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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 84, de 27/04/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de abril de 2012
Núm. 84
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre regulación por Ley de la obligación del Jefe del Estado de comunicar oficialmente al Gobierno, con la antelación
suficiente, cualquier viaje del Rey fuera del territorio nacional ... (Página3)
162/000281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el recorte adicional de 7.000 millones de euros en la sanidad pública ... (Página3)
162/000282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre demolición del hotel Algarrobico y restauración de la playa en el término municipal de Carboneras (Almería) ...
162/000283 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación de un corredor ecológico marítimo entre Donosti y Biarritz ... (Página5)
162/000284 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la emisión de Hispanobonos ... (Página5)
162/000285 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para mejorar los servicios de atención y recuperación de las personas afectadas por la violencia de género ...
162/000286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el Sistema Nacional de Salud con el fin de mejorar la
accesibilidad, la equidad, la calidad y la eficiencia de las prestaciones asistenciales ... (Página7)
162/000287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una
actividad profesional o económica por cuenta propia, acomodando su cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a su situación de pluriactividad ... (Página8)
162/000288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el régimen de los trabajadores temporales de colaboración social ... (Página8)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para regular por Ley la obligación del Jefe del Estado de comunicar
oficialmente al Gobierno, con la antelación suficiente, cualquier viaje del Rey fuera del territorio nacional, para su debate en Pleno.
El reciente viaje del Rey a Botsuana para participar en la cacería de elefantes en la que sufrió un grave accidente, ha puesto de relieve el vacío legislativo existente en nuestro país, en cuanto a la falta de regulación de los viajes del
Jefe del Estado, tanto de carácter oficial como privado.
Por todo ello, teniendo en cuenta el derecho internacional comparado y las legislaciones vigentes en la materia en otros Estados democráticos de nuestro entorno, se presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un Proyecto de Ley que se obligue al Jefe del Estado a comunicar oficialmente al Gobierno, con el suficiente plazo de antelación, su intención de viajar fuera del territorio
nacional, tanto en viajes oficiales como en viajes privados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el recorte adicional de 7.000 millones de euros, en la sanidad
pública, para su debate en el Pleno.
Después de sucesivos recortes en la sanidad de competencia autonómica y en los PGE para 2012, el Gobierno acaba de anunciar un hachazo adicional de 7.000 millones de euros en Sanidad.
Tal recorte resulta inasumible para uno de los mejores sistemas sanitarios públicos y altamente eficientes.
Sin embargo, existen márgenes para mejorar la financiación del Sistema Nacional de Salud de manera justa y asimismo para apurar los niveles de eficiencia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Rechaza por inasumible e inviable el recorte adicional de 7.000 millones de euros, en la sanidad pública de competencia autonómica.
2. Propone la mejora en la fiscalidad general en contraposición a copagos, repagos o impuestos a los enfermos por discriminatorios y contraproducentes.
3. Rechaza el recorte de la cartera de servicios, los salarios y el personal en el Sistema Nacional de Salud por su impacto negativo en las listas de espera y en la pérdida de calidad de la atención sanitaria.
4. Propone utilizar los márgenes de ahorro y eficiencia del Sistema Nacional de Salud en gasto farma
céutico, aplicación de tecnologías, centrales de compra, etcétera.
5. Propone la reorientación del Sistema a la atención a enfermos crónicos, potenciando la atención primaria, la salud pública y la participación de la Comunidad'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000282
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Proposición no de Ley sobre demolición del hotel Algarrobico y restauración de la playa en el término municipal de Carboneras (Almería).
Acuerdo:
Con excepción del punto 4 de la iniciativa, en la medida en que no procede instar al Gobierno a lo dispuesto en dicho apartado, y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley conforme al artículo 194 del Reglamento y disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre demolición hotel Algarrobico y restauración de la playa, para su
debate en Pleno.
El edificio del hotel Algarrobico, en el termino municipal de Carboneras, Almería, es una de las mayores agresiones urbanísticas sufridas por el litoral español durante la más reciente especulación inmobiliaria. Desde el año 2002 se está
asistiendo a un embrollo de resoluciones judiciales y declaraciones políticas. Sin embargo, la reivindicación ciudadana ha sido en todo momento muy clara solicitando deshacer esa edificación y restaurar ambientalmente el paraje afectado.
El arquitecto que certificó la obra de la empresa promotora Azata señaló un coste de 16 millones de euros, y, sin embargo, ahora la citada empresa solicita, inexplicablemente, más de 200 millones de euros de indemnización.
La Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Junta de Andalucía, del 12 de marzo de 2012, en cumplimiento de los autos del TSJA y sentencia del Tribunal Supremo que se citan en la Resolución, acepta que el paraje del Algarrobico era
espacio protegido, no urbanizable, en el PORN de 1994 del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Hasta ese momento la Administración Autonómica Andaluza sostuvo que en el PORN el Algarrobico era urbanizable, basando esa afirmación en una posible
falsificación de la planimetría del PORN donde se mudaba la clasificación de los terrenos, sin expediente alguno, diciendo que se trataba de una corrección de errores. Ahora reconocen que esa manipulación de la planimetría no tiene validez legal
alguna.
El pasado 20 de marzo de 2012, el Tribunal Supremo dictó la ilegalidad del hotel Algarrobico por situarse dentro de los 100 metros de la zona de servidumbre y protección, ser contrario a la ley de Costas, constituir una agresión ambiental y
atentar contra la ordenación del territorio.
El Ministerio de Medio Ambiente sabía que la servidumbre de protección era de 100 metros desde el año 1988, cuando el entonces Director General de Costas, en un informe preceptivo y vinculante, se lo dijo al Gobierno Municipal de Carboneras.
La promotora Azata, antes de comprar los terrenos, sabía que el paraje era Parque Natural porque así estaba publicado en el BOJA. Y también sabía que la servidumbre de protección era de 100 metros porque así se lo había explicado el
Servicio Provincial de Costas al arquitecto del hotel en carta con registro de salida número 284, de 1998.
El BOE del 6 de diciembre de 2011 señala que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Andalucía firmaron un protocolo general de colaboración para la recuperación de la Playa del Algarrobico. Dicho convenio
establece un marco de colaboración, respetando las competencias de ambas administraciones públicas en orden a la desaparición del edificio destinado a hotel situado en la Playa del Algarrobico, sita en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, así
como a la posterior restauración ambiental de la zona, todo ello de conformidad, con lo establecido en
la normativa aplicable y pronunciamientos judiciales que posibiliten dicha solución.
Entre las actuaciones acordadas, se establece que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se compromete a abordar la financiación de la descomposición de la edificación, de acuerdo con el plan conjunto que desarrollaran las
dos administraciones. La Junta de Andalucía debe realizar los trabajos de deconstrucción y correcta gestión de los materiales constructivos recuperados para su posterior reutilización.
Tras los últimos pronunciamientos judiciales, nada impide que el citado protocolo general se desarrolle comenzando, en el menor plazo posible, los procedimientos de asignación presupuestaria y trámites administrativos oportunos con ejecución
de las últimas resoluciones judiciales del Tribunal Supremo respecto a deshacer el hotel Algarrobico siguiendo las pautas establecidas en dicho texto.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las siguientes medidas:
1. Iniciar los procedimientos pertinentes para desarrollar el protocolo general de colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica Andaluza con el objetivo de recuperar la Playa del Algarrobico, en el
término municipal de Carboneras, Almería. Los más recientes pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo, decretan la demolición del hotel Algarrobico, dado que es contrario a la ley de Costas.
2. Establecer una propuesta concreta, o proyecto, con el correspondiente cálculo de costes, sobre la forma de deshacer la edificación, recuperar el máximo de los materiales de construcción utilizados en su día y programar la reutilización
de dichos materiales recuperados.
3. Convocar la comisión mixta de seguimiento del protocolo general para recuperar la playa del Paraje Algarrobico para abordar las siguientes cuestiones: Adoptar el plan de actuación, elaborar el acuerdo de cofinanciación, efectuar el
seguimiento del plan de actuación conjunto y velar por su correcta aplicación.
4. [...].'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV- EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un corredor ecológico marítimo entre Donosti y
Biarritz, para su debate en el Pleno.
Las asociaciones OCEANA y COBE (Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi) han investigado conjuntamente las costas y fondos marítimos de Ulia y Jaizkibel (Gipuzkoa). De las investigaciones realizadas han concluido que las 13.000 hectáreas
entre Ulia y Jaizkibel conforman una zona de gran interés desde el punto de vista de la naturaleza. Por ello, han hecho un llamamiento al Gobierno de España y al Gobierno Vasco a fin de que protejan dicha zona.
OCEANA y COBE han propuesto la creación de un corredor marítimo ecológico que estaría incluido en la Red Natura 2000. De ese modo, dicho corredor tendría alrededor de 27.305 hectáreas y se protegería el hábitat de unas 50 especies
protegidas y alrededor de una docena de comunidades de gran interés a nivel internacional.
Teniendo en cuenta que, en comparación a otras zonas, el mar Cantábrico tiene pocos espacios protegidos y que la Red Natura 2000 no tiene ningún espacio marítimo del País Vasco, la protección de dicho entorno vendría a dar solución a esta
necesidad.
Por estos motivos, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar conjuntamente con el Gobierno Vasco al objeto de incluir en la Red Natura 2000 la creación de un corredor ecológico marino entre Donosti y Biarritz, recogiendo las conclusiones del
estudio elaborado por la asociación OCEANA y el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE) sobre la 'Protección de la zona marina de Jaizkibel y Ulia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación con la emisión de Hispanobonos, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los mercados financieros internacionales atraviesan actualmente una difícil coyuntura, caracterizados entre otros factores, por la crisis de la deuda soberana europea, que ha generado una desconfianza generalizada de los inversores hacia el
riesgo europeo denominado 'periférico'. Esta tendencia se ha visto profundamente agravada en los últimos meses, por los efectos que la reforma financiera y las exigencias de solvencia realizadas a las entidades de crédito nacionales, están teniendo
en los balances de las mismas.
Esta creciente aversión al riesgo no se ha transmitido de igual manera a todos los tipos de emisores, afectando particularmente al riesgo subsoberano público español, en el que se encuadran las Comunidades Autónomas. Para ellas se ha
producido, en paralelo al proceso que experimentaban de bajada de sus calificaciones crediticias por parte de las Agencias de rating, una ausencia prácticamente total del crédito y un incremento exponencial de los costes de financiación que amenaza
con hipotecar su futuro financiero.
Frente a lo que sucede a las Comunidades Autónomas, el Estado a través del Tesoro, sí mantiene actualmente abiertos sus canales de acceso a los mercados financieros. Siendo así, el Estado debe afrontar su responsabilidad y adoptar, sin más
tardanza, las medidas que sean necesarias para garantizar la financiación autonómica, evitando los graves perjuicios que el no hacerlo podría tener, tanto para el bienestar de los ciudadanos, que podrían ver afectada la prestación de servicios
básicos, como por las repercusiones que un problema de liquidez de alguna comunidad pudiera tener para el conjunto del riesgo español.
Tales medidas pueden concretarse bien mediante la adopción por parte del Estado de instrumentos como los denominados Hispanobonos (emitidos por el Tesoro) o la concesión de avales por parte del Estado para las emisiones públicas de las
Comunidades Autónomas, como a través de la concesión directa a las comunidades de préstamos por parte del Tesoro o del ICO.
La implantación de cualquiera de estas medidas propiciaría un sustancial ahorro financiero a las Comunidades Autónomas y evidenciaría la plasmación práctica del principio de solidaridad entre todas las Administraciones Públicas. La
instrumentación además de los llamados Hispabonos, constituiría, por último, un precedente para conseguir hacer realidad la reivindicación de muchos países europeos, incluido España, para la futura emisión de los Eurobonos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de medidas que permitan a las Comunidades Autónomas llevar a cabo las emisiones de deuda pública que tengan autorizadas consiguiendo el mayor ahorro financiero posible, y la
consiguiente mejora de la valoración del riesgo de sus emisiones de deuda pública. Este ahorro contribuiría de forma importante a la consecución de los objetivos de estabilidad fijados para las Comunidades Autónomas y el Estado, y se podría
obtener, entre otras medidas, mediante:
- La emisión de Hispanobonos por el Tesoro Público.
- La prestación de avales a la emisión de deuda pública de las Comunidades Autónomas.
- Concesión de préstamos directamente por el Tesoro Público o del ICO a las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas para mejorar los servicios de atención y recuperación de las personas afectadas por la violencia de género, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los servicios de atención para tratamiento y asesoramiento social, psicológico, jurídico y socioeducativo, permiten evaluar qué tipo de intervenciones son las más adecuadas a la hora de establecer un plan de seguridad o valorar cuando es
necesario alojamiento protegido.
Estos servicios son el principal espacio para la atención psicosocial a las mujeres víctimas de violencia de género y garantizan los derechos recogidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.
Son las Comunidades Autónomas y las corporaciones Locales, las encargadas de dar respuesta a la asistencia social integral bajo los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de
prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Y de conformidad con el mandato establecido en el artículo 32 de la citada ley corresponde a los poderes públicos elaborar aquellos planes de colaboración que, en el ámbito de la ordenación
de sus actuaciones en prevención y asistencia, impliquen a los distintos servicios sociales y organismos de igualdad.
Datos de las memorias de diferentes Servicios de Atención a mujeres víctimas de violencia de género, aportan informaciones estadísticas respecto al número de mujeres que renuncian a las ayudas de tipo psicosocial que las diferentes
administraciones ponen a disposición de las mujeres víctimas de malos tratos. A modo de ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, reconoce en sus memorias que solo el 26,8% de mujeres con Órdenes de Protección hicieron uso en este municipio de la ayuda
psicosocial. La dispersión y ausencia de información hace que el Gobierno desconozca el volumen de desistimientos o las circunstancias que motivan el abandono en esta materia.
Esta situación no solo incide negativamente en los procesos de recuperación de las víctimas, si no que apunta hacia la necesidad de analizar la relación existente entre abandonos y reincidencia de los episodios de violencia y ha de provocar
la preocupación de las entidades involucradas en la lucha contra la violencia de género.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar un Plan de colaboración con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, referido al análisis de los perfiles e identificación de las causas que inciden en el abandono de los servicios de ayuda psicosocial por parte de las
víctimas de violencia género, incluyendo medidas y estrategias específicas destinadas a mejorar el acercamiento de dichas prestaciones y que permitan contrarrestar los obstáculos que las disuaden de implicarse en el proceso de recuperación y
reparación del daño.
2. Informar a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, con anterioridad a finalización del actual periodo de sesiones, acerca de los mecanismos puestos en marcha para la elaboración y aprobación de dicho Plan, así como de las
medidas previstas en el citado marco de colaboración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2012.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la promoción del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación en el Sistema Nacional de Salud con el fin de mejorar la accesibilidad, la equidad, la calidad y la eficiencia de las prestaciones asistenciales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son instrumentos imprescindibles para afrontar con garantías de éxito el proceso de modernización y racionalización de los recursos en el que se encuentra inmerso el Sistema Nacional
de Salud (SNS).
Las TIC favorecen el avance hacia un modelo sanitario más eficiente, equitativo, seguro y de mayor calidad, al tiempo que facilitan la consecución de mejoras en el acceso a los servicios asistenciales por los pacientes, en el desarrollo de
la I+D+i, y en el desempeño de las funciones ligadas a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades por parte de los profesionales.
Precisamente en el ámbito profesional, la receta, la historia clínica y la tarjeta sanitaria electrónicas hacen que las horas dedicadas por los sanitarios a labores administrativas se inviertan en la asistencia propiamente dicha, una
transformación que en algunas experiencias impulsadas por las comunidades autónomas ha hecho posible la recuperación de entre un 20 y 30 por ciento del tiempo no asistencial según el Ministerio de Sanidad.
Las nuevas tecnologías -generadoras de un ahorro que triplica su inversión inicial-, son además herramientas imprescindibles para favorecer la cohesión y la continuidad asistencial en el ámbito sanitario, tanto entre centros nacionales como
internacionales, y favorecen en gran medida la cada vez más necesaria cooperación entre el propio sector salud y los servicios sociales.
Los avances tecnológicos en el ámbito de la sanidad son tenidos en cuenta por organismos como la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como medios fundamentales
para adaptar los modelos organizativos y los procesos de provisión de servicios a las necesidades cambiantes de profesionales y pacientes.
Consciente del trascendental papel que desempeñan las TIC para hacer sostenible el SNS tanto desde la perspectiva asistencial como desde el punto de vista económico, y teniendo presente en todo momento los avances cosechados hasta la fecha
por las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trabaja desde el comienzo de la legislatura en el desarrollo de la historia clínica, la receta y la tarjeta sanitaria individual electrónicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir trabajando en el avance de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el Sistema Nacional de Salud para favorecer la accesibilidad, la equidad, la calidad
y la eficiencia de las prestaciones contempladas en la cartera de servicios, impulsando su desarrollo e implantación con la máxima coordinación entre todas las administraciones implicadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo a aquellos
trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad profesional o económica por cuenta propia, acomodando su cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a su situación
de pluriactividad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En la actualidad se encuentran dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) un total de 3.050.798 trabajadores por cuenta propia, que han sido los que más han sufrido los efectos de la crisis. En total casi 340.000
autónomos se han dado de baja en este régimen especial de la Seguridad Social desde el primer trimestre de 2008.
Los últimos datos muestran una evolución más positiva, ya que en los últimos dos meses se ha registrado un incremento en la afiliación de 9.502 autónomos, en especial en los sectores de la hostelería y del comercio.
En este escenario ha de tenerse en cuenta la importancia del trabajo autónomo como palanca de cambio en la salida de la crisis y en la creación de empleo en España, toda vez que el 12% del total de los autónomos tienen trabajadores
asalariados a su cargo y que, junto con las empresas de menos de 50 trabajadores, conforman más del 95% del tejido productivo.
Además, más de 86.000 autónomos se encuentran en situación de pluriactividad, es decir, compatibilizan un empleo por cuenta ajena en jornada ordinaria con el desarrollo de otras actividades profesionales o económicas en períodos de tiempo
más reducidos. Estos trabajadores se encuentran dados de alta de forma simultánea en el régimen general y en el RETA.
En el contexto actual, y para reforzar la tendencia de los últimos dos meses, se hace necesaria la puesta en marcha de medidas que flexibilicen las condiciones de cotización de los trabajadores autónomos en situación de pluriactividad con el
doble objetivo de incentivar el inicio y la cotización de actividades emprendedoras, lo que podría traducirse en la generación de más puestos de trabajo; y, en segundo lugar, evitar la pérdida de más cotizantes en el régimen especial del RETA.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha, a la mayor brevedad posible, medidas de apoyo a aquellos trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una
actividad profesional o económica por cuenta propia, acomodando su cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a su situación de pluriactividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el régimen de los trabajadores temporales de colaboración social,
para su debate en el Pleno.
El desempleo es la mayor preocupación de los españoles, consecuencia deplorable de la crisis económica producida por la arbitrariedad voraz de los mercados y la ausencia de controles gubernamentales. Como ha sucedido siempre, los periodos
de depresión azotan especialmente a la clase trabajadora -entendida ésta en su acepción más general- arrojando entre uno de sus resultados más característicos la destrucción incontrolada de puestos de trabajo.
En una situación como la actual, la pérdida de ingresos de las Administraciones Públicas agrava este escenario
conduciendo de modo injusto a la limitación o desaparición de las coberturas sociales de aquellos que padecen esa lacra; es decir, al oprobio del paro, a la desesperación de su padecimiento, se acompaña la desprotección social, renunciando
nuestro Estado a su naturaleza Social.
Tales circunstancias de falta de empleo y disminución de las medidas de protección del Estado de Bienestar se confabulan a veces con los sectores más desfavorecidos: los parados de larga duración y, entre este colectivo, sobre aquellos que
rebasan los cincuenta años.
En estos supuestos, a la difícil inserción en el mercado laboral, que de una forma atroz rechaza y prescinde del conocimiento y experiencia de ese colectivo en aras a la disminución de los costes laborales inherentes a su mantenimiento en
plantilla, se une en muchas ocasiones el agotamiento de la prestación por desempleo, que se termina sustituyendo por una compensación económica exigua y que, además, en el camino final hacia su jubilación, perjudica y minora este derecho
irreversiblemente.
El panorama descrito se ha visto agravado por las sucesivas reformas instigadas por los gobiernos con el sedicente ánimo de satisfacer a las fuerzas económicas, en un esfuerzo incompresible y antisocial que puede acabar cercenando, quizá de
modo definitivo, nuestro sistema de previsión social.
Existe un colectivo particularmente agredido y perjudicado, cual es el de los trabajadores que quedan bajo el amparo de los artículos 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, sobre Medidas de Fomento del Empleo, con las
modificaciones operadas por el Real Decreto 1809/1986, de 28 de junio, que regulan los trabajos de colaboración social.
En virtud de esta figura, las Administraciones Públicas pueden utilizar trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo sin pérdida para éstos de las cantidades que en tal concepto vinieran percibiendo, en trabajos de colaboración
temporal que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad.
b) Que la duración máxima del trabajo sea la que le falta al trabajador por percibir la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiera reconocido.
c) Que no suponga cambio de residencia habitual del trabajador.
d) Que coincida con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador desempleado.
Mediante este mecanismo, articulado en abstracto sobre una motivación legítima, los trabajadores que participan en la realización de obras, trabajos o servicios referidos, tienen derecho a percibir con cargo al INEM la correspondiente
prestación o subsidio por desempleo.
Por su parte, las Administraciones Públicas completan, mientras realicen tales trabajos, la prestación o subsidio hasta el importe total de la base reguladora para el cálculo de la prestación contributiva que estu
viere percibiendo o que hubiera agotado antes de percibir el subsidio. En todo caso, se garantiza el cien por cien del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, pero se prescinde de dotar a esta figura de cualquier otro tipo
de cobertura o beneficio social.
Siendo loable el propósito de esta modalidad de colaboración, sin embargo, como en tantas otras ocasiones, la práctica ha pervertido esta figura desvirtuando su contenido y finalidad. En verdad, resulta un hecho público y notorio que las
Administraciones Públicas han venido empleando este método de colaboración quizá excesivamente, ampliando y extendiendo temporalmente su dedicación, así como dotando a las tareas desarrolladas de los perfiles propios de una plaza de las propias de
su plantilla de trabajadores.
Pese al desarrollo y ejercicio por parte de los colaboradores de un verdadero trabajo y, por lo tanto, adscritos a un puesto de trabajo cierto, recogido en la correspondiente relación, los derechos que nuestro ordenamiento reconoce y
atribuye a esta condición son desconocidos e ignorados en tales casos, en detrimento de sus derechos más básicos.
Y es que, ceñida estrictamente esta colaboración a lo señalado en el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, sobre Medidas de Fomento del Empleo, las Administraciones Públicas para las que se realizan trabajos de colaboración social mediante
los servicios prestados por trabajadores desempleados, deberán ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social únicamente las cuotas correspondientes por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En definitiva, existe un colectivo importante de trabajadores que, desempeñando funciones propias de un puesto de trabajo en una Administración Pública, se encuentra en una situación de ilegalidad, desamparados y abandonados a la
incertidumbre de esa colaboración, sin conocer su extensión en el tiempo, sus condiciones futuras, etc.
Además, este colectivo, dadas las circunstancias personales que caracterizan a los trabajadores condenados a su pertenencia al mismo, carece de los recursos y de toda posibilidad de queja en la mayor parte de los supuestos, pues al menos con
esta solución se les garantizan unos ingresos que de otro modo no percibirían, a pesar de que los mismos ni se incrementan en años sucesivos, ni sirven a los fines del mantenimiento de su derecho a una pensión digna.
No parece admisible que una figura creada para su protección, termine constituyendo, por obligada precaución, cuando no miedo, la herramienta para una contratación cautiva.
En cierto que el artículo 1, párrafo tercero, letra a), del Estatuto de los Trabajadores excluye del régimen laboral las relaciones del personal de las Administraciones Públicas que se regulen por normas de Derecho Administrativo. Pero ello
no es óbice para que la doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1999 y 29 de septiembre de 1989) sostenga que si bien esta exclusión permite en principio
romper la presunción de laboralidad de las relaciones de servicios establecida en el artículo 8, párrafo primero, del propio Estatuto de los Trabajadores, cabe la 'excepción de la excepción' cuando la contratación administrativa se ha
efectuado con flagrante desviación del cauce legal previsto, esto es, cuando el convenio de colaboración social consiste, en puridad, en la prestación de servicios genéricos sin sustantividad propia.
La evidencia de que las tareas realizadas por un trabajador pueden ser encuadradas en el marco de la actividad administrativa general y ordinaria de una Administración Pública, sin que exista obra o servicio concreto con autonomía y
sustantividad propia que pueda actuar como objeto de un contrato de trabajo temporal, impone que la figura de colaboración regulada en el Real Decreto 1445/1982, deba configurarse de un modo diverso.
Esta evidencia, sin embargo, no ha concitado pronunciamientos judiciales unánimes cuando se ha sometido a su criterio supuestos que, en puridad, sí son iguales; circunstancia que hace más acuciante la necesidad de acometer los cambios
normativos que sean precisos.
No pretende la presente iniciativa vedar a la Administración el recurso a los trabajos de colaboración social para dar cobertura a funciones que pudieran considerarse normales y que el personal adscrito viniera desarrollando a través de una
vinculación laboral. Pero, ante el hecho manifiesto de que estos convenios de colaboración se vienen empleando de este modo, respondiendo a necesidades reales del sector público y, asimismo, constatando la injusticia flagrante de su configuración
jurídica actual, la promoción de los cambios normativos oportunos para dotar del contenido adecuado a esta figura es necesaria.
Y es que siendo laborales los servicios prestados bajo la cobertura formal de trabajos de colaboración social, ha de auspiciarse una modificación de la norma que transforme y reconduzca esa colaboración a una relación laboral congruente con
su realidad.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar en el plazo de tres meses la regulación vigente de los trabajos temporales de colaboración social prevista en los artículos 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que
regula diversas medidas de fomento del empleo, así como la normativa precisa de modo que los mismos queden sometidos a las siguientes reglas y principios:
1. Su inclusión en el ámbito regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, mediante su equiparación a la situación de los trabajadores
que voluntariamente prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.
2. Su inclusión plena en el ámbito de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social articulando los mecanismos de cotización a cargo de la Administración pública que requiera el trabajo temporal de colaboración social, de modo que
se garantice el mantenimiento de los derechos a una prestación contributiva de la Seguridad Social para el trabajador en términos congruentes y adecuados a los derechos que hubiera devengado con anterioridad a su situación de desempleo.
3. La aprobación de medidas compensatorias para aquellos trabajadores que hubieran estado sometidos a esta contratación de trabajo temporal de colaboración social y que, como consecuencia de la misma, no se les hubieran reconocido los
derechos consustanciales a su condición de trabajadores durante ese período, en evitación del perjuicio que acarrea sobre sus derechos sociales la situación existente y, en especial, sobre su pensión de jubilación y prestaciones análogas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.