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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 37, de 17/02/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
17 de febrero de 2012
Núm. 37
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Personal
299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramientos ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
161/000243 relativa a la mejora del sector de frutas y hortalizas. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ... (Página3)
162/000170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la figura de la dación en pago ... (Página4)
162/000172 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad ... (Página5)
162/000173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la construcción de un Centro de Inserción Social en el municipio de Leioa ... (Página5)
162/000174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos ...
162/000175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a asumir un papel protagonista en la solución pacífica del problema del Sahara Occidental ...
162/000176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre supresión de las subvenciones nominativas ... (Página9)
162/000177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas ... (Página10)
162/000178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre II Plan de Derechos Humanos ... (Página11)
162/000179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Sentencia 178/2011, de 8 de noviembre de 2011, del Tribunal Constitucional,
relativa a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general del área de servicios sociales, familias y discapacidad ... (Página12)
162/000180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a la aprobación de un Plan de choque para la creación de empleo ... (Página12)
162/000181 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a la desclasificación de todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas,
en poder del Estado, que tuvieron lugar durante la tarde y noche del 23 y mañana del 24 de febrero de 1981, durante el golpe de Estado del 23-F ... (Página13)
162/000182 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un Plan General de Marca España ... (Página14)
162/000183 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la seguridad de los menores en las redes sociales en Internet ... (Página15)
162/000184 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones urgentes para proteger al pueblo sirio ... (Página16)
162/000185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la cadena alimentaria ... (Página17)
162/000186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la regulación de recurso de casación ... (Página17)
162/000187 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz ... (Página18)
162/000188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre aplazamiento de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios ... (Página19)
162/000189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la moderación de comisiones bancarias ... (Página20)
162/000190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre revocación de la Orden por la que se derogan los temarios de aplicación en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes ... (Página21)
162/000191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas ... (Página22)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. Retirada ... (Página23)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PERSONAL
299/000004
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 9 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Nuria Ferrer
Muñoz-Seca, a propuesta del Excmo. Sr. don Gerardo Camps Devesa, con efectos de 9 de febrero de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 9 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Fidela Sara Díaz
Hernández, a propuesta del Excmo. Sr. don Gaspar Llamazares Trigo, con efectos de 9 de febrero de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión Mixta para el Estudio del
Problema de las Drogas.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000132 161/000243
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa a la mejora del sector de frutas y hortalizas, sea debatida en Comisión.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno,
al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (nuevo núm. expte. 161/000243).
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia se publicó en el 'BOCG. Congreso de los Diputados'. serie D, núm. 27, de 31 de enero de 2012.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194
del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su debate
en Pleno la siguiente Proposición no de Ley sobre la figura de la dación en pago.
Exposición de motivos
Con el estallido de la crisis financiera y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. En concreto, muchas unidades familiares y personas que
adquirieron su vivienda en la época de expansión de la burbuja inmobiliaria y del crédito bancario exuberante ahora, porque están en el paro o ha quebrado su negocio, no pueden hacer frente al pago de su hipoteca.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el estado español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra
de 500.000. Según esta misma fuente, en Canarias en los tres últimos años 13.500 familias han perdido su vivienda por este motivo y las previsiones apuntan que en el próximo lustro serán más de 28.000 las familias que se verán inmersas en el riesgo
de perder su casa.
Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con
la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando
el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, pensiones, cuentas de ahorro, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la
vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que suele dirigirlos además a la exclusión social y la economía sumergida.
Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era
desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil
compresión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.
Es inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida
causantes de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Consideramos que la situación expuesta va en contra del espíritu del actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que señala
que 'todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...'; pero también en el artículo 24 que
garantiza la tutela judicial efectiva de todas las personas, vulnerada en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión; así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado
español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11).
La pérdida de vivienda priva al individuo o a la familia de toda residencia y, a su vez, la ausencia de residencia les dificulta el ejercicio de sus derechos, por ejemplo a efectos de notificaciones oficiales, obstaculizando a las personas
afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Que promueva en las Cortes Generales la modificación de la regulación hipotecaria de forma que:
- Incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal más intereses y costas judiciales) quede liquidada.
- Se incremente la cantidad considerada inembargable en nóminas, retribuciones, pensiones y otros ingresos en el caso de que la vivienda hipotecada sea la residencia habitual y teniendo en cuenta además las cargas familiares de los
afectados.
2. Que se apruebe una moratoria o se implementen las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, hasta que se aprueben en las Cortes las modificaciones antes
citadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2012.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de
Seguridad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Estatuto de Autonomía de Gernika establece en su artículo 17.1 que a las Fuerzas de Seguridad del Estado les corresponde en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca 'los servicios policiales de carácter extracomunitario y
supracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e
inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado'.
La importante presencia de las FSE en Euskadi se ha venido justificando por la necesidad de combatir el terrorismo, explicándose de esta manera el incumplimiento del acuerdo contenido en el Estatuto de Gernika en materia de seguridad, que
encomienda a las instituciones del País Vasco mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro
del territorio autónomo. ETA ha declarado su voluntad de finalizar de manera definitiva con su actividad terrorista, ejercida durante décadas. Se avecina un nuevo tiempo lejos de las situaciones de excepcionalidad que desafortunadamente se han
tenido que vivir en Euskadi. Un nuevo tiempo sin la lacra del terrorismo ni la violencia callejera.
En estos momentos las FSE cuentan con aproximadamente 4.000 efectivos en el País Vasco, número a todas luces excesivo para desarrollar las labores que según el ordenamiento jurídico les corresponden. Aún más en tiempos de fuerte crisis
económica, en los que una readecuación del número de efectivos podría proporcionar medios suficientes para atender en condiciones tareas de seguridad fundamentales en otros lugares del Estado.
Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'Que con la confirmación de la desaparición de la violencia de ETA en Euskadi, cumplimente el ordenamiento jurídico vigente y proceda a una reducción de efectivos de las FSE en el País Vasco acorde con el mandato del ordenamiento jurídico,
que les asigna los servicios policiales extra y supracomunitarios, quedando encomendada la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público exclusivamente a la Ertzaintza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de un Centro de Inserción Social
por parte del Ministerio de Interior en el municipio de Leioa, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los Centros de Inserción Social son una herramienta adecuada para los fines reeducativos que las penas de prisión tienen según mandato constitucional. Sin embargo, como toda herramienta debe ser utilizada en un contexto adecuado para sus
fines y más tratándose de una materia tan sensible como la penitenciaria.
La creación de un centro de estas características debería ser consultada y consensuada con las autoridades locales, quienes, además de competerles el planeamiento, pueden opinar con conocimiento de causa acerca de la idoneidad de la
ubicación elegida.
Inauditamente, la única comunicación que ha tenido el ayuntamiento de Leioa acerca de la intención de la SIEP de instalar un CIS en el parque denominado Santimani, no ha sido de manera directa y previa, sino sorpresiva, al observar que se
pedía la exención de la plusvalía por edificar un Centro de Inserción Social. Nadie desde el Ministerio se ha puesto en contacto con los responsables municipales ni se ha facilitado información complementaria alguna. Los responsables municipales,
forales o incluso autonómicos están al margen de cualquier información. No debería ser ésta la manera de actuar de los poderes públicos.
La alarma en el municipio es mayor si cabe, dado que el lugar en el que se pretende construir el citado centro es un entorno rural que no está dotado de suficiente transporte público ni de la necesaria vigilancia policial si se construyera
dicha instalación. No se ha realizado el mínimo análisis acerca de como se integra el centro considerando las características del muncipio en concreto ni como influye en las previsiones de planteamiento de futuro. El lugar es manifiestamente
inadecuado para los fines que se pretenden y sólo se entiende su elección por tratarse de unos terrenos que pertenecieron durante muchos años al Ministerio de Defensa.
Por todo ello,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desista de ubicar un CIS en el municipio de Leioa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Título VIII de la Constitución 'De la Organización Territorial del Estado' se abre con un Capítulo primero donde se contemplan los 'principios generales'. De entre ellos brillan con luz propia el principio de solidaridad que recoge el
artículo 138.1 en los siguientes términos: 'El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad' y el principio de igualdad de derechos y deberes del artículo 139.1: 'Todos los españoles tienen los mismos derechos y
obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado'. Ambos principios son fiel reflejo del artículo 1.1 de nuestra Norma Fundamental en el que se consagra como valor superior del ordenamiento jurídico la igualdad. A mayor abundamiento, para
cerrar la regulación que sobre la materia, aparece en nuestra Norma Jurídica Superior el artículo 149.1.1.ª, que es muy claro al señalar que es competencia exclusiva del Estado 'la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos'.
Sin embargo, y pesar de la claridad con que la Constitución regula el principio de igualdad y solidaridad en lo que afecta a la organización territorial del Estado, o en lo que comúnmente se llama la España de las Autonomías, en estos
últimos años estamos asistiendo a unas manifiestas y palpables disfuncionalidades del mismo, que están produciendo tensiones innecesarias y nada deseables entre diferentes Comunidades Autónomas en materias como la que ahora nos ocupa: la
regulación, ordenación y explotación de los recursos y aprovechamientos hidráulicos.
Las últimas legislaturas se han caracterizado por la existencia de diversos conflictos relacionados con el agua: por ejemplo, el protagonizado por la Región de Murcia con Cataluña por la compra del agua a los regantes del Ebro de la
Comunidad de Aragón o el recurso por parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha por la venta de agua del Tajo, que los agricultores de la Comunidad de Madrid habían realizado a los de Murcia, por apuntar sólo algunos casos concretos de la realidad
irracional que hoy se está viviendo en nuestro Estado de las Autonomías.
Es constatable un evidente conflicto por un bien escaso como es el agua en nuestro país, por lo que resulta imprescindible que, en el nuevo periodo que se abre en esta legislatura, el Estado acometa las medidas necesarias para garantizar una
regulación del uso y disfrute del agua de forma armónica, sin enfrentamientos ni fronteras interiores.
En la actualidad nos encontramos que la regulación básica vigente procede de la Ley de Aguas de 1985, la cual requiere de revisión en algunos principios y aspectos prácticos, entre los cuales cabe señalar el notorio
protagonismo de las Comunidades Autónomas, que contrasta frente a la inacción y constante pérdida de competencias del Estado, lo cual se ha puesto de manifiesto en toda su crudeza en los nuevos estatutos de autonomía, los cuales parecen
ignorar que nos encontramos ante la regulación y gestión de un bien común de todos los españoles, en el cual es fundamental garantizar la gestión integrada y sostenible de este recurso natural, así como acometer una planificación hidrológica
nacional en condiciones que, entre otras cuestiones, permita resolver los problemas estructurales mediante un sistema justo y coherente.
La fragmentación de la administración y gobierno del agua está en la raíz de la gestión incoherente del recurso a nivel nacional. Así, resulta que el Derecho de Aguas en España se encuentra en un punto muy sensible de indefinición, sujeto a
considerables presiones políticas y sociales, sin un curso marcado ni una orientación bien definida, por lo que parece oportuno que sea el Estado, que tiene competencias para la regulación básica del medio ambiente y los grandes ríos españoles,
quien establezca el marco regulador que necesita este recurso natural, a fin de posibilitar un suministro estable y asegurado de agua a todos los territorios del país, a costes razonables, y en un marco coherente de red nacional de recursos
hídricos.
Por todo ello y tratando de abordar el problema en su raíz y no de una forma coyuntural o provisional, se propone que sea el Estado el que legisle, ordene, conceda y explote los recursos hídricos de toda España, para que sea el Estado el
que, según contempla el artículo 9.2 de la Constitución promueva las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; y remueva los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. El agua
es un recurso esencial que no puede quedar al arbitrio de los particulares intereses de las Comunidades Autónomas y mucho menos politizar un recurso esencial que debe asumir el Estado, según el artículo 128.2 de nuestra Constitución, pues es el
Estado el único que puede hacer valer el interés general, la igualdad y la solidaridad de todos los españoles ante una cuestión tan delicada como la presente, que precisa, ante todo de eficacia y solidaridad frente a la problemática de un bien tan
escaso y necesario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el más breve plazo posible un proyecto de ley orgánica que contemple lo siguiente:
1. Que, ante el nuevo escenario político que se abre con el reciente cambio de gobierno y el inicio de una nueva legislatura, se procedan a adoptar las medidas necesarias para evitar que vuelvan a generarse las, por desgracia, recurrentes
'batallas' por el agua entre las diversas Comunidades Autónomas, a fin de superarse las gravísimas disfuncionalidades que el actual marco de competencias sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos presenta, para lo cual resulta necesario que sea
el Gobierno el que asuma con exclusividad dichas competencias, pues es el Estado el único capaz de velar por el interés general, la solidaridad y la imprescindible y necesaria igualdad entre todos los españoles en un recurso esencial tan necesario
como el agua.
2. Todo ello en virtud del artículo 138.1 de la Constitución que dice expresamente que corresponde al Estado garantizar la realización, no cualquiera, sino efectiva, del principio de solidaridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000175
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a asumir un papel protagonista en la solución pacífica del problema del Sahara Occidental.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno y entendiendo que en su apartado 4 se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de ley para instar al Gobierno de España a asumir un papel protagonista en la solución pacífica del problema del Sahara Occidental, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En el último año, los levantamientos populares en el Magreb conocidos como la 'primavera árabe' han modificado radicalmente la situación en esa zona a cuyo devenir España es tan sensible. La situación evoluciona de forma distinta en los
respectivos países, que se debaten entre enormes esperanzas de democratización, decepciones, temor e incluso violencia y guerra. Uno de los territorios más afectados por estas protestas ha sido el Sahara Occidental, donde a las afueras de El Aaiún
se constituyó el campamento de Gdeim Izik, desmantelado violentamente en noviembre de 2010 cuando los acampados exigían el fin de la discriminación que sufren en materia socioeconómica por parte de Marruecos, mientras que en Dajla y Smara las
protestas contra la ocupación han sido constantes a lo largo de 2011.
Por otro lado, las protestas de la propia población de Marruecos han propiciado ciertas reformas por parte del monarca, Mohamed VI. Sin entrar a valorar aquí las consecuencias reales que supongan para un proceso de democratización real y
profunda de Marruecos, se puede afirmar que las mismas no han supuesto ningún avance para los saharauis residentes en el Sáhara Occidental Ocupado, administrado 'de facto' por Rabat, ni en lo relativo a sus ansias de autogobierno, ni en la
profundización democrática, ni en cuestiones de índole socioeconómica. Al respecto, en su último informe sobre el Sahara, de abril de 2011, el secretario general de la ONU se lamentaba de que las conversaciones para alcanzar una solución negociada
continúan en punto muerto: 'Las partes siguen demostrando la voluntad política de reunirse periódicamente, pero aún no han demostrado la voluntad política de poner fin al estancamiento de la situación'. Asimismo, señalaba que 'los saharauis
instalados en el campamento reivindicaban su derecho a trabajar y a una vivienda adecuada y pedían que se pusiera fin a la marginación y distribución desigual de los recursos en el Territorio'. También dejaba constancia de que 'la relación entre
las partes se ha deteriorado' y lo que es aún peor, que con la actual inestabilidad en el Magreb existe un riesgo objetivo de que empeore si no se encuentra una salida del 'impasse' actual: 'Se han creado nuevos desafíos', señalaba el secretario
general, 'para la estabilidad y la seguridad en el Sahara Occidental que pueden llegar a alterar el statu quo del conflicto'.
En efecto, esto ha ocurrido ya. Mientras el monarca alauí ha dictado tímidas reformas en cuestiones de Derechos Humanos, no ha tenido el menor empacho en desoír, cuando no reprimir por la fuerza las protestas procedentes de la población
saharaui. Como potencia administradora del territorio de 'iure', España tiene una responsabilidad histórica especial hacia los habitantes de la que fue la provincia española número 53 hasta hace 36 años. La solidaridad expresada por el pueblo
español de forma persistente en este tiempo refleja un compromiso que nuestro país no puede eludir. Para romper la situación actual de bloqueo de las negociaciones, resulta más necesaria que nunca la intervención activa y decidida de nuestro país,
que ostenta una relación de privilegio con ambas partes, tanto por el vínculo histórico y popular con el Sahara como por las buenas relaciones de vecindad con Marruecos, confirmadas con la reciente visita del presidente del Gobierno a Marruecos.
Sin embargo, el deseable papel activo de España en la resolución de la Cuestión Saharaui debe cimentarse en un respeto escrupuloso del Derecho Internacional, tanto en el proceder de nuestro gobierno como también en nuestro Derecho Positivo,
para lo cual se hace necesario modificar el marco legal que dio amparo a la salida de España del Sáhara Occidental.
A este respecto, ni la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, ni los denominados 'Acuerdos de Madrid' incluyen el reconocimiento por parte de España del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, lo que
constituye una gravísima vulneración del Derecho Internacional cuyas consecuencias jurídicas y políticas siguen vigentes, habida cuenta de la ocupación ilegal de gran parte del territorio saharaui por Marruecos y la consiguiente violación por el
ocupante tanto del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui como del principio general de prohibición del uso de la fuerza recogido en el art. 2 de la Carta de las Naciones Unidas, al utilizar el gobierno de Rabat a su ejército, primero
en un conflicto armado abierto contra el Frente Polisario y la población saharaui desde 1976 hasta 1991, y actualmente al ser la base de fuerza de ocupación del Territorio.
Y aunque, con posterioridad a su retirada del Sáhara Occidental, el Estado español ha venido reconociendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación como un principio jurídico esencial para la solución del conflicto
saharaui-marroquí, este reconocimiento político ha carecido de la formalidad necesaria en el plano interno, y de la suficiente efectividad en el ámbito internacional, por estar huérfano de una norma legal que desde el momento mismo de la retirada
del Sáhara hubiese obligado a los diversos gobiernos españoles a reconocer, respetar y apoyar sin fisuras ni titubeos el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.
Por todo lo expresado, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Adelantándose a un posible deterioro de la situación, asuma para España un papel protagonista en la cuestión del Sahara e impulse un diálogo sincero y confiado entre las partes. Esta negociación debe ir encaminada a lograr lo que el
secretario general de la ONU incluía entre las recomendaciones de su informe, anteriormente citado: 'Alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el
marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas'.
2. El presidente del Gobierno se sirva de la buena relación de vecindad con Marruecos, para instar al rey de ese país a trasladar al territorio del Sahara las reformas democráticas emprendidas para su propia población. Esto concierne no
sólo a la posibilidad de ejercer el derecho a su libre determinación, sino también a la no discriminación de los saharauis en el acceso a puestos de trabajo, viviendas y todo tipo de promoción social en el territorio, que en estos momentos les es
vedado.
3. Establezca contactos con el enviado especial de la ONU para el Sahara, Christopher Ross, y así de forma conjunta se promuevan las negociaciones necesarias para lograr una resolución del conflicto admisible por ambas partes.
4. Modifique la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre la descolonización del Sáhara Occidental incluyendo los siguientes principios de la política exterior que todo Gobierno español deberá acatar en sus declaraciones y con sus actos:
1. El apoyo al derecho a la libre determinación de los pueblos colonizados (Res. AG 1514/XV de 1960) y en particular al ejercicio de ese derecho por el Pueblo Saharaui como condición inexcusable para cualquier solución pacífica del
problema del Sáhara Occidental.
2. El reconocimiento de las autoridades de la RASD como legítimas representantes del pueblo saharaui.
3. La prohibición expresa de legitimar o apoyar cualquier iniciativa adoptada por Marruecos con vistas a perpetuar su ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en al artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, con el objeto de suprimir las subvenciones
nominativas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es la tramitación en régimen de concurrencia competitiva, sistema que garantiza comparación, valoración y prelación entre las diversas solicitudes, de acuerdo con los criterios de
valoración previamente establecidos, respetando el límite fijado en el crédito presupuestario.
Las subvenciones son una modalidad de gasto público y deben por tanto ajustarse a las directrices de la política presupuestaria; esto es, se afectan fondos públicos al cumplimiento de un objetivo, a un proyecto o a realizar una determinada
actividad.
Al principio general de concurrencia en el procedimiento de concesión, se excepcionan las subvenciones nominativas, que podemos clasificar, con arreglo a la Ley como sigue:
- Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
- Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de adjudicación con su propia normativa.
- Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o nominativo u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
- Finalmente, podrán otorgarse en determinados supuestos subvenciones nominativas referidas a Cooperación Internacional, de importancia creciente en los diversos presupuestos públicos.
La actual coyuntura económica, marcada por un elevado desempleo y unas cuentas públicas no saneadas, requiere la adopción de medidas de consolidación fiscal que permitan reactivar la creación de empleo y la economía productiva, ello exigirá
un proceso de austeridad y rigor y un profundo análisis, para evitar que el dinero público, que es de todos, sea maximizado en orden a garantizar un uso responsable.
La moderna Europa del siglo XXI, que busca regirse por los principios de la gobernanza y la transparencia,
intrínsecamente relacionados con el buen gobierno, exige que los responsables políticos y los gestores públicos hagan un uso responsable para evitar que puedan asumir compromisos de gasto sin respaldo presupuestario.
Debe acometerse una reforma de la Ley de Subvenciones que, con carácter general, elimine las nominativas, incremente la transparencia en su otorgamiento, ejecución y evaluación de su impacto, y defina criterios homogéneos para su concesión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer una reforma de la Ley de Subvenciones que elimine, con carácter general, las subvenciones nominativas, aumente la transparencia en su concesión y mejore la evaluación del impacto de
los fondos públicos empleados y, en especial, que su aplicación sea conforme con las directrices de la política presupuestaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un Tratado Internacional sobre el Comercio de
Armas, para su debate en Pleno.
Teniendo en cuenta que desde 1989 ha habido 128 conflictos armados en los que ha habido al menos 250.000 muertes cada año y se calcula que cada año se cometen unos 300.000 homicidios en conflictos no armados.
Reconociendo que la ausencia de normas internacionales establecidas de mutuo acuerdo para la transferencia de armas convencionales a fin de hacer frente, entre otras cosas, a los problemas relacionados con el comercio no regulado de armas
convencionales y su desviación al mercado ilícito es un factor que contribuye a los conflictos armados, el desplazamiento de personas, la delincuencia organizada y el terrorismo, menoscabando la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y
el desarrollo económico y social sostenible.
Considerando que en más del 60% de las violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional en una década se utilizaron armas pequeñas y ligeras.
Extremadamente preocupados por el hecho de que niños y niñas soldado han participado de forma activa en conflictos en fuerzas gubernamentales o grupos armados no estatales en 19 países desde 2004.
Considerando la destrucción de infraestructura socio-económica y de mercados, la corrupción y el desvío de fondos públicos, que niegan el acceso a las personas empobrecidas a asistencia médica, agua, alimentos, vivienda y educación.
Acogiendo con satisfacción el hecho de que en 2009, la comunidad internacional acordó iniciar las negociaciones para crear un tratado que regulase de forma efectiva el comercio internacional de armas.
Considerando especialmente que la Resolución 64/48 de la Asamblea General de la ONU pedía a los Estados miembros de las Naciones Unidas el establecimiento de un tratado 'firme y sólido' para crear un instrumento 'eficaz' que contenga las
normas internacionales comunes más elevadas posibles para la importación, exportación y transferencia internacional de armas convencionales.
Teniendo en cuenta que en julio de 2012 se celebrará una conferencia de negociación acerca de un Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar todas las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar que el futuro Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) incluya:
- Una 'Regla de Oro' del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que prohíba que se autorice una transferencia de armas cuando exista un riesgo sustancial de las armas objeto de la transferencia
vayan a usarse para cometer, o facilitar que se cometan, violaciones graves del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
- Una cobertura exhaustiva que incluya controles sobre todas las armas, municiones, armamento y materiales conexos y sobre todas las transferencias.
- Una regulación sólida en los sistemas de concesión de licencias, transparencia y presentación de informes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000178
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Proposición no de Ley sobre II Plan de Derechos Humanos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno y entendiendo que el debate al que se alude en su apartado 6 se realizaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley
conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre II Plan de Derechos Humanos, para su debate en Pleno.
Coincidiendo con el 60.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y tal y como se estableció en la Conferencia Mundial de Viena (1993) y en las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, el entonces Gobierno español aprobó el 12 de diciembre de 2008 el Plan de Derechos Humanos.
Con este Plan, se trataba de 'adecuar nuestro ordenamiento jurídico a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Se proponía, así, un Plan de Derechos Humanos con vocación educativa, abierto (...), como un proceso en
marcha orientado a realizarse, a ser evaluado periódicamente y a ser alimentado a cada paso con nuevas propuestas y nuevos compromisos'. La vigencia del mismo terminó con la IX Legislatura, haciéndose necesaria la elaboración y aprobación de un II
Plan.
Con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación, el día 30 de junio de 2011, el Congreso de los Diputados aprobó en su sesión plenaria la resolución n.º 422, en cuyo apartado cuarto se instaba al Gobierno a, 'hacer un balance del grado de
desarrollo y cumplimiento del Plan de Derechos Humanos, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2008 y, sobre esta base, impulsar de forma inmediata los trabajos necesarios para elaborar un II Plan de Derechos Humanos que
asegure su continuidad como garantía de que tales derechos se respetan y cumplan en todos los ámbitos'. La mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, incluida la totalidad del grupo del Partido Popular, se comprometieron a
adoptar este II Plan para la X Legislatura y siguientes.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, aprobar y consolidar durante el primer semestre de la presente Legislatura el II Plan de Derechos Humanos. Además, el Plan debería necesariamente.
2. Seguir en la elaboración del II Plan de Derechos Humanos las recomendaciones recogidas en el 'Manual para elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos' del Alto Comisionado de Naciones Unidas y llevar a cabo, entre otras medidas, un
diagnóstico o evaluación de la situación actual de los Derechos Humanos.
3. Incorporar en el II Plan de Derechos Humanos compromisos y medidas concretas, tanto de política exterior como de política interior, objetivos claros e indicadores medibles y plazos.
4. Vincular a todas las instituciones del Estado en el cumplimiento y desarrollo del II Plan de Derechos Humanos, destinando los medios suficientes a tal efecto.
5. Asegurar la participación de la sociedad civil en la elaboración y seguimiento del II Plan de Derechos Humanos y establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la misma.
6. Incorporar la presentación de un informe anual por parte del Gobierno para su debate en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, presentación de resoluciones por parte de los Grupos Parlamentarios y la posterior emisión
de un Dictamen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en el
Pleno del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Sentencia 178/2011, de 8 de noviembre de 2011, del Tribunal Constitucional, relativa a las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones sometidas al régimen general del área de servicios sociales, familias y discapacidad.
Antecedentes
La Sentencia 178/2011, del Tribunal Constitucional, de 8 de noviembre de 2011 (BOE 294, de 7 de diciembre de 2011), en el conflicto positivo de competencia núm. 5250-2005, promovido por la Letrada de la Generalitat de Cataluña, en
representación de su Gobierno, contra la Orden TAS/893/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de servicios sociales, familias y
discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ha estimado parcialmente la demanda planteada por el Gobierno de la Generalitat y ha declarado que la citada Orden vulnera sus competencias.
Entre sus fundamentos jurídicos se argumenta que el Estado puede intervenir legítimamente, en la materia 'asistencia social', aún sin título competencial propio específico o genérico, a través de políticas subvencionales, pero que debe
hacerlo de forma limitada. El Estado puede decidir asignar parte de sus fondos presupuestarios a estas materias o sectores en los que no invoca título competencial, pero debe limitar su intervención en dos sentidos: solamente debe determinar el
destino de las partidas presupuestarias correspondientes de forma genérica o global, por sectores o subsectores enteros de actividad; y los fondos subvencionales deben integrarse como un recurso que nutra la Hacienda autonómica, de manera que la
asignación de fondos quede territorializada, a ser posible, en los mismos presupuestos generales.
En este sentido, expresa literalmente, que 'puede estimarse preferible ciertamente -por ser más acorde y respetuoso con la autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas que la Constitución reconoce y garantiza- que en los
presupuestos generales del Estado estos fondos aparezcan ya como transferencias corrientes o de capital a las Comunidades Autónomas, en las correspondiente secciones, servicios y programas de los presupuestos'.
Queda claro también, que la doctrina sobre el instrumento normativo en el que se han de contener las subvenciones estatales que se instrumenten en materias en las que el Estado ostente la competencia para dictar normas básicas, considera
inadecuado que una vez fijado el régimen subvencional básico en norma de rango adecuado -ley o real decreto- se continúe reformulando dichas bases a través de normas de rango inferior.
Y en último lugar, la sentencia ha venido a aclarar de nuevo, que en estas materias debe considerarse incluida en la esfera de la competencia estatal, la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional, mientras que se debe
situar dentro de la competencia autonómica, lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos, ya que es doctrina reiterada del
Tribunal Constitucional que las normas procedimentales 'ratione materiae' deben ser dictadas por las Comunidades Autónomas Competentes en el correspondiente sector material, respetando las reglas del procedimiento administrativo común.
Por ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con la mayor celeridad posible, impulse les modificaciones normativas necesarias para dar cumplimiento a la Sentencia 178/2011, de 8 de noviembre de 2011, del Tribunal Constitucional,
estimando parcialmente el conflicto positivo de competencia núm. 5250-2005, y declarando que la Orden TAS/893/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de
subvenciones del área de servicios sociales, familias y discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
el Pleno del Congreso de
los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la aprobación de un plan de choque para la creación de empleo.
Antecedentes
Estamos inmersos en una de las crisis económicas más importantes y profundas de los últimos tiempos, con enormes efectos sociales, principalmente por su impacto sobre el mercado de trabajo. Y las previsiones indican que probablemente,
tardaremos mucho tiempo en recuperar los niveles de ocupación que teníamos antes de la crisis.
La crisis es europea y en parte internacional, pero no afecta a todos los países del mismo modo. En el caso de España, más allá del estancamiento económico o de las dificultades para estabilizar los presupuestos, el más grave de los
impactos de la crisis es el que ha padecido la destrucción de empleo y el aumento del número de parados. Ninguna otra economía europea ha experimentado un aumento del paro tan elevado como el vivido por la economía española y ello tiene sus causas:
modelo productivo excesivamente decantado al sector inmobiliario, sistema financiero dependiente del endeudamiento exterior, mercado laboral más rígido que en la mayoría de los países europeos, sistemas de recolocación de los desocupados
anquilosado, escasa coordinación entre las políticas de empleo y las políticas de formación, entre otras causas de gran complejidad y que requieren de actuaciones de política económica y laboral bien estructuradas.
Resulta evidente que dos de los ejes del cambio de escenario que nos debe permitir iniciar un nuevo ciclo de creación de empleo son, de una parte, la reforma laboral y, de otra, la reforma del sistema financiero. Necesitamos un marco
laboral menos rígido y más adaptable a las necesidades de las actividades productivas y necesitamos un sistema financiero que vuelva a aumentar el crédito y la financiación de los proyectos empresariales de las Pymes, los cuales son los que van a
volver a impulsar la creación de empleo.
Tanto la reforma laboral como la del sistema financiero han sido ya anunciadas o planteadas por el Gobierno, lamentablemente ello no significa que en las próximas semanas o en los próximos meses podamos aspirar a que vuelva a crearse empleo.
Pasará un tiempo antes que estas medidas produzcan sus efectos, demasiado tiempo para los más de 5 millones de personas en paro y demasiado tiempo para quienes hoy padecen el riesgo de perder el empleo. Por ello, resulta del todo urgente aprobar un
Plan de Choque para el Empleo que contenga medidas de impacto a corto plazo para empezar a invertir la tendencia de destrucción de empleo y a generar expectativas ciertas de creación de nuevo empleo, los jóvenes, las personas con paro de larga
duración deberían ser los principales beneficiarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, con la mayor celeridad posible, un Plan de Choque para la creación de empleo, complementario a las reformas laboral y financiera, con el objetivo de estimular la creación de empleo
nuevo a corto plazo, especialmente entre los colectivos que de forma más grave se están viendo afectados por la crisis. Entre otras medidas el Plan de Choque debe contemplar las siguientes:
- Reducir los costes no salariales de los nuevos empleos mediante una bonificación a la contratación de 5.000 euros por nuevo empleo, con compromiso de estabilidad, aplicable a empresas con menos de 100 trabajadores.
- Recuperar el contrato de lanzamiento de nueva actividad de 1994, reconvirtiéndolo en contrato contra la crisis, con cotizaciones sociales bonificadas.
- Permitir el pago de la cotización social de un nuevo trabajador contratado con parte de la prestación por desempleo que percibiría el trabajador en caso de continuar en el paro.
- Apoyar la creación de empleo por parte de emprendedores. Permitir a las pequeñas empresas, en sus primeros 5 años de funcionamiento, una flexibilización de las condiciones contractuales que se deriven de la negociación colectiva.
- Aplicar una bonificación del 100% de la cotización, para la contratación del primer trabajador por parte de autónomos y emprendedores.
- Aplicar una bonificación del 100% de las cotizaciones sociales a los nuevos trabajadores autónomos durante los dos primeros años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la desclasificación de todos los documentos y
grabaciones de las conversaciones telefónicas, en poder del Estado, que tuvieron lugar durante la tarde y noche del 23 y mañana del 24 de febrero de 1981, durante el golpe de Estado del 23-F, para su debate en Pleno.
La opacidad sigue reinando sobre las pruebas que documentan las posiciones, actitudes, ambigüedades, aciertos, equívocos y responsabilidades de los protagonistas del 23-F. Siendo éste un acontecimiento histórico crucial para la
consolidación de la democracia española, es de vital importancia la desclasificación de todos los archivos, documentos y grabaciones en poder de los Poderes del Estado, y el libre acceso a ellos de los investigadores.
El Gobierno federal alemán ha desclasificado el despacho 524 del embajador en Madrid Lothar Lahn, enviado poco después del golpe de Estado del 23-F, en el que informaba a sus superiores en el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores de las
palabras que el Rey Juan Carlos dedicó a los militares sublevados en una reunión privada entre el embajador y el Jefe del Estado que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela el 26 de marzo de 1981.
El documento acaba de ser desclasificado por el Gobierno federal alemán y puede leerse en una publicación de 2.250 páginas del Instituto de Historia Contemporánea, de la serie 'Actas de Política Exterior de la República Federal de Alemania
de 1981'.
En dicha comunicación oficial al Ministerio alemán de Exteriores, recogida en un reportaje recientemente publicado por Der Spiegel, el Embajador afirma que el Rey le explicó que los militares conjurados 'sólo querían lo mismo a lo que todos
aspiramos: el restablecimiento del orden, la disciplina, la seguridad y la calma'. El Embajador alemán cuenta, además, que el monarca planeaba interceder ante el Gobierno y ante la Justicia Militar para que a Antonio Tejero y los demás
involucrados 'no les sucediera nada demasiado grave' como consecuencia del 23-F, porque a fin de cuentas, los golpistas 'sólo querían lo mejor'. De acuerdo con las referencias publicadas ahora en Alemania, el Rey 'no expresó indignación ni repulsa
hacia los actores' del golpe.
Lahn explica en su mensaje que el Jefe del Estado constitucional culpaba de la intentona militar al presidente del Gobierno democráticamente elegido, Adolfo Suárez. Refiere Lahn que el Rey le detalló cómo Suárez 'despreció al Ejército' y
que le había aconsejado al Presidente que 'tuviera en cuenta las peticiones de los militares'. Hasta que ellos 'empezaron a actuar por su cuenta'.
No es lógico que, mientras otros Estados desclasifican documentos que obran en su poder en relación con el golpe de Estado del 23-F, el Estado español mantenga secretos y clasificados los suyos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desclasificar todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas en poder del Estado, incluidos los servicios de inteligencia, que tuvieron lugar durante la tarde y noche del 23 y mañana del 24 de febrero de 1981:
a) entre los ocupantes del Congreso de los Diputados y el exterior del edificio,
b) entre el Palacio de la Zarzuela y el exterior.
2. Poner dichos archivos documentales a disposición de los historiadores.
3. Solicitar oficialmente al gobierno de Estados Unidos que entregue copia al gobierno español de toda la documentación que obre en su poder en relación con el golpe de estado del 23-F.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de un Plan
General de Marca España, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El fuerte impacto de la crisis económica ha relegado a la economía española a la duodécima posición mundial siendo superada por países considerados economías emergentes. El actual Gobierno ha anunciado que quiere promover con eficacia
iniciativas que identifiquen la marca España con calidad y competitividad para afrontar esta cuestión con mucha mayor eficacia y con prioridad absoluta. Una muestra de ello es la creación del nuevo Ministerio de Economía y Competitividad.
La persistencia de importantes desequilibrios macroeconómicos, y la dificultad de recuperar una senda de crecimiento sostenible y generador de empleo, ha deteriorado rápidamente la imagen de España en los mercados internacionales, lo que se
ha convertido en un lastre para un adecuado posicionamiento estratégico de las empresas españolas en el exterior.
Recuperar una posición entre las diez primeras economías del mundo debe ser un objetivo prioritario, al que se tienen que orientar todas las decisiones de la política macroeconómica.
Pero además, y a un nivel más microeconómico, es necesario construir una imagen país abanderada por la Marca España, sobre la base de los factores de competitividad
empresarial, culturales, sociológicos, históricos, medioambientales y tecnológicos, que tenga valor intrínseco y ponga de relieve estos recursos que constituyen el patrimonio nacional.
La arquitectura de la Marca España, como imagen del país que se quiere proyectar al exterior, tendría que empezar con un análisis de la percepción propia a nivel nacional de las capacidades del país, para luego analizar la imagen actual de
España en el exterior, su posicionamiento y reposicionamiento en función de las capacidades y valores que se deseen transmitir.
Existen distintas iniciativas referentes a la imagen país, construidas principalmente desde el sector público, sin tener en cuenta la dimensión cultural, la sociedad civil, o los aspectos mediáticos y de comunicación que debe constituir la
base de una arquitectura de la Marca España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un Plan General de Marca España, que, en el marco de los principios de austeridad presupuestaria de la presente Legislatura, abarque todas las dimensiones que configuran nuestra
imagen país, económica, cultural, social, empresarial, deportiva, tecnológica, histórica y medioambiental, contando con la participación de todos los agentes que operan en las diferentes dimensiones, y que sirva para promover una imagen potente de
España en el exterior como un factor estratégico de competitividad y prosperidad para la sociedad española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la seguridad de los menores
en las redes sociales en Internet, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las redes sociales han adquirido gran protagonismo en nuestro país y en todo el mundo. Los jóvenes son los que mayor uso hacen de estas herramientas, aunque también los adultos. Las redes sociales son instrumentos de comunicación, de
relación y de diálogo. Ahora podemos comunicarnos fácilmente con varias personas a la vez, ingresar en grupos que comparten nuestros gustos y compartir fotos y comentarios. El entendimiento de las redes sociales permite participar a los ciudadanos
de una manera más activa en la vida social.
El 70% de los adolescentes y jóvenes europeos emplean la mayor parte de su tiempo 'online' en redes sociales, pero la mitad lo hace sin ningún tipo de supervisión o control parental. En España esta cifra alcanza el 83%.
A pesar de las indudables ventajas de estas redes sociales, es necesario garantizar que estos mecanismos no faciliten la actividad delictiva, poniendo en peligro la vida o seguridad de los menores, especialmente influenciables ante este tipo
de medios de comunicación social. El despegue de las redes sociales ha traído parejo un aumento de los casos de 'ciberbullying', o acoso social en Internet, y de la práctica de 'grooming', adultos que entablan amistad con menores con la intención
de abusar de ellos sexualmente.
Los estudios revelan que casi un 15% de los menores internautas entre 10 y 17 años recibe alguna propuesta sexual y que el 34% de ellos se encuentra con material sexual que no ha buscado. Los menores de entre 12 y 15 años son la franja de
mayor peligro.
El 9 de febrero de 2009, la Comisión de la Unión Europea firmó un pacto con diecisiete redes sociales en Internet, entre ellas Facebook y MySpace, para mejorar la seguridad de los menores en la red. La Comisión Europea manifestó que el
acuerdo reducía el riesgo de acoso a los menores en la red y frenaría la práctica del 'grooming'.
El acuerdo pretende asegurar la información de los menores de 18 años, proveer un sistema sencillo para informar sobre abusos y proteger la privacidad de la información de contacto de los menores, para así dificultar su acceso a adultos.
Sin embargo, transcurridos dos años, un informe de la Comisión Europea denuncia el incumplimiento de este acuerdo por la mayoría de las principales redes sociales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular considera necesario incidir en la protección de los menores en las redes sociales en Internet y presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar la prevención del acoso por Internet, promoviendo acuerdos de protección de menores con las diferentes redes sociales y mejorando la seguridad de los datos personales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
actuaciones urgentes para proteger al pueblo sirio, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La crisis siria ha derivado en una situación humanitaria y política gravísima, con una creciente escalada de terror y masacre contra la población civil de terribles consecuencias. Los datos de las organizaciones de derechos humanos que
trabajan en la zona contabilizan en más de 6.000 las personas que habrían perdido la vida desde que, en marzo del pasado año, comenzaron las protestas del pueblo sirio contra el régimen liderado por Bachar el Asad, en defensa de las libertades
civiles y políticas, y a favor de un proceso de transición democrática.
A lo largo de estos últimos nueve meses, hemos asistido a un brutal enfrentamiento del ejército sirio contra su población. La violencia sistemática ejercida por parte de paramilitares y de fuerzas de seguridad del Gobierno contra civiles ha
causado un número insoportable de víctimas mortales, entre ellas numerosas mujeres y niños. Determinados grupos insurgentes han actuado asimismo contra los miembros de las comunidades étnicas o religiosas sospechosas de apoyar al régimen de los
el-Assad, y han ido en aumento los enfrentamientos directos entre las fuerzas armadas sirias y el denominado Ejército Libre de Siria, acercando al país al abismo de una guerra civil de terribles consecuencias para el país y para la estabilidad de
toda la región.
A lo largo de todo este tiempo, la Unión Europea, EE.UU. y la propia Liga Árabe -actor clave y fundamental para la resolución de esta crisis- han venido adoptando determinados instrumentos políticos y económicos de sanción que, sin embargo,
no han servido para frenar la escalada de represión del régimen sirio. En este sentido, es de todo punto lamentable que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, prisionero de unas normas que fueron adoptadas tras la segunda guerra mundial, no
haya podido acordar recientemente una nueva resolución sobre la situación en Siria, que impulsaba la Liga Árabe, como consecuencia del veto ejercido por Rusia y China. Ante esta situación, es necesario apelar a la responsabilidad de todos los
miembros de dicho Consejo para que pueda pronunciarse de forma firme y unida, poniendo por encima de cualesquiera otros intereses estratégicos, económicos o políticos, la libertad, la dignidad y la protección de la población civil siria. A juzgar
por los lamentables hechos, parece como si este último fracaso del Consejo de Seguridad hubiera reafirmado la criminal disposición del Gobierno sirio para masacrar a sus ciudadanos. El deterioro de la situación en ciudades como la castigada Homs es
de extrema crisis humanitaria.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos humanos ha subrayado la extrema urgencia de acciones efectivas que deben adoptarse para proteger al pueblo sirio y ha condenado 'los ataques indiscriminados' y el uso de artillería y armamento
pesado en Homs por parte del ejército sirio, que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra y contra la Humanidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Condena con la máxima firmeza la brutal represión ejercida por el régimen sirio contra su población y expresa sus condolencias a las familias de las víctimas.
2. Demanda a las autoridades sirias y a las fuerzas militares y de seguridad que pongan fin de inmediato a todos los actos de violencia, tortura y represión contra la población civil, así como la inmediata liberación de todos los presos de
conciencia y personas detenidas arbitrariamente.
3. Lamenta el veto ejercido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ha impedido la aprobación de la Resolución sobre la situación en Siria impulsada por la Liga Árabe y reclama la urgente necesidad de acordar una nueva resolución
que contemple medidas efectivas para proteger al pueblo sirio como única vía legítima para la implicación de la comunidad internacional en la resolución de esta crisis.
4. Insta al Gobierno a impulsar inmediatamente ante las instituciones internacionales y de la Unión Europea, junto con el resto de Estados miembros, una actuación urgente y coordinada, dirigida a:
a) promover, bajo el amparo de Naciones Unidas, las medidas necesarias para frenar las matanzas de la población civil, impedir el tráfico de armas, atender la grave crisis humanitaria que se está produciendo y evitar el estallido de una
guerra civil en Siria.
b) apoyar el establecimiento de una investigación urgente, independiente y transparente sobre la grave y sistemática violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las autoridades sirias.
c) reclamar al Presidente Bachar el Asad que entregue el poder de inmediato y permita el inicio de un proceso pacífico de transición a la democracia por medio de un diálogo nacional e inclusivo que tenga como único protagonista al propio
pueblo sirio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
cadena alimentaria, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Es evidente que la cadena agroalimentaria presenta acusados desequilibrios en la capacidad de negociación y de fijación de las condiciones contractuales de sus distintos eslabones desde la producción hasta que el alimento llega a los
consumidores, lo cual repercute en un funcionamiento ineficaz de la misma y en un reparto no equitativo del valor añadido, perjudicial para los eslabones más débiles y, a medio plazo, para todos los consumidores.
De todos los agentes que participan en la cadena de valor, son los productores, agricultores y ganaderos, los más débiles y los que más sufren cualquier situación de crisis ya sea por exceso de oferta o por otros motivos como crisis
alimentarias, climáticas, etc., si bien la industria también se ve afectada por estos desequilibrios, al estar mucho más atomizada que la distribución. Por ello, es necesario promover iniciativas con un enfoque integral de cadena que busquen
soluciones globales para mejorar su eficacia y su equidad en su conjunto.
Todas las instituciones españolas y europeas se han comprometido a desarrollar actuaciones, legislativas y no legislativas, para reequilibrar la cadena y mejorar su funcionamiento.
La propia Comisión Europea publicó la Comunicación relativa a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y ha tomado decisiones sectoriales como la que se refiere al sector lácteo y que pretende incrementar el poder de negociación de
los productores. Asimismo, está desarrollando un trabajo en profundidad en el Foro de Alto Nivel para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, en el que España participa activamente, cuyo objetivo es impulsar la competitividad, la
transparencia, el equilibrio y promover mejores prácticas contractuales y comerciales en el sector agroalimentario europeo.
Durante la pasada legislatura el Gobierno remitió a la Cámara un Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, proyecto que no pudo tramitarse por el adelanto electoral, pero que contaba con el respaldo
conjunto y expreso de organizaciones profesionales agrarias, cooperativas e industria alimentaria. Este proyecto de Ley, cuyo objeto era contribuir a corregir los actuales desequilibrios de la cadena, a repartir equitativamente el valor añadido a
lo largo de la misma y a mejorar la vertebración del sector, en beneficio tanto de los consumidores como de los operadores, incluía la regulación de un Código de buenas prácticas comerciales, la modificación de la normativa sobre Organizaciones
Interprofesionales y sobre los contratos tipo agroalimentarios, y el establecimiento de medidas relativas al régimen de contratación agroalimentario.
Gran parte del trabajo de consultas, de participación, de análisis jurídico y de búsqueda de acuerdos está realizado y se trata de una prioridad y una necesidad para el sector, por lo que es necesario que el gobierno también priorice este
asunto y lo culmine cuanto antes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria que contribuya a corregir los actuales desequilibrios de la cadena, a repartir equitativamente el valor añadido a lo
largo de la misma y a mejorar la vertebración del sector, en beneficio tanto de los consumidores como de los operadores, incluyendo la regulación de un Código de buenas prácticas comerciales, la modificación de la normativa sobre Organizaciones
Interprofesionales y sobre los contratos tipo agroalimentarios, y el establecimiento de medidas relativas al régimen de contratación agroalimentario.
2. Promover ante las instituciones europeas una modificación de las reglas de la competencia para que se establezcan excepciones al derecho de competencia comunitario para permitir dotar de instrumentos al sector para el mejor
funcionamiento de la cadena, entre ellos, ampliar las funciones de las organizaciones interprofesionales y reforzar el papel de éstas y de las organizaciones de productores, y especialmente la negociación colectiva de contratos en el sector
agrario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de recurso de casación, para su debate en el
Pleno.
Exposición de motivos
Resulta urgente acometer un debate sobre la naturaleza y características del recurso de casación en nuestro derecho. Debe reconocerse la dimensión institucional que corresponde al Tribunal Supremo y limitarse a porcentajes razonablemente
atendibles por este órgano Judicial sus competencias casacionales.
El sentido de la reforma consistiría en atribuir al Tribunal Supremo la defensa del denominado 'ius constitucionis', reservando sus competencias en materia de casación al recurso de casación para la unificación de doctrina, prescindiendo de
la casación derivada del denominado 'ius litigatoris' atribuyendo la casación ordinaria a los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas.
Todo lo anterior se propone siguiendo las recomendaciones de los Libros Blancos para la reforma de la Justicia aprobados por el Consejo General del Poder Judicial y particularmente en coherencia con el carácter compuesto, no unitario, del
Estado Español. Los requerimientos constitucionales sobre la estructura territorial-institucional del Estado Español, su organización en Comunidades Autónomas debe reflejarse también en la estructura y organización de su Administración de Justicia.
El Tribunal Supremo se le debe reservar exclusivamente en la unificación de doctrina como única función casacional, en atención a la salvaguarda del 'ius constitucionis'.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las reformas normativas necesarias para que el Tribunal Supremo entienda exclusivamente sobre el recurso de casación para la unificación de doctrina.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Josu Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Iker Urbina Fernández, Diputado de Amaiur integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate ante el Pleno.
Exposición de motivos
El inicio de 1976 estuvo marcado en Vitoria-Gasteiz, por el largo conflicto laboral que varias empresas arrastraban y que conllevó las protestas y la declaración de huelga de sus trabajadores, en un contexto en el que no se encontraba
reconocido el ni el derecho de huelga ni el derecho de reunión.
Por ello, para ejercer este segundo no en pocas ocasiones se utilizaban como lugares de reunión templos y centros eclesiásticos, que en virtud el Concordato firmado entre España y el Estado Vaticano quedaban protegidos de la actuación
policial.
En ese contexto, tal y como establece el Dictamen del Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda, se convocó en la ciudad de Vitoria una 'huelga general' para el día 3 de marzo de 1976 con el fin de recabar la solidaridad
de la ciudadanía con unos trabajadores en huelga y sin ingresos desde diciembre de 1975. Era la tercera jornada de protesta de estas características que se convocaba, y la que tuvo una mayor repercusión social.
Para ese día se había convocado, asimismo, una asamblea a las 17:00 horas de la llamada 'Coordinadora de Comisiones Representativas de Empresas en Lucha' en la parroquia de San Francisco de Asís en el barrio de Zaramaga de Vitoria. Las
reuniones de esta 'Coordinadora' se realizaban regularmente y siempre en la misma parroquia. La convocatoria era conocida y abierta. Dado el éxito en esta ocasión de la 'huelga general', la afluencia de gente comenzó a ser masiva. Desde una hora
antes, aproximadamente, la iglesia se había ido llenando hasta reunir a unas cuatro mil personas en su interior (Informe del Comisario Jefe de Policía de Vitoria). Sólo a las 16:50, la policía comenzó a impedir el acceso a más gente,
concentrándose en los aledaños del templo otros varios miles de concurrentes (alrededor de otras cuatro mil personas).
A solicitud del entonces Gobernador Civil de la provincia de Álava, don Rafael Landín Vicuña, acudieron a las inmediaciones del recinto la 11.ª Compañía de reserva de la Policía Armada con base en Miranda de Ebro y la Compañía de Guarnición
de la Plaza al mando del capitán don Jesús Quintana Saracíbar. A ellos se les uniría, poco después, la 2.ª Compañía de Reserva de Valladolid.
La orden del Gobernador Civil era la de desalojar la iglesia.
Los responsables de estas fuerzas policiales, según el Concordato firmado entre España y el Vaticano en 1953, necesitaban la autorización eclesial para acceder al templo. Sin embargo, nunca llegaron a entrevistarse con el párroco de la
iglesia de San Francisco, don Esteban Alonso de Mezquía, máxima autoridad eclesial en aquel momento del recinto. Fue don Antonio Quilchano, coadjutor de la iglesia de la Coronación, quien, alarmado por la situación, se desplazó desde la parroquia
próxima de Belén hasta la de San Francisco con el fin de recabar información, quien mantuvo un tenso contacto con la policía. Ésta conminó a los responsables del templo a ordenar el desalojo de los reunidos, sin que fuera presentada orden escrita
alguna. Don Antonio Quilchano transmitió la conversación
al párroco del templo. Don Esteban Alonso de Mezquía, tras hablar por teléfono con el episcopado desde su sacristía, explicó que los trabajadores congregados estaban en ese momento ejerciendo su derecho fundamental de reunión, y destacó la
actitud pacífica y tranquila mantenida por aquellos en el interior del templo, por lo que no estimaba necesario desalojarles. No hubo tampoco -según comunicado enviado por el episcopado a la prensa al día siguiente-, autorización del Obispo para la
intervención en el interior del templo.
Hacia las 16:50-17:00 horas, tras establecer una línea de control que impedía definitivamente la entrada a la iglesia, las fuerzas de orden público recibían la orden ejecutiva de desalojar el templo sin reparar en medios (en conversaciones
mantenidas por la policía y escuchadas a través de la radio FM de las que existen grabaciones, puede escucharse: 'De acuerdo. Que desalojen por las buenas; si no, a palo limpio, cambio'.)
Es en ese momento (hacia las 17:10) cuando se produjo el asalto firme al templo por parte de la policía armada con el fin de desalojarlo. No consta si fue una decisión tomada por el Ministerio (que se mantenía en contacto), por el
Gobernador Civil o por los mandos de las unidades desplegadas. En algunos de los testimonios recabados a los pocos días, don Antonio Quilchano afirmó que, durante el contacto mantenido con las fuerzas de orden público, le fue exhibida la orden de
intervención firmada por el Gobernador Civil. En cualquier caso, fue un acto ordenado por funcionarios del Estado.
El asalto se produjo utilizando inicialmente gases lacrimógenos que se lanzaron al aire en el interior del templo. (Fuerzas del orden se introdujeron violentamente en éste por la puerta principal, y las lanzaron hacia el techo de la
iglesia.) La gente empezó a salir. En las inmediaciones de la iglesia, a pocos metros de la puerta, varios de los desalojados fueron alcanzados por pelotas de goma y por disparos de arma de fuego con resultado de tres muertes y decenas de heridos
-de los cuales dos murieron a los días como consecuencia de las heridas-. En concreto, de los disparos efectuados por armas de fuego de las unidades policiales desplegadas resultaron muertos en el mismo lugar de los hechos Pedro María Martínez Ocio
y Francisco Aznar Clemente. Romualdo Barroso Chaparro, gravemente herido, fallecería poco después. Además se constata la existencia de al menos cuarenta y siete hospitalizados, algunos de ellos también por heridas de bala y otras treinta personas
atendidas que precisaron de diversa asistencia sanitaria sin que fuera necesario su ingreso. Dos de los diagnosticados como graves, José Castillo y Bienvenido Pereda, morirían en fechas posteriores a consecuencia de las heridas recibidas por arma
de fuego.
En consecuencia se presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz:
'1.º El Congreso de los Diputados rechaza los asesinatos y las brutales agresiones cometidas el 3 de marzo de 1976 por las Fuerzas del Orden Público en Vitoria-Gasteiz, en el barrio de Zaramaga.
2.º El Congreso de los Diputados se solidariza con las víctimas de estos hechos y con sus familiares y reconoce y reivindica su condición de víctimas del terrorismo.
3.º El Congreso de los Diputados apoya las iniciativas de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo en demanda de Verdad, Justicia y Reparación y, contra el olvido y la impunidad, reivindica la Memoria y la Justicia, a fin de que se
esclarezca por completo lo sucedido en Vitoria-Gasteiz hace 36 años, se haga justicia a las víctimas y se depuren las responsabilidades que procedan.
4.º El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a que incluya a las víctimas del 3 de marzo de 1976 en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
5.º El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a que reconozca la responsabilidad del Estado en aquellos trágicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Iker Urbina Fernández, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros del recién constituido Gobierno de España aprobó, el pasado 30 de diciembre de 2011, una serie de 'Medidas urgentes de Orden Económico y Social', y de corrección de déficit público, con el fin de reducir el gasto y
cumplir con los objetivos del Programa de Estabilidad. Entre las catorce medidas de reducción del gasto acordadas se incluye la relativa al 'Aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos
beneficiarios, manteniendo la cobertura a todos los actuales beneficiarios'.
La vigente Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia contempla la atención al colectivo de las personas mayores y, en general de los afectados por las
situaciones de dependencia, como un reto ineludible para los poderes públicos estableciendo la necesidad de garantizar a los ciudadanos y a las propias Comunidades Autónomas un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia,
definido en la regulación contenida en la mencionada Ley.
A tal efecto, establece varios niveles de protección, entre los que corresponde a la Administración General del Estado definir y garantizar financieramente un mínimo, además de cooperar y financiar en un segundo nivel junto con las
Comunidades Autónomas, mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las Comunidades Autónomas podrán desarrollar, si así lo estiman oportuno, un tercer nivel
adicional de protección a los ciudadanos.
La modificación, operada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de las medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, del calendario previsto para la aplicación
gradual y progresiva de la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia previsto en la disposición final primera de la ley, supone un importante retroceso del Sistema que la propia norma pretendía garantizar, al retrasar su aplicación
para nuevos beneficiarios hasta el 1 de enero de 2013.
Contraviene, de este modo, lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley, relativo a la participación de la Administración General del Estado, al señalar que la financiación pública del nivel mínimo de protección correrá a cuenta de la
Administración General del Estado. Es contrario, además, al espíritu de varios preceptos de la Constitución Española, artículos 49 y 50 referidos, respectivamente, a la atención especializada que requieran las personas con discapacidad y amparo
para el disfrute de los derechos otorgados a todos los ciudadanos, y de garantía de la suficiencia económica a las personas mayores, promoviendo su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos.
Procede señalar, además, que las consecuencias del aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios que supone la medida acordada, incide aún más en los desequilibrios económicos
actualmente existentes entre las Comunidades Autónomas, ya que lejos de garantizar la aplicación del principio constitucional de solidaridad interterritorial, que necesariamente debería de haberse conjugado con el Principio de Estabilidad
Presupuestaria, buscando una adecuada garantía entre ambos en condiciones de igualdad, lo contraviene.
No podemos olvidar que Asturias es la única Comunidad Autónoma con la población estancada en la última década; con el segundo peor crecimiento del PIB por habitante en el mismo período; es la región peor comunicada por sus infraestructuras
paralizadas y con la tasa de población activa más baja de España.
Cabe concluir, finalmente, que la medida aprobada por el Consejo de Ministros implica el retraso de los pagos que corresponden por Ley en materia de dependencia, que se acumularían a los derivados de la deuda que el anterior ejecutivo
nacional originó, y cuya financiación debería ser suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden.
En consecuencia, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Que reconduzca la medida de aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios.
2.º Que se cumplan los compromisos adquiridos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la moderación de comisiones bancarias, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Las comisiones bancarias son las cantidades de dinero que las entidades de crédito cobran a sus clientes en compensación por sus servicios prestados, por ejemplo, enviar una transferencia, cambiar divisas, administrarle una cuenta, estudiar
un préstamo, darle una tarjeta de crédito o débito, etc.). Los datos suministrados por el Banco de España ponen de manifiesto que las comisiones que las entidades de crédito cobran a los usuarios de servicios financieros han experimentado un
crecimiento significativo en los últimos años. Teniendo en cuenta distintas variables económicas, como la tasa de inflación interanual (IPC), resulta evidente que la subida de las comisiones bancarias que se viene produciendo resulta excesiva y
opaca para muchos ciudadanos.
En los últimos años, las principales subidas, en relación a las comisiones bancarias, se han producido en los servicios prestados por transferencias, tarjetas de débito y crédito, mantenimiento de cuentas, descubiertos o tarifas por la
subrogación del crédito para la adquisición de una vivienda. Durante 2011, las comisiones por mantenimiento de cuenta corriente -que son de carácter semestral- han aumentado de media un 22,3%, mientras que mantener una cuenta de ahorro es un 22,9%
más caro. En el caso de las tarjetas de débito y crédito, la cuota anual de mantenimiento se ha incrementado de media un 17,1% y un 9,7% respectivamente en el último año. Todo parece indicar que las entidades financieras, además de encarecer los
préstamos a familias y Pymes, han incrementado las comisiones para mejorar la cuenta de resultados en un momento delicado para el saneamiento de sus balances.
Asimismo, un informe de la Comisión Europea ponía de relieve que las comisiones cobradas por nuestras entidades financieras son las segundas más elevadas de Europa después de Italia. El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios
Financieros, Michel Barnier, ha señalado recientemente que 'el consumidor europeo no sabe lo que paga ni por qué. No puede comparar las distintas ofertas del mercado ni aprovecharse de la competencia', Por ello, ha señalado que es necesario
incrementar y mejorar la transparencia. El usuario de servicios financieros debe contar con información disponible, fácil de entender y comparable.
La Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios aprobada en la anterior legislatura establece en su artículo 3 una serie de obligaciones de transparencia y conducta a las entidades
de crédito para garantizar un adecuado nivel de protección de los usuarios de servicios financieros, con el fin de moderar las comisiones que cobran por los diferentes tipos de servicios que prestan a los ciudadanos. Esta intervención regulatoria
necesita ser aplicada con determinación en un formato unificado, conforme a los términos específicos que determine el Banco de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar cuantas medidas regulatorias sean necesarias, en colaboración con el Banco de España, para garantizar un adecuado nivel de protección y transparencia de los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las entidades de
crédito.
2. Establecer unas obligaciones de transparencia y conducta estandarizadas a todo el sector bancario, con el fin de mejorar la competencia efectiva y así moderar las comisiones que cobran por los diferentes tipos de servicios que prestan a
los ciudadanos.
3. Que solicite, de manera inmediata, un informe a la Comisión Nacional de la Competencia con el fin de analizar la evolución de las comisiones bancarias en el sector financiero en los últimos años, y que las recomendaciones de dicho
organismo, encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados, se adopten con determinación, favoreciendo así unos menores precios al usuario de servicios financieros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de ley sobre
revocación de la Orden por la que se derogan los temarios de aplicación en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos Docentes, para su debate en Pleno.
Motivación
El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, aprobó el Reglamento general de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de funcionarios docentes en desarrollo de lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, que establece como bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, las reguladas por la propia ley orgánica y la normativa que la desarrolle para el ingreso y la movilidad entre los cuerpos docentes.
De acuerdo con estas normas, el Gobierno debía aprobar los temarios para los diferentes cuerpos y especialidades, sustituyendo a los que estaban en vigor, la mayoría desde 1993.
El 15 de noviembre de 2011, previos los trámites preceptivos, incluida la consulta previa con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Educación dictó tres Órdenes ministeriales estableciendo los nuevos temarios de aplicación en los
procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros, en el Cuerpo de Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, dando así cumplimiento a las previsiones legales y reglamentarias citadas.
El 7 de febrero, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una Orden del Ministerio de Educación por la que se vuelve a declarar de aplicación los temarios que habían sido sustituidos tres meses antes y se derogan las Órdenes Ministeriales
que habían aprobado los nuevos temarios.
Según esta nueva Orden, entre los factores tenidos en cuenta para adoptar esta decisión se encuentra la recomendación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de no convocar procesos selectivos durante este año. Se trata efectivamente
de una decisión adoptada para enmendar a las administraciones educativas que decidieron convocar oposiciones de ingreso a los cuerpos docentes, y ello a pesar para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes no se aplica la tasa de reposición
'cero' vigente para la mayoría de la Administración.
La modificación, o mejor, la involución en el contenido de los temarios, ya que se vuelve a unos contenidos en los que ni siquiera se contempla la realidad de las nuevas tecnologías e internet, se ha llevado a cabo sin consultar a las
Comunidades Autónomas, a pesar de que recientemente se celebró una Conferencia Sectorial de Educación. Por el contrario, estas administraciones educativas sí participaron en el proceso de aprobación de los temarios de noviembre, que también habían
sido acordados con el sector educativo y las organizaciones sindicales.
También perjudica esta decisión, y gravemente, a los más de 60.000 opositores que han invertido su dinero en la adquisición de los temarios y que llevan preparando durante varios meses las oposiciones.
Finalmente, tampoco creyó oportuno el Ministro de Educación, Cultura y Deporte anunciar esta relevante decisión una semana antes a la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados el pasado 31 de enero, cuando compareció ante esta
Cámara precisamente para informar de las líneas generales de la política de su Departamento y manifestó su pretendida voluntad y disposición para 'un fluido diálogo entre el ministerio y todos los grupos parlamentarios'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revocar la Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y
2. No proceder a la aprobación de nuevos temarios sin tener en cuenta la consulta a las Comunidades Autónomas, el diálogo con las organizaciones sindicales y los demás sectores afectados y el cumplimiento del resto de trámites preceptivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
seguridad de las centrales nucleares españolas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Aunque en los últimos años la intención declarada del Gobierno y del Partido Socialista ha sido reducir progresivamente la energía nuclear como mecanismo de suministro energético de nuestro país, declarando el cese de la explotación de las
centrales nucleares cuando éstas finalizan su vida útil, y apostar decididamente por las energías renovables, en este período transitorio es necesario analizar en profundidad las condiciones de seguridad de las instalaciones nucleares, como puso
dramáticamente de manifiesto recientemente el accidente de Fukushima (Japón).
Como consecuencia de ello, en la pasada Legislatura, y a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad, una proposición no de Ley (PNL) que instaba al Gobierno a que el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) llevara a cabo, antes de que finalizara el año 2011, una serie de estudios en todas las centrales nucleares situadas en España (stress tests) para ver cómo reaccionaban ante situaciones excepcionales que la propia
iniciativa parlamentaria se ocupaba de enumerar.
Realizadas estas pruebas en tiempo, el CSN presentó un informe preliminar el 15 de septiembre de 2011. A raíz de la información contenida en el mismo se puede constatar que estas pruebas de resistencia no se
han producido en relación con varios supuestos que contemplaba la PNL. En concreto, no se ha tenido en cuenta la respuesta de nuestras instalaciones nucleares frente a posibles ataques terroristas y sabotajes o ciber-ataques o frente al
impacto de aeronaves y se ha hecho de forma incompleta en relación con los efectos que el cambio climático tiene en estas centrales y su incidencia en los parámetros que han de considerarse en el proceso de diseño de las mismas.
Este Grupo Parlamentario entiende que es necesario cumplir íntegra y satisfactoriamente la PNL aprobada el 20 de abril de 2011.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se lleven a cabo por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, en todas las centrales nucleares ubicadas en España, las pruebas de resistencia en los términos unánimemente acordados en la
Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 20 de abril de 2011, haciendo cumplir íntegramente lo establecido en esta iniciativa parlamentaria y a que, de todo ello, se mantenga debidamente informado al Congreso de
los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Leire Pajín Iraola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000072
Mediante escrito de fecha 8 de febrero de 2012 se ha retirado por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA; La Izquierda Plural la Proposición no de Ley sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, publicada en el
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 23, de 25 de enero de 2012.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.