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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 70, de 09/04/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de abril de 2012
Núm. 70
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Pleno
059/000013 Calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio de 2012. Modificación ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión parlamentaria de investigación del 11 de marzo de 2004, a la luz de
los atentados yihadistas de Mohamed Merah en Francia ... (Página4)
162/000265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la puesta en marcha de una línea de crédito ICO que permita a Comunidades Autónomas y entidades locales hacer frente a los pagos pendientes de las
ayudas, convenios y subvenciones concedidos por estas Administraciones a las organizaciones del tercer sector de la acción social y entidades sociales no lucrativas ... (Página6)
162/000266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la infraestructura ferroviaria en Montcada i Reixac ... (Página8)
162/000267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre protección de los usuarios de servicios financieros ... (Página9)
162/000268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para luchar contra el fraude fiscal en España ... (Página10)
162/000269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre inversiones estatales en Canarias ... (Página13)
162/000270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para la erradicación del sistema de Resumen de Actividades Individuales (RAI) y el Resumen de Actividad de Unidades (RAU) de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil ... (Página14)
Mociones consecuencia de interpelaciones
Urgentes
173/000015 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones de modificación de la Ley de Costas, especialmente en lo referente a la posible ampliación de las concesiones a
fábricas que caducan en el 2018 y a la situación de ilegalidad de numerosos núcleos singulares-históricos afectados por la aplicación de dicha Ley ... (Página15)
173/000016 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos ...
173/000017 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000013
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de la fecha, oída la Junta de Portavoces, ha acordado modificar el calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones febrero-junio de 2012, en el sentido de prever sesión plenaria en la
semana que comienza el 9 de abril en lugar de la semana que comienza el 16 de abril, como estaba previsto en un principio; así como para suprimir la sesión plenaria prevista para la semana del 7 de mayo.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CALENDARIO DE SESIONES PLENARIAS PARA EL PERIODO DE SESIONES
FEBRERO-JUNIO 2012
II PERIODO DE SESIONES
Semana;Con/sin Pleno;Observaciones
Del 1 al 2 de febrero;Sin Pleno;
Del 7 al 9 de febrero;Con Pleno;
Del 14 al 16 de febrero;Con Pleno;
Del 21 al 23 de febrero;Con Pleno;
Del 28 de febrero al 1 de marzo;Sin Pleno;
Del 6 al 8 de marzo;Con Pleno;
Del 13 al 15 de marzo;Con Pleno;
Del 20 al 22 de marzo;Sin Pleno;25 de marzo, elecciones Parlamento Andalucía y Junta General Principado de Asturias.
Del 27 al 29 de marzo;Con Pleno;
Del 3 al 5 de abril;Sin Pleno;Semana Santa.
Del 10 al 12 de abril;Con Pleno;
Del 17 al 19 de abril;Sin Pleno;Comparecencias P.L. Presupuestos.
Del 24 al 26 de abril;Con Pleno;Debate totalidad P.L. Presupuestos.
Del 1 al 3 de mayo;Sin Pleno;Festivos los días 1 y 2 de mayo.
Del 8 al 10 de mayo;Sin Pleno;Debate en Comisión P.L. Presupuestos.
Del 16 al 17 de mayo;Con Pleno;Festivo el día 15 de mayo.
Del 22 al 24 de mayo;Con Pleno;Debate en Pleno Dictamen P.L. Presupuestos.
Del 29 al 31 de mayo;Con Pleno;
Del 5 al 7 de junio;Sin Pleno;
Del 12 al 14 de junio;Con Pleno;
Del 19 al 21 de junio;Con Pleno;
Del 26 al 28 de junio;Con Pleno;
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2012.-P. A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
162/000264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión parlamentaria
de investigación del 11 de marzo de 2004, a la luz de los atentados yihadistas de Mohamed Merah en Francia, para su debate en el Pleno.
Los atentados perpetrados por el terrorista yihadista francés Mohamed Merah los días 11, 15 y 19 de marzo de 2012 en Montauban y Toulouse (Francia) han vuelto a poner de actualidad la necesidad de la prevención y de la lucha específica
contra este tipo de terrorismo. Efectivamente, no estamos sólo ante una acción individual, sino ante un terrorista vinculado a un grupo salafista alineado con Al Qaeda formado en Francia, Fursan al Izza, disuelto por el Ministerio del Interior
francés a inicios de 2012. Mohamed Merah estaba fichado por la Dirección Central de Información Interior francesa (DCRI) y vigilado por la policía a partir de 2008 por sus contactos junto a su hermano Abdelkader con un grupo de yihadistas detenidos
en 2007 y condenados en junio de 2009 por 'asociación de malhechores en relación con actividades terroristas'. Pese a sus magros ingresos económicos, Merah viajó en distintas ocasiones a Egipto, Siria, Irak, Líbano, Israel, Jordania, Pakistán y
Afganistán, donde fue entrenado en Waziristán y detenido el 22 de noviembre de 2010 en Kandahar, entregado a las fuerzas de la OTAN, bajo custodia de las fuerzas de EE.UU., y deportado a Francia el 5 de diciembre de 2010. También figuraba en la
lista negra del FBI con prohibición de volar a EE.UU. Pese a estos antecedentes, las Fuerzas y Cuerpos franceses de Seguridad no fueron capaces de interceptarle a tiempo.
El 30 de junio de 2005 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una resolución que resumía las Recomendaciones de la Comisión parlamentaria de investigación del 11 de marzo de 2004. Las 141 recomendaciones se referían a la atención a
las víctimas; la mejora de la seguridad del Estado frente al terrorismo islamista (mediante la cooperación policial y judicial, estatal e internacional, la potenciación de recursos y una mayor cooperación interinstitucional); medidas legales sobre
control de las fuentes de financiación del terrorismo, obtención y tratamiento de la información, lucha contra la inmigración ilegal, confidentes y control de explosivos; una más eficaz respuesta al fundamentalismo islamista y sus consecuencias en
política exterior de seguridad, en política social, cultural y de cooperación al desarrollo y en relación con la religión musulmana. Por último, se recomendaba a los partidos políticos la realización de un Pacto contra el terrorismo internacional,
abierto a todas las fuerzas políticas democráticas.
Ante la constatación de la emergencia de un nuevo tipo de terrorismo, el Congreso exigía del Estado la adopción con la mayor urgencia posible de una respuesta global, con medidas que favorecieran la seguridad de la sociedad a través de
instrumentos políticos, legales y operativos, todo ello con el objetivo de que España no vuelva a sufrir un nuevo ataque.
Del extenso abanico de medidas preconizadas por el Congreso, los sucesivos Gobiernos ya ha puesto en marcha un gran número, por ejemplo:
- La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
- La creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNA).
- El Mando policial único.
- Avances en la unificación de las bases de datos de Policía y Guardia Civil.
- Creación del Sistema de Información Común de Operaciones Antiterroristas (SICOA).
- El Plan de alerta con participación del Ejército en la protección de infraestructuras.
- La indemnización a las víctimas y la creación del Alto Comisionado y la Dirección General de Atención
y Apoyo a los Damnificados. La adquisición con carácter extraordinario de la nacionalidad española de las víctimas extranjeras o familiares directos, así como la concesión de residencia y permiso de trabajo a los mismos.
- La ampliación de las plantillas centrales y periféricas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y los traductores de árabe que están dedicadas a la lucha antiterrorista islamista.
- La mejora de la red de alerta con 12 Agregadurías policiales en Asia y África. La coordinación con los servicios antiterroristas de la UE y EEUU.
- El intercambio de datos policiales en tiempo real de los países de Schengen. La promoción y participación en una red de alerta europea sobre explosivos.
- La conexión informática de las compañías aéreas con Interior para la transmisión de datos de pasajeros en origen.
- La mejora de los sistemas de inspección y control de explosivos.
- La dispersión de presos islamistas.
- La Ley de retención de datos de las telecomunicaciones y de móviles con tarjeta prepago.
Otras recomendaciones del Congreso de los Diputados permanecen inéditas o han sido insuficientemente desarrolladas, por ejemplo:
- La comparecencia del Presidente del Gobierno cada dos años para exponer la estrategia del Gobierno frente al terrorismo islamista, si bien el Ministro del Interior ha comparecido en dos ocasiones en el último año y el Gobierno ha
suministrado a los grupos parlamentarios en la Comisión de Secretos Oficiales una información genérica sobre la lucha contra el terrorismo internacional.
- La realización de un Pacto de todas las fuerzas políticas democráticas contra el terrorismo internacional.
- El impulso de un sistema de coordinación interinstitucional.
- La creación de un Comité Estatal de Crisis.
- La regulación de la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis.
- El establecimiento de un Plan de Financiación Plurianual contra el Terrorismo. La construcción de un edificio sede judicial única antiterrorista.
- La creación de un Banco Judicial de Datos sobre terrorismo islamista. La creación de una Escuela policial europea antiterrorista.
- La regulación del trabajo integrado de fuerzas estatales y autonómicas. La formación específica de policías autonómicos y locales.
- El establecimiento de Protocolos de actuación ante atentados catastróficos. La regulación de la figura del informador policial o confidente.
- El refuerzo de la figura del infiltrado o agente encubierto.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en función del grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión parlamentaria de Investigación del 11 de Marzo de 2004, profundice las que ya han sido puestas en marcha y
desarrolle las que todavía no se han aplicado parcialmente o en su totalidad, especialmente en relación con las siguientes:
1. La mejora de la seguridad del Estado frente al terrorismo islamista:
- El rediseño integral de la estrategia antiterrorista a raíz de la aparición del terrorismo islamista radical.
- La generalización de los policías y jueces y fiscales de enlace y de los equipos conjuntos de investigación, o, más intensamente, mediante la creación de unidades policiales o judiciales mixtas, con otros países de la Unión y países
terceros.
- El establecimiento de un Plan de Financiación Plurianual
- La intensificación de la selección y la formación de agentes con el perfil idóneo para ese tipo específico de investigaciones, que tengan conocimiento adecuado de idiomas, especialmente árabe.
- En el medio rural y en las ciudades y capitales de provincia, la creación de unidades mixtas que contemplen de manera directa la doble perspectiva de la delincuencia relacionada con extranjeros y el radicalismo.
En el ámbito judicial:
- La ampliación y mejora de los recursos humanos y materiales con que cuentan la Audiencia Nacional y la Fiscalía a ella adscrita.
- La creación en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de un grupo de trabajo especializado en terrorismo islamista, a las órdenes del Fiscal jefe o del Teniente-fiscal.
- El acceso directo de órganos judiciales y fiscalía (vía informática) a la base de datos de antecedentes penales obrante en el Ministerio de Justicia.
- La cooperación en tiempo real entre Jueces y Fiscales con Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y CNI.
En lo referente a la coordinación entre las Policías:
- La garantía de que la Base de Datos compartida entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sea técnicamente fiable, evolutiva y descentralizada para garantizar la coordinación y la circulación interna de la información en tiempo real.
- La creación de unidades mixtas de análisis y tratamiento de datos que relacionen la inmigración irregular, la delincuencia común y el terrorismo.
- La coordinación interna de cada Policía.
- La cooperación coordinada entre CNI y las Policías.
- La cooperación entre las Policías, los Juzgados y la Fiscalía, en particular la creación de un banco judicial de datos sobre terrorismo internacional, ubicado en la Audiencia Nacional.
- La coordinación en la seguridad penitenciaria.
2. Medidas legales y normativas.
- La persecución legal del llamado 'ciberterrorismo'.
- La regulación legal y reglamentaria de la figura del informador policial, para definir los límites y las bases de colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con sus informadores. Esa normativa debe permitir, entre
otras, la gestión centralizada de una base de datos de informadores policiales.
- La reforma de la figura del agente encubierto o infiltrado, actualmente regulado en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para permitir una mayor funcionalidad, a la par que una mayor seguridad de la actuación del mismo.
Sobre la coordinación interinstitucional activa en caso de catástrofe de origen terrorista, en cooperación con las Comunidades Autónomas:
- El establecimiento de un protocolo de actuación y coordinación interinstitucional en caso de catástrofe, particularmente de aquéllas que vienen causadas por el terrorismo.
- La creación de un Comité Estatal de Crisis -posiblemente para actuar de forma complementaria a la del Comité gubernamental de crisis actual- en el que se integraran todas aquellas autoridades -nacionales, autonómicas o, incluso, locales-
que tuvieran que dar respuesta a las consecuencias derivadas del hecho terrorista, lo que permitiría una respuesta mucho más coordinada a la crisis.
- La promoción de una mayor coordinación y colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Autonómicas.
- El establecimiento de medidas para que las instituciones y empresas públicas, con especial atención a las más vulnerables a los ataques terroristas, como es el caso de los transportes públicos, estén cubiertas por seguros que garanticen la
suficiente cobertura de riesgos frente a esta amenaza.
- El desarrollo de un Plan de Vigilancia y Protección de los Medios de Transporte Colectivos (puertos, aeropuertos, trenes, metros, autobuses, etc.).
- La modificación del Decreto Regulador de la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, con el fin de precisar las condiciones en las que el Presidente del Gobierno deberá reunir imperativamente a la Comisión.
- El perfeccionamiento del Protocolo Forense de Identificación y Reconocimiento de las víctimas, así como el establecimiento de un Marco protocolario de intervención de equipos especializados en caso de grandes catástrofes.
3. Una más eficaz respuesta política al fundamentalismo islamista y sus consecuencias:
En política exterior para la seguridad:
- Reforzar la coordinación contra el terrorismo islamista, especialmente a través de convenios bilaterales de colaboración en materia de inteligencia, acceso a bases conjuntas, armonización de legislaciones, investigaciones compartidas e
instrucciones judiciales.
En política cultural y social:
- Promover la integración social, económica y cultural de la comunidad musulmana en España.
- Facilitar el culto musulmán y el encuentro entre quienes profesan esa religión en espacios dignos y abiertos a la comunidad, evitando la proliferación de centros de culto sin control ni registro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
puesta en marcha de una línea de crédito ICO que permita a Comunidades Autónomas y entidades locales hacer frente a los pagos pendientes de las ayudas, convenios y subvenciones concedidos por estas Administraciones a las organizaciones del tercer
sector de la acción social y entidades sociales no lucrativas, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Las organizaciones del tercer sector son entidades sociales no lucrativas de atención directa a la ciudadanía con mayor riesgo de exclusión social y/o en situación de vulnerabilidad que complementan los programas desarrollados por las
Administraciones. Potenciar
la actuación de estas entidades y dotarles de recursos para poderlos llevar a cabo inciden directamente en la atención de miles de españoles y españolas. Además son una fuente de creación constante de empleo, con más de 1.2 millones de
trabajadores, y una de las herramientas fundamentales con las que contamos para la integración de las personas con riesgo de exclusión en nuestro país.
El sector no lucrativo en España, si tomamos en consideración el trabajo de los voluntarios, representa un volumen de empleo cercano al 10 % del empleo nacional, y genera en torno al 5 % del PIB español. Harían falta 320.000 puestos de
trabajo para que la Administración Pública pudiera suplir el total de servicios sociales prestados hoy por estas organizaciones.
Estas entidades cuentan con experiencia y especialización cuando se trata de poner en marcha medidas que tienen que llegar a los grupos de exclusión con más dificultades para acceder al empleo. Esa experiencia les viene dada porque están en
el terreno de modo permanente, conocen directamente a las personas a las que se han de dirigir, cuentan con la confianza de las mismas y saben cómo motivarles e implicarles. Estas entidades han demostrado además ser especialmente capaces no
solamente en generar expectativas positivas en las personas con las que trabajan en los distintos y varios programas que desarrollan, sino de promover un auténtico empoderamiento, fomentando el protagonismo de las mismas también en la ejecución de
las medidas y en la toma de decisiones.
Durante estos años de crisis económica, las organizaciones sociales han demostrado su capacidad para complementar la labor de las administraciones públicas, viendo aumentada la demanda de sus servicios y programas a la ciudadanía que más
sufre esta crisis. Por ello debemos reforzar estas organizaciones y dotarlas de más medios para que puedan continuar esta tarea de atención directa a las personas desfavorecidas y de promover los procesos de inclusión activa, dado que han
demostrado su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan y la eficiencia de su trabajo. Favorecer el trabajo desarrollado por el tercer sector es reforzar una de las herramientas más importantes de que disponemos en nuestro país para la
inserción de las personas en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social.
Tal y como señalan las plataformas representativas de estas organizaciones, el tercer sector viene padeciendo graves problemas de financiación producido por la tardanza en el pago de las ayudas y. subvenciones otorgadas por Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos, produciendo en estas una crisis tan fuerte que les está llevando a situaciones extremas, y que en algunos casos suponen la extinción de programas que afecta tanto al empleo de los trabajadores y trabajadoras que
desarrollan estos programas como a los miles de personas que son atendidas en los mismos.
Datos de la Plataforma del Tercer Sector cifra en más de 600 millones de euros los recursos pendientes de recibir por estas organizaciones a diciembre de 2011, de los que más de 200. millones son producto de compromisos impagados en
concepto de subvenciones y convenios, significativamente contraídas por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, de las que más de 100 millones eran deudas vencidas hace más de un año.
La grave situación de crisis económica está ocasionando por parte de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos un retraso acumulado en el pago de las obligaciones que han contraído con estas entidades no lucrativas, a lo que se une importantes
restricciones de acceso al crédito, que requieren de una respuesta urgente por parte del Gobierno para asegurar la cohesión social y mantener el importante trabajo que estas organizaciones sociales desarrollan, tanto en el ámbito de la inclusión
social como el acceso al empleo de las personas con mayor dificultad.
El Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto-ley 412012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales, pero este RDL no incluye la posibilidad de acceso al mismo por parte del tercer sector que mantiene pendientes deudas con Administraciones locales por la vía del convenio, las ayudas o las subvenciones, al establecer el mismo que
las 'obligaciones pendientes de pago deben reunir varios requisitos concurrentes: ser vencidas, líquidas y exigibles; anteriores a 1 de enero de 2012 y que se trate de contratos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público'. Por ello, se requiere de nuevas iniciativas que alivien la grave situación económica del tercer sector en nuestro país y que incluyan a
las CC.AA, que son las Administraciones que más deuda pendiente tienen contraídas con las entidades no lucrativas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda:
1. Reconocer el importante papel desarrollado por el Tercer Sector comprometiéndose a impulsar medidas que refuercen el trabajo que estas organizaciones desarrollan en España.
2. Instar al Gobierno de la Nación a que ponga en marcha, en el plazo de dos meses, una línea de crédito ICO que posibilite a las Comunidades Autónomas y entidades locales el acceso a crédito con el objeto de hacer frente al pago de las
ayudas, convenios y subvenciones concedidas por estas Administraciones a las organizaciones del tercer sector de la acción social y
entidades sociales no lucrativas pendientes de cobro con anterioridad al 1 de enero de 2012.
3. Instar al Gobierno de la Nación a que en futuras disposiciones legislativas que se dicten para posibilitar el acceso al crédito de las Administraciones Públicas con objeto de pagar a sus acreedores, se incluya expresamente entre estos a
las entidades no lucrativas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-María González Veracruz y Rosa Aguilar Rivero, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la infraestructura ferroviaria en Montcada i Reixac, para su
debate en Pleno.
Montcada i Reixac, un municipio con una población de 34.265 habitantes según el padrón de 1 de enero de 2012, esta castigada por su situación geográfica. Salida natural de Barcelona hacia el Norte, se encuentra partida y fracturada por
importantes vías de comunicación: tres líneas de cercanías (Barcelona-Terrassa Manresa, Barcelona-Vic Ripoll, y Barcelona-Sant Celoni Portbou), dos autopistas (C58 y C33), una autovía (C17), carretera nacional (N150).
A los perjuicios ocasionados por estas infraestructuras hay que sumarles también los efectos derivados de la degradación medioambiental que generan las diversas canteras e industrias contaminantes, entre las que destaca la cementera Lafarge,
ubicada en medio de la población y que actualmente, además de la generación de polvo derivada de la actividad productiva, se ha convertido en una incineradora al recibirla autorización para 'valorizar' residuos.
En su día se vio la oportunidad de llegar a un acuerdo cuando se licitaron las obras del AVE al paso por el municipio. Se soterró la vía del AVE y entonces se adquirió el compromiso de que a la mayor brevedad se procedería al soterramiento
de la línea Barcelona-Portbou, que a su paso por el municipio tiene una gran frecuencia de paso y además tiene dos pasos a nivel altamente peligrosos, con lo cual se vio la oportunidad de acceder al paso del AVE por el municipio y, corno
contraprestación, conseguir el soterramiento de estas líneas.
Ha sido clave la creación, en enero de 2006, de la Plataforma ciudadana 'Tracte Just, Soterrament total ja'. Esta plataforma ciudadana, a la que se adhirieron más de setenta entidades locales, consiguió un importantísimo apoyo social, hasta
el punto de recoger 12.000 firmas, ha realizado manifestaciones multitudinarias (3.000 y 2.500 participantes) y diferentes actos públicos con una gran participación vecinal.
El día 19 de noviembre del 2007 se firmaron los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Fomento, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, el Ayuntamiento de Montcada i Reixac y el Administrador de infraestructuras
ferroviarias (ADIF) en relación con el paso de la línea de alta velocidad y de la integración de la línea férrea convencional Barcelona-Portbou a su paso por Montcada i Reixac.
'Reunidos:
Don Víctor Morlán Gracia, Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento.
Don Joaquim Nadal i Farreras, Consejero del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya.
Don César Arrizabalaga Zabala, Alcalde-presidente de Montcada i Reixac.
Don Antonio González Marín, Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Han analizado la problemática relativa al paso de [a línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa y de la actual línea convencional Barcelona-Portbou a su paso por el municipio de Montcada i Reixac y han adoptado los siguientes
Acuerdos:
En su paso por la zona urbana del municipio
Primero. La ejecución de las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa se llevará a cabo en primer lugar, con carácter prioritario, de acuerdo con el trazado aprobado por resolución del Secretario de Estado de
Infraestructuras de 30 de agosto de 2000 (B.O.E. de 17 de octubre de 2000), y de conformidad con el proyecto contratado por el Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con fecha 23 de febrero de 2007. Este proyecto
incluye un túnel de 3,709 m de longitud a su paso por la zona urbana del municipio.
Segundo. El Ministerio de Fomento, a través de ADIF y de la Dirección General de Ferrocarriles, redactará y tramitará, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación ambiental y en la sectorial ferroviaria, el proyecto de
soterramiento de la línea convencional Barcelona-Portbou a su paso por la zona urbana de Montcada i Reixac, desde el limite con Vallbona, mediante un nuevo trazado bajo el río Ripoll, hasta su ribera norte. La asistencia técnica para la redacción
de este proyecto ha sido contratada por ADIF el 25 de septiembre de 2007.
Dentro de este proyecto, se analizará y definirá, asimismo, una nueva estación ferroviaria de Cercanías en Montcada i Reixac que garantice el servicio que actualmente se presta a la ciudad.
La licitación y ejecución de las obras se producirá, de forma coordinada con las de alta velocidad, una vez finalice la redacción del proyecto constructivo y haya sido aprobado.
Tercero. Mientras se construye el nuevo túnel de la línea convencional y la nueva estación, el servicio ferroviario de Cercanías en Montcada i Reixac se seguirá prestando en la actual estación.
Cuarto. Es voluntad de las partes que una vez entre en servicio el nuevo trazado del túnel de la línea Barcelona-Portbou, los terrenos sobre los que discurre el trazado actual se desmantelarán y desafectarán del uso ferroviario y serán
cedidos al Ayuntamiento para su calificación como zona verde pública.
Los ingresos derivados de los aprovechamientos urbanísticos que correspondan a ADIF sobre estos terrenos desafectados se incorporarán a la financiación del proyecto, para lo cual el Ayuntamiento de Montcada i Reixac y la Generalitat de
Catalunya promoverán los instrumentos de planeamiento necesarios para la materialización de los aprovechamientos urbanísticos originados por la cesión de los suelos del trazado actual en los ámbitos espaciales que correspondan.
Quinto. Los presentes acuerdos se desarrollaran en un convenio posterior, a suscribir entre los firmantes del presente Acuerdo una vez estén definidas las actuaciones con precisión necesaria.'
A día de hoy, con el proyecto definitivamente aprobado, urge dotarlo presupuestariamente para poderse definitivamente llevar a cabo después de tantos años de luchas y sufrimientos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Instar al Gobierno de España a la inmediata incorporación en el presupuesto del 2012 de una partida presupuestaria de 75 millones de euros para llevar a cabo la ejecución de la primera fase del proyecto de soterramiento de la línea
convencional de Portbou, y que se traduce en el soterramiento mediante perforadora entre el barrio de Vallbona (Barcelona) y Montcada i Reixac a la altura de l'Avda. de la Unitat con C/ Leonor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-Joan Josep Nuet Pujals, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre protección de los usuarios de servicios financieros, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La MiFID ('Markets in Financial Instruments Directive') es la normativa que armoniza en Europa la regulación sobre los mercados de valores, los instrumentos financieros que en ellos se negocian, la organización y relación con sus clientes de
las entidades financieras que prestan servicios de inversión y la protección al inversor. La Ley 47/2007 de 20 de diciembre, que modificaba la Ley del Mercado de Valores, y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, la incorporó al marco jurídico
español.
Esta normativa ha tenido efectos positivos en la mayor competencia entre los diferentes centros de negociación de instrumentos financieros, en las más amplias posibilidades de elección de los inversores respecto a los prestadores de
servicios y los instrumentos financieros disponibles.
Tras cuatro años de aplicación de dicha directiva, la crisis financiera ha puesto de manifiesto en nuestro país numerosos problemas relacionados con la comercialización de determinados productos financieros que (por su carácter complejo) han
llegado a convertirse para un número apreciable de clientes en productos 'tóxicos'. Las necesidades de liquidez y de mejora de los ratios de solvencia de las entidades financieras ha llevado a que se comercializasen productos financieros complejos,
de escasa liquidez y alto riesgo, a inversores minoristas a los que no se les explicaron adecuadamente todas las características del activo en el que iban a invertir. Como consecuencia, esos inversores están sufriendo importantes perjuicios.
Dentro esa gama de productos podríamos incluir las participaciones preferentes, la deuda subordinada, la deuda convertible, las cláusulas suelo en las hipotecas, las cédulas hipotecarias e incluso la concesión de hipotecas a clientes con perfiles de
riesgo inadecuados, etc.
Por tanto, principios generales de actuación como la honestidad, profesionalidad o la obligación de proporcionar información imparcial, clara y no engañosa, parecen no haberse aplicado.
En consecuencia, se está procediendo a una revisión de la MiFID, como parte integrante de las reformas destinadas a instaurar un sistema financiero más seguro, saneado, transparente y responsable, en beneficio de la
economía y la sociedad en su conjunto. En esta revisión, se reconoce la necesidad de realizar cambios específicos en el marco de la protección de los inversores.
Por otro lado, el artículo 29 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, prevé el deber de las entidades financieras de atender las quejas y reclamaciones presentadas por su clientela, a cuyo fin
establece la existencia obligatoria en las mismas de un Departamento o Servicio especializado de Atención al Cliente, así como la posibilidad de designar un Defensor del Cliente.
La presentación a estos servicios de Atención al Cliente o Defensor del Cliente de las reclamaciones se considera un trámite previo necesario para su posterior tramitación ante los organismos de Defensa del Cliente de Servicios Financieros:
el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Hay que recordar que no es competencia del Servicio de Reclamaciones ni la valoración de los
posibles daños y perjuicios, ni el dictado de una orden de entrega de cantidades en concepto de indemnización, teniendo sus actuaciones únicamente carácter informativo y no vinculante para las partes. Las reformas recientes (Ley 2/2011 de Economía
Sostenible y Orden EHA/2899/2011) no han modificado esta situación. Como señalan los informes del Defensor del Pueblo, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España concede prioridad a su papel de salvaguardar la solvencia de las entidades,
dejando en un segundo plano la protección del consumidor. Rara vez se pronuncia sobre el fondo de las reclamaciones que los ciudadanos plantean ya que, con carácter general, considera ajenas a sus competencias las cuestiones que no estén
relacionadas con la solvencia de las entidades de crédito. Además, el Servicio es un órgano carente de funciones ejecutivas, por lo que sus actuaciones e informes no tienen la consideración de actos administrativos. En estas condiciones, los
ciudadanos no logran ver amparados sus derechos de manera efectiva.
Tampoco parece que los esfuerzos realizados por el Banco de España y la CNMV mediante el Plan de Educación Financiera (2008-2012) estén dando los resultados deseados, en vista de los hechos arriba referidos.
Otro problema que persiste en el ámbito financiero es el del conflicto de intereses entre actividades de comercialización de productos y de asesoramiento financiero. Esto se une a unos sistemas de remuneración que crean los incentivos
perversos, tanto en los que comercializan los productos como en la alta dirección (bonus que incentivan el cortoplacismo...).
Por todo ello, los clientes de productos bancarios (especialmente los minoristas) demandan la adopción de medidas correctoras que les garanticen un adecuado grado de protección.
Teniendo siempre presente la libertad de las partes para contratar los productos financieros y las características que mejor se adapten a sus necesidades, parece necesario mejorar los procedimientos, la información, la transparencia y la
resolución de incidencias en su comercialización.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia considera indispensable que el Gobierno aborde con urgencia la resolución estos problemas. Por ello, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Pedir al Ministerio de Economía y Competitividad que inste al Banco de España a que (como ya existe en el caso de las hipotecas) confeccione formularios breves, homologados y uniformes de uso obligatorio por todas las entidades
financieras. Esto facilitaría la contratación de productos financieros describiendo con la máxima claridad y sencillez posible el tipo de producto, sus características y riesgos (incluida la prelación y la garantía o no del Fondo de Garantía de
Depósito). Nada de lo que se diga en el posterior desarrollo y articulado del contrato podrá modificar lo especificado en dicho formulario.
2. Promover la mayor separación de las actividades de comercialización y asesoramiento financiero dentro de las entidades financieras, favoreciendo también prácticas como la externalización del asesoramiento financiero y la prestación de
asesoramiento financiero independiente.
3. Conceder al Banco de España funciones de supervisión de las políticas de retribución de las entidades financieras, que le permitan combatir los incentivos perversos que generan comportamientos cortoplacistas (tanto en las actividades de
comercialización como en la alta dirección).
4. Mejorar los organismos de protección de los usuarios de servicios financieros mediante la ampliación de sus atribuciones y medios, de forma que puedan desempeñar con mayor eficacia su tarea.
5. Estudiar la posible unificación de los organismos de protección del inversor actualmente dispersos, para aumentar tanto su eficacia como su visibilidad social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para luchar contra el fraude fiscal en España, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La existencia de bolsas de economía sumergida y de actividades ocultas y no declaradas atenta contra la equidad en el reparto de las cargas fiscales y constituye un ejercicio de competencia desleal entre los operadores económicos. Por estas
razones, sin perjuicio de la tradicional comprobación masiva de contribuyentes perceptores de rentas 'controladas' debe darse prioridad a la tarea de investigadora de las fuentes de la elusión y evasión fiscal.
El fraude fiscal en España ha alcanzado en los últimos años, según la generalidad de las estimaciones realizadas, un porcentaje que se sitúa en torno al 8 % del PIB. En consecuencia es ineludible ahora más que nunca -en la actual coyuntura
de recesión económica y con déficit en las cuentas públicas del 8.51 % del PIB- desplegar una lucha decidida contra el fraude fiscal.
La lucha contra el fraude fiscal constituye una obligación y una responsabilidad de los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) en sus diferentes ámbitos de actuación (estatal, regional y local) así como de la Sociedad en su
conjunto y de todos y cada uno de los ciudadanos. En consecuencia no cabe reservar el cumplimiento de esta tarea a las diferentes Administraciones Tributarias, aunque es evidente que a ellas les corresponde asumir el liderazgo en este campo. A los
poderes públicos corresponde diseñar el marco jurídico, organizacional y financiero en que aquellas deben desarrollar su actuación, ajustándose a una planificación anual en la que se seleccionen los objetivos y se instrumenten las medidas que
garanticen la eficacia y eficiencia en la consecución de aquellos.
Sin embargo, el Gobierno reduce los medios de la Agencia Tributaria, cuyo presupuesto se ha recortado un 6.1 %, con una caída superior a la de los Ministerios y frente al aumento de otras partidas como subvenciones o transferencias a las
CCAA. Por otra parte tampoco ha reforzado las atribuciones legales de la Administración Tributaria, ni se ha realizado la necesaria e imprescindible labor de pedagogía social para convencer a los ciudadanos de que el fraude fiscal constituye una
gravísima lacra de nuestra sociedad y compromete los esfuerzos para reducir el déficit de nuestras cuentas públicas.
Por ello, resulta imprescindible una definida e inquebrantable voluntad política para luchar contra el fraude fiscal y la corrupción que supere la simple adopción de diversas medidas aisladas que, como ha ocurrido hasta la fecha, resultan
insuficientes para combatirlo. Es necesario introducir nuevas medidas de tipo legal y organizativo que deben ir acompañadas de los medios materiales y humanos necesarios para su puesta en práctica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar la lucha contra el fraude fiscal adoptando y poniendo en práctica, entre otras, las siguientes medidas:
1. Reforma de la normativa sobre delito fiscal consistente en una ampliación de los plazos de prescripción de los delitos, y en la tipificación de nuevas circunstancias agravantes tales como la ocultación al Fisco de información relativa a
cuentas bancarias en el extranjero , la comisión de delitos fiscales instrumentados utilizando paraísos fiscales y las actuaciones fraudulentas mediante emisión de facturas falsas. Se establecerá una pena de inhabilitación especial para actuar como
administrador, apoderado, directivo o representante de entidades mercantiles durante un plazo determinado, a los que fueren condenados por delito fiscal, en los que concurran actuaciones especialmente graves-como el caso de colaboración en el
alzamiento de bienes para evitar el pago de deudas tributarias-en función de su respectiva gravedad.
2. Ampliar los plazos de prescripción de las infracciones tributarias establecidos en la Ley General Tributaria para homologarlos con los establecidos para la prescripción de la responsabilidad penal.
3. Reformar la Ley General Tributaria estableciendo sanciones tributarias de mayor gravedad a quienes -con independencia de la cuota no ingresada- utilicen la ocultación o el engaño para la obtención de un beneficio económico directo.
4. Aprobar un nuevo Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria, en el que, se definan con claridad las funciones y estructura de esta organización. Dicho Estatuto deberá diseñar un marco jurídico que garantice la máxima independencia en la
aplicación del sistema tributario y, con ese fin, establecerá el nombramiento del Director de la AEAT por mayoría cualificada del Congreso y por un período de cinco años, atribuyendo al Presidente de la Agencia exclusivamente funciones de
representación. El Estatuto determinará los puestos de trabajo que podrán cubrirse mediante libre designación reduciendo su número al mínimo imprescindible. Los demás puestos de trabajo deberán adjudicarse mediante concurso de méritos cuyas bases
se determinarán en la norma estatutaria a fin de dotar de total independencia a los funcionarios adscritos a la AEAT.
5. Incrementar sustancialmente los medios humanos y materiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), especialmente la plantilla de Inspectores y Técnicos de Hacienda del Estado dedicados
al control financiero y tributario. Reorganizar dichos medios hacia el objetivo primordial de lucha contra la elusión y la evasión fiscal, centrando sus actuaciones en la identificación de actividades y rentas no declaradas y en la
regularización de conductas dirigidas a evitar el pago del tributo o a disminuir el importe a pagar utilizando estructuras abusivas o vulnerando en el negocio realizado las exigencias de la causa típica.
6. La suscripción de un convenio entre la AEAT y el Ministerio del Interior para la creación una Policía Fiscal -dependiente del Ministerio del Interior- que permita utilizar medios de investigación policial y la creación de unidades
especializadas en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. En dicha Policía se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil junto con unidades operativas de vigilancia aduanera.
7. Reforzar la coordinación entre las Administraciones Tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, en el ejercicio de sus respectivas competencias de comprobación e investigación tributaria, de modo que
se garantice su efectiva y eficiente actuación en la lucha contra el fraude fiscal. Esta coordinación es todavía más necesaria con las Administraciones forales de modo que se agilicen y mejoren los sistemas de intercambio de información y se
potencien los planes conjuntos de lucha contra la elusión y la evasión fiscal.
8. Reforzar el intercambio de información con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo. Potenciar las actuaciones conjuntas de ambas instituciones en la persecución del fraude en aquellos sectores con gran volumen de economía
sumergida.
9. Las distintas Administraciones tributarias (estatal, regionales y municipales) ajustarán sus actuaciones de investigación y comprobación tributaria a las directrices de un Plan anual de control, de cuya ejecución deberán rendir cumplida
cuenta a sus respectivos órganos rectores. Dichos planes se inspirarán en las siguientes directrices:
a) Concentrar las actuaciones en los grandes focos de fraude, con dedicación especial a las circunstancias siguientes:
- Actividades y rentas no declaradas.
- Instrumentación de operaciones a través de paraísos fiscales.
- Cumplimiento de los requisitos necesarios para gozar de beneficios fiscales o tributar con arreglo a un régimen fiscal especial.
- Requisitos de facturación, tanto en las operaciones en el mercado interior como en las operaciones intra-comunitarias.
- Fraude instrumentado mediante la utilización de facturas falsas
- Sociedades aparentemente inactivas.
b) Reforzar el control patrimonial de las personas físicas y jurídicas para detectar incrementos de patrimonio no justificados.
c) Incrementar las obligaciones de colaboración de las entidades financieras tendentes a eliminar la opacidad de determinadas operaciones y el manejo abusivo de dinero en efectivo de alta denominación.
10. Fomentar la cooperación internacional en la lucha contra el fraude fiscal. A tal efecto se incrementará la participación y colaboración de la AEAT en las iniciativas de diversas instancias internacionales (OCDE y UE) relativas a
intercambio de información fiscal y de experiencias sobre control fiscal. Igualmente se potenciará la colaboración de la AEAT con las Administraciones tributarias de otros países sobre información, gestión y control tributarios. Se propugna, a
tales efectos, que la Agencia Tributaria Española promueva la creación de una base de datos europea.
11. Propugnar en el seno de la UE el paso desde el régimen transitorio del IVA -basado en el principio de tributación en destino- hacia el régimen definitivo -basado en el principio de tributación en origen- para las operaciones
intracomunitarias, a fin de eliminar el fraude de las tramas de IVA.
12. Reformar la normativa reguladora de los procedimientos de resolución de las reclamaciones contra actos de las Administraciones Tributarias con la finalidad de reducir de manera drástica el tiempo de resolución de las reclamaciones, así
como los actuales niveles de litigiosidad. A tal efecto se propone la adopción de las siguientes medidas:
- Incrementar la dotación de los Tribunales económico-administrativos y asegurar la especialización en materia tributaria de los funcionarios adscritos a los mismos en calidad de vocales y ponentes. Adoptar las medidas precisas para reducir
el tiempo de resolución de reclamaciones.
- Crear Tribunales contencioso-tributarios integrados por jueces y magistrados especializados.
- Potenciar la presentación de consultas vinculantes, como medio para disminuir la litigiosidad.
- Incentivar las regularizaciones voluntarias.
13. Finalmente, aunque no de menor importancia, medias de concienciación social tales como:
a) Campañas de difusión de los medios utilizados y resultados obtenidos en la lucha contra el fraude para mejorar la trasparencia de la actuación administrativa y fomentar el cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias.
b) Programas de educación cívico-fiscal tanto a adultos como en la etapa escolar, que incida en valores de equidad, justicia redistributiva y solidaridad. En dichos programas se enseñará responsabilidad fiscal referida tanto a la obligación
de pago de impuestos
como al gasto y al respeto de lo público, todo ello como pilares de una sociedad democrática.
c) Campañas dirigidas a la difusión de información sobre datos de recaudación de los ingresos públicos y del volumen y asignación de los gastos en cada una de las distintas Administraciones Públicas.
14. Medidas para fomentar la participación ciudadana activa en la lucha contra el fraude, dirigidas tanto a grupos profesionales de asesores fiscales, empresarios, notarios y registradores, como a ciudadanos individuales, mediante la
utilización de internet para facilitar la aportación de sugerencias e información.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguiente del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su
debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley sobre inversiones estatales en Canarias.
La magnitud de la crisis económica, que llega ya a su cuarto año, ha provocado un profundo deterioro en diversos sectores de la vida social y económica, teniendo una dura incidencia en la destrucción masiva de empleo_ En el conjunto del
Estado ya se han alcanzado los 5.273.600 desempleados, según datos de la EPA del 4° trimestre de 2011, 4.712.098 desempleados, según el paro registrado de febrero del presente.
Canarias supera la media estatal de parados en 8 puntos, con una tasa de desempleo del 30,93 %, una cifra récord de 341.900 desempleados, según la EPA, 278.898 según datos del paro registrado en febrero. Si atendemos al número de afiliados
a la seguridad que aporta la EPA, nos daremos cuenta de que hemos retrocedido una década, a niveles de 2001, ya que del máximo histórico logrado en 2007, cuando había 806.196 afiliados, hemos pasado a 654.228 afiliados.
A estas cifras alarmantes hay que añadir el hecho de que el 38 % de los parados registrados ya no reciben ninguna prestación (104.029 personas), y que el nivel de cobertura va a seguir cayendo a medida que se alarga el tiempo en que se está
desempleado. Además la EPA refleja que más del 17 % de los hogares canarios tienen a todos sus miembros activos en paro y que la mitad de los desempleados llevan más de un año sin poder trabajar a pesar de querer hacerlo.
Con un modelo productivo basado fundamentalmente en el turismo y la construcción Canarias tiene un escaso margen para diversificar su estructura económica a corto y medio plazo, y para generar empleo y riqueza.
A esta situación se suma el hecho de que el archipiélago canario año tras año ha recibido menos dinero que la media de las comunidades autónomas para la realización de obras públicas, a pesar de que la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en su artículo 96, establece que el archipiélago tiene que estar en la media estatal. De haberse cumplido con el REF en 2011 las islas hubiesen tenido 242 millones de
euros más para carreteras, obras hidráulicas, y aeropuertos.
Por otro lado el sistema de financiación autonómico que se firmó en 2009 perjudica seriamente al archipiélago ya que en términos porcentuales la financiación per cápita de Canarias es más de siete puntos inferior a la media estatal.
Canarias recibe en torno a 545 millones de euros menos al año. Se trata de un sistema de distribución de recursos que quiebra la cohesión y la igualdad entre las comunidades autónomas. No es admisible que la comunidad con más paro y más pobreza
sea la que menos recursos recibe por parte del Estado para la financiación de asuntos esenciales para los ciudadanos como la sanidad o la educación.
Por todo ello es imprescindible para las islas que se corrijan estos perjuicios. Así pareció entenderlo el presidente Mariano Rajoy, ya que en su discurso de investidura manifestó su compromiso 'de invertir la tendencia para que la medía de
inversión del Estado en Canarias en converja con la media nacional, tal y como dispone el REF'.
Por todo lo expuesto, y ante los severos recortes que se prevén se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Que las inversiones estatales para Canarias contempladas en las próximas Leyes de Presupuestos Generales del Estado no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo
las inversiones que compensen el hecho insular, en cumplimiento de los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991 del REF.
2. Que se implemente un verdadero plan de choque que permita hacer frente al impacto que la crisis tiene en el archipiélago y sus graves secuelas en términos de desempleo. Este plan de choque debe estar dotado al menos por un importe que
suponga el 2'5 % del PIB canario y debe significar recursos económicos adicionales a los que habitualmente recibe Canarias en los Presupuestos Generales del Estado.
3. Que se ponga en marcha por parte del Instituto de Crédito Oficial una línea de préstamos de mediación con tipos de interés preferente para financiar inversiones por parte de las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en Canarias', en
cumplimiento del artículo 22 de la Ley 1911994, de Modificación del REF. Las características de esta línea de préstamos las debe determinar el Gobierno del Estado atendiendo a la grave situación económica y financiera que padecen las islas, que
aconsejan extender estos préstamos a la financiación del circulante de las pymes y un importe de la línea de mediación que debe ascender al menos hasta el 1 % del PIB canario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la erradicación del sistema de Resumen de Actividades Individuales (RAI) y el Resumen de Actividad de Unidades (RAU) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En la comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible el día 27 de marzo de 2012, el Ministro de Interior afirmó textualmente: 'El sistema de retribución de los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil
lo diseñó la propia agrupación la pasada legislatura por mor de la autonomía que a esos efectos le dio la Dirección General de Tráfico. Nosotros vamos a revertir esa situación con una instrucción interna que estamos elaborando en estos momentos'.
El sistema de retribución al que se refiere el Ministro establece la competencia entre:
1) agentes, mediante el RAI, Resumen mensual de Actividades Individuales, herramienta que recoge cuantitativamente la actividad desarrollada por la unidad y en la que con la inclusión de una serie de parámetros cualitativos permite obtener
una valoración en conjunto de la actividad desarrollada por cada agente
2) sectores, mediante el RAU, Resumen de Actividad de Unidad mensual, en el que se expone el posicionamiento relativo de cada Subsector en relación al resto de los Subsectores, que quedan ordenados en tres segmentos, inferior (25 %), medio
(50 %) y superior (25 %) en función de la evaluación de diferentes datos de la actividad de los mismos y del resultado obtenido en relación a la seguridad vial y la accidentalidad, medidos interanualmente. Existe también un Resumen de Actividad de
Unidad mensual reducido (RAU-mensual), en el que se expone el posicionamiento relativo de cada Subsector en relación al resto de los Subsectores en función de la evaluación de la actividad y del resultado obtenido con los datos disponibles a mes
vencido.
La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 recoge la normativa fundamental y reguladora de este Complemento de Productividad. Desde entonces la política que la administración ha llevado a cabo
ha sido de ánimo únicamente recaudatorio olvidando los principios con los que se creó la Agrupación de Tráfico: 'Auxiliar, impedir con la presencia que se cometan infracciones y denunciar estas cuando no se puedan impedir'.
Este afán de incentivar exclusivamente la recaudación frente a otras tareas dignas de la Guardia Civil se puede comprobar con la tabla de baremos de incentivos que establece el RAI por puntos. Llama la atención por ejemplo, que por una hora
en auxilios no informativos o en intervenciones en accidentes se dé 2 puntos y por el contrario una denuncia por velocidad 4 puntos, una denuncia por el uso del teléfono móvil 3 o una denuncia por seguro obligatorio 2,5.
Es por lo tanto la RAI la implantación de un sistema recaudatorio, disfrazado bajo un mero sistema estadístico que no sólo impide medir dignamente la actividad sino que ejerce presión sobre los trabajadores y las unidades de tráfico.
Con el sistema de la RAU, implantada posteriormente, la finalidad que pretende es ejercer una presión sobre la RAI. Es decir, que cuando se valore la actividad de una unidad se cree un listado ordenadas de peor a mejor, resaltando
especialmente aquellas unidades que rinden por debajo de la media y que además afecta (y copia el sistema de la RAI) a los jefes de unidad con dejar de cobrar el plus de colectividad por objetivos. Este sistema fomenta que los jefes de unidad
incrementen su presión constante sobre cada trabajador de su equipo para alcanzar mayor productividad en base a la tabla de baremos de actividades individuales RAI, con particular potestad de que 'los Jefes de Sector, Subsector y Destacamento podrán
variar la valoración final de la actividad individual hasta un 25 % en función de su apreciación y circunstancias'.
La jefatura de la Agrupación de Tráfico remite el RAU mensualmente a las unidades para que puedan ver sus jefes la situación de su unidad respecto al resto, creando competencia entre las unidades para ver quien tiene la mayor puntuación
finalmente. Aunque son varios los parámetros que puntúan los que realmente se
valoran son las denuncias. Un alto número de denuncias, como se sabe a nivel interno, es lo que evita que el jefe de la unidad te proponga para no cobrar la productividad e incentivos de seguridad vial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de un mes:
1. Elimine el sistema de Resumen de Actividades Individuales (RAI) y el Resumen de Actividad de Unidades (RAU) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
2. Que presente ante esta Cámara un nuevo sistema de incentivos para la agrupación basado en los principios con los que se creó la Agrupación de Tráfico premiando principalmente el auxilio y evitando fomentar la competencia con ánimo
recaudatorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000015
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las previsiones de modificación de la Ley de Costas, especialmente en lo referente a la posible ampliación de las concesiones a fábricas que caducan en el 2018 y a la situación de ilegalidad
de numerosos núcleos singulares-históricos afectados por la aplicación de dicha Ley.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2012.-P. A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de María Olaia Fernández Davila, Diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de la
interpelación urgente sobre las previsiones de modificación de la Ley de Costas, especialmente en lo referente a la posible ampliación de las concesiones que caducan en el 2018 a fábricas como es el caso de Ence en la Ría de Pontevedra u otras
instalaciones, y en lo referente a la situación de ilegalidad de numerosos núcleos singulares-históricos afectados por la aplicación de dicha Ley.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Garantizar el cumplimiento de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas en lo referente a las concesiones administrativas, donde se establecen plazos máximos de duración de las concesiones en función de los usos a que las mismas se
destinen. En ningún caso dichos plazos podrán exceder de treinta años.
- En esa línea, asegurar que en la fecha concesional establecida, del 29 de julio de 2018, se pondrá fin a todas las concesiones en dominio público de todas las instalaciones o actividades contaminantes.
- Llevar a cabo las actuaciones administrativas correspondientes para garantizar la finalización en julio de 2018 de la concesión que actualmente tiene ENCE-ELNOSA en la Ría de Pontevedra, como ha quedado establecido en la Orden Ministerial
de 23 de julio de 1999.
- No realizar en la Ley de Costas, ninguna modificación que pueda ser perjudicial para el desarrollo sostenible y la regeneración y recuperación del litoral.
- Resolver definitivamente la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran diferentes núcleos de población rural con características urbanas, debido a que la Ley de Costas estableció la servidumbre del dominio público marítimo
terrestre en 100 metros, en lugar de los 20 que fija la Ley para los suelos urbanos.
- Evitar una modificación en la Ley de Costas que sea permisiva con actuaciones especulativas o de degradación de la costa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos.
Acuerdo:
Entendiendo que la eventual supresión de disposiciones legislativas a la que alude el apartado II.1 se realizaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al
artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2012.-P. A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente
sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos.
Moción
'I. El Congreso de los Diputados reconoce el trabajo que los empleados públicos realizan en la consecución del interés general y en la prestación de los servicios públicos y rechaza las declaraciones del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas en esta Cámara denigrando su esfuerzo y funciones, considerando las empresas públicas nidos de corruptelas y cuestionando que el acceso del personal laboral al servicio de las administraciones públicas se haya realizado por
procedimientos objetivos fundados en los principios de mérito y capacidad.
II. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar urgentemente las siguientes medidas:
1. Dejar sin efecto el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral o, en su defecto, suprimir las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera durante la tramitación parlamentaria de dicha norma.
2. Realizar un estudio de necesidades de empleados públicos en la Administración General del Estado que incluya un análisis riguroso de la situación y dimensión de las plantillas de personal laboral y su adecuación para la prestación de los
servicios públicos que son de su competencia. Este estudio, que tendrá carácter anual, será premisa necesaria para la adopción de cualquier medida de reordenación de personal y para la aprobación de la oferta de empleo público.
3. Promover medidas para propiciar que estos estudios de necesidades de personal se realicen por el resto de administraciones públicas.
4. Convocar a los sindicatos para negociar el establecimiento de medidas de reordenación de personal laboral cuyos ejes fundamentales sean los siguientes:
- Planificación de los recursos humanos de las administraciones públicas a través de los planes de reordenación ya previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Esta planificación debe garantizar la prestación de los servicios
públicos que sean competencia de cada administración.
- Medidas de movilidad interadministrativa.
- Medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos cuando la situación de la administración no pueda solucionarse con las medidas citadas anteriormente.
5. Respetar al resto de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones de organización de la prestación de los servicios públicos que les corresponden.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000017
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2012.-P. A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del. Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la
interpelación urgente sobre la aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo.
'El Congreso de los Diputados constata la necesidad de que el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y la Ley que deriva de éste una vez se apruebe tras su trámite parlamentario,
vaya acompañado de un 'Plan de Choque para el Empleo' que incorpore, en el marco de los Planes de Empleo y del Fondo Social Europeo, un conjunto de medidas destinadas a facilitar el mantenimiento del empleo existente y a crear nuevos puestos de
trabajo. Dichas actuaciones deben ser especialmente sensibles en relación a la contratación de jóvenes, al mantenimiento del empleo y a la recolocación de los trabajadores mayores de 45 años.
A tal efecto, el Gobierno abrirá un periodo de consultas con las Comunidades Autónomas, los interlocutores sociales en el marco del diálogo social, y con los grupos parlamentarios para el análisis de posibles medidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).