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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 49, de 06/03/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
6 de marzo de 2012
Núm. 49
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
158/000003 Solicitud de creación, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de una Subcomisión para el análisis de la situación del empleo juvenil en España, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ...
Secretaría General
292/000004 Procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento, depósito, retirada y colocación de las alfombras, reposteros, tapices y baldaquino del Congreso de los Diputados. Adjudicación del contrato
... (Página9)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión Constitucional
161/000032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre erradicación del mailing electoral. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Interior ... (Página9)
161/000316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas a adoptar en la reforma de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual ...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la autorización de la MINURSO para actuar sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental ... (Página11)
161/000310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma y agilización del sistema de concesión de visados relacionados con la actividad económica, de internacionalización o de
investigación ... (Página12)
161/000321 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre protección de libertades y derechos en Egipto ... (Página13)
161/000332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la represión de la oposición en Siria ... (Página15)
Comisión de Justicia
161/000330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU ... (Página15)
Comisión de Interior
161/000293 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la represión policial de las movilizaciones ciudadanas ... (Página16)
161/000309 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a promover una reforma de la actual normativa sobre seguridad privada que impulse la intervención de estos
agentes en la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios ... (Página18)
161/000324 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre cese inmediato de las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales ... (Página19)
Comisión de Defensa
161/000307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la cesión del cuartel del Bruc en Barcelona a las administraciones públicas catalanas ... (Página19)
161/000331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la paralización del recurso interpuesto por el Ministerio de Defensa en relación al precio de venta de la antigua residencia de
suboficiales de Gardeny y la renuncia a la deuda reclamada ... (Página20)
Comisión de Economía y Competitividad
161/000305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para condicionar el reparto de dividendos y limitar retribuciones en entidades financieras que reciben ayudas públicas ...
161/000308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación del artículo 348 bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, introducido por la Ley 25/2011, de 1 de agosto ... (Página22)
161/000319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a los desahucios derivados del impago de las hipotecas ... (Página23)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a modificar la legislación de contratos del sector público a fin de establecer la reserva de un
porcentaje, con carácter mínimo, de las licitaciones a favor de Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción que vincule a todas las administraciones y entes públicos, tanto estatales como autonómicos y locales. Pasa a tramitarse ante la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad ... (Página24)
161/000286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para luchar contra el fraude fiscal ... (Página24)
161/000287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la mejora de la suficiencia y equidad del sistema tributario ... (Página26)
161/000335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la obligación de recibir las notificaciones tributarias exclusivamente por vía electrónica ... (Página27)
Comisión de Fomento
161/000298 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en funcionamiento de la variante ferroviaria de Pajares ... (Página28)
161/000299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la variante de Potes (Cantabria) ... (Página29)
161/000300 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre inclusión del tramo Solares-Torrelavega de la autovía del Cantábrico, dentro de las obras prioritarias del Plan de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda 2012-2024 ... (Página29)
161/000301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Desfiladero de la Hermida (Cantabria) ... (Página30)
161/000302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proyecto 'Frente Marítimo Portuario de Santander' ... (Página31)
161/000312 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre finalización de las obras del puente sobre la bahía de Cádiz ... (Página31)
161/000313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la entrada en funcionamiento de la Alta Velocidad entre Sevilla y Cádiz a lo largo del año 2012 ... (Página32)
161/000314 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre conexión directa de Alta Velocidad entre Vigo (Pontevedra) y Madrid por Cerdedo ... (Página33)
161/000317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre rehabilitación del edificio protegido de la estación de Benalúa (Valencia) ... (Página34)
161/000318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la potenciación y mejora del ferrocarril ... (Página35)
161/000337 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al corredor ferroviario del Mediterráneo ... (Página36)
161/000338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la variante de Pajares ... (Página37)
161/000340 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ocupación provisional de los terrenos propiedad de ADIF ubicados entre la antigua estación de Renfe y el cargadero de mineral de
Almería ... (Página37)
Comisión de Educación y Deporte
161/000329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa ... (Página38)
161/000334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre extensión del primer ciclo de la educación infantil ... (Página39)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000306 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a aprobar un plan de choque para el mantenimiento y la creación de empleo de las personas con discapacidad
con especiales dificultades para su inserción laboral ... (Página40)
161/000326 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación económica del histórico Centro Español de Moscú que ampara a los Niños de la Guerra ...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre prospecciones petrolíferas en aguas canarias ... (Página42)
161/000303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias ... (Página43)
161/000304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el régimen de tasas aeroportuarias y bonificaciones a las compañías aéreas ... (Página44)
161/000325 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre propuesta de un marco regulatorio diferenciado para el sistema eléctrico canario ... (Página45)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los problemas generados por determinadas normas comunitarias y estatales que están complicando la actividad pesquera a la flota de artes menores en
Galicia ... (Página48)
161/000311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la regionalización de la Política Agraria Común (PAC) ... (Página49)
161/000322 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al protocolo de Pesca UE-Marruecos ... (Página49)
161/000323 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adoptar medidas para facilitar el proceso de regularización de las embarcaciones de la flota de bajura y marisqueo ...
161/000327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales ...
161/000336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la calidad del aire ... (Página51)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre asistencia sanitaria a pacientes residentes en zonas limítrofes ... (Página52)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la utilización de niños y niñas soldado en conflictos armados ... (Página54)
Comisión de Cultura
161/000262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección del patrimonio histórico-artístico frente al expolio y la exportación ilegal. Pasa a tramitarse ante la Comisión de
Interior ... (Página54)
161/000292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ... (Página54)
161/000294 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa ...
161/000295 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el evento conocido como 'Capital Europea de la Cultura' a celebrar en 2016 ... (Página56)
161/000320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al mantenimiento de las ayudas para las publicaciones periódicas en catalán y demás lenguas del Estado para la difusión de las
revistas culturales ... (Página57)
Comisión de Igualdad
161/000315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones por la igualdad salarial entre mujeres y hombres ... (Página58)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la señalización de las carreteras de la Red viaria ... (Página59)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000131 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre intención del Gobierno de iniciar un proceso de diálogo con la Iglesia Católica a fin de revisar y modificar los privilegios que conserva en base a
los acuerdos internacionales firmados con la Santa Sede en 1976 y 1979 ... (Página61)
Comisión de Interior
181/000119 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre medidas para compensar a particulares y ayuntamientos por las pérdidas económicas que están suponiéndoles las actuales inundaciones de Asturias
... (Página61)
Comisión de Defensa
181/000112 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU), sobre relación de los bienes inmuebles del Estado en Cataluña que han dejado de tener interés para la Defensa y son objeto de enajenación ...
Comisión de Fomento
181/000105 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU), sobre compromiso de la puesta en funcionamiento del servicio de la línea de AVE Barcelona-Girona-Figueres para el año 2012 ...
181/000106 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU), sobre compromiso de llevar a cabo el desdoblamiento completo de la carretera N-II por el recorrido por la demarcación de Girona ...
181/000107 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU), sobre previsión de la adjudicación definitiva de las obras de desdoblamiento de la carretera N-II, entre Caldes de Malavella y Sils (Girona) ...
181/000108 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU), sobre voluntad de proceder a la adjudicación de las obras de desdoblamiento de la carretera N-II, entre Sils y Maçanet de la Selva (Girona) durante 2012 ...
181/000109 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU), sobre voluntad de proceder a la adjudicación de las obras de desdoblamiento de la carretera N-II, entre Maçanet de la Selva y Tordera (Girona) durante 2012 ...
(Página62)
181/000110 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU), sobre calendario para proceder al soterramiento de la línea de tren convencional a su paso por la ciudad de Girona una vez finalizadas las obras de la línea de
Alta Velocidad ... (Página62)
181/000111 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU), sobre ejecución de las obras de la variante de Olot (Girona) de la carretera N-260 ... (Página62)
181/000113 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre plan de moratoria para infraestructuras aprobadas por el Gobierno anterior ... (Página63)
181/000115 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre conocimiento por el Gobierno de las alegaciones presentadas por el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) en agosto de 2010 al proyecto de construcción:
'Ampliación de la capacidad de la autopista AP-9, tramo: enlace de Cangas-enlace Teis' o ampliación del puente de Rande ... (Página63)
181/000116 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre estado de desarrollo en el que se encuentra el Real Decreto 1733/2011, que establece criterios para la ampliación de la capacidad de diferentes tramos
de la autopista AP-9, así como posición del Gobierno al respecto ... (Página63)
181/000127 Pregunta formulada por el Diputado don Guillem García Gasulla (GS), sobre medidas para recuperar, mejorar y garantizar la conectividad diaria de las islas de Eivissa y Menorca con Madrid y Barcelona ...
181/000128 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre motivos por los que no se puso en marcha en los servicios de cercanías de Renfe de Madrid un dispositivo especial ante el previsible incremento de
viajeros por la manifestación convocada el día 19 de febrero de 2012 contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno ... (Página63)
181/000129 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre previsiones acerca de seguir con la política de no reforzar los servicios de cercanías de Madrid ante acontecimientos deportivos, culturales o sociales
que se celebren en la ciudad ... (Página64)
181/000130 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre responsabilidad de la dirección de Renfe por haber puesto en peligro la seguridad de los viajeros y de los trabajadores en el servicio de Cercanías de
Madrid, al no haber reforzado el servicio para atender su afluencia con motivo de la manifestación convocada contra la reforma laboral el día 19 de febrero de 2012 ... (Página64)
Comisión de Educación y Deporte
181/000132 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de convalidar la titulación del plan viejo de Derecho con el nuevo título de posgrado de Derecho ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000104 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre conocimiento que tiene el Gobierno de las protestas de la flota que pesca merluza en el caladero del Cantábrico-Noroeste y barcos de artes menores,
que les han llevado a amarrar sus barcos ... (Página64)
181/000114 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre actuaciones para recuperar la gestión integral de los parques nacionales repartidos entre varias comunidades autónomas ...
181/000117 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre previsiones acerca de la retirada del recurso de inconstitucionalidad interpuesto el 20 de abril de 2009, contra la disposición adicional segunda de
la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia, 18/2008, de 29 de diciembre, de Vivienda, que trataba de solucionar el problema de inseguridad jurídica de núcleos de población de Marín, Ribeira y Pobra do Caramiñal, entre otros, debido a la aplicación
de la Ley de Costas ... (Página65)
181/000120 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre actuaciones de restauración de infraestructuras y cauces en los ríos asturianos afectados por las actuales inundaciones ...
Comisión de Cultura
181/000121 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hurtado Zurera (GS), sobre planes para llevar a cabo la ejecución del Museo de Bellas Artes de Córdoba ... (Página65)
181/000122 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hurtado Zurera (GS), sobre planes que tiene el Gobierno para la ejecución del proyecto de la Biblioteca Provincial de Córdoba ... (Página65)
Comisión de Igualdad
181/000123 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre acciones que el Gobierno tiene programadas para las mujeres que viven en el medio rural ... (Página65)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000124 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre acciones previstas en materia de violencia de género en mujeres con discapacidad ... (Página65)
181/000125 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre impacto del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral en las personas con discapacidad ...
181/000126 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre desarrollo de la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos, para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los espacios y
actividades culturales ... (Página66)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
Tribunal Constitucional
232/000023 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1046/1999, planteado por 89 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra los artículos 2.2, 15.1 y 3.4ª, 17.2.c) y
d), 24.2.b) y c), 39, 40, 43.2.f), 44.1.1.º.a), 48, 51, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 81.1, 2 y 3, y Disposiciones transitorias cuarta, quinta 2, sexta y séptima, de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras Normas Tributarias ... (Página66)
233/000011 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5394/2006, planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arenys de Mar, respecto del artículo 43.1 de la Ley del
Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia, por supuesta vulneración del artículo 149.1.6.º CE ... (Página67)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000003
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Solicitud de creación, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de una Subcomisión para el análisis de la situación del empleo juvenil en España.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y
reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presentar la siguiente propuesta, relativa a la creación, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de una Subcomisión para el análisis de la
situación del empleo juvenil en España.
Exposición de motivos
El empleo es la principal herramienta de emancipación de los jóvenes y constituye uno de los principales elementos de realización de la persona. Lamentablemente en nuestro país la tasa de paro de nuestros jóvenes se situó en el 46,4 % en el
2011, según Eurostat; más del doble de la media de la Unión Europea de los 27, que se sitúa en el 21,4 %. De esta forma, España sigue liderando uno de los rankings de los países europeos con más desempleo entre los jóvenes. Y ello a pesar de
encontrarnos con las generaciones de jóvenes mejor preparadas desde el punto de vista de su formación.
La debilidad del empleo juvenil en España se ha puesto, por otra parte, más de manifiesto con la crisis económica, que ha impedido acceder a su primer empleo a un grupo numeroso de jóvenes que, por su falta de cualificación profesional, se
encuentran con mayores dificultades para su reincorporación al mercado laboral.
A esto debemos añadir que la aplicación de unas políticas de empleo juvenil de calidad garantiza el correcto funcionamiento del Estado de bienestar y el progreso conjunto de toda la sociedad.
En definitiva, el empleo de los jóvenes debería ser el centro de las prioridades de la recuperación económica y de las políticas de creación de empleo.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la creación, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de una Subcomisión sobre la situación del empleo juvenil, con las siguientes características:
Objeto.
La Subcomisión deberá:
- Analizar las causas que han determinado nuestras altas tasas de desempleo entre los jóvenes.
- Estudiar las buenas prácticas que para la inserción en el mercado laboral de jóvenes se están llevando a cabo en el resto de países de la Unión Europea.
- Proponer un conjunto de medidas que incluyan, entre otras, políticas activas e incentivos para facilitar en el menor tiempo posible la reversión de la situación de desempleo de nuestros jóvenes, creando empleo de calidad y sostenible.
Composición.
La Subcomisión, bajo la presidencia del Presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la Cámara, se compondrá de diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dos al Grupo
Parlamentario Socialista, y uno
a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
Adopción de acuerdos.
En la adopción de acuerdos por la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
Plazo.
La duración de los trabajos de la Subcomisión será de seis meses desde su constitución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
SECRETARÍA GENERAL
292/000004
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 21 de febrero, acordó adjudicar el contrato de servicios de mantenimiento, depósito, retirada y colocación de las alfombras, reposteros, tapices y baldaquino del Congreso de los Diputados, a la
empresa Fundación Real Fábrica de Tapices, por un importe de 393.175,52 euros (IVA no incluido), correspondiente a cuatro años de duración inicial del contrato.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión, del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/000032
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre erradicación del mailing electoral sea tramitada en la Comisión de Interior.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar a la Comisión de Interior, comunicando este acuerdo a la Comisión Constitucional, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia se publicó en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 19, de 19 de enero de 2012.
161/000316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante el anuncio efectuado por el Gobierno de reforma de la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para su debate en la Comisión Constitucional.
El Gobierno ha anunciado su intención de proponer la reforma de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), permitiendo a las Comunidades Autónomas determinar los modelos de gestión del servicio público de
comunicación audiovisual, que puede consistir en la gestión directa, en la gestión indirecta o en diferentes instrumentos de colaboración público-privada; externalizar los servicios informativos y todos los contenidos de las radiotelevisiones
públicas. Y todo ello se une a la decisión de no crear el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y el recorte de 200 millones de euros en las compensaciones por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público consignadas en los
Presupuestos Generales del Estado a que se refiere la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal (RTVE) para el ejercicio 2012, lo que implicaría una revisión profunda del modelo actual de RTVE.
Nuestro Grupo Parlamentario considera que es un derecho fundamental de la ciudadanía disponer de una oferta audiovisual diversa, gratuita y de calidad, y de una información veraz, independiente y plural, en el marco de un modelo que informe,
entretenga y eduque. La dinamización del sector de la comunicación depende de la coexistencia y el equilibrio entre los operadores privados y las radiotelevisiones públicas, esenciales para facilitar el acceso universal de la ciudadanía a una
oferta de interés multimedia e interactiva en abierto, tanto generalista como especializada, contribuyendo también a la alfabetización mediática.
Los recientes cambios introducidos en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, rompieron el consenso existente y favorecieron la desregulación y la concentración de medios, sin opiniones más allá del pensamiento único del espectáculo esperpéntico que
ofrecen algunos operadores privados. Y al amparo de esa Ley se está comerciando con las licencias TDT obtenidas en 2000 y a partir de 2008, se cierran canales, se despide a las plantillas y se teje una red especulativa similar a la del ladrillo.
No se incorporó la fórmula de la corregulación como método de control, ni se creó el Consejo Superior del Audiovisual con capacidad sancionadora, de vigilancia y de asignación de licencias, capaz también de elaborar códigos de conducta para
garantizar el pluralismo, la dignidad humana, el derecho al honor y a la intimidad, a la propia imagen y la protección de la juventud, de la infancia y de las personas mayores. Tampoco se reguló la emisión de publicidad en las televisiones
públicas, que nadie controla ni sanciona, y que ha propiciado la condena a España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por exceder el límite de 12 minutos por hora que marca la legislación comunitaria.
A juzgar por el anteproyecto de ley de reforma que ahora se quiere hacer, los cambios previstos podrían acarrear efectos muy negativos para el empleo, la industria de producción y de servicios audiovisuales y los derechos ciudadanos
recogidos en la Constitución. Esta reforma no responde a ninguna demanda social y tampoco se justifica cuando tan solo han transcurrido dos años desde la última reforma de la Ley. En un escenario caracterizado por la multiplicación de canales, la
privatización total o parcial de las radiotelevisiones públicas autonómicas favorecería a los canales privados y de pago, en detrimento de unos contenidos gratuitos y de calidad.
Si a la privatización añadimos la asfixia financiera que están sufriendo tanto las públicas autonómicas como la propia radiotelevisión pública estatal, acosada por la reducción drástica de su presupuesto en 204,8 millones de euros y la
amenaza que pesa sobre uno de sus dos multiplex, la incertidumbre pesa sobre su futuro y está en riesgo su viabilidad, su producción y su plantilla. Todo ello, sin olvidar la demanda interpuesta por la Comisión Europea contra la tasa a los
operadores de telecomunicaciones para financiar la radiotelevisión pública estatal.
La reforma, además, potenciaría la externalización de los informativos, supeditando a intereses privados el derecho de la ciudadanía a la información, sin garantías de veracidad, pluralidad e independencia. Ya se han externalizado parte de
los informativos en las televisiones públicas de Illes Balears, una opción por la que también han optado Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, Murcia y Aragón.
Son muchas las radiotelevisiones afectadas. Baste señalar las amenazas de privatización en Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias o Illes Balears, el ERE abierto en Canal Non, el que se prepara en Euskal Telebista, los despidos de personal
contratado en Canal Sur -con huelga e intervención policial en febrero de 2012-, el cierre de TV Extremadura, los recortes en la CRTVG de Galicia, además del peligro que se cierne sobre TV3, TV de Castilla-La Mancha y Telemadrid, entre otras muchas.
Con este panorama, no sólo está en gravísimo peligro el empleo en el sector, sino 'la propia función del servicio público estatal de televisión y radio, como garante de los derechos fundamentales y de las libertades públicas como la que
reconoce el artículo 20 de la Constitución, con una programación de calidad y el fomento de la producción española y europea, que incorpora la oferta de servicios conexos e interactivos' que la Ley 17/2006, de 5 de junio, encomienda a la Corporación
RTVB y que su Mandato-Marco detalla con objetivos de calidad y de contenidos, defensa de los
valores constitucionales, vertebración y cohesión territorial, independencia, pluralismo, neutralidad, imparcialidad y rigor, defensa de la pluralidad social, respeto a los principios éticos, promoción de los intereses españoles en el
panorama internacional, respeto a la intimidad, honor y propia imagen, compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, protección de la infancia y la juventud, cobertura institucional y comunicaciones oficiales, procesos electorales, derecho de
acceso y derecho de rectificación, además de un fuerte compromiso con producción propia, la contratación de producciones nacionales, europeas e iberoamericanas, derechos de emisión de cine internacional, competiciones deportivas y de apoyo al cine
español.
Es por ello que este Grupo presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Ante el anuncio de reforma de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A) Respetar la función de servicio público de las radios y televisiones públicas, y muy especialmente la obligación de:
1. Prestar el servicio público esencial.
2. Ofrecer programaciones de calidad.
3. Suministrar información veraz, independiente, plural, neutral e imparcial.
4. Velar por la protección del archivo audiovisual, conservando y dando uso público a las imágenes y sonidos que son patrimonio de nuestra historia reciente.
5. Desarrollar y fomentar el acceso universal a las infraestructuras de telecomunicación en todos sus soportes.
6. Fomentar el desarrollo de las creaciones audiovisuales de su ámbito territorial, particularmente en cine, documentales y vídeo-creación.
B) Y para que todo esto sea posible,
1. Garantizar la titularidad y la gestión pública de las radiotelevisiones públicas.
2. Regular y divulgar el derecho de acceso, que posibilite la participación efectiva de la ciudadanía en las programaciones y en la información.
3. Asignar los medios necesarios para la conservación y el disfrute público de los archivos audiovisuales.
4. Fijar los porcentajes de producción propia con medios propios y en el caso de RTVE, 100 % para los servicios informativos y programas de actualidad, del 85 % para la programación de contenido divulgativo (infantil y juvenil, educativo,
político, deportivo, medioambiental, de protección del consumidor) y nunca menos del 65 % para el resto de programas.
5. Proporcionar una financiación plurianual estable y suficiente, que garantice el presente (la explotación) y el futuro (las inversiones), mayoritariamente con fondos públicos.
6. Exigir condiciones de trabajo reguladas por convenio colectivo para la radiotelevisión pública y para las empresas con las que subcontraten servicios.
7. Obligar a todas las radiotelevisiones, tanto de titularidad pública como privadas, las que se asigne un ancha de banda en el espacio público radioeléctrico, a unos compromisos en materia de programación, publicidad, transparencia en la
gestión y condiciones laborales, así como a emitir en un plazo determinado, devolviendo la licencia en caso de incumplimiento de alguno de estos compromisos.
8. Asignar al Consejo Audiovisual poder sancionador, con potestad para regular los procesos de adjudicación de licencias de emisión y de retirada de éstas en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos o de concentración de medios
en pocas manos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Joan Josep Nuet i Pujals, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la autorización de la MINURSO de cara a actuar
sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) fue constituida por el Consejo de Seguridad siguiendo el acuerdo alcanzado entre el Frente Polisario y el Gobierno de Marruecos para poner fin al
enfrentamiento armado y encauzar el conflicto saharaui sobre bases pacíficas y democráticas.
La MINURSO está habilitada por la ONU para la supervisión del alto el fuego y la organización de un referéndum libre y justo, que las resoluciones del Consejo de Seguridad citan una y otra vez como necesario para la consecución de una
solución justa y duradera.
Sin embargo, la MINURSO acusa un defecto manifiesto: carece de mecanismos destinados a supervisar,
bajo la tutela de las Naciones Unidas, el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tinduf.
Son muchas las organizaciones sociales relacionadas con la promoción y defensa de los derechos humanos que han hecho notar este defecto de la MINURSO. Se trata de una laguna, poco habitual en este tipo de misiones, cuya corrección ha
fracasado, hasta la fecha, tantas veces como se ha intentado. El 2 de mayo de 2011, el Consejo de Seguridad renovó por un año la Misión, mediante una resolución que reconoce, sí, la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos, pero no
crea un mecanismo de supervisión como los que son habituales en otras Misiones de similar naturaleza.
La existencia de incidentes como el ocurrido en noviembre de 2010 en el campamento saharaui de Gdaim lzik, en las proximidades de El Aaiún, en los que se denunciaron masivas y graves violaciones de derechos humanos, aconseja ampliar sin
demora el objetivo de la Misión, incluyendo entre sus atribuciones, la de vigilar el estado de los derechos humanos en los territorios afectados por el conflicto saharaui.
En consecuencia, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'Impulsar activamente, a través de la acción diplomática que resulte necesaria, la ampliación de las atribuciones de la MINURSO, de manera que ésta pueda contar con un mecanismo de observación que supervise el respeto de los derechos
humanos, tanto en el Sáhara Occidental como en los campamentos de refugiados de Tinduf.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV-EAJ).
161/000310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
Comisión de Asuntos Exteriores, una Proposición no de Ley para la reforma y agilización del sistema de concesión de visados relacionados con la actividad económica, de internacionalización o de investigación.
Antecedentes
En los últimos años el Estado español ha pasado de ser un país emisor de emigrantes a receptor, de una economía receptora de inversiones a una economía más exportadora y emisora de inversiones, con una clara vocación y necesidad de
internacionalización. Estos cambios obligan a adoptar nuevos modelos en la gestión de los flujos de personas, más adecuados con el nuevo marco social y económico. Nuestro crecimiento y competitividad pasan por la innovación y la
internacionalización, lo que requiere tres factores principales: movilidad de mercancías, movilidad de capitales y movilidad de personas. Este último factor se encuentra incompleto.
Las dificultades actuales para realizar viajes por motivos económicos o de investigación suponen en muchos casos costes importantes para las empresas, incluso para organismos oficiales, que se han visto afectados. El espacio Schengen
establece los mismos requisitos para la obtención de los visados para todos los países miembros, pero su aplicación y el sistema de concesión de los mismos es diferente entre unos y otros. España debe acercarse a los modelos más eficientes y debe
ganar en agilidad, en transparencia, en claridad de la información y en flexibilidad siempre en el respeto de la política exterior y de las políticas de inmigración orientadas a facilitar y agilizar la tramitación de visados para grandes empresas en
su actividad económica.
Las medidas acordadas por el Consejo de Ministros en febrero de 2007 han resultado ser poco eficaces. A pesar de la coordinación interministerial existente y la celeridad en la toma de las decisiones, su realidad práctica se ha revelado
inconsistente. Eso se debe en gran parte porque dichas medidas fueron pensadas tomando en sola consideración a las grandes empresas y multinacionales que aquí operan, pero sin caer en la cuenta que las principales beneficiadas de este tipo de
medidas -atendiendo el tejido productivo español- debían ser las pequeñas y medianas empresas (PYMEs).
Así se consideró en la pasada legislatura cuando el 14 de abril de 2010 se aprobó una proposición no de ley presentada por este grupo parlamentario donde se instaba al Gobierno a agilizar el sistema de concesión de visados relacionados con
la actividad económica, de internacionalización o de investigación y a mejorar los procedimientos correspondientes y que den prioridad a los visados temporales vinculados a dichas actividades económicas, sin embargo las mejoras incorporadas hasta el
momento han sido insuficientes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar el sistema de concesión de visados relacionados con la actividad económica, de internacionalización o de investigación, instando a las Embajadas a priorizar la concesión de
dichos visados para apoyar y
fomentar el comercio internacional y la internacionalización de la economía española.
2. Dar cuenta anualmente a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de las mejoras registradas en la actividad consular de las Embajadas en lo referido al punto 1 de esta Proposición no de Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa, para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
protección de libertades y derechos en Egipto, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Es indudable la importancia, el interés y la cercanía que los procesos de transición democrática en determinados países del sur del Mediterráneo han despertado en nuestras sociedades ribereñas y vecinas, debido fundamentalmente al
protagonismo y determinación que, desde el inicio de dichos procesos, asumió su ciudadanía, junto a las fuerzas sociales y políticas en cada país, para conseguir en libertad un cambio político desde los valores democráticos de pluralismo y
democracia, respeto a los derechos humanos, y con la aspiración de alcanzar a través de la justicia social, mejores condiciones de vida y bienestar para sus poblaciones.
Precisamente, la declaración institucional de febrero de 2011 del Congreso de los Diputados, aprobada hace un año, se hacía eco de estas aspiraciones compartidas al subrayar el reconocimiento público de la Cámara de representación popular en
nuestro país, con el fuerte compromiso con la democracia que estas revoluciones populares implicaban, y así acompañar los procesos de cambio político a los que se aspira y por los que se lucha en dichos países.
Sin embargo, en el caso de Egipto, la mayor parte de las esperanzas que motivaron la 'Revolución del 25 de Enero' se han ido desvaneciendo y debilitando ante los ataques contra la sociedad civil y la represión de los manifestantes que ha
venido ejerciendo el Consejo militar que asumió el poder tras el derrocamiento del expresidente Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011. Ni siquiera el resultado de las elecciones a la Asamblea Popular celebradas en noviembre y diciembre pasado,
seguidas de las elecciones al Consejo de la Shoura, han supuesto el levantamiento del estado de emergencia que rige en dicho país desde 1981, ni han servido para restaurar los derechos y libertades fundamentales básicas. Es muy significativo al
respecto que, tras las elecciones parlamentarias, la cuota de representación de las mujeres se haya visto drásticamente reducida a 8 escaños, cuando bajo el régimen autoritario anterior al menos 64 mujeres ejercían dicha función.
Lo cierto es que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), a lo largo de todo este proceso de transición, ha venido restringiendo los derechos humanos arbitrariamente, incluida la libertad de debatir cuestiones sociales y políticas.
La realidad es que, ante las crecientes críticas y movilizaciones sociales, las autoridades egipcias han ido cercenando la capacidad de organización de la sociedad civil local y la de sus apoyos internacionales, aplicando una estricta legislación en
cuanto al registro, la financiación y la reglamentación de las organizaciones, prohibiendo y limitando sistemáticamente los derechos de asociación, reunión y manifestación pacífica. A lo largo de estos últimos meses cerca de 12.000 civiles han sido
arrestados y llevados ante tribunales militares en Egipto, utilizándose el aparato legal como herramienta política para la represión del derecho a las asambleas pacíficas, la libertad de asociación y de expresión. Actualmente, la disidencia es
perseguida, los manifestantes se enfrentan a un proceso de detención injusto y de torturas, utilizándose a las fuerzas de seguridad egipcias de manera ilegal, desproporcionada, excesiva y letal, para dispersar manifestaciones pacíficas, cometiendo
acciones de brutal represión con total impunidad, como hemos podido observar en estremecedoras imágenes recientes.
Por otra parte, aunque la Declaración Constitucional del CSFA de marzo de 2011 recogiera formalmente la libertad de prensa, de impresión, de publicación y de medios, la realidad es que el CSFA ha aplicado una legislación que criminaliza la
libertad de opinión y expresión, castiga a periodistas, activistas, blogueros, básicamente jóvenes y mujeres organizados a través de estas redes sociales y reprime cualquier otra forma de expresión. Enfrentados a este clima creciente de
hostigamiento e intimidación, determinados propietarios de medios, redactores jefe y periodistas han evitado cruzar las 'líneas rojas' de la seguridad nacional, mientras que otros han optado por la protesta simbólica publicando columnas en blanco en
sus periódicos, o suspendiendo sus espacios televisivos. Mientras que la información independiente es reprimida, el CSFA controla totalmente la televisión estatal.
También, como es sabido, las minorías religiosas y las mujeres han venido padeciendo una discriminación específica y creciente. Su participación visible en las revueltas significó grandes expectativas de progreso en los derechos de las
mujeres y la extensión de la libertad de culto, que han sido directa e inmediatamente repri
midas. El CSFA ha cancelado la ley de cuotas que garantizaba los escaños de mujeres en el parlamento y ha sometido a las mujeres que han protestado a 'pruebas de virginidad' forzosa.
Un Informe recientemente publicado y que ha sido distribuido ampliamente da cuenta de estos hechos, al tiempo que enumera y pretende dar traslado, visibilizando, las correspondientes demandas de la sociedad civil egipcia ante dichas
violaciones de derechos y libertades fundamentales amenazadas. Sus resultados son fruto de una misión y de un trabajo de investigación desarrollado conjuntamente con las organizaciones en dicho país en la primera semana del pasado mes de diciembre.
El informe incorpora las directrices en materia de derechos humanos de la UE y quiere ser además un ejemplo de buenas prácticas y de relaciones de asociación entre organizaciones españolas y locales recogidas en los principios de las OSC acordados
en Estambul, que se han venido poniendo en práctica en la región de Oriente Medio y norte de África, en el marco de la cooperación española.
Por tanto, atendiendo al interés y alcance de estas peticiones que, a su vez, han sido dirigidas a los representantes de las agencias multilaterales -especialmente Naciones Unidas- así como a las misiones diplomáticas presentes en territorio
egipcio, embajadas y consulados de la Unión Europea, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Reitera, con motivo del aniversario de la Revolución del 25 de Enero en Egipto, su firme compromiso con el seguimiento del proceso democrático de transición iniciado en el país, que debe poner fin al control militar ejercido hasta ahora
y facilitar el marco legal necesario que permita que las distintas organizaciones de su sociedad civil puedan ejercer su crucial papel como articuladoras de las aspiraciones de una sociedad abierta, plural y democrática.
2. Insta al Gobierno a impulsar en el ámbito de la UE, ante las instituciones multilaterales y en el ámbito de la acción exterior y de la cooperación española, aquellas acciones que, siguiendo las directrices en materia de derechos humanos
y en el marco de las relaciones de vecindad con Egipto, sirvan para:
a) Reforzar en las relaciones multilaterales y bilaterales con las autoridades egipcias, las gestiones tendentes a terminar de inmediato con la represión y conseguir la suspensión de la aplicación de la ley sobre asociaciones Ley 84/2002)
aprobada bajo el régimen de Hosni Mubarak.
b) Poder contar con informes periódicos sobre el estado de los derechos humanos en Egipto, contando con las aportaciones organizaciones de la sociedad civil egipcia y de las organizaciones internacionales especializadas presentes sobre el
terreno, que sirvan para sistematizar la información y apoyar las capacidades institucionales locales en materia de seguimiento, aplicación y defensa de los derechos humanos.
c) Establecer canales para facilitar la acción coordinada entre las diferentes misiones diplomáticas en el país, con el fin de mantener una estrecha comunicación con los líderes representantes de la sociedad civil egipcia, promoviendo
visitas a las comunidades afectadas con el fin de establecer una acción concertada de ayuda a las estrategias locales de desarrollo.
d) Impulsar mecanismos de protección para asegurar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, estableciendo misiones oficiales rotatorias para la observación de los procesos judiciales en los que dichas personas se
hallan incursas e incrementando la visibilidad de los observadores ante dichas instancias.
3. Retomando los principios que guían la calidad y eficacia de la ayuda y del Código de Conducta europeo, impulsar la financiación de programas de cooperación que:
- Respeten, apoyen y fortalezcan la apropiación democrática del proceso de transición por el pueblo egipcio, promoviendo partenariados estables entre actores estatales y de la sociedad civil, dando apoyo específico a la capacitación de las
instituciones y del movimiento asociativo, junto a la transferencia de conocimiento e intercambio de experiencias en materia de procesos de transición, asegurando en todo el proceso la rendición de cuentas, coordinación, división del trabajo y
coherencia entre gobiernos donantes, agencias y las demandas y necesidades identificadas por el pueblo y autoridades egipcias.
- Promuevan y aseguren la participación de las mujeres en todos los niveles y procesos. Donantes, gobiernos y agencias de Naciones Unidas deberán apoyar la agenda de las mujeres egipcias para asegurar su activa presencia en la esfera
política y contribuir al cumplimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres. A dichos efectos, y para conseguir la democracia real, es especialmente relevante incluir la perspectiva de género en los programas de gobernabilidad y de
institucionalidad democrática, de reformas judiciales y de seguridad que se emprendan, tomando en cuenta las demandas específicas de las mujeres egipcias y su participación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la represión de la oposición
en Siria, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde que hace un año comenzaran las protestas ciudadanas para reclamar libertad y democracia en Siria, la sangrienta represión del régimen de Bashar al-Assad se ha cobrado alrededor de 6.000 víctimas, 3.000 desaparecidos y cerca de 20.000
detenidos, entre los que son incontables los casos de tortura y violaciones. Precisamente, ahora se cumplen 20 años de la matanza de Hama en 1982 en la que fueron asesinadas más de 10.000 civiles por el ejército de Hafez Al-Assad, padre del actual
presidente sirio, y fundador de la dinastía que lleva en el poder 41 años.
La llamada primavera árabe llegó al país en forma de repulsa por la detención, tortura y ejecución de 15 niños que realizaron pintadas contrarias al régimen de Al-Assad en Daraa en marzo de 2011. A diferencia de otros países, como Túnez y
Egipto, en los que el ejército se negó a disparar a los manifestantes contrarios a sus gobiernos autoritarios, las fuerzas policiales y militares sirias llevan meses reprimiendo brutalmente las protestas de la oposición. Desde entonces la violación
de derechos humanos por parte de la policía y el ejército sirios han ido en aumento hasta la actual campaña de bombardeos indiscriminados de poblaciones rebeldes, que están causando cientos de muertos, con especial crudeza en el bastión rebelde de
Homs.
La mayor parte de la comunidad internacional ha condenado enérgicamente esta masacre, empezando por los Estados Unidos y la Unión Europea que desde abril del pasado año vienen impulsando acciones diplomáticas, sanciones comerciales y
económicas, y el embargo en la venta de armamento para debilitar al régimen sirio. Por su parte, la Liga Árabe ha presentado un Plan de Transición que incluye la entrada de la oposición en un gobierno de unidad nacional y la delegación absoluta de
poder de Bashar Al-Assad, a lo que se ha unido más recientemente la petición de envío de una fuerza de pacificación internacional de Naciones Unidas.
La Asamblea General de la ONU ha adoptado en diciembre de 2011 una resolución de condena de la violación de los derechos humanos en Siria y de exigencia del fin de la represión contra los opositores. No obstante, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas no fue capaz de aprobar el 4 de febrero, debido al veto de sus miembros permanentes Rusia y China, una resolución que 'condena las continuadas, extendidas y flagrantes violaciones de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales por parte de las autoridades sirias, como el uso de la fuerza contra civiles, las ejecuciones arbitrarias, las matanzas, las persecuciones de manifestantes y de miembros de los medios de comunicación, las detenciones arbitrarias, las
desapariciones, la interferencia en el acceso a tratamiento médico, la tortura, la violencia sexual y el maltrato, incluso contra los niños', tal y como expone el texto literalmente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular apoya la decisión del Gobierno de llamar a consultas a su embajador en Damasco en protesta por la represión a la oposición por parte del Gobierno sirio, y presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Exigir al Gobierno de Siria el cese inmediato de la brutal represión a los opositores al régimen de Al-Assad y reclamar el respeto de los derechos humanos de toda la población siria.
- Apoyar en el marco de las instituciones europeas el endurecimiento de las sanciones económicas y comerciales, así como el embargo de armamento al gobierno sirio.
- Hacer el seguimiento de la resolución condenatoria de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada el 16 de febrero y copatrocinada por España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/000330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de
la ONU, para su debate en la Comisión de Justicia.
En su 5.º Informe periódico de España, de octubre de 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomienda al Estado español que proceda a la derogación de la Ley de Amnistía, a garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de
los crímenes de lesa humanidad por los tribunales; a la creación de una comisión de expertos independientes encargada de res
tablecer la verdad histórica y a permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas e indemnizarlas.
Estas recomendaciones se sustentan en una sólida base legal: Es un hecho históricamente reconocido que más de 150.000 personas fueron fusiladas y asesinadas por los sublevados contra el gobierno legal de la República y por el régimen
franquista durante la guerra civil y la dictadura. Unas 400.000 fueron encerradas en campos de concentración, otras miles explotadas en batallones disciplinarios de trabajo forzado; miles más detenidas y torturadas, y cientos de miles exiliadas.
Todos estos delitos entran en alguna de estas definiciones: crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra; delitos contra Altos Organismos de la Nación y Forma de Gobierno; y terrorismo.
Efectivamente, son crímenes de lesa humanidad las ejecuciones sumarias tras juicios sin garantías, las desapariciones forzadas, los encarcelamientos arbitrarios, los trabajos forzados y la persecución por motivos políticos y religiosos. El
propio Código Penal español en su artículo 131.4 los declara imprescriptibles y se refiere a este tipo de delitos en su artículo 607 bis, siempre que formen parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil o parte de ella.
Además, España ratificó en 2009 la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de 1968, y ha entrado en vigor el 23 de diciembre de 2011 en nuestro país. Es este un principio antiguo y permanente de derecho
internacional, establecido en la Cláusula Martens de 1899, ratificada por España en 1900 y todavía vigente.
Cabe aplicar igualmente la calificación de terrorismo a estos hechos, como se ha hecho en los procesos contra las dictaduras de Chile y Argentina, pues cuando una institución oficial se aparta de sus funciones constitucionales y se dedica a
perpetrar actos delictivos, se convierte en una banda ilegal armada.
Incluso el hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho internacional. El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados (1969) establece en su artículo 27 que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno (por ejemplo, la Ley de Amnistía) como justificación del incumplimiento de un Tratado.
La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (1992) establece en su artículo 17 que: 'Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen
ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos'. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006) determina en su artículo 12
que cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su
caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU señala que los Estados deben investigar en los casos de desapariciones que puedan implicar una violación del derecho a la vida.
En todo caso, no se puede tratar los crímenes del golpe de estado de 1936, de la guerra y del franquismo como delitos comunes, cuando ya está comprobado que obedecían a un plan sistemático de exterminio de quienes apoyaran al gobierno legal
republicano, y a un ataque generalizado sobre una parte importante de la población civil. Estamos ante crímenes de lesa humanidad, que no prescriben.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, enunciadas en su 5.º informe periódico de España y que consisten en:
1. La derogación de la Ley de Amnistía.
2. El reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales.
3. La creación de una comisión de expertos independientes encargada de establecer la verdad histórica.
4. Y a permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas e indemnizarlas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado. José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Interior
161/000293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la represión policial de las movilizaciones ciudadanas, en la
Comisión de Interior.
En los últimos meses estamos asistiendo a un incremento de las protestas ciudadanas y las movilizaciones sociales que han tenido como respuesta actuaciones policiales que han arrojado como resultado un número
considerable de ciudadanos detenidos, y también fruto de las cargas policiales se han registrado importantes lesiones en ciudadanos, tanto que participaban en las movilizaciones como transeúntes, así como en agentes de policía.
Entre las citadas actuaciones policiales, podemos señalar la del pasado día 15 de enero de 2012 en Madrid, en la que agentes antidisturbios reprimieron una manifestación del movimiento 'Yo no pago', que protestaba contra los recortes
sociales mediante la negativa simbólica a pagar el billete de metro en la estación de Callao, saltando el torniquete para volver a salir a la calle. Cuatro manifestantes fueron detenidos y trasladados a la Brigada Provincial de Información, en
Moratalaz. Los manifestantes respondían a una convocatoria en red, respaldada por el movimiento ciudadano del 15-M.
Posteriormente, otras cargas policiales han tenido resultados similares, como las llevadas a cabo frente las protestas ciudadanas contra la reforma laboral que tuvieron lugar de forma pacífica en varios lugares de España y que igualmente se
saldaron con detenidos y heridos consecuencia de las cargas policiales. Concretamente en la protesta llevada a cabo en la Puerta del Sol de Madrid, el balance fue nueve detenidos y nueve heridos leves (según se ha tenido conocimiento por medios de
comunicación, ocho de ellos, policías).
Según algunas informaciones el detonante de las cargas policiales fueron las identificaciones indiscriminadas de las personas que pacíficamente estaban expresando su rechazo a la reforma laboral presentada por el Gobierno el mismo día. Ante
el incremento de la crispación de los presentes, un numeroso dispositivo de antidisturbios comenzó a cargar contra cualquier persona que se hallara por las inmediaciones, resultando golpeados transeúntes y varios periodistas y cámaras de televisión
que hacían su trabajo, pese a que la protesta había bajado de intensidad.
Más recientemente, el pasado 17 de febrero, también hubo una carga policial contra los estudiantes del IES 'Luis Vives', de Valencia, que se manifestaban pacíficamente en defensa de la educación pública. El saldo de la actuación policial
fueron varios menores detenidos y denuncias de insultos y tratos vejatorios por parte de agentes de la policía.
Resulta especialmente llamativo que ninguno de los agentes de policía llevase su preceptiva identificación visible en cada una de las intervenciones policiales que se han reseñado, al igual que resulta preocupante el elevado número de
identificaciones indiscriminadas en las mismas, con efectos intimidatorios y los criterios de productividad inaceptables.
Del mismo modo, se puede observar cierta discrecionalidad e improvisación de estas intervenciones policiales, con efectos negativos en todas las partes, y que parecen tener como objetivo lanzar un mensaje claro, intimidatorio, de tolerancia
cero, con las próximas convocatorias y movilizaciones ciudadanas.
Por último, resulta reseñable que en este contexto de incremento de la movilización ciudadana, que diversas organizaciones de defensa de defensa de los derechos humanos están denunciando la desproporcionalidad de las actuaciones policiales
en dichas movilizaciones, refiriéndose no solo a las expuestas en esta iniciativa, sino también a otras anteriores como las convocadas con motivo de la visita del Papa a España, la entrada a la Universidad de Cádiz o las protestas contra los
desahucios.
Incluso por la forma de proceder en las referidas intervenciones policiales podría decirse que existe una orden para la represión sistemática del movimiento ciudadano de protesta.
Nuestro Grupo Parlamentario ya tuvo oportunidad de mostrar su preocupación en la primera comparecencia del Ministro del Interior por la reacción policial ante un previsible clima de movilización e incremento de la conflictividad social
derivado de la política de recortes que se está llevando a cabo, a la que hemos de sumar la reforma laboral y un posible calendario de movilizaciones sociales en crecimiento y sostenidas en el tiempo.
Por estos motivos, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un protocolo específico que regule y acote las intervenciones policiales en manifestaciones y acciones de protesta organizadas por los movimientos sociales o ciudadanos de protesta garantizando con mayor amplitud los derechos de
manifestación, reunión y libertad de expresión.
2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la obligatoria identificación de forma clara y visible de los miembros de las fuerzas de seguridad, y su obligación de identificación cuando así lo soliciten los ciudadanos con respecto a la
actuación policial.
3. Garantizar que las identificaciones policiales y cacheos en el ámbito de las movilizaciones ciudadanas se reduzcan a las previsiones legales, evitando el uso de esta práctica con fines intimidatorios.
4. Promover la modificación de la Ley 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, para establecer como falta disciplinaria la negativa a identificarse por parte de un agente.
5. Adoptar las medidas necesarias para la regulación e instalación de videocámaras en todas las dependencias policiales para la grabación en vídeo y audio de las actuaciones.
6. Adoptar las medidas oportunas para posibilitar la grabación de todas las actuaciones policiales en los dispositivos desplegados para las movilizaciones sociales o actos de protesta ciudadana.
7. Promover las reformas legales oportunas y adoptar las medidas necesarias para establecer un pro
cedimiento de investigación sistemático ante posibles extralimitaciones en las actuaciones policiales, tanto por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de las Delegaciones del Gobierno, y, en su caso, exigir
las responsabilidades que procedan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Interior, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a promover una reforma de la actual normativa sobre seguridad privada que impulse la intervención de estos agentes en la vigilancia perimetral de los centros
penitenciarios.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 124 y siguientes y la disposición final segunda del Reglamento de la Cámara, interesa su tramitación con arreglo a Derecho.
Antecedentes
La seguridad pública, entendida como un conjunto de garantías de los ciudadanos, representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por tanto, su garantía por parte de los poderes públicos constituye una actividad esencial.
Tradicionalmente, los cuerpos de seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas han sido los encargados en exclusiva de velar por la seguridad pública de los ciudadanos. No obstante, en un momento de austeridad en el gasto y de fuertes
restricciones en la contratación de nuevo personal al servicio de la administración pública, también en seguridad, Convergència i Unió entiende que es posible mejorar la eficiencia de los recursos públicos al servicio de la seguridad, mediante el
aprovechamiento en algunos servicios de menor complejidad de sinergias entre la seguridad pública y la seguridad privada, siempre bajo la tutela de los respectivos cuerpos de seguridad.
Uno de los ámbitos donde la seguridad privada puede desarrollar funciones complementarias y de auxilio a los cuerpos de seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas es en la vigilancia perimetral de los establecimientos
penitenciarios, siempre bajo tutela de los cuerpos y fuerzas de seguridad de carácter público. Para ello se deberían impulsar cambios que favorezcan liberar un significativo número de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de las
Comunidades Autónomas para ser destinados a tareas de mayor complejidad, acordes con la formación que han recibido.
Siguiendo esta línea, el propio Ministro del Interior apuntó ante el Congreso de los Diputados la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Privada para establecer mecanismos de colaboración más eficaces con la seguridad pública y mejorar en
la medida de lo posible la calidad del servicio, señalando como un ámbito de posible intervención los servicios de vigilancia perimetral de los centros penitenciarios.
Convergència i Unió coincide en que la especial condición de personal auxiliar y colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad que ejercen los vigilantes de seguridad, así como el deber de seguir en todo momento sus instrucciones,
amparan la posibilidad de llevar a cabo un modelo mixto en relación a la vigilancia perimetral de las prisiones.
Así pues, de manera similar a la situación establecida para la vigilancia y seguridad aeroportuaria y para la vigilancia de los edificios públicos, la normativa penitenciaria de seguridad pública y también de seguridad privada deberían
fomentar la posibilidad de llevar tareas de vigilancia perimetral y control de los centros penitenciarios por parte del personal de seguridad privada en colaboración siempre y bajo la tutela expresa de los respectivos cuerpos de seguridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que tiene previsto presentar en los próximos meses en las Cortes Generales, se incluyan de
manera expresa medidas para fomentar que las funciones y competencias de la seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios atribuidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o de las Comunidades Autónomas respectivas, puedan
prestarse directamente por dichos cuerpos o bien, indirectamente, por servicios de vigilancia privada bajo la tutela y supervisión del respectivo Cuerpo de Seguridad del Estado o de la Comunidad Autónoma que tenga atribuidas estas competencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el cese inmediato de las redadas policiales basadas en rasgos
étnicos y raciales, en Comisión de Interior.
Las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales lamentablemente continúan siendo usuales en los barrios con alta concentración de población migrante, lo cual constituye una violación flagrante de los derechos humanos.
Aunque tanto el anterior como el actual Gobierno nieguen su existencia, la propia ONU, a través del Comité para la Discriminación Racial, ha exigido 'erradicar' estas actuaciones a las autoridades españolas.
En el IV Informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) de diciembre 2010 'se exhorta a las autoridades españolas a que aseguren una prohibición efectiva de todas las prácticas en materia de perfiles étnicos por
parte de las fuerzas policiales en todo el país'.
En el Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU de febrero 2011 se 'insta al Estado parte a tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y
raciales'.
Estas redadas policiales lejos de cesar con el cambio de Gobierno, en las últimas semanas organizaciones sociales han denunciado que las mismas se están llevando a cabo en las proximidades de comedores populares, albergues y lugares donde
tienen su actividad asociaciones de inmigrantes, como el barrio de Lavapiés, en Madrid.
Esta política de acoso que provoca la criminalización de personas por sus rasgos físicos es absolutamente injustificable, de carácter ilegal, que vulnera derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, tal y como han denunciado
insistentemente innumerables organizaciones sociales, asociaciones vecinales, abogados, juristas e incluso el Sindicato Unificado de la Policía.
Según cifras del propio SUP, en un año y sólo en el territorio de la Comunidad de Madrid se han practicado 445.000 'detenciones preventivas', absolutamente ilegales, dado que los agentes carecen de habilitación para privar de libertad a una
persona que, en todo caso, ha cometido una infracción administrativa para la que está prevista una multa económica de conformidad a lo establecido en la legislación de extranjería.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados condena los controles de identidad basados en rasgos étnicos y raciales que provocan la discriminación y criminalización de personas por sus rasgos físicos y suponen una flagrante vulneración de los derechos
humanos.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
La inmediata erradicación de las redadas racistas y el fin de toda manifestación de racismo institucional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.- José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Defensa
161/000307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Defensa, una Proposición no de Ley relativa a la cesión del cuartel del Bruc, en Barcelona, a las administraciones públicas catalanas.
Antecedentes
La desaparición del Servicio Militar Obligatorio ha modificado profundamente las necesidades cuantitativas y cualitativas del ejército. Los cambios en el modelo han sido evidentes, transformando el papel que hoy tiene el ejército respecto
al que desarrolló durante buena parte del siglo xx. Actualmente las prioridades del ejército están más vinculadas a la profesionalización y la tecnificación de sus efectivos, por lo que los equipamientos que necesita son radicalmente diferentes a
los que se necesitaban en aquella época.
En este contexto, la presencia territorial del ejército ha adquirido nuevos parámetros de racionalidad y de simplificación adaptados a sus actuales necesidades y funciones entre las que resulta habitual y fundamental la colaboración con los
ejércitos de otros Estados miembros de la OTAN y la participación en misiones de paz bajo el control de las Naciones Unidas.
Por ello, parte de sus cuarteles e instalaciones logísticas han dejado de tener la utilidad para las que se habían concebido, por lo que han sido cedidas o vendidas a otras administraciones o bien puestas en valor. Este no es el caso del
cuartel del Bruc en Barcelona, instalación militar que en su momento fue importante, que hoy se mantiene en manos del ejército, si bien se encuentra infrautilizada. Además, si hace años se ubi
caba en las afueras de la ciudad hoy ha quedado incorporada en la propia trama urbana, junto a equipamientos universitarios.
Esta realidad de la existencia de un patrimonio infrautilizado, dependiente de la Administración General del Estado coexiste con otras realidades correspondientes a las insuficiencias patrimoniales de la administración autonómica y local o
de las universidades para dar respuesta a competencias propias, como por ejemplo la política de vivienda o la política universitaria.
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas están obligados a generar políticas sociales de acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes, familias con rentas bajas o con ingresos irregulares, familias numerosas o gente mayor, obligación que se
agudiza en tiempos de crisis, por lo que facilitar el acceso a la vivienda debe ser, como prevé la Constitución, una prioridad para la totalidad de las Administraciones públicas implicadas. En el caso de la ciudad de Barcelona, es una necesidad
ampliamente reconocida.
Bajo las presentes circunstancias de austeridad y de mejora de la eficiencia de las administraciones parece oportuno propiciar una mayor interrelación entre administraciones, por ejemplo, mediante la utilización del suelo patrimonio del
Estado para dar respuesta a la necesidad de vivienda social.
En los últimos años, el Ministerio de Defensa ha realizado diferentes cesiones de su patrimonio para la construcción de equipamientos y viviendas. Estas cesiones se han producido sin un criterio homogéneo, especialmente en relación a las
condiciones impuestas. Por ejemplo, en el año 2004 el Ministerio de Defensa enajenó al Consorci de la Zona Franca una parcela de 110.000 m2 de los antiguos cuarteles de Sant Andreu por un importe de 83 millones de euros. En las mismas fechas, el
mismo Ministerio cedió 9 millones de m2 a Madrid en la conocida 'Operación Campamento'.
En la ciudad de Barcelona las instalaciones del cuartel del Bruc dependientes del Ministerio de Defensa, rodeadas de sedes universitarias, constituyen un importante espacio a ser cedido por parte de la Administración del Estado a la
Generalitat o al Ayuntamiento de Barcelona para la construcción de viviendas sociales y equipamientos universitarios, entre otros.
Ante esta realidad, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que deberían iniciarse los trámites con las Administraciones catalanas para conseguir la cesión del cuartel del Bruc con objeto de destinar el suelo al
desarrollo de políticas de vivienda y otras utilidades de carácter social y/o cultural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la cesión a un precio simbólico del cuartel del Bruc a la Generalitat de Catalunya y/o al Ayuntamiento de Barcelona con objeto de dedicar este espacio a política de vivienda,
equipamientos para la ciudad de Barcelona, equipamientos universitarios, así como otros usos cívicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Defensa, una Proposición no de Ley relativa a la paralización del recurso interpuesto por el Ministerio de Defensa en relación al precio de venta de la antigua residencia de suboficiales de Gardeny y la renuncia a la deuda reclamada.
Antecedentes
El año 1998, el Ayuntamiento de Lleida firmó un Convenio con el Ministerio de Defensa para adquirir el inmueble denominado 'Turó de Gardeny', sito en dicha ciudad, por un importe de 16,3 millones de euros.
Este Convenio no incluía la venta de la parte de la antigua residencia militar de los suboficiales, ya que la propiedad de ésta era motivo de litigio.
El año 2006, el Tribunal Supremo emitió una sentencia favorable al Ministerio de Defensa, por la que se le otorgaba la propiedad de la misma.
En 2009 se debatió en esta misma Comisión la cesión gratuita de la residencia militar a favor del Ayuntamiento de Lleida, aprobándose la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa depuración física y jurídica, de la propiedad y a su posterior valoración, se comprometa a la enajenación al Ayuntamiento de Lleida de la antigua residencia militar de los
suboficiales del Gardeny, para reconvertirla en equipamiento público museístico de la ciudad en los términos más favorables que permita la Ley.'
Dicha formulación fue aceptada por los dos grupos mayoritarios de esta cámara.
Ante la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento (la Paeria) y el Ministerio de Defensa a la hora de determi
nar el precio justo de venta, la Paeria inició un procedimiento de expropiación de los terrenos. Valoró los terrenos por un importe inferior al que realizó el Ministerio de Defensa (231.814 euros, frente a 1,4 millones de euros), de manera
que el expediente pasó a manos del Jurado de Expropiación de Catalunya, que fijó la cantidad a abonar por la Paeria en 231.814 euros, a los que se añadieron posteriormente 55.218, sumando un total de 287.032 euros.
No obstante, este mes de febrero de 2012 se ha conocido que el Ministerio de Defensa ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la cantidad mencionada anteriormente, reclamando el pago adicional por parte del
Ayuntamiento de Lleida de 213.000 euros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar el recurso interpuesto por el Ministerio de Defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en relación al precio de los terrenos de la antigua residencia de suboficiales
de Gardeny fijado por el jurado de expropiación; y a renunciar al importe que se reclama, atendiendo a los dos pagos ya realizados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Economía y Competitividad
161/000305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para condicionar el reparto de dividendos y limitar retribuciones en
entidades financieras que reciben ayudas públicas, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Desde el inicio de la crisis financiera en 2007 han sido variadas y numerosas las intervenciones de los Estados para reestructurar o rescatar entidades financieras.
En Europa, donde todas las ayudas de los Estados tienen que ser aprobadas por la Comisión Europea, entre 2007 y 2010 los estados miembros han destinado 0,5 billones de euros en apoyos de capital y liquidez (4 % del PIB europeo). Entre ellos
se incluyen inyecciones directas de capital, con o sin derechos políticos, recompras de activos tóxicos o concesión de créditos para favorecer la liquidez. Además, las entidades financieras han podido emitir hasta 1,1 billones de euros (9 % del
PIB) de deuda con aval público. Y a estas ayudas se han sumado las inyecciones de liquidez y compra de ciertos activos por parte del Banco Central Europeo.
En España, según la Comisión Europea, las entidades financieras han recibido hasta finales de 2010 ayudas públicas por valor de 146.000 millones de euros (el 8,4 % del PIB), en forma de inyecciones de capital o de avales para emitir deuda.
Estas ayudas han ido aumentando progresivamente a medida que avanzaba la crisis, desde 2.330 millones de euros en 2008 a 56.700 millones en 2009 y 87.150 millones en 2010.
En 2011, los problemas de financiación para las entidades financieras españolas no terminaron, el grifo del crédito a familias y pymes continuó cerrado y el Gobierno forzó a las cajas de ahorro a convertirse en bancos. Se reformó el Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para que este pudiese adquirir acciones de las entidades con problemas de recapitalización e incorporarse a los órganos de administración entrando en el accionariado de esas entidades.
En julio de 2011 el Banco de España interviene la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y le inyecta 2.800 millones de euros a través del FROB, en septiembre nacionaliza, además, tres entidades resultantes de fusiones de cajas (Unimm, NCG
Banco y Cataluya Caixa) y en noviembre interviene el Banco de Valencia, inyectándole 1.000 millones de euros también a través del FROB. Hasta ese momento, el Banco de España había intervenido en tres cajas de ahorro: la ya mencionada CAM, Cajasur
y la de Castilla-La Mancha.
A finales de 2011 el nuevo Gobierno prorroga la posibilidad de otorgar avales a la banca por 100.000 millones de euros en el ejercicio 2012.
Podemos comprobar que las entidades financieras en nuestro país han recibido una inyección masiva de recursos públicos, de manera directa o indirecta, que sin embargo, no se ha traducido en una mejora apreciable del sistema financiero.
Además, y esto es lo más importante, la financiación a las familias y a pequeños y medianos empresarios no se ha revitalizado. El dinero público se ha dirigido a intentar solucionar los problemas generados por las entidades financieras, sin ninguna
contrapartida sustancial a cambio.
En ese contexto, hemos asistido a actuaciones poco comprensibles e incluso inmorales, como son el reparto de dividendos y el escándalo de ciertas retribuciones de administradores, consejeros y directivos en entidades financieras que han
recibido ayudas públicas.
Respecto a las retribuciones, el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, corrige parcialmente esa situación al regular el régimen aplicable a las retribuciones de los administradores y directivos de
entidades de crédito que hayan precisado o necesiten en el futuro apoyo financiero
del FROB, distinguiendo entre las entidades participadas mayoritariamente por el Fondo y entre aquellas que han sido asistidas por él, imponiendo unas reglas más estrictas en el caso de las primeras.
Aunque los límites de las remuneraciones en las entidades que reciben apoyo financiero público para su saneamiento o reestructuración pueden considerarse excesivos, lo cierto es que es un avance positivo. Ahora bien, estas limitaciones
retributivas tan solo se establecen para las entidades que reciben apoyo financiero del FROB, excluyendo otro tipo de ayudas como es el caso de los avales.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para:
1. Extender el régimen aplicable a las retribuciones de los administradores y directivos contenido en el Título IV del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, a las entidades de crédito que hayan
precisado o necesiten en el futuro apoyo público a través de avales de la Administración General del Estado.
2. Impedir el reparto de dividendos en aquellas entidades de crédito que hayan precisado o necesiten en el futuro apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Bancaria o avales de la Administración General del Estado, mientras disfruten
de dichos avales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado. José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Economía y Competitividad, una Proposición no de Ley sobre la modificación del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, introducido por la
Ley 25/2011, de 1 de agosto.
Antecedentes
El pasado 2 de octubre entró en vigor el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, introducido por la Ley 25/2011, de 1 de agosto. Dicho precepto introduce un derecho de separación de los socios de compañías no cotizadas por
falta de distribución de dividendos a partir del quinto año de su constitución que, de hecho, obliga a estas sociedades a distribuir, cada año, como dividendo un tercio del beneficio ordinario a partir de dicho momento.
Con la introducción de este precepto, se pretendía crear un instrumento para combatir el riesgo de opresión de la minoría en las sociedades de capital no cotizadas que, según la referida enmienda, se inspiró en el artículo 150 de la
'Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles', presentada por la Comisión General de Codificación en 2002. Sin embargo, este instrumento no sólo no es el más adecuado para proteger a los minoritarios en sociedades cerradas frente a los abusos de
la mayoría, sino que olvida la protección de otros intereses, como son el de la propia sociedad y el de los acreedores. Además, puede dar lugar, por un lado, a generar dificultades económicas y financieras para este tipo de sociedades y, por otro,
puede convertirse fácilmente en instrumento de abuso por parte de la minoría.
En efecto, este precepto de nuevo cuño, de aplicarse con su actual redacción, podría significar que, especialmente en un momento de crisis como el actual, con una fuerte restricción del crédito a las empresas, las sociedades no cotizadas,
además que no obtener recursos financieros bancarios ni poder acudir a los mercados de capitales para financiarse, se vean obligadas a dedicar una parte de sus fondos, que puede ser sustancial, a adquirir las acciones de los socios que ejerciten el
derecho de separación por falta de distribución de dividendos. La alternativa es la distribución forzosa y anual de un tercio de sus beneficios ordinarios como dividendos. Cualquiera de las dos opciones, aunque, lógicamente, más la primera de
ellas, supone una desviación de los fondos sociales respecto al que sería su destino más razonable en los tiempos que corren (reinversión, dividendos en porcentaje inferior a un tercio, etc.) y puede, a su vez, conllevar el incumplimiento de
obligaciones asumidas por la sociedad frente a terceros, principalmente, los bancos que le hayan otorgado financiación. Es conocido que, en la actualidad, y debido principalmente a la crisis que estamos viviendo, los contratos de financiación de
las empresas incluyen cláusulas que regulan el uso y destino de los fondos o beneficios de la sociedad, así como la composición de los fondos propios de las compañías, debiendo éstas respetar unos parámetros o ratios referidos a porcentajes de
reservas, fondos propios sobre deuda externa y similares que limitan la autonomía de las empresas a la hora de decidir acerca de la aplicación del resultado. Por tanto, la aplicación de este artículo dará lugar a un incumplimiento generalizado de
contratos de financiación por parte de nuestras empresas, con las enormes dificultades que ello generaría.
Por otra parte, también es sabido que los planes de negocio de las empresas suelen prever la reinversión de los beneficios generados durante los primeros años de andadura, como medida vital para su posterior desarrollo y supervivencia, y,
asimismo, que la situación actual no garantiza que una empresa pueda, a partir del quinto año desde su constitución, distribuir como dividendo un tercio del beneficio ordinario de cada ejercicio.
Como se ha indicado, este precepto puede convertirse en un instrumento de abuso por parte de la minoría pues, primero, no permite disposición contraria o complementaria en estatutos (como preveía el artículo 150 de la propuesta de Código de
Sociedades Mercantiles); segundo, no limita su aplicabilidad a situaciones de abuso de derecho por parte de la mayoría (como sucede en el derecho comparado cuando se reconocen derechos similares a favor de los accionistas minoritarios), sino que es
aplicable a partir del quinto año de vida de la sociedad a cualquier supuesto; y, tercero, no permite excluir su aplicación cuando motivos de interés social o de cumplimiento de obligaciones contraídas con terceros justifiquen la no distribución de
dividendos, con lo que, lejos de reducir, como pretendía la enmienda de la que trae causa, la conflictividad accionaria) en las compañías no cotizadas, puede dar lugar a un mayor número de disputas, con un resultado pernicioso para las sociedades.
En este sentido, puede decirse que este precepto es una típica manifestación de la ley del péndulo; de una conflictividad por abuso de la mayoría, se pasará a una conflictividad por abuso de la minoría.
Conviene destacar también que la redacción del artículo 348 bis genera un gran número de dudas interpretativas, lo que dificultará en alto grado su aplicación (con riesgo de generar más conflictividad societaria). Un claro ejemplo es que no
resulta claro si este precepto deberá aplicarse por primera vez respecto a los beneficios del ejercicio 2011 o los del 2012.
Por último, pero no por ello menos importante, esta norma choca con muy diversas iniciativas planteadas por diferentes grupos parlamentarios, durante la pasada legislatura, y en los programas electorales de los partidos en las últimas
elecciones, tendentes a mejorar y favorecer -incluso con incentivos fiscales- la capitalización y mejora de la autofinanciación de las empresas.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar en el plazo más breve posible la reforma del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
para garantizar que ni la distribución como dividendo de un tercio de los beneficios del ejercicio a partir del quinto año de constitución de la sociedad ni, en su caso, el ejercicio del derecho de separación por su no distribución, sitúen a ninguna
sociedad no cotizada en causa de reducción de capital o de disolución obligatorias o en situación de insolvencia, actual o inminente, conlleven el incumplimiento de las obligaciones que la sociedad haya contraído con terceros, o dificulten o pongan
en entredicho la viabilidad de estas empresas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los desahucios derivados del
impago de las hipotecas, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Es de sobra conocida la dramática situación del paro en el Estado español: ya son cinco millones trescientas mil las personas registradas como desempleadas según la última Encuesta de Población Activa, referida al último trimestre de 2011.
A la difícil situación por la que están atravesando millones de personas debido a la pérdida de empleo, hay que añadir en muchos casos la pérdida de su vivienda habitual por la imposibilidad de afrontar el pago de sus hipotecas.
A esto hay que sumar que, ante el principio de responsabilidad patrimonial universal por el que se rige el sistema, la imposibilidad de pago puede suponer incluso atravesar el umbral de la pobreza.
En este sentido, es alarmante el repunte de los porcentajes de pobreza en el Estado español, según han publicado recientemente diversos indicadores económico-sociales.
Por todo ello, a nadie se le escapa que es urgente tomar medidas dirigidas a paliar en lo posible la dramática situación a la que se ven abocadas las personas que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas.
Estas medidas deben abordarse del modo más integral posible y deben estar enfocadas, en primer lugar, a evitar en lo posible la pérdida de la vivienda habitual; y en el caso de su pérdida, a restringir el principio de responsabilidad
patrimonial universal de las personas físicas y a que puedan seguir disfrutando de una vivienda y, en lo posible, que sea la misma en la que vivían.
Por todo lo anterior
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que decrete una moratoria hipotecaria que tenga por objetivo el evitar que quienes, como consecuencia de la pérdida de empleo o caída de ingresos, no puedan hacer frente al pago del préstamo hipotecario, deban abandonar su vivienda,
siempre que esta constituya su residencia habitual y sea la única de su propiedad.
2. Que presente una propuesta normativa con el objeto de que la obligación garantizada se haga efectiva solamente sobre los bienes hipotecados en los casos de deudor hipotecario de buena fe y cuando el bien sea la vivienda familiar, previo
análisis del impacto jurídico y financiero de dicha medida.
3. Que presente una propuesta normativa dirigida a restringir el principio de responsabilidad patrimonial universal de las personas físicas, de modo que una vez ejecutado el patrimonio embargable del deudor persona física de buena fe, el
pasivo restante quede exonerado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000147
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Solicitud de que su Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a modificar la legislación de contratos del sector público a fin de establecer la reserva de un porcentaje, con carácter de mínimo, de las licitaciones a favor de
Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción que vincule a todas las administraciones y entes públicos, tanto estatales como autonómicos y locales, sea tramitada por la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, comunicando este acuerdo a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la
iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia se publicó en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 31, de 7 de febrero de 2012.
161/000286
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Proposición no de Ley sobre medidas para luchar contra el fraude fiscal.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que el debate del informe por las Cortes Generales al que se alude en su punto 1 se realizaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a
trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Propo
sición no de Ley sobre medidas para luchar contra el fraude fiscal, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
La crisis económica está afectando con especial virulencia en España al mercado de trabajo, con más de 5 millones de personas en desempleo, debido a las particulares circunstancias de nuestro modelo productivo que han puesto al descubierto
las debilidades estructurales de la economía española. Asimismo, la cobertura de las necesidades públicas corrientes y las extraordinarias sobrevenidas por la propia crisis, han producido un acelerado incremento del déficit público que ha
justificado ajustes y políticas regresivas de todo tipo que están impidiendo la propia salida de la crisis.
En este contexto, el fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema fiscal, limitando la financiación precisa para contribuir al desarrollo económico y social del país.
El IEF -Instituto de Estudios Fiscales-, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, viene realizando, desde hace una quincena de años, estudios que analizan las opiniones y actitudes fiscales de los
españoles aportando, año a año, una preciosa información que resulta esencial para que nuestra clase política pueda adoptar decisiones.
Lo que nos revela el último Barómetro fiscal realizado por el IEF, referido a 2010, es que, eliminando el efecto de la falta de las personas que se abstienen de opinar, un 72 % de los españoles afirma que el fraude ha aumentado, un 57 % que
ha empeorado el cumplimiento de las obligaciones fiscales en la última década y, lo que es más grave, que un 37 % justifica el fraude fiscal.
Igualmente, los ciudadanos opinan que los colectivos que más defraudan son los empresarios (40 %), seguidos por los profesionales (19 %) y autónomos (11 %) y los que menos defraudan los asalariados (2 %).
Los ciudadanos fueron interrogados por primera vez en 2008 sobre las medidas de ahorro que debería tomar el Gobierno en la actual situación de crisis económica. Según el IEF las opiniones de los ciudadanos son bastante claras: existe aún
margen de maniobra antes que subir impuestos y reducir la oferta pública de servicios y prestaciones. Así, un 83 % de los ciudadanos opina que 'una agresiva campaña contra el fraude fiscal permitiría allegar los recursos suficientes para mantener
la calidad de los servicios y prestaciones sin modificar la presión fiscal actualmente existente'.
La aplicación de nuestro sistema fiscal ha permitido que se consoliden notables diferencias en la carga tributaria que soportan los distintos tipos de contribuyentes. Así, en el año 1993, las rentas salariales medias declaradas a Hacienda
superaban a las rentas empresariales medias en el equivalente a unos 2.000 euros; dieciséis años más tarde, las rentas salariales declaradas siguen siendo superiores a las de actividades económicas, pero la diferencia se ha ensanchado hasta los
8.323 euros respecto de los profesionales y empresarios en estimación directa y 8.527 euros respecto de los empresarios en módulos. De este modo se ha perpetuado el sacrificio de los que son fácilmente controlables, como asalariados y pensionistas,
frente a un buen número de empresas, empresarios y profesionales que son objeto de un menor control y que cuentan con mayores medios y recursos para evadir impuestos, pese a que la mayoría de ellos aún declare honestamente.
Todo ello tiene una relación directa con el importante nivel de fraude fiscal y economía sumergida que existe en España -entre el 20 y el 25 % del PIB según la mayoría de análisis internos y externos-, que si fuera combatido con mayor
eficacia podría resolver muchos de los problemas económicos y sociales que hoy aquejan a nuestro país. De esta forma sería posible obtener entre un 10 y un 20 % de recursos adicionales sobre los actuales ingresos fiscales por año, lo cual
permitiría un nivel mayor de inversión pública, más crecimiento económico, creación de nuevos puestos de trabajo y reducción del desempleo, y transitar por una senda razonable para reducir el déficit público.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar el siguiente conjunto de medidas:
1. Elaboración por parte del Instituto de Estudios Fiscales de un estudio que cuantifique la economía sumergida en España, con desagregación territorial, sectorial y por impuestos, y actualizará bianualmente dicho estudio, con la misma
metodología o en su caso con la metodología que apruebe la Comisión Europea. Este informe será presentado y debatido por las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos, que adoptarán las medidas correctoras oportunas.
2. Información por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con carácter trimestral a las Cortes Generales de los resultados de las actuaciones de control del fraude y atención a los contribuyentes realizadas en cumplimiento
de sus funciones, remitiendo datos de los resultados de control en las distintas áreas, así como la detección de grandes redes de fraude organizado, de forma que se garantice una gestión transparente e independiente y posibilitando el seguimiento de
la evolución temporal de la economía sumergida en España.
3. Propiciar los acuerdos necesarios para establecer fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas,
potenciando la corresponsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal.
4. Propiciar los acuerdos necesarios para crear una Base de datos o Censo Único Compartido, con la información tributaria procedente de los ámbitos central y autonómico.
5. Mejorar la información y la asistencia al contribuyente por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado para incentivar y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. En particular, efectuar
un estudio exhaustivo sobre incidencias detectadas en los borradores de declaración de IRPF, proponiendo las medidas necesarias para subsanarlas, así como impulsar la colaboración con el sistema educativo para contribuir al desarrollo de una cultura
de responsabilidad fiscal y cumplimiento tributario.
6. Propiciar un Acuerdo en las distintas Organizaciones internacionales de carácter político o financiero para controlar e identificar a los verdaderos titulares de los movimientos de capitales y los movimientos efectuados entre los Estados
miembros y los territorios calificados como paraísos fiscales.
7. Coordinar al Servicio de Prevención del blanqueo de capitales con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria del Estado para averiguar la identidad de las personas o entidades que utilizan en
España los bienes y derechos de los que son titulares las empresas domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, así como el título jurídico que les permite su utilización o disfrute.
8. Presentar con carácter de urgencia un Proyecto de Ley para establecer una obligación de las empresas que operan en España, y especialmente en el sector financiero, a suministrar información de las operaciones de sus filiales o sucursales
en paraísos fiscales en los mismos términos que informan de sus operaciones realizadas en territorio nacional.
9. Presentar un estudio para fomentar una especialización tributaria en los órganos jurisdiccionales.
10. Aumentar los recursos materiales y humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cambiar sus procedimientos de trabajo buscando la calidad de la inspección más que la cantidad y reformar su metodología, organización,
distribución del trabajo y competencias internas.
11. Plantear en las instituciones europeas la eliminación del billete de 500 euros.
12. Limitar los pagos en efectivo en determinadas operaciones a 1.000 euros como medida disuasoria frente al fraude fiscal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado. José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para la mejora de la suficiencia y equidad del sistema
tributario, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Las distintas reformas tributarias de carácter estructural que han llevado a cabo en los últimos años los gobiernos del Estado español han significado una pérdida importante de progresividad, equidad y recaudación. Aprovechando el ciclo
económico expansivo se produjo una subasta de recortes en los tributos directos mermando el margen de maniobra del conjunto del Estado para desarrollar políticas públicas que mejorasen la protección social e impulsasen el cambio productivo. Fueron
rebajas inoportunas e innecesarias que luego, cuando la crisis explota, pasan factura.
Además de perder recursos potenciales, las rebajas fueron regresivas y ni siquiera se ha luchado con la intensidad necesaria contra el fraude fiscal. Nuestro sistema tributario ha perdido progresividad y equidad.
Así, por ejemplo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las rentas salariales declaradas como media superan cada vez en mayor cuantía a las rentas empresariales. Según los datos estadísticos los empresarios y
profesionales personas físicas declaran ser mileuristas. Y si consideramos los tipos efectivos sobre la renta, las personas con mayores ingresos no soportan en su justa medida una mayor tributación, influyendo poderosamente y de forma negativa la
segregación de las rentas del capital de la tarifa general del tributo.
En el Impuesto de Sociedades, las empresas tienen un tipo efectivo menor cuanto mayor es la sociedad, por la posibilidad de acceder a un mayor número de deducciones. Para las grandes empresas, el tipo nominal del 30 % se traduce en un tipo
efectivo del 19,5 %.
Y en lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio, primero se eliminó a efectos prácticos para luego recuperarlo parcialmente y de forma temporal. Pese al discurso oficial, este impuesto nunca pivotó sobre las clases medias, porque en
realidad, el 80 % de la recaudación lo aportaba el 20 % de contribuyentes cuya riqueza superaba los 750.000 euros.
La economía española ha experimentado la recesión más profunda de su historia reciente al igual que el resto de países desarrollados, pero con las particularidades propias de un modelo de crecimiento que ya daba signos de agotamiento después
de años de excesos especulativos y de acumulación de desequilibrios macroeconómicos. Y los estímulos fiscales, tanto de carácter automático como discrecional, que se pusieron
en marcha seguramente evitaron que la crisis tuviese repercusiones aún más negativas en términos productivos y de destrucción de empleo, pero su contrapartida es un déficit público que ha alcanzado un volumen relativamente importante y que,
junto con otras medidas como es el caso de las ayudas públicas al sistema financiero, han aumentado nuestra deuda pública en circulación y la carga financiera del Estado.
El problema ahora es que la estrategia de consolidación fiscal en forma de severo ajuste presupuestario, por su intensidad y plazos, es contraproducente en términos de demanda agregada y seguramente nos conducirá a una nueva recesión.
Lo sensato es mantener cierto estímulo público, que sólo deberá perder intensidad cuando la economía retome la senda de la recuperación, y asegurar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas con una lucha decidida contra el fraude
fiscal y con una reforma fiscal en profundidad.
La presión fiscal en nuestro país es notablemente inferior a la media comunitaria. En el año 2010 fue del 31,5 % en España, 8,2 puntos porcentuales inferior a la UE-27 y 8,9 puntos por debajo de la zona euro. Y en paralelo, el gasto total
de las Administraciones Públicas sobre el PIB es también muy inferior a esas medias. Gastamos en lo que se conoce como estado del bienestar solo el 74 % de lo que se gasta el promedio de la UE-15.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a preparar un programa de reformas en materia tributaria orientado a mejorar la suficiencia del sistema y a potenciar su equidad y progresividad, que contará con las siguientes líneas de
actuación:
1. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
a) Recuperar el carácter sintético del tributo integrando todos los rendimientos del contribuyente en una única base, con un tratamiento diferencial exclusivamente para las ganancias patrimoniales generadas en más de dos años.
b) Asegurar la progresividad de las tarifas ajustando la amplitud de los tramos y con tipos más elevados para los contribuyentes de mayor capacidad económica.
c) Limitar al máximo la determinación del rendimiento neto en estimación objetiva, extendiendo la estimación directa como método apropiado para calcular el rendimiento de las actividades económicas.
d) Suprimir la deducción por adquisición de vivienda habitual y potenciar la deducción por alquiler de la misma.
e) Limitar la deducción por aportaciones a instrumentos privados de previsión social complementaria a los sistemas de empleo a través de la negociación colectiva, reducir el límite máximo de las aportaciones y establecer que la deducción
opere en la cuota de tributo.
2. En el Impuesto sobre Sociedades elevar el tipo general de gravamen al 35 % para bases imponibles superiores al millón de euros y revisar las deducciones para aproximar los tipos efectivos a los nominales.
3. Recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio en los términos y tipos vigentes hasta 2007 y elaborar un Impuesto Solidario sobre las Grandes Fortunas que le sustituya.
4. Crear un Impuesto sobre Bienes Suntuarios aplicable a los productos y servicios considerados de lujo y reducir los tipos del IVA a determinados bienes y servicios de primera necesidad.
5. Desarrollar la fiscalidad verde introduciendo criterios ambientales en el sistema tributario mediante la aplicación de los tributos que gravan la energía, la conversión de algunos tributos ya existentes en medioambientales o mediante la
creación de nuevas figuras tributarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado. José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la obligación de recibir las notificaciones tributarias exclusivamente por vía electrónica, para su debate en Comisión de Economía.
Exposición de motivos
El 1 de enero de 2011 entró en vigor el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT).
El artículo 3 de la citada norma regula la obligatoriedad de la recepción por medios electrónicos de las comunicaciones y notificaciones que efectúe la AEAT a determinadas personas y entidades en atención a su naturaleza jurídica, y no a su
dimensión o capacidad para disponer de medios electrónicos.
Desde su aprobación diversas federaciones y asociaciones de autónomos han advertido de los perjuicios que la obligación de recibir las notificaciones tributarias exclusivamente por vía electrónica causaba a las microempresas, muchas de ellas
de carácter familiar, y que en muchos casos solo tienen como personal al propio autónomo, y escasos medios materiales para desarrollar su actividad. La nueva regulación les obligará, en un momento de dificultades económicas, bien a asumir
directamente con mayores costes la implantación de sistemas electrónicos, bien a recurrir a asesorías externas la supervisión y acceso a la Dirección Electrónica Habilitada, con los riesgos que supone además recibir las notificaciones oficiales a
través de un tercero.
En aras de la obligación de cooperación y colaboración de las Administraciones Públicas, así como por la vocación de servicio a los ciudadanos, esta iniciativa propugna la modificación parcial del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre,
para acomodar las necesidades de funcionamiento ágil de la AEAT en la tramitación de sus expedientes administrativos con las justas exigencias de colectivos, como este caso el de los autónomos y microempresas, de adaptar los procedimientos y
funcionamiento de la Administración Tributaria a su capacidad real, evitando que regulaciones de estricto carácter burocrático-administrativo ocasionen una mayor carga económica en un momento de delicada salud económica del tejido empresarial.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar parcialmente el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, aprobando una nueva regulación sobre las personas y entidades obligadas a recibir comunicaciones y notificaciones
electrónicas por parte de la Administración Tributaria, donde:
1. Se proceda a una nueva definición de las personas y entidades obligadas, en función de la capacidad y tamaño de las empresas, a poder asumir, sin costes adicionales, las notificaciones y comunicaciones tributarias exclusivamente vía
electrónica, y no exclusivamente en función de su naturaleza jurídica.
2. Se exima de la obligación de recibir comunicaciones y notificaciones tributarias por vía electrónica a las microempresas, así como a las pequeñas empresas de carácter familiar formadas exclusivamente por autónomos y personas con
vinculación de parentesco.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/000298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
puesta en funcionamiento de la variante ferroviaria de Pajares, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El desarrollo de las infraestructuras es una de las piedras angulares sobre las que pivota el desarrollo económico, especialmente en Comunidades como el Principado de Asturias, que han tenido que afrontar un aislamiento histórico.
Desde el punto de vista ferroviario, estas dificultades en las comunicaciones deberían estar próximas a su fin, ya que para que la Alta Velocidad conectara Asturias con Madrid, era necesario llevar a cabo una de las obras más complejas y
ambiciosas de las programadas en España en los últimos años: La variante ferroviaria de Pajares.
Dicha obra, con un presupuesto superior a los 3.000 millones de euros, tiene ejecutado hoy un 90 %, aproximadamente, de su programación.
Entre 2004 y 2011 se desarrolló la práctica totalidad de la Infraestructura de la Variante. Se llevaron a cabo los túneles de Pajares de 49,7 kilómetros, los segundos más largos de España, los sextos de Europa y los séptimos del mundo.
Además, el actual Gobierno, se ha encontrado adjudicado el balastro y el carril por lo que a la superestructura de esta obra se refiere.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Fomento realice las actuaciones oportunas dentro de sus programaciones para la Alta Velocidad Ferroviaria respecto a la variante ferroviaria de Pajares:
- Finalizar este mismo año la Infraestructura de la obra.
- Adjudicar, en este 2012, los equipamientos que restan de la superestructura de la misma.
- Poner en funcionamiento en 2013 dicha variante ferroviaria de Pajares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Antonio Trevín Lombán, Diputado. Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la variante de Potes (Cantabria), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El 3 de agosto de 2011 el Ministerio de Fomento del Gobierno Socialista aprueba definitivamente el Estudio Informativo de la variante de Potes. El presupuesto base de licitación previsto para las obras asciende a 26 millones de euros.
La alternativa aprobada, que cuenta además con el informe favorable de organizaciones ecologistas, es la denominada en el Estudio como 'Alternativa Oeste', y consiste en una carretera de 4,4 Km. de longitud que discurre al oeste de la
población de Potes y que permite dar continuidad a la N-621 sin necesidad de atravesar los cascos urbanos de Potes y Ojedo. La alternativa oeste tiene dos tramos diferenciados. El primero de ellos, que tiene una longitud de unos 3.500 m., comienza
a la altura del punto kilométrico 151 de la actual carretera N-621, cruza el río Deva y circunvala Potes por el lado Oeste hasta conectar por medio de una glorieta con las carreteras autonómicas CA-185 y CA-885. El segundo tramo que tiene una
longitud de unos 1.000 metros, comienza en la citada glorieta, continúa bordeando el núcleo urbano por el oeste hasta que enlaza con el trazado actual de la N-621 a la altura del punto kilométrico 147, después de cruzar con una estructura el curso
del río Quiviesa.
La alternativa elegida tiene como elementos singulares más importantes tres viaductos de 42 m, 80 m, y 90 m y un túnel de 640 m.
En fase de redacción del proyecto definitivo, consideramos este proyecto de especial interés para el desarrollo socioeconómico de toda la Comarca de Liébana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a incluir la variante de Potes (Cantabria), dentro de las obras prioritarias del Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 2012-2024, y a presentar el proyecto definitivo,
dando paso a la fase de licitación, dentro del primer semestre de 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero 2012.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la Autovía del Cantábrico, en el tramo Solares-Torrelavega, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El tramo Solares-Torrelavega de la Autovía del Cantábrico, se trata del último tramo para concluir esta autovía en la Comunidad Autónoma. Una autovía de una importancia estratégica fundamental ya que comunica toda la cornisa cantábrica y
supone, en definitiva, la principal vía de comunicación por carretera entre Europa y el norte de Portugal. Además, esta autovía es una de las principales arterias de comunicación interna de Cantabria, que la comunica de este a oeste.
En el año 1996, el último Gobierno de Felipe González, dejó el proyecto de este tramo aprobado y listo para ser licitado y adjudicado. Al igual que el resto del trazado de la Autovía del Cantábrico, fue el Gobierno socialista el que lo
diseño, lo aprobó y lo realizó en todos sus tramos, dejando únicamente a falta de licitar las obras entre la ciudad de Torrelavega y el municipio de Solares.
Tras la llegada del Partido Popular al Gobierno, su presidente, José María Aznar, y su ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, decidieron paralizar este proyecto, archivándolo en un cajón sin explicación alguna y con la complicidad
del entonces Gobierno de Cantabria.
Con la paralización de estos 28 kilómetros de autovía, el Gobierno del PP dejó sin una vía de comunicación de alta capacidad a todos los municipios de la zona centro de la región y dejó sin concluir, como se ha indi
cado ya, una autovía fundamental para el desarrollo de la región.
La primera legislatura de Aznar transcurrió sin novedades entorno a este tramo que continuó paralizado.
Ya en la segunda legislatura del PP en el Gobierno de España, en lugar de continuar con el proyecto que ya estaba listo para licitar, se decide plantear otro tramo diferente, que discurriría por una zona poco habitada, entre Zurita y
Parbayón y que, además, sería de peaje.
En los planes del PP figuraba este planteamiento de futuro: el adjudicatario del tramo de peaje entre Zurita y Parbayón debía hacerse cargo de la financiación de las obras de construcción de la autovía y, además, debía asumir los costes de
construcción de la Autovía Ronda de la Bahía de Santander, una autovía de circunvalación de todo el área metropolitana de Santander, que se explicará en el punto 3 de este apartado.
La propuesta del PP suponía optar por otra solución, más cara para todos los ciudadanos de Cantabria y, además, mucho menos integradora, ya que suponía sacar la Autovía del Cantábrico de los municipios de la zona centro de la región.
El proyecto del PP fracasó en los primeros meses de 2004, antes de las elecciones generales, cuando el Ministerio de Fomento de Álvarez Cascos se vio obligado a declarar desierto el concurso convocado para el peaje Zurita-Parbayón y la Ronda
de la Bahía, al no haber conseguido concitar el interés de ninguna empresa privada.
Con el regreso del PSOE al Gobierno de España se retorna el proyecto original entre Solares y Torrelavega, se presupuestan las cantidades necesarias y se consigue actualizar toda la tramitación administrativa.
Será un tramo libre de peaje para todos los ciudadanos, que dará continuidad a la Autovía del Cantábrico y que responde al compromiso del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero con el noroeste de España y con la conclusión de esta
infraestructura tanto en Cantabria como en Galicia y Asturias.
Inversión:
- Proyecto de adjudicación del tramo Solares-La Encina: 90.827.936 millones de euros.
- Proyecto de adjudicación del tramo La Encina-Torrelavega: 72.159.575,04 millones de euros. El Ministerio ha autorizado un modificado del proyecto que se está redactando y que en mayo (09) se remitirá para su aprobación.
Esta obra sufrió la reprogramación del Ministerio de Fomento, estando a la espera de retomar de nuevo las obras.
Recientemente, medios de prensa escrita se han hecho eco de que el Colegio de Ingenieros de Caminos de Cantabria cree que la paralización de las obras de la autovía entre Torrelavega y Solares (A-8) es un 'tremendo error'; que su no
inclusión entre las obras consideradas prioritarias por el Ministerio de Fomento causa 'un grave daño económico y social a Cantabria'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a incluir el tramo Solares-Torrelavega de la Autovía del Cantábrico, dentro de las obras prioritarias del Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 2012-2024, estableciendo
fecha de reanudación de las obras dentro del primer semestre de 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero 2012.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Desfiladero de la Hermida (Cantabria), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Desfiladero de la Hermida es una angosta garganta de 21 km de longitud. Representa el único corredor de entrada desde la Costa del Cantábrico a la Comarca de Liébana, al discurrir por el la estrecha carretera N-621, carretera obsoleta e
insegura para cuantos transitan por ella. Su acondicionamiento es fundamental para mejorar las condiciones de vida de los lebaniegos, su seguridad, y la de los miles de visitantes que tiene la comarca.
El Ministerio de Fomento del Gobierno socialista aprobó el Estudio Informativo del acondicionamiento del Desfiladero con una longitud de 20 km y un presupuesto de 50,67 millones de euros, estando previsto que ahora se someta el estudio
informativo a información pública y evaluación de impacto ambiental, quedando en fase de redacción del proyecto definitivo.
El reciente presentado Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 2012-2024, del actual Ministerio de Fomento, no recoge este proyecto para Cantabria, que creemos es una obra fundamental para el desarrollo socioeconómico de toda la
Comarca de Liébana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a presentar el proyecto definitivo del acondicionamiento del Desfiladero de la Hermida, y a seguir la licitación correspondiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero 2012.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el proyecto 'Frente Marítimo Portuario de Santander', para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Proyecto 'Frente Marítimo Portuario de Santander' se trata de un ambicioso proyecto que tiene como objetivo una completa y compleja transformación del frente marítimo portuario en la ciudad de Santander con el fin de abrir el Puerto de
Santander hacia su ciudad e incorporar a esta dentro de su Puerto, además de la mejora a todos los niveles de los servicios e infraestructuras portuarios. Una de las principales características de este proyecto es que se trata de Proyecto
Autosuficiente financieramente, en el que los recursos generados serán reinvertidos por los firmantes para el completo y exitoso desarrollo de la operación global.
En este proyecto estarían implicados la Autoridad Portuaria de Santander, el Ayuntamiento de Santander, Puertos del Estado y el Gobierno de Cantabria.
El protocolo se ha firmado el 9 de abril de 2010. Esta firma supone el inicio de un proyecto que responde a cuatro principios fundamentales: concertación, integración, desarrollo económico y modernización sostenible.
Existe una alta preocupación entre los ciudadanos de Santander, sobre todo en la zona Castilla-Hermida, que ven que este proyecto se está diluyendo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a seguir con las actuaciones marcadas en el Protocolo firmado en 2010.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero 2012.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, presentar al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las obras del nuevo acceso a Cádiz por autovía, futura alternativa de alta capacidad al actual puente José León de Carranza, tienen como actuación más singular el puente sobre la Bahía de Cádiz.
El nuevo acceso a Cádiz por la autovía CA-35 es una actuación del Ministerio de Fomento destinada a descargar la circulación que soportan las dos entradas actuales a la ciudad de Cádiz, el puente José León de Carranza (N-443) y el corredor
desde San Fernando (CA-33). La previsión es absorber un tráfico de 15.000-17.000 vehículos diarios.
El enlace entre Cádiz y Puerto Real es una actuación cuya obra principal es el Segundo Puente sobre la Bahía, una infraestructura que, además de los beneficios para el tráfico de vehículos, aporta cohesión territorial y contribuye a la
eficiencia económica y -en el caso concreto de la Bahía de Cádiz- comporta beneficios a un puerto en franca expansión de tráficos y ampliación de instalaciones.
El Puente sobre la Bahía es una estructura singular de más de tres kilómetros de longitud que enlazará Cádiz con Puerto Real sobre las aguas mediante cuatro tramos con características diferentes de pilas, tablero y ancho de plataforma.
El tablero del viaducto, con una anchura variable entre 33 y 37 metros, tendrá capacidad para alojar dos calzadas para tráfico rodado con dos carriles por sentido y una plataforma tranviaria para albergar dos vías sobre placa.
Proyectado por el ingeniero Javier Manterola y bautizado popularmente como puente de La Pepa (en homenaje al nombre con el que se conoce a la Constitu
ción de 1812), esta estructura es un reto para la ingeniería civil y será con toda seguridad el futuro icono de la bahía gaditana.
Se trata, por tanto, de una de las mayores obras que actualmente se construyen en España y ha requerido de un importantísimo esfuerzo inversor por parte de la Administración Central del Estado, con una estimación presupuestaria inicial de
316 millones de euros.
En los dos últimos años, y como consecuencia de la crisis y los compromisos de reducción del déficit público, el Ministerio de Fomento ha realizado ajustes y reprogramaciones de las obras públicas, unos recortes que no han afectado al Puente
sobre la Bahía de Cádiz.
El anterior titular del Ministerio de Fomento, José Blanco, comunicó en agosto de 2010 al Consejo Económico y Social de la provincia de Cádiz el compromiso del Gobierno de incluir las consignaciones presupuestarias necesarias para la
continuación de las obras, de manera que el segundo puente sobre la Bahía estuviera operativo en 2012, coincidiendo con la conmemoración del Bicentenario de Cádiz.
El pasado 12 de septiembre, el Puente sobre la Bahía entró en la recta final de su construcción con el empuje de los primeros 38,1 metros de tablero del tramo de acceso a Cádiz. Con sus 34 pilas en tierra y mar ya ejecutadas y las dos
torres gigantes de atirantamiento casi concluidas, se viene ejecutando la última fase de las obras con el empuje de los distintos tramos del tablero, sobre el que vehículos y tranvías circularán a casi 70 metros sobre la Bahía.
El Ministerio de Fomento reiteró el pasado mes de octubre el compromiso de finalizar la obra durante el año 2012.
Los dirigentes del Partido Popular en Andalucía, y en especial en la Bahía de Cádiz, han venido realizando en los últimos años continuas manifestaciones públicas en las que ponían en duda el compromiso inversor del Gobierno socialista y la
ejecución del proyecto.
La marcha de las obras y las sucesivas consignaciones presupuestarias han demostrado la falsedad de una estrategia política para la que no han dudado incluso en utilizar a la ciudadanía, recurriendo a la recogida de firmas para la
terminación de unas obras que siempre contaron con un compromiso inequívoco de ejecución por parte del Gobierno socialista.
Este Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados considera que el Puente sobre la Bahía de Cádiz es una infraestructura fundamental para la cohesión territorial y para la mejora de la eficiencia económica de la provincia de Cádiz que
debe estar ejecutada a lo largo de 2012.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a dar prioridad a este proyecto, cumpliendo los plazos previstos, y a consignar en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 la partida necesaria para la finalización de las
obras del Puente sobre la Bahía de Cádiz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero 2012.-Francisco González Cabaña, Diputado. Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley, para su
debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz forma parte del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-2020, servirá para prolongar el eje de Alta Velocidad Madrid-Sevilla hasta Cádiz. En la actualidad todos sus tramos
están en servicio o con sus obras en ejecución. La última de las adjudicaciones se realizó a finales del pasado mes de diciembre y corresponde al tramo Utrera-Jerez, con un importe de 9,2 millones de euros.
Esta línea, que dará un acceso de alta velocidad para pasajeros a dicho eje, ha sido diseñada de forma que en la parte final de su recorrido (entre Jerez y Cádiz) permita, además, potenciar el tráfico de cercanías, de gran importancia en el
ámbito de la Bahía.
Para conseguir estos objetivos, el Ministerio de Fomento está duplicando la vía en toda su longitud y mejorando el trazado en numerosos puntos con las variantes necesarias, para permitir la circulación en alta velocidad.
El montaje de los nuevos carriles en ancho ibérico (1.668 mm), se está realizando, además, sobre traviesas polivalentes, lo que permitirá en el futuro el cambio de la línea a ancho estándar o europeo (1.435 mm).
Respecto a los sistemas de electrificación, instalaciones de seguridad y comunicaciones que se están montando sobre la nueva línea, reúnen todos los requisitos para permitir la circulación de trenes de alta velocidad. Asimismo, está
prevista la supresión total de los pasos a nivel en la línea y un incremento de la permeabilidad con la construcción de nuevos viaductos.
Estos parámetros de alta velocidad ferroviaria implicarán una mayor seguridad y comodidad para los usuarios del ferrocarril y los habitantes de las zonas próximas, y permitirán incrementar la frecuencia de paso de los trenes así como la
calidad del servicio ferroviario.
En suma, el conjunto de las mejoras permitirá al finalizar la actuación, una oferta ferroviaria mucho más atractiva, equiparable en tiempos de viaje, frecuencia de servicios, confort y seguridad a las mejores existentes hoy día en Europa.
En el año 2004, cuando el PSOE llegó al Gobierno, las obras de Alta Velocidad Cádiz-Jerez-Sevilla apenas habían comenzado más allá del soterramiento de Cádiz y se encontraban al 0 % de ejecución entre Jerez-Sevilla. Las obras en Bahía Sur,
Puerto Real, El Puerto-estación y el AVE entre Jerez y el aeropuerto estaban absolutamente empantanadas, con conflictos y plataformas en contra de las obras en todos los municipios.
En los últimos años, dirigentes del PP se han prodigado en manifestaciones públicas poniendo en duda la marcha de las obras, calificando incluso como 'auténtica chapuza' la Alta Velocidad entre Sevilla y Cádiz.
El Ministerio de Fomento, durante la etapa de Gobierno del PSOE, ha proseguido la ejecución del proyecto y ha mantenido el compromiso de que la Alta Velocidad llegue a la provincia de Cádiz a lo largo del año 2012, coincidiendo con la
conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz.
Este Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados reitera la importancia de que se cumplan los plazos previstos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a dar prioridad a este proyecto, cumpliendo los plazos previstos, y a consignar en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 la partida necesaria para la entrada en
funcionamiento de la Alta Velocidad entre Sevilla y Cádiz a lo largo del presente año.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero 2012.-Francisco González Cabaña, Diputado. Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
conexión directa de Alta Velocidad entre Vigo y Madrid por Cerdedo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Motivación
La ciudad de Vigo, reconocida como motor económico de Galicia, se caracteriza por la existencia de una economía diversificada vinculada al sector pesquero, la industria y los servicios.
Su capacidad económica e innovadora se centra en una potente industria automovilística, una importante construcción naval y un sector de la pesca que va desde la industria extractiva hasta la comercial junto con la industria conservera,
congeladora y transformadora.
Asimismo y en el ámbito del gran área metropolitana de la ciudad se sitúan industrias y empresas ligadas a la extracción, transformación y comercialización de granito, la industria química y farmacéutica, la textil, la editorial o la
alimentaria, entre otras.
Además, es muy destacable la importancia de su puerto del que cabe mencionar la relevancia del tráfico de mercancías en el que destacan el movimiento en contenedores, el tráfico RO-RO de vehículos y la piedra natural, siendo el primer puerto
del mundo por el tonelaje de pesca descargada.
Vigo cuenta, por otra parte, con una reseñable actividad ferial y congresual o una Universidad que ha obtenido la designación de Campus de Excelencia Internacional.
Esta breve descripción económica pone de manifiesto el dinamismo, las potencialidades de futuro y una potente capacidad productiva y competitiva.
Para afianzar y profundizar en el mantenimiento del desarrollo económico del Gran Área de Vigo es preciso que no se frenen los proyectos de infraestructuras ferroviarias que desde el Ministerio de Fomento estaba impulsando y financiando su
anterior titular, el Sr. Blanco, ex Ministro del Departamento.
En concreto, es necesario que se mantengan dos grandes proyectos: la construcción de la nueva estación del AVE diseñada por el arquitecto Thom Mayne y la conexión directa de Alta Velocidad entre Vigo y Madrid por Cerdedo.
El viernes 3 de febrero de este año, la actual Ministra de Fomento, la Sra. Pastor, asistió a la entrada de la segunda tuneladora en la ciudad. En esta visita certificó que Vigo contaría con conexión de AVE por Cerdedo y que mantendría el
proyecto de la nueva estación diseñada por el reconocido arquitecto. Además, en conversaciones con el Alcalde de la ciudad, el Sr. Caballero, ratificó estos compromisos.
Valoramos estas afirmaciones pero consideramos que es fundamental la asunción de actuaciones concretas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Licitar y adjudicar la obra de la variante del AVE Vigo-Madrid por Cerdedo una vez que esté redactado el proyecto básico previsto para marzo de 2012.
2. Iniciar el procedimiento para adjudicar la construcción de la nueva estación del AVE de Vigo diseñada por Thom Mayne.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero 2012.-María del Carmen Silva Rego, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre rehabilitación del edificio protegido de la estación de Benalúa
(Valencia), para su debate en la Comisión de Fomento.
La rehabilitación del edificio protegido de la estación de Benalúa como sede de Casa Mediterráneo peligra por falta de aportaciones económicas por parte del Gobierno Central para finalizar la actuación inicialmente prevista. Tras haberse
invertido dos millones de euros en las fases primera y segunda de la actuación, queda pendiente una tercera fase por un importe de otros dos millones de euros.
Las obras de la fase segunda finalizaron el pasado 15 de febrero y su continuidad está amenazada por falta de financiación. La propia institución Casa Mediterráneo, consciente de las actuales dificultades económicas, ha propuesto una
actuación por un importe de medio millón de euros para que al menos se complete la rehabilitación arquitectónica de la antigua estación ferroviaria de modo que pueda destinarse a uso público.
Es de destacar el gran valor arquitectónico de una estación ferroviaria histórica que ha llegado hasta nuestros días prácticamente intacta, pudiendo constituir una potente pieza de atracción turística en sí misma que, además, podría aumentar
su capacidad de atraer visitantes a la ciudad si albergara una programación estable de actos vinculados a Casa Mediterráneo. Distintos colectivos de la ciudad, entre ellos el sector hotelero, han expresado su preocupación por la paralización de
unas obras que pueden dejar sin uso un edificio público que contribuiría con su actividad a la dinamización económica y social de la ciudad.
La rehabilitación de la estación debe además ir pareja a la adecuación urbanística de su entorno, una adecuación de la que es pieza fundamental la actuación en el denominado acceso sur a través del convenio, actualmente sin aprobar y al
parecer bloqueado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de colaboración entre el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y ADIF para el desarrollo de la denominada 'actuación urbanística del área de Benalúa', un convenio cuyo
proyectó se sometió a información pública en marzo de 2011.
Dicho convenio debe desbloquearse de modo que la totalidad de los terrenos objeto del convenio (125.000 m2) se destinen a una gran zona verde arbolada que conecte el entorno de la estación de Benalúa con el Parque del Mar, prolongándose
hasta la desembocadura del barranco de las Ovejas a través de dicho Parque y de los terrenos que hoy ocupan unos astilleros que deben trasladarse a otra zona del Puerto por las molestias que generan a los vecinos colindantes.
Esa gran zona verde dotaría a la fachada oeste de la estación de Benalúa de un entorno digno y resolvería de forma sostenible el contacto entre el Puerto y los barrios de Benalúa y Gran Vía Sur. El convenio también debe resolver los
problemas de accesibilidad entre dicha zona verde y los barrios de Benalúa y Gran Vía Sur como consecuencia de la actual barrera viaria y ferroviaria que suponen las actuales configuraciones de la Avenida de Elche y del trazado ferroviario de
mercancías que se introduce en el Puerto, así como la conservación y rehabilitación del pabellón ferroviario anexo a la estación, que el proyecto de convenio plantea demoler pese a sus innegables valores arquitectónicos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Completar a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Fomento la rehabilitación de la estación de Benalúa (Valencia) como sede de Casa Mediterráneo, garantizando la financiación de la actuación propuesta por dicha institución
por un importe de medio millón de euros.
2. Instar a ADIF al desbloqueo del convenio de 'actuación del área urbanística de Benalúa' en el acceso sur, de colaboración con la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Valencia, para crear una gran zona verde que dignifique la fachada
oeste de la estación de
Benalúa y resuelva el contacto entre el Puerto y los barrios de Benalúa y Gran Vía Sur.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias y Ascensión de las Heras Ladera, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural.
161/000318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la potenciación y mejora del ferrocarril, para su debate en la
Comisión de Fomento.
En los últimos años, la construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad ha primado sobre el ferrocarril de ancho ibérico o normal y ello plantea serias dudas sobre la sostenibilidad ambiental, el equilibrio territorial o la utilidad
social de esa política.
El ferrocarril tradicional dotado de los sistemas de electrificación, señalización y comunicaciones de última generación alcanza la velocidad media de 165 km/h, obteniendo tiempos de viaje óptimos en las distancias habituales del transporte
terrestre. Además, este ferrocarril aprovecha al máximo las líneas existentes, mantiene la alta accesibilidad de las estaciones en el centro de las ciudades y facilita el tráfico mixto con trenes de personas y trenes de mercancías.
La infraestructura del tren normal, para tráfico mixto, cuesta siete veces menos que la infraestructura llamada de alta velocidad o AVE, para tráfico exclusivo de personas. Dispondríamos en estos momentos de una red básica siete veces mayor
que la actual si las cantidades invertidas los últimos años en el tren se hubieran destinado al ferrocarril normal. Con dicha red básica más tupida y de mayor calidad hubiésemos mejorado la función esencial del transporte, que es ofrecer
accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se tenga, de la edad o del género.
La capacidad de transporte de una línea ferroviaria normal de tráfico mixto es de 173 trenes/día por sentido, es decir, 346 trenes/día en ambos sentidos o un tren cada seis minutos por hora y sentido.
El ferrocarril normal ofrece, entre otras, las ventajas de ocupar menos suelo, reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, disminuir el consumo energético, incrementar la calidad del aire, reducir el nivel de ruido generado por el
tráfico, disminuir la congestión y aumentar la calidad del medio ambiente urbano, metropolitano y rural.
El diseño de velocidades de hasta 350 km/h exige un trazado cuasi rectilíneo, con grandes radios de curvatura y pendientes mínimas, lo que obliga a grandes desmontes, terraplenes, viaductos y túneles, con sus correspondientes movimientos de
tierra y la proliferación de canteras, graveras y escombreras. Esto provoca enormes impactos sobre el territorio, que queda destruido y segmentado, con graves consecuencias para el medio natural, en especial para los espacios y las especies
protegidas más sensibles.
Además, los trenes de alta velocidad provocan fuertes niveles de ruido y un desproporcionado consumo energético, hasta 6 veces mayor que el del ferrocarril normal, que resulta cuestionable por su incidencia negativa en el cambio climático y
en el aumento de la contaminación atmosférica.
Gran parte de la energía consumida por los vehículos de transporte es utilizada en superar la resistencia que ejerce el aire al avance de estos móviles y en superar la resistencia del rozamiento. Los trenes de ruedas de acero que circulan
por carriles de acero poseen la ventaja, en cuanto a consumo energético en el desplazamiento, de que el coeficiente de rozamiento de acero con acero es muy bajo, lo que conlleva un consumo muy reducido de energía para efectuar el movimiento. Al
tiempo, la resistencia del aire al avance de los vehículos es proporcional al cuadrado de la velocidad y la potencia necesaria proporcional al cubo de la velocidad. Por ello, todo intento de incrementar la velocidad provoca un enorme aumento del
consumo energético con el objetivo de alcanzar esa potencia necesaria que ha de crecer exponencialmente para lograr circular a altas velocidades.
El tren de alta velocidad español es un medio de transporte diseñado para unir grandes ciudades, en competencia con el avión, con escasas paradas intermedias. De esta forma puede marginar, incomunicar y excluir a las zonas rurales y
ciudades medias potenciando su abandono y favoreciendo los procesos de concentración urbana, dejando sin tren a muchas poblaciones que antes disponían de ese servicio.
La construcción de nuevas líneas de alta velocidad plantea interrogantes en términos de utilidad social, ambiental o económica, cuando hay necesidades mucho más urgentes en el ámbito sanitario, educativo, agroalimentario y de la protección
social. Basta decir que cada kilómetro de AVE tiene un coste medio en torno a 15 millones de euros o que un hospital medio y moderno cuesta lo mismo que 30 km de túnel.
Su alto precio convierte al AVE en un transporte caro y elitista que se plantea para una minoría y no como un servicio público para toda la ciudadanía. Las experiencias previas demuestran que el AVE resta viajeros al avión pero expulsa a la
mayoría de las personas del tren a la carretera, a la vez que deja incomunicadas muchas poblaciones. Detraer inversiones del ferrocarril
normal impide su mejora y lo condena al deterioro y a la extinción, abandonando así la concepción de transporte público al servicio de la mayoría social.
No existe un plan de transporte ferroviario que contemple la mejora y actualización de la red ferroviaria actual. Los proyectos son megalómanos y los únicos beneficiarios que se vislumbran son las grandes constructoras que los llevan a cabo
y la banca que les proporciona la financiación. Su 'ahorro de tiempo' no justifica el enorme coste de construcción y explotación.
La mala gestión de la introducción del ancho normal europeo supone la inclusión de nuevas barreras y fronteras ferroviarias, provocando la existencia de una doble red ferroviaria: una en ancho normal europeo, exclusiva para los trenes AVE,
que utilizarían solo un 5 % de las personas, de alto poder adquisitivo, usuarias del ferrocarril, donde se llevan a cabo las mayores inversiones, y otra en ancho ibérico, para los trenes regionales, de cercanías y de mercancías, que utilizan el 95 %
de las personas donde existe un gran déficit en inversiones. Además, la alta velocidad no cumple el requisito básico de un transporte sostenible: el traspaso masivo de mercancías y pasajeros de la carretera al ferrocarril.
A esto se une la desmembración de Renfe, la privatización de servicios y la apertura de las líneas de ferrocarril a operadores privados, que están provocando la desaparición del ferrocarril como servicio público y barato, la existencia de
algunas líneas de alta velocidad, destinadas, como ya hemos dicho, a personas de alto nivel adquisitivo, construidas y mantenidas con fondos públicos y explotadas por operadores privados, y la carretera como única opción para la mayoría.
El ferrocarril normal de doble vía electrificada y tráfico mixto da lugar a un potente uso de la red básica por grandes trenes de mercancías, ya que llega a todos los puntos importantes del territorio y principalmente a los puertos de
interés general y a lo que queda de las zonas industriales. Es preciso priorizar el acceso ferroviario a todos los puertos fomentando, además, el cabotaje marítimo.
Son necesarias mejoras en las estaciones de apartadero, construir sistemas para el manejo de trenes muy largos de mercancías y fomentar los puntos intermodales de intercambio para mercancías en los entornos de ciudades grandes y medianas.
De especial interés es el desplazamiento al ferrocarril de los transportes especiales de mercancías peligrosas y de derivados del petróleo estableciendo terminales adecuadas, en especial para el transporte de gases licuados, muy peligrosos
de transportar por carretera. En este sentido, sería preciso construir variantes ferroviarias para evitar que los trenes con mercancías peligrosas circulen cerca de zonas muy habitadas.
Existen razones y argumentos técnicamente válidos para promocionar una red ferroviaria básica, coherente, consistente y tupida que sea patrimonio de todas las personas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las siguientes medidas:
1. Abrir un debate riguroso y transparente sobre el futuro del ferrocarril en España y sobre la conveniencia o no de seguir implantando líneas de alta velocidad, para decidir colectivamente las soluciones más adecuadas a nuestras
necesidades reales desde un punto de vista ambiental, económico y social.
2. Elaborar un Plan de Infraestructuras Ferroviarias que contemple la mejora y actualización de la red existente convirtiendo al ferrocarril en la columna vertebral de una política multimodal de transporte.
3. Potenciar y mejorar el ferrocarril por sus indudables ventajas ambientales y sociales. Un ferrocarril concebido como transporte público al servicio de la mayoría social que absorba tráfico de viajeros y mercancías de la carretera, bien
conectado con otros transportes públicos, que cohesione el territorio y contribuya a reducir el despilfarro energético y la contaminación que provoca el transporte, en el camino hacia una sociedad más justa y más sostenible ambientalmente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Corredor ferroviario del Mediterráneo, para su
debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Durante las dos últimas legislaturas las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, y Andalucía, han estado demandando un apoyo claro y decidido del entonces Gobierno Socialista al denominado 'Corredor
Mediterráneo' que pretende unir por ferrocarril Algeciras y Hamburgo, pasando en España por la unión de todos los puertos del Mediterráneo.
Las cuatro Comunidades Autónomas por las que debe discurrir el Corredor Mediterráneo suponen el 57
por 100 del PIB y el 47 por 100 de la población española, amén de recibir a 15 millones de turistas al año.
En el mes de febrero de 2007, los alcaldes de nueve capitales de provincia suscribieron la denominada Declaración de Castellón, para exigir al Gobierno de la nación que no fuera insensible a una necesidad clara como es la del Corredor
Mediterráneo. Posteriormente en los primeros meses de 2011 se presentó a las instituciones europeas una propuesta de desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte en España, que para el caso de Andalucía resultó ser claramente insuficiente.
El Corredor Mediterráneo debe conseguir la vertebración y conexión de todos los territorios mediterráneos con Europa, por lo que la inclusión en el mismo del trazado entre Almería y Algeciras pasando por Motril y Málaga se constituye como
una reivindicación fundamental.
Las Comunidades Autónomas donde gobierna el Partido Popular han reivindicado en la Unión Europea este corredor, pero necesita sin duda el impulso del Gobierno de Reino de España. Impulso que hasta ahora ha sido tibio e indeciso y que no ha
demostrado una clara vocación mediterránea y europeísta en la política del Ministerio de Fomento, como ha sido puesto de manifiesto en la dos últimas legislaturas donde el Gobierno socialista no ha sido capaz ni de invertir ni desarrollarlo
suficientemente para hacer realidad esta necesidad preponderante.
El Grupo Parlamentario Popular tiene la responsabilidad de exigir al Gobierno la defensa de los intereses de una parte muy importante de España, de todos los territorios Mediterráneo y en especial los del litoral de Andalucía.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que potencie y defienda ante Europa la nueva propuesta de desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes en España definida por el actual Ministerio de Fomento, de forma que se ajuste a las
condiciones de funcionalidad, nivel de servicio y relevancia necesarias para el litoral andaluz e incluyendo para pasajeros y mercancías el corredor costero Almería-Algeciras; la conexión Granada-Motril y Antequera-Puerto de Málaga, además del ya
definido Almería-Granada-Bobadilla-Algeciras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la variante de Pajares, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Fomento señaló en múltiples ocasiones que había invertido miles de millones de euros en la variante de Pajares y que era inminente su puesta en servicio.
Una vez producido el cambio de Gobierno, la realidad con la que todos los españoles nos hemos encontrado es bastante distinta, por lo que es imprescindible adoptar, en lo posible, medidas de gestión que eviten que esta situación se mantenga.
A fecha de hoy, todavía faltan por invertir 3.752 millones de euros, como ha puesto de manifiesto la Ministra de Fomento, doña Ana Pastor, ya que todavía está sin ejecutar la plataforma en su totalidad y se encuentra sin licitar la
señalización, energía y telecomunicaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las actuaciones que sean necesarias para subsanar las deficiencias y las demoras y facilitar la conexión de Asturias por AVE.
2. Informar de las desviaciones presupuestarias que existen como consecuencia de los compromisos de inversiones en ejercicios anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de cuanto establecen los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la ocupación provisional de los terrenos
propiedad de ADIF ubicados entre la antigua estación de Renfe y el cargadero de
mineral de Almería, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las instalaciones ferroviarias ubicadas en los terrenos propiedad de ADIF, entre la antigua estación de Renfe y el cargadero de mineral de Almería, si bien son necesarias para mantener la funcionalidad ferroviaria de la Estación de Almería,
pues en los citados terrenos se realizan las maniobras de cabeza de tren, una parte de los mismos, en los que actualmente se realizan otras actividades, podrían ser ocupados provisionalmente por la ciudad, en tanto se lleven a cabo las obras de
integración del ferrocarril en la ciudad con motivo de la llegada de la Alta Velocidad ya que constituyen en la actualidad una barrera arquitectónica, para la ciudad y que dificulta su interconexión.
En el último año el Ayuntamiento de Almería, al ser este terreno estratégico por su centralidad y ubicación para el mejor desarrollo de la trama urbana de la ciudad, ha mantenido con ADIF y el Ministerio de Fomento reuniones para que se
permita la ocupación provisional de tales terrenos. Fruto de estas reuniones, ADIF a pesar de la fuerte afección a la funcionalidad ferroviaria de la estación y con el fin de colaborar en la mejora de las integración urbana y de su interconexión,
está estudiando la viabilidad de dicha ocupación, así como posibles alternativas a la planteada por el Ayuntamiento que sean factibles desde el punto de vista técnico y aceptables económicamente, con el fin de poder conectar la zona norte-sur de la
ciudad incorporando provisionalmente al uso y los fines públicos los suelos que no resulten imprescindibles para la funcionalidad ferroviaria de la estación. La financiación será soportada íntegramente por el Ayuntamiento de Almería, tanto la de
los costes de la remodelación ferroviaria necesaria para posibilitar dicha ocupación provisional, como los derivados de las obras provisionales de urbanización e integración de los terrenos, así como de los que puedan derivarse de su posterior
desmontaje o demolición. Todo lo cual, en su caso, quedaría recogido en el oportuno Convenio de colaboración en el que ADIF está igualmente trabajando.
La ocupación de los terrenos objeto de esta iniciativa permitiría adelantar en parte y aun de forma provisional, esta interconexión en la ciudad, prevista en el Plan Especial de integración Ferroviaria actualmente en trámite y consenso entre
las Administraciones y entidades públicas actuantes. Todo ello, bajo la premisa fundamental de que no suponga menoscabo a los recursos previstos para la financiación que prevé el Convenio para la integración suscrito entre las Administraciones, ni
suponga condicionantes o limitaciones técnicas a la solución.
Por otra parte, la ocupación provisional de los terrenos debe tener en cuenta no coartar la posible reapertura del ramal al Puerto.
Por todo ello, el Grupo Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llegar en el plazo más breve de tiempo a un acuerdo entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Almería con el fin de aprobar y desarrollar un Convenio de colaboración entre ADIF y el
Ayuntamiento de Almería para la ocupación provisional de terrenos pertenecientes al PESCRF-2/109 del PGOU de 1998, de la ciudad de Almería.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Deporte
161/000329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para otorgar el reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa, para su debate en Comisión.
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, proclama en su exposición de motivos 'la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo, así como el reconocimiento, apoyo y valoración social de la función docente'. A
pesar de esa plausible intención, con la redacción actual, el profesorado sigue sin contar con la protección y las atribuciones precisas para poder desarrollar, en condiciones adecuadas, su función docente en interés de los alumnos, de los padres y
tutores y en general de la sociedad.
Para conseguir que, en los Centros educativos y en las aulas, se reconozca la autoridad del profesor y se proteja debidamente el derecho a aprender de los alumnos, sin que se consienta el comportamiento de aquellos que tratan de limitarlo
con una conducta improcedente, la Administración ha de dotarle de la condición de autoridad pública. Así, se trasmite a la sociedad la importancia que para el sistema educativo tiene la figura del profesor, ya que sin él no podría desarrollarse el
derecho fundamental a la educación establecido en el artículo 27 de la Constitución; además de mejorarse su protección legal frente a los malos comportamientos y agresiones, tanto alumnos como de padres o tutores.
En consecuencia, se propone, en un artículo de esta Ley básica del Estado, que se reconozca la condición de autoridad pública a los profesores de los centros educativos públicos y privados, sean o no concertados, en el ejercicio de la
función pública educativa.
Por otra parte, varias Comunidades Autónomas como Madrid (Ley 2/2010, de 15 de junio), Comunidad Valenciana (Ley 15/2010, de 3 de diciembre) y La Rioja (Ley 2/2011, de 1 marzo) ya han legislado en este sentido y han otorgado la condición de
autoridad pública a profesores, por lo que se hace necesario legislar a nivel nacional este aspecto para no crear desigualdades entre unas Comunidades Autónomas y otras.
La Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, según se trate respectivamente de centros públicos o privados, concertados, reconocen al director del centro capacidad disciplinaria. Esta atribución desconoce que
para una adecuada solución de los problemas de disciplina es preferible someterse a dos principios: el de inmediación, que permite un mejor conocimiento del problema y es garantía de acierto, y el de celeridad en la reacción, que potencia la
eficacia para alcanzar los fines de la sanción. No es el director, sino el profesor quien conoce con inmediación la conducta de un alumno que esté impidiendo o dificultando la función docente y alterando la convivencia en clase y quien puede
adoptar rápidamente una medida disciplinaria que corrija inmediatamente a aquel alumno en asuntos leves o las medidas cautelares necesarias si el asunto es grave. De ahí que, en esta reforma, se proponga que el profesor pueda imponer medidas
disciplinarias directamente a los alumnos en asuntos leves y adoptar las medidas cautelares necesarias en asuntos graves, siempre que acontezcan hechos que impidan o dificulten la función docente o la actividad complementaria en la que el profesor
esté participando, y conforme a lo indicado en las leyes
Para adecuar esta nueva función del profesor con las competencias que la ley atribuye al director, se propone al Gobierno que acometa las reformas legislativas necesarias para reformar el artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación y del
artículo 54 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación en los que se recoge esa competencia respectivamente del director en Centros públicos y Centros privados concertados, de tal manera que el director podrá tomar medidas disciplinarias en
asuntos graves y conocer las medidas disciplinarias o cautelares que impongan los profesores, de acuerdo a su nueva atribución, en los casos y formas que establezca la Ley.
También se propone reforzar los derechos de los padres y tutores para velar por una adecuada aplicación de las medidas disciplinarias. Por eso se propone una iniciativa para modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica del Derecho a la
Educación introduciendo un nuevo derecho de información de los padres y tutores de las medidas disciplinarias que afecten a sus hijos.
Por lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a acometer las reformas legislativas necesarias para reconocer al profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/000334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de ley sobre
extensión del primer ciclo de la educación infantil, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte de la Cámara.
Exposición de motivos
La educación infantil es básica para el desarrollo posterior de las personas. Es un elemento fundamental en el desarrollo intelectual y emocional de los niños y constituye un importante factor de igualdad de oportunidades e integración
social, favoreciendo fundamentalmente a los sectores de población con menor nivel sociocultural.
La educación infantil favorece el éxito escolar. La escolarización en edades tempranas es un elemento determinante en la mejora del rendimiento académico de los niños y, por tanto, en la lucha contra el fracaso escolar. Una formación de
bases sólidas en esa etapa favorece un aprendizaje más eficaz en las posteriores, e incrementa la probabilidad de que se mantenga durante el resto de la vida. Así lo reconocen los profesionales educativos y todos los organismos internacionales que
trabajan en este ámbito.
En las dos legislaturas anteriores se avanzó extraordinariamente en la implantación y extensión de esta etapa educativa; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación otorgó el carácter educativo a toda la etapa de educación infantil,
desde el nacimiento hasta los seis años, y se extendió de forma gratuita al cien por cien la escolarización entre los tres y los seis años.
Además, el Gobierno promovió el Plan Educa 3, con el que se comenzó a extender la escolarización de 0 a 3 años, y con una inversión en colaboración con las comunidades autónomas de 1.087 millones de euros. Fue un importante esfuerzo
presupuestario y de planifi
cación que se plasmó en convenios con las comunidades autónomas, incentivándose también la participación de los ayuntamientos, y que buscaba garantizar una adecuada financiación en la provisión de plazas respetando criterios de
habitabilidad, espacio, higiene y todo tipo de condiciones que garantizasen la calidad de las aulas en esta etapa educativa.
Un plan con una vertiente, por un lado, educativa y, por otro, social, para atender a las necesidades de conciliar la vida personal, familiar y laboral. Se empezó así a dar solución a esa creciente demanda de la sociedad y se promovió que
las administraciones facilitasen las plazas escolares públicas necesarias en esas edades.
En definitiva, comenzó a desarrollarse, conjuntamente con las comunidades autónomas, una red de escuelas infantiles en todo el territorio que diese respuesta a los retos y a las necesidades de la sociedad.
En el ámbito de la Unión Europea y dentro de la Estrategia 2020, las Conclusiones del Consejo sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, aprobadas el 12 de mayo de 2009, incluyen, como
uno de sus valores de referencia, la 'Educación en la primera infancia' invitando a los Estados miembros a aumentar la participación en la primera infancia como base para el ulterior éxito educativo, en especial en el caso de los que proceden de
medios desfavorecidos, de modo que el objetivo para 2020, sea que al menos un 95 % de los niños con edades comprendidas entre los cuatro años y la edad de escolarización obligatoria debería participar en la educación en la primera infancia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Reitera la importancia social de la educación infantil, desde el nacimiento hasta los seis años, así como el carácter educativo de los dos ciclos en que se ordena, y reconoce su condición de elemento básico en la lucha contra el fracaso
escolar posterior.
2. Insta al Gobierno a potenciar esta etapa educativa promoviendo, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, la extensión de la oferta educativa de 0-3 años, manteniendo el esfuerzo presupuestario previsto en el Plan Educa 3 para el año
2012 y elaborando nuevos planes para mantener en los años posteriores los objetivos de mejora de la calidad educativa en este ciclo, con los correspondientes créditos presupuestarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a aprobar un plan de choque para el mantenimiento y la creación de empleo de las personas con discapacidad con especiales dificultades para su inserción
laboral.
Antecedentes
La aplicación de políticas específicas para colectivos con especiales dificultades para incorporarse al mercado de trabajo forma parte de las estrategias de lucha contra el desempleo y a favor de la ocupación que las instituciones europeas
instan a los Estados miembros de la Unión a promover. Y de hecho en España, y en relación a las personas con discapacidad, desde hace años vienen desarrollándose políticas de este tenor, que han conseguido importantes mejoras en los niveles de
empleo de estas personas.
Todo ello sucede desde la convicción que no es posible la consecución de mejoras en el mercado de trabajo, si no se corrigen desequilibrios estructurales que afectan a ciertos colectivos, por medio de medidas de acción positiva. Es decir,
para algunos colectivos la adopción de medidas de discriminación positiva se convierte en una necesidad inherente al propio sistema, sin medidas no hay acceso, no hay posibilidad de integración, y éstas pueden estar si cabe, en determinados momentos
por razones coyunturales, todavía más justificadas.
En el caso de las personas con discapacidad con especiales dificultades para su inserción laboral, estas afirmaciones son más que evidentes. Nuestra legislación considera a personas con discapacidad con especiales dificultades a aquellas
que estén incluidas en alguno de los grupos siguientes: Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento; y personas
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.
En este sentido, entre los años 2010 y 2011, el aumento de los incentivos para el mantenimiento de los puestos de trabajo en los Centros Especiales de Trabajo, vía la subvención de los costes salariales consistente en el 75 por ciento del
Salario Mínimo Interprofesional
vigente, tuvo un impacto muy importante, no solo en la continuidad del empleo existente, sino en el incremento del mismo.
Esta iniciativa fue tomada en el contexto de la grave crisis que estamos sufriendo y que exigía, para los colectivos con especiales dificultades, la toma de decisiones extraordinarias.
Visto el éxito de la medida adoptada en su momento, y vistas las dificultades financieras de las Comunidades Autónomas, parece imprescindible que el Gobierno promueva las medidas necesarias y de nuevo extraordinarias, para garantizar la
viabilidad del empleo de las personas con discapacidad con especiales dificultades para la inserción laboral, que la persistencia de una crisis tan importante como la actual continúa poniendo en riesgo.
Se trata de evitar en todo caso, las graves consecuencias que la destrucción de empleos de estas características implica no solo para las personas afectadas sino también para las propias administraciones y el tejido empresarial que se ha
tardado tantos años en construir. Cualquier Centro Especial de Trabajo que se vea obligado a cerrar durante esta crisis, va a ser enormemente difícil que vuelva a recuperar su actividad, alejando todavía más a las personas con discapacidad de la
oportunidad de acceder a un empleo.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Incrementar, en el supuesto de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, el importe de la ayuda al coste salarial, hasta el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente correspondiente al
puesto de trabajo ocupado por personas con discapacidad que realicen una jornada laboral a tiempo completo, y a la cuantía equivalente cuando realicen una jornada a tiempo parcial, durante los años 2012 y 2013.
- Garantizar a las Comunidades Autónomas los recursos financieros correspondientes para que puedan dar cumplimiento al incremento de la subvención salarial del 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional, para todos los puestos de
trabajo existentes y creados, durante los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la grave situación económica del histórico Centro Español de
Moscú que ampara a los Niños de la Guerra, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El Centro Español de Moscú, cuya sede se encuentra desde 1965 en la céntrica calle Kuznetski Most, núm. 18/7, y que durante decenios ha aglutinado a los 'Niños de la Guerra' y a sus descendientes, corre el riesgo de tener que cerrar sus
puertas debido a la falta de fondos para hacer frente al pago de un alquiler mensual de 667 euros que adeuda al Ayuntamiento de Moscú, además de los gastos de comunidad y de personal.
El problema, al que está confrontado el Centro ha sido la denegación por el IMSERSO de la subvención correspondiente al ejercicio de 2011, cuando en años anteriores siempre la habían recibido, siendo la más reciente de 4.900 euros del
ejercicio 2010.
El centro asegura la cohesión de los españoles, no sólo de Moscú, sino de los residentes en todo el territorio ruso y de sus amistades rusas. Parada tradicional de todos los presidentes de gobierno españoles, tiene cientos de socios, pero
son muy pocos los que pagan la cuota anual debido a la carestía de la vida en la capital y a los escasos ingresos de que disponen nuestros compatriotas, en su mayoría octogenarios.
El local incluye un salón de actos, donde se imparten clases de tres ciclos de lengua española, baile flamenco y coros, junto a un espacio de convivencia en el que estos veteranos pueden conversar y jugar a las cartas y al dominó.
El alma histórica del centro lo representan unos 70 supervivientes de los 3.000 niños españoles que fueron trasladados a la URSS entre 1937 y 1939 para protegerlos de la Guerra Civil. Si el Centro Español desaparece, desaparecerán también
los Niños de la Guerra como colectivo y testimonio de aquellos acontecimientos históricos.
Para evitar el desahucio por parte del Ayuntamiento de Moscú, es urgente que el Gobierno español entregue una subvención extraordinaria y urgente al Centro, con independencia de que luego se proceda a restablecer la histórica ayuda a través
del IMSERSO o de otros cauces en el ejercicio 2012.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A tomar de forma inmediata las medidas económicas necesarias para evitar el cierre y desahucio del Centro Español en Moscú.
2. A asegurar la continuidad del Centro, mediante el restablecimiento de la tradicional ayuda del IMSERSO en el ejercicio presupuestario de 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000296
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su
debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, la siguiente Proposición no de Ley sobre prospecciones petrolíferas en aguas canarias.
En el año 2001 la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas S. A., solicitó al Gobierno de España los permisos de investigación de hidrocarburos en aguas canarias, permisos que fueron otorgados por el Real Decreto 1462/2001, de 21 de
diciembre, de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación, de hidrocarburos denominados 'CANARIAS-1', 'CANARIAS-2'; 'CANARIAS-3 ; 'CANARIAS-4'; 'CANARIAS-5', 'CANARIAS-6', 'CANARIAS-7' 'CANARIAS-8' y 'CANARIAS-9', situados en
el Océano Atlántico frente a las costas de las Islas de Fuerteventura y Lanzarote.
En el año 2002 se presentan recursos contencioso-administrativos contra la resolución del Gobierno, uno de ellos por el Cabildo Insular de Lanzarote. El 24 de febrero de 2004 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
dicta sentencia declarando la anulabilidad del programa de trabajo e inversiones contemplado en el Real Decreto 1462/2001, para los años tercero a sexto, por falta de control medioambiental.
En abril de 2005 el ministerio traslada al Gobierno de Canarias el expediente con nuevos informes medioambientales. Desde el Gobierno de Canarias se solicitó una ampliación de dichos informes al considerarlos poco rigurosos.
En mayo de 2010 el Gobierno de España afirmó en respuesta escrita a pregunta parlamentaria que 'la situación del expediente administrativo de los Permisos de Investigación de hidrocarburos Canarias 1 a 9 no ha cambiado significativamente
desde el fallo de la sentencia' y que 'No está prevista ni hay solicitudes para la realización de prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las Islas Canarias'.
Ahora el tema se ha vuelto a abrir de una forma, que entendemos, apresurada con una decisión del ministro de Industria, Energía y Turismo que ha generado inquietud y alarma en amplios sectores de la opinión pública canaria y, de forma muy
significativa, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Desde el inicio de su tramitación, la autorización para realizar prospecciones petrolíferas en aguas Canarias ha sido objeto de preocupación constante tanto para las administraciones públicas afectadas, como para la ciudadanía en general.
En Lanzarote y en Fuerteventura ha habido ya contestación generalizada sobre las consecuencias de iniciar este procedimiento. Y es que la preocupación sobre la cuestión de si existen o no hidrocarburos en aguas canarias va más allá del mero hecho
de que se confirme su existencia. En una comunidad autónoma en la que el turismo representa el 30 % de su PIB, con la tasa de desempleo más elevada del estado español y con escasas posibilidades de reconversión de su modelo productivo, desarrollar
una actividad que puede poner en grave peligro la industria turística canaria, con serios riesgos medioambientales y con un desconocimiento absoluto sobre cuáles serán los beneficios potenciales asociados para los canarios, suponen un motivo de
alarma justificada. No se puede pretender que Canarias acepte todos los riesgos a cambio de ningún beneficio conocido.
Una decisión de esta naturaleza requiere consenso institucional e información a la ciudadanía. Sin embargo, hasta ahora lo que existe son los mensajes de imposición por parte del gobierno español, la confusión y la ausencia de información
clara y precisa. Desinformación sobre una amplia variedad de asuntos, que van desde conocer con certeza si existen o no hidrocarburos en aguas canarias; cuál sería el grado de impacto medioambiental; cuál sería la repercusión sobre la economía
canaria, su empleo y su riqueza; o cuáles los riesgos asociados; hasta saber si el gobierno de España piensa aprovechar esta cuestión para abordar otra de enorme importancia para la comunidad canaria desde hace décadas: la oportunidad de definir
con precisión la mediana de España con el Reino de Marruecos, esencial para delimitar la zona económica exclusiva española, y en consecuencia canaria, fundamental a la hora de determinar ámbitos competenciales y sobre todo, de definir un estatus que
genere tranquilidad para el presente y para el futuro.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Suspender cualquier decisión relativa al inicio de prospecciones petrolíferas en aguas canarias hasta
conocer con criterios válidos los riesgos potenciales de este tipo de actividad para la comunidad autónoma canaria.
2. Postergar cualquier decisión positiva al respecto mientras no exista un conocimiento cuantificado de los beneficios que reportaría a los canarios, a la economía y al empleo en las islas.
3. Establecer como principio fundamental en esta materia la búsqueda del consenso entre las instituciones canarias y el Gobierno de España, así como la información de la población, antes de adoptarse cualquier decisión significativa en esta
materia.
4. Confirmar que se están llevando a cabo prospecciones autorizadas por el Reino de Marruecos y abrir un diálogo con su Gobierno para establecer mecanismos de seguimiento permanente que permitan verificar de manera continua el cumplimiento
de las exigencias medioambientales comunitarias en esta materia y las garantías máximas de seguridad y respeto al medio ambiente marino y terrestre, para evitar posibles repercusiones negativas en las costas canarias y de Marruecos.
5. Aprovechar esta oportunidad para retomar las negociaciones oportunas con el Gobierno de Marruecos a los efectos de llegar a un acuerdo satisfactorio sobre la delimitación de la mediana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
las prospecciones petrolíferas en Canarias, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
En diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 2012 'Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos', con el fin de profundizar la toma de conciencia sobre la importancia de incrementar el acceso sostenible a
la energía, la eficiencia energética y la energía renovable en el ámbito local, nacional, regional e internacional.
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con el apoyo de ONU-Energía y la Fundación de las Naciones Unidas, está liderando una iniciativa global: Energía Sostenible para Todos. Esta iniciativa involucrará a los gobiernos,
el sector privado y la sociedad civil a nivel mundial con el objetivo de lograr energía sostenible para todos y alcanzar tres objetivos principales para 2030: garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos, duplicar la tasa de
mejora en la eficiencia energética y duplicar la cuota de las energías renovables en el mix energético mundial.
En este contexto, resulta especialmente llamativo que la política energética que está desarrollando el Gobierno de España sea diametralmente opuesta a las recomendaciones internacionales, apostando por los combustibles fósiles en detrimento
de las energías renovables. Sin embargo, en otros países, como Alemania, su canciller, Angela Merkel, ha puesto fecha de caducidad a la energía nuclear y anuncia su progresiva sustitución por la energía eólica y el gas. Igualmente, en Estados
Unidos, su presidente, Barack Obama, ha realizado una apuesta decidida por la energía eólica, tomando como ejemplo a España y su avanzada y vanguardista industria especializada.
El Gobierno ha reactivado los permisos de investigación de hidrocarburos en el océano Atlántico frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote concedidos a Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., mediante el Real Decreto número
1462/2001, de 21 de diciembre, permisos anulados por el Tribunal Supremo en el año 2004 debido a que en el Real Decreto no se mencionaban las medidas de protección medioambientales ni el plan de restauración adecuado al plan de labores propuesto.
El apartado 3 del artículo 18 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, obliga a que en la resolución de otorgamiento se fijen los trabajos mínimos a realizar por los adjudicatarios de los permisos, incluyendo de modo
preceptivo las labores de protección medioambiental, cuestión que incumplía el Real Decreto 1462/2001.
Actualmente, existe un alto riesgo de que se produzcan accidentes en explotaciones petrolíferas en alta mar. Precisamente por ello se está tramitando en el seno de la Unión Europea el Reglamento sobre la seguridad de las actividades de
prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro. La Comisión Europea, en la evaluación de impacto sobre la propuesta de Reglamento, de 27 de octubre de 2011, reconoce que 'En las últimas tres décadas se han producido al menos
once desastres graves en explotaciones petrolíferas de alta mar, así como varios incidentes de menor importancia que podrían haber derivado en catástrofes [...] La probabilidad de que ocurra un accidente grave no se puede infravalorar, en especial
ante los datos de persistencia de las cifras de los principales indicadores de incidentes, que no disminuyen. Las posibles consecuencias de un accidente grave en el sector son trágicas. Incluyen numerosas víctimas mortales, graves daños al medio
ambiente y daños colaterales en los ecosistemas costeros y marinos. Incluso los accidentes menos graves pueden reducir drásticamente la
confianza pública y de los mercados, y las restricciones preventivas sobre la producción pueden afectar a la seguridad del abastecimiento energético y a la economía'.
La Comisión Europea concluye proponiendo, de entre las distintas opciones estratégicas posibles para garantizar la seguridad de las actividades de prospección petrolífera y de las mar adentro, la aplicación de la Opción 2: 'La opción
estratégica preferida es la Opción 2, a saber, una reforma global de las actividades en alta mar que, mediante una nueva legislación, eleve en toda la Unión Europea el nivel de gestión de riesgos y el grado de preparación ante emergencias de este
sector conforme a las mejores prácticas. Aparte de la coherencia, esta opción aumenta la transparencia de la industria y mejora la eficacia de las autoridades de regulación'.
Por tanto, resulta desaconsejable retornar en este momento las autorizaciones otorgadas por el Real Decreto 1462/2001 ya que, además de haber transcurrido más de 10 años desde su aprobación, se debería estar a la normativa europea
actualmente en tramitación, pues dota de mayor seguridad las actividades de prospección petrolífera mar adentro.
Por otra parte, el Gobierno de España toma la decisión de manera unilateral, y sin tener en cuenta la petición de consenso social y político realizada tanto por el Gobierno de Canarias como por los Cabildos insulares de Lanzarote y
Fuerteventura ante una decisión de tal calado, pues no hay que olvidar los posibles daños medioambientales que pueden ocasionar las prospecciones petrolíferas y el perjuicio que puede suponer para la industria turística, principal actividad
económica del archipiélago.
Las instituciones valenciana y balear han rechazado igualmente las prospecciones petrolíferas en sus costas, según han manifestado responsables institucionales de dichas Comunidades, pertenecientes al Partido Popular, a quienes ha mostrado
su apoyo el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Argumentan para ello el interés turístico de la zona y la riqueza natural que esconden las aguas mediterráneas, precisamente las mismas razones aplicables en Canarias. De
hecho, en la zona en la que se pretenden autorizar los estudios, entre Lanzarote y Fuerteventura, existen más de una decena de Espacios Naturales Protegidos, incluidos algunos de ellos en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, tales como el Parque
Natural del Archipiélago Chinijo, la Reserva Integral del Roque del Este, el Parque Natural de la isla de Lobos, el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, el Parque Natural de Jandía y Sitio de Interés Científico del Matorral en el Saladar de
Jandía, etc.
A todo ello se une el contencioso sobre las aguas jurisdiccionales de Canarias y la mediana con Marruecos, precisamente en la zona donde se estima que se llevarán a cabo las prospecciones, lo que según el jefe del Mando Militar de Canarias,
el teniente general César Muro Benayas, podría aumentar la tensión con Marruecos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar y archivar el expediente por el que se otorgaron a Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. los permisos de investigación de hidrocarburos en el océano Atlántico frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, mediante el
Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, permisos anulados por el Tribunal Supremo en 2004.
2. No otorgar nuevas autorizaciones para la realización de actividades de investigación y prospección petrolífera en las costas canarias hasta tanto se apruebe y entre en vigor el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro, actualmente en tramitación, y siempre con el consenso social y político con las instituciones canarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
régimen de tasas aeroportuarias y bonificaciones a las compañías aéreas, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Desde su implantación hace año y medio, el abaratamiento de las tasas aeroportuarias y las bonificaciones a las compañías aéreas por el incremento de pasajeros, frecuencia o aperturas de rutas, ha supuesto uno de los principales agentes
dinamizadores de la economía canaria de los últimos tiempos.
Esta iniciativa no ha supuesto ninguna pérdida de ingresos para AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que recaudó en 2011 aproximadamen
te 131 millones de euros por el cobro de tasas aéreas, 3,5 millones de euros más de lo ingresado en 2010 (127,5 millones), gracias al aumento de las frecuencias alcanzado, entre otras razones, a causa de las bonificaciones de las tasas
aéreas.
En una comparecencia del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ante el Parlamento de Canarias, este afirmaba que existe una relación directa entre la reducción de tasas y
el aumento de 1,5 millones de turistas registrado en las islas en el año 2011 con relación al ejercicio anterior. En especial porque las reducciones de tasas aéreas diseñadas para los aeropuertos isleños se basan en su mayor parte en un sistema que
prima a las aerolíneas que apuestan por Canarias, con un incremento, bien de pasajeros, bien de frecuencias, o bien de rutas que abren el espacio aéreo canario a nuevos destinos. Unas ayudas a las que todas las aerolíneas pueden optar por igual.
En definitiva, la reducción del sistema de tasas aéreas que estuvo vigente en Canarias durante el 2011, junto a otras medidas como la promoción turística y la recuperación de las economías europeas, han permitido que Canarias aumentara
considerablemente su conectividad con el exterior entre 2010 y 2011, con 9.500 nuevas operaciones de aterrizaje de vuelos procedentes de fuera de Canarias, el establecimiento de 70 nuevas rutas y la llegada de 1,5 millones de turistas más.
Tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, las bonificaciones a las tasas aéreas en Canarias deberían estar automáticamente prorrogadas. Sin embargo, el Gobierno de España no ha garantizado el mantenimiento de las
mismas, mostrando a la opinión pública y a los responsables políticos y empresariales del archipiélago una serie de mensajes contradictorios, que están generando incertidumbre a los operadores, hasta el punto que una de las principales aerolíneas
que operan en el archipiélago ya ha anunciado que si no se mantienen las bonificaciones se verán obligados a eliminar líneas.
Ante esta situación de incertidumbre generalizada, las instituciones y representantes empresariales canarios han mostrado su determinación unánime para que el Gobierno de España aclare su posicionamiento al respecto y prorrogue para 2012 el
actual régimen de ayudas y bonificaciones. No tiene justificación que el Gobierno suprima esas bonificaciones de las tasas aéreas, sobre todo cuando no se ha planteado una alternativa a las mismas.
Tanto el Gobierno de Canarias, como los siete cabildos insulares y los ayuntamientos canarios, representados a través de la FECAM, se han manifestado en este sentido. Asimismo, las cuatro patronales turísticas de nuestra Comunidad y las
Cámaras de Comercio de Canarias y Baleares han hecho lo propio, considerando que el mantenimiento de las bonificaciones de las tasas aéreas es absolutamente necesario y que su eliminación supondría 'un duro golpe para las economías de estos
archipiélagos que, sólo en el caso de Canarias, soporta una tasa de paro superior al 30 %'.
Es fundamental, por tanto, que el Gobierno de España garantice el actual sistema de reducciones y bonificaciones de las tasas aéreas y defina de manera inmediata y con claridad el marco que va a establecer, de manera que el sector aéreo
pueda planificar su campaña para este año sin ningún tipo de incertidumbre al respecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A la inmediata prórroga del régimen de tasas aeroportuarias y bonificaciones a las compañías aéreas por el incremento de pasajeros, frecuencias o aperturas de rutas vigentes en 2011, revisando, en su caso, el actual sistema de reducción, de
manera que siga resultando más ventajoso el precio de viajar a dichos destinos turísticos con relación a otros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
propuesta de un marco regulatorio diferenciado para el sistema eléctrico canario, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, 'por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos'; resultó convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el 8 de febrero pasado. Consiguientemente se trata de una norma de plena validez que
de manera singular en Canarias frena el desarrollo
diseñado por la Comunidad Autónoma de Canarias como consecuencia de la asignación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 600 MW de potencia eólica.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista estimamos que tanto la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico Nacional como normativa comunitaria posterior a la misma mandatan a la Administración General del Estado para proporcionar un trato
diferenciado al sistema eléctrico canario. Las dos fuentes energéticas propias más fácilmente explotables en la Comunidad de Canarias: el viento y el sol, dejan de aportar sus potencialidades por mandato imperativo del Real Decreto-Ley 1/2012 que
si el Gobierno hubiese previsto dejar fuera del ámbito de aplicación del mismo a las Islas Canarias, le hubiese bastado con explicitarlo en una Disposición Final. Dado que así no se hizo, los Socialistas continuaremos reivindicando y exigiendo el
trato singular de supervivencia energética del Archipiélago, para lo cual lo argumentamos con las consideraciones siguientes:
1. La medida adoptada cercena radicalmente sus aspiraciones en materia de energías renovables de Canarias. El Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, ignora que Canarias es el único sistema eléctrico aislado de España, compuesto a su vez
por seis sistemas independientes (Lanzarote y Fuerteventura están conectados entre sí), y que actualmente dispone de una penetración de renovables del 6 % cuando en el territorio peninsular la penetración ronda el 30 %. Actualmente la potencia de
generación mediante renovables instalada en Canarias es muy inferior a la prevista en el Plan Energético de Canarias para el 2015 de 1.025 MW.
2. El Real Decreto-ley, pone en peligro la inminente inversión correspondiente a aproximadamente 600 MW de generación mediante renovables que se iban a desarrollar en Canarias a raíz de la adjudicación de potencia del concurso eólico 2007,
y instalaciones fotovoltaicas en trámite de inscripción en el registro de preasignación.
3. El Real Decreto-ley ignora que la Administración del Estado mediante Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir
de tecnologías solar termoeléctrica y eólica, había establecido un cupo de 600 MW para instalaciones de tecnología eólica ubicadas en Canarias, que se debían de beneficiar de un régimen retributivo propio (El previsto en el Real Decreto 661/2007).
4. Ninguno de los argumentos recogidos en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 1/2012, para la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir fuentes de energía renovables, son extrapolables a la realidad canaria por lo siguiente:
1. La producción de electricidad en régimen ordinario en Canarias tiene un coste muy superior al peninsular.
Este sistema retributivo específico del régimen ordinario de producción de energía eléctrica en los territorios insulares y extrapeninsulares (sistema de despacho) hace que en el caso singular de Canarias el coste de producción de energía
eléctrica sea significativamente mayor que en la Península. Existen estimaciones que ponen de manifiesto que el coste de producción de energía eléctrica en régimen ordinario en Canarias es más que el doble que en la Península.
Los datos:
El precio medio interanual de electricidad generada en Canarias en 2011 es de 187,16 /MWh.
El precio medio interanual de electricidad generada en Península en 2011 es de 50,63 /MWh.
Aproximadamente, el sobrecoste de generación eléctrica en Canarias en el 2011 fue de 960 M.
2. La producción de electricidad en Canarias con energías renovables tiene un coste muy inferior a la producida en régimen ordinario.
Los datos:
Producir un kWh en Canarias con tecnología fotovoltaica puede costar la mitad que producirlo con combustibles fósiles.
Un kWh fotovoltaico cuesta producirlo entre 10 y 15 céntimos de euro, teniendo en cuenta la amortización de la inversión (2,1 M/MW), los costos de mantenimiento y operación, (el precio de adquisición ha venido bajando espectacularmente).
Producir un kWh en Canarias con tecnología eólica puede costar un tercio que producirlo con combustibles fósiles.
Un kWh eólico cuesta producirlo entre 4 y 5 céntimos de euro, teniendo el cuenta la amortización de la inversión (1,2 M/MW), los costos de mantenimiento y operación.
3. La supresión de los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos llevada a cabo por el Real Decreto-ley 1/2012, llevará consigo la interrupción de la inversión en energías renovables y el aumento de la
producción en régimen especial que en Canarias (que no en la Península) presenta una retribución muy ventajosa.
El aislamiento y reducido tamaño de los sistemas eléctricos canarios originan una serie de factores dife
renciales respecto del sistema eléctrico peninsular, que tienen su reflejo en una regulación singular del régimen ordinario de producción de energía eléctrica.
Este régimen singular excluye a Canarias de un mercado de ofertas similar al peninsular, de modo tal que, a partir del precio de mercado peninsular, la retribución de la producción de energía eléctrica en Canarias, se complementa con la
percepción de una prima por funcionamiento (que parte del coste del combustible y de los costes de operación y mantenimiento) y de la garantía de potencia (para asegurar una mayor reserva de capacidad de generación de electricidad que garantice la
seguridad y calidad del suministro).
Este complemento que constituye un sobrecoste en la producción de electricidad para los sistemas eléctricos extrapeninsulares respecto del peninsular, se satisface de los Presupuestos Generales del Estado y, hasta el 2013, de los costes
permanentes de funcionamiento del sistema que como tal, se integran en la tarifa eléctrica de último recurso.
Ante la ausencia de retribución en régimen especial, el esquema de costes reconocidos para la retribución de las actividades de suministro en régimen ordinario en los territorios insulares y extrapeninsulares, hace que resulte más atractivo
para el inversor en el territorio de Canarias el desarrollo de proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario (que sí se benefician de la existencia de un régimen retributivo específico) que en régimen especial
(que no presenta retribución alguna).
4. La producción en régimen especial de electricidad en Canarias debe disponer de un régimen económico propio.
El sistema eléctrico está pagando la energía generada en Canarias muy cara (el 96 % es de régimen ordinario) y podría obtener un considerable ahorro si fuese renovable. Hay que tener en cuenta que los sobrecostes de la producción de
electricidad en los sistemas eléctricos extrapeninsulares se satisfacen de los Presupuestos Generales del Estado y, hasta el 2013 de los costes permanentes de funcionamiento del sistema, por lo que las ventajas del empleo de las renovables en
Canarias es incuestionable tanto para el sistema eléctrico nacional como para la economía canaria por la gran inversión que el establecimiento de plantas de producción en régimen especial supone.
Este sobrecoste que se deriva del desarrollo de actividades de suministro de energía eléctrica en régimen ordinario pudiera constituir una importante fuente de financiación para el desarrollo de instalaciones de producción de energía
eléctrica en régimen especial en la Comunidad Autónoma Canaria. El 'trasvase' de fondos que se operaría de esta manera desde los Presupuestos Generales del Estado (y, hasta 2013, de los 'costes permanentes de funcionamiento del sistema') a los
peajes de acceso, supondría un ahorro para el sistema eléctrico canario y, por ende, para el sistema eléctrico nacional por cuanto que el coste de producción de energía eléctrica en régimen especial es en Canarias inferior al coste de producción en
régimen ordinario.
Por todos estos motivos el Grupo Parlamentario Socialista defenderá ante la Administración del Estado (Ministerio de Industria) la urgente necesidad de disponer de un régimen económico (sistema propio de tarifas, primas equivalentes y cupos
de potencia) propio de la Comunidad Autónoma Canaria para la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial llevada a cabo en su ámbito territorial sobre la base de las características especiales que se derivan para Canarias de
tratarse de una región insular y ultraperiférica, y el ahorro que supondría sustituir la producción de energía eléctrica de determinadas instalaciones en régimen ordinario por la de determinadas instalaciones en régimen especial.
Este régimen económico específico de Canarias debería tomar en consideración el diferencial de costes de determinadas tecnologías de producción de energía eléctrica en régimen especial respecto de los costes estandarizados de la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen ordinario en su ámbito territorial con el fin de reducir el coste del suministro de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma Canaria.
Además, el régimen económico específico de Canarias, debería incorporar para determinadas instalaciones en régimen especial (aquéllas que tengan la condición de 'gestionables', en los términos del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el
que se regula la producción de energía eléctrica en régimen especial, las instalaciones de cogeneración, las de valorización de residuos y las instalaciones de bombeo) una retribución superior sobre la base de un sistema de cuotas y cupos según cada
tecnología.
Esta mayor retribución posibilitaría la entrada de nuevos operadores en la actividad de producción de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma Canaria que estimularía la competencia y reduciría el coste del suministro de energía eléctrica.
Existen, los instrumentos normativos suficientes para el establecimiento de un régimen económico específico para la producción de energía eléctrica en régimen especial en la Comunidad Autónoma Canaria en los términos planteados.
La propia Ley de Economía Sostenible no ignora la realidad de que determinadas tecnologías de producción de energía eléctrica en régimen especial pueden resultar competitivas con las tecnologías propias del régimen ordinario y por ello
contempla el establecimiento de cupos especiales de potencia para energías renovables en Canarias 'atendiendo a criterios técnicos y económicos, cuando resulten competitivas con las tecnologías convencionales en cada uno de los subsistemas del SEIE
de Canarias.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Propuesta a elevar a la Comisión de Industria, Energía y Turismo para su consideración y debate con el objeto de que si se estimase oportuno se elevase al Gobierno.
Las fuentes de energías renovables son las únicas fuentes propias con que cuenta el Archipiélago canario. Son fundamentales en la reducción de la dependencia exterior, y aportan un alto valor añadido a la economía canaria.
Se debe desarrollar un marco específico de regulación del sistema eléctrico canario, que tenga en cuenta las singularidades del mismo. Se persigue lograr un mix de generación eléctrica más eficiente que pueda suponer un coste menor para el
sistema eléctrico nacional. Es importante tener en cuenta las singularidades del sistema canario, sin que ello signifique que se elimine la solidaridad interterritorial del sistema eléctrico nacional.
Se propone la reserva de un cupo de generación con renovables específico para el sistema canario, que tenga en cuenta los objetivos del Plan Energético de Canarias.
Es necesario incentivar económicamente la generación energética con fuentes renovables en Canarias, teniendo en cuenta los costes reales de generación de las diferentes tecnologías, incluidas las de régimen ordinario. En el caso de
Canarias, los incentivos a la energía generada con fuentes renovables, lejos de aumentar el déficit tarifario, contribuiría a la reducción del mismo, al introducir sistemas con menor coste.
Es imprescindible la minimización de los trámites administrativos necesarios para la legalización y entrada en el sistema retributivo de las plantas de generación renovables, especialmente en el caso de plantas de pequeña potencia. Se
debería tender al modelo alemán.
Es necesario que se priorice el desarrollo de un marco normativo y retributivo para los sistemas de almacenamiento hidroeléctrico, como pieza fundamental para garantizar la estabilidad y regulación del sistema eléctrico canario.
Se hace necesario fortalecer los esfuerzos públicos destinados a la exploración geotérmica en Canarias con la finalidad de mejorar y optimizar la definición de sus recursos geotérmicos para posteriormente impulsar la fase de desarrollo
comercial de una tecnología que contribuiría de forma decisiva a la diversificación del mix energético.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-José Segura Clavell, Diputado.-María Carmen Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
los problemas generados por determinadas normas comunitarias y estatales que están complicando la actividad pesquera a la flota de artes menores en Galicia, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La flota que pesca merluza en el caladero del Cantábrico-Noroeste y barcos de artes menores ha organizado una protesta y han decidido amarrar sus barcos en señal de malestar porque se sienten cada vez más presionados a requisitos legales,
tanto por parte de la UE como por parte de la Xunta de Galicia y del Gobierno central, que les está restando capacidad para desarrollar la actividad pesquera. Se trata de la combinación de una serie de nuevas normas burocráticas que les está
perjudicando a la hora de trabajar.
Así, están en desacuerdo con la exigencia del diario electrónico a bordo, con las guías de transporte de pescado, con las múltiples limitaciones de captura, con la presión que reciben de parte de los inspectores o con las fuertes sanciones
que les están imponiendo.
El sector pesquero de Galicia considera inviable el uso del diario electrónico a bordo, y afirman que no tiene sentido exigir el envío de datos de pesca cuatro horas antes de entrar en el puerto cuando el caladero se sitúa en muchas
ocasiones a menos de una hora.
No están de acuerdo con la exigencia de tener que pagar las guías en el puerto de descarga puesto que con la hoja de transporte y la de la lonja en la que subastan el pescado, consideran que es más que suficiente como para tener que pagar
otro impuesto.
Respecto al modo de pesar el pescado, protestan porque les obligan a pesar en un una báscula homologada las capturas antes de transportarlas a la lonja donde quieren venderlas. Una exigencia que les obliga a llegar cuando está un
funcionario/a en el puerto, es decir, tienen que seguir un horario de oficina cuando su actividad no depende de horarios reglados. Por eso, demandan que se acepte el pesaje en la lonja de destino.
Además, también se añade la exigencia de la UE realizada a varias embarcaciones gallegas y vascas, de retirar de sus barcos las máquinas separadoras de pescado, porque argumentan que están prohibidos por las normas comunitarias. El sector
pesquero considera que se trata de una interpretación inflexible de las normas puesto que afirman que se prohíbe las máquinas que
clasifican el pescado por tallas, pero no el que separa unas especies de otras por tamaño, especialmente el arenque, la caballa y el jurel.
Es necesario poner de manifiesto que estos aparatos ya se utilizaron en costeras anteriores por pesqueros vascos y algunos cerqueros. Es más, el Gobierno vasco incluso subvencionaba la instalación de estas máquinas. Dado que facilitan el
trabajo de clasificación, muchos decidieron incorporarlos a bordo lo que les llevó a invertir mucho dinero para poder reducir los tiempos de trabajo, evitando tener que perder horas y horas separando pescado.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Entablar un diálogo con la flota pesquera que faena en el caladero Cantábrico-Noroeste y la flota de artes menores gallega para tratar de solucionar los problemas generados por normas comunitarias y estatales, como la exigencia del diario
electrónico a bordo, las guías de transporte de pescado o el modo de pesar el pescado, que están dificultando el desarrollo normal de la actividad pesquera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una Proposición no de Ley sobre la regionalización de la PAC.
Antecedentes
El pasado 12 de octubre la Comisión Europea presentó su proyecto legislativo de reforma de la Política Agraria Común (PAC). A partir de este momento se inicia un largo proceso que culminará con una nueva PAC para el periodo 2014-2020. En
consecuencia, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europea ya ha abierto el debate de la reforma de la PAC, debate que podría alargarse sobre los plazos previstos.
Uno de los aspectos más positivos que incorpora la propuesta de reforma de la PAC planteada por Bruselas es la posibilidad de regionalización de esta política, lo cual depende de la voluntad del Gobierno central que podrá hacerlo con
criterios objetivos y no discriminatorios, en base a la propia estructura institucional o administrativa, o tener en cuenta el potencial agrícola regional. Catalunya reúne ambas características de manera que puede asumir un rol regional de
aplicación de la Política Agraria Común.
Con la regionalización efectiva de la PAC las regiones pueden conseguir capacidad de decisión en determinados aspectos e incrementar la autonomía en la gestión, con el objetivo de poder adaptar las decisiones a sus sistemas productivos y, a
la vez ser más ágiles en la gestión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asumir la regionalización de la PAC basada en dos criterios: institucional y productivo, al objeto de que las Comunidades Autónomas alcancen una mayor capacidad de decisión y autonomía en la
gestión del sistema de ayudas para adaptarlo a la realidad productiva de cada Comunidad Autónoma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
al protocolo de Pesca UE-Marruecos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El acuerdo que el Parlamento Europeo adoptó el pasado 14 de diciembre de 2011 suspendió la prórroga del Acuerdo pesquero de la UE con Marruecos. Esto ha supuesto el amarre y cese de actividad de la flota española que faena en ese caladero,
con el consiguiente coste social y económico para las poblaciones afectadas.
De las 119 licencias que incluye el acuerdo, 100 buques pertenecen a España con base en puertos de Andalucía y Canarias, fundamentalmente, por lo que los impactos económicos y la pérdida de empleo
-cifrada en trono a los mil puestos de trabajo- se sufren especialmente en estos territorios españoles.
Esta circunstancia se produce en un momento además en el que la crisis está azotando el empleo en nuestro país.
En la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados del pasado día 7 de febrero, fue aprobada una Proposición no de Ley sobre este Acuerdo pesquero UE-Marruecos. No obstante quedó al margen de la misma una cuestión que el Grupo
Parlamentario Socialista considera fundamental, como es la relativa a la necesidad de garantizar el apoyo económico al sector afectado por la suspensión de dicho Acuerdo.
Por esta razón es imprescindible establecer un régimen de ayudas que compensen las pérdidas ocasionadas por el amarre obligado de la flota, consecuencia de la decisión comunitaria.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Independientemente del anticipo de las cantidades por parte de las autoridades españolas, demandar de las autoridades comunitarias la concreción y puesta en marcha, de forma inmediata, de un fondo específico destinado a compensar las
pérdidas económicas ocasionadas en la flota española por la suspensión de la prórroga del Acuerdo Pesquero UE-Marruecos.
2. Destinar este fondo a compensar, de forma específica a los tripulantes de los barcos afectados por la pérdida de la licencia por todo el período que dure la negociación y hasta que entre en vigor el nuevo Acuerdo Pesquero UE-Marruecos.
La regulación del régimen de compensaciones habrá de establecer las fórmulas que permitan el cobro de ayudas concedidas por las tripulaciones afectadas.
3. Así mismo dicho fondo debe tener en cuenta la compensación al personal de las organizaciones pesqueras y de lonjas de la provincia de Cádiz, que tampoco tienen ingresos en tanto en cuanto no se vuelva a firmar el nuevo acuerdo con
Marruecos.
4. También se ha de estudiar las repercusiones económicas en otros barcos de la provincia de Cádiz que sin estar sujetos al acuerdo de pesca con Marruecos, sí tienen en ellos una repercusión directa por faenar en zona de límite de aguas con
el Reino de Marruecos, así como buscar posibles medidas paliativas para los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.-María Carmen Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de adoptar medidas para facilitar el proceso de regularización de las embarcaciones de la flota de bajura y marisqueo, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En la mayoría de los puertos del litoral de Galicia vuelve a ser motivo de preocupación y alarma la situación de las numerosas embarcaciones que están fuera de la regulación, debido a que no cumplen las condiciones establecidas por el Real
Decreto 1579/2009, de 10 de octubre, que establece limitaciones de potencia máxima en los buques de hasta 12 metros de eslora total de nueva construcción o en los que se instalen obras de modernización.
En esta ocasión se ha suscitado la alarma porque armadores de estas embarcaciones han recibido notificaciones en las que la Dirección General de Marina Mercante les informa que, sus embarcaciones 'no podrán ser despachadas para la pesca'.
Desde la promulgación del Real Decreto mencionado, ya se alertó al Gobierno de la imposibilidad de regularizar a todas las embarcaciones de la flota gallega dedicadas a la pesca artesanal y al marisqueo, que por razones de actividad en
determinados puntos de la costa de difícil acceso y actividad marisquera, necesitan, por razones de seguridad, una potencia de motor superior a la permitida.
En diferentes ocasiones, el BNG ha traído a esta Cámara este asunto, logrando incluso acuerdos como el alcanzado el 14 de abril de 2010 en la Comisión de Pesca, en el que se 'instaba al Gobierno a modificar la normativa vigente en materia de
potencia propulsora...'.
En la Ley 35/2011, de 4 de octubre, se aprueba una Disposición Adicional que trata de buscar soluciones a los problemas expuestos. Así, por ejemplo, en el artículo 111 se recoge que 'se admite una tolerancia en arqueo de 1 GT para
embarcaciones de 10 metros de eslora total y de 0,8 GT para las restantes, y hasta 20 caballos de vapor en ambos casos'.
Sin embargo, en el debate parlamentario ya advertimos desde el BNG que lo aprobado en esta disposición adicional iba ser insuficiente para dar solución al problema, debido a la restricción que se establece en el punto 2 del apartado 110:
'Podrán acogerse también aquellos propietarios o armadores de embarcaciones que presentaran su solicitud antes del 31 de diciembre de 2007', refiriéndose esta regularización al marco
establecido por el Real Decreto 9/2007 anteriormente aludido.
Es de suponer que los propietarios de las embarcaciones que no cumplían con lo establecido en el marco regulador citado, no solicitasen la regulación de sus embarcaciones por razones obvias. Según declaraciones de representantes de
cofradías, el PP se habría comprometido a eliminar el tema de los plazos para que en la regulación puedan entrar el mayor número posible de barcos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Desarrollar las actuaciones necesarias que permitan eliminar las limitaciones existentes actualmente para poder regularizar las embarcaciones de la flota gallega dedicada a la pesca de bajura y al marisqueo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los medios de extinción del Estado para la lucha contra los
incendios forestales, para su debate en la Comisión de Agricultura.
Las Comunidades Autónomas tienen atribuidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía la lucha contra los incendios forestales conforme a las competencias atribuidas en el artículo 148 8.ª CE respecto de los montes y los aprovechamientos
forestales.
En consecuencia las Comunidades autónomas son las responsables de los respectivos planes de prevención y extinción de incendios en su ámbito competencial, la Administración General del Estado al amparo del artículo 149 23.ª regula la
competencia Legislativa Básica sobre protección del medio ambiente, aprovechamientos forestales y vías pecuarias y es competente en concreto y conforme al artículo 7.2.c) de la Ley 43/2003, de Montes, de la normalización de los medios materiales
para la extinción de incendios forestales en todo el territorio español, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las Comunidades Autónomas en el contexto de una política prioritaria como lo es la lucha contra los incendios forestales.
Es de destacar que entre los recursos con los que cuenta el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente además de los de extinción aéreos y medios de apoyo se cuenta con las BRIF brigadas de refuerzo contra incendios forestales
formadas por más de 500 personas altamente cualificadas integradas en los dispositivos autonómicos, con posibilidad de actuar si fuera necesario en cualquier punto del territorio.
La anterior Administración General del Estado en concreto el Ministerio de Medio Ambiente de quien es competencia mantuvo la intención de ceder los medios de lucha contra los incendios del Estado a las Comunidades Autónomas, dicha cesión
supondría de hecho la omisión de la función de apoyo, control y supervisión del Estado.
Por todo ello, se presenta la siguiente Proposición no de Ley
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en colaboración con las Comunidades Autónomas correspondientes a:
1. Garantizar el despliegue de medios Estatales de apoyo a las Comunidades Autónomas que existe en la actualidad, destinado a acciones de prevención, sensibilización, información, planificación, coordinación, formación y de extinción de
incendios forestales.
2. Garantizar el mantenimiento del empleo de este colectivo durante todo el año, así como la aportación de los medios materiales necesarios para su cumplimiento.
3. Mantener y potenciar esa función de refuerzo, de vital importancia, en el departamento del organismo ambiental competente en política forestal, actualmente la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
4. Que el Estado se comprometa a mantener, garantizar y potenciar los recursos profesionales tanto humanos como profesionales en especial las BRIF, encargadas de la prevención y extinción de incendios forestales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Cayo Lara Moya y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la calidad del aire, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La calidad del aire es, y ha de ser, una prioridad de la política medioambiental. Entre otras cosas porque incide de forma directa en la salud de los ciudadanos.
En las últimas décadas, se han producido importantes avances en su protección tanto a nivel europeo como nacional.
La UE unificó en la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, el disperso marco normativo europeo en la materia (cuatro directivas y una Decisión), fijando objetivos de calidad del
aire para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos en la salud humana y en el medio ambiente, estableciendo mecanismos para evaluar la calidad del aire de los Estados miembros de la UE y límites obligatorios de partículas en suspensión, así
como procedimientos de información a los ciudadanos sobre este extremo y fomentando la colaboración entre los Estados para reducir la contaminación atmosférico en el ámbito europeo.
En España, es necesario mencionar la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y los dos reglamentos de transposición de la Directiva 2008/50/CE (100/2011, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establece en las disposiciones básicas para su aplicación, y 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire), ambos de 28 de enero de 2011.
Esta normativa, tanto comunitaria como nacional, constituye el marco jurídico que ha permitido la elaboración de programas y planes nacionales, autonómicos y locales para la mejoro de la calidad del aire.
En concreto, el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire (PNMCA), aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de noviembre de 2011, establece una serie de medidas que promueven ciudades más favorables para asegurar el cumplimiento de los
límites de emisión de contaminantes establecidos y la coordinación entre políticas y medidas previstas en los planes regionales y locales.
No obstante, la contaminación atmosférica sigue siendo un motivo de preocupación, sobre todo, en nuestras grandes ciudades.
Recientemente, la Agencia Europea de Medio Ambiente ha constatado en un informe que España es el único país de toda la Unión Europea que excedió los límites legales en la emisión de tres de los cuatro contaminantes de los permitidos, según
datos del año 2010.
Este incumplimiento, como se ha señalado desde la propia Agencia Europea del Medio Ambiente, obligará a España a endurecer la ley en los próximos años y ampliar el número de contaminantes controlados antes de 2020.
No obstante, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció recientemente en sede parlamentaria su intención de revisar el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire y la Ley 34/2007 hacia 'objetivos realistas' lo que
no parece coherente con esa dirección apuntada desde las instituciones europeas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración y, en su caso, coordinación con las Comunidades Autónomas y los Entes locales, multiplique los esfuerzos necesarios para garantizar el cumplimiento de los niveles de
calidad del aire establecidos en la Ley 34/2007 y el resto de normativa aplicable en esta materia, incluido el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.-Leire Pajín Iraola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
asistencia sanitaria a pacientes residentes en zonas limítrofes, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Históricamente pacientes residentes en zonas limítrofes de una comunidad autónoma han sido atendidos -asistencia sanitaria no urgente- por los servicios sanitarios de otra comunidad autónoma debido a las dificultades geográficas que para
dichos pacientes supone el acceso a centros sanitarios especializados de su propia Comunidad Autónoma y a la cercanía a servicios sanitarios de otra.
Así pacientes residentes en el País Vasco y en Navarra en zonas limítrofes con La Rioja han recibido asis
tencia sanitaria en centros sanitarios de Logroño, que dista escasos kilómetros de su localidad de residencia; a su vez, Osakidetza presta atención sanitaria a ciudadanos de Navarra, Cantabria, La Rioja y Castilla-León. Esta colaboración
ha sido pauta general entre todas las Comunidades limítrofes.
Existe un pacto tácito en este sentido entre las Comunidades Autónomas concernidas. Este pacto, inspirado en el principio de igualdad de los españoles en el acceso a los servicios sanitarios, refleja la concepción integral de nuestro
sistema sanitario (artículo 4 de la Ley General de Sanidad). La gestión de la asistencia sanitaria corresponde a las Comunidades Autónomas pero éstas deben actuar bajo los principios de coordinación y cooperación entre ellas y teniendo en cuenta el
principio de lealtad institucional. En definitiva, toda nuestra legislación sanitaria y la estructuración del Sistema Nacional de Salud se guía por un objetivo último: prestar a los ciudadanos una asistencia sanitaria efectiva y de calidad.
El pasado mes de septiembre, el Gobierno de La Rioja decidió unilateralmente rechazar las derivaciones de pacientes residentes en La Rioja alavesa, sin comunicarlo ni a los pacientes ni a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma
Vasca. Lo mismo ocurrió con pacientes residentes en el municipio navarro de Viana.
A partir de entonces, a instancias del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, se mantuvieron conversaciones entre ambas administraciones para solucionar el conflicto y restablecer la asistencia sanitaria prestada hasta
entonces.
Por su parte a principios de diciembre el Ministerio de Sanidad requirió a la Consejería de Salud y Servicios Sociales de La Rioja que anulara las Instrucciones dadas a los centros de su servicio de salud para que dejaran de prestar
asistencia sanitaria especializada a pacientes residentes en otra comunidad autónoma.
Finalmente el 7 de diciembre se firmó un Acuerdo Transitorio entre los Consejeros de Salud de La Rioja y del País Vasco en virtud del cual La Rioja se compromete a seguir prestando la asistencia sanitaria, se acuerda realizar una
contabilización de la atención sanitaria que se intercambian ambas comunidades, con el fin de establecerse un mecanismo de compensación económica si no hubiera equilibrio asistencial. Asimismo el Acuerdo permite a cualquiera de las partes someter
el asunto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud si se considera que se debe alcanzar una solución de carácter nacional. Este Acuerdo rige hasta el 29 de febrero de 2012, pudiendo ser prorrogado por periodos de un mes.
Un acuerdo similar se suscribió el 8 de diciembre entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Teniendo en cuenta que, como se ha citado anteriormente, la situación de asistencia especializada no urgente de pacientes residentes en zonas limítrofes derivados de una Comunidad Autónoma a otra por razones de una mayor cercanía se produce
con carácter general entre comunidades, es necesario que la solución definitiva de esta situación: a) sea aplicable en un ámbito general para todo el Estado; b) se adopte en un ámbito de mayor alcance que el intercomunitario; c) adquiera una
formalidad que le proporcione estabilidad y seguridad jurídica plena, y d), es necesario, además, que la solución cuente con la garantía del Estado, al que corresponde constitucionalmente (art. 149.1.16.ª) las bases y la coordinación general de la
sanidad.
En este sentido, el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las Comunidades Autónomas, tiene experiencia en la gestión de un sistema de información que registra los procesos de derivación y prestación de asistencia sanitaria entre
comunidades cuando concurren las causas -ausencia de recursos o servicios sanitarios en una Comunidad Autónoma, atención en centros y servicios de referencia, asistencia sanitaria derivada de usos tutelados- que dan lugar a la compensación con cargo
al Fondo de Cohesión Sanitaria.
Esta experiencia debe utilizarse para solucionar con carácter permanente la situación descrita de derivaciones de pacientes entre comunidades cuando concurren otras razones diferentes a las que debe cubrir el Fondo de Cohesión Sanitaria,
como son las de proximidad o cercanía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte todas las iniciativas políticas y medidas administrativas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y a recibir la asistencia
sanitaria adecuada, de tal manera que los ciudadanos residentes en zonas que, por razones geográficas, tienen dificultad de acceso a los centros sanitarios especializados de su Comunidad Autónoma sean atendidos por los servicios sanitarios de la
Comunidad Autónoma limítrofe, en virtud del deber de colaboración entre ellas.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que:
2.1 Articule un sistema de registro y validación de los procesos de derivación y prestación de la asistencia sanitaria entre las Comunidades Autónomas, que posibilite la compensación intercomunitaria, estableciendo un sistema contable
normalizado de compensación económica entre ellas por los gastos originados por dichas asistencias.
2.2 Recomiende y favorezca que las comunidades que tengan suscritos acuerdos de colaboración sanitarios transitorios prorroguen los mismos, hasta que se implante efectivamente el sistema de compensación de gastos intercomunitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Ramón Jáuregui Atondo y José Martínez Olmos, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la utilización de niños
y niñas soldado en conflictos armados, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Al menos 15 países siguen reclutando niños y niñas soldados para participar en los conflictos armados. Niños que se ven sometidos a situaciones extremas y que son utilizados como instrumentos para cometer atrocidades, que sufren malos
tratos, violaciones o se convierten en testigos de asesinatos.
Sirva como ejemplo casos como el de Somalia en el que, según fuentes militares, en 2010 Al-Shabaad raptó a 2000 niños para impartirles adiestramiento militar en diferentes campamentos de Somalia meridional.
La participación en un conflicto armado supone que estos menores sean considerados como culpables y no como víctimas. Siendo capturados y arrestados desoyendo cualquier norma jurídica internacional.
Por todo ello, el Grupo Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir dentro de la agenda política de Cooperación Internacional la Utilización de Niños y Niñas Soldado como una cuestión prioritaria contra la que se ha de luchar, promoviendo tratados y
acuerdos que aborden esta cuestión en su prevención, puesto que es una práctica que constituye una grave violación de los derechos humanos, y estableciendo programas en la rehabilitación y reintegración de los menores que han sido víctimas del
reclutamiento para conflictos armados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/000262
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa a la protección del patrimonio histórico-artístico frente al expolio y la exportación ilegal, sea tramitada en la Comisión de Interior en lugar de en la Comisión de Cultura.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar a la Comisión de Interior, comunicando este acuerdo a la Comisión de Cultura, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia se publicó en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 43, de 27 de febrero de 2012.
161/000292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, para su debate en
la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En los últimos años los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han demo
cratizado y amplificado el acceso a la información y a la cultura. Esa revolución digital ha provocado que el modelo de industria clásico en los mundos editorial, audiovisual y musical entre en una crisis irreversible por su obsolescencia,
al facilitarse el contacto directo entre el creador y el consumidor de su obra sin necesidad de una red de distribución.
Por ello, hace falta una fórmula que permita conciliar las legítimos derechos de los creadores y el igualmente legítimo derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura, y todo ello sin perjudicar el interés general de desarrollar plenamente
la sociedad de la información. Precisamente en esta sociedad del conocimiento existen ya alternativas tecnológicas que garantizan la protección de los derechos de autor y que deberían contribuir a resolver el problema generado en torno a la
compensación por copia privada.
Se ha demostrado que un canon indiscriminado, y además gestionado por entidades privadas orientadas a obtener el máximo beneficio y sin la necesaria transparencia, no ha sido la fórmula más adecuada para resolver la cuestión. En la
disposición adicional décima del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, se concreta la supresión de la actual compensación equitativa por copia privada, prevista en la Ley de Propiedad Intelectual, conocida popularmente como canon digital y
declarada ilegal por el TJUE en octubre de 2010 con la sentencia del caso Padawan (cuestión prejudicial con Asunto C-467/08). Asimismo se prevé un procedimiento de pago con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a costa de reducir las
subvenciones destinadas a industrias culturales, con una cuantía y condiciones aún por determinar.
Esta nueva configuración legal podría no adaptarse plenamente a la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información,
ya que se seguiría compensando inadecuadamente las copias privadas, alejándose de la finalidad perseguida con el artículo 5.2.b) de dicha directiva.
Además genera dudas sobre qué tipo de copias quedarán afectadas por la compensación, cuál será la cuantía y cuál será el modelo de gestión. Después de los escándalos de la SGAE en el que se mostró el desvío de cantidades ingentes de fondos
para el lucro personal de una cantidad reducida de autores, se evidenció la necesidad de cambiar hacia un modelo en el que los derechos de autor tengan un reparto público, democrático, equitativo y transparente.
Por tanto, resulta imprescindible abordar sin más demora una profunda reforma del modelo vigente de propiedad intelectual, que elimine el actual oligopolio de facto, que ha derivado en problemas de opacidad e incluso en presuntos delitos que
se encuentran en estos momentos bajo investigación judicial. A nuestro juicio, la alternativa pasa por la gestión pública de los derechos de autor, el reconocimiento de las alternativas al 'copyright' tradicional y la búsqueda, mediante el diálogo
entre todas las partes implicadas, de una fórmula que permita, de forma definitiva, atender la compensación equitativa por copia privada.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, elaborado con la participación de todas las partes implicadas -creadores, consumidores,
industrias culturales...- que incluya las siguientes premisas:
a) La creación de una o varias entidades públicas de gestión de los derechos de autor, que actúen con la máxima transparencia y sometidas al control y fiscalización por parte de los autores y autoras, creadores y asociaciones culturales de
todos los ámbitos de la cultura.
b) El acuerdo entre las partes en torno a una regulación que, respetando plenamente la sentencia del TJUE y la Directiva 2001/29/CE, permita de forma definitiva atender la compensación equitativa por copia privada, no a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado, sino explorando otras fórmulas.
c) El destino de una parte de los citados ingresos a la promoción de la cultura y el fomento de proyectos emergentes, garantizando el retorno de estas inversiones a toda la sociedad.
d) El reconocimiento de las alternativas al 'copyright' tradicional, como las licencias Creative Commons, dejando en manos del autor sobre qué derechos quiere licenciar su obra o si renuncia a los mismos, asegurando que no se pague
compensación alguna por la copia de obras que se encuentran en el dominio público, sujetas a licencias libres que autorizan la copia o realizadas con la autorización de los titulares de derechos en el ejercicio de su derecho exclusivo de
reproducción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-José Luis Centella Gómez, Chesús Yuste Cabello y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputa
dos, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En 1513, el explorador español Vasco Núñez de Balboa llegó, desde tierras panameñas, al océano Pacífico, en un hecho que se conoció como el descubrimiento de la Mar del Sur.
Núñez de Balboa es, sin duda, uno de los hijos de Extremadura y de España de más relevancia internacional. Nacido en Jerez de los Caballeros (Badajoz) en 1475, su labor permanece viva hasta hoy. Panamá, que da a su moneda nacional el
nombre -precisamente- de Balboa, considera este acontecimiento histórico con gran relevancia y se dispone a hacer una gran celebración.
La llegada de los españoles al Pacífico tuvo -y tiene- trascendencia universal y consecuencias de una inmensa magnitud, que afectaron a Europa, a América, a Oceanía, a Asia.
Al estar cerca los 500 años del descubrimiento del océano Pacífico y por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Conmemorar el V Centenario de la llegada del español Núñez de Balboa al océano Pacífico.
2. Divulgar y promover la celebración de actividades por parte de las instituciones culturales y educativas de la Administración General del Estado -o dependientes de ella.
3. Colaborar con las Comunidades Autónomas y, muy en especial con Extremadura; con las Universidades y asociaciones académicas que estén vinculadas en sus trabajos con las áreas geográficas concernidas; y con otras entidades nacionales e
internacionales.
4. Realizar todo ello en el marco de los presupuestos ordinarios de cada una de las instituciones, sin que haya aumento de gasto de ningún tipo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
evento conocido como 'Capital Europea de la Cultura' a celebrar en 2016, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En la comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para exponer las líneas generales de la política cultural a desarrollar por el Departamento, no ha citado por su
parte, en ningún momento, el evento de la Capitalidad Europea de la Cultura que tendrá lugar en España en 2016, ni el papel del Ministerio en ese encuentro cultural internacional que se celebrará en San Sebastián, tras la designación del Jurado
Internacional el pasado junio de 2011.
Es conocido que esta importante iniciativa, promovida a modo de concurso por la Unión Europea, el Consejo de Europa y el Comité de Regiones, ha contado con una gran concurrencia de ciudades españolas. Entre ellas y tras las dos fases, ha
sido San Sebastián la ciudad seleccionada por el Jurado y elegida con un proyecto que se centra en 'La Cultura para la Convivencia'.
Lo cierto es que la preparación y concreción de ese acontecimiento cultural, que en el caso de San Sebastián conlleva una fuerte dimensión de participación ciudadana y de los colectivos culturales para exponer cómo la cultura puede favorecer
y ponerse al servicio de la convivencia, se tiene que desarrollar en el período 2012-2015. Y sin duda va a requerir el apoyo explícito y una aportación razonable de recursos instrumentales, económicos y artísticos por parte del Ministerio.
Creemos que la celebración de la Capitalidad Europea de la Cultura va a permitir fórmulas novedosas de colaboración y de compromisos compartidos entre el Gobierno de España, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipúzkoa y, en especial,
el Ayuntamiento de San Sebastián. Por tanto, confiamos que de este olvido, o no mención por parte del Sr. Ministro, no puedan derivarse conclusiones negativas para San Sebastián como Capital Europea de la Cultura en 2016.
Las instituciones del País Vasco ya han remitido una invitación formal al Ministerio a participar en los trabajos del Comité Inter-institucional para la preparación de un proyecto cultural de proyección internacional que ha de tener
repercusiones positivas para todas las partes concernidas.
Por todo ello y con el ánimo de aclarar la situación creada ante la omisión de cualquier referencia en la comparecencia del Ministro, se presenta esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar con la ciudad de San Sebastián en la cele
bración del evento denominado por las instancias europeas como 'Capital Europea de la Cultura' a lo largo del año 2016 y, en el marco de un Convenio a suscribir con las demás instituciones implicadas se formalice:
1. La participación del Ministerio de Cultura en la Comisión Ínter-institucional junto al Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián.
2. La aportación a 'San Sebastián 2016' de ayuda económica para la preparación y desarrollo del evento cultural internacional.
3. La puesta a disposición del Proyecto 'La Cultura para la Convivencia' de la red de instalaciones en Europa del Instituto Cervantes así como una oferta de colaboración de entidades culturales vinculadas al Ministerio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la
Comisión de Cultura, una Proposición no de Ley relativa al mantenimiento de las ayudas para las publicaciones periódicas en catalán y demás lenguas del Estado para la difusión de las revistas culturales.
Antecedentes
Las publicaciones periódicas y más concretamente las revistas tradicionalmente han constituido un medio importante para la transmisión y difusión cultural. Al mismo tiempo, a lo largo de nuestra historia han sido un instrumento eficaz para
recoger en sus páginas radiografías de una época concreta, así, a menudo, repasando en las hemerotecas estas revistas podemos revivir un determinado momento de nuestra sociedad o de la vida política de un país.
Pero no solo esto, si no que detrás de las revistas culturales ha habido siempre unos oficios, profesionales y tecnologías que en definitiva han conformado la industria editorial que ha impulsado estas publicaciones periódicas. También
muchas personalidades de todos los tiempos han dejado huella en estas revistas, dotándolas de un valor añadido característico y en muchos casos de personalidad propia, convirtiéndolas así en auténticos referentes para un determinado momento
histórico o sector de conocimiento y pensamiento.
Por otra parte, en el caso de Catalunya las revistas culturales en catalán han contribuido de forma fundamental en la revitalización, mantenimiento y normalización de nuestra lengua. Lo mismo ha sucedido mediante las revistas de otros
territorios del Estado con lengua propia distinta al castellano por lo que la función de especial interés que han desarrollado estas revistas en el campo de las lenguas debe ser tenida muy en cuenta y en determinados casos apoyada desde las
Administraciones competentes.
En estos momentos las revistas culturales gozan de una notable vitalidad, el número de publicaciones periódicas de este tipo es destacable pero los retos que deben afrontar también son enormes: por una parte, los constantes cambios
tecnológicos les exigen adaptarse continuamente -con lo que ello comporta en inversiones o costes- y, además, deben abrirse a nuevos mercados, internacionalizarse, lo que en muchos casos es complejo sobre todo por las dimensiones relativamente
reducidas en su estructura interna de funcionamiento. No obstante, todos estos retos pueden constituir una oportunidad si estas publicaciones son capaces de adaptarse con rapidez y eficacia a los nuevos tiempos y mercados.
Pero en estas circunstancias, los editores de revistas culturales están debatiendo sobre el futuro de sus proyectos ante la situación creada por la ausencia de sus publicaciones en las bibliotecas públicas. Así, a finales del año pasado
desde la Subdirección de promoción del Libro se dirigió a los editores de revistas culturales beneficiarios de subvención, una comunicación poniendo en cuestión la continuidad del sistema de compra de suscripciones a través de una subvención anual
-como se venía haciendo desde hacía años-, por cuanto algunos equipos técnicos de la Administración ponían en duda ese sistema dentro del marco de la Ley General de Subvenciones.
Ahora bien, desde Convergència i Unió consideramos necesario mantener el apoyo de la Administración a las revistas culturales en catalán y demás lenguas del Estado asegurando su permanencia en las bibliotecas públicas por tratarse de un
mecanismo fundamental en la difusión de estas publicaciones periódicas en lengua catalana.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener las subvenciones para las publicaciones periódicas en catalán y en las distintas lenguas del Esta
do, teniendo en cuenta la relevante función cultural que desarrollan estas revistas desde hace años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Igualdad
161/000315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
actuaciones por la igualdad salarial entre mujeres y hombres, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
A lo largo de la pasada legislatura hemos tenido ocasión de debatir en . la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, diversas cuestiones e iniciativas parlamentarias relacionadas con la brecha salarial entre hombres y mujeres, y
las medidas puestas en marcha desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
La igualdad salarial resulta crucial en las políticas de igualdad, dado que -como resalta un reciente estudio- lo abarca todo en esta política: segregación de espacios, reparto del tiempo, valor asignado al trabajo e identidades de género.
Y también porque la superación de la brecha salarial entre mujeres y hombres está directamente condicionada por las políticas económicas, productivas, de empleo, educativas y sociales en las que estas se insertan. Y en tiempos de crisis económica y
financiera como la que vivimos, en mayor medida además, porque un gran porcentaje de mujeres se encuentra entre los segmentos más vulnerables de nuestras sociedades.
La presente iniciativa se inscribe en el marco de las acciones a poner en marcha con motivo de la conmemoración del día 22 de febrero como 'Día Internacional por la Igualdad Salarial', iniciativa a la que se adhirió el Gobierno de España
mediante acuerdo de Consejo de Ministros adoptado el 26 febrero de 2010. Trabajar por este objetivo es también una forma de visibilizar y priorizar políticas activas en esta materia, especialmente en el marco de la negociación y de los convenios
colectivos y en todas aquellas actuaciones que se refieren a políticas de servicios públicos, acceso al empleo, salarios, condiciones de trabajo, progresión en la carrera y formación profesional de las mujeres. Con motivo de esta primera
conmemoración, los agentes sociales implicados difundieron el siguiente dato ejemplificador de que 'una mujer necesita trabajar por término medio 418 días para ganar lo mismo que un hombre en 365 días', reflejándose de este modo la desigualdad
salarial existente.
Junto a otras medidas, la Comisión de Igualdad se hacía eco en la pasada legislatura también de la importancia del acuerdo suscrito por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Igualdad, de fecha 22 de septiembre de 2009,
para articular las correspondientes actuaciones de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, en cuestiones clave como la discriminación en el acceso al empleo, en la relación laboral (ingresos salariales, promoción), en la aplicación de los
Planes de Igualdad, los derechos sobre conciliación de la vida familiar y laboral y la discriminación en la negociación colectiva.
Lo cierto es que, a pesar de las profundas transformaciones que ha registrado la sociedad española y la creciente incorporación de las mujeres a la formación y al mercado laboral, todavía persisten grandes diferencias en las condiciones de
trabajo de muchas mujeres. Según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2008, la ganancia media anual femenina supone el 78,1 % de la masculina. Los ingresos del 8,1 % de las mujeres son
menores o iguales que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), frente al 2,9 % de los hombres. El 20,6 % de los hombres perciben salarios cinco veces superiores al SMI, frente al 12,1 % de las mujeres. En relación con la jornada laboral se
destaca que, siendo el salario medio anual de la jornada completa más de dos veces superior al de la jornada parcial, el 80 % de este tipo de jornada es desempeñado por mujeres; en este sentido, tan solo algo más de un tercio de mujeres trabajan a
tiempo completo. La decisión de congelar el salario mínimo como resultado de las medidas de ajuste fiscal adoptadas por el Gobierno perjudicará, como se desprende de estos datos, fundamentalmente a las mujeres.
Por lo que se refiere a la maternidad, y en atención a los datos de Eurostat con motivo del Día Internacional de la Mujer, se evidencia que las tasas de empleo femenino entre 25 y 54 años en la UE-27 son menores a mayor número de hijos:
75,8 % las que no tiene hijos (68,4 % en España), 71,3 % con un hijo (63,2 en España), 69,2 % con dos hijos (60,3 % en España), 54,7 % con tres o más hijos (49 % en España).
Y ahora que las tasas de desempleo se han igualado prácticamente (22,46 %, varones, frente al 23,32 de las mujeres -EPA, 4.o tr. 2011-, es cierto que el desempleo está afectando en mayor medida a los hombres debido principalmente a la caída
del sector de la construcción), las expectativas de las mujeres en su vida y carrera laboral se verán radicalmente frustradas tras la reforma laboral aprobada recientemente por el Gobier
no. Y ello es debido a la profunda quiebra que introduce esta reforma en la negociación colectiva y en la desregularización del mercado del trabajo, lo que, sin duda, además de abaratar el despido, incidirá muy negativamente en las
condiciones de trabajo de mujeres y hombres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Adhiriéndose a los objetivos y campañas en torno al 'Día Internacional por la Igualdad Salarial', insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
- Generalizar la aprobación y aplicación de los planes de igualdad para empresas e instituciones previstos en la Ley Orgánica 312007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, estableciendo la reducción de la brecha
salarial como primer objetivo de dichos planes. Para acceder a los incentivos y bonificaciones en la contratación, así como a cualquier ayuda pública, se requerirá por parte de las empresas y entidades beneficiarias, la puesta en marcha de dichos
Planes de Igualdad y el cumplimiento de las correspondientes medidas al respecto.
- Con motivo del nuevo Plan de Igualdad, priorizar las medidas encaminadas a la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, generalizando los programas de educación desde 0 a 3 años; extendiendo los servicios de dependencia y ampliando el
permiso de paternidad.
- Actuar contra la segregación horizontal en las empresas mediante la revisión de las clasificaciones o categorías profesionales y de los complementos salariales aplicables, para evitar que sean discriminatorios respecto al sexo.
- Actuar contra la segregación vertical estableciendo un sistema de cuotas obligatorias en los Consejos de administración de las grandes empresas, a través de un Plan a ocho años con el objeto de lograr una representación equilibrada de
ambos géneros.
- Incentivar la valoración de la igualdad de género por las normas ISO de calidad empresarial y en la evaluación de los estándares de responsabilidad social corporativa de las empresas.
- Priorizar la iniciativa emprendedora en las mujeres, mediante programas de formación en el autoempleo, la asesoría en fórmulas empresariales y el establecimiento de facilidades para la gestión y el desarrollo de cooperativas o entidades de
la economía social.
2. A presentar anualmente un Informe, con motivo de la citada conmemoración del 'Día Internacional por la Igualdad Salarial', para dar cuenta de la ejecución y evaluación de las medidas adoptadas, facilitando estadísticas salariales
desagregadas por sexo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Carmen Montón Giménez, Diputada. Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la señalización de las
carreteras de la Red viaria española, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El objetivo que debe perseguir la señalización vial es que el tránsito de vehículos por las carreteras y zonas urbanas se realice en las mejores condiciones de seguridad.
Atendiendo a sus indicaciones, el conductor debe tener conocimiento del estado de la vía y de las circunstancias que puedan concurrir en la misma, así como obtener la información que precise de los datos que puedan ser relevantes para la
adopción de decisiones en una conducción adecuada.
El conocimiento de la situación de las estaciones de servicio instaladas a lo largo del trayecto ayuda a planificar las paradas necesarias para repostar combustible, evitando sucesos que pueden resultar contrarios a la necesaria seguridad en
la circulación. Que el vehículo se quede sin combustible cuando está realizando una maniobra peligrosa o el riesgo sobrevenido al tener que estacionarlo apresuradamente, invadiendo parte de la calzada y entorpeciendo la circulación, puede poner en
peligro la integridad física de conductores y acompañantes, originar averías mecánicas y suponer una cuantiosa sanción económica.
Por ello, se hace necesario que la señalización de las estaciones de servicio en las carreteras interurbanas, convencionales o de alta capacidad, incluya la información necesaria para que el conductor pueda planificar con certeza las paradas
de repostaje a lo largo de su itinerario. La distancia desde la salida o 'divergencia' de la vía por la que circula hasta la gasolinera más próxima, su horario de apertura, la distancia hasta la siguien
te estación de servicio y la población en que se ubica, son informaciones relevantes.
No es inusual en nuestras carreteras que quienes recorren un trayecto que no conocen al detalle, se vean sorprendidos al comprobar que la estación de servicio que se anuncia mediante un cartel instalado al borde de la calzada, se encuentra,
en realidad, en una población situada a varios kilómetros de distancia; o que tras haber optado por continuar hasta la siguiente gasolinera, confiando en su reserva de combustible, se encuentren con que se halla a más distancia de la esperada,
quedando expuestos a no llegar.
Además, facilitar al conductor la posibilidad de hacer la mejor elección en el momento de efectuar su demanda de combustible, ofreciéndole el conocimiento del precio que ofertan las estaciones de servicio que encontrará próximamente en su
recorrido, no sólo será beneficioso para su economía familiar, sino que también contribuirá al incremento de la competencia real en el mercado de hidrocarburos, lo que adquiere el mayor interés en momentos de crisis, como los que vivimos, en los que
se producen fluctuaciones, generalmente al alza, del precio de las gasolinas.
Por ello, solicitamos una mejora de la calidad de la señalización que recoja los argumentos expuestos y para la que además no se precisa modificación legal alguna, sino simplemente que se cumpla la que está en vigor.
En efecto, así lo prevé el artículo 7 del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprobaron medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos; y más específicamente,
el Real Decre- to-ley 248/2001, de 9 de marzo, que en lo relativo a los carteles informativos en autopistas de peaje dice: 'Será obligatoria la colocación de carteles informativos en los que se indique, en todo caso, la distancia a las estaciones
de suministro de carburantes ubicadas en, al menos, las dos áreas de servicio más próximas, así como el tipo, precio y marca de los carburantes y combustibles petrolíferos ofrecidos en aquellas'.
Además, 'será responsabilidad del concesionario de la autopista donde se ubiquen los carteles, la instalación, conservación y mantenimiento de los mismos, así como la actualización de su información, operaciones que, en todo caso, se harán
sin riesgo alguno para la seguridad vial. A tal fin, los titulares de estaciones de servicio deberán facilitar al concesionario una información veraz y precisa de las variaciones de los precios que se produzcan'.
Respecto a los carteles informativos en las carreteras estatales, el Real Decreto 248/2001, dice: 'en las proximidades de las estaciones de servicio, será obligatoria la colocación de carteles informativos en los que se indique, en todo
caso, la distancia a las dos estaciones de servicio más próximas en el sentido de la marcha, sitas en la misma carretera, así como el tipo, precio y marca de los carburantes y combustibles petrolíferos ofrecidos en aquellas'.
Asimismo 'el titular de la estación de servicio donde se ubique el cartel será responsable de la instalación, conservación y mantenimiento de dichos carteles, así como la actualización de su información, operaciones que, en todo caso, se
harán sin riesgo alguno para la seguridad vial. A este fin, los titulares de las estaciones de servicio cuya información se incluya en el cartel estarán obligados a facilitar al titular de la estación de servicio donde se ubique dicho cartel una
información veraz y precisa de las variaciones de los precios que se produzcan'.
Sin embargo, y a pesar de su claridad, la normativa sólo se cumple en algunas de las autopistas de peaje.
Por todo ello, el Grupo Popular propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Incluir en el equipamiento vial de todas las carreteras españolas de titularidad estatal la información precisa para que los conductores puedan conocer la distancia que les separa de las dos estaciones de servicio más próximas en
el sentido de la marcha; su ubicación real, en población o vía de servicio, el tipo, precio y marca del combustible ofrecido en cada una de ellas y sus horarios de servicio.
Segundo. Facilitar, a través de los correspondientes órganos de coordinación administrativa, la extensión de esa información con criterio unificado, en lo referido al modelo de señalización, a las carreteras gestionadas por otras
administraciones autonómicas o provinciales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000131
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Está dispuesto el Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con la iglesia católica a fin de revisar y modificar los privilegios que conserva en base a los acuerdos internacionales firmados con la Santa Sede en 1976 y 1979?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Interior
181/000119
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Antonio Trevín Lombán
Texto:
¿Tiene previsto su Ministerio articular medidas para compensar a particulares y Ayuntamientos por las pérdidas económicas que están suponiéndoles las actuales inundaciones de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
Comisión de Defensa
181/000112
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Jordi Xuclà i Costa
Texto:
Al Secretario de Estado de Defensa:
¿Cuál es la relación de bienes inmuebles del Estado en Catalunya que han dejado de tener interés para la Defensa y son objeto de enajenación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
Comisión de Fomento
181/000105
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Xuclà i Costa
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Mantiene el Gobierno el compromiso de la puesta en funcionamiento del servicio de la línea de AVE Barcelona-Girona-Figueres para el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
181/000106
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Xuclà i Costa
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Mantiene el Gobierno el compromiso del desdoblamiento completo durante la presente legislatura de la carretera N-II por todo el recorrido por la demarcación de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
181/000107
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Xuclà i Costa
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Tiene previsto el Gobierno la adjudicación definitiva de las obras de desdoblamiento de la N-II entre Caldes de Malavella y Sils (Girona) en el primer semestre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
181/000108
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Xuclà i Costa
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Es voluntad del Gobierno proceder a la adjudicación de las obras de desdoblamiento de la N-II entre Sils y Maçanet de la Selva (Girona) durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
181/000109
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Xuclà i Costa
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Es voluntad del Gobierno proceder a la adjudicación de las obras de desdoblamiento de la N-II Maçanet de la Selva y Tordera (Girona) durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
181/000110
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Xuclà i Costa
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Cuál es el calendario que contempla el Gobierno para proceder al soterramiento de la línea de tren convencional a su paso por la ciudad de Girona una vez finalizadas las obras de la línea de Alta Velocidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
181/000111
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Xuclà i Costa
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Es voluntad del Gobierno proceder a la ejecución de las obras de la variante de Olot (Girona) de la N-260 durante la presente legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
181/000113
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Tiene el Gobierno un plan de moratoria para algunas infraestructuras aprobadas por el Gobierno anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/000115
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Conoce el gobierno las alegaciones presentadas por el BNG en agosto de 2010 al proyecto de construcción: 'ampliación de la capacidad de la autopista AP-9, tramo: enlace de Cangas-Enlace Teis' , o lo que es lo mismo, ampliación del puente
de Rande y cuál es su posición al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/000116
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿En qué estado de desarrollo se encuentra el Real Decreto 1733/2011, que establece criterios para la ampliación de la capacidad de diferentes tramos de la autopista AP-9 y cuál es su posición al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/000127
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillem García Gasulla
Texto:
¿Qué medidas urgentes tomará el Ministerio de Fomento para recuperar, mejorar y garantizar la conectividad diaria de las islas de Eivissa y Menorca con Madrid y Barcelona, con el claro propósito de dar cumplida cuenta de los preceptos
constitucionales (Preámbulo, artículos 2, 14, 138 y 139 de la Constitución)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Guillem García Gasulla, Diputado.
181/000128
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Por qué motivos el Gobierno no puso en marcha en los servicios de cercanías de Renfe de Madrid un dispositivo especial, con refuerzo de trenes y otras medidas alternativas, ante el más que previsible incremento de viajeros por la
manifestación convocada el domingo día 19 contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000129
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Va a seguir el Gobierno la política de no reforzar los servicios de cercanías de Madrid ante cualquier otro acontecimiento deportivo, cultural o social que se celebre en la ciudad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/000130
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿ Qué responsabilidades va a exigir el Gobierno a la actual dirección de Renfe por haber puesto en peligro la seguridad de los viajeros y de los trabajadores en el servicio de Cercanías de Madrid, al no haber previsto un servicio reforzado
para atender la afluencia de viajeros motivada por la manifestación convocada contra la reforma laboral el pasado día 19 de febrero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
Comisión de Educación y Deporte
181/000132
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Va su Ministerio a convalidar la titulación del plan viejo de Derecho, afectado por la entrada en vigor de la Ley 34/2006 con el nuevo título de posgrado de Derecho, de modo que los licenciados afectados puedan colegiarse para ejercer su
función?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000104
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Conoce el Gobierno las protestas de la flota que pesca merluza en el caladero del Cantábrico-Noroeste y barcos de artes menores, que les han llevado a amarrar sus barcos debido a que se sienten estrangulados por una serie de normas
burocráticas que les están dificultando el desarrollo normal de sus trabajos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/000114
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Qué piensa hacer el Gobierno para recuperar la gestión integral de los Parques Nacionales repartidos entre varias Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/000117
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Está en las previsiones del Gobierno la retirada del Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto el 20 de abril de 2009, contra la Disposición adicional segunda de la Ley de la CC.AA. de Galicia, 18/2008, de 29 de diciembre, de Vivienda,
que trataba de solucionar el problema de inseguridad jurídica de núcleos de población de Marín, Ribeira y Pobra do Caramiñal, entre otros, debido a la aplicación de Ley de Costas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/000120
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Antonio Trevín Lombán
Texto:
¿Tiene previsto su Ministerio acometer actuaciones de restauración de infraestructuras y cauces en los ríos asturianos afectados por las actuales inundaciones? ¿Cuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
Comisión de Cultura
181/000121
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Antonio Hurtado Zurera
Texto:
¿Qué planes tiene el Gobierno para la ejecución del Museo de Bellas Artes de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.
181/000122
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Antonio Hurtado Zurera
Texto:
¿Qué planes tiene el Gobierno para la ejecución del Proyecto de la Biblioteca Provincial de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.
Comisión de Igualdad
181/000123
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuáles son las acciones que el Gobierno tiene programadas para las mujeres que viven en el medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000124
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Políticas Integradas de la Discapacidad
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Qué acciones tiene pensado poner en marcha el Gobierno en materia de violencia de género en mujeres con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000125
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Políticas Integradas de la Discapacidad
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál será el impacto del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral en la personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000126
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Políticas Integradas de la Discapacidad
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
En la anterior legislatura se aprobó la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos, conjuntamente entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de
las personas con discapacidad a los espacios y actividades culturales.
Esta Estrategia establece diez objetivos estratégicos dirigidos a las personas con discapacidad en dos sentidos: el acceso al uso y disfrute de la cultura pero también al ejercicio de la creación artística.
¿Cómo tiene pensado el Gobierno desarrollar esta Estrategia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000023
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1046/1999, planteado por 89 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra los artículos 2.2, 15.1 y 3.4.a, 17.2.c) y d), 24.2.b) y c), 39,
40, 43.2.f), 44.1.1.o a), 48, 51, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 81.1, 2 y 3, y Disposiciones transitorias cuarta, quinta 2, sexta y séptima, de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José
Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1046/1999, planteado por 89 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra los arts. 2.2, 15.1 y 3.4.a, 17.2.c) y d), 24.2.b) y c), 39, 40, 43.2.f), 44.1.1.° a), 48, 51, 53,
58, 60, 61, 62, 63, 64, 81.1, 2 y 3, y Disposiciones transitorias cuarta, quinta 2, sexta y séptima, de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias. Ha intervenido el Abogado del
Estado, en representación del Gobierno de la Nación. Ha sido ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 1046/1999, interpuesto por 89 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y, en su consecuencia:
1. Declarar que la expresión 'conviva con el contribuyente y' de la letra b) del número 1.o del artículo 40.3 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, es
inconstitucional.
2. Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 15 de febrero de 2012.
233/000011
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por dicho Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5394/2006, planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arenys de Mar, respecto del artículo 43.1 de la Ley del Parlamento de
Cataluña 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia, por supuesta vulneración del artículo 149.1.6.° CE.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José
Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5394/2006, planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Arenys de Mar, respecto del artícu- lo 43.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, del
Código de Familia, por supuesta vulneración del artículo 143.1.6.° CE. Han intervenido el Abogado del Estado, el Abogado de la Generalitat de Cataluña y el Letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que cada uno ostenta, así
como el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en su virtud, declarar inconstitucional y nulo el artículo 43.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 16 de febrero de 2012.