas selecciones que representen a su vez a otras comunidades autónomas del Estado español que lo deseen, en función
de las competencias asumidas por sus respectivos estatutos de autonomía y de la determinación política de sus Gobiernos. Este pleno reconocimiento es una legítima aspiración democrática que debería respetarse. En este sentido es preciso recordar
que este objetivo está muy arraigado en la sociedad catalana y prueba de ello es que se presentó en el Parlament de Catalunya, por ejemplo, una iniciativa legislativa popular firmada por más de medio millón de personas a favor de las selecciones
deportivas catalanas. Además, se han aprobado distintas propuestas de resolución en el Parlament de Catalunya apoyadas por la gran mayoría de los grupos parlamentarios. Creemos que es interesante recordar también una propuesta de resolución
aprobada en el año 2004 y que en otras ocasiones ha sido presentada también en el Parlament de Catalunya. Esta resolución se produjo a iniciativa de nuestro grupo parlamentario y fue apoyada por el Grupo Parlamentario Socialistes-Ciutadans pel
Canvi, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y por el Grupo Parlamentario Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. En esta resolución se pedía que el Parlamento de Cataluña instara al Gobierno a respetar y hacer
respetar la libre voluntad de las federaciones deportivas catalanas de federarse internacionalmente, también a respetar y hacer respetar la libre voluntad de los deportistas catalanes de participar en las selecciones que los convocaran; dar el
apoyo material y técnico necesario a las federaciones deportivas catalanas que quisieran promover su reconocimiento internacional para mejorar el nivel deportivo y el ámbito de gestión propio; defender en todos los ámbitos el pleno respeto al
ejercicio de las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de deportes; promover un acuerdo con el Gobierno del Estado para respetar el libre derecho de asociación de las entidades deportivas privadas y el libre derecho de participación
de los deportistas; promover un acuerdo con el Gobierno del Estado y sus máximas instancias deportivas para respetar los procedimientos de toma en consideración de las federaciones deportivas internacionales al efecto de aceptar la afiliación de
las federaciones deportivas catalanas que lo solicitaran. Todos estos puntos fueron apoyados también por el Partido Socialista de Cataluña. Por tanto, supongo que hoy
también serán consecuentes con esa resolución aprobada por el Parlament de Catalunya y votarán favorablemente en la toma en consideración de esta proposición de ley.
También hay muchos aspectos legales que vienen a desmontar las tesis del Partido Popular que tradicionalmente ha argumentado en contra de esta propuesta y también las que se oponen al reconocimiento que perseguimos. En primer lugar, debe
quedar claro que la competencia sobre el deporte es exclusiva de las comunidades autónomas y en la Constitución española no hay referencia alguna a la jurisdicción de la Administración General del Estado sobre el deporte, por lo que debe
considerarse dicha competencia stricto sensu como exclusiva. Es más, creemos que no hubo ninguna clase de olvido en el constituyente a la hora de plasmar con claridad la competencia exclusiva de las comunidades autónomas por lo que se refiere al
deporte y a su impulso. En segundo lugar, existe abundante jurisprudencia constitucional en el sentido de que el alcance territorial de las competencias autonómicas no permite al Estado crear competencias ex novo donde no tiene un reconocimiento
explícito en el bloque de la actual constitucionalidad. En tercer lugar, las relaciones internacionales a las que se refiere al artículo 149.1.3.ª de la Constitución y aquellas en las que el Partido Popular se apoya para negar la participación de
las selecciones autonómicas en competiciones deportivas internacionales de carácter oficial no tienen nada que ver con las relaciones internacionales que regulan el funcionamiento de las entidades y de los sujetos de naturaleza privada, como son las
federaciones deportivas y los organismos deportivos supraestatales, que son los auténticos actores del escenario deportivo internacional. En cuarto lugar, la Ley del Deporte no es ni orgánica ni ley de bases, por lo que no debería ser utilizada
para desvirtuar las legítimas aspiraciones de las nacionalidades históricas cuando ni la propia Constitución española lo impide.
En definitiva, hay suficientes razonamientos y argumentaciones jurídicas para sustentar sólidamente una posición política como la que subyace en esta proposición de ley que ahora debatimos, pero sobre todo estamos ante una cuestión de
voluntad política y madurez democrática, un consenso político para permitir esa proyección internacional. Estamos, repetimos, ante una cuestión de voluntad política. En otros países de la Unión Europea -como otros portavoces precedentes han
mencionado- han conseguido ese consenso para que a nivel internacional fuera reconocida, en otros países han sido capaces de hacerlo. Por lo tanto, esperamos que algún día podamos verlo también aquí.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Señor presidente, señorías, de nuevo estamos ante una iniciativa sobre selecciones deportivas autonómicas en competiciones oficiales internacionales, traída esta vez por el grupo parlamentario del PNV, que está en su
derecho a traer, está en su derecho a fijar sus prioridades, y el Grupo Parlamentario Socialista se las respeta, señor Esteban.
La iniciativa pretende que Euskadi, Cataluña y Galicia, estas tres comunidades autónomas y ninguna más, puedan tener selecciones deportivas propias -lo cual nadie les impide ni a ellas ni a las restantes comunidades autónomas-, que las tres,
solo las tres, puedan participar en competiciones oficiales internacionales en igualdad de condiciones que las selecciones que representan a España, dejando a los deportistas de estas comunidades autónomas la opción de participar en las de España o
en las de su comunidad autónoma. Asimismo la proposición de ley fija que los clubes deportivos de estas comunidades autónomas puedan afiliarse o no a las federaciones estatales, pero en cualquier caso se regirán por las disposiciones autonómicas
propias.
La iniciativa no es nueva, ya se planteó en gran medida en la Ley del Deporte del País Vasco en 1998 y en la Ley del Deporte de Cataluña de 1999. En ambos casos el Gobierno de Aznar, curiosamente siendo ministro de Administraciones Públicas
Mariano Rajoy, recurrió ante el Tribunal Constitucional el artículo que habilitaba a estas comunidades a participar con sus selecciones deportivas en competiciones internacionales, el Tribunal Constitucional suspendió la aplicación de los artículos
impugnados y en esas estamos; catorce años después estamos esperando que el Tribunal Constitucional se pronuncie definitivamente. Son los recursos más antiguos pendientes de resolución. Inimaginable.
Hace unos días el presidente del Tribunal Constitucional dijo que estaba muy avanzada la sentencia del País Vasco. Estamos a la espera, porque esta sentencia debería resolver de forma definitiva un debate demasiado largo y prolijo fijando
criterios sobre el conjunto del problema. Por eso repetidamente el Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado que esperemos a la sentencia del Tribunal Constitucional para ultimar este debate y esta legislación, y hoy de nuevo vamos a votar en
contra de la toma en consideración de esta proposición de ley, confiando en que la próxima sentencia del Tribunal Constitucional permita al Gobierno tratar este tema en la modificación de la Ley del Deporte de 1990, que se ha comprometido a traer y
que ha sido pedida y en parte consensuada en los trabajos de la subcomisión de deporte profesional de la anterior legislatura.
Al no haber podido resolver este tema con legislación de la propia comunidad autónoma, se pretende hacerlo vía modificación de una ley ordinaria, la Ley del Deporte de 1990, en los aspectos que indican que la representación de España en las
competiciones internacionales la hace exclusivamente la federación española del deporte que sea, derogando el Real Decreto de 1982 sobre actividades y representaciones deportivas internacionales. La vía escogida, señor Esteban, parece razonable,
siempre que estuviera resuelto el problema de la constitucionalidad,
porque no estamos discutiendo, señora Surroca, ni poniendo en cuestión en modo alguno que las comunidades autónomas tienen la competencia exclusiva en el deporte consolidada en la Constitución y en los estatutos de autonomía. Tampoco que
las comunidades autónomas puedan legislar sobre el deporte en su autonomía e impulsar selecciones autonómicas de cualquier deporte, e incluso que puedan competir entre sí las selecciones deportivas de las distintas comunidades autónomas, e incluso
que los clubes y sociedades se rijan por las disposiciones autonómicas propias de la materia. De lo que se discute, señorías, es de si esas selecciones deportivas autonómicas pueden ir a competiciones oficiales internacionales junto a la de España.
El Comité Olímpico Internacional, la FIFA y la mayoría de las federaciones internacionales de deportes que son muy seguidos tienen acordado como norma que son las federaciones de los Estados soberanos las que pueden estar en los organismos
internacionales y participar en las competiciones oficiales. Eso es así y se cumple en la mayoría de los casos, incluso en los Estados federales, regionales o compuestos como el nuestro. Es el caso de Estados Unidos, de Brasil, de México, de
Alemania, de Australia o de Suiza. Pero reconozco que hay también numerosas excepciones, y si rastreamos la situación de lo que se ha venido a llamar país deportivo nos damos cuenta de que en bastantes deportes -es cierto que la mayoría no son
olímpicos- la soluciones adoptadas son muy variopintas y afectan a territorios peculiares. Y no quiero que se ofendan, pero los precedentes citados de Gibraltar, Anguilla, Aruba, Groenlandia, Guadalupe, Hong Kong, Islas Feroe o Macao son
ciertamente exóticos y no me parecen relevantes en el concierto internacional como para seguir su estela y parecernos a ellos.
Estamos, por tanto, ante un tema complejo, con unas connotaciones que superan con mucho a las meramente deportivas para incrustarse en el ideario, en los referentes de territorios determinados, de ahí la importancia de este debate. Nadie
puede pensar que esta decisión es trivial o insustancial, un tema del deporte sin más relevancia; en modo alguno, es muy relevante, y por eso precisamente el PNV la presenta y la mayoría de los grupos nacionalistas la apoyan. Porque, por ejemplo,
que en los próximos Juegos Olímpicos fueran las selecciones de España y de Euskadi, Cataluña y Galicia no me parece de menor cuantía, que estas selecciones deportivas compitan entre sí tendría, sin duda, una carga emocional y política enorme. La
selección de España, la de todo el Estado, compitiendo internacionalmente contra la selección de una parte, de una comunidad autónoma, me parece que sería celebrado claramente por sectores soberanistas e independentistas pero no sería fácilmente
comprendido por una gran mayoría del país, ni siquiera los deportistas lo comprenderían. La proposición de ley llega a señalar que los deportistas tendrán plena libertad para optar por su participación en la selección española o en la de su
comunidad autónoma. Qué responsabilidad, señor Esteban, le damos a cada deportista: juego en el Athletic de Bilbao o en el Barça y tengo que decidir si voy a la selección española o la de Euskadi o a la de Cataluña. Les pongo un ejemplo, Xavi
Hernández, que no es un personaje de menor cuantía en el fútbol, en declaraciones a Avui en 2010, al hilo de la consulta independentista de Terrassa, dice: Se tiene que diferenciar el tema del deporte del tema político, profesionalmente yo quiero
ir a la selección española y ganar un mundial, lo he mamado de pequeño porque era deporte solamente, exclusivamente. Es como si uno es independentista y le viene una empresa de Madrid o La Coruña a contratarle y va porque es un profesional. Lo
dice Xavi. Pues eso. Por tanto, modificar la Ley del Deporte y derogar el real decreto abriría una puerta para llamar al COI y a las federaciones a que cambiaran sus estatutos para que dejaran entrar a Estados que no son soberanos.
Finalmente, señor Esteban -y en esto le pido mucha atención-, quiero referirme a un elemento de esta proposición de ley. La proposición de ley es claramente discriminatoria, no tiene soporte jurídico alguno que la avale. La propuesta
reconoce el derecho de tener selecciones deportivas autonómicas en competiciones oficiales internacionales exclusivamente a las comunidades autónomas de la disposición transitoria segunda de la Constitución española, de manera que una disposición
transitoria concedía una vía rápida y privilegiada que suponía una excepción a la iniciativa prevista en el artículo 151.1ª de la Constitución por haber plebiscitado su estatuto de autonomía y no tenían que esperar el plazo de cinco años previsto;
esto es, por una vía privilegiada para Euskadi, Cataluña y Galicia que ya cumplió su función, y por eso era una disposición transitoria, ahora se quieren recuperar derechos históricos para tres comunidades que se les niega a Andalucía, Aragón,
Navarra, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Valencia. Mucha historia, señorías, detrás de todas ellas como para buscar una vía de una disposición transitoria que ya no tiene vigencia alguna. Si queremos cambiar la Constitución o el
bloque constitucional, hagámoslo por la vía directa, no utilicemos una disposición transitoria para tener selecciones deportivas. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de la toma en consideración, pidiendo a los
dioses del Olimpo que de una vez por todas el Tribunal Constitucional termine su anhelada sentencia y le quite la herrumbre de catorce años de espera.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pezzi.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Blasco.
La señora BLASCO SOTO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley. Señor Esteban, como usted ha reiterado, es verdad
que en muchísimas ocasiones han traído a esta Cámara preguntas, mociones, proposiciones no de ley, y también lo han hecho otros grupos nacionalistas, pero también tienen que entender nuestra posición, y sin que sirva de precedente, estoy de
acuerdo en muchos temas con el señor Pezzi, porque hemos hecho del deporte una política de Estado. Eso es importante. Tampoco estoy de acuerdo con usted en muchos de los puntos que ha desarrollado, porque los ha sacado de contexto y tampoco son
ciertos. Voy a realizar mi intervención con los puntos que considero adecuados.
Usted ha hablado de corazón verde, pero cuando fue el Campeonato del Mundo de Fútbol, hace poco tiempo, vimos como se paralizó el País Vasco. Vimos como estaba todo el mundo con las camisetas rojas. (Rumores.-El señor Esteban Bravo hace
gestos negativos). Sí, señor Esteban, hubo un montón de pantallas y la gente del País Vasco se alegró. (Rumores). Vamos a ir al tema que nos ocupa. Votaremos en contra por varias razones. Sus planteamientos contravienen claramente los preceptos
constitucionales recogidos en la Carta Magna, que hacen referencia a las relaciones oficiales que mantienen no solo las administraciones, sino también instituciones generales en el ámbito internacional. El límite para el ejercicio de las
competencias autonómicas en materia de deporte es el propio territorio, y si se quiere ser de dicho ámbito es con la intervención estatal. Como sé que esto no le convence, debería acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en
diversas sentencias concluye que las relaciones internacionales se producen entre sujetos internacionales, y ello excluye necesariamente entes territoriales dotados de autonomía política, como son en el caso de España las comunidades autónomas.
Todo ello cobra mayor sentido si entendemos que una de sus principales ambiciones se centra en la participación de las elecciones autonómicas en las competiciones oficiales y no amistosas. Aquí el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado
con suficiente contundencia al concluir que la salvaguarda de los intereses generales del deporte federado en su conjunto en el exterior solo puede corresponder al Estado. Así pues el reparto de competencias está delimitado y bien delimitado entre
el Estado y las comunidades autónomas, y además con absoluta congruencia. En su ámbito territorial las comunidades autónomas tienen competencia legislativa plena sobre las entidades inscritas y las instituciones generales que se posean en el
interés de la comunidad, y por otro lado, será el Estado el competente en cuanto rebasen dicho ámbito, y por lo tanto tengan carácter nacional.
Durante las últimas legislaturas ustedes han hecho de esta cuestión un caballo de batalla que mi grupo parlamentario no va a aceptar. Bajo la figura del deporte pretenden convertir una vieja reivindicación en un problema de Estado. Son
muchos los organismos que han expresado su opinión al respecto y en todo momento la postura ha sido la misma, un no rotundo a esta propuesta. El Comité Olímpico Internacional se ha pronunciado públicamente, y la normativa que tienen las distintas
federaciones deportivas internacionales también y la misma Carta Olímpica, en cuyos estatutos se dice: la expresión país significa un Estado independiente, reconocido por la comunidad internacional -que no es nuestro caso-. Respecto a la
referencia que hace a otros Estados o microestados no se pueden comparar con España, son realidades diferentes, son otra historia. Lo están sacando de contexto. También podrían haber nombrado a Estados Unidos, a Brasil o a Méjico, pero es que no
es comparable. En este caso el deporte ha sido utilizado como herramienta política, con fines que sobrepasan sus fronteras. La realidad de su propuesta no persigue una mejora de nuestro deporte nacional, sino otros objetivos. La Constitución
española nos lo impide, también la normativa olímpica, la de las federaciones deportivas internaciones, y dentro de la Ley del Deporte hay varias referencias a la representación internacional y de competencias. Prevé un sistema de integración de
las federaciones autonómicas en la federación nacional para llevar a cabo la representación del deporte español en el ámbito internacional, sin perjuicio de supuestos excepcionales de representación internacional de las federaciones autonómica, en
los casos concretos establecidos, y siempre con intervención de las autoridades competentes estatales. La selección española representa a España en las competiciones deportivas internacionales, y sería absurdo que España compitiera contra Euskadi o
contra Cataluña porque es lo mismo. Euskadi y Cataluña forman parte de España.
Otro punto de la Ley del Deporte regula la obligatoriedad para los deportistas de atender a las convocatorias de la federación española de la modalidad deportiva correspondiente para intervenir en las competiciones internacionales. Los
deportistas se sienten muy orgullosos de asistir con el equipo nacional a cualquiera de estas competiciones. Señor Errekondo, usted ha dicho que como había sanciones quería participar con España. Podía no haberlo hecho, pero así lo hizo. De todas
formas, ¿por qué los futbolistas no se quedan en los equipos de sus comunidades autónomas o de sus ciudades? ¿Por qué se van al Barcelona y al Real Madrid? Porque quieren ganar. Es así.
Otro de los puntos de la Ley del Deporte es que, atendiendo a las competencias autonómicas en materia deportiva, se reconoce la necesidad de actuaciones coordinadas y de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas para el
correcto ejercicio de las competencias en materia deportiva. Es muy importante la coordinación que existe ahora con la conferencia interterritorial, con los directores generales, con el Consejo Superior de Deportes, para hacer políticas y apuestas
en conjunto para resolver problemas. Eso es lo importante, porque al final es cierto que el deporte es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero el deporte de alta competición no. Este tema es reiterativo, ya que siempre se ha
tenido el voto en contra de la Cámara. Es verdad que están en su derecho de traerlo a esta Cámara,
pero la realidad sigue siendo la misma. Apelaría al sentido común y dejaría de lado el populismo propio de este tipo de iniciativas, que lejos de unir y sumar voluntades genera debates absurdos que, de puertas afuera de nuestro país, no
fortalecen en ningún caso al deporte español. Tampoco beneficia a la candidatura de Madrid 2020, que como ustedes saben en mayo tiene que pasar el corte para ver si pasamos a la siguiente ronda. Y se nos tiene que ver como un país unido, en el que
todos remamos en la misma dirección. No intenten separar, sino sumar. El deporte español es una marca, marca de triunfo y de éxito, y los deportistas españoles son nuestros mejores embajadores. Sigamos sintiéndonos así, señorías, como el mejor
equipo del mundo en muchas modalidades deportivas: en tenis, en baloncesto, en motos, en balonmano, en fútbol, pero todos juntos: del País Vasco, de Galicia, de Cataluña, de todas las comunidades; todos hemos hecho el mejor equipo: España.
Sigamos así, señorías.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blasco.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A IMPULSAR UNA NUEVA MODALIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CARÁCTER DUAL. (Número de expediente 162/000131).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a impulsar una nueva modalidad de formación profesional de carácter
dual. Para su presentación tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace escasas fechas discutíamos en esta Cámara sobre la imperiosa necesidad de acometer una profunda reforma en la educación secundaria obligatoria. El Grupo Popular exponía en aquel momento argumentos que justifican perfectamente
la iniciativa que hoy nos ocupa: la importancia decisiva de esta etapa en la formación de los alumnos, en la adquisición de un elevado nivel de conocimientos, en el diseño del éxito personal y profesional de todos y cada uno de ellos, un éxito
presente y futuro, y no podemos olvidarnos -menos ahora que nunca- en el desarrollo económico de un país. Sosteníamos entonces y exponemos hoy el papel fundamental que en esa reforma jugaba un nuevo modelo de bachillerato, de mayor duración y de
contenidos más sólidos y rigurosos, pero si como fundamental puede definirse -así lo hacemos- la reforma del bachillerato, no podemos por menos que considerar como absolutamente decisiva la implantación en nuestro país de un nuevo modelo de
formación profesional.
Señorías, nuestro país se enfrenta a un doble e importante reto en el que formación y empleo están íntimamente ligados. En primer lugar, necesitamos reducir urgentemente las tasas de abandono educativo temprano. Como sus señorías conocen
el 28, 4% de los jóvenes españoles -el doble de la media de la Unión Europea- abandona el sistema educativo; muchos de ellos sin haber obtenido ningún título ni ninguna capacitación profesional que les permita acceder al mundo del trabajo. Esto
sucede en un escenario en el que todos los indicadores demuestran que cuanto mayor es la formación y cuanto mayor la permanencia en el sistema educativo, menor es el desempleo. A menor formación, más paro. De hecho basta con analizar brevemente la
encuesta de población activa del cuarto trimestre del pasado año 2011 para constatar que, si bien las cifras de desempleo se ensañan especialmente en los jóvenes con menor formación -los jóvenes que tan solo han finalizado la educación primaria
representan el 46,96% del paro juvenil-, estas disminuyen a medida que se incrementa el nivel formativo. Aquellos alumnos que finalizaron el bachillerato o la formación profesional de grado medio suponen el 25,75% del paro total.
Entenderán sus señorías por qué resulta prioritario entonces, ahora más que nunca, que ofrezcamos a los alumnos un sistema educativo atractivo y flexible, que les invite a permanecer en él hasta llegar por lo menos hasta los índices de
cualificación que tienen aquellos países europeos con menor tasa de paro juvenil. Porque la brecha, señorías, entre esos países europeos y el nuestro resulta verdaderamente alarmante. En España más de la mitad de los jóvenes en edad de trabajar no
puede hacerlo, el 50,5%, más del doble de la media comunitaria. Estamos muy lejos de países como Alemania -con un 8,2% de paro juvenil- o Austria -un 8,3%-, según datos que nos facilitó Eurostat el pasado mes de febrero, pero también muy alejados
de nuestros vecinos portugueses que tienen una tasa de paro juvenil del 35%. ¿Son peores nuestros alumnos? ¿Están menos capacitados? Les aseguro que no. Pero una cosa es cierta: la actual arquitectura del sistema les invita a alejarse de él y
la formación profesional -me estoy refiriendo en este momento a la formación profesional de grado medio, que en la Unión Europea es una opción elegida por más del 58% de los jóvenes- en España en el curso actual tan solo representa un 32,19%.
La realidad, señorías, se muestra abrumadora. El actual modelo de formación profesional no resulta atractivo ni para los alumnos ni para sus familias ni para la sociedad en general. Según el Eurobarómetro del pasado mes de septiembre
ocupamos la última posición de la Unión Europea en cuanto al interés que despierta la formación profesional. Desgraciadamente la aprobación en el año 2002 de la Ley de las cualificaciones y de la formación profesional, lograda además con un amplio
consenso en esta Cámara, no ha tenido un desarrollo
posterior. Hoy nuestro sistema de formación profesional se encuentra alejado de las demandas del mercado laboral y de las necesidades de los propios alumnos. Decenas de cualificaciones engordan la oferta de FP y lo hacen sin una evaluación
rigurosa y sin un análisis certero que asegure a los escasos alumnos que eligen esta opción la garantía de que esta es la más adecuada para su acceso al empleo. Ni se ha cumplido el objetivo de excelencia en la formación ni se ha logrado que
200.000 alumnos más opten por la formación profesional de grado medio.
La actual situación de la formación profesional no facilita el acceso al empleo. Esa es la realidad. Nuestro principal reto y nuestro principal objetivo es lograr el acceso al mercado laboral de los miles de jóvenes condenados por el
sistema actual. Este es el motivo que justifica que en el día de hoy presentemos en esta Cámara esta iniciativa. Es una iniciativa que viene a corroborar el compromiso del ministro de Educación en su comparecencia del pasado mes de febrero para
lograr la adopción de un modelo integrado escuela-empresa que se adapte mejor a las necesidades de cualificación que demanda el sistema productivo. Se trata en definitiva de lograr un modelo de formación vinculado a la empresa; se trata de que la
empresa se implique directamente en la formación de los alumnos. Por otra parte no estamos inventando nada nuevo. Estamos adaptando a nuestro tejido empresarial un modelo que durante años se viene aplicando en algunos países europeos con notable
éxito. Alemania es un buen ejemplo. En colaboración con las comunidades autónomas buscamos extender aquellos modelos -algunos ya desarrollados por algunas administraciones autonómicas con notable éxito- que encaucen el camino hacia el éxito de una
vía formativa de importancia fundamental.
Finalizo ya, señorías, y me gustaría hacerlo dejando clara una cuestión fundamental. Cuando hablamos de educación, de formación, el Grupo Parlamentario Popular no cree en vías de primera y en vías de segunda. No creemos en alumnos mejores
o peores según la opción que quieran elegir, sea este el bachillerato, sea la universidad, sea la formación profesional. Creemos en la libertad de todos y cada uno de ellos y en la garantía de que, sea cual sea su camino, su éxito dependerá única y
exclusivamente de su propio esfuerzo.
Muchas gracias. (Aplausos)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
A esta proposición no de ley se han presentado algunas enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy es más evidente que nunca la función estratégica de la formación profesional en la preparación de nuestros profesionales, y particularmente en la mejora de la competitividad, de las estructuras y procesos productivos de
nuestras empresas, en la adaptación de las cualificaciones profesionales, y en la necesidad de que se adapten además al entorno productivo, en las políticas de empleo definitivamente como un instrumento de inserción profesional. Los cambios
sociales que se están produciendo en los últimos años: los problemas para conseguir empleo, la necesaria reestructuración del mercado de trabajo, el avance en innovaciones tecnológicas, la cada vez mayor automatización de procesos industriales,
productivos en cualquier organización y gestión, y la aparición de nuevos campos profesionales, en definitiva han hecho que los sectores productivos demanden cambios profundos en la formación profesional. En eso estamos de acuerdo -creo- todos los
grupos de la Cámara.
La prosperidad de los países que compiten con éxito en los mercados internacionales y al mismo tiempo mantienen y aumentan su nivel social, sus condiciones de trabajo, la competitividad de sus economías, la eficiencia de sus estructuras
productivas, está hoy más que nunca regida y ligada a la preparación de las personas, a su capacitación, a la posibilidad de valorarlas y valorizarlas de forma permanente. Por tanto la inversión en personas, en su educación, en su formación a lo
largo de toda su vida activa es hoy en día una acción estratégica de cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo.
Todos estos antecedentes han dado lugar, desde luego en nuestro país, en Euskadi, a una formación profesional que se ha concebido y definido con una perspectiva global e integrada teniendo en cuenta necesidades y demandas, medidas de
cualificación, de formación dirigidas a jóvenes escolares, a personas desempleadas, a jóvenes sin ningún tipo de titulación, a trabajadores desempleados y a trabajadores que se encuentran en este momento como población ocupada, pero con necesidades
de formación respondiendo de manera eficaz a las necesidades que se han ido planteando. Si además tenemos en cuenta la grave crisis a la que estamos haciendo frente y a que nuestro tejido empresarial está constituido en su mayor parte por pequeñas
y medianas empresas, desde luego resulta imprescindible esa mejora de la formación profesional, pero entendemos que el modelo dual alemán directamente aplicado en nuestro territorio no puede ser el modelo más acertado en este momento, porque
necesitaría una estructura formativa de la que nuestras empresas carecen. Las compañías necesitarían una infraestructura formativa con tutores y profesores bien preparados para enseñar en los propios lugares de trabajo, y esto desde luego cuesta
mucho esfuerzo y además mucho dinero.
Pero no es una propuesta nueva, ya en los años ochenta el Gobierno del Estado dio muchas vueltas a esta posibilidad de una formación dual y lo único que se puso en marcha fueron unos periodos de prácticas de tres meses, que además no
tuvieron el resultado esperado y que la Administración tuvo que pagar totalmente. Por tanto creemos que a pesar de ser un tema recurrente no somos
Alemania, donde llevan muchos años trabajando en este modelo, con grandes empresas muy acostumbras a este tipo de formación y colaboración. Sin embargo en el caso del Estado existen a nuestro juicio otro tipo de modelos que podrían ser
totalmente válidos y que han sido experimentados en este caso, repito, en nuestra comunidad, en nuestro país, en Euskadi ligando sector empresarial con sector formativo, y ahí está el punto central de nuestra enmienda; es decir, en lugar de
utilizar el modelo dual alemán en el sector empresarial, ¿por qué no utilizar el denominado modelo en alternancia, formación en alternancia, que ya se ha puesto de manifiesto como un modelo válido y se ha experimentado con un programa pionero
denominado Ikasi eta Lan -aprender y trabajar, en euskera- que amplió la formación de dos a tres años, de tal manera que se ofrecía la posibilidad de trabajar media jornada en la empresa y estudiar la otra media. Es una iniciativa que tuvo grandes
éxitos, pero no estuvo exenta de dificultades y reticencias desde el sector empresarial en época de bonanza; luego en una época de crisis como la de ahora aún sería más complicada de implantar. Con este tipo de formación lo que hacen los alumnos
es trabajar en empresas con una jornada media, con un contrato indefinido, que recibía además una subvención por parte del Gobierno. Ello les permitía incorporarse al mercado laboral algo más temprano, tener una cualificación adecuada a las
necesidades de esa empresa, e integrarse al cien por cien en ese mercado laboral. Incluso se dio un paso más allá; existe lo que se denomina en formación universitaria la ingeniería en alternancia, con el mismo modelo, que ha sido avalado ya por
la Aneca. Por tanto es un modelo que funciona, y a nuestro juicio...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora TAPIA OTAEGI: La enmienda de nuestro grupo lo único que propone es utilizar modelos que funcionan, como del que estábamos hablando de formación en alternancia, para mejorar resultados y aplicarlos a múltiples sectores, no solo a
los industriales, sino también a los servicios, dejando modelos ajenos a nuestro sistema productivo para mejor ocasión. Utilicemos por tanto modelos que funcionan y que pueden ser trasladados a lugares de todo el Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo agradece el debate que nos plantea la señora Moneo, que ha trazado de una manera muy adecuada y correcta. Esta no es una cuestión nueva. Usted recordaba la discusión que tuvimos en esta Cámara en la última reforma de la ley que
regula la formación profesional. Este es un aspecto recurrente, pero no somos capaces de construir un buen sistema de formación profesional que dé respuesta a las necesidades de nuestro tejido productivo, y que sea suficientemente atractivo y digno
para que nuestros jóvenes puedan orientar su vocación profesional hacia ese ámbito. Es más, configuramos hoy una realidad educativa en España, con un número muy importante -y eso es bueno- de jóvenes que optan por ir a la universidad, pero al mismo
tiempo con la expresión de un enorme fracaso, una cantidad muy importante de jóvenes que abandonan prematuramente el sistema educativo. Y a la vez en esas formaciones medias, fundamentales en cualquier economía que pretenda ser competitiva, tenemos
un enorme vacío. En este sentido la configuración de nuestra formación profesional no ha ayudado, como tampoco lo ha hecho la dinámica de nuestro tejido empresarial ni la dinámica económica de estos últimos años. Por tanto toca en serio abordar
una reforma a fondo de nuestra formación profesional. Como decía la señora Tapia, en el País Vasco en los últimos años, cuando gobernaba el Partido Nacionalista Vasco, se empezó a desarrollar un modelo interesante y sugerente que podría inspirar al
conjunto del Estado. También es cierto que existen países de nuestro entorno que todos ponemos como ejemplo, singularmente Alemania, con un tipo de formación profesional orientada a las necesidades de las empresas y a las aspiraciones de nuestros
jóvenes, y la señora Moneo nos plantea una iniciativa del grupo que sustenta al Gobierno que insta al mismo a poner en marcha esa reforma.
Mi grupo, respecto a la cuestión de fondo, coincide con los planteamientos de la señora Moneo, y por tanto ve con simpatía su propuesta. Pero hay cuatro consideraciones que mi grupo debe realizar. En primer lugar, cualquier reforma que se
produzca en este ámbito debe hacerse con el acuerdo de las comunidades autónomas, que son las competentes en la política educativa. La formación profesional cabalga entre la educación y entre el empleo, pero es una materia que nos parece
imprescindible. En segundo lugar, mi grupo está convencido de que el actual contrato para la formación y el aprendizaje, que en los últimos años -y ahora también- ha recibido importantes modificaciones, es más bien un contrato de inserción en el
empleo de jóvenes con baja cualificación, y que no es un contrato diseñado ni para la formación dual ni para la formación en alternancia. Además que la reforma que estamos tramitando en la Cámara, introduciendo quizá algunas mejoras -lo veremos en
el tiempo-, no es el tipo de contrato que puede servir para desarrollar una formación profesional dual efectivamente. Por tanto más que mejoras sobre el contrato de formación y aprendizaje hemos de ser capaces de plantear un contrato de formación
profesional dual, una fórmula contractual específica que responda a esa idea de formación en un centro educativo y una formación
práctica en el seno de una empresa, bajo una fórmula contractual regulada por el Estatuto de los Trabajadores.
Alguien diría: señorías, añaden ustedes un nuevo contrato a los muchos que ya tiene nuestra legislación laboral. Y nosotros respondemos: si hay empresas que optan por este tipo de formación, por este tipo de fórmula contractual, si hay
empresas que optan por un desarrollo a fondo de la formación profesional dual, bienvenido sea. En el caso de Cataluña hay empresas de sectores industriales que apuestan por esta dirección. Ahí mantenemos un punto de discrepancia con respecto al
texto, tal y como está formulado, y espero que en las próximas horas, en esta tarde, podamos alcanzar un acuerdo.
Finalmente, señora Moneo, a mi grupo le preocupa una cuestión -y termino- y es que en el proyecto de los presupuestos generales se produce un importante recorte de las políticas activas de empleo, más de 1.500 millones de euros. El
desarrollo de una buena formación profesional dual, de una buena formación profesional en alternancia pasa también por aprovechar los recursos de la formación para el empleo para construir esta formación profesional. En este sentido el recorte que
se nos anuncia en estos presupuestos es una pésima noticia para de verdad construir ese modelo que combine formación práctica, formación teórica, vinculación a las necesidades de las empresas, y expectativas de los jóvenes. En este sentido,
señorías, nos vamos a encontrar en las próximas semanas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que nos presenta esta tarde el Grupo Popular plantea uno de los problemas pendientes de nuestro sistema educativo, y responde a una pregunta que no es nueva: ¿qué hacemos con nuestra formación profesional?
¿Qué hacemos con la relación entre el mundo de la educación y el mundo del empleo? ¿En qué se ha fallado para que seamos líderes europeos en paro juvenil y colistas en porcentajes de graduados en formación profesional? Esta iniciativa pretende
advertir sobre la necesidad de reestructurar la formación profesional, de modo que los alumnos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior realicen una formación simultánea en los centros educativos y en las empresas. El modelo de
formación profesional dual, aplicado con éxito en varios países de nuestro entorno, tiene evidentes ventajas. La primera y más importante es la oportunidad que se le da al alumno de tomar contacto con el mundo real del trabajo en una empresa, y que
al mismo tiempo se esté formando en un centro docente, en un centro educativo. El trabajo en el aula y en la empresa es totalmente complementario porque los problemas que se le presentan en el trabajo el alumno tendrá que aprender a solucionarlos a
través del aprendizaje en el centro escolar.
No obstante, implantar el modelo de formación profesional dual no es tarea sencilla. Nos encontramos con una serie de problemas que vamos a enumerar muy someramente como aportación a este diagnóstico y análisis de viabilidad que esta
proposición no de ley contempla. El primer obstáculo es que haya empresas capaces de afrontar los problemas que se producen como consecuencia de los distintos convenios. Un grupo formativo de formación profesional tiene un mínimo de 20 alumnos y
no todas las empresas pueden absorber semejante capacidad formativa. En segundo lugar, la duración de tres años puede ser, y de hecho lo es, un plazo demasiado largo para la empresa y también para los alumnos. En tercer lugar, la crisis económica
que padecemos es un hándicap añadido tanto para las empresas como para la Administración. Para las primeras porque en algunos casos es posible que no puedan ofrecer remuneraciones a los alumnos y para las segundas porque la dotación de nuevos
equipos y máquinas supone un gran esfuerzo económico para la Administración. Por último nos encontramos -y quiero citarlo concretamente- con un problema añadido de carácter estructural que es preciso acometer con rápidas soluciones en el futuro
inmediato. Me refiero al problema de la formación y actualización de los profesores de formación profesional en sus respectivas especialidades porque corren el riesgo de ser los primeros inadaptados al mundo innovador de las empresas. En cualquier
caso, estamos de acuerdo con la propuesta general de esta PNL, pero al diagnóstico, al estudio de viabilidad y al impulso de la nueva dualidad de formación profesional nosotros añadiríamos la necesidad de que se apoye este modelo de formación en las
comunidades autónomas con instrumentos de financiación mediante programas de cooperación territorial a través de convenios con la respectiva comunidad autónoma, convenios que también deberían contemplar todo lo concerniente al perfeccionamiento del
profesorado de formación profesional, que es absolutamente imprescindible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez Sostres.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, disculpen mi asfixia pero Iberia debe tener algo en contra de nosotros. En relación con esta proposición no de ley querría señalar, en primer lugar, que en nuestra opinión debería tener una fundamentación un poquito más elaborada
porque es lo suficientemente genérica como para que podamos estar de acuerdo en algunas cuestiones que son claras y que comparte todo
el mundo. Es decir, la formación es un instrumento esencial desde el punto de vista personal, desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista de la cualificación para poder estar en una mejor situación desde el punto de vista de
la empleabilidad.
La formación profesional en concreto es un valor estratégico que en buena medida puede servir para adaptar los currículums y la formación a las exigencias de un mercado laboral nuevo, una nueva economía sustentada esencialmente en el valor
del conocimiento. Entendemos que para esto sea así es esencial impulsar el prestigio de la formación profesional. Resulta insólita la escasa cantidad de alumnos y alumnas que optan por la vía de la formación profesional. Se aportan unos datos en
la PNL, pero yo le tengo que decir que en Canarias la cosa es más cruda aún. Es decir, de 340.000 matriculados y matriculadas en centros públicos este año, la cifra de alumnos y alumnas para la formación profesional es de 28.000, una cifra
absolutamente ridícula. Por tanto, estamos de acuerdo en que lo esencial es incrementar la oferta, una oferta cualificada que estimule la demanda para la formación profesional, y que además esto se haga prestando atención especial a la adaptación a
las necesidades reales del mercado laboral en el Estado español.
No sé si la proposición no de ley, tal y como está planteada, va a tener la oportunidad de prosperar -discúlpenme porque no sé quién es la persona que ha defendido la iniciativa por parte del Grupo Popular-, pero sí quiero decirles que
después de conocer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y la noticia adicional de 10.000 millones de euros menos para educación y sanidad estoy empezando a pensar que a ver si tenemos suerte y garantizamos lo que hay. Sinceramente creo
que esta proposición no de ley no tendrá ningún sentido si se mantiene la actual política altamente restrictiva de los presupuestos para formación y servicios públicos en general. En cualquier caso, me gustaría decir en el poco tiempo que me queda
que la enmienda del Partido Nacionalista Vasco añade un elemento de precisión que sin duda compartimos. Nuestro voto dependerá de cómo acepte el grupo proponente esa transacción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Lo primero que me gustaría señalar sobre la propuesta que nos trae el Partido Popular es que para apoyarla hay un problema, y es que es contradictoria. Ustedes piden en su proposición dos cosas: la primera es que se haga un estudio sobre
si es viable y cuáles serían las condiciones para un modelo de formación profesional dual y la segunda es que se impulse una formación profesional dual. No acabo de comprender para qué se pide un estudio, una nueva comisión de expertos, cuando ya
se sabe que en cualquier caso la conclusión debería ser un sistema de formación profesional dual.
Debo decirles que en principio nosotros no tenemos ninguna objeción al término de formación profesional dual -nos parece un modelo a discutir-; lo que no nos parece serio, y he de decírselo así, es que el Partido Popular y el Gobierno no
nos hayan traído todavía un proyecto sobre qué clase de formación profesional quieren, porque sobre esa base sí podríamos discutir, ponernos de acuerdo, enmendar, etcétera, y llegar a una conclusión sobre qué hacemos con la formación profesional,
que todos -quitando a algunos nostálgicos- estamos de acuerdo en que necesita urgentemente una reforma y en profundidad. No comprendo que todavía se nos siga diciendo que se tiene que hacer una investigación, un estudio de viabilidad sobre cómo
debería ser, etcétera.
En segundo lugar, también me gustaría decirles que en la exposición de motivos ustedes insisten demasiado en la vinculación de la formación profesional con el empleo que, siendo cierta y siendo verdad que el objetivo de la formación
profesional es integrar a profesionales en el mercado laboral, forma parte del sistema educativo, y echo de menos una reflexión en ese sentido. Mientras la formación profesional no sea una vía educativa, parte del sistema de educación, con el mismo
prestigio, reconocimiento y calidad que el bachillerato, seguirá siendo un sistema desprestigiado, seguirá siendo vista como un aparcadero para alumnos con problemas o con fracaso escolar. Esto es así y solamente lo podremos resolver cuando veamos
la formación profesional y el bachillerato como un todo o, mejor todavía, la formación primaria, la secundaria, tanto en el bachillerato como en formación profesional, como un todo coherente y con todo un sistema integrado para que sus objetivos
sean claros y para que haya vasos comunicantes, de tal modo que no se entienda -como hoy en día se entiende- que la formación profesional es una vía B para los que fracasan en la enseñanza que realmente importa.
Ustedes mismos exponen una serie de datos muy reveladores -es cierto-, muy significativos. ¿Por qué en España hay muchos menos estudiantes de formación profesional y graduados en FP que en otros países europeos y en cambio tenemos más
licenciados? Tenemos un problema serio de mentalidad. En España la gente sigue concibiendo la educación como un sistema de promoción social y no de formación de profesionales o de educación de ciudadanos autónomos y, mientras esto no cambie, no
vamos a ser capaces de conseguir que a los catorce o a los quince años, a la edad que sea -ya saben que nosotros proponemos e insistiremos en que debería ser a los catorce; por cierto, echo también en falta una planificación de ese tipo de
cuestiones en las que seguiremos empantanados hasta que no se resuelvan, y el otro día trajimos una propuesta en ese sentido que todos ustedes rechazaron-, los programas de cualificación profesional inicial, la entrada a la formación profesional,
no sea una vía estigmatizada para los chicos y chicas con problemas de fracaso escolar y que incluso se les pida un informe psicológico especial.
Por lo tanto, lo que les decimos es que nos traigan ustedes, por favor, un modelo de qué clase de formación profesional quieren, y lo discutimos. Traigan, por favor, una formación profesional que forme parte del sistema educativo, que no
solamente confíe en un tejido empresarial que además en España -seamos serios- no se puede hacer cargo de la investigación más desarrollo ni de la formación profesional. Son dos campos estratégicos de los que se tiene que hacer cargo el Estado, la
inversión pública, porque nuestro tejido empresarial -por desgracia- no puede asumir la formación y ni siquiera es capaz de contratar a los jóvenes con el nivel suficiente de cualificación profesional. De manera que dejémonos de pensar que basta
con desearlo para vivir en Baviera o en Austria, vamos a asumir el país en que estamos, y entendamos que o el Estado se hace cargo de la formación profesional y la concibe como una parte del sistema educativo, o seguiremos teniendo muchos más
licenciados en derecho que fontaneros. Y eso será una rémora para el desarrollo económico del país y desde luego para el cambio de modelo productivo.
Por todo eso y porque esperamos que de verdad ustedes nos traigan ese modelo, en esta ocasión nos abstendremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, hemos de reconocerle al Grupo Parlamentario Popular que, como el personaje del cuento, cogen una linde y, aunque la misma se acabe, ellos continúan. No he encontrado otra expresión para definir el empeño
que tienen en continuar con una política de reformas educativas sin argumentos sólidos que la justifiquen, y no será porque desde mi grupo no hayamos insistido en que se nos dieran. La única respuesta que nos deja entrever lo que ustedes pretenden
con esta reforma nos la ha dado el Ministerio de Hacienda, recorte en el gasto de educación en nada menos que un 21,2%, y por supuesto ayer el señor presidente al anunciar 10.000 millones de euros de recortes en sanidad y educación, 3.000 solo para
educación. Eso sí es una realidad, el resto, incluida esta proposición no de ley que hoy nos traen, no es más que pura palabrería que no tiene como objetivo mejorar las cifras de paro de nuestros jóvenes ni por supuesto reducir el abandono temprano
de los mismos del sistema educativo. ¿Que a ustedes les gusta el modelo alemán? No hay más que verlo, lo mismo que a la señora Merkel le gusta que ustedes cumplan con lo que ella considera debe hacerse. ¿O tengo que decir que manda que debe
hacerse? Que esas medidas sean positivas para los intereses de este país y de sus ciudadanos y ciudadanas o que la ciudadanía haya mostrado públicamente su repulsa en todo el país, eso a ustedes ni les preocupa, ni les importa. Como les decía,
ustedes por la linde.
Nosotros presentamos el pasado Pleno una moción con propuestas concretas; ustedes traen una iniciativa que no dice nada. Nosotros claros; ustedes confusos. Ustedes hablan generalidades, y los presupuestos reflejan una bajada del 28,8% en
secundaria, bachillerato, formación profesional y escuela de idiomas, así como la práctica eliminación de todo el dinero que se daba a las comunidades autónomas para poner en marcha la recién creada plataforma de formación profesional a distancia,
que pretendía entre otras cosas facilitar la reincorporación al sistema de personas que se pusieron a trabajar con poca formación. Confusos, porque lo que ustedes pretenden y no dicen es que las empresas sean, en función de la coyuntura y de sus
intereses, las que oferten la formación y por tanto influirán decisivamente en la determinación de los currículums, con lo cual la formación profesional pasará progresivamente a depender de las mismas, orientando al alumnado en un entorno laboral
determinado, tendiendo a abandonar el actual carácter formativo mucho más global. Señorías, cuando la compuerta para la entrada en un sistema dual como el que pretenden se abra, ya no serán el Estado, ni las comunidades, ni las escuelas públicas
quienes lo hagan, serán las empresas, en función, claro está, de las plazas que oferten. ¿Y qué empresas tendrían en nuestro país la posibilidad de ofertar y pagar este contrato de aprendizaje? Solo las grandes empresas; serían ellas y en función
de los vaivenes del mercado las que acapararían titulaciones, mano de obra barata y además, con su reforma laboral, nulos derechos laborales.
En todo este tiempo hemos tenido la oportunidad de escuchar lo que seguramente se entenderá como un discurso políticamente correcto: hay que buscar salida a la crisis ganando en competitividad sobre la base de un nuevo modelo productivo
orientado hacia sectores de alto valor añadido, que exigen más formación, cualificación en el marco de una sociedad del conocimiento y la información, bla, bla, bla. Pues bien, ese precioso discurso, que la gente normal entiende más bien poco, ha
quedado sepultado porque no hay impulso, sino reducción o desmantelamiento de las pocas infraestructuras de investigación. No hay nuevo modelo productivo, sino cierre de empresas y recesión, con la consiguiente pérdida masiva de empleos en todos
los sectores y en todos los niveles de cualificación. En mi grupo, La Izquierda Plural, estamos más convencidos cada día que pasa de que lo que ustedes pretenden es acabar con el actual sistema público educativo e implantar otro modelo que estará
en manos de la iniciativa privada. Sostendremos con recursos públicos, eso sí, con el dinero de todos nosotros, a empresas privadas, sin que por el contrario podamos controlar cómo y de qué manera se gastan nuestro dinero. Nos están llevando
ustedes, señorías del Partido Popular -y con esto termino-, a la
pérdida de derechos que nos han costado mucho conseguir a los trabajadores y trabajadoras; posiblemente, señorías, porque ustedes jamás lucharon por ellos, y además nos mienten de forma descarada al pretender disfrazarlo de modernidad
cuando lo que están haciendo es situarnos de nuevo en el siglo XIX. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor presidente, señorías, hablaremos de formación profesional reglada y de formación profesional dual.
Presentan una proposición no de ley repleta de frases manidas y muy escuchadas, pero no aportan efectivamente -ya se lo han dicho aquí- nada para mejorar la formación profesional del sistema educativo porque no tiene tanto que mejorar comos
ustedes dicen. Y es que yo creo que ustedes no la conocen. Le voy a comentar algunos datos que usted presenta en su proposición y que ahora ha aumentado en su exposición. Es verdad que tenemos una tasa de paro juvenil mucho más alta que el resto
de la Unión Europea, claro que sí, pero eso no lo pueden achacar al funcionamiento de la formación profesional, eso lo tienen que achacar a la estructura del sistema productivo que tenemos. ¿Se acuerdan ustedes? La construcción. Cuando cayó toda
esa construcción que ustedes alimentaron, se han venido abajo los puestos de trabajo. Es el sistema productivo -y no la formación profesional- el culpable de eso, porque la formación profesional del sistema reglado es la que tiene la tasa de
inserción más alta, con diferencia, de todos los sistemas de formación y el reconocimiento del sector empresarial a esta formación profesional es altísimo, hay estudios en todos las comunidades autónomas, pídanlos a las suyas para que no duden. Hay
un reconocimiento del sector empresarial altísimo y una inserción laboral como en ninguna.
La formación profesional ya no es una alternativa que piden los alumnos cuando no pueden acceder a la universidad. No, ya es de primer nivel. Para matricularse en algunos ciclos formativos de grado superior se requiere más nota media que
para cualquier carrera universitaria. Así está establecido y ustedes deberían saberlo. Los niveles de inserción y la calidad y la implicación del profesorado de formación profesional han hecho que el reconocimiento social de la formación
profesional esté en su sitio. Ese discurso que usted ha hecho le serviría para los años noventa. Parece que usted no ha conocido la evolución que ha tenido la formación profesional, y algo han hecho ustedes también, es verdad, así que no la tiren
por tierra. Deben analizar los datos en su conjunto y no dar las pinceladas que han dado. Le diré una cosa y a lo mejor la aprende hoy. Cuando presentan los datos de Finlandia, de Francia o de Alemania sobre matriculación en formación
profesional, tienen que saber que esos países consideran formación profesional lo que para nosotros son ingenierías técnicas. Eso seguramente no lo sabía usted y por eso dan ese dato. En formación profesional superior cumplimos con la media de la
Unión Europea; no la cumplimos en grado medio, y ahí se tienen que esforzar. El mapa de la formación profesional que se presentó en septiembre de 2011 indica que hay que crear 200.000 nuevas plazas de grado medio en los próximos cuatro años. ¿Por
qué se produce eso? Porque había inflexibilidad para pasar del grado medio al superior. Por eso se ha introducido esa flexibilidad y los alumnos ahora irán más al grado medio. Así que aplíquense a cumplirlo y creen esas plazas.
En nuestro país hay experiencias de formación en alternancia, como le han explicado ya, mejores que la formación dual, pero ustedes siempre recurren al sistema dual alemán porque todo lo alemán lo convertimos ahora en un paradigma de buen
funcionamiento. Y no, en Alemania la dual funciona mal, y yo la he conocido directamente allí, y como responsable de formación profesional en Andalucía he recibido a muchos responsables de formación profesional. Estudie la formación profesional en
Andalucía, que se va a sorprender. ¿Conocen ustedes en profundidad el sistema dual? ¿Saben ustedes que el sistema dual se aplica solo al 60% de la formación profesional y sobre todo a la industrial, y sobre todo en grandes empresas, en un país
donde el 35% del PIB es del sector industrial? ¿Cómo lo van a hacer aquí? ¿Saben ustedes que el 75% del coste de la formación dual lo asumen las empresas? ¿Le van a contar ustedes eso a la CEOE o le van a dar dinero? Alemania tiene actualmente
un amplio debate para mejorar su formación profesional dual porque sabe que adolece de grandes defectos. Por ejemplo, son los alumnos los responsables de buscarse empresas para hacer su formación y, si no la encuentran, se quedan en la calle. Eso
les preocupa a los alemanes. Además les preocupa que su formación profesional produce perfiles muy cerrados, porque preparan a los alumnos solo para una empresa determinada y no les dan la posibilidad de desarrollar su profesión con perspectivas
más amplias. Por eso es tan importante que en la formación profesional jueguen un papel fundamental las competencias básicas, las técnicas por supuesto y las transversales. Eso los alemanes lo saben y lo están analizando para cambiarlo. Así que
no copie usted ese sistema.
Termino ya porque parece que se me ha acabado el tiempo, pero le diré una cosa. Toda esa formación en alternancia y todos esos programas a la carta los permite la legislación que tenemos actualmente. Si ustedes quieren mejorar la
formación, inviertan en ella y no recorten tantísimo dinero en educación. Siéntense con el Ministerio de Empleo y dígannos qué modelo de integración van a querer. Siéntense y preocúpense. A lo mejor desde Educación es mejor, porque desde Empleo,
con el recorte que les ha dado la ministra a las políticas de formación profesional, no creo que sean una prioridad para ella. Igual se las pasan a Educación. Dígannos ese modelo. Termino ya. Dediquen tiempo...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Termino. Dedíquenle tiempo a conocer el sistema en profundidad, que no lo conocen, porque ustedes, como decía Machado, desprecian cuanto ignoran.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Moneo, tiene la palabra a efectos de conocer si acepta o rechaza las enmiendas propuestas.
La señora MONEO DÍEZ: Señor presidente, hemos logrado una enmienda transaccional con los Grupos del Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió que le haremos llegar a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DEL IMPUESTO SOBRE LAS GRANDES FORTUNAS. (Número de expediente 162/000258).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impuesto sobre las grandes fortunas. Tiene la palabra la señora Rodríguez-Piñero.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, los socialistas somos muy conscientes de la gravedad y de la complejidad de la situación de la economía española, afectada por la crisis financiera global más extraordinaria, por su complejidad y su magnitud, que
se conoce. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). La verdad es que hemos gobernado con ella durante la pasada legislatura y lo hicimos con el compromiso de cumplir dos objetivos: uno, que no fuéramos intervenidos, y,
dos, que la crisis no pusiera en peligro la cohesión social ni los pilares del Estado del bienestar. Podemos decir que lo hemos conseguido. Espero que cuando finalice esta legislatura podamos decir lo mismo de este Gobierno. Por ahora, en solo
100 días han quebrado las expectativas de muchos ciudadanos que confiaron en el presidente del Gobierno cuando les decía que con su llegada al poder se generaría confianza, se recuperaría la inversión y se crearía empleo. También le creyeron cuando
el presidente del Gobierno -hoy, no entonces- les prometía que bajaría los impuestos, que no abarataría el despido y que no recortaría la sanidad ni la educación pública; todo lo contrario de lo que ha hecho este Gobierno. La verdad es que tienen
un récord; este Gobierno ha conseguido indignar a la vez a los ciudadanos y a los mercados. A los ciudadanos, que se manifiestan en la calle por sus injustos recortes y que hacen una huelga general por su contrarreforma laboral, pero también a los
mercados, que día a día penalizan las ocurrencias, las improvisaciones de este Gobierno, su falta de propuestas sostenidas, sensatas y realistas, y lo ponen de manifiesto desgraciadamente -y digo desgraciadamente- poniendo las tensiones en nuestra
deuda pública y vemos cómo sigue sin parar de subir nuestra prima de riesgo. La verdad, señorías, es que nunca un gobierno había perdido tanta credibilidad en tan poco tiempo. Esto nos preocupa enormemente porque sus errores los pagaremos muy
caros todos los ciudadanos, ya que lo que está en peligro, lo que está en juego es nada más y nada menos que nuestro país.
Señorías, este Gobierno ha generado desconfianza retrasando la presentación de los presupuestos con fines exclusivamente electorales, a pesar de la insistencia de Bruselas en que los presentaran ya. Han generado desconfianza porque
anunciaron un objetivo de déficit que no habían acordado con Bruselas, que les obligó a aumentarlo. Si hubieran gestionado bien y negociado bien hubieran conseguido un mejor resultado. Y también han generado desconfianza trayendo a esta Cámara
unos presupuestos que acentuarán y prolongarán la recesión. Los socialistas creemos que el ajuste es necesario, pero al ritmo adecuado, posible, creíble y compatible con el crecimiento. Solo con ajustes no salimos de la crisis, eso es lo que están
pensando nuestros acreedores, es lo que están descontando los mercados, que saben perfectamente que sin crecimiento no se pagan las deudas. La salida de la crisis no puede realizarse apoyándose en un deterioro de la sanidad, de la educación y de
los servicios sociales porque un país con una peor educación, con una peor sanidad pública y con peores servicios públicos nunca será un país mejor. Tampoco saldremos de la crisis invirtiendo menos en investigación, en innovación, en
infraestructuras productivas, en el apoyo a la internacionalización de nuestras empresas. La verdad es que recortar todo aquello que nos hace ser más competitivos no es un ahorro, sencillamente es una importante pérdida de ingresos en el futuro y
también de nuestro bienestar. Por tanto, los socialistas defendemos que es posible salir de la crisis de otra forma; no es cierto que la política del Gobierno sea la única posible. Están utilizando la crisis para hacer las reformas que les
gustan, que, por cierto, son muy injustas e ineficientes porque no aumentan nuestro potencial de crecimiento, ya que bajar los impuestos al sector inmobiliario y cargarse la Ley de Dependencia no es ser austeros, es ser injustos e ineficientes. Y
recortar el triple que en defensa la inversión en educación no es hacer un ajuste presupuestario, es un ajuste de cuentas a los jóvenes y a nuestro futuro. La verdad es que ustedes defienden un Estado débil, con unos servicios públicos mínimos y
una reforma fiscal injusta, ineficiente y además muy poco creíble. Es injusta porque la subida del IRPF que han aprobado recae mayoritariamente sobre las rentas del trabajo y las clases medias y mucho menos sobre las rentas del capital. Además lo
hacen a la vez que aprueban una amnistía fiscal a las grandes fortunas defraudadoras y penalizan a los contribuyentes que cumplimos
con nuestras obligaciones tributarias. Sinceramente, me pregunto si habrán tenido en cuenta hoy, cuando se inicia la campaña sobre la renta, cómo van a soportar los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, pensando que pagan más
que a los que han regalado la amnistía fiscal, a los grandes contribuyentes. (Aplausos). Además es ineficiente, porque suben el IRPF a los que tienen más propensión al consumo, así que van a penalizar y hacer que se contraiga más la demanda y se
acentúe la recesión. Su planteamiento fiscal tiene un carácter coyuntural, no estructural, y lo que necesitamos es una base fiscal sólida, capaz de hacer frente a las necesidades de hoy y de mañana. Los mercados, con la subida de impuestos que
plantean para dos años, lo que se están preguntando es cómo se van a devolver las deudas dentro de dos años, si no son capaces de presentar una estrategia de crecimiento ni negociar adecuadamente con Bruselas una revisión del calendario. Por tanto,
los mercados nos están diciendo que no confían en sus políticas y que no se creen lo que hacen; no es creíble. Aumentan la desconfianza y, la verdad, ha resultado patética la nota de prensa que ustedes tuvieron que sacar ayer a toda prisa para
intentar calmar a los mercados, sabiendo que hoy, cuando abrieran, podría haber el riesgo que desgraciadamente se ha producido, y tenemos la prima de riesgo por encima ya de los 430 puntos. También quiero decirles, señorías, que ajustar 10.000
millones en educación y sanidad no es un recorte más.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez-Piñero, tiene que finalizar, ha acabado su tiempo.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Termino enseguida.
Por eso, defendemos que es posible otra alternativa con una reforma fiscal que permita generar capacidad suficiente, que reparta justamente los costes de las crisis y que grave a los más tienen. Por eso proponemos que el Gobierno presente
en un plazo de tres meses un nuevo impuesto para las grandes fortunas; un impuesto que esté en línea con lo que ya ha aprobado Francia y con lo que ha anunciado el Reino Unido; un impuesto con el que pretendemos y defendemos que la capacidad
normativa corresponda al Estado, para que garanticemos la equidad en todo el territorio español, que grave la capacidad de la riqueza, independientemente de dónde esté invertida y de cómo esté invertida, para evitar la elusión de la tributación a
las Sicav...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez-Piñero, lo siento, pero ha finalizado su tiempo. Tiene treinta segundos.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Termino enseguida.
Les pido que tengan en cuenta la propuesta que hace el Grupo Socialista. Le digo al Grupo Popular, que sustenta al Gobierno, que tienen la ocasión hoy de hacer un impuesto para las grandes fortunas o de pasar a la historia como el partido
que penalizó a las clases medias y amnistió a los grandes defraudadores de este país. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Lo siento, señora Rodríguez-Piñero, acabó su tiempo.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el inicio de la crisis el BNG y otras fuerzas políticas de esta Cámara propusimos un camino distinto al de los recortes, una reforma fiscal integral, orientada a incrementar los recursos públicos y a distribuir con mayor
equidad la carga fiscal. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Entre las medidas que propusimos se encontraba el establecimiento de un impuesto sobre las grandes fortunas. Después de haber tenido la sensación
durante todo este tiempo de predicar en el desierto, nos congratulamos de que ahora el Grupo Socialista asuma propuestas que rechazó cuando estaba en el Gobierno. En el Estado español el gasto social por habitante apenas representa el 74 % del de
los Estados de nuestro entorno. Mientras esto ocurre, la recaudación impositiva en el Estado español apenas representa el 34 % del PIB, 10 puntos menos que en la Europa de los quince; una recaudación impositiva que además descansa,
fundamentalmente, en las clases medias y bajas y en particular en las rentas del trabajo. Algunos estudios cifran el impacto en la recaudación pública de la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas en
más de 42.000 millones de euros al año. Simplemente, si se consiguiese reducir el fraude fiscal a la media europea se ingresarían 25.000 millones de euros más. Esto, señorías, es lo que hay que corregir en vez de apostar por amnistías fiscales.
Por tanto, compartimos la necesidad de establecer este impuesto, pero discrepamos que se reserve al Estado central la capacidad normativa y que tan solo se ceda a las comunidades autónomas el 50% del rendimiento del tributo. Señores del grupo
proponente, este impuesto sustituiría al actual sobre el patrimonio, cuyo rendimiento está cedido íntegramente a las comunidades autónomas. Con la formulación que ustedes hacen, se estaría restringiendo la financiación de las comunidades autónomas
cuando son ellas precisamente las responsables de gestionar gran parte del gasto social y además el Gobierno central pretende imponerles un ajuste brutal que amenaza el mantenimiento de servicios públicos básicos. Por esta razón, señorías, estando
de acuerdo...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Jorquera, tiene que finalizar su intervención.
El señor JORQUERA CASELAS: Ya concluyo.
Estando de acuerdo con el establecimiento de este impuesto, les pido que consideren la enmienda que hemos presentado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, desde que comenzó la crisis las grandes fortunas no solo son más sino que son todavía más ricas. Las personas más ricas del mundo ven crecer así sus fortunas un 10%
cada año. A este dato hay que sumarle en el caso del Estado español no solo que las rentas del capital pagan menos que las rentas el trabajo sino también que las grandes fortunas son las que más impuestos evaden. Según los propios técnicos del
Ministerio de Hacienda -es decir, esto no nos lo inventamos-, más del 70% de la evasión fiscal la cometen las grandes fortunas y las grandes empresas, y además lo hacen con la complicidad activa y pasiva del Gobierno español, que ya en plena crisis
decidió que alrededor del 40% de los inspectores de Hacienda que se dedicaban a investigar a las grandes fortunas se centraran únicamente en asalariados, en autónomos y en pequeñas y medianas empresas. Así, no es de extrañar que mientras que
aumenta la pobreza, los recortes sociales y la precariedad laboral lo haga paralelamente la riqueza y la venta de artículos de lujo. Estamos, pues, de acuerdo no solo en imponer un impuesto sobre grandes fortunas sino en que la especulación pague
los mismos impuestos que las rentas del trabajo y que exista un mayor control sobre la evasión fiscal de las grandes fortunas; pero no nos quedaremos aquí. Además, queremos que no haya excepciones a ese control, como la opacidad de una Casa Real
que, según la revista Forbes, acumula una fortuna de cerca de 1.800 millones de euros; lo que no explicita Forbes -ni el Gobierno español tampoco- es si alguna parte de estos están en paraísos fiscales.
Mi formación lleva tiempo reclamando la sustitución del actual diseño del impuesto sobre el patrimonio para transformarlo en un impuesto sobre las grandes fortunas, mejorando así la justicia, la equidad y la progresividad del sistema fiscal.
Señora Rodríguez, les anuncio -y acabo- que vamos a votar a favor de esta proposición no de ley en caso de que ustedes nos acepten una enmienda. Esquerra Republicana comparte su filosofía, no hay duda -lo hemos tenido siempre claro-, pero no
podemos aceptar de ninguna manera que solo...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Jordà tiene que finalizar su intervención.
La señora JORDÀ I ROURA: Acabo, señora presidenta.
... el 50% del rendimiento del tributo se ceda a las comunidades autónomas. Exigimos la integridad de la recaudación. Nos sobran razones y -ya ve- nos falta tiempo -la presidenta no me da más tiempo-, pero déjenme solo que les dé una
imperiosa razón vestida de dos argumentos, el histórico déficit fiscal y la responsabilidad de la mayoría de competencias transferidas a las comunidades autónomas. Las competencias en sanidad, educación y servicios sociales -por poner un ejemplo-,
gracias a la política neoliberal y recentralizadora del Partido Popular y del seguidismo de Convergència i Unió, se ven cada vez más debilitadas y perjudicadas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, desde Amaiur hemos defendido repetidamente que, frente al concepto de estabilidad presupuestaria, los presupuestos públicos deben asentarse sobre el concepto de sostenibilidad -sostenibilidad económica, sostenibilidad
medioambiental y, sobre todo, sostenibilidad social- con un único objetivo claro: el reforzamiento del Estado del bienestar. Desde este planteamiento, hemos sido muy críticos con las medidas impulsadas por este Gobierno con el objetivo de dar
respuesta a la crisis. La respuesta puede ser dada desde la perspectiva y el interés de la banca y de las grandes fortunas y corporaciones -lo que se ha dado en llamar los mercados-, o bien desde la perspectiva y el interés de las gentes de la
calle, de las gentes trabajadoras y de las gentes que viven de su trabajo como autónomas o en pequeñas y medianas empresas. Desde Amaiur queremos dar respuesta a la crisis desde esta segunda perspectiva, desde la defensa de los intereses y derechos
de todas estas gentes trabajadoras.
Efectivamente, hay que revisar y actuar sobre el gasto; sobre todo sobre esas competencias no asumidas en el caso de los territorios vascos que no queremos que existan, que financiamos a través del cupo y que deseamos dejar de financiar,
como son el ejército o la Casa Real. Pero sobre todo hay que actuar sobre el capítulo de ingresos, máxime cuando, como ha señalado recientemente el informe Foessa de Cáritas, el 22% de los hogares del Estado español están bajo el umbral de la
pobreza y cerca de 600.000 familias carecen de ingreso monetario alguno. La tasa de pobreza en el Estado español solo es superada dentro de la Unión Europea por Rumania y Letonia. Hablábamos en otra ocasión de que España va camino de ser un Estado
fallido desde el punto de vista económico; desde el punto de vista social, con la orientación de las políticas de este Gobierno, es ya un Estado fallido. Con este panorama es de justicia social que la solidaridad sea una obligación legal. Desde
esta perspectiva, vemos positiva la propuesta
del Grupo Socialista, porque va en la línea que señalábamos hace muy poco desde esta misma tribuna: abordar el fraude legal y hacer imposible que, a través de procesos de ingeniería fiscal, dejen de tributar las grandes fortunas...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Larreina, tiene que finalizar su intervención.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Acabo ahora mismo, señora presidenta.
... sobre todo aquellas que se refugian en el ámbito de las sociedades patrimoniales y la Sicav. Ahora bien, el sentido de nuestro voto -con esto acabo- va a depender de que asuman nuestra enmienda, que solo pretende que se reconozca y
respete el ámbito de soberanía fiscal que el territorio de Euskal Herria tiene reconocido en el actual ordenamiento jurídico-político vigente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Realmente la propuesta de un impuesto sobre las grandes fortunas es tan interesante que he echado en falta que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista le dedique en su intervención más tiempo a explicar el porqué de este impuesto, sin
que sea la mera conclusión de que -según he entendido, y la he escuchado atentamente- hoy tenemos la necesidad de poner en marcha este impuesto porque el Gobierno socialista lo hizo muy bien y el Gobierno popular lo está haciendo muy mal. Es tan
importante para nosotros este impuesto que Unión Progreso y Democracia lo llevaba en su programa electoral escrito prácticamente como aquí se ha expresado. Creemos efectivamente que hay que reformar el impuesto sobre patrimonio para convertirlo en
un tributo que grave las grandes fortunas, que elimine los numerosos mecanismos que hoy permiten la elusión fiscal y que además fije unos máximos y unos mínimos en los rasgos básicos del impuesto en toda España. Hasta ahí nuestra coincidencia, que,
como sabe la portavoz del Grupo Socialista, en la materia que debiera de ser el fondo de la cuestión, es grande.
En España hace mucho tiempo, señora Rodríguez-Piñero, que necesitamos de una profunda reforma fiscal, de una reforma fiscal global, justa y progresiva. No está nuestro país para eslóganes; no sé si nos hemos dado cuenta de cuál es la
situación en la que estamos. Los últimos datos del informe Foessa de febrero de este mismo año muestran hasta qué punto ha fracasado esa política de ocurrencias fiscales que usted mencionaba como una política que había que denostar pero que, por
cierto, ha sido practicada por el Gobierno que ha antecedido al que en este momento existe con un gran desparpajo. Lo digo porque lo ha mencionado usted porque, si no, no tenía intención de entrar en estos detalles. Si nos ponemos de acuerdo sobre
el estado de la situación y de por qué hemos llegado a él a lo mejor somos capaces entre todos de resolver el problema.
La tasa de pobreza, señora Rodríguez-Piñero, ha alcanzado en España casi el 22% en este momento. Eso es consecuencia de la política de muchos años, no es consecuencia de los tres meses del último Gobierno; es consecuencia de muchas cosas
pero también de la política que se ha hecho en estos años. Las diferencias, señora Rodríguez-Piñero, son considerables dentro del territorio nacional, del territorio español. Me interesa llamar la atención sobre esta cuestión, sobre todo porque
usted ha citado un concepto que para mí es muy importante, la cohesión; la cohesión no entre territorios sino entre ciudadanos a la hora de poder reivindicar y hacer efectivos sus derechos en condiciones de igualdad. Las diferencias en España son
muy grandes entre los ciudadanos en función del territorio en el que viven, y además se han ido acrecentando en los últimos años; no han sido grandes siempre, se han ido acrecentando en los últimos años. A modo de ejemplo, en el año 2010
Extremadura superaba a Navarra en más de 30 puntos porcentuales, la una el 38,7% y Navarra -la mejor- el 7,3%; por cierto, en la primera de ellas gobernaba el Partido Socialista. Lo digo porque usted ha dedicado demasiado tiempo a querer echar la
culpa al otro, y aquí no estamos para culpas, porque de esta crisis salimos juntos. No hay una solución de derechas y otra de izquierdas, hay una solución nacional; hay propuestas de derechas y propuestas de izquierdas, pero en la situación en la
que estamos hay una solución democrática y nacional que requiere del consenso, del acuerdo y del diagnóstico común, según mi punto de vista. En unas de las comunidades autónomas gobernaba el Partido Socialista hasta hace unos meses, en Extremadura,
y en la otra, en Navarra, que es la que tiene la mayor renta per cápita, ustedes siguen manteniendo que haya un privilegio fiscal y que determinadas normas de las que se aplican con generalidad al conjunto de los ciudadanos, como los impuestos, como
el crecimiento del impuesto sobre la renta en el último decreto de diciembre del año pasado, ni en Navarra ni en el País Vasco se apliquen. Por tanto, sobre mantener la cohesión, como ejercicio fundamental del Gobierno que usted ha citado al inicio
de su intervención, que no nos intervengan y que se mantenga la cohesión, el resultado no ha sido ese, y usted lo sabe bien. No nos han intervenido, no nos intervinieron formalmente en la legislatura pasada pero, desde luego, la ruptura de la
cohesión. Le voy a dar más datos, la renta media por persona ha caído en España entre 2007 y 2010 el 9%; repito, eso se ha producido entre 2007 y 2010. El acceso a la vivienda, que es otro elemento importante, en España es un ejemplo de
retroceso; en 2010 se multiplicó por cuatro el número de desahucios del año 2007. Todo eso ocurría en España mientras las empresas que componen el Ibex crecían en beneficios en un 28% respecto
del año anterior, en el año 2010. Sí se ha producido una ruptura de la cohesión y de la igualdad en España.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Díez, tiene que finalizar su intervención.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidenta.
Sí ha habido ruptura de la cohesión y de la igualdad, sí se han producido medidas injustas que han tenido además consecuencias muy injustas. Algunas eran injustas desde el primer momento, como los 400 euros o el cheque bebé, que era un
cheque que cobrara la asistenta del señor Botín y el señor Botín -no él, que ya no está en edad, pero usted ya me entiende. Perdón, lo mismo está en edad; retiro lo dicho. Ya me entienden-. Es decir, algunas decisiones eran injustas per se y
otras han tenido consecuencias injustas. Eso se ha producido, ha sido muy negativo y nos ha dado las cifras que hoy tenemos.
Voy a lo concreto, a lo que ustedes nos plantean. Les hemos presentado tres enmiendas. La señora Rodríguez-Piñero no lo ha comentado aquí pero me ha dicho que iba a aceptar dos de ellas. Esta propuesta de impuesto sobre grandes fortunas,
como he dicho al principio, se corresponde con una propuesta que Unión Progreso y Democracia lleva en su programa electoral, por tanto nos parece una propuesta bien traída aunque no bien explicada. Habrá que poner en marcha un nuevo impuesto dentro
de una reforma fiscal profunda, pero habrá que hacerlo no porque ustedes lo hayan hecho muy bien...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Díez, ha agotado su tiempo.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... y los de ahora lo hagan muy mal, sino porque la situación de España requiere una profunda reforma fiscal, que requiere un impuesto de estas características.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha planteado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley presentada y defendida por la diputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, del Grupo Socialista, al
impuesto sobre las grandes fortunas. Cuando leímos el título de esta proposición no de ley la música nos sonó bien. Estamos en unos momentos tremendamente delicados, la situación económica europea y, básicamente, la española no pasa por sus
mejores momentos y todo lo que pueda suponer una contribución de las rentas del trabajo, de las rentas del capital, de las rentas de los grandes patrimonios al erario público nos parece una buena solución. Partimos de la base, señorías, de que en
la anterior legislatura, conjuntamente con el Grupo Socialista, fuimos de aquellos grupos parlamentarios que abogamos por la supresión del impuesto sobre el patrimonio porque eran otra situaciones económicas, otros momentos económicos y siempre
habíamos defendido que la figura del impuesto sobre el patrimonio de épocas anteriores, sumado al impuesto sobre la renta de las personas físicas, era confiscatorio. Ahora hemos cambiado de opinión, dadas las circunstancias económicas; a pesar de
que la música global de esta proposición no de ley nos suena bien, hay algunos aspectos importantes que no podemos compartir, por ejemplo, que todos aquellos mecanismos que se refieren a la capacidad normativa de esta nueva figura que ustedes
quieren implementar estén en manos del Estado y solo el 50% vaya a las comunidades autónomas, cuando ustedes saben perfectamente que las competencias de la nueva figura del impuesto sobre el patrimonio reestablecida hace aproximadamente un año están
traspasadas a las comunidades autónomas. Este es un aspecto difícil de asumir por nuestro grupo parlamentario, por eso hemos planteado una enmienda, que es la que llevamos en nuestro programa electoral, y es que no lo definimos como impuesto sobre
grandes fortunas, porque nos parece un poco electoral y hasta cierto punto elitista, sino como impuesto solidario temporal sobre los grandes patrimonios, para evitar situación de inequidad. Les daré un ejemplo, señorías, muy significativo y
sorprendente, al que quizá nadie podría dar una explicación.
Hoy en España hay patrimonios de más de 25 millones de euros que en el impuesto sobre la renta de las personas físicas declaran solo ingresos de menos de 40.000 euros. Esto es lo que hemos de atacar. Son datos que me han facilitado
inspectores de Hacienda. No se puede explicar que con un patrimonio de 25 millones de euros se declare unos ingresos en el impuesto sobre la renta de personas físicas por menos de 40.000. Por lo tanto, hemos planteado este impuesto solidario
temporal sobre grandes patrimonios para evitar situaciones de inequidad, y va en la dirección de garantizar que quienes tengan un gran patrimonio con rentas bajas también tributen por este nuevo impuesto. Por ello, proponemos incorporar una medida
correctora consistente en la imputación de una renta presunta en función del importe del patrimonio, pero no para que pague sobre la renta sino que pague en función del patrimonio. Ustedes saben perfectamente que renta más patrimonio no puede
superar el listón del 60%, y con esta renta presunta sobre la renta no sobrepasaríamos este 60%; pero esta renta de 40.000 euros, que solo puede tributar como máximo 24.000 euros, seguramente tributaria muchísimo más. Este impuesto, a nuestro
entender, debería incentivar la movilización de los patrimonios ociosos para destinarlos a la inversión y a la creación de empleo, aplicando el criterio de renta presunta a efectos de límite, a la vez que mejoraría también la
efectividad de la tributación. Así quienes tengan grandes patrimonios que actualmente no tributan por ser improductivos también deberían tributar por las rentas presuntas. Por este motivo, dado que hemos presentado esta enmienda con
carácter de sustitución, si el Grupo Socialista nos la aceptara, votaríamos favorablemente; en caso contrario no podríamos apoyar su propuesta.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Vasco PNV, el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señores del Grupo Socialista, compartimos la filosofía que plantean en la exposición de motivos cuando se refieren a la necesidad de una revisión general del sistema fiscal con el fin de financiar el Estado del
bienestar y la inversión productiva; un sistema fiscal que ha de ser, según se explicita en la iniciativa, progresivo, redistributivo y que genere recursos suficientes para prestar y sostener los servicios públicos fundamentales. Estamos de
acuerdo en esto, como me imagino que pueden estar de acuerdo la mayoría de los grupos de esta Cámara. Son principios comúnmente aceptados sobre los que no debe haber excesiva controversia. Dicho esto, la proposición no de ley no plantea una
revisión en profundidad del sistema, sino que propone crear un nuevo impuesto, el de las grandes fortunas. Además, este impuesto no es un impuesto añadido sino que sustituirá al actual impuesto sobre el patrimonio. La duda que nos asalta es si,
efectivamente, será un impuesto más progresivo y más justo que al que pretende sustituir y si la recaudación que se consiga con ese tributo será o no mayor que la que se recauda actualmente por el impuesto sobre el patrimonio. La progresividad, la
equidad y la justicia redistributiva son importantes, pero la recaudación también lo es. En este sentido, no se avanza en mayores concreciones que puedan disipar nuestras dudas, por eso lo planteamos desde el Grupo vasco.
En la exposición de motivos se critica también la subida del IRPF decidida por el Gobierno del PP, por entender que supone una elevación de la tributación de las rentas de trabajo. Reconocerán, señores del Grupo Socialista, que la subida
del IRPF practicada lo es, fundamentalmente, a las rentas muy elevadas y que la medida ha incorporado equidad y progresividad al IRPF. En la parte sustantiva de la proposición no de ley, en la que se insta al Gobierno a abordar una serie de medidas
al respecto, tenemos algunas dudas y algunos reparos. En primer lugar, en el punto 2 se señala que la capacidad normativa corresponderá al Estado y que gravará la capacidad económica derivada de la riqueza. Tengo la impresión de que el Grupo
Socialista olvida la realidad de las haciendas del Estado. Actualmente, la capacidad normativa del impuesto sobre el patrimonio está en manos de las juntas generales de los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como el Parlamento
de la Comunidad Foral de Navarra. Lo lógico es que la capacidad del impuesto que lo sustituya también esté en las mismas manos. Si se crea un nuevo impuesto, este deberá además, en virtud del Concierto Económico, ser concertado en el ámbito foral.
Por otra parte, si el rendimiento del actual impuesto sobre el patrimonio es íntegro de las comunidades autónomas, no entendemos que del tributo nuevo, el de las grandes fortunas, tan solo se ceda el 50% a las comunidades autónomas. Nos parece
adecuado que se planteen mínimos exentos y se trate de evitar las vías de elusión fiscal, sociedades mercantiles y paraísos fiscales. Consideramos que es un tema debatible y que es oportuno tratarlo, pero a nuestro juicio esta iniciativa debería
estar más madura y trabajada para evitar los problemas que acabo de plantear. Queremos darle al Grupo Socialista un margen de maniobra con nuestra abstención, que es además la postura habitual del Grupo Vasco cuando se tratan temas fiscales cuya
competencia está en manos de los territorios históricos del País Vasco como es el caso.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ante esta propuesta tendríamos mucho que decir y tengo que decir que no subo a esta tribuna especialmente contenta ni orgullosa ni autocomplaciente, sino más bien con preocupación. En primer lugar, nos gustaría darle la bienvenida
desde nuestro grupo parlamentario a la fiscalidad progresiva o a lo mejor les deberíamos decir bienvenidos a casa. Claro que compartimos su propuesta y lo saben sobradamente, sobre todo porque nos pasamos los últimos años exigiéndoles exactamente
esto, antes y después de la crisis económica. Les pedíamos esto exactamente, lo que hoy nos vienen a traer. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Les vamos a ahorrar el bochorno de recordarles todas las iniciativas que en la legislatura anterior les propusimos ante este tema, y hasta el final de la legislatura continuaron votando en contra, hasta solo hace seis meses. Podríamos decir
aquello de que más vale tarde que nunca, si no fuera porque hoy sus votos, los nuestros y los de la gente que ha subido a esta tribuna a decir que estarían a favor no son suficientes. La verdad es que subimos con pena y también con indignación,
señora diputada, por ese legado que han dejado en materia fiscal. Durante esos ocho años contribuyeron también a perder hasta 28.000 millones de euros con rebajas fiscales -sumadas a las que hizo el Gobierno del Partido Popular-, con su lema de que
bajar impuestos es de izquierdas. Han hecho daño a la conciencia fiscal del
país y han dañado también la cultura de la solidaridad. Y eso solo por no dar la batalla a la derecha, por no plantar cara al neoliberalismo económico desde el Gobierno -que es desde donde se puede hacer y donde se tienen más instrumentos-,
con su estrategia de ahora me cargo el impuesto sobre patrimonio y lo recupero en el tiempo de descuento y en campaña electoral, pero solo temporalmente, no vaya a ser que vayamos a molestar a algunos, cuando precisamente es un impuesto que se debe
mantener por su carácter redistributivo. Ante la recuperación parcial y temporal que ustedes proponían, nosotros les poníamos encima de la mesa el impuesto sobre la riqueza con carácter permanente y que gravara la posesión de bienes a partir de un
millón de euros. Mi compañero Joan Herrera ya les advertía en 2008 que la desaparición del impuesto sobre patrimonio suponía renunciar a 1.800 millones de euros anuales. El impuesto sobre patrimonio o este sobre la riqueza es una pieza clave en el
sistema fiscal, es un tributo complementario al impuesto sobre la renta, precisamente para que no recaiga todo el peso del sistema sobre las rentas del trabajo. Esa es la finalidad de este tributo.
Se nos decía también por las bancadas socialistas que agobiaba a las clases medias cuando precisamente es un tributo donde la mayor parte de la recaudación, hasta el 61% de la misma, solo la soportaban el 6,5 de los declarantes, es decir,
los que llamaríamos ricos. Ustedes continuaron bajando impuestos y eliminaron el impuesto sobre patrimonio con otro argumento realmente alarmante que decía que, total, como los ricos ya no tributan, se debía suprimir ese impuesto. Ese sí que es un
argumento alarmante y un argumento trampa, porque lo que planteaban entonces es la amnistía fiscal. Como el Estado es incapaz de hacerles pagar a los ricos, ustedes entonces suprimían el impuesto sobre patrimonio y eso es lo que decían desde este
Congreso. Esa amnistía fiscal me suena a algo. En lugar de abordar el enorme problema del fraude, ustedes rebajan los impuestos. Ese tipo de argumentos iniciados ya en el Gobierno Aznar con su reforma fiscal y continuados por Solbes son los que
nos han alejado de los principios de equidad, justicia y progresividad de nuestro sistema fiscal y de lo que fija la propia Constitución. Esas reformas fiscales han provocado un aumento de las diferencias sociales y están poniendo hoy en cuestión
los servicios públicos.
Nuestra baja presión fiscal va íntimamente ligada a nuestra ya raquítica inversión en educación y en sanidad. Cuando el Gobierno anuncia otro recorte obsceno sobre los servicios básicos es importante plantear alternativas y estamos de
acuerdo, el impuesto sobre grandes fortunas es una de esas alternativas, pero también les decimos, señores del Partido Socialista, como también se lo decimos a los señores de Convergència i Unió, que la fiscalidad no es algo coyuntural. Les
hablábamos durante todo este tiempo de que no podían acumularse esas deducciones excesivas sobre grandes empresas o les hablábamos de las Sicav. Sobre todo, un sistema fiscal necesita estabilidad y solidez para que actúe de forma anticíclica, para
que corrija desequilibrios. La estabilidad y la solidez necesitan de coherencia política, de principios y valores coherentes, cuando se crece y cuando no se crece.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, ha finalizado su tiempo. Vaya terminando.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Termino, señora presidenta.
Se necesita tener la convicción de que para mejorar la cohesión social de nuestro país es imprescindible obtener ingresos públicos y de que quien más puede más tiene que pagar, aunque a algunos sectores de nuestro país les moleste. Se
necesita de convicción y de coherencia. El Estado del bienestar requiere voluntad política, redistribución y equidad, también cuando se está en el Gobierno, y no es algo coyuntural. Por tanto, daremos apoyo a esta propuesta y mejor todavía si
incluye las enmiendas de Esquerra Republicana, teniendo en cuenta que sustituyen un impuesto cuyos recursos eran de las comunidades autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, lo siento, ha terminado su tiempo.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Daremos apoyo, como hemos hecho siempre desde Iniciativa per Catalunya Verds, desde Izquierda Unida, desde La Chunta, como siempre hemos defendido la fiscalidad justa y... (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, lo siento pero ha superado mucho su tiempo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar quería recordar que nuestra Constitución establece que todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos sobre la base de la capacidad económica y bajo los principios de progresividad e
igualdad. Es decir, parto de la idea de que la progresividad y la igualdad en el impuesto en nuestro sistema tributario no se pone en duda por ninguno de los grupos de esta Cámara.
Tengo que decir a continuación que el Grupo Popular va a votar que no a la proposición presentada hoy por el Grupo Socialista y lo va a hacer basándose precisamente en los mismos argumentos por los que se suprimió en 2008 el impuesto sobre
el patrimonio. ¿Qué se argumentó en el preámbulo de la ley en 2008? Se argumentó que el impuesto había perdido la capacidad para alcanzar los objetivos para los cuales había sido diseñado. ¿Y por qué había perdido la capacidad para alcanzar esos
objetivos? Se señalan dos motivos: los cambios en el entorno
internacional y los cambios introducidos en la legislación del propio impuesto, motivos ambos a los que me voy a referir. Quiero añadir que cuando se reestablece el impuesto en septiembre de 2011, el decreto-ley correspondiente recoge
expresamente que el impuesto se había suprimido porque había perdido su capacidad redistributiva debido a que gravaba exclusiva o principalmente a patrimonios medios.
¿Cuáles son los motivos por los cuales se reestablece de nuevo el impuesto sobre el patrimonio? Se aducen dos: el primero obtener recursos de forma inmediata para paliar las necesidades de gasto público y el segundo hacer tributar más a
los que más tienen. Respecto al primero, debo decir que la capacidad recaudatoria de este impuesto es limitada. Para ello tendremos que recordar que los últimos datos disponibles de la Administración tributaria, esto es, del año 2007, permiten
hacer unos cálculos de aproximadamente 1.700 millones de recaudación previsible con el restablecimiento del impuesto. Si comparamos esta cifra con la cantidad obtenida o manejada de fondos públicos como consecuencia de los fondos no declarados en
la campaña de 2010 en el Banco HSBC, banca privada suiza -que fue de 30.000 millones de euros-, podemos comparar en un lado y otro lo que se recauda en el impuesto sobre el patrimonio y cuál es la cantidad de fondos que tenemos fuera de España en
estos momentos.
Esto me lleva a recapitular de nuevo sobre los dos motivos por los cuales fue suprimido el impuesto sobre el patrimonio: porque carecía de carácter redistributivo y porque recaía exclusivamente sobre patrimonios medios. Se hicieron dos
modificaciones del impuesto. Una de ellas, la más importante, fue introducida precisamente por el grupo proponente. ¿Y en qué consistió? En dejar exentas la nuda propiedad, el pleno dominio y el usufructo de todas las participaciones en entidades
que coticen o no en Bolsa siempre que se posea más del 5% de forma individual o el 20% a través de un grupo familiar. A partir de este momento dejaron de tributar en el impuesto sobre el patrimonio los grupos familiares, las sociedades holding y
todas las participaciones relevantes. A partir de este momento el impuesto sobre el patrimonio dejó de importarles a las grandes fortunas porque no les afectaba.
¿Qué es lo que ocurre con la otra parte del capital que pretendemos gravar? Ocurre que sería estupendo poder gravar la renta mundial de un contribuyente. Sería extraordinario. Se habla por el grupo proponente de establecer previsiones
normativas que eviten la elusión del impuesto mediante paraísos fiscales. Yo no me voy a referir a paraísos fiscales ni tampoco a países incluidos en las llamadas listas grises. Me voy a referir exclusivamente a lo que pasa en Europa. ¿Tenemos
información sobre los capitales que tiene un ciudadano europeo, un residente de un Estado miembro de Europa en otro Estado miembro? No, no la tenemos. ¿Y esto ha preocupado a la Unión Europea? Sí, le ha preocupado. En 2003 se dictó una
directiva, la Directiva sobre la Fiscalidad del Ahorro, precisamente para proporcionar el intercambio automático de información entre los Estados miembros. Pero, ¿qué ocurre? Que todavía estamos en un periodo transitorio, que existen países como
Austria y Luxemburgo que someten a retención liberatoria y no dan la información sobre los fondos de capitales que pueda tener un residente en España en estos países. Tampoco dan esa información, porque permiten el sistema de retención limitada en
origen, otros territorios, otros terceros países europeos como Suiza...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Vaya terminando.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: En definitiva, mostramos nuestra negativa a la imposición sobre grandes fortunas, porque no se trata de decir que vamos a gravar a las grandes fortunas y que luego no podamos hacerlo efectivo. El Partido Popular
sí ha introducido gravámenes sobre los que más tienen, los ha introducido con la reforma del impuesto sobre sociedades, los grandes contribuyentes, homologando la tributación, el tipo efectivo de gravamen de estos grandes contribuyentes al de las
pequeñas y medianas empresas, limitando la deducción de gastos financieros, no permitiendo la deducción de gastos financieros en los grandes grupos de sociedades, porque la tributación efectiva de los grupos de sociedades venía a alcanzar una media
del 9,5%, cuando la tributación de las rentas del trabajo es la que es. El Partido Popular también ha elevado el gravamen a las rentas más altas, ha introducido un nuevo tramo en el IRPF a partir de 300.000 euros, ha incrementado las rentas del
capital (2, 4 y 6 puntos), ha incrementado la tributación por el impuesto sobre bienes inmuebles en un 10, 6 y 4%...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Asian, tiene que terminar.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Termino diciendo que imposición sobre los que más tienen lo exige la Constitución, el Partido Popular así lo sostiene y el Gobierno de España lo está llevando ante una profunda y sosegada reforma de nuestro sistema
tributario en el cual los grandes contribuyentes, después de cinco años de sucesivas devaluaciones de la tributación y bajadas de su recaudación, van a tener un tipo efectivo de gravamen que se aproxime a los de las rentas del trabajo y a los de la
pequeña y mediana empresa. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.
Señora Rodríguez-Piñero, tiene la palabra para manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Rechazamos todas las enmiendas, excepto las referidas
al apartado 2, puntos b) y d), de UPyD. Es una enmienda técnica porque ha habido un error en la transcripción de una palabra y estamos de acuerdo. Todas las demás enmiendas están rechazadas, incluso la dirigida al apartado 2, punto c) de
UPyD también.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo, señora Rodríguez-Piñero.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LAS PREVISIONES DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS, ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A LA POSIBLE AMPLIACIÓN DE LAS CONCESIONES A FÁBRICAS QUE CADUCAN EN 2018 Y A LA SITUACIÓN DE
ILEGALIDAD DE NUMEROSOS NÚCLEOS SINGULARES-HISTÓRICOS AFECTADOS POR LA APLICACIÓN DE DICHA LEY. (Número de expediente 173/000015).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos pues al siguiente punto del orden del día, que son las mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la del Grupo Parlamentario Mixto sobre
las previsiones de modificación de la Ley de Costas, especialmente en lo referente a la posible ampliación de las concesiones a fábricas que caducan en el año 2018 y a la situación de ilegalidad de numerosos núcleos singulares-históricos afectados
por la aplicación de dicha ley. Por dicho grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
La razón por la que presentamos la interpelación al ministro de Medio Ambiente es porque nos preocupan los criterios que puede utilizar o tener el Gobierno para hacer esta modificación de la Ley de Costas. Por un lado, en su momento, el
Gobierno, y en concreto el Partido Popular en campaña electoral, anunció que modificaría la Ley de Costas para resolver los problemas de los núcleos rurales que, siendo urbanos, estaban afectados por la Ley de Costas, pero evidentemente, según fue
pasando el tiempo, comprobábamos que el Partido Popular estaba pensando en una modificación de la ley que abriera otras posibilidades, más allá de corregir los errores que esta ley pudiera tener. Y digo errores porque esos problemas que afectan a
muchos núcleos de población en toda la costa del Estado pero concretamente en Galicia son consecuencia de negligencias administrativas, en este caso de las administraciones locales, que en el momento de las alegaciones correspondientes a la Ley
22/1988 no hicieron, como se podría decir, los deberes adecuadamente. También hay núcleos a los que, siendo urbanos, con características urbanas en zona rural, afecta la Ley de Costas, de manera que en estos momentos están ante una ilegalidad
claramente como consecuencia de esta ley. En este sentido nosotros podemos entender positiva una modificación en la ley que resuelva estos problemas, pero la ambigüedad, no solo de lo que públicamente está diciendo el Gobierno sino de las
respuestas del ministro en la contestación a nuestra interpelación, evidentemente sigue haciendo que estemos preocupados por lo que pueda suponer esa modificación. De hecho, en la tarde de hoy estamos tratando de negociar una transacción a nuestra
propuesta de moción y no hay posibilidades de que lleguemos a un acuerdo en la concreción de algunas cuestiones.
Señorías, estamos completamente de acuerdo, como digo, en que se hagan esas modificaciones que resuelvan definitivamente la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran diferentes núcleos, pero también somos conscientes, porque
así lo han demostrado los debates que hemos tenido en esta Cámara durante muchos años, de que la resolución a esos problemas puede venir dentro del mismo marco de la ley actual, negociando no solamente con los ayuntamientos sino con aquellas
personas afectadas por esta cuestión. Planteamos efectivamente que, resolviendo definitivamente la situación, se evite en la modificación de la Ley de Costas cualquier aspecto que sea permisivo con actuaciones especulativas o de degradación de la
costa, porque evidentemente no se puede abrir la Ley de Costas a ese continuo salvajismo de especulación urbanística que se estuvo dando en muchas zonas del litoral.
Señorías, una de las cuestiones que a nuestro grupo le parece fundamental resolver en la tarde de hoy en nuestra moción es lo relacionado con la finalización de las concesiones administrativas en la costa del país, concretamente en Galicia,
y de manera específica la situación de ENCE-Elnosa en la ría de Pontevedra. Lo que solicitamos en nuestra moción es que se garantice el cumplimiento de la Ley de Costas del año 1988 y concretamente lo que se dice en el artículo 66.2, donde se habla
de que las concesiones administrativas no tendrán una duración mayor de treinta años, concesiones que después la Orden ministerial de julio de 1999 cifra que finalizarán en julio de 2018.
El hecho de que el ministro haya dicho, en respuesta a nuestra interpelación en este hemiciclo, que estaban estudiando la posibilidad de ampliar a más de treinta años esas concesiones y que en el día de ayer en el Senado haya manifestado que
se van a ampliar en la Ley de Costas estas concesiones más allá de los treinta años es lo que hace que para nuestro grupo sea fundamental que se aclare la situación y que no se realice ninguna modificación en la Ley de Costas que pueda ser
perjudicial para el desarrollo sostenible y la regeneración y recuperación del litoral.
Señorías, nos parece fundamental que no se amplíe ninguna concesión a industrias o actividades de tipo contaminante. Que se garantice que en 2018 empresas
contaminantes como ENCE-Elnosa en la ría de Pontevedra finalicen la concesión que en este momento tienen para el Bloque Nacionalista Galego es cuestión inexcusable para cualquier acuerdo o posición que nuestro grupo pueda tener en esa Ley de
Costas que nos anuncia el Gobierno que quiere modificar. Es así porque no entendemos cómo el Grupo Popular hoy nos presenta una enmienda en la que se escuda en el mismo argumento en el que se escudaba el ministro, en un asunto judicial que tiene
que ver con un recurso ante el Tribunal Supremo que tiene origen en la solicitud de ENCE en febrero de 2004 para que se le autorizara la ejecución del proyecto de recuperación de terrenos y, por tanto, la ocupación de lo que se conoce como la
marisma de Lourizán, es decir, más degradación medioambiental en esta zona de la ría de Pontevedra. No podemos entender que el Grupo Popular, para no poder votar favorablemente a lo que nosotros exponemos en nuestra moción, se escude en un asunto
que no tiene nada que ver con el hecho de que en el año 2018 la concesión de ENCE, de acuerdo con la Ley de Costas en vigor, tiene que finalizar. Nos preocupa además porque nos encontramos no solamente con estos anuncios del Gobierno, sino también
con que desde la Xunta de Galicia, en la propuesta que hace del Plan de áreas empresariales, no se contempla el traslado de ENCE-Elnosa. Nos encontramos igualmente con que responsables de la empresa advierten que para que se vayan de la ría de
Pontevedra tendrá que ser la Administración quien lo diga: tendrá que decir la Administración que nos vayamos, dicen estos responsables de ENCE-Elnosa. Tanto lo relacionado con la propuesta del Plan de áreas de la Xunta como con las declaraciones
de los responsables de ENCE son noticias de este primer trimestre del año 2012, concretamente febrero de este año. Por tanto, para nosotros es una condición inexcusable que hoy nos pronunciemos a favor de una moción en los términos que presentamos.
Para finalizar, señora presidenta, quiero manifestar mi agradecimiento a los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández Davila, tiene que finalizar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Las comparto, pero no puedo aceptarlas, porque tendría que hacer una transacción y, por lo que hemos hablado esta tarde, esta no sería posible. Por tanto, voy a poner a votación la moción en sus propios
términos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos, en primer lugar y por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Lara Carbó.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció que la modificación de la Ley de Costas iba a ser un objetivo prioritario de su departamento, desde distintos ámbitos se ha venido reiterando de forma
demagógica -y se refleja también en un punto de la moción que hoy debatimos- el temor a actuaciones especulativas y desmanes urbanísticos en el litoral español, temor que curiosamente no se manifestaba cuando se iban poniendo los ladrillos del
macrohotel en la playa del Algarrobico, al que luego me referiré, y temor que carece de fundamento, ya que la reforma de la Ley de Costas tiene como objetivo la protección del litoral y el impulso de su desarrollo sostenible. Produce singularmente
sonrojo, señorías, escuchar las expresiones citadas anteriormente a representantes del principal partido de la oposición, artífice de una de las mayores transgresiones en el litoral español. Me refiero al edificio construido en la playa del
Algarrobico, en el municipio de Carboneras, con alcalde socialista, con el beneplácito de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, y bajo la atenta mirada del Gobierno de la nación, apoyado entonces por el Partido Socialista.
Permítanme, señorías, en este contexto, enumerar algunos de los objetivos de la reforma anunciada de la Ley de Costas de 1988. De un lado, la protección del litoral y su desarrollo sostenible, compatible con la realización de actividades
económicas y la creación de empleo. De otro, resolver los problemas importantes generados respecto a situaciones existentes con anterioridad a 1988 y no debidamente resueltos por la vigente ley. En tercer lugar, fortalecer la seguridad jurídica de
los concesionarios, lo que favorecerá la actividad productiva. Finalmente, terminar con la aplicación injusta y arbitraria -arbitraria, señorías- de la normativa de costas, algo demasiado usual en los últimos años del Gobierno socialista.
No compartimos, señora Fernández Davila, el punto de la moción al que me he referido, ya que parte de un prejuicio, de que la reforma que está elaborando el Gobierno podría propiciar dichas actuaciones especulativas. Tampoco compartimos los
apartados en los que proponen que se mantenga en todas las concesiones administrativas el plazo máximo actual de treinta años, ya que uno de los aspectos centrales que se está estudiando en el proceso de reforma de la Ley de Costas es fijar plazos
concesionales máximos superiores, teniendo en cuenta las características de los aprovechamientos y tomando como referente los plazos de ocupación de otras leyes como la Ley de Aguas y la Ley de patrimonio de las administraciones públicas. Tampoco
apoyaremos, señorías, el apartado en el que proponen que se realicen las actuaciones administrativas precisas para garantizar la finalización de la concesión de ENCE-Elnosa en julio de 2018, ya que la situación de ENCE está pendiente de
pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo.
No obstante, señora Fernández Davila, compartimos la finalidad de algunas de sus propuestas y por ello hemos presentado una enmienda que consta de tres puntos. El primero insta al Gobierno a proteger el litoral en la anunciada modificación
de la Ley de Costas y a propiciar en él un desarrollo sostenible que compatibilice la protección del litoral con la realización de actividades económicas y la creación de empleo; creación de empleo de especial importancia en este momento, señorías,
con más de 5 millones de parados en nuestro país, consecuencia de la nefasta gestión del anterior Gobierno socialista.
El segundo punto de nuestra enmienda insta al Gobierno, en línea con lo expuesto por el grupo autor de la interpelación, a abordar la situación en que se encuentran los núcleos rurales preexistentes asentados en el litoral gallego, provocada
por la Ley de Costas de 1988, situación extensiva por supuesto a problemas similares en todo el litoral español.
El tercer punto de la enmienda del Grupo Popular insta al Gobierno a ejecutar las resoluciones judiciales firmes que se dicten o se produzcan respecto a la empresa ENCE-Elnosa y a adoptar las medidas necesarias para hacerlas efectivas,
dentro del ámbito de competencias de la Administración General del Estado. Como bien conocen sus señorías, la situación actual de ENCE está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado
el 29 de diciembre de 2011. No obstante, señorías, no les quepa a ustedes ninguna duda de que en la modificación de la Ley de Costas, en el proceso que se va a abrir, se tendrá en cuenta el asunto de ENCE en colaboración con las administraciones
competentes y con las partes que hayan intervenido hasta ahora.
Termino, señorías, diciendo que la modificación de la Ley de Costas va a ser prioritaria para el Gobierno y va a serlo para proteger los derechos legítimos de los propietarios de viviendas que poseen pequeñas parcelas que no tienen impacto
negativo sobre el medio ambiente costero, para corregir las rigideces e ineficacias que se han originado y para garantizar mejor la protección del dominio público marítimo-terrestre. Para todo ello, señorías, el Gobierno contará con el apoyo del
Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De Lara Carbó.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.
Señorías, este es el primer debate sobre la Ley de Costas que llega al Pleno -ya tuvimos oportunidad en la Comisión de empezar a hablar de ella-. Creemos que es importante anticiparnos al debate que plantea el Gobierno y esta moción es un
instrumento útil para plantear no solo casuísticas concretas, ciertos conflictos en puntos de nuestra geografía, sino también para empezar a hablar en serio de nuestro modelo de desarrollo, que es lo que hay de fondo en la modificación de la ley.
El ministro Cañete empezó la legislatura colocando la espada de Damocles a nuestro litoral, fijando la modificación de la Ley de Costas como una condición sine qua non para el progreso. Y no lo planteaba desde un análisis global de la
situación de nuestro litoral, el ministro no planteaba modificar la ley para ampliar las garantías o para que esta fuera más eficaz, sino para eliminar su propio objetivo si era necesario. Lo que deberíamos ver a estas alturas, después de tantos
años de aplicación de esta ley, desde 1988, son las auténticas ilegalidades que se han permitido. Tenemos numerosos ejemplos en la Bahía de Cádiz, en Conil, en Elche, en Benidorm, en Baleares, también en el País Vasco, en Urdaibai o Lemoiz.
Tenemos muchísimos ejemplos, porque nuestro litoral es el más degradado de Europa. Lo que hoy deberíamos preguntarnos es cómo mejoramos los instrumentos de protección, cómo aumentamos la responsabilidad de las administraciones y también cómo
resolvemos la inseguridad jurídica, pero para ello debemos ir a las causas de estos males.
¿Por qué se origina la inseguridad? Fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, porque el Gobierno no empezó a definir el dominio público hasta pasados diez años de la entrada en vigor de esta ley. En segundo lugar, por la
constante vulneración de comunidades autónomas y municipios promoviendo cambios en los usos del suelo, legislando en contra de la Ley de Costas. Eso sí que ha provocado inseguridad jurídica a propietarios, cuando los ayuntamientos y comunidades
autónomas han vendido lo que no era suyo, sino lo que era de todos. Y ahí encontramos el tercer factor de inseguridad, el principal, cuando las administraciones públicas dejan de defender el interés público en beneficio de intereses privados,
permitiendo el deterioro de nuestro patrimonio natural, de nuestros ecosistemas. No es la ley. Después de treinta años de concesiones, esto sí que era seguro; treinta años de concesión dan bastante seguridad a los concesionarios.
Nuestras enmiendas van en dos líneas. Una es la de incluir en este debate temas urgentes y de actualidad, que requieren que este Congreso se pronuncie con cierta celeridad por la gravedad y la urgencia. En este sentido, hemos presentado
una enmienda para que el Gobierno del Estado ejerza su competencia e impida un nuevo atentado ecológico en Baleares. Exigimos que actúe ante el despropósito del Gobierno balear de permitir la construcción del complejo hotelero en playa de S'Arenal
de Sa Ràpita, en Es Trenc, Mallorca. Les pedimos que defiendan la playa virgen que ahora existe. Se trata de los pocos espacios sin destruir de esta costa. Se trata de una zona de especial interés natural, como dice la propia ley autonómica,
protegida también por la Ley de Costas. Muchas personas que quieren realmente a su tierra se han puesto en pie para defender un paraje que, además
de sus dunas, sus humedales y salinas, es un hábitat de escala en la migración de las aves de África a Europa. Este Congreso debe sumarse a las voces de miles de ciudadanos, organizaciones y movimientos que quieren proteger esta playa.
Pedimos responsabilidad al Gobierno y a los grupos parlamentarios, y que actúen. También planteamos poner fin a otra monstruosidad, el hotel Algarrobico. Ahora que conocemos la sentencia, el Gobierno debe actuar para restablecer la legalidad
urbanística y recuperar el espacio protegido del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Por otro lado, presentamos enmiendas para matizar la redacción y dejar bien claro que el medio ambiente y la protección del litoral es interés público y está por encima de los intereses privados y, efectivamente, resolver la inseguridad
jurídica. El matiz es importante y por eso nos genera dudas en función de cuál sea esa transacción final. El matiz es no caer precisamente en el planteamiento de los señores del Partido Popular o en las enmiendas de Convergència i Unió, que tienen
un modelo homólogo, depredador, de considerar la naturaleza como un lastre para la economía. No podemos seguir en el siglo XXI con el discurso del siglo pasado, que el medio ambiente es incompatible con el desarrollo o con el bienestar. Al revés,
el bienestar depende de vivir de acuerdo con nuestros recursos, con las dimensiones que admite nuestro entorno. Por eso este país no necesita macrohoteles, necesita calidad e inteligencia. Hoy de lo que hablamos es de si elegimos involución,
vuelta al modelo de la especulación con lo que es de todos, o decidimos apostar por un modelo de desarrollo inteligente. Eso es lo que tienen que hacer, señores del Partido Popular, trasladarse al siglo XXI...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: ...y no regresar a ese modelo de éxito que defendía el presidente Rajoy. El modelo del señor Matas y del señor Camps se ha desmoronado, se ha carcomido por la corrupción y está claramente vinculado a ese modelo
depredador. No volvamos atrás, miremos al siglo XXI.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero señalar que mi grupo está de acuerdo con la moción presentada en los dos aspectos fundamentales en los que incide para modificar la Ley de Costas, a la que como grupo hemos añadido una tercera, una enmienda de adición, que
después explicaré. En primer lugar, por lo que se refiere a la ampliación de las concesiones que caducan en 2018, me gustaría señalar que a nuestro juicio solo debería realizarse en el caso de tratarse de empresas que cumplan rigurosamente con los
criterios medioambientales y que desde luego no puedan ser trasladados a un lugar más adecuado, ubicado bien en el mismo término municipal o en las cercanías, para impedir la pérdida de puestos de trabajo.
En segundo lugar, en lo que hace referencia a la situación de ilegalidad de núcleos históricos singulares, estimamos que un modo de preservar medioambientalmente nuestra costa es precisamente preservar estos enclaves protegiendo sus
características y su naturaleza. Se trata de una actuación realmente positiva, que protege los núcleos históricos, lo cual es sinónimo de proteger medioambientalmente todo el ámbito costero, puesto que la imposición de exigencias que preservan esa
singularidad y esas características de patrimonio histórico conduciría a un adecuado cuidado de todo el ámbito costero.
Y, en tercer lugar, haré referencia a la enmienda que hemos presentado para modificar la Ley de Costas, en cuanto a que hay un ámbito que viola los derechos fundamentales de cientos de ciudadanos, tanto españoles como europeos. No hace
referencia a criterios únicamente medioambientales, sino que viola sistemáticamente los derechos de esas personas. Algunos de esos puntos críticos a los que la Ley de Costas hace referencia cuando se utiliza son la retroactividad de esa ley, la
arbitrariedad, el que confisca algunas propiedades y no reconoce derechos legítimos de propietarios previo a la puesta en marcha de esa ley, la inseguridad jurídica que causa y la indefensión de los afectados, puesto que se trata de alguna forma de
intentar preservar una serie de ámbitos -estaríamos de acuerdo-, pero realmente, si lo único que hace es confiscar una serie de bienes para después ofrecérselos a los propietarios en concesión, no entendemos muy bien en qué protege
medioambientalmente esta medida. La protección del medio ambiente, en definitiva, no tiene que ver con esas propiedades, y haré referencia a un tema que la señora Ortiz comentaba, el de Urdaibai.
En la reserva de la biosfera de Urdaibai todo está regulado por no decir prohibido, es decir, la actuación en todo ese ámbito está perfectamente regulada y protegida. Por tanto, si ahí existe una serie de pequeños propietarios que lo único
que hacen es mantener esas propiedades en la situación que están, medioambientalmente sostenibles, no entendemos por qué en aras de proteger el medioambiente o bajo esa excusa la Ley de Costas lo único que hace es violar derechos de algunos
propietarios confiscándoles los bienes que tienen, pero no para derribar pequeñas construcciones o para otro tipo de actuaciones, sino simplemente para después volvérselas a dar en concesión.
Es una ley injusta. Simplemente, quiero comentar que en 2008 en el Parlamento Europeo se vio una propuesta de resolución que fue aceptada, en la que se solicitaba a las autoridades españolas que velasen por que ningún acto administrativo
que obligue a un ciudadano a ceder
su propiedad privada adquirida legítimamente encuentre fundamento jurídico en una ley aprobada después de la fecha de construcción de esas propiedades, perfectamente reguladas, y que desde luego es contraria a ese principio de no
retroactividad. Además, insta al Estado español a que modifique la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de esas viviendas o de aquellos que poseen una serie de pequeñas parcelas en la costa cuyo impacto
negativo en el medio ambiente costero no se observa en ningún momento. Esta es nuestra enmienda de adición referida a los núcleos históricos que quedaban en situación de inseguridad jurídica. Volveremos a analizarlo porque creemos que se violan
los derechos humanos en ese caso.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Tapia, tiene que finalizar.
La señora TAPIA OTAEGI: Sí, voy finalizando.
Así lo ha dicho una sentencia previa y así se ha visto en la propuesta de resolución europea.
Por nuestra parte, apoyaremos la moción presentada por la señora Fernández.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tapia.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Hemos propuesto para esta moción la supresión del punto tercero, que se refiere precisamente a la empresa Ence-Elnosa, no porque tengamos una opinión particular sobre esta empresa en concreto o sobre cómo se debe proceder, sino porque
consideramos que cuando se trata de una ley de interés general -como es la Ley de Costas- no deberían introducirse como cuestiones esenciales problemas de ámbito local. Si esta empresa es causa de problemas medioambientales para la aplicación de la
Ley de Costas en Galicia, en otras partes de las costas del país existen problemas relacionados con el turismo -se han citado antes en otras intervenciones- que tienen que ver con los hoteles, con el urbanismo y con el cemento en general. Cuando se
hacen las leyes, legislamos para todos; en nuestra opinión, esa debería ser la intención y el trabajo que hacemos en este Parlamento. No legislamos para una localidad en concreto ni para un problema en especial. No se pueden hacer leyes ad hoc.
Aunque esta no sea una ley ad hoc, desde nuestro punto de vista desvirtúa la moción -y siento decirlo porque compartimos el fondo de la cuestión- la introducción de una mención expresa a una empresa en particular. Si todo el mundo procediera igual,
podría no haber una mención, sino mil, dos mil o tres mil problemas derivados de la aplicación de la Ley de Costas o de su no observación.
Por eso, acabaremos absteniéndonos. Aunque estamos de acuerdo con el fondo de la moción y compartimos la preocupación del BNG de que la revisión de la Ley de Costas -con excusas ligadas a la crisis económica- sirva en realidad para
debilitarla o para introducir desarrollos que hasta ahora se consideraban incompatibles con el espíritu de la ley, nos parece que nos aparta del objetivo de esta Cámara, que es un Parlamento nacional. Insisto en que esto es para nosotros una
cuestión importante. No deberíamos traer aquí -y eso es lo que decimos- cuestiones de esta índole. Para eso están los parlamentos autonómicos, el ámbito municipal y, por supuesto, el ámbito judicial y legal. Entendemos que no comparta nuestra
idea de un Estado federal, pero no estamos dispuestos a convertir el Congreso de los Diputados en una extensión para discusiones de ámbito autonómico o local.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, después de las diversas informaciones que en sede parlamentaria, en comisión y por la prensa hemos recibido de las diferentes intervenciones del señor ministro, desde nuestro grupo parlamentario estaremos especialmente atentos a la
inminente propuesta del texto para la tan anunciada modificación de la Ley de Costas. Anticipándonos y recogiendo las reivindicaciones hechas en anteriores legislaturas, el pasado mes de febrero presentamos una proposición de ley -que esperamos que
ya conozca el Gobierno- para modificar la Ley 22/1988 en aspectos que creemos básicos para los ciudadanos injustamente afectados. Con esta moción consecuencia de la interpelación urgente del pasado Pleno, el Bloque Nacionalista Galego presenta la
problemática concreta de su territorio, pero añade textos que expresan la filosofía que creemos que debe incorporar esta reforma tan anunciada.
Desde nuestro grupo parlamentario aprovecharemos la ocasión y para ello hemos presentado una enmienda que quiere completar y poner de manifiesto más situaciones concretas que deben corregirse, en este caso ubicadas en Cataluña, y dejar
constancia también de nuestro criterio para afrontar la futura modificación de la ley. El caso concreto que hemos introducido en la enmienda hace referencia a la inseguridad jurídica que han padecido cientos de ciudadanos debido a las limitaciones
e interpretaciones cerradas de la actual ley, en particular, en la delimitación de la zona de dominio público marítimo-terrestre y a las consecuencias sufridas por la concreción del deslinde, pues en estos casos la ley atentaba contra el derecho a
la propiedad privada. Estamos hablando de resolver la situación de las llamadas
ciudades navegables, en concreto de la Marina d'Empuriabrava, de Canales y Urbanización de Santa Margarida, y también de áreas urbanas consolidadas con singularidades propias por su peculiaridad, en especial de la Playa de S'Abanell en
Blanes. Queremos resolver la situación, sobre todo por su legalidad. Estas áreas urbanas consolidadas están ubicadas en la Costa Brava. La protesta de propietarios de fincas colindantes a los canales de las marinas residenciales, en este caso en
Roses y Castelló d'Empùries, han llegado también a las instituciones europeas, sobre la base precisamente del derecho constitucional común en la Unión Europea respecto al derecho a la propiedad privada. Es la existencia de derechos legalmente
adquiridos los que han dado lugar a aprovechamientos consolidados por parte de los propietarios siempre conforme a la legislación urbanística. Hoy como enmienda y en el futuro como proposición de ley o en el trámite de modificación que inste el
Gobierno defenderemos la exclusión de los dictados de la ley de las ciudades navegables y de las áreas urbanas consolidadas con singularidades propias. Son áreas construidas de acuerdo con la legislación urbanística vigente sobre terrenos privados
y cuyos propietarios han consolidado los derechos legalmente adquiridos.
Es la imposibilidad de aplicar el régimen jurídico de la actual Ley de Costas la que nos lleva a defender su modificación para incorporar en el articulado su especial excepcionalidad y los derechos que han generado, sabiendo que cumplen el
objetivo que debe orientar, en nuestra opinión, la modificación de la Ley de Costas. ¿Qué objetivo? Por supuesto, no un modelo depredador, como nos achacan. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Ahora podrán conocer básicamente nuestro
modelo, el de mejorar la ley para compatibilizar el desarrollo económico y la seguridad en el empleo con la protección ambiental y el uso público del litoral, así como con los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en estas
zonas del litoral. Son aspectos que no ha conseguido solucionar definitivamente la actual ley y su reglamento y que, en consecuencia, aún tienen largo recorrido para conseguir su plena consecución. Para compatibilizar estos aspectos hemos de
trabajar para conseguir una ley que garantice el respeto al marco competencial -la que tenemos actualmente fue examinada por el Tribunal Constitucional a estos efectos y sufrió diversas y variadas correcciones-, una ley que reconozca la variedad y
diversidad de los kilómetros de costa que tenemos y, por tanto, que reconozca ampliamente la necesaria e imprescindible colaboración de las comunidades autónomas y de las administraciones locales para aceptar y tener en cuenta en cada caso las
características sociales, orográficas y de superficie que tiene cada territorio del litoral.
No ha sido posible la transacción de nuestras enmiendas, pero queremos dejar constancia de que las voluntades son comunes a pesar de pertenecer a litorales muy diferentes, que necesitan soluciones adaptadas a sus propias realidades, y
trabajaremos para que estas soluciones sean definitivamente eficaces.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barberá.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, con esta son varias las iniciativas y las preguntas parlamentarias que han sido registradas o tratadas ya en esta Cámara en los últimos meses relacionadas con la Ley de Costas, con su puesta en valor y con su desarrollo. Y no es
casual; responde no solo al hecho de que la preservación de nuestro patrimonio natural y costero preocupa y ocupa a los ciudadanos, sino también a que la preocupación por su deterioro aumenta cada vez que el ministro Cañete se pronuncia sobre el
tema. Sin ir más lejos, la última vez ayer en su comparecencia en el Senado y hace tan solo unas semanas en esta misma Cámara, como consecuencia de la interpelación que precede a esta moción.
Señorías, antes de entrar en los aspectos concretos de esta moción, déjenme hacer algunas consideraciones de carácter general. La ley vigente es una buena ley, que, a pesar de las dificultades que ha encontrado en su aplicación, se ha
intentado aplicar con sentido común y cuyo objetivo es garantizar la integridad física del litoral, defender su titularidad y uso público y permitir el uso privado desde un justo equilibrio. Dicho de otra manera, es una ley que defiende el
equilibrio en nuestras costas, protege sus valores naturales, el aprovechamiento racional de sus recursos y la garantía de su disfrute. Eso es precisamente lo que nos preocupa, el empeño del Gobierno en convertir la modificación de esta ley en un
contexto donde poder intervenir en la costa sin ningún límite, en pleno año 2012, cuando hemos concluido ya más del 95% del proceso de deslinde, cuando estamos pagando muy caro las consecuencias de la economía especulativa y cuando tenemos
evidencias claras, ahora sí, de las amenazas y de las consecuencias evidentes que el cambio climático acecha sobre nuestras costas.
Señorías, el Gobierno ha empezado esta legislatura por la amnistía fiscal y mucho nos tememos que el paso siguiente es la amnistía ambiental, es decir, ir modificando las leyes vigentes para que, de alguna manera, se puedan amnistiar los
comportamientos fraudulentos o legalizar aquellas situaciones de difícil justificación; en definitiva, hacer laxas las leyes que hoy preservan nuestro patrimonio natural. Y no es casual, porque da la impresión de que se quiere volver a la economía
del ladrillo, al espíritu de la Ley del Suelo, como si no hubiéramos pagado suficiente precio por ello en la repercusión de la crisis en nuestro país y el profundo desempleo en ese sector. ¿No hemos aprendido nada, señorías? ¿No hemos aprendido
que más especulación traerá más precariedad, más inseguridad y más destrucción
ambiental? Señorías del Partido Popular, me gustaría que se convencieran de verdad de que el desarrollo económico no es en absoluto incompatible con la sostenibilidad ambiental y social. Al contrario, solo un modelo económico sostenible
basado en la innovación y en la investigación, que apueste por las energías limpias, es un desarrollo de futuro, capaz de crear empleo y sacarnos fortalecidos de esta crisis. Señorías, las políticas ambientales no han destruido ni un solo empleo en
este país; la especulación urbanística, sí. Precisamente por eso debemos apostar por crear un empleo inteligente, desde la puesta en valor de nuestro patrimonio y la apuesta por una economía verde. Desde esa óptica, vamos a apoyar la moción del
Grupo Mixto, que va en la dirección de otra proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista y de los pronunciamientos unánimes de las instituciones de Galicia, para que, por un lado, se pueda solucionar de forma definitiva, improrrogable e
ineludible la situación de la ubicación de la empresa Ence en Pontevedra, dando curso inminente a un traslado a una nueva ubicación en un entorno que permita su consolidación medioambiental y urbanística sostenible y donde debemos apostar, además,
por una estrategia de desarrollo de empleo en la zona, y, por otro lado, para dar una solución concreta y definitiva que dé seguridad jurídica a la situación de algunos municipios dispersos en Galicia.
Pero, señorías, no hace falta cambiar la ley para solucionar estas situaciones. La ley contempla instrumentos para hacerlo de forma individual y equilibrada, como se ha demostrado en el proceso de deslinde, que alcanza ya más del 95% y que
debería culminarse, como se ha demostrado también en la solución de los chiringuitos y en otras situaciones análogas. Eso es precisamente lo que defendemos en nuestras enmiendas de adición. Cambiar la ley no traerá más seguridad jurídica, traerá
amnistía ambiental y desorden, y no traerá mejor turismo ni más empleo, porque el turismo de calidad y sostenido en el tiempo es el único que nos puede beneficiar. Por eso nos hemos querido pronunciar con claridad al hilo del debate de esta moción.
Haré una última reflexión, señorías. El señor ministro y los diputados del Partido Popular siempre hablan del Algarrobico, al abordar la modificación de esta ley. Eso sí, nunca hablan de Andratx, de Águilas ni tampoco de las barbaridades
que se pretenden hacer hoy en Mallorca. Si realmente quieren tener credibilidad, deben hacer algo muy sencillo: cumplir con el acuerdo que el anterior Gobierno socialista acordó con la Junta para ejecutar de forma inminente la sentencia y pagar la
parte que le corresponde.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe usted terminar.
La señora PAJÍN IRAOLA: Señores del Partido Popular, no eludan su responsabilidad y, sobre todo, hagan cumplir la ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, aunque lo ha expresado ya, pero a efectos formales, ¿acepta alguna enmienda?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: No, señor presidente, pedimos la votación tal cual presentamos la moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ LA REFORMA LABORAL EN EL EMPLEO PÚBLICO Y EN LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS. (Número de expediente 173/000016).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos.
Tiene la palabra la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.
Señorías, presentamos esta moción, consecuencia de la interpelación sobre la reforma laboral en el sector público, todavía sorprendidos por las respuestas o, mejor dicho, por las no respuestas que obtuvimos del ministro en ese debate. Por
eso, y antes de entrar en la materia de fondo, hay una cuestión que desde el Grupo Parlamentario Socialista nos parece imprescindible abordar, que es la defensa del sector público frente a una actitud irresponsable y populista que fue la mantenida
por un miembro del Gobierno de España en esta tribuna. El ministro nos dijo que los ayuntamientos son oficinas de colocación. También nos dijo que las empresas públicas son nidos de corruptelas. Y yo me pregunto ¿en qué empresas públicas estaba
pensando? ¿En Correos, en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, en el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña o el Instituto Catalán de Oncología, en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, en ADIF, en AENA? ¿A qué empresas se
refería el ministro cuando decía que eran nidos de corruptelas? También dijo que el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados, refiriéndose a los empleados públicos, por
supuesto. ¿Todos los empleados públicos que serán despedidos han sido colocados para tener los brazos cruzados? ¿Pueden hacer esta afirmación desde el Grupo Parlamentario Popular? ¿Es que nos están diciendo que todos los despedidos que haya, como
consecuencia de esta reforma laboral que presentan, son unos gandules o que han sido unos enchufados o que no están haciendo bien su trabajo? Finalmente, se refirió poniendo en duda el acceso del personal laboral al servicio de las administraciones
públicas que se haya
realizado precisamente por procedimientos objetivos fundados en los principios de igualdad, mérito y capacidad reconocidos en la Constitución.
Continuamos perplejos ante un ministro, el ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España, que atribuye solo a los funcionarios el mérito y la capacidad, y desconoce de plano el artículo 55 del Estatuto básico del empleado
público. Lo desconoce o, lo que es peor, juega a la confrontación deliberada entre trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. Me gustaría saber si el Grupo Parlamentario Popular va a tomar conciencia de lo peligroso que es
esto y de lo peligroso que es jugar con el desprestigio de lo público. Insistimos, en la defensa de esta moción, en que lo público no es malo ni sospechoso, ni debe tener esa confrontación permanente con el sector privado buscando generar
desconfianza. Lo público es esencial para la defensa del interés general, para la prestación de los servicios que una inmensa mayoría de los ciudadanos de este país necesitan. Y el personal laboral de las administraciones públicas no merece,
porque es profundamente injusto, ser denigrado por el Gobierno de España.
El segundo elemento que fundamenta esta moción es que esta reforma laboral en el sector público no creará ni un solo empleo. El propio Gobierno ha reconocido que su reforma no va a crear ni un solo empleo en el sector privado a corto plazo.
Pero yo les digo que en el sector público ni a corto ni a medio ni a largo plazo. Es una reforma con un artículo donde se prevé despidos colectivos y objetivos en las administraciones públicas y un segundo artículo donde se prohíbe la aplicación de
otros mecanismos como es la suspensión de contratos o la reducción de jornadas. Eso es todo, ni un mecanismo para la contratación, ni un instrumento de los previstos en el Estatuto básico del empleado público, ni una alusión a los principios de
derecho público, simplemente destrucción de empleo del personal laboral; un personal laboral con experiencia, con preparación y formado por la propia Administración. En definitiva, una reforma laboral en el sector público donde los ciudadanos van
a perder derechos y prestación de servicios y donde los trabajadores perderán empleo. Por eso en esta moción presentamos medidas e instrumentos alternativos al despido puro y duro, que es lo que nos propone el Partido Popular. En vez de pedir
planes de ajustes en decretos-leyes, pidan, por ejemplo, planes de necesidades que incluyan un análisis riguroso de la situación y de la dimensión de la plantilla para prestar los servicios públicos básicos. Esto permitirá adoptar medidas de
reordenación del personal y fijar con objetividad la oferta de empleo público que se requiere en cada caso. En vez de facilitar el despido, desarrollen el Estatuto básico del empleado público y los instrumentos que se prevén en él, como la
planificación de los recursos humanos, las medidas de flexibilidad interna en cada Administración, las medidas de movilidad interadministrativa, la reducción de jornada o la suspensión de contratos, si hay necesidad de llegar a este extremo. Esta
precisamente fue una de las muchas preguntas que el ministro no contestó, el porqué de la prohibición de reducir jornada o suspender un contrato temporalmente por parte de las administraciones públicas, por qué obligarlas irremediablemente al
despido.
Para concluir, con esta reforma, más los decretos-leyes de pago a los proveedores de los entes locales, cercenan las posibilidades de las administraciones públicas de buscar otras posibles salidas a la crisis que no pasen por la disminución
de los servicios públicos, por el despido del personal laboral y por el aumento de tasas y precios públicos. Es decir, no hay alternativa a tomar estas tres medidas, tres medidas que perjudican y mucho a los ciudadanos. En segundo lugar, en toda
la secuencia de propuestas normativas, como ya dije en la interpelación, hay una gran coherencia: desprestigio del sector público, estrangulamiento y asfixia de las administraciones públicas, despido de los trabajadores y privatización y
enriquecimiento de unos pocos. Lo veremos con claridad con las entidades financieras que participarán en el Fondo de pago a proveedores.
Señorías del Grupo Popular, en su programa electoral hablaban de la Administración pública como motor económico. Este era un epígrafe de su programa electoral, la Administración pública como motor económico. Ustedes, desde el Gobierno, lo
que han presentado en esta Cámara es una locomotora del despido.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Batet.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo de La Izquierda Plural comparte la orientación de la moción presentada por el Grupo Socialista. Nos parece oportuno especialmente en estos momentos promover una reivindicación del papel del sector
público a partir de la defensa de la profesionalidad de los empleados públicos y sobre todo impedir que se aproveche la crisis para imponer otro recorte drástico al empleo público a través del Real Decreto-ley 3/2012, mal llamado de reforma laboral.
Llevamos algunas décadas asistiendo a una brutal ofensiva contra el sector público, más bien contra todo lo público y lo colectivo. Para ello, sin duda, un instrumento ha sido culpabilizar a los empleados públicos con todo tipo de tópicos. Tuvimos
la oportunidad de escuchar algunos en la boca del ministro señor Montoro, que en algunos momentos parecía más un dibujante de viñetas o un humorista de un programa de televisión que un ministro hablando de algo sobre lo que tiene responsabilidades
importantes como es la Función pública. Por supuesto, en esta deslegitimación del sector público no hay nada que sea casual, no hay nada que sea gratuito; desde hace algún tiempo, desde que se inició una importante
contrarrevolución conservadora, existen dos grandes objetivos. Primero, hacer del sector público un gran negocio por la vía de la privatización y, en segundo lugar, transferir poder político desde las instituciones a los mercados, como se
está viendo con motivo de la crisis. Pero si no fuera suficiente con ello, la crisis también está llevando a algunos gestores y responsables políticos a imponer sus medidas a partir de la creación de una imagen de los empleados públicos como
privilegiados. Se ha llegado a identificar tener derechos con ser un privilegiado social. Es por eso que quienes a babor y a estribor han jugado indistintamente a ese ataque al sector público están deliberadamente ignorando o escondiendo la
realidad de nuestro país con un sector público español que, en contra de lo que se dice, es un sector débil, de los menos frondosos de la Unión Europea, con un nivel de empleo público muy por debajo de los países más desarrollados; si no, miren
ustedes Centroeuropa o los países nórdicos. No hay estadística que aguante la afirmación de que el sector público español está sobredimensionado en términos cuantitativos.
Se ignora también que este país tiene algunas de las administraciones públicas más eficientes reconocidas en el ámbito de la Unión Europea; por citar algunas, por ejemplo, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, a pesar de la
irresponsabilidad que en algunos momentos han tenido algunos de sus dirigentes políticos. Se ignora también que los empleados públicos, lejos de ser privilegiados, tienen en estos momentos una cuota de temporalidad cercana al 25% y que después de
los recortes de sus salarios en muchos de los casos tienen ingresos inferiores a 1.000 euros. Hoy, señorías, servicios públicos como la educación o la sanidad están aguantando la presión de los recortes y garantizando la calidad de esas
prestaciones gracias precisamente al esfuerzo y la profesionalidad de estos empleados públicos.
Por eso, compartimos la idea de la moción de que el Real Decreto-ley 3/2012 supone un riesgo importante para el empleo público que debe ser abortado cuanto antes mejor; si no es en esta moción, en el debate parlamentario. Suena un tanto
curioso, y aún nadie del Gobierno nos ha sabido dar respuesta, que una reforma llamada laboral que dice estar motivada para la creación de empleo, en relación con el sector público esté incentivando la rescisión del empleo y prohíba especialmente
medidas de ajuste temporales, medidas de flexibilidad, que es lo que dice amparar esa reforma laboral. Lo que el sector público español necesita no es adelgazar sino racionalizarse y sobre todo un mayor apoyo de sus gobiernos y de sus gestores. En
muchas ocasiones parece que sea el gestor público un mal padre de familia, una mala madre de familia o un mal empresario con relación a aquellos que garantizan su funcionamiento.
Por ello, nos parece importante avanzar en las ideas de racionalización, en las ideas de reordenación como un elemento que ponga el dique de contención al intento de recortar por recortar el papel del sector público y la función de los
empleados públicos. Para conseguirlo creemos que tenemos dos instrumentos a nuestro alcance: en primer lugar, jugar muy mucho el papel de la negociación colectiva entre los representantes de los empleados públicos y los gestores de ese sector y,
en segundo lugar, un estatuto del empleado público fruto de un gran consenso en la negociación que tan pronto como entró en vigor ha sido en muchas ocasiones deteriorado por los responsables políticos de cada momento. Es por ello que vamos a dar
nuestro apoyo a la moción presentada. Hemos presentado algunas enmiendas, que creo que se van a recoger parcialmente, y en ese sentido nos parece determinante resaltar lo siguiente: primero, defensa del sector público ante aquellos que pretenden
minimizar su función social...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor COSCUBIELA CONESA: Defensa de la profesionalidad de los empleados públicos, defensa de la reordenación del sector público y negativa radical a que se utilice la reforma laboral como un ataque también al sector público y a los
empleados, especialmente a los empleados con contrato laboral.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Subimos a la tribuna no solamente para manifestar la posición favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta moción sino también para manifestar nuestra opinión en relación con la intervención del ministro en la respuesta que en su día dio
a la interpelación presentada por la diputada del Grupo Socialista. Y, señorías, queremos dar nuestra opinión porque realmente nos pareció una intervención que tenía un nivel de desprecio bastante grande a un sector mayoritario de trabajadores y
trabajadoras en general, cuando el ministro quiso hacer una diferenciación clara entre la Función pública, entendida como la que llega por mérito y capacidad, y los laborales -que era a quienes realmente esto les iba a afectar-, que tenían otro
estatus que a los que se les aplicaba el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que aquí hay un estatus importante que tiene que tener un respeto por parte del Gobierno, que va a ser intocable, que es el de los funcionarios públicos de carrera,
como se los denomina, y después hay otros a los que les aplicamos el Estatuto de los Trabajadores y a los que con la reforma laboral podemos denigrar su trabajo en general, que es lo que se hace con la reforma.
Señorías, no sé si cuando hacía el ministro la defensa de ese estatus, que además él lo denomina como tal -un estatus completamente diferente, decía el ministro-, también incluía las categorías C y D, es decir, a los subalternos
de la Función pública; no sé si realmente esto también estaba incluido. Me parece importante decir esto porque si, desde nuestro punto de vista, la reforma laboral hace una manifestación impresionante -ya no sé cómo definirla- de desprecio
a los trabajadores y trabajadoras, esta intervención del ministro desde luego es así. Nosotros no estamos de acuerdo con esa política de desprestigio que desde el Gobierno del Partido Popular se está haciendo de la Función pública, y no lo estamos
en absoluto porque efectivamente somos conscientes del trabajo que los funcionarios públicos, independientemente de esa diferenciación de estatus que hacía el ministro, están haciendo en nuestra sociedad.
Otra cosa que creí entender de lo que decía el ministro es que tenemos que eliminar todas esas entidades públicas que tenemos por ahí, que sirven nada más que para corruptelas. Esto, dicho por un ministro del Partido Popular que mucho tiene
que hablar de corruptelas en las administraciones que está gobernando, es importante. Sobre todo dice que hay que acabar con todo esto porque hay que incentivar a los autónomos, es decir, tenemos que acabar con las empresas públicas que en este
momento están realizando una función en la sociedad para que ese servicio se lleve a cabo por los autónomos. No sabemos si efectivamente esta es la alternativa que tiene el Partido Popular, es decir, desvestir a un santo para vestir a otro, o, lo
que es lo mismo, vestir a un santo para desvestir a otro.
Por lo tanto, señores del Grupo Parlamentario Socialista, les anunciamos nuestro voto favorable, sobre todo para que se retire la reforma laboral, y lamentamos que el ministro no esté presente para poder conocer nuestra opinión respecto de
su interpelación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, en principio Amaiur está de acuerdo en dejar sin efecto la reforma laboral y las disposiciones segunda y tercera a las que expresamente se hace referencia, sin embargo, nuestra postura va a ser de
abstención y voy a explicar por qué.
En primer lugar, porque estamos en contra de hacer una distinción que se sigue manteniendo a estos efectos entre lo que es el personal funcionario y el laboral de las administraciones públicas, siempre que el ingreso en estas, por supuesto,
haya sido mediante pruebas selectivas basadas en criterios y principios de mérito y capacidad. Una vez superado esto, consideramos desde Amaiur que todos, ellos y ellas, son trabajadores de la Administración, funcionarios o contratados, con
igualdad de derechos, y así deben ser considerados. En segundo término, nos oponemos también a la propuesta porque se plantea la negociación de medidas que hacen referencia a la necesidad de reordenar a este personal, solo al personal laboral, y se
contemplan dentro de esta ordenación aspectos o medidas tales como flexibilidades internas, movilidades interdepartamentales, reducciones de jornada e incluso suspensiones de contratos. Estamos radicalmente en contra de lo anterior porque en la
Administración, ya se ha señalado, no sobra personal. El ratio de funcionarios por población existente en el Estado español es de 6 funcionarios por cada 100 habitantes, en Francia y en Bélgica es de 8,5 funcionarios por cada 100 habitantes y en
los países nórdicos, Suecia y otros, hasta de 12; es decir, un 50% y hasta un cien por cien más de funcionarios en países que cuentan con unos servicios públicos que funcionan pero que muy bien y en los que no sobra nadie.
Los problemas que se están discutiendo en buena medida se derivan de la constante privatización de servicios y el vaciamiento de funciones que se está dando en la Administración y, parejo a esto, del recorte de los presupuestos sociales.
Esta es la causa de los verdaderos problemas y estos son los problemas que deben abordarse y no otros, supuestamente los de personal diciendo que sobra el mismo. Además de lo anterior -y lo dice este que está en la tribuna, que ha trabajado treinta
años en la Administración-, tenemos que señalar como uno de sus principales problemas el hiperburocratismo de la misma. En la Administración de Navarra, por ejemplo, de donde yo procedo, de cada 4 funcionarios y funcionarias una persona es jefe o
director, y esto es algo que está lastrando las administraciones; esto y la política de amiguismo, de nepotismo y de enchufismo que se está practicando, hipertrofiando el funcionamiento de la Administración y haciendo que en muchos casos esto no
funcione.
Termino ya. Desde Amaiur creemos que, en contra de las medidas que se plantean por parte del Gobierno en la reforma laboral y de algunas que se siguen planteando en esta misma proposición no de ley, deben plantearse otras diferentes. En
primer lugar, la recuperación al cien por cien de los servicios públicos privatizados en estos últimos años con este Gobierno y con el anterior; en segundo lugar, la potenciación general del sector público y de todos sus presupuestos; en tercer
lugar, el saneamiento y la democratización profunda de la Administración, metiendo el bisturí a fondo, sobre todo en sus niveles altos y en sus jefaturas. Por último, reivindicamos, como siempre hemos hecho desde aquí, competencias plenas,
soberanas y exclusivas para nuestro pueblo, para el pueblo vasco, para Euskal Herria, en materia de Función pública.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que mi grupo esperaba más de la
elocuencia reconocida de la señora Batet y espera con morbo la intervención del portavoz del Partido Popular.
La señora Batet tiene razón en todos sus argumentos y otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Ustedes, representantes del Grupo Popular, están estigmatizando al empleado público, y lo están haciendo además de forma
dolosa, en opinión de nuestro grupo. Es fácil estigmatizar al empleado público en tanto en cuanto no genera empatías en la sociedad. Eso posibilita, abre o allana el camino para otro tipo de recortes, reducciones, limitaciones o relativizaciones
de derechos que hacen referencia a personas que no pertenecen a la Función pública o no trabajan para ella, que tienen su condición de empleados públicos vinculados con contrato de trabajo, con vinculación estatutaria a funcionario. Desde esa
perspectiva nos parece propio de una cierta cobardía política intentar relativizar los derechos de los trabajadores públicos.
Señora Batet, se le ha olvidado comentar aspectos que son troncales y que usted conoce perfectamente desde una perspectiva de derecho positivo o de los requerimientos del ordenamiento jurídico. Los empleados públicos vinculados a la
Administración, a las corporaciones públicas o a los organismos autónomos a través de un contrato de trabajo están expresamente excluidos del ordenamiento laboral por el artículo 1.3.a) del Estatuto de los Trabajadores que ustedes reforman en el
real decreto-ley que han presentado. Pero ustedes no pueden ignorar -seguramente son conocedores de ello- que el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores compone parte de lo que se denomina doctrinalmente orden público laboral o derecho
necesario absoluto, orden público laboral que jurisprudencialmente está configurado como aquellos principios o instituciones que configuran el orden socioeconómico en el que vivimos o son garantes de su estabilidad. Si ustedes disponen del orden
público laboral ubicando lo que ya estaba excluido del ordenamiento jurídico laboral en materia de despidos colectivos o modificación de condiciones de trabajo, están contradiciendo lo que la jurisprudencia constitucional ha establecido. (El señor
Martín-Toledano Suárez hace signos negativos). Sí, le puedo citar, señor... -no conozco su nombre, luego tendré la oportunidad de debatir con usted-, la jurisprudencia constitucional en distintas sentencias con relación a la necesidad de
indisponibilidad de las cuestiones troncales del ordenamiento jurídico laboral. El artículo 1.3.a) excluye a las personas que trabajan a través de una vinculación de naturaleza laboral con las entidades públicas, los organismos administrativos, las
corporaciones públicas y los organismos autónomos.
Para terminar de redondear la argumentación -y espero con mucho morbo sus argumentaciones en contra, porque este es un debate intelectualmente muy relevante porque hace referencia a una parte troncal de la reforma laboral que ustedes han
presentado-, ustedes están muy preocupados en este momento por una editorial de Financial Times que hace referencia a que la bondad de las reformas estructurales que ustedes están planteando no ha podido ser testada todavía, salvo la de una, la
reforma laboral, que ya el propio presidente del Gobierno ha reconocido que va a provocar destrucción de empleo. Al margen de esto, de que ustedes están preocupados por esta reforma, que son conscientes seguramente ya de que se han pasado de
frenada en la desregulación y descausalización que provocan, cuando utilizan la expresión despidos o legitiman a la Administración para despedir a través de la fórmula del despido colectivo por insuficiencia presupuestaria están realizando una
aproximación o una incorporación de un mecanismo aberrante al ordenamiento previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, que, como usted sabrá, está configurada por el Real Decreto-ley 3000/2011. No es conceptualmente aceptable una
disminución sobrevenida y persistente durante tres trimestres consecutivos de personas que trabajan para la Administración. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan para la Administración, salvo que lo hagan excepcionalmente para organismos que
se financian a través de los retornos, de su incorporación o de sus actuaciones en el ámbito jurídico privado, trabajan para organismos o corporaciones públicas o entidades que se financian por recursos presupuestarios ordinarios. Luego, desde esa
perspectiva, lo que no puede hacer el legislador es contradecirse a sí mismo, y si estamos hablando de que la financiación de estos organismos públicos, corporaciones públicas o entidades públicas, se realiza a través de los mecanismos
presupuestarios ordinarios, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyo debate vamos a iniciar en fechas próximas, si se incorporan a través de estos, no podemos contradecir lo que el propio legislador presupuestario o cuando
legisla presupuestariamente establece en cuanto a la financiación de estos organismos. Porque, si no, o el legislador presupuestario está regulando mal las consignaciones presupuestarias para...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: O, alternativamente, lo que estamos haciendo es algo más peligroso -usted me lo dirá-, que es intentar buscar fórmulas de privatización o acercarnos a fórmulas de privatización mediante la estigmatización del
empleado público como fórmula que puede posibilitar después privatizar prácticamente todo, porque no puede haber una disminución de ingresos cuando estos ingresos son presupuestarios, no puede haberla porque el presupuesto es indisponible, está
previsto así en el artículo 134 de la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Desde esta perspectiva, salvo que ustedes lo que quieran es privatizar definitivamente la sanidad, la educación, incluso la
Administración de Justicia, porque no sería la primera vez que se comenta que es mejor ceder la Administración de Justicia, la resolución de la tutela judicial efectiva a El Corte Inglés a través de ciertos mecanismos o programas
informáticos, salvo que sea lo que ustedes propugnan, esto, señor portavoz del Grupo Popular...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le voy a tener que quitar la palabra, lo cual me duele mucho.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Tengo que decir que vamos a apoyar con entusiasmo la moción presentada por el grupo del Partido Socialista Obrero Español y que, precisamente por lo dicho por este portavoz, nos parece incluso modesta su
articulación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, a los diputados que integramos mi grupo nos gusta leer novelas, pero cuando se trata de iniciativas de carácter legislativo preferimos el género de la no ficción. Digo esto porque nos parece que en el análisis que da pie a esta
moción que presenta el Grupo Socialista se dejan de lado ciertos aspectos de la realidad que nos parecen importantes y que luego comentaré. Por otro lado, creo que obedece a una estrategia política que es absolutamente legítima el trocear y
anticipar el debate sobre la reforma laboral, pero en todo caso no es nuestra estrategia. Nosotros tenemos una reforma laboral alternativa, un trabajo legislativo serio, profundo y riguroso que presentaremos el jueves, que es cuando se va a debatir
la reforma laboral. Digo que me parece una estrategia legítima, pero en todo caso quiero dejar claro que no es la nuestra.
Estamos absolutamente de acuerdo en reivindicar la figura de los funcionarios públicos que son médicos, enfermeros que nos cuidan cuando estamos enfermos, los maestros que instruyen a nuestros hijos, los bomberos que salvan vidas, los
inspectores de Hacienda que podrían impedir, con las leyes adecuadas, que se cometiera el fraude fiscal masivo que se comete en España, esos son los funcionarios y, desde luego, nos sumamos a la postura de reivindicar su figura. Nos parece muy
preocupante que el Gobierno haya adoptado la estrategia de denigrar con carácter previo a aquellos grupos sociales a los que va a recortar; quiere llevar a cabo un recorte de la sanidad pública y previamente denigra a los usuarios y dice que
abusan; quiere llevar a cabo un recorte en la Administración y previamente denigra a los funcionarios, haciendo bueno el dicho castellano de encima de cornudos, apaleados, que es lo que hizo el otro día en la interpelación el ministro Montoro con
respecto a los funcionarios. Francamente, y lamento decirle esto, señora Batet, su reivindicación del funcionario no me la he creído por una razón muy sencilla, porque en una sociedad como esta en la que, para bien o para mal -no entro en
juzgarlo-, el dinero es un valor fundamental, aquí los únicos que han reducido el sueldo a los funcionarios, y encima acompañado de un discurso de que como ellos nunca pierden el puesto de trabajo, etcétera, ha sido el Gobierno socialista.
Compartimos esa reivindicación, pero me parece que le falta cierta credibilidad. Si yo fuera funcionaria pensaría que este tipo de ejercicios, que llamo imposturas, sin ningún ánimo de ofender, son los que me distanciarían de eso que la gente llama
los políticos y clasifica como el tercer problema del país.
La moción que presentan adolece de cierta confusión al hablar de la Administración pública y de entes públicos que están vinculados a la Administración, pero que no son Administración estrictamente; mezcla funcionarios, personal laboral, y
una figura que tampoco se puede negar que existe, que es la del contratado a dedo, eso que -ya lo he dicho alguna vez en esta tribuna- felizmente Emilio Lledó llamó los 'amigantes', esa mezcla de amigos y mangantes, que están colocados a dedo en
numerosos entes públicos, sobre todo administrativos, autonómicos y locales. Ni tiene sentido que el PP diga que son nidos de corruptelas, como dijo Montoro, como si de repente le hubieran caído del cielo, sin reparar en que también los hay en
Valencia, en Galicia o en otras comunidades donde ellos han gobernado, ni tampoco tiene sentido que, bajo la capa de la defensa del empleado público, el Partido Socialista niegue que existen este tipo de redes clientelares, que encuentran cobijo en
esos entre 4.000 y 5.000 entes públicos que UPyD siempre ha defendido que debían recortarse. Deben recortarse sencillamente porque es una estructura de empresas, entes, fundaciones, consorcios, agencias, etcétera, que no es sostenible, que se hizo
y se estructuró cuando los ingresos estaban inflados por la burbuja inmobiliaria, pero como ya no existe hay que organizarlo de una forma racional. Hay que recortar esos entes. De hecho el Gobierno ya ha anunciado que lo va a hacer con los del
Estado, y se debería hacer con los de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero el Gobierno lo debería hacer con carácter global, con un principio de absoluta y rigurosa transparencia, y con unos criterios claros, que son los que todavía
el Gobierno no nos ha explicado ni en lo relativo al Estado ni en lo relativo a las comunidades autónomas.
Como ya he explicado, esta moción en algunos puntos es confusa, en otros es contradictoria, porque en el punto 3 habla de llevar esos estudios sobre el personal a otras administraciones y en el 5 de respetar que las administraciones no se
toquen. Particularmente el punto 5 es el que más rechazo nos produce precisamente porque no entendemos que si las comunidades autónomas han sido rescatadas mediante el pago a proveedores, con 30.000 millones de euros, no se les pueda decir cómo
deben reorganizarse, ya que da la impresión de que no lo están haciendo por sí mismas.
Hasta la Comisión Europea tiene ya esa impresión. Por tanto somos partidarios de racionalizar y ordenar el Estado no solo por una cuestión de que el orden siempre sea preferible al caos, sino porque hay un problema de legitimación de las
instituciones muy serio, y no se puede abordar un recorte en educación y en sanidad, que se ha cuantificado en 10.000 millones, no se les puede imponer a los ciudadanos el copago sanitario -si es que se impone, que tampoco lo sabemos-, no se pueden
suprimir prestaciones del catálogo de la Seguridad Social, del Sistema Nacional del Salud, mientras se están manteniendo los chiringuitos del bipartidismo, los tinglados del duopolio y mientras se está dando de comer a los 'amigantes'. No hay solo
un problema de cajas, señorías, hay una crisis de legitimidad de las instituciones políticas, que se está desoyendo por parte de los dos grandes partidos. Este asunto de los entes públicos de carácter administrativo vinculados a las autonomías y a
los ayuntamientos está en el centro de este debate y de esta deslegitimación de la política.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño. La señora Batet nos plantea una iniciativa cuyos puntos 2, 3, 4 y 5 Convergència y Unió no tendría ningún problema en apoyar. Plantea una serie de medidas orientadas a racionalizar el funcionamiento del sector
público en el Estado español, que mi grupo podría compartir perfectamente, entre otras cuestiones porque desde el Gobierno de la Generalitat se están impulsando medidas parecidas. Nos ha sorprendido el tono del debate de esta tarde con relación a
estas cuestiones, porque estamos convencidos de que más allá del ruido que se está generando todos los grupos de la Cámara compartimos la idea de que una sociedad y un país que pretendan funcionar necesitan un sector público eficiente, dinámico y
moderno. A nadie se le puede pasar por la cabeza que en el siglo XXI un país pueda renunciar a un sector público de estas características. Y además me atrevo a decir que todos coincidimos en que la Administración pública necesita reformas que la
modernicen, que la pongan al día, que la actualicen, etcétera, por lo que sería razonable que en esta materia fuésemos capaces de generar consensos. La sociedad lo agradecería y los trabajadores del sector público también. Por tanto nos sentimos
incómodos en el debate que se ha planteado, más allá de aquello que el ministro Montoro manifestase en el debate de hace unas semanas.
Quizá en aquello que podríamos ser más críticos -incluso autocríticos- con quienes han gobernado durante los últimos ocho años es en las reformas que no se han hecho en el sector público para ser capaces de garantizar un sector público
inteligente y eficaz. Mi grupo cree que el debate ya no está situado entre el gran gobierno y el pequeño gobierno, sino que se encuentra en un gobierno y en un sector público que sea inteligente y capaz de tomar aquellas medidas que estimulen el
crecimiento económico, que garanticen la igualdad de oportunidades, que sean capaces de garantizar el equilibrio territorial y que puedan garantizar el acceso a los servicios públicos a los ciudadanos, y que eso se haga además en colaboración con el
sector privado. En ese ámbito hay un enorme recorrido que hacer en los próximos años, y sería interesante que fuese una prioridad compartida por todos los grupos de la Cámara.
Finalmente, en relación con la reforma laboral simplemente quiero decir que vamos a tener la oportunidad a partir del próximo jueves de discutir a fondo la propuesta que se formula en el real decreto. Convergència i Unió es partidario de
que en el sector público podamos introducir aquellas medidas de flexibilidad en el empleo que eviten el despido, la destrucción de empleo. En este sentido la reforma laboral debe ser una oportunidad para introducir ese tipo de fórmulas. Ahí nos
van a encontrar y esperamos que las mayorías en la Cámara nos permitan avanzar en esa dirección.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señor presidente, señorías, hoy el Grupo Socialista trae a debate una moción relativa al impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos, pero el Grupo Popular
cree que no tiene ningún sentido esta moción cuando está abierto un proceso de tramitación como proyecto de ley: la reforma laboral. Por tanto está abierto un plazo de presentación de enmiendas, que es el cauce que el Grupo Socialista debería
emplear, y no utilizar de forma inadecuada el Reglamento del Congreso. Este asunto ya ha suscitado por parte del Grupo Socialista pregunta, interpelación, ahora moción, y seguramente enmienda, y solo tiene un sentido tanta insistencia: generar
miedo, desconfianza en los empleados públicos, y creemos que estos no se lo merecen. La moción es técnicamente deficiente, pues no se utiliza un solo argumento jurídico ni una sola apelación a doctrina o a jurisprudencia. La moción, que pretende
nada menos que suprimir en el real decreto de reforma laboral toda referencia al sector público, se plasma simplemente en un folio por una cara. Es una iniciativa por tanto muy pobre. Aparte de la supresión de las disposiciones adicionales segunda
y tercera, solicita
informes anuales a las administraciones públicas y la negociación sindical, lo que ya se hace en todas las administraciones.
El Grupo Popular y el Gobierno reconocen la valía de la Función pública española y de los empleados públicos. Desde luego en ningún caso consideramos vagos a los empleados públicos. El Grupo Parlamentario Socialista está intentando imputar
cosas al ministro que no están ni en el calendario ni en la interpretación del Gobierno sobre la Función pública. Pero reconocer los méritos de la Función pública es perfectamente compatible con tomar medidas necesarias para mejorar su eficacia en
los servicios que prestan a la sociedad. Los datos de crecimiento del sector público en estos últimos años son espectaculares: 440.000 empleados públicos nuevos en los últimos diez años. Y las medidas de la reforma laboral son una oportunidad
para ajustar las plantillas de las administraciones públicas, pero no obligan a ninguna Administración pública a despedir.
Quiero decirles que ya hay administraciones públicas gobernadas por el Partido Socialista que están aplicando el real decreto para despidos objetivos con veinte días. Es muy bonito ponerse detrás de la pancarta, denunciar la reforma
laboral, y luego aplicarla sin esperar siquiera a la tramitación parlamentaria como proyecto de ley. (Aplausos). Ustedes quieren defender un modelo de Administración pública claramente sobredimensionado, y que ha creado un entramado de organismos
públicos y entes que son ineficaces y muy caros. Quiero dejar claro que el Partido Popular defiende el sector del empleado público, pero el modelo de Función pública del Gobierno del Partido Popular es el de funcionarios profesionales, altamente
cualificados e independientes y todos ellos con acceso a la Función pública bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. (Aplausos). Plantillas bien dimensionadas y eficaces son la garantía de legalidad y
transparencia. El modelo del PSOE tiende a ocupar la Administración pública con personal contratado a dedo de su propia ideología política; aunque no lo reconozcan, lo aplican cuando gobiernan en las administraciones públicas. Crean una
administración paralela, opaca y enteramente ineficaz y costosa. (Protestas.-Aplausos). Les voy a poner un ejemplo: la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía aprobó recientemente un decreto para colocar como fijos a 20.000 enchufados del
Gobierno socialista. (Protestas.-Aplausos). Solo hay un escándalo superior a ese: los ERE irregulares en Andalucía. (Protestas.-Aplausos.-Varios señores diputados: Bien). Su modelo en Andalucía ya ha sido rechazado por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, que ha suspendido cautelarmente la aplicación de ese decreto. (Protestas).
Por último, no metan miedo a los funcionarios. Ustedes son los que les bajaron el sueldo. A quienes tienen miedo los funcionarios es a ustedes, no al Partido Popular. (Protestas.-Aplausos). Quiero decirles que el Grupo Parlamentario
Popular va a rechazar esta moción, pero va a mantener espíritu constructivo y dialogante en la tramitación de las enmiendas al proyecto de ley de la reforma laboral. Por tanto vamos a mantener ese diálogo, como lo estamos haciendo con las centrales
sindicales del sector público.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín-Toledano.
Señora Batet, me parece que hay una enmienda. ¿Puede decirme cuál es su posición?
La señora BATET LAMAÑA: Señor presidente, hemos preparado una transaccional con la enmienda de Izquierda Unida que ahora mismo acercamos a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE CHOQUE PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO A CORTO PLAZO. (Número de expediente 173/000017).
El señor PRESIDENTE: El último punto es la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo. Para su defensa tiene
la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Ya en el debate con la señora ministra hace unos días Convergència i Unió puso de manifiesto, desde la coincidencia en la necesidad de proceder a una reforma de nuestro mercado de trabajo, de nuestras relaciones laborales, también la
necesidad de que existiese una política orientada a la creación de empleo en el corto plazo. (Rumores). Considerábamos que la reforma laboral sin un plan de estas características iba a ser una política claramente insuficiente porque estrictamente
en el real decreto -que convalidamos hace unos días y que vamos a empezar a tramitar en las próximas semanas- la única medida orientada a la creación de empleo a corto plazo es el nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, una medida
que vamos a poder discutir a fondo en los próximos días, pero que por ella misma no justifica la convicción de que esa reforma fuese capaz de crear empleo. (Rumores). Ya hemos podido manifestar en diversas ocasiones que la reforma sobre las
relaciones laborales, sobre el mercado de trabajo puede servir para mejorar nuestra posición competitiva, puede servir para evitar que nuestro mercado de trabajo sea tan injusto y tan insano como ha sido el español, pero no va a crear empleo. Por
tanto reclamábamos la existencia de un plan de empleo con medidas a corto plazo. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Campuzano. Por favor, ruego silencio para poder oír al orador.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Y estábamos también convencidos, señorías -y vamos a ver en las próximas semanas si eso es posible-, de que en el margen de la política fiscal del Gobierno y en el margen de la política presupuestaria del Gobierno pueden existir políticas a
corto plazo orientadas a la creación de empleo. Pero eso sí, señorías, exigen voluntad política y poníamos el ejemplo de un país vecino, Italia, que se está sometiendo a un importante ajuste presupuestario, que está procediendo a reformas
estructurales en su economía, y que está dedicando una parte del excedente que le genera ese ahorro presupuestario a políticas que en el corto plazo pretenden crear empleo.
Además identificábamos -y ahí teníamos coincidencias con algunas de las enmiendas que nos plantean desde La Izquierda Plural, por qué no decirlo- sectores que pueden ser intensivos en la creación de ocupación o en hacer emerger ocupación en
ámbitos donde hoy la ocupación existe, pero existe en la economía informal o en el ámbito de los servicios de atención a las personas y a las familias -singularmente en el campo de los servicios sociales, pero también en otros servicios-, y que
existen políticas en países del entorno europeo como Francia y Bélgica que las pusieron en marcha antes de la crisis y que las han mantenido a pesar de la crisis. También que en los sectores vinculados a la transición hacia una economía baja en
carbono, por ejemplo en el campo de la renovación energética, existen espacios para crear empleo. Mi grupo en la moción que hemos planteado precisamente no hemos querido hacer referencia explícita a esos sectores que pueden ser intensivos en la
creación de ocupación, hemos preferido centrarnos en una moción que inste al Gobierno a la elaboración de un plan de choque para el empleo, pero estamos convencidos de que en esos sectores eso va a ser posible.
Señorías, también he de decirles en el contexto de este debate que lógicamente nos preocupa el proyecto de presupuestos que vamos a debatir en la Cámara en las próximas semanas, porque ese proyecto de presupuestos implica un recorte en las
políticas activas de más de 1.500 millones de euros. En el caso de Cataluña calculamos que eso puede implicar una reducción en las políticas de empleo de 265 millones de euros, no es poco. Y hace prácticamente quince días el Financial Times en su
editorial mostraba su perplejidad precisamente por ese recorte en las políticas activas de empleo. Mi grupo, señores, agradecería que el trámite parlamentario de los presupuestos sirviese para corregir ese recorte. No tiene sentido con las tasas
de desempleo que estamos afrontando; con un incremento de la falta de protección de la prestación por desempleo; con un incremento de los hogares en los que ninguno de sus miembros está trabajando -recuerden, señorías, que hemos pasado de medio
millón de hogares sin que ninguno de sus miembros esté trabajando a un millón y medio-; con un aumento de más del 4% a más del 20% de los desempleados que llevan más de dos años sin encontrar trabajo, señorías, en este contexto no es de recibo que
renunciemos al uso de las políticas activas de empleo para ayudar a generar empleo en el corto plazo.
Pueden existir dudas sobre si hemos utilizado durante estos años de manera adecuada los recursos, y son dudas legítimas, pero eso no es óbice, señorías, para que mantengamos el compromiso en ese campo, y además, señorías, cuando en ese
recorte presupuestario hay una disminución de transferencias de recursos a las comunidades autónomas, de incremento de las reservas de créditos al Servicio Público de Empleo Estatal, y de aumento de la política de bonificaciones. Por tanto,
señorías, en el debate de este plan de choque mi grupo quería poner de manifiesto esa realidad, insistiendo en que ojalá el trámite parlamentario nos permita resolverlo.
Finalmente, lo que estrictamente formula nuestra moción y de manera muy escueta es que el Gobierno debe ser capaz de aprobar un plan de choque, y que ese plan de choque debe de ser acordado con las comunidades autónomas, con los agentes
sociales y con los grupos parlamentarios. Es una invitación al acuerdo político en materia de empleo, a que seamos capaces, más allá del ruido que generamos en nuestros debates -que despistan a la opinión pública, que no generar confianza no ya en
los mercados, sino en los ciudadanos-, de ponernos de acuerdo en este campo. En este sentido mi grupo podría compartir perfectamente el sentido de las enmiendas que nos plantean La Izquierda Plural y el Grupo Socialista, pero el texto que ofrecemos
a votación es lo suficientemente amplio como para permitir encontrarnos todos en el mismo.
Señorías, lo que exige la opinión pública de nuestros grupos parlamentarios en esta materia es la capacidad de acuerdo en la generación de empleo a corto plazo, y eso, señorías, si en esta Cámara existen consensos puede ser posible. Esta es
la actitud con la que Convergència i Unió va a someter a votación esta moción, en sus términos literales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Se han presentado diversas enmiendas. Para la defensa de la primera de ellas, por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, con la que está cayendo, decíamos esta tarde varias veces -5.300.000 parados en el Estado español, posiblemente de aquí a fin de año alcancemos la terrible cifra de los 6 millones de
parados-, la primera preocupación de un Gobierno, es más, diría que la principal obsesión de un Gobierno no puede ser el déficit, tiene que ser el empleo. La primera preocupación, la obsesión
de un Gobierno, de este Gobierno tiene que ser también la creación de empleo. Por eso no podemos dar por buena la reforma laboral impuesta unilateralmente por este Gobierno, que no va a generar empleo, como reconocen sus propios promotores,
sino que va a abaratar el despido, va a facilitar los expedientes de regulación de empleo, y por tanto va a fomentar la destrucción de empleo, todo lo contrario de lo que necesita nuestra sociedad. Por esas y otras razones nuestro grupo ha
rechazado el Real Decreto-ley 3/2012 y ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo, que se debatirá el próximo jueves en este plenario.
Hoy, como si alguien quisiera lavarle la cara a la reforma laboral, el grupo que acompañó al Partido Popular en la convalidación del citado real decreto-ley ha decidido presentar esta moción, y lo hace además presentándola como
complementaria de la reforma laboral. A nuestro juicio es la demostración de que la reforma laboral no va a crear empleo, y por eso hace falta otra herramienta distinta, si es que es verdad que se quiere hacer frente a la sangría de los millones de
parados. Por eso Convergència i Unió habla hoy de un plan de choque por el empleo. Y tiene razón el grupo proponente, tiene razón, porque no será la reforma laboral la que corrija la tasa de desempleo de récord que estamos sufriendo en estos
momentos; no será la reforma laboral. Sin embargo tengo dudas de que sea esta moción la que contribuya a corregir esa tasa de paro. Me explico. Se habla de un plan genérico, inconcreto que facilite el mantenimiento del empleo, la creación de
nuevos puestos de trabajo, especialmente para jóvenes y mayores de cuarenta y cinco años. ¿Qué medidas, con qué recursos, con qué objetivos? El grupo parlamentario proponente no lo dice, la moción no lo dice, y eso hace que la moción parezca
hueca, como si se quisiera aparentar una cierta preocupación por un problema social gravísimo, como es el del desempleo, pero no se pusieran encima de la mesa alternativas, que no dudo que el grupo proponente las tenga, pero que de hecho no las pone
sobre la mesa en este caso.
Por nuestra parte el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural ha presentado una enmienda que expresa lo que para nosotros es la alternativa de la izquierda cuando tenemos que desafiar al desempleo, y esa es la alternativa que aparece negro
sobre blanco en esa enmienda, en la línea de una proposición no de ley que defendimos en esta Cámara en uno de los primeros Plenos -si no fue en el primero, fue en el segundo- de esta legislatura. Nosotros sí decimos qué contenidos debe tener ese
plan de choque por el empleo. Hablamos de empleos verdes, a partir de la reforestación, la explotación y el mantenimiento de superficies forestales. Hablamos de la rehabilitación sostenible de vivienda como alternativa laboral al empleo en la
construcción, que está pasando por una etapa difícil. Hablamos de empleos sociales, desarrollando la Ley de Dependencia y mejorando los servicios públicos de salud y educación. Hablamos expresamente de la implementación de las escuelas de cero a
tres años. Como sus señorías pueden ver una línea absolutamente contraria al anuncio que ayer hizo el Gobierno español con ese fantástico comunicado del nuevo recorte de los 10.000 millones; en línea absolutamente contraria.
Nuestra enmienda habla también de una política de inversiones en infraestructuras útiles que vertebren el país, y en equipamientos sociales. Por supuesto no estamos hablando ni de aeropuertos peatonales ni de inocuos planesE, ni tampoco de
esa caída del 36% en los capítulos inversores del presupuesto de este año. Hablamos también de medidas de apoyo a pymes y autónomos, para que puedan crear empleo estable y con derechos, es decir, nada que ver con la reforma laboral que está en
estos momentos en vigor. Estamos hablando de crear con esto cientos de miles de empleos. No voy a hablar de cifras para no entrar en debates estériles, pero estamos hablando de la posibilidad de crear cientos de miles de empleos. Un plan de
choque potente que puede devolver al mercado laboral a centenares de miles de familias trabajadoras, que cotizarán a la Seguridad Social, que pagarán impuestos, que no necesitarán cobrar prestaciones, y que volverán a consumir, que volverán a
reactivar la actividad económica de nuestras empresas, y por lo tanto estaríamos empujando a la economía en la buena dirección para volver a la senda del crecimiento.
¿Y cómo se paga todo esto? Concluyo con esto, y no se preocupen porque no hace falta elevar el déficit que tanto obsesiona a este Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar.
El señor YUSTE CABELLO: Concluyo brevemente.
Este plan se puede financiar con los ingresos derivados de una reforma fiscal que grave a las rentas del capital, que hoy cotizan menos que las rentas del trabajo, que grave a las grandes fortunas para que no se vayan de rositas, que grave a
la propiedad inmobiliaria de la Iglesia católica, que hoy está exenta de forma escandalosa. Hasta en Italia han decidido empezar a cobrarle impuestos a la Iglesia católica, aquí todavía no.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar.
El señor YUSTE CABELLO: Concluyo con una frase. Todo ello fruto de un ambicioso plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y estamos hablando de recaudar decenas de miles de millones de euros. Por lo tanto hay
alternativas para poder abordar un plan de choque, una política económica distinta y ajena a esta política y a esta obsesión por la austeridad mal entendida, que va a acabar matando al enfermo...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, ha terminado su tiempo, tiene que abandonar la tribuna.
El señor YUSTE CABELLO: Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a la tribuna en representación del Grupo Parlamentario Popular con relación a la moción que acaba de ser defendida por el portavoz de Convergència i Unió, referida a la petición de la aprobación de un plan
de choque para la creación de empleo a corto plazo. Básicamente el Grupo de Convergència i Unió constata la necesidad de que el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, sobre reforma del mercado laboral, vaya acompañado de un plan de choque para
la creación de empleo que incorpore, en el marco de los planes anuales de política de empleo del Fondo social europeo, un conjunto de medidas de mantenimiento del empleo existente -primero mantenimiento- y, segundo, la creación de nuevos puestos de
trabajo, con especial sensibilidad en lo que se refiere al desempleo juvenil y a los parados mayores de larga duración. En este sentido quiero recordar que el Gobierno del Partido Popular, dentro de un amplio paquete de medidas y reformas que viene
realizando en estos cien días de Gobierno, ha tomado medidas de control del déficit, de techo presupuestario, de control del gasto, de inyección de dinero en las administraciones públicas para pagar a los suministradores y luchar contra la morosidad
y circular el dinero, también medidas en el sector financiero y bancario, y acciones dentro de la reforma laboral, sobre todo el Real Decreto-ley 3/2012, que de alguna forma también vienen a contribuir a la petición que se formula hoy desde el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, y en concreto en lo que se refiere al contrato de los emprendedores, que algún fruto empieza a dar ya y donde la mayoría de los contratados son personas jóvenes, y -también con relación a los jóvenes- al
contrato de aprendizaje y formación. Además, el contrato de los emprendedores recoge bonificaciones específicas para impulsar la contratación indefinida de aquellas personas que sean parados de larga duración de más de cuarenta y cinco años.
La prioridad del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular es un plan global de salida de la crisis desde la doble perspectiva del ajuste y consolidación fiscal por un lado y de las reformas económicas para el crecimiento y el empleo por
otro. Como nos dijo la señora ministra en el debate de la interpelación pasada, se ha comenzado a elaborar el Plan de empleo anual para 2012, derivado de la estrategia española de Empleo 2012-2014, consistente en dinamizar las actuaciones de las
comunidades autónomas y el Estado en materia de empleo para dinamizar el mercado laboral. De hecho, el pasado 27 de febrero se reunió la Conferencia sectorial de empleo y asuntos sociales donde se definieron las líneas maestras del Plan de Empleo
2012 y el 2 de marzo de este año la Comisión técnica de directores generales ha concretado la metodología del plan y ha incorporado un principio de evaluación de las actuales políticas activas de empleo y su vinculación con las políticas pasivas.
Creo que este es un hecho importante porque a la hora de defender la moción el señor Campuzano hacía mención a la reducción presupuestaria en materia de políticas activas, que desgraciadamente se ha visto obligado a realizar el Gobierno del Partido
Popular. Pero es verdad que las políticas activas han sido objeto de fuerte crítica en los análisis que se han hecho en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en la anterior legislatura, donde se evidenciaba que no eran un elemento realmente
dinamizador de la contratación y del empleo. Por tanto, establecer un principio que evalúe las políticas, flexibilice su aplicación y las dinamice para que sean realmente eficaces nos parece que es un hecho importante. Además, se va a reformar la
gestión de las políticas activas, se van a orientar más a resultados y las comunidades autónomas van a tener más libertad y participación en la cuestión. Además, en el Plan de Empleo 2012 el Gobierno ha empezado a trabajar intensamente en el Plan
de empleo juvenil, financiado a través del Fondo social europeo. Recordarán sus señorías que fue el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, quien hizo un planteamiento de exigencia a la Unión Europea en el sentido de que los excedentes no
ejecutados del Fondo social europeo se destinaran a combatir el desempleo, a fomentar el trabajo y esperemos que esto dé también resultados positivos e instrumentos financieros a este fin.
En definitiva, lo que nos plantea Convergència i Unió es algo que no solo es preocupación del Gobierno popular sino que constituye el elemento nuclear de sus políticas en relación con esta cuestión. Yo creo que se ha hecho un planteamiento
inteligente en el sentido de dejar un ámbito abierto en esta moción para que quepan diversas propuestas, para que quepan diversas alternativas, para que quepan también aportaciones de todos al fin que nos preocupa, al fin que nos compromete, al fin
que políticamente es nuestra responsabilidad, como es luchar contra la lacra del desempleo y devolver la dignidad y el trabajo a quien carece de él. Por tanto, no puede ser otro nuestro voto que favorable a la moción de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, señorías, esta tarde Convergència i Unió nos presenta una moción relativa a un plan de choque de creación de empleo para acompañar la reforma laboral y así mantener el empleo existente,
crear nuevos puestos
de trabajo y hacer actuaciones para facilitar la contratación de jóvenes y la recolocación de mayores de cuarenta y cinco años.
Es evidente que la reforma laboral aprobada por el Partido Popular nada tiene que ver con el empleo, nada tiene que ver con el mantenimiento de los puestos de trabajo; nada tiene que ver con facilitar el empleo y la contratación a los
jóvenes y a los mayores de cuarenta y cinco años. El hilo conductor de la reforma del Partido Popular es facilitar y abaratar el despido y ahí están las propias previsiones del Gobierno, una destrucción de empleo neto de más de 630.000 empleos en
el presente año. Por tanto, el plan de choque que plantea Convergència i Unió se queda corto e incluso parece una justificación de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. Se queda corto porque propone unas medidas que, acompañadas de
un presupuesto insuficiente y grandes recortes, poco tienen que ver con la acción positiva que exige en estos momentos el empleo. Por ello, proponemos una enmienda de adición en el sentido de que de esas consultas a las que se refiere la moción se
haga un auténtico diálogo social, institucional y político para alcanzar un verdadero pacto del empleo 2012-2017 que incorpore el conjunto de medidas y recursos adecuados para promover la creación de empleo estable que permita reducir
significativamente la tasa de paro al final de dicho quinquenio.
El objetivo prioritario del Gobierno debería ser precisamente ese, la creación de empleo, y no lo es en el caso de la reforma laboral. La reforma laboral en su trámite legislativo debería experimentar modificaciones sustanciales para situar
el empleo como objetivo prioritario. Además, la creación de empleo exige un auténtico diálogo social y un compromiso de las organizaciones empresariales y sindicales. Frente a esto, el Partido Popular ha aprobado un real decreto-ley sin diálogo
social. Ha habido una imposición a los agentes económicos y sociales, y simplemente podemos recordar las fechas de las distintas reuniones que se han producido. El 30 de noviembre, antes de ser investido el presidente Rajoy, se reúne con los
sindicatos y no vuelve a haber ninguna otra reunión hasta el 10 de febrero, cuando nos encontramos con la aprobación del real decreto-ley y, por tanto, sin diálogo y con imposición total. Con posterioridad, se han remitido por parte de los
sindicatos distintas propuestas al Gobierno, que no ha hecho ningún caso, y además ha provocado un gran rechazo social y una huelga general el pasado día 29. El Partido Popular sigue negando en estos momentos la comparecencia de los agentes
económicos y sociales para el trámite de la ley de la reforma laboral. En este sentido, nos parece que la moción no responde a las necesidades de nuestra sociedad, no responde al no aceptar la idea que proponemos en nuestra enmienda del pacto por
el empleo que realmente supere la situación de desempleo y los efectos demoledores que tiene para el empleo la propia reforma laboral aprobada por el Partido Popular. Entendemos que lo que hay que hacer es precisamente un auténtico diálogo social
para recuperar la senda del crecimiento del empleo y un auténtico pacto y, si no es aceptado, no podemos aprobar la moción que hoy nos propone Convergència i Unió.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gutiérrez del Castillo.
Por el Grupo Mixto, en primer lugar tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
A la gente normal y corriente, a la gente que no venimos de la pata del Cid, como le gusta recordar al señor Rajoy, nos cuesta comprender -a unos nos cuesta comprender más que a otros, evidentemente- algunas de las medidas que ha tomado el
Gobierno en estos primeros cien días. No comprendemos cómo para crear empleo se facilita el despido; no comprendemos que se haya hecho una reforma laboral que el mismo Gobierno cifra en 650.000 parados más este año, y algunos dicen que 150.000
serán consecuencia directa de esta reforma laboral. Algunos no comprendemos cómo, para parar un coche que se desliza por la pendiente del desempleo, en lugar de tocar el freno, ponemos la sexta y el acelerador; es decir, en lugar de dar seguridad,
aprueban una reforma que aumenta el trabajo en precario, aumenta la temporalidad y aumenta la inseguridad. No comprendemos cómo en una campaña electoral ustedes decían que llegarían y todo serían rosas, crearían empleo, y desde entonces no han
tomado ni una sola medida para ayudar a crear empleo, ni una sola medida para ayudar a las clases trabajadoras, a las clases medias; no han tomado ni una sola medida para ayudar a la gente normal, a la gente corriente. Al contrario, todas sus
medidas han ido en la dirección de castigarles: facilitando el despido, aumentando los impuestos y ahora con este anuncio desordenado y descoordinado de estos recortes en sanidad y en educación.
Por cierto, ¿qué van a recortar ustedes en la Comunidad Autónoma Valenciana? Hoy, una noticia decía que ya se deben 58 millones a un hospital referente en la lucha contra el cáncer, al Instituto Valenciano de Oncología. ¿Qué van a recortar
en el País Valenciano si no pagan a las farmacias, si hay hospitales terminados sin abrir, si tenemos el 25% del total de la deuda sanitaria del Estado? ¿Qué van a recortar allí? En cambio, se han tomado medidas que ayudan a los poderosos: una
reforma a medida de la patronal, estamos pagando las facturas de los errores que cometieron las entidades financieras y, por último, estamos amnistiando a los que han defraudado a la Hacienda pública. Para Compromís-Equo es primordial tomar alguna
medida orientada a crear empleo y no vamos en la buena dirección cuando en los Presupuestos Generales del Estado las políticas de fomento del empleo caen un 21% en total.
Los valencianos decimos amb diners, torrons, que quiere decir con dinero, turrones. Por lo tanto, no son creíbles sus medidas si cae la política de empleo una quinta parte.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar.
El señor BALDOVÍ RODA: Me quedan dos líneas.
Sus medidas no son creíbles si un mes después de su reforma laboral hay 38.000 parados más en el mes de marzo, 1.250 cada día. Me da igual que se apruebe o no se apruebe la moción, lo que quiero, señores del Partido Popular, es que empiecen
a tomar medidas. Es lo que la gente está esperando.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, esta moción de Convergència i Unió sobre un plan de choque para el empleo es una oportunidad. Lo dice una canaria en cuya comunidad hay unos datos tremendos: 31% de paro y una tasa de paro entre la gente de
dieciséis a diecinueve años del 59,85%. Pero hay un dato todavía más tremendo: 71.600 jóvenes entre dieciséis y diecinueve son inactivos, ni estudian ni trabajan. Tenemos un problema y ya habíamos empezado a trabajar y a avanzar en el último año
con unos planes de empleo específicos que se habían pactado en la legislatura anterior, pero nos hemos encontrado con que en los Presupuestos Generales del Estado, y con la situación de paro en Canarias, el Gobierno del Partido Popular se ha cargado
el plan de empleo de infraestructura educativa y se ha cargado 100 millones de compensación del ITE para un plan de empleo especial en Canarias para la gente joven.
Hoy quiero aprovechar para decir que voy a apoyar esta moción con entusiasmo para ver si ese plan de choque llega por fin y, sobre todo, se adapta a las condiciones de cada comunidad. Y si hay una comunidad donde se necesite un plan de
choque y no eliminar los planes de choque que ya había precisamente por situaciones como la que estamos describiendo, es Canarias. Por todo ello, con todo mi entusiasmo, voy a apoyar esta moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor Campuzano, nosotros también vamos a apoyar con el mismo entusiasmo la moción por usted presentada. Siendo austera en su contenido -tres líneas-, ha sido objeto de una argumentación ampliatoria brillante por su parte, como acostumbra.
Señor presidente, parafraseando a Silvio Rodríguez, no sé si en este tiempo o en instante es el lugar adecuado para debatir cómo articular o configurar una política o un plan de choque para el empleo. Me da la impresión de que no y usted
mismo, con esos signos que semióticamente son indiscutibles, me está diciendo lo mismo. Lo haremos detenidamente en el debate de la reforma laboral. En todo caso, señor presidente, el señor Campuzano desde una argumentación defensiva ya ha visto
cómo no va a tener mucha suerte o no va a fructificar su moción por las razones que él mismo ha dicho: es imposible complementar la reforma laboral con un plan de choque a favor del empleo cuando las políticas activas de empleo se reducen nada
menos que en 1.500 millones de euros. Es imposible cumplir con los requerimientos del Eures desde esta perspectiva de reducción de las consignaciones presupuestarias. Es imposible cumplir con los requerimientos de dos acuerdos interprofesionales
que, como algunos saben en esta Cámara, tienen eficacia normativa en nuestro ordenamiento jurídico: el de febrero del año 2011 y el del 25 de enero del año 2012, que se refieren también a fórmulas diversas de promoción del empleo con temas tan
importantes como la incorporación al empleo de personas sin cualificación mediante la acreditación de su cualificación a través de la evaluación de su experiencia profesional; o la atención a colectivos particularmente vulnerables en relación con
el desempleo, como los discapacitados, las mujeres víctimas de violencia de género o los desempleados que dimanan del sector de la construcción. Es imposible crear un subsistema de formación profesional, formación profesional que es absolutamente
imprescindible para mejorar las ratios de empleabilidad, sobre todo de nuestros jóvenes trabajadores. En definitiva, señor presidente, es imposible debatir en este contexto y en este momento, en este tiempo y en este instante, y debatir con
profundidad lo que los requerimientos del empleo exigen en un Estado como el español, que acredita la poco honrosa cifra de duplicar la media europea en materia de porcentajes de desempleo. Lo que ha dicho el señor Campuzano es importante, y otras
muchas cosas que podemos aportar todos los demás grupos parlamentarios de esta Cámara son importantes, y lo que pueden aportar los interlocutores es importante. Lo que es menos importante seguramente, señor presidente, es acometer reformas
laborales unilateralmente prescindiendo de elementos ontológicos como la conmutatividad y bilateralidad, y haciendo prácticamente desaparecer o hiriendo de muerte un sector del ordenamiento jurídico como es el derecho del trabajo. ¿Esto es lo menos
importante? No, esto es lo peligroso.
Desde esa perspectiva, apoyamos con entusiasmo la propuesta presentada por el señor Campuzano y con
relación a esta materia mucho tendremos que debatir en este periodo de sesiones, en esta legislatura, porque no basta con decir lo que dicen los portavoces más relevantes de su partido: somos un partido previsible, somos un partido serio,
somos un partido que hace la cosas bien, somos el partido del sentido común. No; hace falta decir lo que decía el Financial Times: hay que hacer las cosas bien. Y, por ahora, ni el Financial Times ni nadie ha podido testar la bondad de ninguna
de las reformas estructurales acometidas por este Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo. (Rumores). Por favor, antes de que empiece el orador ruego silencio para que se le pueda escuchar.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, resulta realmente difícil discutir esta moción desvinculándola de la realidad que vive la economía española, una realidad muy complicada, dramática. Parece que la realidad cada vez clama con más fuerza y nosotros no queremos
escucharla, seguimos con un debate circular en el que no avanzamos. Seguimos con el debate de la austeridad, por ejemplo. Hay grupos de la Cámara que siguen pensando que podemos seguir gastando, como si fuese una alternativa. Parecen no darse
cuenta de que uno no puede gastar más de lo que ingresa si alguien no compra la deuda que uno emite y que estamos alcanzando un punto de crisis de la deuda soberana en que eso está dejando de ser posible. La austeridad no es una opción, es la única
alternativa, y en eso nuestro grupo se diferencia de algunos grupos de la Cámara. Lo que podemos decidir es cómo aplicar esa austeridad. El Partido Popular piensa que podemos aplicar la austeridad al Estado y, de momento al menos, olvidar a las
comunidades autónomas, y en opinión de mi grupo eso no es posible. A lo largo de los años de la burbuja se han generado unas estructuras administrativas, unos entes sobredimensionados, y es ahí donde habría que aplicar la austeridad, con lo que
habría recortes de gasto permanente. La alternativa que se está aplicando afecta a la investigación, a las infraestructuras, a las políticas sociales, y ese gasto no se puede recortar de forma permanente, no se puede estar año tras año así y eso es
lo que nos están diciendo los mercados. Nosotros decimos estas cosas aquí y parecemos bichos raros -perdón por la expresión-, hay muy poco apoyo a estas propuestas, pero uno sale de la Cámara y esto es lo que están diciendo analistas
independientes, académicos, los mercados y los inversores.
Siguiente cuestión. ¿Basta la austeridad o hay que hacer algo más? Otra pregunta que deberíamos haber respondido ya. En la aplicación ortodoxa del Partido Popular parece que la austeridad es la panacea, pero la austeridad a corto plazo
tiene problemas importantes: están disminuyendo el gasto, están subiendo los impuestos, el crédito va a disminuir... A la larga esto a lo mejor tiene algún efecto positivo, ya lo veremos, pero no nos podemos permitir esperar un par de años, que es
lo que tenemos de crisis por delante. Son necesarios programas de estímulo como los que nos propone el Grupo de CiU en esta moción. Hay que hacer programas de estímulo selectivos porque solo la austeridad va a llevarnos a un círculo de caída de
ingresos, de más austeridad, y hemos visto en otros países cómo termina eso. Y esto no es teoría, no es un escenario imaginario, es un peligro cierto.
En lo que también estamos de acuerdo con el grupo proponente es en que estas medidas de estímulo deberían centrarse en los grupos marginados, en los grupos más débiles, en los grupos que están enquistados en la crisis. Hay personas que
llevan dos años en el desempleo y esas personas tienen muy difícil salir de esa situación porque van perdiendo motivación, van perdiendo habilidades y las empresas tienden a no contratarlos. En economía esto es algo conocido, se conoce como
histéresis. Entre estas personas atrapadas hay un alto porcentaje de jóvenes que abandonaron pronto el sistema educativo y hay también personas mayores de cuarenta y cinco años, con personas dependientes y que si pierden el empleo tienen muy
difícil volver a trabajar. Parece tener sentido centrar un plan de choque, de estímulo, en estos colectivos especialmente necesitados.
No corresponde a mi grupo, pero querría apuntar unos grandes rasgos que el plan debería tener, dado que en la moción nada se dice. Creemos que la formación es esencial, en algunos casos esa formación para los más jóvenes debería ser en
forma de vuelta al sistema educativo, en otros casos se podría dar en el puesto de trabajo, como formación ocupacional, en forma de periodos de formación con más horas de formación de las que ha propuesto el PP en su reforma laboral o con
forma...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Anchuelo. A pesar del esfuerzo del orador, que está hablando con voz muy alta, no se le puede entender, hagan el favor de guardar silencio.
El señor ANCHUELO CREGO: O en forma de un derecho a la educación que se reconoce en la reforma laboral, pero que puede que no sea efectivo. Esas veinte horas de formación al año deberían ser obligatorias. En el caso de los parados, la
formación tiene que ser mientras están en paro. Aquí hay una grave deficiencia en nuestro sistema, solo un 14% de los desempleados tienen algún tipo de formación y suelen ser cursos de muy poca calidad. Por eso es realmente una decisión
estratégicamente muy equivocada recortar en 1.500 millones las políticas activas de formación a los desempleados, es una medida realmente suicida de cara al problema de desempleo a que nos enfrentamos. Esos desempleados, además de formarse, tienen
que encontrar un nuevo empleo, hay que intermediar y aquí de nuevo nuestro sistema está funcionando muy mal, solo un 3% de ellos
encuentran empleo con el Servicio Público de Empleo. Está bien la colaboración privada, pero no por ello habría que desmantelar estos servicios públicos de empleo, incluso habría que reforzarlos.
Por último, el papel de las comunidades autónomas. Discrepamos del entusiasmo que hay en la Cámara en que emprendan todas las políticas. Y el único argumento que dan es que están muy cerca de los ciudadanos. Pues más cerca están los
ayuntamientos. Según ese criterio, habría que llevar todas las políticas al nivel municipal, a las juntas de distrito o a las comunidades de vecinos. Segmentar estas políticas puede llevar a que tengan diferente calidad en los diferentes
territorios, a que se segmente el mercado de trabajo y a que sea difícil integrar las políticas pasivas que tiene el Estado con las políticas activas que van a tener las comunidades.
Dicho todo esto, aprobamos la propuesta de CiU, pero con el sentimiento de otros intervinientes anteriores de que sea solo un gesto, un buen deseo, porque la realidad presupuestaria está recortando partidas muy sensibles y un plan de choque
sin recursos no tiene sentido.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, me ha parecido entender que rechazaba todas las enmiendas. ¿Es así? (Asentimiento).
Ocupen sus escaños porque vamos a comenzar las votaciones. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE. (Número de expediente 122/000013).
El señor PRESIDENTE: Aunque no hayan ocupado todos sus escaños, vamos a empezar las votaciones. En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 42; en contra, 282.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A IMPULSAR UNA NUEVA MODALIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CARÁCTER DUAL. (Número de expediente 162/000131).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar una nueva modalidad de formación profesional de carácter dual. Hay una transaccional que conocen todos los grupos, y pregunto:
¿Algún grupo se opone a la votación de la transaccional? (Denegaciones). Si no es así, pasamos a votar la proposición no de ley en forma de la transaccional repartida.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 196; en contra, 119; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DEL IMPUESTO SOBRE LAS GRANDES FORTUNAS. (Número de expediente 162/000258).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, del impuesto sobre las grandes fortunas, que se vota en sus términos con una enmienda de UPyD al apartado 2 letras b) y d).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 119; en contra, 189; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LAS PREVISIONES DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS, ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A LA POSIBLE AMPLIACIÓN DE LAS CONCESIONES A FÁBRICAS QUE CADUCAN EN 2018 Y A LA SITUACIÓN DE
ILEGALIDAD DE NUMEROSOS NÚCLEOS SINGULARES-HISTÓRICOS AFECTADOS POR LA APLICACIÓN DE DICHA LEY. (Número de expediente 173/000015).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Fernández Davila, sobre las previsiones de modificación de la Ley de Costas, especialmente en lo referente a la posible ampliación de las concesiones a fábricas que
caducan en 2018 y a la situación de ilegalidad de numerosos núcleos singulares-históricos afectados por la aplicación de dicha ley. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 141; en contra, 174; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ LA REFORMA LABORAL EN EL EMPLEO PÚBLICO Y EN LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS. (Número de expediente 173/000016).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos. Hay una enmienda de Izquierda Unida con la que se ha llegado a una
transaccional. ¿Algún grupo se opone a que se vote la transaccional? (Denegaciones). Si no es así, en esas condiciones realizamos la votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 126; en contra, 180; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE CHOQUE PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO A CORTO PLAZO. (Número de expediente 173/000017).
El señor PRESIDENTE: Finalmente, moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 202; en contra, 114; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.