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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 66, de 30/03/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de marzo de 2012
Núm. 66
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la deuda de los clubes de fútbol profesional con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social ... (Página2)
162/000256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre desarrollo de un programa de empleo/formación para desempleados ... (Página3)
162/000257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo a los procesos de democratización en países árabes ... (Página3)
162/000258 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, del Impuesto sobre las Grandes Fortunas ... (Página5)
162/000259 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la racionalización de los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades ... (Página6)
162/000260 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la reforma de la legislación vigente sobre la institución del indulto ... (Página7)
162/000261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para garantizar la prestación del servicio público de titularidad estatal de radio, televisión y servicios de información en línea y la viabilidad económica
de la Corporación RTVE en un escenario de ajuste presupuestario como el anunciado por el Gobierno para los años 2012 y siguientes ... (Página9)
162/000262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la regeneración de la bahía de Pasaia y la construcción del nuevo puerto ... (Página11)
162/000263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proceso de modernización y optimización de la gestión de los aeropuertos españoles ... (Página12)
CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la deuda de los clubes de fútbol profesional con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En una entrevista reciente, el Secretario de Estado para el deporte, Miguel Cardenal, recordaba que la deuda de los clubes de fútbol con Hacienda ascendía a más de 600 millones de euros. Según datos recientes del Gobierno, la deuda
sobrepasa ya los 750 millones de euros.
El Secretario de Estado para el Deporte aludía a la necesidad de sanear las cuentas de los clubes de fútbol porque 'si el fútbol es capaz de generar los ingresos que nos dicen que genera, se puede pagar la deuda sin problema. Eso sí, hay
que gastar menos dinero del que se está ingresando y no al revés'.
Y dejaba claro que 'el Estado no tiene la intención de pagar la deuda de los clubes de fútbol'.
Durante la pasada legislatura, el BNG llevó al Congreso varias iniciativas parlamentarias, entre ellas una proposición no de ley, con medidas para que el Gobierno impulsase la transparencia y la contención del gasto en el fútbol profesional.
Además, el Pleno del Congreso aprobó el 29 de septiembre de 2010, una moción del BNG en la que se instaba al Gobierno a adoptar una serie de medidas para lograr que los clubes de fútbol pagasen las deudas contraídas con Hacienda y con la
Seguridad Social.
A pesar de las afirmaciones del Secretario de Estado para, el deporte, este 'agujero' económico continúa a la espera de ser resuelto, en un contexto en el que el Gobierno del Estado está adoptando duros recortes sociales, laborales y
económicos que están afectando a la mayoría de la población. Mientras esto sucede, resulta incomprensible que clubes de fútbol que durante cada temporada invierten cantidades millonarias en fichajes de futbolistas, sigan retrasando el pago de lo
que adeudan a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, una deuda que se agranda en cada ejercicio.
Por todo ello es necesario adoptar medidas para que los clubes de fútbol salden de manera definitiva la deuda contraída con el Estado, y terminar, de una vez, con las continuas dilaciones en la resolución de un problema que a nivel social
resulta inadmisible.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Tomar las medidas necesarias para que, en el menor tiempo posible, los clubes de fútbol sufraguen la deuda que tienen contraída con la AEAT y la Seguridad Social.
- Promover el establecimiento de límites en los fichajes de los clubes de fútbol y en los salarios de los jugadores. En todo caso, el gasto por parte de los clubes dedicado a los fichajes y remuneraciones de los jugadores deberá estar
condicionado a su equilibrio presupuestario y al cumplimiento de sus obligaciones de pago con la AEAT y la Seguridad Social.
- Presentar ante esta Cámara, en el plazo más breve posible, el Proyecto de Ley de Reforma del Deporte Profesional, en el que se tomen en consideración las propuestas acordadas en la 'Subcomisión parlamentaria para la reforma del deporte
profesional en España' que se realizaron en la pasada legislatura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU; ICV-EUiA; CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de un programa de empleo/formación para
desempleados, para su debate en el Pleno.
La crisis económica se ha agravado de forma acelerada y la manifestación inmediata es la intensa destrucción de empleo y el aumento del paro. El número de desempleados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de
2011 fue de 5.273.600 personas, y el de desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo del mes de febrero del presente año alcanzó una cifra superior a los cuatro millones setecientas mil personas, de las cuales más de un millón
trescientas mil no tienen ningún tipo de prestación.
Abordar este complicado panorama exige nuevos enfoques para situar la creación de empleo y la mejora de la protección social en el centro de las prioridades políticas, considerando, además, que la recuperación de nuestra economía solo será
sostenible si invertimos ahora en un nuevo modelo económico donde el apoyo a la economía real en sectores no especulativos y de futuro, la suficiencia y progresividad de los ingresos públicos, el reforzamiento del papel de lo público, y el empleo de
calidad, han de ser vectores prioritarios.
Mejorar la situación de los desempleados, particularmente de aquellos que no reciben ningún tipo de prestación, es una prioridad desde el punto de vista social, pero también tiene evidentes efectos positivos sobre la economía. Estos
ciudadanos tienen una propensión marginal a consumir muy elevada y mejorar sus rentas significa apoyar a la demanda. Y el apoyo a la demanda es condición necesaria para empezar a superar la recesión.
En el marco del Diálogo Social es preciso desarrollar mecanismos que amplíen la cobertura de aquellos trabajadores que han agotado sus prestaciones por desempleo, y también puede crearse un fondo cofinanciado con las Comunidades Autónomas
para que éstas, en el marco de sus competencias, complementen y mejoren las rentas mínimas de inserción para la capacitación de personas paradas sin prestación por desempleo.
Pero, de forma complementaria, y tal como se hace con el Fondo Estatal de Inversión Local, podrían destinarse recursos para que las Corporaciones Locales contraten personas en desempleo sin prestación destinando parte de la jornada a
políticas formativas.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar urgentemente las medidas oportunas para poner en marcha un Programa de Empleo/Formación destinado a personas en paro que no reciben ningún tipo de prestación por desempleo. Con las
siguientes condiciones:
- El Programa será financiado exclusivamente por la Administración General del Estado por un importe de 8.400 millones de euros, y la gestión corresponderá a las Corporaciones Locales.
- Los trabajadores acogidos al Programa de Empleo/Formación accederán a un contrato de 35 horas semanales durante 6 meses, prorrogable, y percibirán 700 euros netos mensuales. Se dedicarán 25 horas semanales a trabajo y 10 horas semanales a
formación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-Cayo Lara Moya y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU; ICV-EUiA; CHA: La Izquierda Plural.
162/000257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley de apoyo
a los procesos de democratización en países árabes, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Hace poco más de un año que dieron inicio en diversos países del sur del Mediterráneo y de Oriente Medio los movimientos populares y ciudadanos que recibieron el nombre de 'primaveras árabes', y que fueron el comienzo de un conjunto de
complejos procesos sociales y políticos que están cambiando la correlación de fuerzas internas y externas en numerosos países árabes. En estos mismos días, se cumple precisamente el primer aniversario del inicio de las revueltas en Siria.
Se trata, en su conjunto, de procesos de características muy distintas, como distintas son las sociedades en las que se están produciendo, pero que tienen como factor común la expresión de un profundo descontento con la situación de
injusticia ejercida por parte de los antiguos dirigentes, y un anhelo compartido por amplios sectores de las poblaciones de llegar a formas más democráticas de gestión de los asuntos públicos en todos sus niveles.
Lo cierto es que, pese a sus luces y sombras, se trata de situaciones que están evolucionando hacia mayores cotas de democracia, sin perjuicio de la necesidad de
seguir avanzando -como así se reclama por parte de sus sociedades- en el respeto a las minorías, a los derechos individuales de los ciudadanos, a su derecho al desarrollo en todos los sentidos y a la igualdad real.
Esta situación, dinámica y variable por esencia, está afectando a todo el mundo árabe, con independencia de que se hayan producido cambios políticos formales o no en cada país en concreto, pero además tiene consecuencias directas e
indirectas en la configuración de las relaciones internacionales globales, por lo que la influencia de la situación se extiende en realidad a toda la comunidad internacional, y a todos los ciudadanos del mundo.
Muy especialmente nos involucra a todos los países mediterráneos -y en especial al nuestro-. No sólo por ser vecinos geográficamente inmediatos de los lugares donde se están produciendo los procesos, sino por la coincidencia de nuestros
intereses y por el hecho de que nuestras poblaciones han venido incorporando progresivamente y desde hace varios años a un gran número de personas procedentes de países árabes afectados directamente por la situación, a todo lo cual hay que sumar los
sentimientos de solidaridad claramente perceptibles en nuestra sociedad.
El camino hacia la conquista de la democracia es difícil, no responde a normas tipo que puedan aplicarse mecánicamente y, sobre todo, no tiene la condición de unidireccional o irreversible. Además, estos periodos de inestabilidad política
pueden agudizar la difícil situación económica de algunos países que se encontraban ya antes afectados por un paro juvenil desbocado, con especial incidencia en la población juvenil más educada. Todo ello puede llevar a las poblaciones a un
precipitado y temprano desencanto por la falta de consecuencias favorables inmediatas en la vida diaria más allá del nuevo clima político.
Los procesos sociales y políticos de cambio hacia la democracia y de profundización de la misma son, por tanto, largos y complejos, pero los esfuerzos de los pueblos en pro de su liberación están siempre justificados. A la Unión Europea le
corresponde un papel fundamental y crucial de apoyo total y sin injerencias a dichos esfuerzos, y a España, en especial, le toca asegurarse de que así sea.
Hoy, el caso concreto de Siria, justo un año después del inicio de su particular y sangrienta 'primavera' es foco de atención y de extrema preocupación de la comunidad internacional. Con un balance de más de 8.000 muertos a manos del
régimen criminal de Bachar el Asad, responsable directo de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, y que está empujando a su país hacia un enfrentamiento civil interno de terribles consecuencias para la población y para la estabilidad
de toda la región.
A pesar de los esfuerzos desplegados, en particular por la Liga Árabe, la comunidad internacional se ha mostrado hasta el momento incapaz de frenar la violencia y de ofrecer al pueblo sirio una mínima protección humanitaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acompañar los procesos de democratización iniciados en el conjunto del mundo árabe a principios de 2011, y que se conocieron con el nombre de 'primaveras árabes', dando apoyo a las legítimas aspiraciones de libertad, dignidad y justicia
social de sus sociedades.
2. Mantener e incrementar los vínculos y relaciones políticas con las nuevas autoridades políticas surgidas de dichos procesos, y poner a su disposición los mecanismos de ayuda que se consideren necesarios por las mismas en el camino de
conquista, consolidación y profundización de la democracia.
3. Mantener e incrementar los esfuerzos de cooperación bilateral con los países del mundo árabe en proceso democratizador, de conformidad con los principios y objetivos establecidos en nuestro ordenamiento y en las directrices de nuestra
política de cooperación internacional para el desarrollo.
4. Acompañar y favorecer los diversos programas de apoyo de la sociedad civil española tendentes a compartir con la sociedad civil de los distintos países árabes la experiencia de transición, consolidación y profundización de la democracia;
y apoyar los esfuerzos destinados a reforzar el tejido social en dichos países, con especial énfasis en la participación de los jóvenes y en la plena incorporación de las mujeres a la vida social y política.
5. Actuar en el seno de la Unión Europea para contribuir a agilizar y hacer más útiles las facilidades financieras específicas acordadas bajo el acrónimo de SPRING, que permitan consolidar la viabilidad económica y favorezcan la cohesión
social del conjunto de la región.
6. Respaldar activamente el relanzamiento del proceso de diálogo euromediterráneo y de todos los foros de encuentro entre ambas orillas, y en especial, las líneas de actuación del nuevo Secretario General de la Unión para el Mediterráneo
para dar cumplimiento a la finalidad que le ha sido atribuida de apoyo a los procesos democratizadores en los países árabes.
7. En relación a la crítica situación que se vive en Siria, insta al Gobierno a:
a) Redoblar los esfuerzos diplomáticos bilaterales, y en especial en el seno de la UE, dirigidos a presionar en favor de un consenso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que permita la adopción de medidas para:
- La desactivación inmediata de la violencia sobre el pueblo sirio;
- El pleno y libre acceso a la ayuda humanitaria a toda la población que lo requiera;
- La investigación independiente de las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra la población civil, y la solicitud de que Bachar el Asad y otros responsables respondan por ellas ante el Tribunal Penal Internacional.
b) Respaldar las acciones de la Liga de los Estados Árabes en relación a la crisis siria, así como las del Enviado Especial Conjunto de las Naciones Unidas y la mencionada Liga Árabe, Kofi Annan.
c) Reclamar al Presidente El Asad que entregue de forma inmediata el poder que permita el inicio de un proceso de transición pacífica a la democracia por medio de un diálogo nacional e inclusivo que tenga como único protagonista al propio
pueblo sirio, apoyando la acción conjunta y coordinada de toda la oposición democrática.
d) Llevar a cabo las medidas oportunas para poner fin a la misión del Embajador de la República Árabe de Siria en Madrid.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2012.-Elena Valenciano Martínez-Orozco, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley del Impuesto sobre las Grandes Fortunas, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Durante los últimos años, los ingresos no financieros Estado se han reducido de forma extraordinaria fundamentalmente por la crisis económica y su especial repercusión en la recaudación procedente del sector inmobiliario, que venía aportando
cuantiosos ingresos de carácter coyuntural a todas las administraciones públicas. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria estos recursos no volverán a repetirse y, por tanto, es preciso compensar con otras figuras tributarias si se quiere
mantener y sostener el Estado del bienestar y las políticas de modernización de la economía española sin incrementar el recurso al endeudamiento público. Por eso, en estos momentos creemos necesario abordar una revisión general de nuestro sistema
fiscal y adoptar decisiones que proporcionen ingresos suficientes para cumplir gradualmente el proceso de consolidación fiscal y financiar medidas para reactivar el crecimiento y la creación de empleo.
Un crecimiento económico sostenible y una fiscalidad sólida con una amplia base tributaria son los objetivos necesarios para financiar el Estado del Bienestar y la inversión productiva. Por ello, el sistema fiscal debe ordenarse conforme a
los principios de eficiencia, progresividad y suficiencia, otorgando los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de unos servicios públicos de calidad. Es imprescindible revisar el modelo fiscal con el objetivo de diseñar un entorno
tributario que nos permita mantener unos niveles de gasto público similares a la media de la eurozona sin generar déficit estructural a medio plazo.
La salida de la crisis no puede apoyarse sobre los recortes en educación, sanidad y servicios sociales. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que los que más tienen, deben aportar más a la salida de la crisis. Tenemos que avanzar
hacia un sistema fiscal más progresivo, redistributivo y que genere recursos suficientes para prestar y sostener los servicios públicos fundamentales que demandan los ciudadanos, sin acudir a mecanismos de financiación complementaria como el copago
sanitario. Al mismo tiempo, tenemos que mejorar la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal.
El actual contexto de dificultad económica y la necesidad de reducir el déficit público de una manera gradual, exige tomar medidas complementarias por el lado del ingreso, que contribuyan a un reparto más equitativo de los esfuerzos ante la
crisis. Creemos que elevar la tributación sobre el trabajo en plena recesión económica, como ha hecho el Gobierno del Partido Popular al acometer la mayor subida del IRPF de la democracia, es un error que supondrá más desempleo.
Por ello, consideramos que es necesario sustituir el actual diseño del Impuesto sobre el Patrimonio para transformarlo en un Impuesto sobre las Grandes Fortunas, en línea con lo que existe en Francia y se ha anunciado recientemente en el
Reino Unido, mejorando la justicia, equidad y progresividad del sistema fiscal de acuerdo con el principio constitucional de capacidad económica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar, en los próximos tres meses y para su entrada en vigor en el presente ejercicio, un Proyecto de Ley del Impuesto sobre Grandes Fortunas.
2. El citado impuesto, cuya capacidad normativa corresponderá al Estado, gravará la capacidad económica derivada de la riqueza independientemente de
donde esté invertida, de acuerdo con los siguientes criterios:
a. Se establecerán mínimos exentos en las cuantías necesarias para excluir del gravamen a los contribuyentes con un patrimonio medio así como para excluir la titularidad de la vivienda habitual hasta el valor máximo que se determine.
b. Se incluirán cuantas previsiones normativas sean necesarias para evitar la exclusión del impuesto mediante la utilización de sociedades mercantiles instrumentales o entidades de cualquier naturaleza o tipo, incluidas las Sociedades de
Inversión de Capital Variable (SICAV).
c. El impuesto podrá contemplar tipos de gravamen diferenciados según la naturaleza o valor unitario de los bienes, de tal forma que se sometan a mayor tributación aquellos bienes de carácter suntuario que pongan de manifiesto una elevada
capacidad económica de los contribuyentes.
d. Se adoptarán igualmente cuantas previsiones sean necesarias para evitar la efusión del impuesto mediante la utilización de países que tengan la consideración de paraísos fiscales.
e. El 50 % del rendimiento del tributo se cederá a las Comunidades Autónomas y, de esta cantidad, el 75 % irá al Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2012.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
racionalización de los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El sistema fiscal debe ordenarse conforme a los principios de eficiencia, progresividad y suficiencia. Un crecimiento económico sin desequilibrios y una fiscalidad sólida con una amplia base tributaria son los instrumentos básicos para
financiar de forma sostenible el Estado del Bienestar y la inversión pública.
Durante los últimos años, la presión fiscal en nuestro país se ha reducido de forma extraordinaria, hasta el 32,9 % del PIB, lo que supone estar 8 puntos por debajo del promedio de la eurozona. Ello se ha debido fundamentalmente al impacto
de la crisis económica y, en especial, al desplome de la recaudación procedente del sector inmobiliario, que venía aportando cuantiosos ingresos de carácter transitorio a las administraciones públicas.
Por tanto, en estos momentos, es inevitable adoptar decisiones que proporcionen mayores recursos a la hacienda pública para cumplir con eficacia el proceso de consolidación fiscal y para que salida de la crisis no se apoye en los recortes de
los servicios públicos fundamentales. Por eso, creemos necesario abordar una revisión general de nuestro sistema fiscal, para que los que más tienen, más aporten en la salida de la crisis. Adicionalmente, tenemos que mejorar la eficacia de la
lucha contra el fraude fiscal.
La capacidad recaudatoria del Impuesto de Sociedades se ha ido erosionando paulatinamente en los últimos años. Según el informe anual que elabora la Agencia Tributaria, en 2007 la recaudación total en términos de caja por el Impuesto de
Sociedades fue de 44.823 millones de euros y en 2010 la estimación provisional es de 16.198 millones de euros, el nivel más bajo de los últimos 10 años. La caída de ingresos se intensificó un 20 % en 2010 con respecto al ejercicio 2009, cuya
recaudación fue de 20.188 millones de euros en términos de caja. Sin embargo, los beneficios declarados a la CNMV por las sociedades que cotizan en bolsa muestran un aumento que contrasta con la disminución de un 15,4 % de la base imponible. Esto
refleja un creciente desajuste entre los beneficios contables de las empresas y los pagos impositivos que realizan. Prueba de ello es que el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades se ha reducido casi 8 puntos en 5 años, pasando del 24,5 % en
2005 al 16,7 % en 2010. Por lo que se refiere a los grandes grupos consolidados, la reducción del tipo efectivo sobre el resultado contable positivo ha sido extraordinaria en los últimos años. Si se analiza el año 2009, el tipo medio sobre el
resultado contable positivo es, en conjunto, del 9,9 %, pero en los grupos consolidados desciende hasta el 6,9 %. En cambio, las sociedades no integradas en grupos tienen un tipo medio del 12,9 %, aunque, si se eliminan las que tienen un
tratamiento especial el tipo se eleva al 14,8 %. El diferente comportamiento de las empresas según pertenezcan o no a grupos es claramente visible en los pagos fraccionados que realizan. Esta evolución no sólo aleja los tipos efectivos de los
nominales, sino que implica grandes diferencias de tributación entre grupos empresariales.
Todo ello, es consecuencia del efecto de los mayores ajustes extracontables y de consolidación y por la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores. El resultado de estos ajustes provoca que el tipo medio sobre los beneficios,
previsiblemente, siga descendiendo en los próximos años, a pesar de que el tipo efectivo sobre la base imponible, en ausencia de cambios normativos, permanezca estable.
Es evidente que existen grandes corporaciones que aprovechan en su beneficio todas las ventajas fiscales que se les ofrecen. Este tipo de comportamientos se observan en economías avanzadas con sistemas fiscales complejos. Para corregir
esta situación, países como Alemania, Dinamarca u Holanda limitan las deducciones fiscales, mientras que en EEUU y Canadá utilizan un impuesto mínimo de manera que se asegura que todos los contribuyentes pagan al menos una cierta cantidad por el
impuesto, ya sean personas físicas o empresas.
Los datos anteriores ponen de manifiesto la necesidad de realizar una revisión general de la estructura del Impuesto sobre Sociedades y una reflexión rigurosa sobre la efectividad de las deducciones y beneficios fiscales en nuestro país. Y,
entre tanto, dada la necesidad del momento, resulta ineludible actualizar la regulación del Impuesto sobre Sociedades, con el objetivo de racionalizar y redistribuir los beneficios fiscales, desde las grandes empresas a las pequeñas y medianas
empresas, de tal forma que ambas paguen tipos efectivos similares y más cercanos al tipo nominal. De hecho, las grandes empresas a través de los beneficios fiscales son las que tienen más posibilidades de reducir su tributación que las PYMES. En
España, establecer una impuesto mínimo alternativo, por ejemplo, del 15 % sobre el resultado contable positivo (antes de aplicar la mayoría de los ajustes que reducen la base) a partir de 2012 se estima que podría recaudar alrededor de 7.100
millones de euros, procedente básicamente de los grandes grupos consolidados puesto que tienen un tipo medio sobre el resultado inferior al 15 %.
En definitiva, la situación del Impuesto sobre Sociedades y, en particular, de los grandes grupos empresariales, exige una actuación urgente y decidida que revise y actualice la efectividad de los beneficios fiscales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar, de manera inmediata, el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con el fin de racionalizar
los beneficios fiscales y de limitar la caída de la recaudación debida a los ajustes extracontables y de consolidación y por la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores. Para ello, se propone establecer una nueva cuota mínima
alternativa sobre el resultado contable positivo, limitar la deducibilidad de los gastos financieros en los grupos de sociedades, asegurar la correcta valoración de las operaciones vinculadas, corregir los abusos que puedan producirse en la
deducción por doble imposición, limitar los beneficios fiscales, en especial, en relación con el fondo de comercio, así como modificar el régimen de exención de dividendos de fuente extranjera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2012.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reforma de la legislación vigente sobre la
institución del indulto, para su debate en el Pleno.
El indulto es una institución jurídica extraordinaria. Pero en la medida en que el órgano que concede el indulto es el poder ejecutivo, puede afirmarse que también tiene un claro carácter político, siendo la política de indultos una
manifestación de la política criminal del gobierno. Ello, unido a la falta de transparencia del proceso y a la ausencia de una regulación pormenorizada de las circunstancias que motivan la concesión o denegación del indulto, suscita con frecuencia
interrogantes sobre las variables referidas al contexto político del indulto y, en particular, el ministro que lo concedió. La falta de motivación de los indultos concedidos y denegados y la imposibilidad de revisión en casación de las decisiones
adoptadas sobre el ejercicio del derecho de gracia, que confirma insistentemente el Tribunal Supremo, otorga a esta institución, en parte obsoleta, unos rasgos de tal excepcionalidad en el contexto del Estado de Derecho que aconsejan su
actualización y una atenta observación de su empleo en la práctica.
En España, el indulto se contempla en la Constitución como una prerrogativa del rey que se ha de ejercitar 'con arreglo a la ley' (art. 62, i). La ley que lo regula específicamente es la vieja -aunque modificada- Ley 'provisional' de 18 de
junio de 1870, por la que se establecen normas para el ejercicio de la Gracia de Indulto. También está contemplado en el Código Penal, donde figura entre las causas que extinguen la responsabilidad penal (art. 130.1.4.°) y como un remedio para
cuando 'de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las
circunstancias personales del reo'.
La vetusta Ley de 1870, aun remendada entre otras por la Ley 1/1988, de 14 de enero, adolece de una demasiado amplia indeterminación en sus disposiciones. A modo de ejemplo, baste señalar que nada se ordena sobre cómo habrá de procederse
con penados
reincidentes (art. 2.3) y que tampoco se determina con seguridad que la eventual multa no será devuelta al indultado (art. 8).
Los indultos se conceden individualmente por medio de reales decretos que se publican en el B.O.E., con las firmas del Rey y el ministro de Justicia, con referencia al nombre del reo, el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia firme, el
título de la imputación, delito o falta cometido y la pena impuesta, y concluyen con el alcance del indulto y la condición temporal eventualmente impuesta. Pero no existen registros públicos que determinen el origen de la petición del indulto, ni
tampoco consta en los decretos, ni se publican datos estadísticos oficiales accesibles al público que, de una forma agregada, permitan conocer periódicamente el número y alcance de los concedidos y otras importantes circunstancias, como, por
ejemplo, la clase de delitos indultados, la extensión de las penas remitidas o las condiciones impuestas a los beneficiarios de la gracia, como la obligación de pagar la multa impuesta, dato que no figura siquiera en los reales decretos.
La falta de datos estadísticos de acceso público en España sobre los indultos dificulta gravemente el conocimiento de la práctica de su concesión, pues solamente puede reconstruirse a partir de la información que aportan los reales decretos
mediante los que son otorgados.
Un estudio publicado en el número 9 (2011) de la revista Española de Investigación Criminológica por los juristas Doval, Blanco, Fdz.-Pacheco, Viana &Sandoval, señala que entre los años 2000 y 2008 los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE
concedieron un total de 4.667 indultos, con una media anual de 519, unos 42 al mes. Por ejemplo, el primero de diciembre de 2000, el entonces ministro de Justicia Angel Acebos concedió 1443 indultos en bloque en un solo día, justificándolos, en
particular, en que el Papa Juan Pablo II había pedido al Gobierno medidas de gracia con motivo del Año Jubilar, lo que retrotrajo el Estado a privilegios similares al que en el siglo XVIII otorgó Carlos III a la Cofradía Nuestro Padre Jesús el Rico
de Málaga.
Puede entenderse que el indulto, siendo la última esperanza del condenado, suavice o subsane penas desproporcionadas, aunque estén constitucionalmente prohibidas, o que sea concedido en determinadas circunstancias como las responsabilidades
familiares del reo, siendo las mujeres indultadas con mayor frecuencia que los hombres, la avanzada edad del penado, su menor peligrosidad o la existencia de enfermedades incurables.
Sin embargo en no pocos casos la calificación jurídica del delito cometido, la pertenencia del reo a un partido político, a una institución pública o a poderes económicos relacionados, han generado polémica y dudas razonables sobre un
problema preocupante: saber si el tipo de delito y el rango o condición del sujeto condenado influyen en la concesión del indulto. Si esto fuera así, este tipo de medidas de gracia supondría un atentado frontal para el principio de legalidad de
los delitos y de las penas, y seria incompatible con el principio de igualdad ante la ley, por su carácter discrecional, arbitrario y en gran parte, secreto.
Este podría ser el caso, por ejemplo, de los delitos de malversación de fondos públicos, fraude, estafa, apropiaciones indebidas, delitos societarios, contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, cohecho, falsedades o contra la
Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente en casos de corrupción urbanística, muy especialmente cuando han sido cometidos por cargos públicos, dirigentes políticos, banqueros o empresarios próximos al poder, transmitiéndose el mensaje de que la
corrupción puede quedar impune y que existen distintas varas de medir a la hora de sancionar las conductas delictivas.
La relación es abrumadora. Ciñéndose a algunos casos, baste recordar las polémicas creadas por indultos concedidos en la última década a un juez por archivar una querella por un delito fiscal de 500 millones de pesetas contra un ex director
de Casinos de Cataluña, a otro juez de la Audiencia Nacional expulsado de la judicatura por prevaricación y a un tercero condenado en 2001 a dos años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada, a un ex contable del caso
Filesa, o en 2008 a cuatro altos cargos de la Administración vasca condenados por el fraude masivo en las oposiciones de Osakidetza, o los recientes indultos concedidos por el Gobierno del PSOE a un conocido banquero condenado a una gravosa pena de
inhabilitación, pese al criterio en contra del Tribunal Supremo, y los concedidos por el Gobierno del PP a un alto cargo de la Generalitat de Catalunya y a un empresario condenado con él, a largas penas de prisión y de inhabilitación absoluta, y
todo ello a cambio de un puñado de votos y pese a sendos informes del tribunal sentenciador y del fiscal del caso contrarios a la medida de gracia.
La actual opacidad del sistema podría ser atenuada si en la redacción de los correspondientes reales decretos de otorgamiento de los indultos se recogiera, además de los datos ya contenidos, referencias como el concreto delito cometido, el
grado de ejecución alcanzado (actos preparatorios, consumación o tentativa), el título de la imputación (autor o cómplice), la pena efectivamente indultada, el origen de la solicitud del indulto y el motivo que lo justificó.
Esta información resultaría de gran interés por obvias razones de transparencia democrática, además de por motivos técnicos, dada su utilidad pera detectar problemas motivados en la práctica por las leyes penales. Efectivamente, el recurso
al indulto está siendo utilizada como instrumento de simulación, taponador de necesarias reformas del ordenamiento jurídico, como es el caso de las elevadas penas de los delitos contra la salud pública, habiendo representado estos casos una cuarta
parte de los reos indultados entre 2000 y 2008.
En definitiva, superada la dictadura franquista donde se llegó a indultar a ministros procesados y no condenados, y a la luz de la práctica observada en estos más
de 33 años de democracia, se echa en falta un desarrollo constitucional y moderno de la institución del indulto en un sentido o en otro: restrictivo o hasta derogatorio, o bien de modernización, pero, en todo caso, adaptado a nuestro actual
Estado de Derecho, basado en la división de poderes. Por ello hace falta una profunda reforma, e incluso una nueva ley reguladora.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Promover una nueva ley reguladora de la institución del indulto o, en su caso, la reforma de la vigente Ley de 18 de junio de 1870 modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero, sobre el ejercicio de la Gracia de Indulto para garantizar su
interpretación conforme a la Constitución y a la realidad de nuestro Estado de Derecho, basado en la división de poderes, y más concretamente, con la finalidad de:
1) Evitar la indeterminación de algunas de sus disposiciones, especialmente los artículos 7, 8 y 13 de la Ley de 1870.
2) Establecer la obligación de incluir en cada real decreto de otorgamiento de indulto, además de los datos ya contenidos en la actualidad, referencias al concreto delito cometido, al grado de ejecución alcanzado (actos preparatorios,
consumación o tentativa), al título de la imputación (autor o cómplice), a la pena efectivamente indultada, al origen de la solicitud del indulto y al motivo que lo justificó.
3) Establecer la obligación de publicar anualmente todos los datos estadísticos sobre los indultos concedidos, y el libre acceso público a los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
garantizar la prestación del servicio público de titularidad estatal de radio, televisión y servicios de información en línea y la viabilidad económica de la Corporación RTVE en un escenario de ajuste presupuestario como el anunciado por el Gobierno
para los años 2012 y siguientes, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El inicio de la actividad de la Corporación RTVE el 1 de enero de 2007 se produjo tras un complejo proceso de reforma del servicio público de titularidad estatal de radio y televisión que junto a las modificaciones legales derivadas de la
Ley 17/2006, en línea con lo establecido con el Protocolo 29 del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, supuso un importante esfuerzo económico para el Estado, y por ende para los ciudadanos, en materia de
asunción de deuda, 7.800 millones de euros, y de regulación de empleo, 4.150 trabajadores se acogieron al Expediente de Regulación de Empleo que viabilizó la constitución de CRTVE.
La reforma certificaba y refrendaba el carácter de servicio público de la radio y la televisión estatal, estableciendo la necesidad de conciliar la rentabilidad social que debía inspirar su actividad con la obligación de dirigirse a la más
amplia audiencia. Todo ello con el objetivo estratégico de gestionar una programación de calidad con unos valores de audiencia homologables al resto de las emisoras presentes en el mercado y de situar a la Corporación RTVE en posiciones de
penetración en la sociedad suficientes como para hacer efectiva su función de servicio público. Para ello se dotó a la Corporación RTVE de una estructura suficiente tanto a nivel central como territorial con el objetivo de contribuir a la cohesión
interterritorial de España.
La reforma perseguía, además, la independencia de la radio y televisión estatal con respecto a cualquier otra instancia u organismo de carácter administrativo, gubernamental o partidista. Por ello, se trasladó a las Cortes Generales la
competencia para el nombramiento, por mayoría cualificada, del Presidente y de los demás miembros del Consejo de Administración y se introdujeron controles profesionales a través de órganos internos de participación, los Consejos de informativos,
para velar por la independencia editorial y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos difundidos por la Corporación RTVE.
La reforma perseguía también garantizar la independencia de la radio y televisión estatal asignando a la Cortes Generales la definición de los objetivos generales de la función del servicio público a desarrollar por la Corporación RTVE por
períodos de nueve años a través del Mandato-Marco.
Del mismo modo, la reforma solventó las exigencias comunitarias en materia de definición del servicio público de radio, televisión y servicios conexos e interactivos, de encomienda de la prestación del servicio público y de proporcionalidad
de la financiación pública.
Pero la independencia política constituye sólo uno de los pilares de la reforma, el otro lo constituye la independencia económica. Inicialmente, la Ley 17/2006
contemplaba un modelo de financiación mixta. La evolución negativa del mercado publicitario en 2007, 2008 y 2009 aceleró el cambio estructural del modelo de financiación de la Corporación RTVE. La Ley 8/2009, de 28 de agosto, garantizó que
el servicio público de radio, televisión y servicios conexos e interactivos se preste en condiciones de universalidad y gratuidad.
En 2012, puede afirmarse, sin margen de error, que el grado de aceptación de la reforma de RTVE por los ciudadanos es incuestionable, así lo demuestran todas las encuestas realizadas tanto por empresas independientes como por el Centro de
Investigaciones Sociológicas o por la propia Corporación RTVE. El grado de aceptación y la valoración positiva de la prestación del servicio público encomendado -radio, televisión y servicios de información en línea- se ha ido incrementado y
afianzando con el paso del tiempo, especialmente tras la supresión de la publicidad en las emisiones de TVE y desde que la Ley 8/2009 garantizó la universalidad y la gratuidad de dichos servicios.
En el campo económico, el modelo diseñado ha funcionado correctamente en un escenario de convulsión económica definido por una crisis global sin precedentes, si bien se ha visto influido por las acciones legales instadas por los sujetos
pasivos obligados a realizar aportaciones a la financiación de CRTVE que establecen un marco de incertidumbre jurídica que -confiamos- se desvanecerá tras el pronunciamiento favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Junto a las acciones legales ante las instancias europeas estos sujetos pasivos han desarrollado una estrategia de confrontación y de resistencia en la declaración de sus obligaciones.
En este contexto de aceptación favorable de la reforma de RTVE por parte de los ciudadanos y de un modelo de financiación sostenible y equilibrado en un contexto de crisis económica, el Consejo de Ministros de fecha 30 de diciembre de 2011
incluyó en su Acuerdo de no disponibilidad de créditos en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, prorrogados para el ejercicio 2012, una reducción presupuestaria de 200 millones de euros para la Corporación RTVE.
Esta decisión del Consejo de Ministros puede y debe considerarse, por la fecha en la que se produce - dos días antes de que se inicie el ejercicio 2012-, contraria a la lógica económica del mercado audiovisual y de difícil materialización en
su integridad dado que no toma en consideración la realidad de los compromisos preexistentes suscritos por la Corporación RTVE, con los efectos que se derivan de los mismos. Especialmente significativo es el coste superior a 70 millones de euros
que viene impuesto por la compra de derechos y emisión de los Juegos Olímpicos de Londres de este verano. Por ello, las posibilidades reales de alcanzar en 2012 una reducción presupuestaria de 200 millones son limitadas como ya ha podido conocer el
Gobierno a través del Consejo de Administración de la Corporación. Cualquier mecanismo de corrección en RTVE no es ni automático ni instantáneo.
Por ello, resulta razonable considerar la opción de que los escenarios de ajuste en la Corporación RTVE se enmarquen dentro de la vigencia de un Contrato-Programa: caso del Contrato Programa 2012-2014. Puede afirmarse, sin margen de error,
que las correcciones presupuestarias cuantitativamente más significativas se podrían efectuar con mayor factibilidad en los ejercicios 2013 y 2014. De esta forma podrían alinearse las medidas de adaptación económicas con las vinculadas a la oferta
de contenidos y al marco de gestión derivado. En caso contrario, las decisiones adoptadas en materia económica pueden ser incoherentes con el resto de escenarios de actuación de la Corporación RTVE.
El Gobierno, a través de la Vicepresidencia Primera, se ha comprometido ante el Consejo de Administración al estudio de una solución con respecto al IVA soportado por la Corporación RTVE análoga a la aplicada por la Agencia Tributaria a las
radio televisiones públicas autonómicas y a la agencia Efe. A día de hoy, transcurridos más de tres meses desde el compromiso del Gobierno, la Agencia Tributaria no se ha pronunciado al respecto pese a la existencia de los precedentes mencionados.
Lejos de todo ello, se han sucedido declaraciones de destacados miembros del Gobierno, como la vicepresidenta o el ministro de Hacienda muy desafortunadas que, como mínimo, demuestran un profundo desconocimiento de la realidad de un servicio
de comunicación audiovisual en general y del funcionamiento de RTVE en particular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
I. A establecer un escenario presupuestario para la Corporación RTVE en los Presupuestos Generales de 2012 acorde a su realidad económica y a las posibilidades objetivas de reducción de gasto que se derivan de los compromisos adquiridos en
el tiempo por la Corporación RTVE para el ejercicio 2012.
II. A enmarcar los esfuerzos de reducción del gasto público en la Corporación RTVE al Contrato Programa 2012-2014 y siguientes, a suscribir entre el Gobierno de España y la Corporación RTVE antes del 31 de julio de 2012.
III. A fijar en los Presupuestos Generales de 2012, como en los Presupuestos de 2011 -artículo 94-, que el porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico a percibir por la Corporación RTVE, según
el artículo 4.2 de la Ley 812009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, quede establecido
en el 100 por 100, con un importe máximo anual de 330 millones de euros.
IV. A establecer los mecanismos de financiación necesarios para hacer frente a los desfases de tesorería que se deriven para la Corporación RTVE de las autoliquidaciones defectuosas y de los recursos planteados por los sujetos pasivos
afectados por las aportaciones previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley 8/2009.
V. A establecer el mecanismo normativo que permite contabilizar las cantidades provenientes de la revisión de las autoliquidaciones de los sujetos pasivos afectados por las aportaciones previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley 8/2009 en el
ejercicio correspondiente en vez de en el ejercicio que efectivamente se perciben con el fin de evitar desajustes en el cierre de cuentas de los diferentes ejercicios.
VI. A articular, a través de la Agencia Tributaria, los mecanismos necesarios para que el tratamiento del IVA soportado sea idéntico para todas las radio televisiones públicas españolas, independientemente de su ámbito de actuación
-estatal, autonómico o local- siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que los operadores económicos que efectúan las mismas operaciones no pueden ser sean tratados de forma distinta en relación al IVA.
La resolución de la Agencia Tributaria al respecto deberá materializarse antes de la aprobación definitiva de la Ley de los Presupuestos Generales para el año 2012 por las Cortes Generales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2012.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regeneración de la bahía de Pasaia
y la construcción del nuevo puerto, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La regeneración integral de la Bahía de Pasaia y su entorno, desde el punto de vista medioambiental, urbanístico, económico y social es un compromiso ineludible para el conjunto de la sociedad gipuzkoana. Dicha regeneración integral hace
imprescindible el traslado de la actividad portuaria comercial de su ubicación actual.
La construcción del Nuevo Puerto de Pasaia es un proyecto estratégico de Gipuzkoa desde el punto de vista de la economía del territorio, su vocación y dinamismo empresarial, sus necesidades industriales y logísticas y de la ordenación
territorial, que cuenta con opciones técnicas viables incorporadas al Pian Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia que actualmente está en fase de evaluación ambiental para su aprobación definitiva.
El objeto de esta propuesta es el de fijar los principios de colaboración entre todas las Administraciones implicadas, de tal manera que el Gobierno Central, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de la Bahía
de Pasaia articulen los mecanismos y fórmulas financieras adecuadas que permitan adquirir los suelos y la actual infraestructura portuaria al Gobierno de España y, así, poder sustituir los usos portuarios por usos urbanos.
Las particulares características de este proyecto obligan a realizar una cuidada planificación que ha de incluir tanto las obras estrictamente portuarias, como las actuaciones de transformación urbana y las nuevas soluciones viarias,
ferroviarias e intermodales.
Somos plenamente conscientes de que el inicio de la transformación de la Bahía de Pasaia no puede esperar a la construcción del nuevo puerto, así como de que esta regeneración nunca será completa sin dicho traslado.
Asimismo, reconocemos el importante significado de la bahía como elemento de nueva centralidad en la Eurociudad Donostia-San Sebastián/Sayona, conjuntamente con la necesidad de que su puesta en valor sea gradual para acompasarla con la
capacidad de crecimiento de la ciudad. Este proceso de transformación, además, deberá estar protagonizado desde el inicio por el acceso de la ciudadanía a la lámina de agua.
Por otra parte, resulta imprescindible señalar el papel que en la financiación y gestión de este proyecto deberá tener la colaboración público-privada en lo que son explanadas, pabellones y muelles del nuevo puerto que garanticen la mejora
de la financiación y la fidelización de determinados clientes, imprescindibles para el mejor funcionamiento del Nuevo Puerto.
En lo que se refiere a las actividades a llevar a cabo en el Nuevo Puerto, son de especial relevancia la implantación de una planta de generación de energía eléctrica, la terminal de graneles líquidos y de contenedores al efecto de conseguir
compromisos de las distintas empresas operadoras, y en aras a buscar la cofinanciación público-privada. Ello es consecuencia de que el entramado económico e industrial del hinterland del Puerto de Pasaia y las organizaciones que lo representan
(Cámara de Comercio, Patronales, y agentes sociales) debe desempeñar un papel prioritario a la hora de implicar al sector privado en este proyecto.
La ejecución de las actuaciones que permitirán el progresivo traslado de las actividades portuarias atenderá, en su desarrollo temporal, a la demanda de infraestructuras portuarias puesta de manifiesto por el compromiso inversor de los
operadores privados, y a los ritmos de transformación urbana de los actuales espacios portuarios exigidos por la dinámica propia de
la implantación de usos residenciales y de actividades económicas cualificadas.
En consecuencia, siendo conscientes de la importancia del proyecto de la Bahía de Pasaia para el futuro de Gipuzkoa y su ciudadanía se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer las actuaciones necesarias para poner en marcha la transformación de la Bahía de Pasaia mediante la regeneración integral de la bahía y la construcción del Nuevo Puerto en Pasaia,
estableciendo una metodología de colaboración con el resto de Administraciones implicadas y que recoja, al menos, las siguientes fases:
1. Recoger en el Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa el dimensionamiento residencial y de actividades económicas de la Bahía, la opción por la construcción del puerto exterior y la puesta en marcha de una plataforma
logística en Lezo-Gaintxurizketa.
2. El desarrollo de la plataforma intermodal en Lezo-Gaintxurizketa, con las necesarias conexiones viarias y ferroviarias, que evite el paso de mercancías por el centro de la ciudad de Donosita-San Sebastián y sea independiente de la
construcción del nuevo puerto.
3. La construcción de los accesos viarios desde la plataforma intermodal de Lezo-Gaintxurizketa hasta el nuevo puerto.
4. La transformación y regeneración de la bahía de Pasaia:
a. Desafectación de la Herrera Norte y Oeste, con suelos dotados de calificación urbanística de usos mixtos y gestionados por la sociedad Jaizkibia.
b. Desafectación de la Herrera Sur, Muelles de Hospitalillo y Muelle de Herrera tras la puesta en servicio de la plataforma intermodal de Lezo.
c. Desafectación de la Lonja pesquera y el muelle de San Pedro.
d. Desafectación de Navalaldea y el Muelle de Donibne
e. Transformación integral de la bahía tras el traslado de todas las actividades al Nuevo Puerto.
5. Financiación del Nuevo Puerto:
a. Venta de suelos a Jaizkibia tras su correspondiente valoración en función de los usos definidos.
b. Endeudamiento de la Autoridad Portuaria.
c. Colaboración público-privada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
proceso de modernización y optimización de la gestión de los aeropuertos españoles, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Nuestra red aeroportuaria resulta de una importancia crucial como principal puerta de entrada para una industria, la turística, que representa el 10 % del PIB nacional. Este hecho, junto a la necesidad de adecuar nuestro sistema
aeroportuario al contexto europeo y mundial, a un modelo de negocio cambiante, a una mayor colaboración público-privada y a las demandas crecientes de participación provenientes de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, han sido las causas
principales que movieron al anterior Gobierno socialista a poner en marcha un nuevo modelo de gestión aeroportuaria, cuyas bases jurídicas se encuentran recogidas en el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre.
Con el citado Decreto-ley 13/2010, el Gobierno socialista abordó un importante proceso de modernización y liberalización del sector aeroportuario que se inició con la reforma estructural que se llevó a cabo en el ámbito de la navegación
aérea a través de la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de los citados servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para
los controladores de tránsito aéreo. En esta ley ya se identifica una clara separación entre los gestores aeroportuarios y los proveedores de servicios de navegación aérea, cumpliendo de este modo con los Reglamentos comunitarios reguladores del
denominado Cielo Único europeo que exigen, tal y como se señala en el preámbulo de la ley, una clara diferenciación entre los distintos agentes que intervienen en el campo de la navegación aérea y la gestión aeroportuaria, requiriéndose que nuestra
regulación diferencie claramente entre los órganos reguladores, de gestión de la seguridad y de gestión de infraestructuras y servicios.
El anterior Gobierno socialista, sobre fas bases de un amplio consenso político y social, diseñó un modelo de gestión aeroportuaria que permite modernizar la gestión de los 47 aeropuertos que integran la red de AENA, incrementando nuestros
niveles de eficacia y eficiencia; rentabilizando las inversiones realizadas y consiguiendo el máximo aprovechamiento de nuestras infraestructuras aeroportuarias. Todo este proceso se realiza manteniendo la reserva del Estado de la titularidad de
todos los aeropuertos de interés general y sustituyendo
al ente público AENA por una sociedad mercantil estatal y con pleno respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores que pasan a prestar sus servicios en la nueva sociedad. La norma es, además, acorde con la transformación que se ha
llevado a cabo en los aeropuertos de otros países europeos que, como señala la exposición de motivos del Real Decreto-ley, se han decantado en configurar a los mismos con un enfoque más empresarial, acudiendo a fórmulas societarias, y situándolos
plenamente en el ámbito del Derecho mercantil.
En aplicación del artículo 7 del Decreto-ley 13/2010, el Consejo de Ministros celebrado el 25 de febrero de 2011, constituyó la sociedad mercantil estatal 'Aena Aeropuertos, SA', que asume el conjunto de funciones y obligaciones que ejercía
AENA en materia de gestión y explotación de los servicios aeroportuarios, autorizando posteriormente, en la reunión de 15 de julio, la venta de hasta un 49 % del capital social de AENA Aeropuertos S.A, manteniendo el Estado el control de la mayoría
de su capital, tal y como exige el Decreto-ley y, por tanto, la preeminencia del interés general de estos equipamientos estratégicos. En esa reunión también se autoriza la creación de las sociedades concesionarias de los aeropuertos de
Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, como otra de las piezas clave del proceso de transformación del modelo aeroportuario, para dotar la gestión de los das grandes aeropuertos españoles de mayor competitividad y eficiencia; garantizar la titularidad
pública y la sostenibiiidad económica de la red de aeropuertos, e introducir la gestión individualizada y autónoma de ambos aeropuertos.
Este proceso de modernización de la gestión aeroportuaria puesta en marcha por el anterior Gobierno socialista prosiguió el pasado 11 de noviembre, con la constitución de las sociedades que actuarán como consejos rectores de los aeropuertos
de Madrid-Barajas y Barcelona-el Prat, y que, encargadas principalmente del seguimiento del desarrollo del contrato de concesión y aquellas otras que AENA les atribuya, cuentan con una participación determinante de la Administración autonómica, las
Administraciones locales y los agentes económicos y sociales.
A pesar del importante apoyo político, económico y social del modelo de gestión aeroportuaria impulsado por el Gobierno socialista; de su importancia estratégica para nuestra economía y de su contribución a la necesaria homologación a
nuestro entorno europeo, el Gobierno del Partido Popular decidió unilateralmente el pasado 23 de enero la renuncia ala celebración del concurso de concesión de la explotación de los servicios aeroportuarios en Madrid y Barcelona y anunció la
revisión del actual modelo de gestión aeroportuario. Todo ello sin enunciar los principios bajo los que se desarrollará el nuevo modelo ni las razones para derogar un modelo ampliamente consensuado y desarrollado.
Por todo ello, el Grupo parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a culminar el proceso de modernización y optimización de la gestión de los aeropuertos españoles, mejorando u competitividad y eficiencia, garantizando la titularidad pública y la
sostenibilidad económica de la red de aeropuertos e incorporando la posibilidad de gestión individualizada y autónoma de los mismos y la participación de todas las administraciones territoriales y agentes económicos y sociales interesados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2012.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.