JUSTIFICACIÓN

El 2 de marzo de 2012 los Estados miembros de la Unión
Europea (UE), excepto la República Checa y el Reino Unido, firmaron el
nuevo Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión
Económica y Monetaria (TECG).

Formalmente se presenta como un tratado independiente de
derecho internacional público, aunque su dependencia y vinculación con la
UE es evidente y habrá de incorporarse al marco jurídico de la UE después
de su entrada en vigor y en un plazo máximo de 5 años. En realidad, lo
que permite este artificio es eliminar la unanimidad para su entrada en
vigor al ser sólo preciso que 12 Estados miembros del euro lo ratifiquen.
El Tratado se aplicará únicamente a los Estados que lo ratifiquen e
incluso los no firmantes, República Checa y Reino Unido, pueden adherirse
posteriormente.

Alemania ha sido el máximo promotor del Tratado, que bien
puede considerarse como un instrumento para “germanizar”
Europa constitucionalizando el ajuste fiscal y condicionando el acceso a
los recursos del Mecanismo Europeo de Estabilización (MEDE) a dicho
ajuste. Tanto el Tratado como el propio fondo de rescate permanente
preconizan la austeridad presupuestaria sin prever medidas para el
estímulo del crecimiento económico y la creación de empleo.

Efectivamente, el TECG tiene como prioridad la austeridad
presupuestaria estableciendo el equilibrio o superávit presupuestario
como objetivo de las administraciones públicas, que se entiende cumplido
si no se supera el límite de déficit estructural del 0,5% del PIB, salvo
desviaciones temporales por circunstancias excepcionales o cuando la
proporción entre la deuda pública y el PIB esté muy por debajo del 60%,
en cuyo caso el déficit estructural podrá alcanzar un máximo del 1% del
PIB. Y al igual que ocurría con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en
el que el término “crecimiento” era pura retórica, en este
Tratado solo encontraremos llamamientos testimoniales a que la Eurozona
avance hacia una unión económica más estrecha y a una mayor coordinación
entre los Estados de sus políticas económicas.

El Tratado recoge, además, que la ayuda financiera a través
del MEDE estará condicionada a la ratificación del propio TECG por el
miembro del MEDE de que se trate. Este fondo financiero constituido por
los Estados de la eurozona, con las mismas participaciones en que lo
hacen en el BCE, podría proporcionar financiación a los Estados que
tengan dificultades para financiarse en el mercado por problemas de
solvencia. Pero la contrapartida es aceptar un duro plan de ajuste y de
supervisión de las instituciones comunitarias. Y la experiencia de
Grecia, rescatada por el fondo de rescate provisional, no es
alentadora.

Con estos mimbres es imposible abordar la crisis con
garantías para recuperar crecimiento y empleo, y defender el modelo
social europeo. Sin un presupuesto europeo digno de tal nombre con
recursos fiscales suficientes y sin un banco central que actúe como
prestamista y supervisor de última instancia, Europa se entrega a las
políticas del gobierno alemán aceptando como directrices el ajuste
salarial, una política fiscal regresiva, el debilitamiento del Estado del
bienestar y la privatización de los servicios públicos.

No hay ningún mecanismo para estimular el crecimiento
económico, para tratar de potenciar los ingresos de los Estados o
introducir un tributo a las transacciones financieras, sino que la única
preocupación es garantizar que los Estados seguirán pagando sus deudas
soberanas en el futuro. Unas deudas que en buena parte se alimentan de
los desmanes en el sistema financiero ante los que la UE ha sido
excesivamente permisiva.

Preocuparse exclusivamente por el ajuste fiscal solo puede
conducir a deprimir aún más a las economías más débiles de la UE. Y
establecer mecanismos financieros condicionados a más ajustes, alimenta
la espiral depresiva.

El Pacto Fiscal del TECG que promueve el ajuste
presupuestario debe incorporarse al Derecho nacional de los Estados que
ratifiquen el Tratado mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante
y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional.
España, discípulo aventajado, ya hizo estos deberes.

En septiembre de 2011 se reformó el artículo 135 de la
Constitución introduciendo limitaciones en las finanzas públicas y en la
capacidad del Estado para impulsar la economía y desarrollar el Estado
social, y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla la reforma
constitucional, establece el pago de los intereses y el capital de la
deuda pública de las administraciones como prioridad absoluta y el
déficit cero estructural como principio rector de la estabilidad
presupuestaria.

El Gobierno, en la exposición de motivos de este Proyecto
de Ley Orgánica, afirma que es interés de España la rápida entrada en
vigor del Tratado porque así se enviaría una positiva señal a los
mercados financieros. Es decir, que el Gobierno estima que así se
transmitirá confianza a los mercados con lo que se podrá superar la
crisis de deuda soberana de la eurozona. Crisis, por otro lado, que
arrastramos desde mayo de 2010.

Pero ninguna de las medidas llevadas a cabo hasta la fecha,
y todas basculan hacia la misma dirección, han logrado transmitir
confianza a los mercados. Y ahora no va a ser distinto, porque lo que
está en cuestión es el euro por la ausencia de una verdadera unión
económica y monetaria, con elementos establizadores de carácter federal y
un banco central competente, y de un gobierno político y democrático en
la UE.

En todo caso, seguramente sería más efectivo de cara a
recuperar esa confianza programar una iniciativa común europea que
apueste por el crecimiento y el empleo, avanzar en la regulación del
sistema financiero, coordinar las políticas fiscales y gobernar los
mercados de deuda para gestionar la crisis de las deudas soberanas.

La respuesta europea, germanizada en forma de nuevos
ajustes presupuestarios y de presión a la baja en los salarios, las
prestaciones sociales o la calidad de los servicios públicos como
fórmulas para la mejora de la productividad y la competitividad, solo
puede incidir negativamente en la demanda interna europea entorpeciendo
la recuperación económica y del empleo, además de fomentar la divergencia
económica y social entre los países de la Unión Europea.

Por el contrario, las políticas de ajuste fiscal están
reduciendo en la mayoría de los Estados miembros las necesarias
inversiones en educación, investigación e infraestructuras, factores
estos relevantes a la hora de mejorar la productividad y la eficiencia de
las distintas economías.

La gobernanza de la austeridad ha de ser corregida para
garantizar verdaderas políticas de recuperación económica y evitar el
desmantelamiento del modelo social europeo.

Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del
Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria
entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de
Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia,
Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República
Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de
Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría,
Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la
República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de
Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de
Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.

Palacio del Senado, 3 de julio de 2012.—Joan Saura
Laporta y Jordi Guillot Miravet.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De Don Joan Saura Laporta (GPEPC) y de Don Jordi Guillot
Miravet (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al
Proyecto de Ley.

JUSTIFICACIÓN

El 2 de marzo de 2012 los Estados miembros de la Unión
Europea (UE), excepto la República Checa y el Reino Unido, firmaron el
nuevo Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión
Económica y Monetaria (TECG).

Formalmente se presenta como un tratado independiente de
derecho internacional público, aunque su dependencia y vinculación con la
UE es evidente y habrá de incorporarse al marco jurídico de la UE después
de su entrada en vigor y en un plazo máximo de 5 años. En realidad, lo
que permite este artificio es eliminar la unanimidad para su entrada en
vigor al ser sólo preciso que 12 Estados miembros del euro lo ratifiquen.
El Tratado se aplicará únicamente a los Estados que lo ratifiquen e
incluso los no firmantes, República Checa y Reino Unido, pueden adherirse
posteriormente.

Alemania ha sido el máximo promotor del Tratado, que bien
puede considerarse como un instrumento para «germanizar» Europa
constitucionalizando el ajuste fiscal y condicionando el acceso a los
recursos del Mecanismo Europeo de Estabilización (MEDE) a dicho ajuste.
Tanto el Tratado como el propio fondo de rescate permanente preconizan la
austeridad presupuestaria sin prever medidas para el estímulo del
crecimiento económico y la creación de empleo.

Efectivamente, el TECG tiene como prioridad la austeridad
presupuestaria estableciendo el equilibrio o superávit presupuestario
como objetivo de las administraciones públicas, que se entiende cumplido
si no se supera el límite de déficit estructural del 0,5% del PIB, salvo
desviaciones temporales por circunstancias excepcionales o cuando la
proporción entre la deuda pública y el PIB esté muy por debajo del 60%,
en cuyo caso el déficit estructural podrá alcanzar un máximo del 1% del
PIB. Y al igual que ocurría con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en
el que el término «crecimiento» era pura retórica, en este Tratado solo
encontraremos llamamientos testimoniales a que la Eurozona avance hacia
una unión económica más estrecha y a una mayor coordinación entre los
Estados de sus políticas económicas.

El Tratado recoge, además, que la ayuda financiera a través
del MEDE estará condicionada a la ratificación del propio TECG por el
miembro del MEDE de que se trate. Este fondo financiero constituido por
los Estados de la eurozona, con las mismas participaciones en que lo
hacen en el BCE, podría proporcionar financiación a los Estados que
tengan dificultades para financiarse en el mercado por problemas de
solvencia. Pero la contrapartida es aceptar un duro plan de ajuste y de
supervisión de las instituciones comunitarias. Y la experiencia de
Grecia, rescatada por el fondo de rescate provisional, no es
alentadora.

Con estos mimbres es imposible abordar la crisis con
garantías para recuperar crecimiento y empleo, y defender el modelo
social europeo. Sin un presupuesto europeo digno de tal nombre con
recursos fiscales suficientes y sin un banco central que actúe como
prestamista y supervisor de última instancia, Europa se entrega a las
políticas del gobierno alemán aceptando como directrices el ajuste
salarial, una política fiscal regresiva, el debilitamiento del Estado del
bienestar y la privatización de los servicios públicos.

No hay ningún mecanismo para estimular el crecimiento
económico, para tratar de potenciar los ingresos de los Estados o
introducir un tributo a las transacciones financieras, sino que la única
preocupación es garantizar que los Estados seguirán pagando sus deudas
soberanas en el futuro. Unas deudas que en buena parte se alimentan de
los desmanes en el sistema financiero ante los que la UE ha sido
excesivamente permisiva.

Preocuparse exclusivamente por el ajuste fiscal solo puede
conducir a deprimir aún más a las economías más débiles de la UE. Y
establecer mecanismos financieros condicionados a más ajustes, alimenta
la espiral depresiva.

El Pacto Fiscal del TECG que promueve el ajuste
presupuestario debe incorporarse al Derecho nacional de los Estados que
ratifiquen el Tratado mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante
y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional.
España, discípulo aventajado, ya hizo estos deberes.

En septiembre de 2011 se reformó el artículo 135 de la
Constitución introduciendo limitaciones en las finanzas públicas y en la
capacidad del Estado para impulsar la economía y desarrollar el Estado
social, y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla la reforma
constitucional, establece el pago de los intereses y el capital de la
deuda pública de las administraciones como prioridad absoluta y el
déficit cero estructural como principio rector de la estabilidad
presupuestaria.

El Gobierno, en la exposición de motivos de este Proyecto
de Ley Orgánica, afirma que es interés de España la rápida entrada en
vigor del Tratado porque así se enviaría una positiva señal a los
mercados financieros. Es decir, que el Gobierno estima que así se
transmitirá confianza a los mercados con lo que se podrá superar la
crisis de deuda soberana de la eurozona. Crisis, por otro lado, que
arrastramos desde mayo de 2010.

Pero ninguna de las medidas llevadas a cabo hasta la fecha,
y todas basculan hacia la misma dirección, han logrado transmitir
confianza a los mercados. Y ahora no va a ser distinto, porque lo que
está en cuestión es el euro por la ausencia de una verdadera unión
económica y monetaria, con elementos establizadores de carácter federal y
un banco central competente, y de un gobierno político y democrático en
la UE.

En todo caso, seguramente sería más efectivo de cara a
recuperar esa confianza programar una iniciativa común europea que
apueste por el crecimiento y el empleo, avanzar en la regulación del
sistema financiero, coordinar las políticas fiscales y gobernar los
mercados de deuda para gestionar la crisis de las deudas soberanas.

La respuesta europea, germanizada en forma de nuevos
ajustes presupuestarios y de presión a la baja en los salarios, las
prestaciones sociales o la calidad de los servicios públicos como
fórmulas para la mejora de la productividad y la competitividad, solo
puede incidir negativamente en la demanda interna europea entorpeciendo
la recuperación económica y del empleo, además de fomentar la divergencia
económica y social entre los países de la Unión Europea.

Por el contrario, las políticas de ajuste fiscal están
reduciendo en la mayoría de los Estados miembros las necesarias
inversiones en educación, investigación e infraestructuras, factores
estos relevantes a la hora de mejorar la productividad y la eficiencia de
las distintas economías.

La gobernanza de la austeridad ha de ser corregida para
garantizar verdaderas políticas de recuperación económica y evitar el
desmantelamiento del modelo social europeo.

Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del
Proyecto de Ley y su devolución al Congreso de los Diputados.