En ese mismo sentido, ni la reforma del artículo 135 de la
Constitución, ni su desarrollo a través de la ley orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones
Públicas, ahora en tramitación parlamentaria, han conseguido fortalecer
la confianza en la economía española. Pero son reformas con un marcado
carácter antisocial.

El apartado 3 del reformado artículo 135 establece que el
pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las
Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente
contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un
valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del
Estado español como Estado social y democrático de Derecho. Además, se
limita la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las
Comunidades Autónomas, establecidas en el artículo 156 de la Constitución
y se impone a las Corporaciones Locales, ya de por si acuciadas por el
incumplimiento del compromiso de un nuevo sistema de financiación, el
equilibrio presupuestario.

El «déficit cero» estructural y el valor de referencia de
la deuda pública en el 60 % del PIB serán los principios rectores de lo
que ahora se entiende como estabilidad presupuestaria, cuando se complete
el periodo transitorio hasta 2020. El caso es que todos estos límites son
arbitrarios y tienen poco sentido desde el punto de vista macroeconómico
porque sus potenciales efectos sobre la economía y el empleo sólo pueden
ser negativos. La crisis ha disparado el déficit y la deuda, alimentada
también por los rescates al sector privado, y muchas Administraciones
tienen serios problemas de solvencia. Fijar la prioridad en los ajustes
presupuestarios, sin reformas de calado en los ingresos públicos,
conducirá a recortes en el gasto social, al deterioro de los servicios
públicos y a la destrucción de empleo público.

De la misma forma, el resto de reformas estructurales
publicitadas para mejorar la competitividad y el acceso al crédito no
están redundando en el crecimiento de nuestra economía y en la reducción
del desempleo.

La regresiva reforma del mercado de trabajo modifica el
marco laboral para que las empresas dispongan de instrumentos suficientes
para imponer condiciones de trabajo y salarios a la baja. Pero esto sólo
puede reproducir acentuándolo un modelo económico que ya dábamos por
agotado, por insostenible. Seguir centrando los cambios en los aspectos
laborales y no en el modelo productivo es un error, porque las relaciones
laborales son consecuencia en gran medida del modelo productivo y se
acaba por renunciar a articular medidas para permitir la transición hacia
el desarrollo de un modelo productivo más diversificado y eficiente.

En todo caso, siendo evidente que la salida de la crisis no
va a depender de políticas laborales, lo acuciante es revitalizar la
inversión pública e impedir que el ajuste fiscal programado por el
Gobierno deprima la economía, perjudique la creación de empleo y acabe
por generar más dificultades a la hora de reducir el déficit público.
Recuperar la normalidad en el crédito es también una condición necesaria
para lo cual se necesitan instrumentos financieros públicos, porque la
reforma del sector financiero no ha conseguido que el crédito llegue a
las familias y a las empresas más necesitadas de financiación.

Unos Presupuestos que deprimen la economía y aumentan el
desempleo.

Ese es el contexto en el que se van a aprobar los
Presupuestos Generales del Estado para 2012, considerando además que los
Presupuestos de 2011 se prorrogaron por la convocatoria de elecciones
generales. El déficit del conjunto de Administraciones Públicas para 2011
se ha situado en el 8,5 % del PIB y el objetivo del Gobierno, después de
ciertos devaneos con la Comisión Europea, es situar el déficit en el 5,3
% del PIB para 2012 manteniendo el compromiso de reducirlo al 3 % del PIB
en 2013.

Con estos planteamientos, la necesidad de financiación de
las Administraciones Públicas se piensa reducir globalmente en 2012 en
3,2 puntos de PIB, lo que significa un ajuste de algo más de 34.000
millones de euros. Ese recorte ya lleva implícito un ajuste en la
disponibilidad de créditos de los Presupuestos prorrogados por valor de
8.915 millones de euros y de más ingresos por valor de 6.000 millones de
euros, en particular por el gravamen complementario, temporal y
progresivo en el IRPF. Y también forma parte del ajuste el anuncio del
Gobierno, poco después de presentar los Presupuestos, de un recorte de
10.000 millones de euros en sanidad y educación que deberá ser ejecutado
por las Comunidades Autónomas.

El déficit público y las variaciones en los activos
financieros provocan que, según el Gobierno, la deuda pública aumente
desde el 68,5 % sobre el PIB a finales de 2011 al 79,8 % en 2012. Niveles
que, en todo caso, se sitúan muy por debajo de la media de la zona euro,
donde se registrará una deuda pública del 90,4 % del PIB en 2012.

El escenario macroeconómico que acompaña a los Presupuestos
es desolador. La evolución de la economía española en 2012 estará
fundamentalmente determinada por el comportamiento de la demanda interna
y ésta recibirá una influencia contractiva por el profundo recorte
fiscal. Según las previsiones del Gobierno el gasto en consumo final
descenderá un 3,1 % en 2012 por el ajuste fiscal y la destrucción de
empleo, la formación bruta de capital caerá un 8,8 % también influida por
el ajuste en la inversión pública y como resultado de ello, la demanda
nacional disminuirá un 4,4 %. Considerando la aportación positiva del
sector exterior, el resultado final es una disminución prevista del PIB
del 1,7 %.

Es decir, el primer efecto de estos Presupuestos es que
contribuyen de forma destacada a llevar a la economía a una nueva
recesión. Y por extensión, a una destrucción de empleo del 3,7 % cifrada
en 631.100 ocupados menos y a un aumento del paro en 600.000 personas.
Estamos hablando de una previsión de 5.601.800 personas desempleadas en
2012, lo que significa el 24,3 % de la población activa.

Y estas son las previsiones del Gobierno, que algunos
analistas consideran elaboradas con cierto optimismo y que incluso el FMI
cuestiona abiertamente. Porque es probable que el ajuste presupuestario
tenga un impacto negativo superior sobre la demanda interna, el
crecimiento del PIB y el empleo, y por tanto, sobre los ingresos
públicos, acabando por provocar más déficit público.

Medidas insuficientes por el lado del ingreso y una
inaceptable amnistía fiscal.

Los ingresos acusan las consecuencias del escenario
recesivo previsto en los Presupuestos pero, depurando el efecto de los
sistemas de financiación de las Administraciones Territoriales, los
ingresos del Estado se estima que crecen por encima del 6 % como
consecuencia de medidas discrecionales que afectan a los principales
tributos. En lo que respecta a la Seguridad Social, los ingresos por
cotizaciones sociales disminuyen un 3,9 % como consecuencia de la
destrucción de empleo prevista.

Según el Gobierno, las actuaciones discrecionales por el
lado de los ingresos públicos supondrán unos 12.300 millones de euros.
Como ya se ha comentado, un primer grupo de medidas significa la
aplicación durante 2012 y 2013 de un gravamen complementario, temporal y
progresivo en la cuota del IRPF y un gravamen complementario para las
rentas del ahorro. Se estima un incremento de los ingresos por estas
actuaciones de 4.100 millones de euros.

También se introducen medidas que afectan al Impuesto sobre
Sociedades aumentando la tributación al limitar la deducción del fondo de
comercio, modificar el cálculo del pago fraccionado de grandes empresas,
limitar la deducción de los gastos financieros, establecer un gravamen
especial para rentas procedentes del extranjero y limitar la libertad de
amortización. Se estima que estas medidas aumentarán la recaudación en
5.350 millones de euros.

Otros cambios normativos que producirán ingresos
adicionales remiten al Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco y a la
Tasa sobre el Ejercicio de la Potestad Jurisdiccional.

Adicionalmente se aprueba lo que el Gobierno denomina
«programa extraordinario para incentivar que los contribuyentes del IRPF,
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes regularicen su situación tributaria», que se estima supondrá
unos ingresos de unos 2.500 millones de euros. Es decir, una amnistía
fiscal por la que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el
fisco pagando un 10 % y evitando intereses, recargos y sanciones.

Esta amnistía supone un agravio comparativo para los
contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y choca
frontalmente con una política contundente de lucha contra el fraude
fiscal porque será tan ineficaz para aflorar economía sumergida como ya
lo fueron anteriores amnistías. En realidad, esta medida supone a efectos
prácticos el reconocimiento implícito del Gobierno sobre la incapacidad
de la Agencia Tributaria para luchar con garantías contra el fraude.
Entre 1980 y 2008 la bolsa de fraude se ha multiplicado por cuatro hasta
alcanzar un volumen que puede estimarse en unos 245.000 millones de euros
anuales, lo cual representa una recaudación potencial de impuestos de
unos 89.000 millones de euros.

Las medidas en el Impuesto sobre Sociedades son positivas
pero insuficientes porque no terminan con la falta de equidad en el
tributo, ya que las empresas de mayor dimensión continuarán disponiendo
de múltiples vías de escape para tributar de forma efectiva muy por
debajo del 20 %. En este tributo podría elevarse el tipo impositivo hasta
el 35 % para bases imponibles que superen el millón de euros logrando una
recaudación adicional que podría rondar los 14.000 millones de euros.
Sería una medida coherente con la subida de los tipos marginales en el
IRPF.

El IRPF necesita una reforma estructural, no medidas
temporales y extraordinarias aunque sean positivas al mejorar la
progresividad. Porque es preciso recuperar el carácter sintético del
tributo integrando

todos los rendimientos del contribuyente en una única base
para corregir el sesgo favorable hacia las rentas del capital. En esa
reforma puede asegurarse la progresividad de las tarifas ajustando la
amplitud de los tramos y con tipos más elevados para los contribuyentes
de mayor capacidad económica.

El Gobierno no ha abordado uno de los retos fundamentales
de este país, como es la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal en
profundidad para corregir de manera estable los desequilibrios e
inequidades de nuestro sistema tributario. En este sentido, ha renunciado
a aplicar de manera decidida medidas de fiscalidad ambiental que
contribuirían a aumentar los ingresos en nuestro país y a impulsar el
cambio de modelo productivo para desarrollar una economía sostenible, que
internalice los costes de las actividades que generan daños que
repercuten negativamente en el medio ambiente y también en los bienes
públicos y en la salud de nuestros ciudadanos. España se sitúa en la cola
de la UE en el desarrollo de la fiscalidad ambiental a la vez que nos
alejamos de las políticas y objetivos medio ambientales que fija Europa.
Es injusto e ineficiente desde el punto de vista económico que estos
Presupuestos no incluyan nuevas figuras impositivas sobre la energía
nuclear, los residuos radioactivos o las emisiones difusas de CO2.

Un ajuste en el gasto público que deprime la inversión,
agudiza el retroceso social y deteriora los servicios públicos.

Se produce un intenso recorte en materia de inversión
pública, una herramienta imprescindible para la recuperación de nuestra
economía, la creación de empleo y el cambio de modelo productivo. El
Sector Público Estatal disminuirá la inversión real en un 25 % con un
impacto territorial desigual pero demoledor. Aún más, el Gobierno no
destina ni un solo euro a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón,
Castilla y León, Cataluña e Illes Balears para dar cumplimiento a lo
establecido en materia de inversiones en sus respectivos Estatutos de
Autonomía.

Pero incluso dentro de ese ajuste, la composición del mismo
es desequilibrada porque todavía existen ejes prioritarios incompletos,
en muchos casos con una elevada siniestralidad, y zonas del interior
peninsular que quedan alejadas de los grandes ejes de comunicación, fruto
de una concepción de las infraestructuras basada en una red radial frente
a un modelo que reclamamos en forma de malla, sin duda más sostenible y
equilibrado para el territorio y para la inversión pública.

Así, el Ministerio de Fomento y sus organismos públicos
empresariales prevén invertir 11.900 millones de euros a medio plazo en
grandes obras de infraestructuras como autovías o líneas de alta
velocidad, a pesar de no existir, en algunos casos, demanda suficiente
para justificar dicho gasto y de existir muchas dudas sobre su impacto en
el desarrollo de la economía y la creación de empleo. En 2012 se
invertirán 4.187,7 millones de euros en nuevos tramos de alta velocidad
ferroviaria frente a los 28,5 millones de euros previstos para las
cercanías, mucho más utilizadas por la ciudadanía. De la misma forma,
está previsto gastar 1.280 millones de euros en construcción de más
carreteras, a pesar de que somos el país europeo con más kilómetros de
autovías y autopistas.

En materia de agricultura, si bien son positivos los
objetivos establecidos como garantía de rentas, seguridad alimentaria y
calidad de los alimentos, la priorización de éstos no concuerda con las
asignaciones presupuestarias. Se recortan las partidas de competitividad
y calidad de la producción agrícola y ganadera, los controles en
frontera, la previsión de riesgos y el asociacionismo agrario. La partida
de agricultura ecológica disminuye un 20 %. Dado el potencial de este
modelo de agricultura para contribuir a objetivos productivos y
ambientales, incluso en lo referente a creación de empleo verde, parece
un contrasentido ir destinando cada vez menos fondos a esta política. Más
aún cuando el potencial de extensión de este tipo de agricultura en
España es inmenso, dadas nuestras condiciones agroclimáticas.

La importancia de la política industrial sobre la
generación de actividad y el apoyo al desarrollo industrial, en
particular, en las regiones en especial situación de desempleo
industrial, no encuentra reflejo en estos Presupuestos. El programa
relativo a la «Reconversión y reindustrialización» disminuye un 18,4 % y
el de «Desarrollo Industrial» lo hace en un 27,7 %. Y los recursos del
programa para el desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras se
reducen en un 71,7 %.

La política de turismo sufre un recorte superior a los 285
millones de euros, tanto en el programa «Coordinación y promoción del
turismo», como en el Fondo Financiero para Modernización de
Infraestructuras Turísticas. Trabajar por mejorar la calidad del turismo,
abrir vías para superar la estacionalidad y fomentar un desarrollo
sostenible son elementos claves de generación de ingresos y de creación
de puestos de trabajo.

En materia de investigación los peores pronósticos se han
cumplido y el mayor ataque al sistema científico técnico español en la
historia de la democracia está plasmado en estos Presupuestos. Un recorte
del 25,5 % en el total de la Función que se agudiza hasta el 26,1 % en
las operaciones no financieras, o sea, en el gasto real en I+D. El ajuste
se lo lleva básicamente el capítulo de transferencias de capital con un
34 % de recorte. Este capítulo incluye el Plan Nacional de I+D+i,
herramienta fundamental de financiación del sector público de la
investigación, las cuotas a organismos internacionales y los programas de
recursos humanos, como el Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o las
becas/contratos FPI. Se reducen también de forma drástica las ayudas a
Centros Tecnológicos de las Comunidades Autónomas.

El recorte también es severo en sanidad y servicios
sociales. La sanidad dispondrá de un 13,7 % menos de presupuesto
recortando por valor de 365 millones de euros y en dependencia se elimina
totalmente el nivel convenido para el que se disponía en el ejercicio
anterior de 283 millones de euros. Es una irresponsabilidad que estos
Presupuestos supriman las ayudas al Plan Nacional del Sida destinadas a
las Comunidades Autónomas y reduzcan en más de 5 millones de euros las
destinadas a ONGs, incumpliendo de esta manera los compromisos
internacionales en la materia.

En materia de educación, el recorte general en todas las
partidas ministeriales no sólo se ha traducido en que la educación tiene
un 21,9 % menos de dinero que el año pasado, 623 millones de euros menos,
sino que además ha perdido peso específico en el conjunto presupuestario.
Las habituales apelaciones a que la educación es el mejor camino para
salir de la crisis y para impulsar un empleo cualificado y una economía
más estable, la que llaman «economía del conocimiento», no ha tenido
reflejo en las cuentas de 2012. La inversión en educación ha pasado de
constituir el 0,9 % del gasto total a instalarse en el 0,7 %.

La reducción en Ayuda Oficial al Desarrollo supera el 45 %
(1.631 millones de euros menos que en 2011) situando la previsión para
este año en el 0,24 % del PIB, alejándonos del 0,7 % en 2015 comprometido
en el Pacto de Estado contra la Pobreza. La cooperación internacional no
debe someterse a la inestabilidad en función de excedentes, requiere de
un compromiso social y no de la caridad. El recorte de este año se suma a
los más de 1.000 millones de euros de reducción que se hicieron en el
2011, provocando un desmantelamiento de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Además, cabe
destacar que del total de fondos destinados a Ayuda Oficial al Desarrollo
un 58 % estará gestionado por el Ministerio de Economía y Competitividad,
aumentando el endeudamiento de los países y vinculando la ayuda a
intereses no solidarios.

Las ayudas directas para el acceso a la vivienda se reducen
en 322 millones de euros mientras se recupera plenamente la deducción por
inversión en la vivienda habitual en el IRPF, incentivo fiscal que
contribuyó en su medida a la explosión del sector del ladrillo y a la
burbuja inmobiliaria, y que constituye una pérdida de recursos públicos
nada despreciable.

La inversión en políticas de igualdad se reduce
sustancialmente y no existe la especificidad necesaria para actuar contra
todo tipo de discriminación por razón de sexo, al diluirse entre
políticas generalistas que poco o nada contribuyen a ello. Se recorta un
21 % la partida total para igualdad y contra la violencia de género.

Los empleados públicos ven congeladas sus retribuciones un
año más y tras la reducción media del 5 % en 2010, acumulan ya una
pérdida del poder adquisitivo de más del 30 % desde enero de 1991. Además
se produce una reducción de las plantillas de personal por la no
reposición de efectivos en términos generales, limitando la Oferta de
Empleo Público al 10 % de la tasa de reposición de efectivos
exclusivamente en los ámbitos de educación, centros hospitalarios,
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de lucha contra
el fraude fiscal, eliminando el resto de vacantes que se produzcan, lo
que supondrá la destrucción de más de 17.000 empleos públicos, muchos de
ellos en servicios esenciales. La disminución y envejecimiento de las
plantillas, junto con los recortes indiscriminados en los gastos de
funcionamiento e inversiones de los servicios públicos, va a agudizar su
actual deterioro. La prestación de los servicios públicos con la calidad
necesaria para el sostenimiento de un estado social resulta imposible en
este marco presupuestario. La vía adoptada por el Gobierno de
externalizar funciones y servicios propios de las Administraciones
Públicas, supone, además de un incremento innecesario del gasto, una
transferencia encubierta de recursos públicos al sector privado.

A pesar de que el sector cultural es un generador neto de
ocupación y aporta aproximadamente el 4 % del PIB, se registra un
descenso del 15,1 % (937 millones de euros menos) evidenciando la
renuncia al derecho universal a la cultura y la apuesta por la
diversidad, poniéndola en manos del sector privado y apostando por un
modelo vinculado al mercado y al negocio. No se apuesta por los
contenidos, la accesibilidad en todos los sentidos, incluido el
tecnológico, la creación como motor y la diversidad como

valor. Se consolida el recorte en las garantías de derechos
de la ciudadanía y no se avanza en el control democrático de la gestión
de las políticas culturales y de los derechos de autor. Así, se recorta
en un 36 % el presupuesto del Instituto de Cinematografía y Artes
Visuales y se eliminan 6 líneas de apoyo al desarrollo de proyectos,
creación de guiones y nuevas tecnologías.

Por último, desciende el presupuesto para políticas activas
de empleo en un 21,3 %, dificultando la formación de las personas
desempleadas y, por tanto, sus posibilidades de recolocación. Y en lo que
respecta a las prestaciones económicas por desempleo, su dotación
disminuye un 5,4 % pese al aumento del paro. Según las estimaciones del
Gobierno, en 2012 los perceptores de prestaciones por desempleo (nivel
contributivo, asistencial y renta activa de inserción) disminuirán en un
6,5 %.

Unos Presupuestos antiecológicos, antiguos y miopes ante
los retos del siglo XXI.

Estos presupuestos marginan al medio ambiente en todos sus
aspectos entrando en grave contradicción con los retos mundiales a
abordar, como son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la
contaminación del agua, aire y suelo y el agotamiento de los recursos
naturales, olvidando que la protección medioambiental forma parte de la
salida a la crisis y obviando el incremento de ingresos mediante la
aplicación de una fiscalidad ambiental.

La prevención de la contaminación y el cambio climático
registra un descenso del 48 %. De los 52,8 millones de euros que se
destinan, 42 millones se dedican a comprar íntegramente derechos de
emisión, manifestando una gran miopía desde el punto de vista económico y
medioambiental por su afectación a sectores clave como el turismo o la
agricultura.

En política energética se anulan las políticas de fomento a
las energías renovables y las ya escasas políticas de ahorro y eficiencia
energética, dejando en 2 millones de euros los recursos del Instituto
para la Diversificación y Ahorro Energético. Así, el desarrollo
energético pasa a ser la última política quedando por primera vez por
detrás en inversiones del apoyo al sector del carbón y de las políticas
dirigidas a la energía nuclear.

España es un país muy vulnerable en cuestiones energéticas
si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes de energía
que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente dependientes,
aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y en el medio
ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las energías
renovables que son la única garantía de abastecimiento de energía en el
futuro y del que España puede ser pionera por contar con un entorno
favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector de las
renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el
incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos
de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

La dotación para desarrollo rural sostenible se reduce en
un 85,6 % imposibilitando la cofinanciación de acciones clave para la
sostenibilidad y la protección de la biodiversidad. También es
perjudicial el descenso en materia de residuos, sector clave para la
creación de empleo, y cuya dotación a las Comunidades Autónomas afectará
al desarrollo de la legislación vigente.

Las actuaciones para hacer frente a uno de los ecosistemas
más frágiles del país, las costas, disminuyen en un 36 %. Se destinan
43,2 millones de euros menos a inversiones de protección del litoral.
También el programa de calidad del agua se reduce el 25 %, principalmente
por la caída de inversiones en la mejora del estado de la calidad de las
aguas y ecosistemas asociados y en la mejora de su gestión.

Unos Presupuestos oportunistas al servicio de la
recentralización del Estado.

Uno de los objetivos de estos Presupuestos es contribuir al
proceso de recentralización política que el Gobierno está imponiendo por
la puerta de atrás. En lugar de afrontar el debate sobre la organización
territorial del Estado, el Gobierno ha optado por una vía de hechos
consumados: asfixiar financieramente a las Comunidades Autónomas y a los
Entes Locales y eliminar competencias por vía de Reales Decretos con
reformas estructurales. Así pues, estos Presupuestos, sumados a la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, dejarán en una situación financiera crítica a
las Administraciones que desarrollan la mayoría de las políticas
sociales.

Por ello, estos Presupuestos son oportunistas y aprovechan
los argumentos de la consolidación fiscal para recentralizar, en lugar de
optar por la cooperación entre administraciones. Esto les hace ser unos
Presupuestos más ineficientes ya que la obsesión por la España radial les
lleva a planificar las Inversiones

con una lógica política en lugar de hacerlo pensando en la
recuperación económica y en asentar las bases para el desarrollo
económico sostenible en el futuro.

La obsesión centralista llega a extremos inadmisibles en
cuanto a políticas activas de ocupación. Si el desempleo es el principal
problema político y la lucha contra el paro la principal batalla que
debería presentar los Presupuestos Generales del Estado, es
injustificable que los recortes presupuestarios afectan a un 97 % de las
políticas de fomento del empleo de los Entes Locales: planes de empleo y
medidas de desarrollo local a través de los Agentes de Empleo y
Desarrollo Local. Del mismo modo, los recortes en las transferencias a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de las políticas
ocupacionales son de un 55 %, pasando de 3.192 millones de euros en 2011
a 1.455 millones de euros, lo que puede conllevar el desmantelamiento de
políticas ocupacionales imprescindibles en una situación de crisis como
la actual. La atención a la dependencia y la salud pública son otras de
las políticas desarrolladas por las Comunidades Autónomas que quedarán
fuertemente afectadas por los incumplimientos del Estado.

Otro elemento que caracteriza estos Presupuestos es la
falta de lealtad institucional. El flagrante incumplimiento de la
Disposición Adicional Tercera y el impago del Fondo de Competitividad,
instrumentos previstos en el Estatut d’Autonomia de Catalunya,
sumados al hecho de que no se consignen partidas presupuestarias de
políticas cofinanciadas entre el Estado y las Comunidades Autónomas o
Entes Locales, o el impago de las deudas del Estado con otras
administraciones, son una prueba de ello. Un ejemplo es la ridícula
inversión de un millón y medio de euros en las cercanías ferroviarias en
Barcelona, que se acumula al agravio histórico.

En suma, estos Presupuestos, que han sido presentados por
el propio Gobierno como los más restrictivos de la democracia, son
regresivos socialmente, deprimen la economía y contribuyen a aumentar el
desempleo. Y por si fuese poco, van acompañados de una amnistía fiscal
renunciando a luchar activamente contra el fraude.

Es preciso procurar una mayor justicia fiscal para que
quién más capacidad económica tenga contribuya en mayor medida al
sostenimiento del gasto público a través de los impuestos. El fraude
fiscal es un auténtico insulto hacia quienes cumplen con sus obligaciones
tributarias. Y en España el 70 % del fraude se concentra en las grandes
empresas y fortunas.

Equipararnos en contribución fiscal a la media de los
países que conforman la zona euro y una gestión más razonable de los
desfases presupuestarios, permitiría contar con recursos públicos
suficientes para estimular la economía, crear empleo y recortar la brecha
social que nos separa de Europa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA:
LA IZQUIERDA PLURAL, con esta enmienda a la totalidad rechaza estos
Presupuestos y pide la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.

La Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), el
Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX) y el Senador Urko Aiartza
Azurtza, INDEP (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Palacio del Senado, 4 de junio de 2012.—Urko Aiartza
Azurtza y Alberto Unamunzaga Osoro y Amalur Mendizabal Azurmendi.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De Don Urko Aiartza Azurtza (GPMX) y de Don Alberto
Unamunzaga Osoro (GPMX) y de Doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

La Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), el
Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX) y el Senador Urko Aiartza
Azurtza, INDEP (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al
Proyecto de Ley.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el
Gobierno para el presente año 2012, y que se están tramitando en ésta
Cámara, responden a un diagnóstico erróneo de las características propias
que la crisis sistémica internacional adopta en el Estado Español.

Como consecuencia de este error de diagnosis, los
Presupuestos Generales del Estado no sólo no dan respuesta ni solución a
la crisis económica, ni a la crisis social, ni a la crisis institucional,
sino que profundizan en las consecuencias de esas crisis, generando más
recesión y desempleo, a la vez que consolidan un modelo socioeconómico
cada vez más neoliberal que soporta sus ingresos sobre la base de las
personas trabajadoras con nómina; que continua protegiendo a los
capitales especulativos y financieros que siguen eludiendo la
contribución fiscal; que sigue recortando el gasto social; y que no
tienen como prioridad directa la creación de empleo de calidad e
imposibilita la puesta en marcha de otro modelo económico y social
alternativo que posibilite el desarrollo social sostenible de la
economía.

Finalmente, en estos presupuestos Generales del Estado
tampoco está presente el proceso de normalización política y de
resolución del conflicto político existente entre EuskalHerria y el
Estado.

Desde esta perspectiva queremos señalar que estos
Presupuestos Generales del Estado para el presente año 2012 son:

Ineficaces frente a la crisis económica.

Estos presupuestos reflejan la filosofía de las medidas
tomadas por el Gobierno en estos primeros meses y que van a generar más
recesión económica, con la consiguiente caída de la producción, aumento
del paro, descenso de los salarios y empobrecimiento generalizado de la
población y, por ende, del Estado.

La política generalizada de recortes, bajo la bandera de
una errónea austeridad, centrada en el control del déficit y la
cancelación apresurada de la deuda, olvidándose de la ciudadanía, de las
personas que están sufriendo y van a sufrir en mayor medida las
consecuencias de la crisis económica, y apoyando a los sectores
especulativos y financieros que son los que han tenido una gran
responsabilidad en el origen y desarrollo de la crisis, conduce a la
economía española —a diferencia de la economía de
EuskalHerria— a una situación de colapso económico.

Cuando en el planteamiento de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera se habla de reducir el déficit del 8,5 % del
PIB al 3 % en 2013, se oculta que reducir 5,5 % puntos porcentuales del
PIB supone una reducción real del 12 % ya que, por cada 100 euros que se
disminuye el gasto, disminuyen 60 euros los ingresos fiscales con lo que
el recorte real puede equivaler a 120.000 millones de euros que es una
cifra económica y socialmente inasumible.

Junto a este planteamiento de apoyo a la economía
especulativa y financiera, los Presupuestos reflejan una falta de
compromiso con la economía productiva, evitando apostar por la economía
social, del bienestar social, la defensa del medio ambiente, a la vez que
obvian la economía sumergida, la economía de los cuidados y, en especial,
la relacionada con la economía reproductiva que, por lo general, recae en
las mujeres.

Datos significativos a este respecto son tanto que los
mayores porcentajes de reducción del gasto se hayan producido en
ministerios inversores, con recortes del 34,6 %, como que, por lo que
supone de renuncia al futuro de la economía productiva, la reducción del
presupuesto dedicado a la Investigación, desarrollo e Innovación civil
haya sido del 25,6 %.

Impulsores de la crisis social.

Señalábamos que la reducción de 120.000 millones de euros
era una cifra económica y, también, socialmente inasumible, porque por
cada 1000 millones de euros de recorte de gasto, el paro se incrementa en
70.000 personas desempleadas adicionales. Esto supone que alcanzar el
objetivo de reducir el déficit al 3%, con los actuales planteamientos
socioeconómicos del Gobierno, lleva consigo superar los 7 millones de
personas en paro, alcanzar una tasa de paro del 30 %, inasumible por lo
que implica de grave crisis social.

Con este panorama, a la hora de abordar las consecuencias
sociales de la actual situación económica, no deja de ser significativo
que cuando la principal consecuencia de la crisis económica es el grave
problema del desempleo y la precariedad del empleo, el gobierno reduzca
en casi 1600 millones de euros la partida destinada a las políticas
activas de empleo, máxime si consideramos que en los presupuestos del
2011 ya sufrieron un recorte importante.

A pesar de que las cifras de paro son crecientes y, hasta
el propio Gobierno reconoce que en este ejercicio no van a disminuir, los
Presupuestos también recogen un recorte de 1669 millones de euros en las
prestaciones por desempleo.

La importante reducción de las partidas destinadas a estos
dos conceptos —políticas activas de empleo y prestaciones por
desempleo— va a debilitar aún mas el nivel de protección social,
incrementándose el número de personas en paro sin ningún tipo de
cobertura, y aumentando el número de personas que percibirán prestaciones
asistenciales, que son de menor cuantía que las prestaciones
contributivas.

Paralelamente nos encontramos con unos presupuestos que
impulsan el desmantelamiento del sector público en favor de la
privatización de servicios públicos esenciales, que conducen a un claro
debilitamiento del Estado de Bienestar, como queda de manifiesto si
analizamos el dato de los importantes recortes en las partidas de los
departamentos de carácter social, como son Educación y Cultura, que ve
disminuido su presupuesto en un 21,2 %, o Sanidad, Seguridad Social e
Igualdad que ve disminuidas sus partidas en un 13,7 %. Estas cifras
contrastan con los menores recortes aplicados a ministerios improductivos
y de dudoso carácter social como son los de Defensa, con una disminución
del 8,8 %, Interior, con un 4,3 % de recorte, o no digamos ya la Casa
Real que se aplica un escaso recorte del 2 %.

Un factor que agrava la crisis institucional y acerca la
posibilidad de convertir al Estado Español en un estado económica y
socialmente fallido.

Dentro de las características propias que la crisis
sistémica adopta en el Estado Español, se encuentra en su origen tanto de
desarrollo basado en «la cultura del ladrillo», que ha afectado de modo
muy importante al medio natural, como la «burbuja institucional», fruto
de una transición inacabada que no ha sabido dar una respuesta
democrática, respetuosa de la voluntad de la ciudadanía, a la realidad de
las naciones sin estado, las realidades nacionales, que se encuentran
dentro del actual Estado Español.

En su día, con el objetivo de anular, de difuminar, las
ansias de autogobierno, de ejercicio de la soberanía propia, que eran
evidentes en EuskalHerria y en otras realidades nacionales, generaron un
modelo de estado autonómico, basado en el «café para todos», sin tener en
cuenta las muy diversas realidades nacionales, culturales y de estructura
socioeconómica que se encontraban dentro del estado. Pensaban que
anulando formalmente la diversidad tenían resuelto el problema. Problema
que no era otro que su propia concepción de la organización del estado
que era heredera de la concepción unitaria y antidemocrática del régimen
anterior.

Treinta y cinco años después, su problema sigue encima de
la mesa: la exigencia de respeto a su soberanía, por parte de las
naciones históricas, tiene más fuerza que entonces. Pero su problema se
ha agravado porque paralelamente han generado un modelo institucional que
no funciona, que es generador de gasto inútil, de ineficacia económica y
social, y —en demasiados casos— de corrupción; un modelo
institucional que está también en la base del grave problema de
endeudamiento público del estado.

Frente a este panorama de grave crisis institucional, el
ejercicio —aunque muy limitado— de las competencias
autonómicas en las diferentes instituciones y territorios que conforman
EuskalHerria, junto con el papel determinante que han jugado las fuerzas
sociales vascas, ha demostrado una mayor eficiencia económica y social
situándonos en parámetros económicos y sociales mucho más cercanos a las
realidades económicas y sociales de los estados más avanzados de la Unión
Europea, lo cual no obvia que todavía queda mucho por avanzar, sobre todo
en el reconocimiento de EuskalHerria como nación y su derecho a decidir,
como en la necesidad de transformar el actual modelo socioeconómico.

Desde esta perspectiva, estos Presupuestos no sólo no dan
una respuesta que vaya a la raíz del fuerte endeudamiento público, sino
que se acompañan de una serie de reformas llamadas estructurales
—como son la reforma laboral, la reforma financiera y las medidas
fiscales— que debilitan su carácter de estado social de derecho, no
abordan la raíz del problema y no contribuyen a paliar las consecuencias
sociales de la crisis económica.

Una reforma laboral que supone un recorte de derechos y el
aumento de la indefensión de las personas que tienen un puesto de trabajo
cada vez más precario; que supone una perdida de poder adquisitivo y de
capacidad de gasto para amplios sectores de la población; una reforma
laboral que no va a generar empleo sino que, al contrario, genera el
estado ideal para que la Gran Patronal aplique con cobertura legal el
despido impune, con lo que con toda seguridad, generará más desempleo y
crispación social fruto de la desprotección para sectores cada vez más
amplios de la población.

Una reforma financiera que promueve el fortalecimiento de
un oligopolio financiero y el desmantelamiento de entidades financieras
de carácter social y control público, que eso es la privatización que han
hecho del sistema financiero de origen social. En el planteamiento de
estos presupuestos no existe ninguna alusión a potenciar una institución
financiera, un banco público, precisamente para atajar y plantar cara a
todo ese sistema financiero que está en el origen de la crisis y que está
en el origen de la pervivencia de

la crisis. No hay ninguna medida que impida la especulación
de las entidades financieras con los fondos y préstamos que consiguen del
Banco Central Europeo; fondos que consiguen con intereses limitados
—cerca del 1,5 por ciento— y que son prestados al propio
Estado —con intereses que se mueven alrededor del 4 o 5 por
ciento— y a la gente de la calle, a los autónomos y a las pymes con
intereses alrededor del 7 y del 8 por ciento. Y, al final, muchos de esos
fondos ni siquiera van a la gente de la calle porque están sirviendo para
regenerar y solventar los problemas propios de la banca. La potenciación
de este oligopolio financiero limita el crecimiento económico, la salida
de la crisis y debilita el estado social de derecho.

Y unas medidas fiscales que constituyen una apología del
fraude, al establecer una especie de amnistía fiscal disfrazada de
regularización, en vez de atajar el fraude fiscal y también lo que
podríamos llamar fraude legal, es decir todas esas situaciones que
legalmente no son un fraude, pero que son profundamente insolidarias ya
que constituyen una elusión fiscal que se produce a través de las
sociedades patrimoniales, de las SICAV, de la no existencia de ese
impuesto sobre la grandes fortunas. En definitiva unas medidas fiscales
que siguen haciendo recaer sobre las clases medias y clases populares la
carga fiscal sobre la que se sustentan los ingresos del Estado, en vez de
centrar los esfuerzos en la persecución del fraude fiscal y en conseguir
la justa tributación de las grandes fortunas y capitales financieros que
actualmente eluden la tributación.

En definitiva estos presupuestos van a contribuir al
agravamiento de la crisis institucional, poniendo en peligro el estado
social de derecho y la viabilidad económica y social del Estado
Español.

Ajenos a la realidad de económica y social de Euskal Herria
y no contemplan ninguna contribución a la nueva etapa política de
resolución del conflicto político.

El análisis del contenido y la filosofía que impulsa estos
Presupuestos, no hace sino constatar la existencia de EuskalHerria como
sociedad diferenciada que no sólo no se identifica con el modelo
socioeconómico que impulsan estas cuentas públicas, sino que no encuentra
ni acomodo ni solución a sus problemas, dentro del actual marco jurídico
político.

Desde la perspectiva de AMAIUR estos Presupuestos nos
reafirman en la necesidad de que EuskalHerria ejerza su plena soberanía,
tenga en sus manos todos los instrumentos de autogobierno necesarios para
dar respuesta eficaz en clave social a los problemas y necesidades de la
ciudadanía vasca, y, también, para impulsar un nuevo modelo
socioeconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la
sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y,
en general, de todos los derechos de mujeres y hombres, en el reparto del
trabajo, del poder y la riqueza en armonía con la madre tierra,
impulsando un desarrollo equilibrado.

Constatamos también con preocupación que en las presentes
cuentas públicas para el año 2012 no existan compromisos explícitos de
contribución a la nueva etapa política de resolución del conflicto
político, dando respuesta positiva al impulso que desde la declaración de
Aiete se pedía cuando textualmente se decía «Instamos a que se adopten
pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer compensar y
asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar
las heridas personales y sociales».

En base a su ineficacia frente a la crisis económica, a su
papel de impulsores de la crisis social, a su contribución en la
profundización de la crisis institucional, y en su planteamiento que no
responde a la realidad política, social y económica de EuskalHerria, los
Senadores de AMAIUR presentan esta enmienda de Veto y piden la devolución
al Gobierno de este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2012.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012.

Palacio del Senado, 4 de junio de 2012.—La Portavoz
Adjunta, Rut Martínez Muñoz.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos para el año 2012 se van a aprobar en el
marco de una profunda crisis económica y un contexto europeo cuyas
instituciones restringen enormemente el margen de maniobra presupuestario
con exigencias extremas de recortes, austeridad del gasto y reformas
neoliberales en materia de empleo, finanzas, políticas sociales...

Por otro lado, lo que se denominan mercados se están
aprovechando de la debilidad de la economía española y la están poniendo
en un grave riesgo de tener que ser rescatada.

Una realidad, la de la crisis, y un contexto, el de la
Unión Europea y los mercados, que, en opinión del Grupo Vasco en el
Senado, no auguran sino mayor crisis y unas perspectivas más negativas
sobre las posibilidades de salir de la misma.

Los datos de la economía española son realmente
preocupantes.

Según el propio Gobierno, el Producto Interior Bruto caerá
un 1,7 % este año, se destruirán más de 630.000 empleos y la tasa de paro
se situará próxima al 25 % (superando ampliamente el 50 % en el caso de
los jóvenes). El número de parados a fin de año puede alcanzar los seis
millones de personas. Este es el dato más relevante para medir la
profundidad de la crisis.

Además, el abultado déficit público (8,5 % del PIB para el
conjunto de las Administraciones Públicas en 2011, cuando se preveía un 6
%), y «el compromiso» ante la UE, y los mercados de reducirlo este año
hasta el 5,3 %, y al 3 % el próximo, con lo que implica de aumento de
impuestos y reducción de gastos públicos, intensificará la crisis
económica, que será mucho más profunda que la que estima el Gobierno.

A esto hay que añadir los problemas de fondo de la economía
española, no resueltos, y que es imprescindible solventar para tener
alguna posibilidad de que la recuperación económica pueda iniciarse. Por
ejemplo, el endeudamiento de empresas y familias; la reforma pendiente,
inacabada y mal gestionada, del sector financiero; las consecuencias de
la reforma laboral… Sin olvidar la permanente improvisación del
Gobierno que semana tras semana, mediante Real Decreto-ley adoptan
medidas de subida de impuestos, recortes de gasto, véase Educación y
Sanidad, y amnistías fiscales, cuyo rumbo es difícil adivinar.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal
acordados con la Unión Europea son implacables y exigen que se recorte el
déficit público hasta alcanzar este año el 5,3 % del PIB.

Y a este solo criterio, al del ajuste, responden unos
Presupuestos que nos sugieren algunas reflexiones.

La primera es que una política de extrema austeridad va a
agravar la crisis. Menos gasto y más impuestos deprimen la demanda,
generan más paro y menor crecimiento, lo que puede introducirnos en un
círculo vicioso muy negativo.

La segunda es que, además, no va a ser posible reducir el
déficit público en la cuantía cifrada. El año 2011, con un crecimiento
del PIB del 0,7 % y grandes sacrificios presupuestarios, el déficit se
redujo tan solo en nueve décimas. ¿Cómo se va a reducir el déficit en 3,2
puntos porcentuales si la economía decrece un 1,7?

La tercera es la falta de credibilidad y rigor técnico de
las propias previsiones de ingresos y gastos, y las dudas sobre el
cumplimiento en materia de déficit público, tal y como reconocidas
instituciones y economistas de prestigio están poniendo de
manifiesto.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2012, por lo
tanto, no van a permitir que la economía mejore a corto plazo sino todo
lo contrario. Pero tampoco incorporan medidas para mejorar la
competitividad y la productividad a medio y largo plazo.

La inversión pública se reduce (inversiones reales y
transferencias de capital) en más de un 30 %, y la I+D+i lo hace en un
porcentaje similar, lo que condicionará el crecimiento y el empleo
futuros. Los recortes en las políticas activas y en Educación apuntan en
la misma dirección.

Cabe concluir, por lo tanto, que los Presupuestos 2012 no
son adecuados para enfrentarse a la crisis económica, ya que no la
mejoran sino que la empeoran.

Otra reflexión relevante para el Grupo Vasco en el Senado
se deriva del análisis del impacto de estos Presupuestos en Euskadi.

Como cabía esperar, las partidas destinadas a Euskadi
sufren un notable descenso dentro de la escasa importancia que
tradicionalmente han tenido (tan sólo en los últimos años, merced a los
acuerdos presupuestarios con el Gobierno de Zapatero, se mantuvo cierto
impulso inversor).

Los 112 millones de euros destinados a proyectos
específicos de I+D+i en el Presupuesto anterior se convierten este año en
cero.

Las inversiones reales directas del Estado se sitúan en
31,7 millones de euros, un 0,5 % del total del Estado; es decir,
prácticamente inexistentes.

La otra partida relevante, la contemplada en el ADIF para
la construcción de la «Y» Ferroviaria, se cuantifica este año (en la
parte que corresponde al Estado) en 315 millones de euros cuando el
pasado año lo hizo en 329.

El segundo motivo de rechazo a los Presupuestos es, por
tanto, que también son negativos para Euskadi.

En definitiva, unos Presupuestos negativos para la economía
y negativos para Euskadi no pueden contar con el apoyo del Grupo Vasco en
el Senado, y es lo que justifica y explica la presentación de esta
Propuesta de Veto.

El Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX) y el Senador
Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012.

Palacio del Senado, 4 de junio de 2012.—Miguel Zerolo
Aguilar y Narvay Quintero Castañeda.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De Don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX) y de Don Narvay
Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX) y el Senador
Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta
de veto al Proyecto de Ley.

JUSTIFICACIÓN

La Ley de Presupuestos Generales del Estado, que conocen y
controlan las Cortes Generales, es el instrumento principal de política
económica del Ejecutivo.

Prorrogados los correspondientes al ejercicio 2012, se
abordan ahora unas cuentas con vigencia restringida y con el objetivo
declarado, por una parte, de abordar la estabilidad presupuestaria para
el logro de un crecimiento sostenible y la creación de empleo y, de otra
parte, abordar reformas estructurales para mejorar la competitividad y el
acceso al crédito.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2012, aprobado por el Gobierno español en un contexto económico
estatal caracterizado por una fuerte contracción del crecimiento (se
estima un decrecimiento del 1,7 % del PIB para el actual ejercicio), una
tasa de paro muy elevada, y una gran inestabilidad y desconfianza de los
mercados internacionales, tiene la finalidad de alcanzar un objetivo de
déficit máximo del 5’3 % para este año 2012, distribuyéndolo de
forma no equilibrada, beneficiando a la Administración General del
Estado, que tiene un límite del 3’5 %, frente a las Comunidades
Autónomas, para las que se fija el 1’5 %.

El Gobierno español ha reiterado que estos presupuestos
constituyen un esfuerzo de consolidación fiscal, esfuerzo que se
instrumenta, tanto desde la perspectiva del gasto, al sufrir éste un
importante ajuste, como desde la de los ingresos, mediante la adopción de
medidas excepcionales de carácter tributario con el objetivo de aumentar
la recaudación.

En particular cabe resaltar desde el punto de vista del
gasto, que mientras las operaciones corrientes son objeto de una
reducción del 2,5 % las operaciones de capital son castigadas con una
reducción

del 36,1 %, de la que el 19,6 % afecta a la inversión
pública de los distintos Ministerios y el 46,4 % a las inversiones que
realizan otras Administraciones y entidades públicas, entre ellas las
Comunidades Autónomas.

Coalición Canaria-Nueva Canarias comparte el objetivo
planteado por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para
2012 de corregir el déficit. Sin embargo, considera que este objetivo es
irrealizable en el horizonte temporal que se plantea y, además, no cumple
con el objetivo de paliar el principal problema de España, que es el
desempleo. Para su corrección es necesaria la adopción de medidas que
permitan incrementar la competitividad de la economía y alcanzar una
senda de crecimiento económico sostenible.

Además, los fuertes ajustes practicados dada la situación
de recesión económica por la que atraviesa el estado español están
paralizando la economía e impediendo el crecimiento. En este sentido se
ha manifestado también el FMI, además de añadir una décima más en la
previsión de decrecimiento de la economía española, al señalar que «la
austeridad sola no puede salvar las enfermedades económicas en la mayor
parte de las economías avanzadas».

El reconocimiento constitucional del hecho insular es un
principio político de la organización territorial del Estado y se
manifiesta en una realización efectiva del principio de solidaridad junto
al «establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo». Y más
en concreto, el régimen económico y fiscal del archipiélago canario
recoge una inequívoca singularidad que, en el ámbito comunitario, se
completa con la llamada ultraperiferia de la Unión Europea, como
expresión de las situaciones de desventaja estructurales y permanentes,
territorios ubicados en la lejanía, respecto a la dinámica económica y
social del continente.

Por ello, un criterio permanente en el diseño histórico de
la evolución económica de Canarias es evitar, ante todo, una indeseable
deriva hacia la no convergencia con el territorio español y con las
regiones europeas.

Canarias es una de las siete comunidades autónomas donde la
renta per cápita disminuye permanentemente, ampliando así el diferencial
que la separa del resto de España. Este retroceso es debido a las caídas
sucesivas del PIB en 2009 y 2010, más intensas que en el resto de España,
acompañadas de un continuo aumento de la población que llevó a la
convergencia económica de Canarias con España al nivel de 2008, cayendo
la renta per cápita hasta el 85 % de la media española, ampliándose así
el diferencial negativo que nos separa de España en un punto
porcentual.

La tasa de paro a día de hoy se eleva al 31 % de la
población activa (casi el triple de la registrada en 2007, que fue de un
11 %), la segunda más alta de España, lo que muestra la mayor gravedad de
la situación en Canarias respecto al resto de las Comunidades del
Estado.

Los datos señalados evidencian las tensiones que sufre la
economía canaria, que quedó inmersa en un proceso de desaceleración que
se anticipó a la crisis de la economía española.

En estos Presupuestos no se incorporan las medidas y los
instrumentos necesarios para reconducir el modelo económico canario, de
extrema debilidad y dependencia. Es preciso considerar que la presión que
sobre el gasto público genera el crecimiento poblacional ha sido
constante en la última década y los crecimientos de la población desde la
aprobación del modelo de financiación autonómica, en vigor desde el año
2002, no se han reflejado, esencialmente en la financiación de los
servicios públicos, dándose la paradoja de que en el sistema
recientemente aprobado, el del año 2009, persiste y se incrementa la
desigualdad creada, quedando Canarias como la comunidad autónoma peor
financiada del Estado español.

El impacto de la crisis no es homogéneo entre los
diferentes territorios del Estado. El Presupuesto debe suponer para
Canarias una política fiscal cuya orientación debe contribuir a reforzar
la eficiencia, la competitividad y el potencial de crecimiento de la
economía canaria en el contexto de la española. Sin embargo, el proyecto
presentado viene a suponer un claro freno a las necesidades de desarrollo
del archipiélago, incumpliéndose nuevamente con los art. 95 y 96 del REF
que establecen la necesidad que Canarias esté en la media de las CCAA en
materia de inversiones.

Sin perjuicio de las siempre posibles variaciones en la
gestión económica, Canarias viene insistiendo en el necesario
reequilibrio de su modelo productivo (con más de sus tres cuartas partes
en el sector servicios y menos de un siete por ciento de su PIB en el
sector industrial) y en la contribución a la mejora del empleo y su
cohesión social en la Comunidad Autónoma que supera a la media estatal en
ocho puntos y que, sobre políticas activas, recibe en estas cuentas una
reducción de 1.557 millones.

Desde la perspectiva autonómica, los Presupuestos Generales
del Estado castigan a Canarias, la discriminan con respecto a otras
Comunidades, no cumplen con los derechos que le otorga su régimen
económico fiscal, ni con los compromisos suscritos con la Administración
del Estado mediante Convenios:

• Mientras que en los presupuestos generales se
practica una reducción de las operaciones de capital del 36,1 %, Canarias
sufre un ajuste del 45,7 %, es decir 9’6 puntos más. Esta reducción
afecta, entre otras, a las inversiones en carreteras, aguas, etc, lo que
impedirá que se culminen los proyectos que en la actualidad están en
ejecución y sobre los que, para agravar aún más la situación, ya recaen
obligaciones jurídico-económicas contraídas con las empresas ejecutoras
de los mismos en virtud de convenios preestablecidos, en debida forma,
con la Administración del Estado.

• La inversión media regionalizada per cápita del
Estado en el ejercicio 2012 asciende a 273 euros, mientras que en
Canarias la inversión del Estado es de 181 euros. Además de que la
inversión per cápita en Canarias no alcanza la media estatal, el
diferencial de inversión per cápita de Canarias se incrementa en tres
puntos y medio respecto al ejercicio anterior, lo que discrimina aún más
a esta comunidad autónoma.

La Ley reguladora del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias establece expresamente un régimen especial de inversión del
Estado, que forma parte integrante de la acción estructural de carácter
económico que el Estado está obligado a desarrollar en Canarias en
ejecución de un estatuto diferencial, todo ello de acuerdo con las
previsiones de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía
canario.

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias dispone
textualmente que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio
que corresponda para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas
de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular, extremo
éste claramente incumplido en este Proyecto de Presupuesto.

• Ausencia y minoración de medidas previstas en los
Presupuestos Generales del Estado al amparo del Régimen Económico y
Fiscal canario. En particular la correspondiente a las actuaciones de
inversión en infraestructuras turísticas previstas al amparo de la Ley
19/1994, pero también la reducción de las partidas destinadas a
subvencionar el tráfico aéreo y marítimo de mercancías. Todo esto, unido
al incremento de las tasas aéreas, cercenan el desarrollo del turismo de
las islas, cuando es el único sector de la economía que presenta
crecimiento.

• Tampoco se corrigen otras graves situaciones:

En primer lugar, es notoria la incapacidad del actual
Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y
Ciudades con Estatuto de Autonomía establecido en la Ley 21/2009. No se
ha operado el cambio deseado por la propia Ley que era el de nivelar a
todas la CC.AA. El resultado final se reparte perjudicando claramente la
posición institucional de Canarias que ha pasado a ser la CC.AA peor
financiada.

Por otra parte, es de señalar la insistencia de la
Administración en no aplicar plenamente el precepto de la LOFCA que
recoge la retribución del concepto «Región Ultraperiférica» dotando un
fondo específico al efecto. Este nuevo esquema recoge en la legislación
española la condición de Canarias como autonomía singularizada en virtud
de la Constitución y del art. 299.2 del Tratado de la Unión. Lo hace con
un porcentaje adicional de financiación para compensar su peor condición
relativa y sus costes de desarrollo adicionales que el legislador tasa en
el 4,02 % de la cantidad anual de los fondos de compensación. Esta
cantidad adicional es una carga general del Estado.

El Presupuesto de Ingresos del Estado figura cuadrado con
ingresos provenientes del Fondo de Suficiencia de la Comunidad Canaria,
sin que dicha operación o apunte de los ingresos del Estado aparezca
dotada de legalidad.

Finalmente la «compensación» por parte de la Comunidad
Autónoma de Canarias al Estado, como consecuencia de la supresión del
IGTE en virtud de la implantación del REF ya ofreció serias dudas de
constitucionalidad y un grave incidente de lealtad institucional del
Estado, quien acumulando deudas históricas con Canarias por diversos
incumplimientos financieros, exige compensaciones a la deteriorada
economía canaria.

Adicionalmente el actual Gobierno Central opta por
incrementar la citada compensación, detrayendo más recursos del ya
maltratado Fondo de Suficiencia canario. Esta cuestión justificaría por
si sola la presente enmienda pues esta práctica del Estado perjudica la
ya tensionada economía de Canarias, al no permitir restituir el Fondo de
Suficiencia Canario en su totalidad y que a nuestro juicio ha de
calcularse sin minoración alguna en concepto de «compensación» al
Estado.

Todo ello, unido a la evolución negativa de las entregas a
cuenta, los importantes esfuerzos de ajuste de gastos que ha venido
realizando esta Comunidad en sus presupuestos de los últimos años que han
dado lugar a una disminución del gasto del 12 %, a la reducción de los
créditos destinados a políticas

activas de empleo y vivienda y la suspensión de
determinados artículos de la Ley de Dependencia conducen a Canarias a una
situación de extraordinaria dificultad que impide su crecimiento y hace
que persistan las insostenibles tasas de paro que ya padece.

Por todo ello Coalición Canaria presenta el siguiente veto
al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, a los
efectos de que sea devuelto al Gobierno.

El Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés
de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Palacio del Senado, 4 de junio de 2012.—El Portavoz,
José Montilla Aguilera.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el
2012 que ha tenido entrada en esta Cámara para su tramitación después de
la aprobación por el Congreso de los Diputados, es un proyecto que no
ayudará a la economía española a salir de la recesión en la que se
encuentra en estos momentos ni servirá para detener la destrucción de
empleo, primer problema hoy del país, y además pone en cuestión algunos
de los pilares del Estado del Bienestar.

Son unos Presupuestos Generales que además de no servir
para luchar contra la crisis y el desempleo, generan más presión fiscal
sobre las rentas del trabajo, más desigualdad y desprotección social.

Asimismo son unos presupuestos que no responden a las
necesidades de nuestra economía ya que no ayuda a modernizar y hacer más
competitivos e internacionalizados a nuestros sectores productivos.

Son los primeros Presupuestos presentados por el actual
Gobierno, pero no son los primeros presentados en el contexto de la
crisis económica en la que estamos inmersos.

No discutimos la necesidad del proceso de consolidación
fiscal, pero la política que reflejan estos presupuestos no puede
limitarse a la misma exclusivamente.

Compartiendo la necesidad de la reducción del déficit y la
sostenibilidad necesaria de las finanzas públicas, la aplicación del
ajuste que supone estos Presupuestos no ayudará a la recuperación de la
economía, al contrario, hará que se alargue el periodo de la
recesión.

Revisar el ritmo de consolidación fiscal de acuerdo con la
Unión Europea y acordar en su seno políticas que estimulen el crecimiento
es una necesidad también para el futuro equilibrio de los entes
públicos.

Con estos Presupuestos lo que ocurrirá es que caerá la
actividad de la economía y el empleo y por tanto también los ingresos y
no se conseguirá el objetivo de déficit que recogen.

Ello comportará pérdida de credibilidad, ya lastrada por la
decisión de retrasar la presentación de estos Presupuestos por razones
coyunturales y electorales.

Todo ello ha comportado el espiral de crecimiento de la
prima de riesgo de la deuda española que hemos vivido estas últimas
semanas.

De estar mejor situada que la italiana, a estar en el ojo
del huracán con todo lo que ello supone.

Además, si ha sido un error presentar los Presupuestos
tarde también lo ha sido el episodio del objetivo de déficit, del 5 %
previsto, al 5,8 % anunciado por el Presidente del Gobierno, al 5,3 %
después de ser corregidos por la troika europea.

Centrando en el análisis de los estados de gastos e
ingresos, hay sobradas razones para calificarlos de poco creíbles e
inconsistentes.

En el estado de ingresos, las previsiones de reducción del
déficit son poco realistas.

Las previsiones de incremento de los ingresos no
financieros sin aplicar las nuevas medidas tributarias superan en 2500 ME
las ejecutadas en 2011. Ello con una economía en recesión, es una pura
entelequia.

Eso sin entrar a analizar el que las nuevas medidas
tributarias penalizan las rentas del trabajo y consolidan desgravaciones
como la de la vivienda, hoy sin sentido, como han señalado múltiples
expertos y organizaciones internacionales.

Lo más probable es que el incremento de recaudación del
IRPF que se prevé, sea inferior, así como también el del IVA, en función
de la situación de la demanda interna.

A ello habría que sumar la optimista previsión de ingresos
de la Seguridad Social. Con el crecimiento del desempleo es de preveer un
déficit en sus cuentas. Ni se realizarán los ingresos previstos y además
los gastos serán superiores por el crecimiento del desempleo.

Mención aparte merece nuestra consideración respecto a la
eufemísticamente denominada regularización fiscal. Una amnistía
encubierta, injusta e insolidaria, además de contraproducente en la lucha
contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Resumiendo, todo ello nos lleva a un Estado de Ingresos de
los Presupuestos Generales del Estado para el 2012 inconsistente, poco
creíble, poco realista y con enormes dificultades para su
cumplimiento.

En lo que se refiere al Estado de Gastos igualmente podemos
ver, por un lado previsiones difíciles de cumplir, y absoluta falta de
prioridades si nos atenemos a los que tendrían que ser los objetivos
principales del Gobierno en esta situación de crisis y recesión
económica.

Todo aquello que puede favorecer el crecimiento, el empleo
y la modernización de nuestra economía salen claramente malparados. Ello
no ayudará,sino al contrario, a la mejora de la productividad, la
competitividad, el incremento de la internacionalización de la economía
española.

Los recortes considerables de los recursos destinados a los
programas de I+D+i son un ejemplo. Más del 25,6 % de disminución de
media, suponiendo en algunos programas el 34% y poniendo en peligro los
avances realizados en los últimos años.

La educación, otra cuestión de futuro también es recortada
de manera sustancial, un 21,9 % con carácter global, afectando
significativamente a programas como becas, guarderías o TICS en el
aula.

Igualmente se reducen los recursos destinados a fomento del
empleo a pesar de la previsión de incremento del desempleo que prevé el
propio Gobierno.

Tendremos más parados y menos recursos para ayudarles a
buscar empleo.

Igualmente las infraestructuras fundamentales para la
modernización y la competitividad se ven afectadas negativamente por
estos presupuestos. Un ejemplo es la reducción de aproximadamente un 30 %
en la inversión prevista en el Corredor Mediterráneo, fundamental para
éste área geográfica y de manera muy singular para Catalunya.

Por otro lado, cuando más necesario es incrementar nuestras
exportaciones, dada la situación de nuestra demanda interna, los
presupuestos reducen los recursos destinados a estas funciones del
comercio exterior.

Asimismo en líneas generales se produce una reducción del
gasto social de más de un 4 % en relación al 2011.

Los anunciados recortes de 10.000 millones en educación y
salud que afectan fundamentalmente a las Comunidades Autónomas, junto a
las medidas que los acompañan debilitarán y cuestionarán nuestro modelo
de bienestar. Menos recursos públicos y más tasas. Reducción de recursos
a las familias, y cuestionamiento de servicios como la atención a la
dependencia.

Son en su conjunto estos presupuestos un pésimo instrumento
para hacer frente a la situación de crisis económica y recesión de España
hoy.

Ni generan confianza a la ciudadanía, ni tampoco a nuestros
socios comunitarios y a los mercados.

Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos este veto a
los Presupuestos Generales del Estado 2012 y, en consecuencia, su
devolución al Congreso de los Diputados.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Palacio del Senado, 4 de junio de 2012.—Joan Saura
Laporta y Jordi Guillot Miravet.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

De Don Joan Saura Laporta (GPEPC) y de Don Jordi Guillot
Miravet (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al
Proyecto de Ley.

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno ha presentado los Presupuestos Generales del
Estado para 2012 afirmando que son austeros, realistas y que garantizan
la credibilidad de la economía española, pero en un lenguaje más
heterodoxo aunque no por ello menos elocuente, el Ministro de Asuntos
Exteriores los calificó como «de guerra». La cuestión es preguntarse de
guerra contra quien, y a la vista de la orientación general de los
Presupuestos y del ajuste que conllevan, la respuesta es clara: contra la
recuperación de la economía y del empleo y contra el Estado de Bienestar
y los Servicios Públicos.

El ajuste drástico en las cuentas públicas pretende, según
afirma el Gobierno, ofrecer seguridad a los inversores respecto a la
capacidad de la economía española, o dicho en otras palabras, contentar a
los mercados financieros. Pero la evolución de esos mercados demuestra
que la confianza no se recupera con recortes presupuestarios que lastran
la capacidad de crecimiento económico.

En ese mismo sentido, ni la reforma del artículo 135 de la
Constitución, ni su desarrollo a través de la ley orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones
Públicas, ahora en tramitación parlamentaria, han conseguido fortalecer
la confianza en la economía española. Pero son reformas con un marcado
carácter antisocial.

El apartado 3 del reformado artículo 135 establece que el
pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las
Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente
contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un
valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del
Estado español como Estado social y democrático de Derecho. Además, se
limita la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las
Comunidades Autónomas, establecidas en el artículo 156 de la Constitución
y se impone a las Corporaciones Locales, ya de por si acuciadas por el
incumplimiento del compromiso de un nuevo sistema de financiación, el
equilibrio presupuestario.

El «déficit cero» estructural y el valor de referencia de
la deuda pública en el 60 % del PIB serán los principios rectores de lo
que ahora se entiende como estabilidad presupuestaria, cuando se complete
el periodo transitorio hasta 2020. El caso es que todos estos límites son
arbitrarios y tienen poco sentido desde el punto de vista macroeconómico
porque sus potenciales efectos sobre la economía y el empleo sólo pueden
ser negativos. La crisis ha disparado el déficit y la deuda, alimentada
también por los rescates al sector privado, y muchas Administraciones
tienen serios problemas de solvencia. Fijar la prioridad en los ajustes
presupuestarios, sin reformas de calado en los ingresos públicos,
conducirá a recortes en el gasto social, al deterioro de los servicios
públicos y a la destrucción de empleo público.

De la misma forma, el resto de reformas estructurales
publicitadas para mejorar la competitividad y el acceso al crédito no
están redundando en el crecimiento de nuestra economía y en la reducción
del desempleo.

La regresiva reforma del mercado de trabajo modifica el
marco laboral para que las empresas dispongan de instrumentos suficientes
para imponer condiciones de trabajo y salarios a la baja. Pero esto sólo
puede reproducir acentuándolo un modelo económico que ya dábamos por
agotado, por insostenible. Seguir centrando los cambios en los aspectos
laborales y no en el modelo productivo es un error, porque las relaciones
laborales son consecuencia en gran medida del modelo productivo y se
acaba por renunciar a articular medidas para permitir la transición hacia
el desarrollo de un modelo productivo más diversificado y eficiente.

En todo caso, siendo evidente que la salida de la crisis no
va a depender de políticas laborales, lo acuciante es revitalizar la
inversión pública e impedir que el ajuste fiscal programado por el
Gobierno deprima la economía, perjudique la creación de empleo y acabe
por generar más dificultades a la hora de reducir el déficit público.
Recuperar la normalidad en el crédito es también una condición necesaria
para lo cual se necesitan instrumentos financieros públicos, porque la
reforma del sector financiero no ha conseguido que el crédito llegue a
las familias y a las empresas más necesitadas de financiación.

Unos Presupuestos que deprimen la economía y aumentan el
desempleo.

Ese es el contexto en el que se van a aprobar los
Presupuestos Generales del Estado para 2012, considerando además que los
Presupuestos de 2011 se prorrogaron por la convocatoria de elecciones
generales. El déficit del conjunto de Administraciones Públicas para 2011
se ha situado en el 8,5 % del PIB y el objetivo del Gobierno, después de
ciertos devaneos con la Comisión Europea, es situar el déficit en el 5,3
% del PIB para 2012 manteniendo el compromiso de reducirlo al 3 % del PIB
en 2013.

Con estos planteamientos, la necesidad de financiación de
las Administraciones Públicas se piensa reducir globalmente en 2012 en
3,2 puntos de PIB, lo que significa un ajuste de algo más de 34.000
millones de euros. Ese recorte ya lleva implícito un ajuste en la
disponibilidad de créditos de los Presupuestos prorrogados por valor de
8.915 millones de euros y de más ingresos por valor de 6.000 millones de
euros, en particular por el gravamen complementario, temporal y
progresivo en el IRPF. Y también forma parte del ajuste el anuncio del
Gobierno, poco después de presentar los Presupuestos, de un recorte de
10.000 millones de euros en sanidad y educación que deberá ser ejecutado
por las Comunidades Autónomas.

El déficit público y las variaciones en los activos
financieros provocan que, según el Gobierno, la deuda pública aumente
desde el 68,5 % sobre el PIB a finales de 2011 al 79,8 % en 2012. Niveles
que, en todo caso, se sitúan muy por debajo de la media de la zona euro,
donde se registrará una deuda pública del 90,4 % del PIB en 2012.

El escenario macroeconómico que acompaña a los Presupuestos
es desolador. La evolución de la economía española en 2012 estará
fundamentalmente determinada por el comportamiento de la demanda interna
y ésta recibirá una influencia contractiva por el profundo recorte
fiscal. Según las previsiones del Gobierno el gasto en consumo final
descenderá un 3,1 % en 2012 por el ajuste fiscal y la destrucción de
empleo, la formación bruta de capital caerá un 8,8 % también influida por
el ajuste en la inversión pública y como resultado de ello, la demanda
nacional disminuirá un 4,4 %. Considerando la aportación positiva del
sector exterior, el resultado final es una disminución prevista del PIB
del 1,7 %.

Es decir, el primer efecto de estos Presupuestos es que
contribuyen de forma destacada a llevar a la economía a una nueva
recesión. Y por extensión, a una destrucción de empleo del 3,7 % cifrada
en 631.100 ocupados menos y a un aumento del paro en 600.000 personas.
Estamos hablando de una previsión de 5.601.800 personas desempleadas en
2012, lo que significa el 24,3 % de la población activa.

Y estas son las previsiones del Gobierno, que algunos
analistas consideran elaboradas con cierto optimismo y que incluso el FMI
cuestiona abiertamente. Porque es probable que el ajuste presupuestario
tenga un impacto negativo superior sobre la demanda interna, el
crecimiento del PIB y el empleo, y por tanto, sobre los ingresos
públicos, acabando por provocar más déficit público.

Medidas insuficientes por el lado del ingreso y una
inaceptable amnistía fiscal.

Los ingresos acusan las consecuencias del escenario
recesivo previsto en los Presupuestos pero, depurando el efecto de los
sistemas de financiación de las Administraciones Territoriales, los
ingresos del Estado se estima que crecen por encima del 6 % como
consecuencia de medidas discrecionales que afectan a los principales
tributos. En lo que respecta a la Seguridad Social, los ingresos por
cotizaciones sociales disminuyen un 3,9 % como consecuencia de la
destrucción de empleo prevista.

Según el Gobierno, las actuaciones discrecionales por el
lado de los ingresos públicos supondrán unos 12.300 millones de euros.
Como ya se ha comentado, un primer grupo de medidas significa la
aplicación durante 2012 y 2013 de un gravamen complementario, temporal y
progresivo en la cuota del IRPF y un gravamen complementario para las
rentas del ahorro. Se estima un incremento de los ingresos por estas
actuaciones de 4.100 millones de euros.

También se introducen medidas que afectan al Impuesto sobre
Sociedades aumentando la tributación al limitar la deducción del fondo de
comercio, modificar el cálculo del pago fraccionado de grandes empresas,
limitar la deducción de los gastos financieros, establecer un gravamen
especial para rentas procedentes del extranjero y limitar la libertad de
amortización. Se estima que estas medidas aumentarán la recaudación en
5.350 millones de euros.

Otros cambios normativos que producirán ingresos
adicionales remiten al Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco y a la
Tasa sobre el Ejercicio de la Potestad Jurisdiccional.

Adicionalmente se aprueba lo que el Gobierno denomina
«programa extraordinario para incentivar que los contribuyentes del IRPF,
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes regularicen su situación tributaria», que se estima supondrá
unos ingresos de unos 2.500 millones de euros. Es decir, una amnistía
fiscal por la que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el
fisco pagando un 10 % y evitando intereses, recargos y sanciones.

Esta amnistía supone un agravio comparativo para los
contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y choca
frontalmente con una política contundente de lucha contra el fraude
fiscal porque será tan ineficaz para aflorar economía sumergida como ya
lo fueron anteriores amnistías. En realidad, esta medida supone a efectos
prácticos el reconocimiento implícito del Gobierno sobre la incapacidad
de la Agencia Tributaria para luchar con garantías contra el fraude.
Entre 1980 y 2008 la bolsa de fraude se ha multiplicado por cuatro hasta
alcanzar un volumen que puede estimarse en unos 245.000 millones de euros
anuales, lo cual representa una recaudación potencial de impuestos de
unos 89.000 millones de euros.

Las medidas en el Impuesto sobre Sociedades son positivas
pero insuficientes porque no terminan con la falta de equidad en el
tributo, ya que las empresas de mayor dimensión continuarán disponiendo
de múltiples vías de escape para tributar de forma efectiva muy por
debajo del 20 %. En este tributo podría elevarse el tipo impositivo hasta
el 35 % para bases imponibles que superen el millón de euros logrando una
recaudación adicional que podría rondar los 14.000 millones de euros.
Sería una medida coherente con la subida de los tipos marginales en el
IRPF.

El IRPF necesita una reforma estructural, no medidas
temporales y extraordinarias aunque sean positivas al mejorar la
progresividad. Porque es preciso recuperar el carácter sintético del
tributo integrando todos los rendimientos del contribuyente en una única
base para corregir el sesgo favorable hacia las rentas del capital. En
esa reforma puede asegurarse la progresividad de las tarifas ajustando la
amplitud de los tramos y con tipos más elevados para los contribuyentes
de mayor capacidad económica.

El Gobierno no ha abordado uno de los retos fundamentales
de este país, como es la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal en
profundidad para corregir de manera estable los desequilibrios e
inequidades de nuestro sistema tributario. En este sentido, ha renunciado
a aplicar de manera decidida medidas de fiscalidad ambiental que
contribuirían a aumentar los ingresos en nuestro país y a impulsar el
cambio de modelo productivo para desarrollar una economía sostenible, que
internalice los costes de las actividades que generan daños que
repercuten negativamente en el medio ambiente y también en los bienes
públicos y en la salud de nuestros ciudadanos. España se sitúa en la cola
de la UE en el desarrollo de la fiscalidad ambiental a la vez que nos
alejamos de las políticas y objetivos medio ambientales que fija Europa.
Es injusto e ineficiente desde el punto de vista económico que estos
Presupuestos no incluyan nuevas figuras impositivas sobre la energía
nuclear, los residuos radioactivos o las emisiones difusas de CO2.

Un ajuste en el gasto público que deprime la inversión,
agudiza el retroceso social y deteriora los servicios públicos.

Se produce un intenso recorte en materia de inversión
pública, una herramienta imprescindible para la recuperación de nuestra
economía, la creación de empleo y el cambio de modelo productivo. El
Sector Público Estatal disminuirá la inversión real en un 25 % con un
impacto territorial desigual pero demoledor. Aún más, el Gobierno no
destina ni un solo euro a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón,
Castilla y León, Cataluña e Illes Balears para dar cumplimiento a lo
establecido en materia de inversiones en sus respectivos Estatutos de
Autonomía.

Pero incluso dentro de ese ajuste, la composición del mismo
es desequilibrada porque todavía existen ejes prioritarios incompletos,
en muchos casos con una elevada siniestralidad, y zonas del interior
peninsular que quedan alejadas de los grandes ejes de comunicación, fruto
de una concepción de las infraestructuras basada en una red radial frente
a un modelo que reclamamos en forma de malla, sin duda más sostenible y
equilibrado para el territorio y para la inversión pública.

Así, el Ministerio de Fomento y sus organismos públicos
empresariales prevén invertir 11.900 millones de euros a medio plazo en
grandes obras de infraestructuras como autovías o líneas de alta
velocidad, a pesar de no existir, en algunos casos, demanda suficiente
para justificar dicho gasto y de existir muchas dudas sobre su impacto en
el desarrollo de la economía y la creación de empleo. En 2012 se
invertirán 4.187,7 millones de euros en nuevos tramos de alta velocidad
ferroviaria frente a los 28,5 millones de euros previstos para las
cercanías, mucho más utilizadas por la ciudadanía. De la misma

forma, está previsto gastar 1.280 millones de euros en
construcción de más carreteras, a pesar de que somos el país europeo con
más kilómetros de autovías y autopistas.

En materia de agricultura, si bien son positivos los
objetivos establecidos como garantía de rentas, seguridad alimentaria y
calidad de los alimentos, la priorización de éstos no concuerda con las
asignaciones presupuestarias. Se recortan las partidas de competitividad
y calidad de la producción agrícola y ganadera, los controles en
frontera, la previsión de riesgos y el asociacionismo agrario. La partida
de agricultura ecológica disminuye un 20 %. Dado el potencial de este
modelo de agricultura para contribuir a objetivos productivos y
ambientales, incluso en lo referente a creación de empleo verde, parece
un contrasentido ir destinando cada vez menos fondos a esta política. Más
aún cuando el potencial de extensión de este tipo de agricultura en
España es inmenso, dadas nuestras condiciones agroclimáticas.

La importancia de la política industrial sobre la
generación de actividad y el apoyo al desarrollo industrial, en
particular, en las regiones en especial situación de desempleo
industrial, no encuentra reflejo en estos Presupuestos. El programa
relativo a la «Reconversión y reindustrialización» disminuye un 18,4 % y
el de «Desarrollo Industrial» lo hace en un 27,7 %. Y los recursos del
programa para el desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras se
reducen en un 71,7 %.

La política de turismo sufre un recorte superior a los 285
millones de euros, tanto en el programa «Coordinación y promoción del
turismo», como en el Fondo Financiero para Modernización de
Infraestructuras Turísticas. Trabajar por mejorar la calidad del turismo,
abrir vías para superar la estacionalidad y fomentar un desarrollo
sostenible son elementos claves de generación de ingresos y de creación
de puestos de trabajo.

En materia de investigación los peores pronósticos se han
cumplido y el mayor ataque al sistema científico técnico español en la
historia de la democracia está plasmado en estos Presupuestos. Un recorte
del 25,5 % en el total de la Función que se agudiza hasta el 26,1 % en
las operaciones no financieras, o sea, en el gasto real en I+D. El ajuste
se lo lleva básicamente el capítulo de transferencias de capital con un
34 % de recorte. Este capítulo incluye el Plan Nacional de I+D+i,
herramienta fundamental de financiación del sector público de la
investigación, las cuotas a organismos internacionales y los programas de
recursos humanos, como el Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o las
becas/contratos FPI. Se reducen también de forma drástica las ayudas a
Centros Tecnológicos de las Comunidades Autónomas.

El recorte también es severo en sanidad y servicios
sociales. La sanidad dispondrá de un 13,7 % menos de presupuesto
recortando por valor de 365 millones de euros y en dependencia se elimina
totalmente el nivel convenido para el que se disponía en el ejercicio
anterior de 283 millones de euros. Es una irresponsabilidad que estos
Presupuestos supriman las ayudas al Plan Nacional del Sida destinadas a
las Comunidades Autónomas y reduzcan en más de 5 millones de euros las
destinadas a ONGs, incumpliendo de esta manera los compromisos
internacionales en la materia.

En materia de educación, el recorte general en todas las
partidas ministeriales no sólo se ha traducido en que la educación tiene
un 21,9 % menos de dinero que el año pasado, 623 millones de euros menos,
sino que además ha perdido peso específico en el conjunto presupuestario.
Las habituales apelaciones a que la educación es el mejor camino para
salir de la crisis y para impulsar un empleo cualificado y una economía
más estable, la que llaman «economía del conocimiento», no ha tenido
reflejo en las cuentas de 2012. La inversión en educación ha pasado de
constituir el 0,9 % del gasto total a instalarse en el 0,7 %.

La reducción en Ayuda Oficial al Desarrollo supera el 45 %
(1.631 millones de euros menos que en 2011) situando la previsión para
este año en el 0,24 % del PIB, alejándonos del 0,7 % en 2015 comprometido
en el Pacto de Estado contra la Pobreza. La cooperación internacional no
debe someterse a la inestabilidad en función de excedentes, requiere de
un compromiso social y no de la caridad. El recorte de este año se suma a
los más de 1.000 millones de euros de reducción que se hicieron en el
2011, provocando un desmantelamiento de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Además, cabe
destacar que del total de fondos destinados a Ayuda Oficial al Desarrollo
un 58 % estará gestionado por el Ministerio de Economía y Competitividad,
aumentando el endeudamiento de los países y vinculando la ayuda a
intereses no solidarios.

Las ayudas directas para el acceso a la vivienda se reducen
en 322 millones de euros mientras se recupera plenamente la deducción por
inversión en la vivienda habitual en el IRPF, incentivo fiscal que
contribuyó en su medida a la explosión del sector del ladrillo y a la
burbuja inmobiliaria, y que constituye una pérdida de recursos públicos
nada despreciable.

La inversión en políticas de igualdad se reduce
sustancialmente y no existe la especificidad necesaria para actuar contra
todo tipo de discriminación por razón de sexo, al diluirse entre
políticas generalistas

que poco o nada contribuyen a ello. Se recorta un 21 % la
partida total para igualdad y contra la violencia de género.

Los empleados públicos ven congeladas sus retribuciones un
año más y tras la reducción media del 5 % en 2010, acumulan ya una
pérdida del poder adquisitivo de más del 30 % desde enero de 1991. Además
se produce una reducción de las plantillas de personal por la no
reposición de efectivos en términos generales, limitando la Oferta de
Empleo Público al 10 % de la tasa de reposición de efectivos
exclusivamente en los ámbitos de educación, centros hospitalarios,
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de lucha contra
el fraude fiscal, eliminando el resto de vacantes que se produzcan, lo
que supondrá la destrucción de más de 17.000 empleos públicos, muchos de
ellos en servicios esenciales. La disminución y envejecimiento de las
plantillas, junto con los recortes indiscriminados en los gastos de
funcionamiento e inversiones de los servicios públicos, va a agudizar su
actual deterioro. La prestación de los servicios públicos con la calidad
necesaria para el sostenimiento de un estado social resulta imposible en
este marco presupuestario. La vía adoptada por el Gobierno de
externalizar funciones y servicios propios de las Administraciones
Públicas, supone, además de un incremento innecesario del gasto, una
transferencia encubierta de recursos públicos al sector privado.

A pesar de que el sector cultural es un generador neto de
ocupación y aporta aproximadamente el 4 % del PIB, se registra un
descenso del 15,1 % (937 millones de euros menos) evidenciando la
renuncia al derecho universal a la cultura y la apuesta por la
diversidad, poniéndola en manos del sector privado y apostando por un
modelo vinculado al mercado y al negocio. No se apuesta por los
contenidos, la accesibilidad en todos los sentidos, incluido el
tecnológico, la creación como motor y la diversidad como valor. Se
consolida el recorte en las garantías de derechos de la ciudadanía y no
se avanza en el control democrático de la gestión de las políticas
culturales y de los derechos de autor. Así, se recorta en un 36 % el
presupuesto del Instituto de Cinematografía y Artes Visuales y se
eliminan 6 líneas de apoyo al desarrollo de proyectos, creación de
guiones y nuevas tecnologías.

Por último, desciende el presupuesto para políticas activas
de empleo en un 21,3 %, dificultando la formación de las personas
desempleadas y, por tanto, sus posibilidades de recolocación. Y en lo que
respecta a las prestaciones económicas por desempleo, su dotación
disminuye un 5,4 % pese al aumento del paro. Según las estimaciones del
Gobierno, en 2012 los perceptores de prestaciones por desempleo (nivel
contributivo, asistencial y renta activa de inserción) disminuirán en un
6,5 %.

Unos Presupuestos antiecológicos, antiguos y miopes ante
los retos del siglo XXI.

Estos presupuestos marginan al medio ambiente en todos sus
aspectos entrando en grave contradicción con los retos mundiales a
abordar, como son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la
contaminación del agua, aire y suelo y el agotamiento de los recursos
naturales, olvidando que la protección medioambiental forma parte de la
salida a la crisis y obviando el incremento de ingresos mediante la
aplicación de una fiscalidad ambiental.

La prevención de la contaminación y el cambio climático
registra un descenso del 48 %. De los 52,8 millones de euros que se
destinan, 42 millones se dedican a comprar íntegramente derechos de
emisión, manifestando una gran miopía desde el punto de vista económico y
medioambiental por su afectación a sectores clave como el turismo o la
agricultura.

En política energética se anulan las políticas de fomento a
las energías renovables y las ya escasas políticas de ahorro y eficiencia
energética, dejando en 2 millones de euros los recursos del Instituto
para la Diversificación y Ahorro Energético. Así, el desarrollo
energético pasa a ser la última política quedando por primera vez por
detrás en inversiones del apoyo al sector del carbón y de las políticas
dirigidas a la energía nuclear.

España es un país muy vulnerable en cuestiones energéticas
si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes de energía
que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente dependientes,
aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y en el medio
ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las energías
renovables que son la única garantía de abastecimiento de energía en el
futuro y del que España puede ser pionera por contar con un entorno
favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector de las
renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el
incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos
de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

La dotación para desarrollo rural sostenible se reduce en
un 85,6 % imposibilitando la cofinanciación de acciones clave para la
sostenibilidad y la protección de la biodiversidad. También es
perjudicial el

descenso en materia de residuos, sector clave para la
creación de empleo, y cuya dotación a las Comunidades Autónomas afectará
al desarrollo de la legislación vigente.

Las actuaciones para hacer frente a uno de los ecosistemas
más frágiles del país, las costas, disminuyen en un 36 %. Se destinan
43,2 millones de euros menos a inversiones de protección del litoral.
También el programa de calidad del agua se reduce el 25 %, principalmente
por la caída de inversiones en la mejora del estado de la calidad de las
aguas y ecosistemas asociados y en la mejora de su gestión.

Unos Presupuestos oportunistas al servicio de la
recentralización del Estado.

Uno de los objetivos de estos Presupuestos es contribuir al
proceso de recentralización política que el Gobierno está imponiendo por
la puerta de atrás. En lugar de afrontar el debate sobre la organización
territorial del Estado, el Gobierno ha optado por una vía de hechos
consumados: asfixiar financieramente a las Comunidades Autónomas y a los
Entes Locales y eliminar competencias por vía de Reales Decretos con
reformas estructurales. Así pues, estos Presupuestos, sumados a la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, dejarán en una situación financiera crítica a
las Administraciones que desarrollan la mayoría de las políticas
sociales.

Por ello, estos Presupuestos son oportunistas y aprovechan
los argumentos de la consolidación fiscal para recentralizar, en lugar de
optar por la cooperación entre administraciones. Esto les hace ser unos
Presupuestos más ineficientes ya que la obsesión por la España radial les
lleva a planificar las Inversiones con una lógica política en lugar de
hacerlo pensando en la recuperación económica y en asentar las bases para
el desarrollo económico sostenible en el futuro.

La obsesión centralista llega a extremos inadmisibles en
cuanto a políticas activas de ocupación. Si el desempleo es el principal
problema político y la lucha contra el paro la principal batalla que
debería presentar los Presupuestos Generales del Estado, es
injustificable que los recortes presupuestarios afectan a un 97 % de las
políticas de fomento del empleo de los Entes Locales: planes de empleo y
medidas de desarrollo local a través de los Agentes de Empleo y
Desarrollo Local. Del mismo modo, los recortes en las transferencias a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de las políticas
ocupacionales son de un 55 %, pasando de 3.192 millones de euros en 2011
a 1.455 millones de euros, lo que puede conllevar el desmantelamiento de
políticas ocupacionales imprescindibles en una situación de crisis como
la actual. La atención a la dependencia y la salud pública son otras de
las políticas desarrolladas por las Comunidades Autónomas que quedarán
fuertemente afectadas por los incumplimientos del Estado.

Otro elemento que caracteriza estos Presupuestos es la
falta de lealtad institucional. El flagrante incumplimiento de la
Disposición Adicional Tercera y el impago del Fondo de Competitividad,
instrumentos previstos en el Estatut d’Autonomia de Catalunya,
sumados al hecho de que no se consignen partidas presupuestarias de
políticas cofinanciadas entre el Estado y las Comunidades Autónomas o
Entes Locales, o el impago de las deudas del Estado con otras
administraciones, son una prueba de ello. Un ejemplo es la ridícula
inversión de un millón y medio de euros en las cercanías ferroviarias en
Barcelona, que se acumula al agravio histórico.

En suma, estos Presupuestos, que han sido presentados por
el propio Gobierno como los más restrictivos de la democracia, son
regresivos socialmente, deprimen la economía y contribuyen a aumentar el
desempleo. Y por si fuese poco, van acompañados de una amnistía fiscal
renunciando a luchar activamente contra el fraude.

Es preciso procurar una mayor justicia fiscal para que
quién más capacidad económica tenga contribuya en mayor medida al
sostenimiento del gasto público a través de los impuestos. El fraude
fiscal es un auténtico insulto hacia quienes cumplen con sus obligaciones
tributarias. Y en España el 70 % del fraude se concentra en las grandes
empresas y fortunas.

Equipararnos en contribución fiscal a la media de los
países que conforman la zona euro y una gestión más razonable de los
desfases presupuestarios, permitiría contar con recursos públicos
suficientes para estimular la economía, crear empleo y recortar la brecha
social que nos separa de Europa.

Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos este veto a
los Presupuestos Generales del Estado 2012 y, en consecuencia, su
devolución al Congreso de los Diputados.

Página
25

Y esa desconfianza se debe, entre otras cosas, al retraso
irresponsable de los Presupuestos para 2012 por razones electoralistas
del Gobierno, que ha tenido tres efectos negativos para la economía
española:

En primer lugar, hemos perdido credibilidad frente a
nuestros acreedores. Así lo demuestra el hecho de que los primeros 5
meses de Gobierno la prima de riesgo ha tenido una evolución muy negativa
llegan do a alcanzar un diferencial de 540 puntos básicos y dejando de
manifiesto las demagógicas afirmaciones del Sr. Rajoy en la oposición
cuando decía que: «la prima de riesgo en España se llama José Luis
Rodriguez Zapatero». En segundo lugar, hemos perdido credibilidad ante
las autoridades europeas. El baile electoralista de cifras de déficit del
cierre del ejercicio 2011, el retraso injustificado de los Presupuestos
para 2012 y la fallida estrategia gubernamental para rebajar
unilateralmente el objetivo de déficit de 2012, impidió establecer el 5,8
% anunciado por el Presidente del Gobierno, a la vez que dificulta
negociar un ritmo de ajuste más dilatado en el tiempo, crucial para
alcanzar el equilibrio presupuestario, sin riesgo de hundirnos en una
profunda recesión. Y, en tercer lugar, este retraso también intensificará
la dureza del ajuste, al tener que implementarlo en tan solo ocho meses,
con recortes en las políticas de gasto relacionadas con la protección
social y la mejora de la productividad.

Si bien ha sido un inmenso error presentar tan tarde los
Presupuestos para 2012, lo peor ha sido la orientación de su contenido,
es decir la composición de gastos e ingresos, que los convierte en un
instrumento de ajuste profundamente injusto, y que agravará los
principales problemas de la economía española.

En el capítulo de ingresos, las previsiones de recaudación
que contienen los Presupuestos para 2012 son poco creíbles e
inconsistentes con el objetivo de reducir el déficit estructural a largo
plazo en un contexto de fuerte recesión. De hecho, el FMI acaba de
anticipar una caída del PIB nominal del 1 % para este año. Sin embargo,
se prevé que los ingresos no financieros, sin aplicar las nuevas medidas
tributarias, aumenten alrededor de 2.500 millones de euros con respecto
al ejecutado en 2011. Además, la subida del IRPF castiga a las rentas del
trabajo lo que reducirá la capacidad adquisitiva de las familias y, por
ende, el consumo privado, agravando aún más el periodo de recesión
económica y destrucción de empleo. Las medidas fiscales del Gobierno son
profundamente injustas porque recaen mayoritariamente sobre las rentas
del trabajo, a la vez que aprueban una «amnistía» fiscal que premia a las
grandes fortunas y penaliza a los contribuyentes que cumplen honradamente
con la Hacienda Pública. Además, son medidas que restan progresividad y
eficiencia a nuestro sistema fiscal porque recuperan la deducción a la
compra de vivienda para las rentas altas. Pero lo que deteriora de verdad
la confianza de la economía española son las subidas temporales de
impuestos, tanto del IRPF. como la del tipo efectivo del Impuestos sobre
Sociedades, siendo solo de carácter permanente el incremento de las
desgravaciones a la compra de vivienda, que, como se ha citado
anteriormente, aumenta el déficit estructural a largo plazo, y es
precisamente una medida ampliamente criticada por todos los expertos y
organismos internacionales, ya que incentivó el origen de la burbuja
inmobiliaria en nuestro país.

La necesidad de la intervención pública en Bankia deja de
manifiesto el resultado de los políticos de estimulo a la especulación
urbanística que el Gobierno de Aznar y Rato emprendieron en la
legislatura 96-2000.

El impacto que esto tendrá en el presupuesto del 2012 está
por determinar pero si n duda agravará la situación.

La destrucción de más de 600.000 empleos y las perspectivas
negativas de crecimiento que refleja el cuadro macroeconómico que
acompaña a los Presupuestos para 2012, puede hacer que el incremento de
recaudación por la elevación del IRPF sea inferior al esperado y que la
recaudación por IVA se reduzca más de lo estimado. Asimismo, la
vulnerabilidad de las cuentas de las administraciones de la Seguridad
Social es considerable y tendrá una desviación del déficit al cerrar el
ejercicio, tanto por lo que prevé ingresar por cotizaciones sociales como
por lo que prevé gastar por pensiones contributivas y prestaciones por
desempleo, en un marco de profunda recesión económica.

El Grupo Parlamentario Socialista está absolutamente en
contra de la «amnistía» fiscal aprobada por el Gobierno, porque es
injusta y contraria, tanto en el contenido como en la forma, a lo
establecido en la Constitución, y nada garantiza que se cumpla el
objetivo de recaudación. El artículo 31 establece que «Todos contribuirán
al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá
alcance confiscatorio». Es injusta porque ofrece un tratamiento fiscal
mucho más favorable para quien ha incumplido sus obligaciones tributarias
que para el contribuyente cumplidor que paga lo que

le corresponde. En definitiva, las medidas tributarias
adoptadas por el Gobierno no crean una base fiscal sólida y estable capaz
de estimular el crecimiento y de financiar los servicios públicos
fundamentales.

Por tanto, los Presupuestos para 2012 que se han aprobado
tienen serios problemas de consistencia para ser cumplidos, poniendo así
el Gobierno más en duda la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio
plazo. Si las cifras del Presupuesto son poco creíbles y no se cumplen,
aumentará aún más la desconfianza en nuestro país.

En el capítulo de gastos, el Gobierno ha decidido recortar
en todo aquello que es determinante para que crezcamos mejor en el
futuro: en educación, en I+D+i, en formación profesional y en
infraestructuras. España necesita mejorar la formación de su capital
humano y reorientar su sistema productivo para aumentar su potencial de
crecimiento y ello requiere de más empresas innovadoras que apuesten por
la calidad, por el valor añadido, y que desarrollen una fuerte base
exportadora. Por ello, el recorte en todas aquellas partidas destinadas a
la educación y formación, la I+D+i y la internacionalización de la
empresa, va en la dirección contraria de lo que necesita la economía
española. Asimismo, la caída de la inversión en infraestructuras supone
una fuerte ralentización de las obras de los grandes corredores
ferroviarios y viarios y tendrá un efecto negativo en los costes de
transporte de nuestras empresas. En síntesis, las grandes políticas de
gasto productivo de los Presupuestos para 2012 ponen de manifiesto que
las prioridades del Gobierno van en contra de mejorar la productividad y
la competitividad de la economía española.

En educación, existe un recorte global del 21,9 % con
respecto al año 2011, que afecta de manera evidente a la igualdad de
oportunidades, destacando la disminución de las partidas destinadas a
becas y ayudas a estudiantes en un 11.6 %, la desaparición del Fondo para
cofinanciar plazas del primer ciclo de educación infantil del servicio
público (guarderías de 0 a 3 años), que estaba dotado con 100 millones de
euros en 2011, y la eliminación del Programa Escuela 2.0, destinado a
facilitar el uso de las nuevas tecnologías en la escuela.

El recorte planteado por el Gobierno y la imposición hecha
a las Comunidades Autónomas, de un recorte complementario supone un
retroceso inaceptable, desoyendo las recomendaciones de la Comisión
Europea hecha a los estados miembros de preservar de los ajustes fiscales
la educación y la investigación y desarrollo.

Llama la atención de manera particular la previsión del
Gobierno contenida en el programa de ajuste enviado a Bruselas de llegar
a la minima cota del 3’9 % del PIB invertido en educación en el
horizonte 2015.

Los programas de fomento del empleo se reducen en 1.563,01
millones de euros, un 21,3 % menos que en 2011, cuando más está
aumentando el desempleo y el Gobierno prevé 630.000 nuevos parados.

En investigación, desarrollo e innovación civil se produce
un retroceso global del 25,6 %, destacando la reducción del 34,9 % de los
programas de «Fomento y coordinación de la investigación científica y
técnica» que financian las principales convocatorias del Plan Nacional de
I+D y el descenso del 27.2 % en «Investigación y desarrollo
tecnológico-industrial».

En infraestructuras, los compromisos de España con la Unión
Europea en el desarrollo de las Redes Transeuropeas de Transporte corren
un serio riesgo de incumplimiento en los plazos. El corredor mediterráneo
sufre una reducción inversora de cerca del 30 %, mientras los demás
corredores, a excepción del atlántico en su vertiente gallega, también
rebajan su ejecución prevista en más de un 20 %. Además, e! Plan de
impulso al transporte ferroviario de mercancías carece de una
programación específica, por lo que peligra su desarrollo.

En cuanto a la energía, la apuesta por un desarrollo
sostenible a través del impulso de las energías renovables desaparece de
las prioridades del Gobierno. En las políticas de gasto para la
internacionalización de las empresas, ámbito clave para salir de la
crisis cuando la demanda nacional decrece, se reduce la dotación del
Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FÍEM). En turismo,
estos Presupuestos suprimen los créditos destinados al Plan FuturE de
Infraestructuras Turísticas y se reduce sustancialmente el Fondo
Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras
Turísticas.

Los recortes en las partidas de gasto social contribuyen a
que la crisis sea más dura para aquellas personas que más precisan de la
protección de las administraciones públicas en un contexto de crisis,
poniendo en riesgo la cohesión social cuando más se necesita. El gasto
social consolidado en los Presupuestos para 2012 se reduce un 4,3 % con
respecto a 2011, pasando a suponer el 56,2 % del gasto de 2012, cayendo 2
puntos el peso de las políticas sociales en el total de gasto.

Sin duda, los nuevos recortes de 10.000 millones en
educación y sanidad anunciados por el Gobierno tendrán un impacto
negativo sobre la prestación y la calidad de la de los servicios públicos
esenciales.

Eliminar la gratuidad de los medicamentos de la que
disponen hoy la mayor parte de los pensionistas españoles es un ataque
directo a la equidad del sistema sanitario español, el aumento del número
de estudiantes por clase, con menos profesores, deteriora claramente la
calidad del sistema educativo y la brutal subida de las tasas
universitarias atenta contra el principio de igualdad de oportunidades y
compromete el futuro de más de un millón de jóvenes.

La partida gasto de servicios sociales y promoción social
se reduce un 15,7 %, destacando el recorte del 42,6 % en la atención a la
infancia y la familia, así como los recortes en dependencia. Las
actuaciones contra la violencia de género se reducen un 21,6 % y el
programa de acceso a la vivienda se reduce un 31,7 %.

En definitiva, estos Presupuestos, con la excusa de la
crisis y la herencia recibida, están desmantelando los pilares básicos
del Estado del Bienestar en nuestro país, no ofrecen ninguna esperanza
para la salida de la crisis, agravan notablemente los principales
problemas de nuestra economía, y tienen muy poca credibilidad en el
cumplimiento de sus objetivos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012, solicitando su devolución al
Gobierno.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Palacio del Senado, 4 de junio de 2012.—El Portavoz,
Jordi Vilajoana i Rovira.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 8

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de
Ley.

JUSTIFICACIÓN

Tanto la economía española como el empleo como las finanzas
públicas presentan uno de los perfiles más difíciles de nuestra historia
reciente, en consecuencia, la política presupuestaria contenida en el
Proyecto de Ley tendrá consecuencias muy relevantes sobre nuestro futuro
económico y social en los próximos meses.

Los compromisos de austeridad y estabilidad presupuestaria
que nos hemos impuesto en el seno de la Unión Europea nos obligan a una
drástica reducción del déficit a todas las administraciones, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es plenamente consciente de
ello y se reafirma en el principio que no hay alternativa a la reducción
del déficit, no obstante, analizado el Proyecto de Ley de Presupuestos,
debemos afirmar que sí hay alternativas a la manera como el Gobierno ha
decidido reducir el déficit de la administración central.

Esperábamos en primer lugar que los primeros presupuestos
del nuevo Gobierno cumplirían con las obligaciones pendientes con las
demás administraciones y en particular con la Generalitat de Catalunya:
el pago de las liquidaciones correspondientes a la aplicación de la
Disposición Adicional 3ª del Estatut y su mantenimiento para todo el
periodo estipulado. El proyecto de ley no contempla estas partidas y sólo
por ello ya merecen el rechazo de este grupo parlamentario, ya que es una
cuestión de seguridad jurídica y de lealtad institucional. Un Gobierno no
puede iniciar su mandato con deslealtad institucional. Pero además, estos
presupuestos obligan a la administración catalana a efectuar nuevos
ajustes a su presupuesto por importe de demasiados cientos de miles de
millones de euros y dedican a Catalunya el mayor recorte en inversión de
todas las comunidades. La inversión del Estado en Catalunya disminuye en
un 45 %.

Desde una perspectiva global para el conjunto del estado,
esperábamos que los primero presupuestos de la legislatura afrontarían un
significativo esfuerzo de austeridad y de reducción del gasto propio de
la

Administración central, para ganar en ahorro, eficiencia y
productividad; esperábamos también un cierto apoyo del Estado a la
Administraciones territoriales para que a su vez puedan reducir el
déficit público en el que están comprometidas; y a su vez confiábamos que
el nuevo Gobierno incorporaría un conjunto de medidas presupuestarias
destinadas a estimular la creación de empleo y el crecimiento para salir
de la crisis y mejorar también así los recursos de las finanzas públicas.
No es así.

Los Presupuestos 2012 tienen como único objetivo reducir el
déficit de la administración central, sin afrontar apenas esfuerzos
propios de austeridad. Son unos presupuestos insolidarios. Para corregir
el déficit prevén incrementar sus ingresos en un 12,5 %, a pesar de la
caída del PIB en un 1,7 %. Aumentan con fuerza la presión fiscal en el
IRPF y en el impuesto sobre sociedades y destinan los recursos a
financiar exclusivamente la Administración Central; desde la perspectiva
del gasto, más allá de la disminución de la inversión, el principal
ahorro de la Administración General del Estado corresponde a la reducción
de transferencias a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales ¿Dónde
está la austeridad y racionalización de la propia estructura de la
administración central? Es un planteamiento legal, pero no es leal. Los
presupuestos del Estado 2012 obligan a las comunidades autónomas y a los
entes locales a efectuar un doble esfuerzo, el esfuerzo propio que ya les
correspondía para reducir su déficit y un esfuerzo adicional que ahora
les imputa el Estado al reducirles las transferencias destinadas a
múltiples políticas, desde la política educativa, a la de sanidad, a la
de dependencia o empleo; o también a las políticas económicas de impulso
a la actividad industrial, turística, comercial o agraria. En vez de
ejercer la austeridad centrifuga el déficit hacia ciudadanos y empresas
por una parte y hacia las administraciones territoriales por otra. Son
insolidarios, olvidan que el objetivo de cumplir con el déficit es un
objetivo compartido de todas las administraciones, pretender que sólo
cumpla la administración central será un fracaso.

Por otra parte, cabía esperar en los presupuestos la
incorporación de un conjunto de medidas destinadas a estimular la
actividad económica y el empleo, no ha sido así, la política
presupuestaria que se desprende del Proyecto de Ley acelera los efectos
de la espiral descendente en la que se encuentran la economía y las
finanzas públicas.

Ante la previsión del Gobierno relativa a una nueva
destrucción de 600.000 empleos, ¿quién puede comprender que la principal
partida de ahorro que plantea el Gobierno sea la reducción en 1.550
millones de euros de las transferencias a Comunidades Autónomas
destinadas a políticas activas de empleo, es decir políticas destinadas a
formación, recolocación de parados y búsqueda del primer empleo para
jóvenes?

Ante la gravedad de los problemas financieros que padecemos
por el elevado endeudamiento público y privado, la única salida posible
es incrementar la exportación, la competitividad y la
internacionalización, sin embargo, todas las políticas que podrían
corregir esta situación ven reducido su presupuesto en porcentajes que
rondan el 25 %.

En cambio, en los Presupuestos se proyecta una intensa
necesidad de fortalecer financieramente la Administración central, sólo
la central, ahogando la financiación de las demás administraciones. Se
proyecta también un confuso conjunto de políticas destinadas a
recentralizar competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas,
a seguir recentralizando las inversiones en infraestructuras, sin
contemplar criterios de competitividad. Con este proyecto de ley de
Presupuestos el Gobierno parece priorizar su objetivo ideológico por
delante del objetivo económico y social que hoy necesitamos, salir de la
crisis y volver a crear empleo.

Durante el debate del Proyecto de Ley en el Congreso de los
Diputados éste ha permanecido invariable, la mayoría parlamentaria del
grupo popular sólo ha permitido la aprobación de 3 enmiendas, ninguna de
CIU, de las más de 3.000 presentadas por los grupos de la oposición, lo
cual no contribuye a la necesaria generación de consensos parlamentarios
en el interior del Estado, destinados a favorecer compromisos compartidos
para facilitar la salida de la crisis.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
(Convergència i Unió) presenta un veto al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012 solicitando su devolución al Gobierno.

Página
30

de la fiscalidad ambiental a la vez que nos alejamos de las
políticas y objetivos medio ambientales que fija Europa. Es injusto e
ineficiente desde el punto de vista económico que estos Presupuestos no
incluyan nuevas figuras impositivas sobre la energía nuclear, los
residuos radioactivos o las emisiones difusas de CO2.

Por otro lado, los empleados públicos ven congeladas sus
retribuciones un año más y tras la reducción media del 5 % en 2010,
acumulan ya una pérdida del poder adquisitivo de más del 30 % desde enero
de 1991. Además se produce una reducción de las plantillas de personal
por la no reposición de efectivos en términos generales, limitando la
Oferta de Empleo Público al 10 % de la tasa de reposición de efectivos
exclusivamente en los ámbitos de educación, centros hospitalarios,
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de lucha contra
el fraude fiscal, eliminando el resto de vacantes que se produzcan, lo
que supondrá la destrucción de más de 17.000 empleos públicos, muchos de
ellos en servicios esenciales. La disminución y envejecimiento de las
plantillas, junto con los recortes indiscriminados en los gastos de
funcionamiento e inversiones de los servicios públicos, va a agudizar su
actual deterioro. La prestación de los servicios públicos con la calidad
necesaria para el sostenimiento de un estado social resulta imposible en
este marco presupuestario. La vía adoptada por el Gobierno de
externalizar funciones y servicios propios de las Administraciones
Públicas, supone, además de un incremento innecesario del gasto, una
transferencia encubierta de recursos públicos al sector privado.

ENMIENDA NÚM. 153

(PROPUESTA DE VETO)

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del
Interior.

JUSTIFICACIÓN

Los presupuestos que presenta el Gobierno a la sección 16,
correspondiente al Ministerio de Interior ponen de manifiesto la falta de
un planteamiento global en materia de seguridad ciudadana y la respuesta
policial, penal y penitenciaria a la misma.

La sensación subjetiva de inseguridad ciudadana que el
Gobierno del PP de forma reiterada trata de transmitir para justificar
algunas de las reformas anunciadas no se corresponde con la realidad de
España, ya que en el marco de la Unión Europea es un país de violencia e
inseguridad ciudadana realmente baja. En el estado español no hay un
problema de delincuencia, hay un problema de saturación en la población
reclusa, que son cuestiones distintas.

Sin embargo, y los presupuestos lo evidencian, desde el
Gobierno se aborda un año más el aumento de la delincuencia sin
solucionar el problema de fondo que tiene su origen en los desequilibrios
sociales. No se prevén partidas presupuestarias que tengan reflejo en
políticas de prevención del delito, de remoción de las causas sociales y
económicas de la delincuencia o la reinserción, en cumplimiento y
desarrollo del artículo 25 de la Constitución.

Nuestro Grupo Parlamentario defiende un modelo social,
jurídico y político acompañado con un firme compromiso presupuestario que
profundice en un concepto de seguridad integral humana que afronte estas
realidades desde una acción multilateral e integrada.

En los distintos programas de esta sección para el
ejercicio 2012, tanto en Policía Nacional, como en Guardia Civil, Centros
penitenciarios o la atención a la inmigración nos encontramos, como otros
años, con un presupuesto que en materia de seguridad, mantiene unas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mal dotadas e insuficientemente
pagadas. La incorporación de nuevos agentes para el Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil deviene ineficaz tanto por la insuficiencia de
oferta de empleo público como por falta de medios económicos y materiales
para prestar su trabajo en condiciones óptimas.

De nuevo comprobamos que los compromisos adquiridos por la
Administración con los representantes sindicales de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado siguen si tener su reflejo presupuestario. Y un
año más vemos como se mantiene a la Guardia Civil como cuerpo
militarizado, en el que las asociaciones

no tienen las condiciones necesarias ni los recursos para
desarrollar su labor de defensa de los derechos e intereses de los
agentes de la GC.

Se consideran insuficientes las partidas presupuestarias
previstas para modernizar y adaptar a las nuevas formas de delincuencia y
a la propia realidad social los medios materiales (vehículo, informática,
instalaciones, dependencias policiales) al igual que las partidas para
mejorar la oferta de empleo público, mejorar los planes de selección y
formación.

Respecto a las partidas presupuestarias destinadas a la
coordinación en materia de extranjería e inmigración, consolidando una
visión estrictamente policial del fenómeno de la inmigración.

No hay dotación presupuestaria que permita el desarrollo
acciones coordiandas entre los agentes sociales y el Gobierno para
canalizar los flujos migratorios y la integración social de los
inmigrantes, así como la protección humanitaria de los mismos
(asilo/refugio).

En relación con instituciones penitenciarias se mantiene la
falta de dotaciones humanas y materiales, así como de dotación para
programas de reinserción y acceso al mundo laboral. Las cantidades
presupuestadas para programación y desarrollo de actividades culturales,
deportivas, de inserción laboral o educativas permanecen inalterables año
tras año, cuando por el contrario desde el Ministerio se ofrecen cifras
que ponen de manifiesto la saturación en los centros penitenciarios
motivada por la alta tasa de ocupación penitenciaria.

En relación con los fondos reservados parece absolutamente
injustificado su volumen, y sigue resultando discutible su existencia
mientras no se acometa la reforma de su régimen jurídico.

ENMIENDA NÚM. 165

(PROPUESTA DE VETO)

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de
Fomento.

JUSTIFICACIÓN

En estos Presupuestos se produce un intenso recorte en
materia de inversión pública, una herramienta imprescindible para la
recuperación de nuestra economía, la creación de empleo y el cambio de
modelo productivo.

El Sector Público Estatal disminuirá la inversión real en
un 25 % con un impacto territorial desigual pero demoledor. Aún más, el
Gobierno no destina ni un solo euro a las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña e Illes Balears para dar
cumplimiento a lo establecido en materia de inversiones en sus
respectivos Estatutos de Autonomía.

Pero incluso dentro de ese ajuste, la composición del mismo
es desequilibrada porque todavía existen ejes prioritarios incompletos,
en muchos casos con una elevada siniestralidad, y zonas del interior
peninsular que quedan alejadas de los grandes ejes de comunicación, fruto
de una concepción de las infraestructuras basada en una red radial frente
a un modelo que reclamamos en forma de malla, sin duda más sostenible y
equilibrado para el territorio y para la inversión pública.

Así, el Ministerio de Fomento y sus organismos públicos
empresariales prevén invertir 11.900 millones de euros a medio plazo en
grandes obras de infraestructuras como autovías o líneas de alta
velocidad, a pesar de no existir, en algunos casos, demanda suficiente
para justificar dicho gasto y de existir muchas dudas sobre su impacto en
el desarrollo de la economía y la creación de empleo. En 2012 se
invertirán 4.187,7 millones de euros en nuevos tramos de alta velocidad
ferroviaria frente a los 28,5 millones de euros previstos para las
cercanías, mucho más utilizadas por la ciudadanía. De la misma forma,
está previsto gastar 1.280 millones de euros en construcción de más
carreteras, a pesar de que somos el país europeo con más kilómetros de
autovías y autopistas.

Por otro lado, las ayudas directas para el acceso a la
vivienda se reducen en 322 millones de euros mientras se recupera
plenamente la deducción por inversión en la vivienda habitual en el IRPF,
incentivo

fiscal que contribuyó en su medida a la explosión del
sector del ladrillo y a la burbuja inmobiliaria, y que constituye una
pérdida de recursos públicos nada despreciable.

ENMIENDA NÚM. 205

(PROPUESTA DE VETO)

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN

En un estado cuyo principal problema social es el
desempleo, no se puede compartir que el recorte en la sección 19 del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social se produzca una disminución del
7,4 % en su conjunto. Es el segundo ministerio, después de Fomento, que
en términos absolutos más millones de euros ha reducido su
presupuesto.

En cuanto a prestaciones, tanto contributivas como
asistenciales, se produce un recorte que, o bien responde a una previsión
imposible de cumplir, o, todavía peor, supondrán dejar sin ningún tipo de
ingresos a millones de ciudadanos desempleados, y más teniendo en cuenta
que en las propias previsiones del Gobierno se seguirá produciendo un
aumento del desempleo.

Las políticas activas, aquellas que deben servir para que
las personas desempleadas reciban acompañamiento e incrementen su
empleabilidad, se produce un recorte todavía mayor. El programa de
Fomento de la Inserción y la Estabilidad Laboral se recorta por encima de
la media de la disminución de los gastos ministeriales. Estos recortes,
además, se centran especialmente en las CCAA, reduciendo en más de la
mitad las transferencias para políticas activas, que, recordemos, son
competencia autonómica.

Las políticas de ayuda a la inmigración y a la emigración
prácticamente desaparecen, como el caso del Fondo de integración. La
desaparición de esta partida paralizará cientos de planes de integración
de municipios y comunidades autónomas y contraviene los acuerdos con la
Unión Europea (UE) como la Agenda Europea para la Integración. Además las
crisis económicas tienen unos ciclos diferentes a los que se precisan
para evaluar el grado de integración de una población inmigrante, que en
los últimos años ha visto frustradas sus expectativas laborales y
familiares.

ENMIENDA NÚM. 215

(PROPUESTA DE VETO)

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

JUSTIFICACIÓN

La importancia de la política industrial sobre la
generación de actividad y el apoyo al desarrollo industrial, en
particular, en las regiones en especial situación de desempleo
industrial, no encuentra reflejo en estos Presupuestos. El programa
relativo a la «Reconversión y reindustrialización» disminuye un 18,4 % y
el de «Desarrollo Industrial» lo hace en un 27,7 %. Y los recursos del
programa para el desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras se
reducen en un 71,7 %.

La política de turismo sufre un recorte superior a los 285
millones de euros, tanto en el programa «Coordinación y promoción del
turismo», como en el Fondo Financiero para Modernización de
Infraestructuras Turísticas. Trabajar por mejorar la calidad del turismo,
abrir vías para superar la

estacionalidad y fomentar un desarrollo sostenible son
elementos claves de generación de ingresos y de creación de puestos de
trabajo.

En política energética se anulan las políticas de fomento a
las energías renovables y las ya escasas políticas de ahorro y eficiencia
energética, dejando en 2 millones de euros los recursos del Instituto
para la Diversificación y Ahorro Energético. Así, el desarrollo
energético pasa a ser la última política quedando por primera vez por
detrás en inversiones del apoyo al sector del carbón y de las políticas
dirigidas a la energía nuclear.

España es un país muy vulnerable en cuestiones energéticas
si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes de energía
que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente dependientes,
aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y en el medio
ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las energías
renovables que son la única garantía de abastecimiento de energía en el
futuro y del que España puede ser pionera por contar con un entorno
favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector de las
renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el
incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos
de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

ENMIENDA NÚM. 261

(PROPUESTA DE VETO)

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía
y Competitividad.

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno ha presentado los Presupuestos Generales del
Estado para 2012 afirmando que son austeros, realistas y que garantizan
la credibilidad de la economía española, pero en un lenguaje más
heterodoxo aunque no por ello menos elocuente, el Ministro de Asuntos
Exteriores los calificó como «de guerra». La cuestión es preguntarse de
guerra contra quien, y a la vista de la orientación general de la
política económica, de los Presupuestos y del ajuste que conllevan, la
respuesta es clara: contra la recuperación de la economía y del empleo y
contra el Estado de Bienestar y los Servicios Públicos.

El ajuste drástico en las cuentas públicas pretende, según
afirma el Gobierno, ofrecer seguridad a los inversores respecto a la
capacidad de la economía española, o dicho en otras palabras, contentar a
los mercados financieros. Pero la evolución de esos mercados demuestra
que la confianza no se recupera con recortes presupuestarios que lastran
la capacidad de crecimiento económico.

En ese mismo sentido, ni la reforma del artículo 135 de la
Constitución, ni su desarrollo a través de la ley orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones
Públicas, ahora en tramitación parlamentaria, han conseguido fortalecer
la confianza en la economía española. Pero son reformas con un marcado
carácter antisocial.

El apartado 3 del reformado artículo 135 establece que el
pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las
Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente
contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un
valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del
Estado español como Estado social y democrático de Derecho. Además, se
limita la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las
Comunidades Autónomas, establecidas en el artículo 156 de la Constitución
y se impone a las Corporaciones Locales, ya de por si acuciadas por el
incumplimiento del compromiso de un nuevo sistema de financiación, el
equilibrio presupuestario.

El «déficit cero» estructural y el valor de referencia de
la deuda pública en el 60 % del PIB serán los principios rectores de lo
que ahora se entiende como estabilidad presupuestaria, cuando se complete
el periodo transitorio hasta 2020. El caso es que todos estos límites son
arbitrarios y tienen poco sentido desde el punto de vista macroeconómico
porque sus potenciales efectos sobre la economía y el empleo sólo pueden
ser negativos. La crisis ha disparado el déficit y la deuda, alimentada
también por los rescates al sector privado, y muchas Administraciones
tienen serios problemas de solvencia. Fijar la prioridad en

los ajustes presupuestarios, sin reformas de calado en los
ingresos públicos, conducirá a recortes en el gasto social, al deterioro
de los servicios públicos y a la destrucción de empleo público.

De la misma forma, el resto de reformas estructurales
publicitadas para mejorar la competitividad y el acceso al crédito no
están redundando en el crecimiento de nuestra economía y en la reducción
del desempleo.

La regresiva reforma del mercado de trabajo modifica el
marco laboral para que las empresas dispongan de instrumentos suficientes
para imponer condiciones de trabajo y salarios a la baja. Pero esto sólo
puede reproducir acentuándolo un modelo económico que ya dábamos por
agotado, por insostenible. Seguir centrando los cambios en los aspectos
laborales y no en el modelo productivo es un error, porque las relaciones
laborales son consecuencia en gran medida del modelo productivo y se
acaba por renunciar a articular medidas para permitir la transición hacia
el desarrollo de un modelo productivo más diversificado y eficiente.

En todo caso, siendo evidente que la salida de la crisis no
va a depender de políticas laborales, lo acuciante es revitalizar la
inversión pública e impedir que el ajuste fiscal programado por el
Gobierno deprima la economía, perjudique la creación de empleo y acabe
por generar más dificultades a la hora de reducir el déficit público.
Recuperar la normalidad en el crédito es también una condición necesaria
para lo cual se necesitan instrumentos financieros públicos, porque la
reforma del sector financiero no ha conseguido que el crédito llegue a
las familias y a las empresas más necesitadas de financiación.

El escenario macroeconómico que acompaña a los Presupuestos
es desolador. La evolución de la economía española en 2012 estará
fundamentalmente determinada por el comportamiento de la demanda interna
y ésta recibirá una influencia contractiva por el profundo recorte
fiscal. Según las previsiones del Gobierno el gasto en consumo final
descenderá un 3,1 % en 2012 por el ajuste fiscal y la destrucción de
empleo, la formación bruta de capital caerá un 8,8 % también influida por
el ajuste en la inversión pública y como resultado de ello, la demanda
nacional disminuirá un 4,4 %. Considerando la aportación positiva del
sector exterior, el resultado final es una disminución prevista del PIB
del 1,7 %.

Es decir, el primer efecto de estos Presupuestos es que
contribuyen de forma destacada a llevar a la economía a una nueva
recesión. Y por extensión, a una destrucción de empleo del 3,7 % cifrada
en 631.100 ocupados menos y a un aumento del paro en 600.000 personas.
Estamos hablando de una previsión de 5.601.800 personas desempleadas en
2012, lo que significa el 24,3 % de la población activa.

Y estas son las previsiones del Gobierno, que algunos
analistas consideran elaboradas con cierto optimismo y que incluso el FMI
cuestiona abiertamente. Porque es probable que el ajuste presupuestario
tenga un impacto negativo superior sobre la demanda interna, el
crecimiento del PIB y el empleo, y por tanto, sobre los ingresos
públicos, acabando por provocar más déficit público.

Por último, en materia de investigación los peores
pronósticos se han cumplido y el mayor ataque al sistema científico
técnico español en la historia de la democracia está plasmado en estos
Presupuestos. Un recorte del 25,5 % en el total de la Función que se
agudiza hasta el 26,1 % en las operaciones no financieras, o sea, en el
gasto real en I+D. El ajuste se lo lleva básicamente el capítulo de
transferencias de capital con un 34 % de recorte. Este capítulo incluye
el Plan Nacional de I+D+i, herramienta fundamental de financiación del
sector público de la investigación, las cuotas a organismos
internacionales y los programas de recursos humanos, como el Ramón y
Cajal, Juan de la Cierva o las becas/contratos FPI. Se reducen también de
forma drástica las ayudas a Centros Tecnológicos de las Comunidades
Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 326

(PROPUESTA DE VETO)

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

JUSTIFICACIÓN

Desde el año 2009 las administraciones educativas han
reducido su presupuesto en 4.500 millones de euros, cifra a la que se
suma el recorte de un 22 % en los PGE de este año, junto al saqueo
adicional de 3.000 millones que el gobierno pretende imponer a las CCAA.
A consecuencia de ello, sólo en el curso 2011-2012 se han perdido 11.000
plazas de profesorado y los sindicatos alertan de 100.000 nuevos despidos
para el próximo curso, si se aplican los recortes anunciados.

Tales recortes, para 2012, suponen además la eliminación
progresiva de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa, la
desaparición de la formación permanente del profesorado, una reducción
drástica de becas, por no hablar del bárbaro recorte en Educación
Superior y en I+D+i, mientras aplican una brutal subida de tasas
universitarias —hasta un 60 por ciento—, así como reducen la
oferta educativa en ESO, Bachillerato, FP, Escuelas de Idiomas...
mediante un recorte del 66 % en transferencias a las CCAA. Estos
tijeretazos se suman a los que ya han hecho las propias CCAA donde
gobierna el PP en años precedentes, reduciendo plantillas, gastos de
funcionamiento de centros, salarios, tutorías, desdobles y apoyos,
materias optativas, módulos de formación profesional, servicios de
orientación o biblioteca, ayudas para adquisición de libros de texto,
comedores y actividades complementarias; a la vez que aumentaban ratios
de alumnado, jornada laboral y horarios lectivos del profesorado.

A esto hay que añadir la asfixia económica de la
Universidad pública española, que ha perdido unos 370 millones de euros
desde 2010 (algo más del 5 %), en un contexto de incremento sustancial
del alumnado: unos 200.000 universitarios más, y 320.000 nuevos
estudiantes en colegios e institutos públicos en los dos últimos años. Y
todo ello mientras se han extendido los conciertos educativos, incluso en
etapas no obligatorias, y subvencionado a familias que optan por centros
privados de élite.

Las últimas medidas anunciadas apuntan en la misma
dirección: degradar la educación pública precarizando la función docente
(mas horario lectivo, menos complementos retributivos, sustitución de
bajas a partir del décimo día) y masificando las aulas (brutal aumento
del 20 % de la ratio alumnado-aula), lo que resulta especialmente grave
para la calidad educativa, sobre todo para poder dar respuesta a la
diversidad del alumnado y adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a
sus necesidades. Con estas medidas, no sólo el incremento del fracaso
escolar está asegurado, sino que centenares de escuelas públicas serán
fusionadas (especialmente en el ámbito rural), para optimizar el aumento
de ratios y la caída de plantillas, mientras que los programas de apoyo y
refuerzo serán laminados. Sólo desde el más absoluto cinismo de quienes
llevan a sus hijos e hijas a centros privados se pueden negar los efectos
negativos de estas medidas en la educación pública. Por todo ello,
hacemos un llamamiento urgente a todos los sectores de la comunidad
educativa y a la ciudadanía en general, para poner en marcha un amplio
proceso de movilización permanente, en la calle y en los centros, contra
las políticas educativas del PP, que suponen el ataque más grave a la
educación pública desde la transición, que nos retrotrae al modelo de
escuela decimonónica y que, con la excusa de la crisis, pretende
convertir la educación pública en una red subsidiaria y asistencial,
dirigida a los sectores más desfavorecidos o con mayores dificultades de
aprendizaje.

Atacar la educación pública es atacar la convivencia y la
cohesión social en nuestro país, un ataque a la mayoría social y a las
clases trabajadoras que son las principales beneficiarias de su
existencia. Por eso, ahora más que nunca, es necesaria la defensa de lo
público como garantía de nuestros derechos sociales, que están siendo
acelerada y sistemáticamente atacados. Y de manera especial, en defensa
del modelo de educación pública por el que apostamos y al que no estamos
dispuestos a renunciar.

Defendemos una educación pública gratuita y laica,
inclusiva, democrática, coeducadora y de calidad con equidad; una
educación pública de y para todas y todos, como única garante del derecho
universal a la educación en condiciones de igualdad, que asegura la
igualdad de derechos y la convivencia democrática de personas de
distintas procedencias socio-culturales; y por ello, la que mejor
contribuye a la equidad y a la cohesión social.

Exigimos una educación pública desde los 0 años, de
titularidad y gestión pública, que permita atender las necesidades
educativas del conjunto de la población, y con la calidad suficiente para
asegurar el derecho a aprender con éxito de todo el alumnado. Que reduzca
y no incremente el número de estudiantes por grupo y por profesor; que
potencie y no suprima la acción tutorial; que dote de servicios de
orientación a todos los centros públicos de Infantil, Primaria y
Secundaria; que incorpore nuevos perfiles profesionales, como educadores
y trabajadores sociales, mediadores interculturales, etc.; que garantice
un sistema integral de becas y ayudas al estudio, así como la gratuidad
de los libros o materiales didácticos y de los comedores escolares; que
establezca comisiones de escolarización permanentes y centralizadas, para

evitar la selección del alumnado por los centros. Pero
también que destierre toda forma de adoctrinamiento, empezando por sacar
las enseñanzas confesionales del currículo y la simbología religiosa de
todos los centros financiados con fondos públicos.

Defendemos una educación que apoye y motive al profesorado,
no que le desacredite, acordando un Estatuto de la función pública
docente que mejore sus condiciones laborales, que recoja como dedicación
lectiva las tareas y funciones que hoy demanda el sistema educativo,
configurando claustros estables y estableciendo un cuerpo único del
profesorado. Defendemos una formación inicial que combine teoría con
práctica en los centros educativos, tutorizada por profesorado
cualificado durante todo el proceso, y una formación permanente en
horario laboral que fomente su autoridad profesional mediante la
adquisición de estrategias de diálogo y de negociación para resolver
conflictos.

Todo esto es imposible con los brutales recortes educativos
a nivel estatal y autonómico que se vienen imponiendo. Exigimos que
nuestros impuestos no se destinen a rescatar bancos ni a comprar
armamento o a financiar la iglesia católica, sino que se dediquen en la
cuantía necesaria a financiar los servicios públicos fundamentales, y muy
en concreto la Educación Pública, mediante una Ley de Financiación del
Sistema Público Educativo que garantice la suficiencia de recursos, hasta
alcanzar el 7 % de PIB en gasto público en educación, para hacer realidad
la mejora de la enseñanza pública y el derecho universal a una educación
de calidad en condiciones de igualdad. Nos jugamos el futuro de nuestros
hijos e hijas, y el de la sociedad en su conjunto.

Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que se
presenta esta enmienda de devolución a la totalidad al presupuesto del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

ENMIENDA NÚM. 404

(PROPUESTA DE VETO)

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de
Justicia.

JUSTIFICACIÓN

Estos presupuestos de Justicia son insuficientes para hacer
frente de forma adecuada a las necesidades de la Administración de
Justicia para el año 2012. De mismo modo, los presupuestos son
insuficientes para solucionar los problemas detectados en el
funcionamiento de la Administración de Justicia. Más aún, pese a que el
recorte sufrido en esta sección es del 6 % (bastante inferior al de otras
secciones) estos presupuestos parecen destinados a consolidar una visión
elitista de la justicia como poder y marginar la concepción de la misma
como servicio público de calidad, útil y próximo a los ciudadanos.

En definitiva, parece que el Gobierno ha confeccionado el
presupuesto olvidando el suspenso que los usuarios otorgan a la
Administración de Justicia.

La valoración global es negativa, destaca la desproporción
entre la variación de la dotación presupuestaria para el Ministerio de
Justicia y para el Consejo General del Poder Judicial.

Pese a que las funciones del órgano de gobierno de jueces y
magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, están muy limitadas
constitucional y legalmente, la disminución sufrida en su dotación ha
sido del 3’9 %, que contrasta con el recorte sufrido por el
Ministerio de Justicia que, por otra parte, es el que debe desarrollar la
función de gobernar, como poder ejecutivo, y que ha sido reducido casi el
doble que el órgano gubernativo y representativo de la judicatura y el
poder judicial.

Pero hay más: en la partida presupuestaria del Consejo
General del Poder Judicial, se ha dotado económicamente una sección que,
con el título «proyección e incidencia en el servicio público de la
justicia», aborda competencias marcadamente ejecutivas (y en algunos
territorios transferidas) como el desarrollo e implantación de
aplicaciones informáticas, con arreglo a acuerdos del propio órgano
gubernativo de jueces y magistrados, adoptados en años anteriores.

Con el presupuesto presentado para esta sección
difícilmente se podrá acometer con éxito ni siquiera una mínima parte de
los problemas pendientes de la justicia española: modernización e
implantación de

la oficina judicial, nuevo mapa judicial, revisión de las
retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia
no transferido a las Comunidades Autónomas, mejora en materia de
infraestructuras, nuevas tecnologías, etc.

Concretando nuestra postura, consideramos imprescindible un
mayor esfuerzo presupuestario para acometer el proceso de modernización
de la administración de Justicia, como evidencia el recorte en
inversiones reales de hasta un 48 %, que hace naufragar, entre otras
cuestiones, la implantación de la oficina judicial o la modernización
tecnológica (recorte del 49,2 %)

La dotación relativa a las inversiones en modernización,
con 94,62 millones de euros, se divide en 34,32 millones para
construcción y mantenimiento de edificios judiciales, y 60,30 millones en
una partida para «modernización tecnológica», e integrada por cuatro
conceptos (Celeridad en la resolución de conflictos, Gestión
informatizada, Interoperabilidad en la gestión procesal, Creación de
estándares tecnológicos comunes, y Registro Civil) que constituyen el
único capítulo en gastos de inversión y que deberían ser desglosados y
explicados a la opinión pública.

No existe partida alguna relativa a la implantación de la
Nueva Oficina Judicial. La reforma más importante de la administración de
justicia desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, el cambio
de modelo que la sociedad española necesita y reclama, y cuyas reformas
legislativas procesales previas han venido siendo aprobadas por consenso
de todas las fuerzas políticas parlamentarias, no tiene dotación
presupuestaria y parece haber sido abandonado por el Gobierno.

El recorte se utiliza como pretexto para no prever
convocatorias de empleo público, ni siquiera las de consolidación de
personal interino, en la administración de justicia. Y no sólo de plazas
de la carrera judicial, de la carrera fiscal o del cuerpo de secretarios
judiciales, sino del resto de personal al servicio de la administración
de justicia.

Se congelan las oposiciones de Jueces y Fiscales para este
año aludiendo a la solidaridad con el resto de la nación por la
«situación de extrema gravedad que vive el país». Sin embargo, esa
solidaridad traducida en austeridad en el gasto no ha llegado al Consejo
General del Poder Judicial.

A nuestro juicio, la creación de 35 plazas de jueces y 20
de fiscales anunciadas no cubren las necesidades de planta judicial para
el año 2012, presentando déficits muy importantes en algunos ámbitos
jurisdiccionales.

Otra medida que rechazamos frontalmente es el desarrollo de
nuevas tasas judiciales que ayuden a financiar el modelo de justicia
gratuita. Se propone la ampliación de este copago también a particulares
en la jurisdicción civil, contenciosa-administrativa y social. Por un
lado argumentan que nuestro sistema judicial esta saturado por un exceso
de litigiosidad y consideran que estas tasas pueden ser disuasorias.
Además, por otro, se sostiene que estas tasas servirán para financiar la
justicia gratuita, el llamado turno de oficio. Sin embargo estos
argumentos no convencen a nadie, ni a los ciudadanos ni a los
profesionales del sector. El turno de oficio debería ser financiado en su
totalidad desde los Presupuestos Generales del Estado y no a través de
tasas especiales, porque en palabras del Presidente del CG de la Abogacía
«afecta al corazón del Estado de Derecho» a la tutela judicial efectiva,
y no sólo será ineficaz para paliar la saturación sino que además es
tremendamente injusta.

Por último, con respecto a la reforma la reforma de la
Planta Judicial, la reducción de los partidos judiciales solo puede
suponer un beneficio para el servicio público de la justicia y por tanto
para sus usuarios, si va íntimamente ligado al despliegue e implantación
simultánea e integral de la Oficina Judicial y los Tribunales de
Instancia.

En definitiva, estamos ante un recorte más en otro servicio
público, el de la administración de justicia, que no está en la lógica de
la mejora de la calidad del servicio a prestar a los ciudadanos, sino de
objetivos macroeconómicos de estabilidad presupuestaria y reducción del
déficit por la vía de la disminución del gasto público.

ENMIENDA NÚM. 413

(PROPUESTA DE VETO)

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de
Defensa.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que el Presupuesto del Ministerio de
Defensa del ejercicio 2012 disminuye tan solo un 11 % respecto al año
2011, no lo hace en la misma proporción que el resto de ministerios, de
un 16,9 % en promedio. El recorte en este Ministerio queda a mucha
distancia de aquellos otros que sostienen el denominado estado de
bienestar, como es el caso de Sanidad y Servicios Sociales, con una
reducción del 13,7 % y Educación y Cultura en un 21,2 %. Del mismo modo
se recortan los presupuestos de los ministerios que deberían ser motores
de la recuperación económica, como Industria, Energía y Turismo que cae
un 31,9 %, Fomento, donde la obra pública retrocede un 18,4 %, o I+D que
retrocede un 25,6 %.

Cabe destacar que el gasto militar se distribuye en función
del criterio OTAN, que aconseja sumar todas aquellas partidas militares
que están repartidas por otros ministerios, gastos a los que cabe añadir
los intereses de la deuda militar. El resultado final es que las cifras
superan en más del doble la cuantía del Ministerio de Defensa, pasando de
7.411 a los 15.834 millones de euros que suma el gasto militar inicial en
2012. El porcentaje de disminución respecto al año pasado es del 6,95 %,
sensiblemente inferior al anunciado por el Gobierno español.

Aún así, estas cifras sobre el gasto militar son engañosas,
pues una cosa es el gasto militar presupuestado inicialmente, y otra cosa
muy distinta el gasto real liquidado al cierre del ejercicio. De hecho,
durante el transcurso del año se incorporan muchos recursos a las
partidas que han estado insuficientemente dotadas. Recursos adicionales
que provienen principalmente del Fondo de Contingencias, desde donde se
costean las misiones militares en el exterior. Éstas recibieron un
presupuesto inicial en 2011 de 14 millones de euros, cuando en realidad
se gastaron 861. Lo mismo ocurre con buena parte de las inversiones en
armamento, donde al final del año se consumieron 582 millones de euros
más que los inicialmente asignados. También hay que añadir las
desviaciones provenientes de la enajenación de propiedades del Ministerio
de Defensa (cuarteles, viviendas y terrenos). Estos mayores gastos que se
van produciendo a lo largo del año sólo se conocen al finalizar el
ejercicio, cuándo se presenta la liquidación final del presupuesto.

Así, el presupuesto de Defensa del año 2011 se aprobó
anunciando una disminución del gasto en 594 millones de euros, y ahora
sabemos que la liquidación provisional (aún no es definitiva) arroja un
incremento de 1.164 millones de euros sobre el total inicial, lo que
representa un 6,75 % de aumento; casi el mismo porcentaje (7 %) que se
anunció disminuir en Defensa en el inicio del presupuesto inicial de
2011. En definitiva, el gasto militar real, a pesar de la grave crisis
por la que atraviesan las cuentas públicas, ha disminuido tan solo un 6,3
% y sitúa a Defensa como uno de los ministerios mejor parados en los
recortes del Gobierno. Un gasto militar que respecto del PIB se sitúa en
el 1,6 %, el doble de lo que dice el Ministerio de Defensa y que
representa 46,6 millones de euros de gasto diario, y 366 euros per cápita
anuales.

Para este año 2012 se anuncia un drástico recorte en las
inversiones en armamento, que supone una disminución de un 35 % respecto
a las del año 2011. En especial las dirigidas a los Programas Especiales
de Armamentos (PEAS). Unos grandes proyectos de larga duración iniciados
en los años 1995/96 y que, en algunos casos, alargan su fabricación hasta
el año 2025 (aviones Eurofighter, A400M, helicópteros Tigre, blindados
Leopardo, Pizarro, submarinos S-80, fragatas y diversos buques de guerra)
con unos costes que alcanzan hoy los 32.000 millones de euros. Este año,
según el propio Ministerio, existen unos compromisos de pago por 1.862
millones de euros, a los que no podrá hacer frente, pues solo se ha
consignado la ridícula partida de 4,9 millones de euros, retrocediendo un
95 % respecto al año anterior. El resto de las inversiones (707 millones
de euros) están dirigidas a la modernización de armamento y de los
avituallamientos necesarios de las ya existentes para que las fuerzas
armadas sean operativas (explosivos, proyectiles, misiles,
comunicaciones, logística e infraestructuras). Por el contrario, no se
atiende la necesidad de sustituir los viejos vehículos BMR-600 por los
blindados 8x8, más modernos y seguros, cuya fabricación daría vida a la
fábrica de armas de La Vega en Oviedo, amenazada de cierre en 2012, ni se
contempla una asignación suficiente al desarrollo de la fragata F-110,
cuyo proyecto se encuentra actualmente paralizado. También sufre un
importante recorte la I+D militar. Tanto la del Ministerio de Defensa,
que disminuye un 14,3 %, como la que se entrega como créditos a las
empresas militares desde el Ministerio de Industria, que reduce su
cuantía de forma considerable, un 24,4 %. Estos últimos recursos son los
destinados a la realización de los mencionados PEAS. Unos proyectos que
se verán considerablemente afectados por los recortes, tanto en ayudas en
I+D como en pagos por su adquisición.

Sin embargo, esto no se debe interpretar como una
disminución del gasto en su adquisición, sino todo lo contrario. El no
hacer frente a estos pagos durante 2012 representa atrasar las entregas y
refinanciar sus costes con las empresas y al final pagar más por estas
armas. Los PEAS tienen unos contratos blindados con las empresas que
obligan a Defensa a cumplir con su ejecución. Sabemos su coste inicial
pero no sabemos cual será su coste final. Unos proyectos que en 2012
volverán a recibir en concepto de créditos en I+D por un monto total de
582,7 millones de euros. Es decir, se asignan muy pocos recursos a la
compra de esos armamentos, pero en cambio se dedica el 11,8 % del total
de I+D del Estado a la investigación de esas nuevas armas.

Los créditos a la I+D militar son percibidos por las
empresas como ayudas, pues tras el transcurso de los dieciséis años desde
que se instauraron, todavía no han sido retornados. Por una razón, porqué
el Ministerio de Defensa —por falta de liquidez ha retrasado el
pago de esas armas, con lo cual las empresas no han retornado los
créditos y han acumulado una enorme deuda (15.559 millones de euros). Un
problema que Defensa no sabe cómo resolver. No puede pagar a las
industrias militares sin incrementar los presupuestos de forma
considerable, ya que ello aumentaría el endeudamiento y el déficit del
Estado. Otra posibilidad que baraja el Ministerio es condonar las deudas
en I+D de las empresas a cuenta del pago de las armas, pero eso
incrementaría también el déficit público. Déficit que el gobierno quiere
combatir para acoplarse a las directrices de la UE. Otra opción sería
aplazar los pagos en diez o quince años más, aunque esto añadiría los
costes de financiación y haría aumentar el precio final de las armas a
precios inverosímiles (40 o 50.000 millones).

Ante la grave situación económica por la que atraviesa
España y de manera muy especial las cuentas del Estado, si se quieren
sanear las cuentas públicas a base de reducir el déficit y el
endeudamiento, una de las soluciones para reducir el gasto militar sería
anular los grandes contratos en armas (PEAS). Si se acometiera la
supresión de los PEAS, permitiría acabar con las ayudas en I+D militar y
ahorrar otros mil millones de euros que, cada año se han ido entregado a
las empresas militares para desarrollar esas armas, no se trata por tanto
de supresión de la industria militar si no que la supresión de las (PEAS)
debería ir acompañado de estudios de conversión de la industria militar
hacia el ámbito de producción de bienes civiles. Unos planes de
conversión que deberían implicar al máximo de agentes sociales y
políticos posibles: gobierno local, autonómico y estatal, colegios
profesionales y sindicatos. Ese amplio consenso podría buscar salidas a
estas industrias, y desde luego, resultaría menos gravoso que hacer
frente a la producción de unas armas que no tienen ninguna utilidad
social.

Otro punto esencial a considerar para reducir el gasto
militar sería retirar nuestra tropas del exterior, lo que supondría un
ahorro de 860 millones de euros que es lo que cuesta anualmente su
desplazamiento. Por mucho que se repita, es falso que proporcione
seguridad a la población española, si acaso obedecen a los designios de
la política exterior de nuestro gobierno.

En definitiva, Todas estas medidas: anular los contratos de
los grandes Programas Especiales de Armamentos, eliminar la I+D militar,
y reducir la presencia de fuerzas armadas españolas en el exterior,
permitirían ahorrar entre 7.000 y 8.000 millones de euros anuales, que a
buen seguro ayudarían a la hacienda pública a salir del endeudamiento y
el déficit público. Reducir el gasto militar sería un paso para permitir
que la economía española empezara a salir de la crisis en que ahora está
sumergida.

Todo ello justifica con creces la presentación de este Veto
de la Sección del Ministerio de Defensa.

ENMIENDA NÚM. 420

(PROPUESTA DE VETO)

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
son rechazables porque son socialmente injustos, que vienen a castigar a
los sectores más desfavorecidos, los trabajadores, las mujeres, las

minorías y los ancianos. Son rechazables porque representan
un ajuste sobre el ajuste, una tala respecto a la poda que ya realizó el
Gobierno del PSOE en los Presupuestos de 2011, sumándose a recortes
anteriores. Y son rechazables porque afectarán a la salud, a la equidad y
a la igualdad, poniendo en peligro el Sistema Nacional de salud y
disminuyendo brutalmente lo que nunca se debería haber tocado, que son
las prestaciones básicas de servicios sociales, en un gravísimo contexto
de crisis económica y social. Algo inaceptable para las personas,
pacientes, ciudadanos que van a dejar de percibir esos servicios.

Hubiéramos entendido unos presupuestos austeros y
eficientes, con racionalidad para mantener la calidad en los servicios
que necesitan los ciudadanos y fundamentalmente para evitar trasladar el
mayor costo de la crisis a los sectores menos favorecidos. Pero nos hemos
encontrado con unos presupuestos duros, injustos y nada eficaces.

Y es también rechazable el argumento falaz que el Gobierno
esgrime para justificar los recortes en algunas partidas, cuando afirma
que estos Presupuestos se ajustan a la ejecución real del presupuesto del
año pasado.

SANIDAD

En las partidas de Sanidad, estos presupuestos son falsos,
ficticios e incompletos, por cuanto con posterioridad a su presentación
en el Congreso, el Gobierno ha operado una enmienda a la totalidad con su
decisión unilateral de ejecutar con motosierra un recorte adicional de
7.000 millones de euros en Sanidad, en el diez por ciento del gasto de
comunidades autónomas.

Nada habría que objetar si se hubiera planteado un ahorro
basado en la eficiencia. Pero este presupuesto, y ese hachazo de 7.000
millones adicionales no están destinados, como dice el Gobierno, a
garantizar la sostenibilidad y la solvencia del sistema sanitario público
en España, sino a alcanzar sus objetivos de reducción del déficit público
marcado con Bruselas, a costa de la salud de las personas y del Estado
del bienestar. Y este hachazo se ejecuta al margen de cualquier diálogo o
concertación parlamentaria, lo que hace saltar por los aires el objetivo
del Pacto por la Sanidad, puesto que el Gobierno tan sólo se apoya en
acuerdos alcanzados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, un simple autopacto.

Estos presupuestos, unidos al hachazo por decreto, son
alarmantes y ponen en riesgo de colapso al propio sistema sanitario
universal, público y gratuito, financiado por los contribuyentes y no,
como el Gobierno pretende, con el repago farmacéutico. Ni siquiera hay
fondos suficientes para el desarrollo de la ley de salud pública, de la
modernización del sistema y de la mejora de su calidad.

Aún sin considerar estos 7.000 millones sustraídos del
Sistema Nacional de Salud por decreto, la tala es para echarse a temblar.
El área sanitaria en su conjunto sufre un ajuste del 13,7 %, 385 millones
de euros. Baste señalar algunos ejemplos sangrantes.

Es una irresponsabilidad que estos Presupuestos supriman
ayudas al Plan Nacional del VIH/Sida destinadas a las Comunidades
Autónomas, parte de los presupuestos dedicados a las enfermedades raras,
la esclerosis múltiples, la ELA o el Alzheimer, y reduzcan en más de 5
millones de euros las destinadas a ONGs, incumpliendo de esta manera los
compromisos internacionales en la materia.

Se recortan 12 millones de euros del Plan de salud
bucodental, 22 millones a la investigación pública sanitaria, y otros 22
millones en el presupuesto destinado a cohesión, en las políticas de
Dirección General de Salud Pública.

SERVICIOS SOCIALES

La política global de servicios sociales y promoción social
disminuye un 15,7 % con respecto a 2011, especialmente en dependencia,
discapacidad, drogadicción o envejecimiento activo. Un recorte tanto más
grave que sobre la red básica de servicios sociales se reduce de 86,6
millones de euros en 2010 a 49 millones, casi un 44 % de reducción.

Con un recorte de 297 millones de euros, la dotación para
la atención a la dependencia sufre una reducción del 17,5 %, por encima
de la reducción global de política social y sanitaria, vaciando de
contenidos la Ley 39/2006 de autonomía personal y atención a la
dependencia, en la que el PP no ha creído jamás, sin importarles las
consecuencias en las personas dependientes y sus familiares, ni el empleo
cesante que el tijeretazo generará en el sector.

En dependencia se elimina totalmente el nivel convenido
para el que se disponía en el ejercicio anterior de 283 millones de
euros.

El plan concertado, que en 2011 sufrió una reducción del
11,8 %, que el PP calificó de dramática, sufre ahora una reducción del
41,8 %.

Ni siquiera se respeta el apoyo a la discapacidad. La
partida asignada a la Dirección General de coordinación de políticas de
apoyo a la Discapacidad se reduce en un 24 %, el Real Patronato sobre
Discapacidad en un 19,6 % (600.000 euros) y el Plan de acción para
personas con discapacidad se recorta el cien por cien, pese a que aún
tiene vigencia hasta diciembre de 2012. Estos recortes de 656.000 euros
comprometen el desarrollo de la Ley 27/2007 que reconoce la lengua de
signos y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Hasta el Plan de Desarrollo Gitano se recorta un 50 %,
haciendo imposible la aplicación de la estrategia para la inclusión de la
población gitana en España 2012-2020, aprobada por el Gobierno un mes
antes.

Quienes tanto pregonan una supuesta defensa de la familia
reducen en un 37,6 % el programa 231.G de atención a la infancia y a las
familias, que pasa de 8,4 millones a 5,2 millones de euros,
experimentando una reducción del 42,56 %, pese al aumento de la pobreza
infantil y de las situaciones de vulnerabilidad de los niños y niñas.

Quienes tanto pregonan las virtudes del voluntariado
recortan el Plan estatal de voluntariado.

Se reduce en un 28,5 % el Plan Nacional sobre Drogas, las
políticas de lucha contra la drogadicción, y se corta el grifo a los
programas de las Comunidades Autónomas. Junto al recorte en las
comunidades autónomas de un 20 % del gasto en el Plan de Drogas, Proyecto
Hombre y otras ONG no llegan al otoño.

El severo recorte en las transferencias al tercer sector y
a las ONG sin ánimo de lucro para fines sociales, que trabajan a pie de
calle, debilitarán las políticas de rehabilitación y de reinserción
social.

El programa de envejecimiento activo experimenta un recorte
del 38,57 % en todos los programas de termalismo y turismo social para
mayores y personas con discapacidad. En teleasistencia se pasa de 32
millones de euros a menos de 2 millones, un recorte del 93 % con respecto
al año anterior.

IGUALDAD

El programa de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres sufre un recorte del 19, 86 %, con un tajo en los proyectos de
investigación en temas de mujer I+D+i, del 15 % al Instituto de la Mujer
y del 38 % en los programas de formación de dirección para las mujeres en
las empresas, lo que significará un desmantelamiento de las políticas de
igualdad y menos oportunidades para las mujeres.

CONSUMO

En un momento en que la encuesta del CIS de marzo todos los
índices de confianza del consumidor apuntan a una evolución negativa, en
su valor más bajo, estos presupuestos disminuyen en un 8,4 % la partida
asignada a la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en un 14 % la
correspondiente al Instituto Nacional de Consumo, en un 50 % la formación
y perfeccionamiento del personal que trabaja en consumo, en 800.000 euros
las publicaciones de información a los consumidores y en un 7 % las
subvenciones a las asociaciones nacionales de consumidores.

Todo ello justifica con creces la presentación de este veto
de la Sección del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

ENMIENDA NÚM. 1203

(PROPUESTA DE VETO)

De Don Joan Saura Laporta (GPEPC) y de Don Jordi Guillot
Miravet (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección
08. Consejo General del Poder Judicial.

JUSTIFICACIÓN

La buena gestión de los presupuestos públicos exigen la
máxima transparencia en la justificación de los gastos, especialmente los
referidos a «atenciones protocolarias y representativas». Los ciudadanos
exigen, y más en tiempos de crisis, un comportamiento austero de las
altas instancias del estado, también del Consejo General del Poder
Judicial. Lamentablemente el Consejo y en concreto su presidente están
envueltos en una polémica sobre el posible uso indebido de fondos
públicos sin que hasta el momento se hayan dado explicaciones que
justifiquen razonablemente estos gastos.

Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos este veto a
la Sección 08 de los Presupuestos Generales del Estado 2012 y, en
consecuencia, su devolución al Congreso de los Diputados.

ENMIENDA NÚM. 1204

(PROPUESTA DE VETO)

De Don Joan Saura Laporta (GPEPC) y de Don Jordi Guillot
Miravet (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección
15. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno ha reducido la aportación a través de los PGE
en más de 200 millones de euros a RTVE. Desde que se cambió su ley de
financiación la dotación presupuestaria de la Corporación viene
determinada por la cuantía que aporta el Estado a través de sus
presupuestos a la que se añaden ingresos por diversas aportaciones de
empresas de telecomunicaciones, un porcentaje de tasas sobre el dominio
del espacio radioeléctrico y aportaciones de sociedades prestadoras o
concesionarias de servicios de televisión de ámbito estatal. Al margen de
los conflictos de liquidación de dichas cuantías a través de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones y de los recursos que se dirimen en
el marco de la Unión Europea, no cabe duda de que la única aportación
garantizada de forma directa para mantener el servicio público de
radiotelevisión es la aportación que realiza el Estado a través de sus
presupuestos.

Si a este grave recorte que impone el Gobierno en la
dotación presupuestaria de RTVE se añaden las recientes modificaciones
legales que ponen en peligro la viabilidad del modelo público de
radiotelevisión española así como su pluralidad y control por parte de su
Consejo de Administración, nos encontramos ante el mayor y peor ataque a
RTVE desde su creación ya que este amenaza el futuro de la Corporación
desde todos los ámbitos. El económico, el de la neutralidad y pluralidad
informativa y el de la independencia del Gobierno que ha decidido
aprovechar su mayoría absoluta para cambiar las reglas de funcionamiento
y consenso en el momento de mayor y mejor credibilidad y nivel de
audiencia de RTVE desde su nacimiento. Algo que posiblemente no podían
tolerar ni el Gobierno ni sus asociados en esta cruzada del sector
privado empresarial a través de UTECA.

Por todo ello es imprescindible este veto al recorte en la
aportación a RTVE a través de estos presupuestos ya que de aprobarse en
sus actuales términos supondría la asfixia económica y la imposibilidad
de mantener un modelo viable de servicio público tan eficaz y reconocido
como el que han llevado a cabo los profesionales y trabajadores de la
Corporación en los últimos años y que la ciudadanía ha recompensado con
su audiencia de forma permanente y creciente en los últimos años.

Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos este veto a
la Sección 15 de los Presupuestos Generales del Estado 2012 y, en
consecuencia, su devolución al Congreso de los Diputados.

Página
45

principalmente por la caída de inversiones en la mejora del
estado de la calidad de las aguas y ecosistemas asociados y en la mejora
de su gestión.

En materia de agricultura, si bien son positivos los
objetivos establecidos como garantía de rentas, seguridad alimentaria y
calidad de los alimentos, la priorización de éstos no concuerda con las
asignaciones presupuestarias. Se recortan las partidas de competitividad
y calidad de la producción agrícola y ganadera, los controles en
frontera, la previsión de riesgos y el asociacionismo agrario. La partida
de agricultura ecológica disminuye un 20 %. Dado el potencial de este
modelo de agricultura para contribuir a objetivos productivos y
ambientales, incluso en lo referente a creación de empleo verde, parece
un contrasentido ir destinando cada vez menos fondos a esta política. Más
aún cuando el potencial de extensión de este tipo de agricultura en
España es inmenso, dadas nuestras condiciones agroclimáticas. La dotación
para desarrollo rural sostenible se reduce en un 85,6 % imposibilitando
la cofinanciación de acciones clave para la sostenibilidad y la
protección de la biodiversidad. También es perjudicial el descenso en
materia de residuos, sector clave para la creación de empleo, y cuya
dotación a las Comunidades Autónomas afectará al desarrollo de la
legislación vigente.

Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos este veto a
la Sección 23 de los Presupuestos Generales del Estado 2012 y, en
consecuencia, su devolución al Congreso de los Diputados.

ENMIENDA NÚM. 1208

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

MOTIVACIÓN

La presente enmienda Tiene como fundamento el
convencimiento de la absoluta insuficiencia de estos presupuestos para
hacer frente a las necesidades a las que ha de hacer frente el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en consecuencia, para
garantizar la inversión y gasto destinado a este sector.

Este presupuesto convierte al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en uno de los más perjudicados.

Este Grupo Parlamentario no puede apoyar una sección que,
en relación con el sector agrario y pesquero, se limita a introducir
recortes en los presupuestos del año anterior, concentrando estos
recortes en los capítulos dedicados a inversión y transferencias de
capital. Con esto se condena a estos sectores, ya en una situación
complicada.

Este gobierno ha renunciado a hacer una política de estado
en agricultura, en pesca para dedicarse exclusivamente a distribuir los
recursos que nos llegan de la Unión Europea. Con un agravante: la
reducción de las transferencias a las Comunidades Autónomas para
cofinanciar los Fondos Europeos que vemos en estos Presupuestos van a
suponer, en última instancia, la pérdida de estos fondos pues las CCAA no
están, hoy por hoy, en condiciones de suplir ese recorte.

ENMIENDA NÚM. 1295

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

MOTIVACIÓN

El Gobierno ha presentado un Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2012 en el cual tanto los ingresos
como los gastos del sistema de Seguridad Social son poco creíbles.

Por lo que se refiere a los ingresos, éstos están
excesivamente valorados, al no responder a la realidad de nuestro mercado
laboral, lastrado por la caída del empleo y decrecimiento de los
salarios, provocado fundamentalmente por la reforma laboral introducida
por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, a lo que hay que añadir
la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, todos ellos elementos
de impacto directo en las bases de cotización y, por tanto, en los
ingresos del sistema, al constituir las cotizaciones sociales el 88,1 %
de tales ingresos.

Sin embargo, los gastos están infravalorados, no cumplen
con el objetivo de garantizar la estabilidad y seguridad de nuestros
pensionistas ni el mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones,
de tal modo que, si la previsión real de gasto en pensiones es de
alrededor de un 5 %, este proyecto de presupuestos presenta un incremento
del gasto de un 2,9 por ciento.

Por su parte, el Presupuesto de Gastos del IMSERSO, ha
sufrido recortes que tendrán una enorme repercusión en la calidad de vida
de las personas mayores y de las personas en situación de
dependencia.

El Programa «Envejecimiento activo y prevención de la
dependencia» ha experimentado un recorte del 38,57 %. En este programa
figuran las partidas de Turismo Social y Termalismo Social, que sufren
una minoración de aproximadamente el 24 % respecto del presupuesto
anterior. Se trata de programas que benefician a personas mayores desde
hace 25 años contribuyendo al mantenimiento y mejora de su estado de
salud, a su socialización y a facilitar su acceso al ocio. Se ha
demostrado que, además, generan importantes retornos económicos y de
empleo.

La Teleasistencia pasa de tener una dotación presupuestaria
en el ejercicio 2011 de 32.000.000 euros a los 1.949.850 euros de los
presupuestos de 2012. Se trata de un recorte de más del 93 % que
producirá un perjuicio enorme a miles de personas que gracias a este
servicio podían seguir viviendo en su domicilio a pesar de tener ciertas
limitaciones por cuestiones de salud o de edad, permitiendo su
permanencia en su medio habitual de vida, así como el contacto con su
entorno socio-familiar, evitando el desarraigo y asegurando la
intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para
proporcionar seguridad y mejor calidad de vida.

Por ello, el Gobierno debe presentar otro proyecto donde
respete los compromisos asumidos ante la Cámara y los españoles.

ENMIENDA NÚM. 1300

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.

MOTIVACIÓN

Los Presupuestos correspondientes a los programas de la
Sección 20 (Industria, Energía y Turismo) son la evidencia de que la
mejora de la productividad y sostenibilidad de la economía española, así
como la apuesta por sectores estratégicos no son una prioridad para el
Gobierno de España.

El presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo disminuye un 32 % en términos homogéneos respecto del pasado año,
muy por encima de la reducción media de los ministerios. En términos
absolutos la Sección 20 cuenta con 1.761,67 millones menos si lo
comparamos con el Presupuesto de 2011.

La política de gasto consolidado de Industria y Energía
contará en 2012 con unos recursos de 1.897,06 millones de euros,
disminuyendo un 32,3 % con relación al ejercicio precedente. En este
sentido, en los presupuestos para «Reconversión y reindustrialización» se
destinarán 575,15 millones de euros, lo que supone una disminución del
18,4 %. Asimismo, mediante el programa «Desarrollo Industrial» dotado en

2012 con 423,55 millones de euros, se reduce un 27,7 % con
respecto a 2011. Dentro del Programa de Desarrollo Industrial, destaca la
reducción de 70 millones de euros en el Programa de fomento de la demanda
de vehículos eléctricos, cuya cuantía disminuye en un 87,5 % y la
reducción de 57,6 millones de euros del Programa de apoyo a la
competitividad en sectores estratégicos.

Dentro de la política energética, y de los organismos
dependientes del Ministerio, destaca la fuerte caída del presupuesto del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, que disminuye un 39,1 % con respecto
al año pasado. La partida más significativa dentro de su presupuesto de
gastos son las transferencias corrientes que por importe de 509,60
millones experimentan una reducción del 23 %, destacando la importante
disminución de 116,35 millones de euros con respecto a 2011 de las ayudas
a los costes de explotación para empresas productoras de carbón. Las
transferencias de capital previstas en el presupuesto de gastos de este
organismo autónomo para 2012 ascienden a 140,57 millones de euros
destinadas a la reactivación de las comarcas mineras del carbón, lo que
supone una reducción de 268,65 millones de euros y un 65,65 % en relación
con el ejercicio anterior. Todos estos recortes en el sector de carbón
ponen en serie riesgo miles de puestos de trabajo.

También se reducen de forma considerable los recursos para
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
destinados a la Estrategia de Eficiencia Energética y para ayudas a la
incentivación, desarrollo y actuaciones del Plan de Energías
Renovables.

El programa de «Coordinación y promoción del turismo» tiene
una reducción global del 29,7 % con respecto al anterior ejercicio
presupuestario. El Instituto de Turismo de España, dependiente de este
Departamento, reduce su dotación en un 36,3 %. La cifra más
representativa de su presupuesto de gastos es la destinada a inversiones
reales que experimentan una reducción del 48,0 % en relación con el 2011.
El capítulo de transferencias de capital, se ha reducido un 45,9 % con
relación al 2011, de los cuales la cantidad mas relevante es la destinada
a Entidades locales para la sostenibilidad en Destinos Maduros, y los
Planes de Recualificación integral de destinos turísticos, ambos dentro
del Eje de Sostenibilidad. Asimismo, se suprimen los créditos destinados
al Plan FuturE de Infraestructuras Turísticas y se reducen 144,75
millones en la aportación patrimonial destinada al Fondo de Modernización
de Estructuras Turísticas Maduras (FOMIT).

Por último, en el ámbito de la Sociedad de la Información,
se produce una fuerte caída de los créditos. Al Plan Avanza para
diferentes actuaciones se destinan 515,52 millones de euros frente a un
importe en 2011 de 1.071,05 millones de euros. Además se suprimen los
créditos destinados a la Entidad Pública Empresarial Red.es para los
programas de Fomento de la Sociedad de la Información (63,6 millones de
euros) y al Programa de atracción de capital riesgo al Sector TIC por 35
millones de euros.

Del contenido de los presupuestos del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, es evidente que se debilita fuertemente
programas fundamentales para la competitividad y sostenibilidad de la
economía española. Los recortes indiscriminados de la Sección 20
profundizan notablemente los principales problemas de nuestro tejido
productivo.

ENMIENDA NÚM. 1344

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

MOTIVACIÓN

Inadecuación de los créditos presupuestarios consignados a
los objetivos de creación de empleo, de desarrollo de políticas activas
de empleo y de protección frente al desempleo.

La partida referida a la protección por desempleo es
insuficiente y poco realista si tenemos en cuenta el incremento del
desempleo que ya se ha producido durante estos tres primeros meses del
año —328.000 nuevos desempleados, según datos de paro
registrado—, la previsión del propio Gobierno de alrededor de
630.000 nuevos desempleados durante 2012 y la destrucción de empleo
estable que se está

produciendo por la aplicación de la reforma laboral
contenida en el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero. Además, a la
vista de esta destrucción de empleo, los ingresos provenientes de las
cotizaciones sociales están muy valorados.

Las políticas activas de empleo han sufrido un recorte de
un 21 %, el 54 % en transferencias corrientes a Comunidades Autónomas, a
quienes incumbe, fundamentalmente, el desarrollo de las acciones y
medidas de inserción y estabilidad laboral, la formación y la mejora de
la empleabilidad. Se cercena uno de los mecanismos de colaboración con
las Comunidades Autónomas; se recorta en las políticas de orientación y
promoción del empleo, en los recursos humanos encargados del desarrollo
de esta orientación y promoción, tan necesarios para garantizar que el
mayor número de personas desempleadas tenga acceso a las políticas
activas de empleo y reciba la intervención y ayuda necesarias para su
inserción laboral.

Un presupuesto que tiene como objetivo global la creación
de empleo y del que podemos decir que ni está al servicio del empleo, ni
contiene ninguna medida para la recuperación y generación de empleo.

Por lo que se refiere a las partidas referidas a
inmigración, los recortes que se producen afectan fundamentalmente a las
políticas de integración, al quedar en suspenso el Fondo para la acogida
e integración de los inmigrantes y de refuerzo educativo de los mismos,
instrumento clave de colaboración institucional y económica para avanzar
en cohesión social. Nuestros ciudadanos en el exterior también sufren
importantes recortes, sobre todo en partidas cuya finalidad es la
atención de sus necesidades más básicas, como las relativas a pensiones
de ancianidad.

ENMIENDA NÚM. 1352

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia.

MOTIVACIÓN

Se propone la devolución al Gobierno del Presupuesto de la
Sección 25 porque no responde a los objetivos y prioridades que los
distintos responsables del Departamento han expuesto en sede
parlamentaria, careciendo de una razonable adecuación entre dichos
objetivos y las previsiones presupuestarias.

ENMIENDA NÚM. 1356

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

JUSTIFICACIÓN

Los presupuestos correspondientes a los distintos programas
de este ministerio, ponen de manifiesto que la política presupuestaria no
inspira confianza ni en España, ni en extranjero, es injusta y va contra
la construcción de nuestra economía sobre bases más sólidas, su
internacionalización, y la recuperación de la demanda interna.

Más concretamente, la política impositiva introduce dudas
muy serias sobre la sostenibilidad fiscal a corto y medio plazo de
nuestras cuentas públicas.

No sin olvidar que la mencionada política tributaria hace
más injusta la carga de la financiación de los servicios públicos
fundamentales, con la propuesta gubernamental de subida de impuestos a
las clases medias trabajadoras y una amnistía fiscal a los grandes
patrimonios.

Con el nuevo diseño tributario, se ha pasado de una
normativa impositiva que persigue a los que no pagan a una fiscalidad que
perdona los impuestos a las grandes fortunas, de una fiscalidad anti
paraísos fiscales a una fiscalidad pro paraísos fiscales.

El Presupuesto que le corresponde gestionar a la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas no es suficiente para hacer frente
a las funciones que le corresponde. El PGE debe garantizar la
sostenibilidad del sector público español en sus tres niveles: local,
autonómico y estatal. Este proyecto de Presupuestos hace por la vía de
los hechos inviables las administraciones locales y autonómicas de
nuestro país.

En este sentido, es especialmente significativo el Programa
de Cooperación económica local del Estado ya que impide la continuación
de todos los Planes de Obras y Servicios y hace desaparecer la partida
específica destinada a la financiación de los municipios de menos de
20.000 habitantes.

Por otro lado, estos PGE abandonan los planes de formación
de empleados públicos que son precisamente lo que garantiza una
continuada mejora de la profesionalidad de aquellos que están llamados
ala prestación de los servicios públicos de calidad.

ENMIENDA NÚM. 1368

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

JUSTIFICACIÓN

Los presupuestos previstos para el ámbito sanitario del
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad son claramente
insuficientes para garantizar la competencia del Estado de coordinación
de la sanidad así como su esencial función de cohesión del sistema
sanitario. Si a ello se añade los recortes anunciados por el Presidente
del Gobierno de 7.000 millones de euros, que tendrán un reflejo en los
presupuestos de las Comunidades Autónomas, se puede afirmar que el
gobierno del Partido Popular ha comenzado un cambio de modelo sanitario,
modelo que se inició con la Ley General de Sanidad y mantenido hasta
ahora. El presupuesto de la sección 26, cuya devolución se solicita,
refleja este inicio de cambio de modelo.

El cambio de modelo también se aprecia en el ámbito de los
servicios sociales, respecto del cual estos Presupuestos marcan un antes
y un después. En un momento en el que la necesidad de estos servicios es
mayor que nunca, la eliminación o disminución de importantes partidas
tendrá como consecuencia que se dejará de atender a miles de personas en
situación de necesidad y que los colectivos más vulnerables quedarán
desprotegidos: personas con discapacidad, niños y niñas, familias
afectadas por el desempleo, personas mayores, etc. Con ello queda de
manifiesto que entre las prioridades políticas del Gobierno no se
encuentra el mantenimiento de nuestro Estado de Bienestar.

Es particularmente preocupante la situación en que el
Gobierno ha dejado a la protección a la Dependencia. Los retrocesos son
de tal magnitud, con la paralización del calendario de la Ley y la
eliminación de una de las vías de financiación, el nivel acordado, que la
implantación del Sistema está seriamente comprometida. El Gobierno está
desatendiendo a las personas en situación de dependencia y a sus familias
y, además, ha paralizado los retornos económicos que la Ley estaba
generando, así como la creación de nuevos puestos de trabajo.

Los recortes en derechos e igualdad para las mujeres, se
amplían con las actuaciones dirigidas a debilitar el Estado del Bienestar
y los derechos sociales, dado que son las mujeres quienes se ocupan, casi
en exclusividad, del cuidado de menores y personas en situación de
dependencia. La enorme reducción de la aplicación de la Ley de
Dependencia y la eliminación del plan de educación infantil hasta

los 3 años hará que muchas mujeres tengan que abandonar el
puesto al que accedieron, además de eliminar un número importante de
empleo femenino que se había ido creando en los últimos años en el sector
de la atención social.

El Programa 232B de actuaciones en igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres de los Presupuestos para 2012, se
reduce en un 19,9 % en su conjunto. Además, la drástica reducción en los
programas de fomento del empleo de las mujeres se corresponde con la
profunda quiebra que impone la reforma laboral del gobierno de Rajoy en
materia de igualdad, derechos laborales y extensión de los derechos de
corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y profesional.

Por otra parte, las actuaciones dirigidas la prevención
integral contra la violencia de género del Programa 232C se reducen en un
21 %. Destaca la insuficiencia del esfuerzo presupuestario para hacer
real el equilibrio territorial en la mejora de la atención psicosocial de
las víctimas, lo que vacía de contenido el plan personalizado anunciado
por la Ministra al comienzo de su mandato. El recorte en campañas de
sensibilización para la prevención de la violencia de género y su
consideración como si se tratara de un gasto en publicidad, confirma el
retroceso ideológico de esta política pública para erradicar la expresión
más brutal de discriminación contra las mujeres en nuestra sociedad.

ENMIENDA NÚM. 1415

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

JUSTIFICACIÓN

En la presentación del Proyecto de Ley de PGE para 2012, en
relación con las políticas de Seguridad Ciudadana e Instituciones
Penitencias, correspondientes a la Sección 16 del Ministerio del
Interior, se afirma que la dotación prevista es de 8.355,91 millones de
euros, un 0,6 % inferior a la de 2011.

Esas cifras, en su vertiente positiva, tienen su origen en
el rebufo de la dotación presupuestaria que en politicas se seguridad que
realizó el anterior Gobierno del PSOE. De forma que el Presupuesto de
2012 de la Sección 16 solamente se salva en donde hay continuidad con
realizado por el Gobierno del PSOE.

En la Memoria de la Sección 16 hay un reconocimiento a la
labor del anterior Gobierno, cuando dicen que va a ser posible el
mantenimiento de la seguridad gracias a lo que nosotros hicimos durante
las dos legislaturas anteriores, al afirmar: “para garantizar la
consecución de todos estos objetivos se cuenta con 45.300 nuevos
efectivos de policía y guardia civil incorporados durante el periodo
2005-2011”.

Desde este punto de vista la Memoria justificativa es una
desautorización de las descalificaciones de hoy Director General de la
Policía y entonces Portavoz del PP en Interior, el Señor Cosidó, y un
reconocimiento expreso y continuidad de las actuaciones estratégicas de
nuestra política de seguridad en materia de terrorismo nacional e
internacional, crimen organizado, seguridad ciudadana, coordinación,
bases de datos compartidas, colectivos vulnerables, etc.

Pero el problema comienza cuando se desciende a los
programas que componen la Sección 16 y se constata el incumplimiento de
compromisos, algunos de ellos refrendados por el Parlamento.

1. El PGE no hace previsión alguna en relación con los
Proyectos de Ley Óganica de derechos y deberes del Cuerpo Nacional de
Policía y Ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía, a
pesar de la aprobación de sendas Proposiciones No de Ley de nuestro Grupo
en la Comisión de Interior del 22 de Febrero de 2012.

2. Hay una caída media del 40 % en las inversiones reales,
capítulo 6, especialmente significativas en el programa 132A, de la
Sección 02, Secretaría de Estado de Seguridad; en el programa 132ª, de la
Sección 04, Dirección General de la Guardia Civil, donde pueden verse
comprometidos proyectos de inexcusable ejecución; en la Sección 05,
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; por último, en

el Servicio 101, Jefatura de Tráfico, donde se produce una
disminución de las inversiones, que tiene una relación directa con el
aumento de las cifras de siniestralidad.

3. Hay una reducción de la plantilla del Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil que se producirá paulatinamente durante los
próximos años. Al mismo tiempo se anuncia una nueva ley para impulsar la
seguridad privada. Menos agentes policiales y más seguridad privada. Es
la vuelta al modelo del PP del año 1996, el que quiera seguridad que se
la pague.

ENMIENDA NÚM. 1443

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

JUSTIFICACIÓN

Somos conscientes de los problemas y dificultades a las que
hace frente el Ministerio de Defensa. Creemos que algunos de esos
problemas son consecuencia directa de la coyuntura presente y han de ser
atendidos bajo la lógica de la austeridad y la eficiencia, las cuales no
quedan bien expresadas en este presupuesto, que no define con claridad
los objetivos esenciales.

La lucha contra el déficit exige, para mantener el Estado
de Bieniestar, no sólo una revisión de los ingresos, sino también
priorizar en qué se gasta. Por ello, entendemos que el presupuesto del
Ministerio de Defensa es uno de los que permite llevar a cabo reajustes
en materias como gastos en personal, que consumen hoy más de dos tercios
de este presupuesto. Es imprescindible adecuar el número de efectivos a
las necesidades reales.

Del mismo modo, hay que reestructurar algunos de los
Programas Especiales de Armamento, que suponen un coste de enorme
envergadura. El presupuesto de Defensa ni aborda ni da respuesta a este
problema.

ENMIENDA NÚM. 1444

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos correspondientes a los programas de la
Sección 12 (Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional para el
Desarrollo), son los que sufren el mayor recorte en el conjunto de
políticas de gasto para el 2102, poniéndose en evidencia la escasa
convicción de Rajoy en la capacidad de estas políticas públicas
enmarcadas en el ámbito de los servicios básicos del Estado.

El Presupuesto de la Sección nº 12 se reduce globalmente un
38,9 %, pasando de 2.747,73 a 1.680,15 millones de euros, siendo el
programa 143A de Cooperación para el desarrollo el de mayor recorte (-72
%), caída histórica que afecta a una política de Estado cuya evolución en
estos últimos años ha generado un alto grado de apoyo y consenso social y
político a través del Pacto de Estado contra la pobreza, con el fin de
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio que fijó la comunidad
internacional en el horizonte 2000-2015.

Al situar la acción exterior del Estado y la política de
cooperación internacional para el desarrollo en el último lugar de las
prioridades de este gobierno, España pierde credibilidad y se debilita el
papel del

Estado para representar los intereses de los españoles en
el mundo y contribuir activamente a los cambios que deben producirse a
escala global como consecuencia de la actual crisis financiera
internacional, al fortalecimiento de la gobernanza europea y mundial y a
la necesaria provisión de bienes públicos globales como los relacionados
con la paz, el acceso a servicios públicos esenciales, el derecho a la
alimentación, el agua, la protección de los derechos humanos y la
igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental.

ENMIENDA NÚM. 1457

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

JUSTIFICACIÓN

La exigencia de contención del gasto público que condiciona
el actual marco presupuestario, afecta también a la Sección 13 del
proyecto de ley de presupuestos para el año 2012 y, sin embargo, el
necesario ajuste del gasto público no debería en modo alguno paralizar el
proceso transformador de la justicia impulsado en las dos últimas
legislaturas.

El descenso del 6,34 % del presupuesto de Justicia no es
una buena noticia para el servicio público de la justicia y, sin duda,
este descenso hará difícil consolidar el esfuerzo de las dos anteriores
legislaturas en las que, como en el año 2008, se superó el 1 % del
presupuesto del Estado, lo que posibilitó avanzar en el objetivo
inaplazable de modernización y transformación de la justicia.

Una de las primeras decisiones tomadas al definir la
estructura del Ministerio fue la supresión de la Dirección General de
Modernización de la Administración de Justicia que no sólo tiene un
significado en términos de prioridades, sino que tiene una trascendencia
práctica.En los presupuestos de 2011 el esfuerzo inversor a favor de una
justicia tecnológicamente avanzada tuvo una dotación de 115,42 millones
de euros, a los que se sumaron los 9,61 millones procedentes del Programa
IUS+RED financiados a través de Red.es del Ministerio de Industria. Ese
esfuerzo inversor debiera mantenerse en los próximos años para lograr la
innovación tecnológica y la eficiencia en el servicio público de la
justicia.

Si en el presupuesto de 2011 se contemplaba la dotación de
150 plazas de jueces, 100 plazas de fiscales, 50 de jueces de adscripción
territorial y 260 para secretarios judiciales, en el actual proyecto de
presupuestos no existe dotación para nuevas plazas.

Si bien el nuevo escenario presupuestario obliga en parte a
la congelación de la función pública, sin embargo, deben mantenerse, a
nuestro criterio, las obligaciones contraídas y los jueces que se han
incorporado a la carrera judicial como jueces de refuerzo que han
finalizado su formación en la escuela judicial, los jueces en prácticas
de la última promoción, cuya incorporación a la carrera judicial estaría
prevista para 2013 y quienes están actualmente en el proceso de oposición
de esas 250 plazas no deberían quedar fuera de esa convocatoria, de esa
previsión presupuestaria.

El crecimiento económico y la competitividad dependen, en
buena medida, de un sistema que ofrezca seguridad jurídica y que someta a
todos los actores sociales y económicos al imperio de la ley. La
seguridad jurídica incentiva el desarrollo de expectativas favorables,
ofrece estabilidad y seguridad a la actividad económica, al tiempo que
fomenta un clima de confianza y cooperación. En definitiva, la seguridad
jurídica es esencial para la credibilidad del conjunto del sistema
jurídico.

El inadecuado funcionamiento de la Justicia obstaculiza el
progreso social y económico del país por cuanto retrasa la solución de
conflictos y dificulta la circulación de la riqueza y el funcionamiento
eficiente de los mercados y por ello no debe abandonarse ese esfuerzo y
empeño modernizador.

Por otra parte, preocupan al Grupo Socialista las
anunciadas reformas organizativas que incluyen la revisión del sistema de
tasas judiciales y la modificación del sistema de asistencia jurídica
gratuita además de las reformas legislativas que constituyen una
verdadera contrarreforma legislativa.

En cuanto a la asistencia jurídica gratuita se anuncia una
recaudación estimada de 300 M¤ con la revisión de las tasas judiciales y
el fin no es tampoco modernizar la Administración de Justicia ni
conseguir que esta sea más eficaz sino, simplemente, trasladar a los
ciudadanos el coste que supone la prestación

del servicio de asistencia jurídica gratuita. Hasta ahora
lo soportaba el Estado y a partir de ahora va a correr a cargo de
ciudadanos que no tienen la insuficiencia de recursos requerida para
obtener dicho reconocimiento pero que sí utilizan el servicio
público.

Y el impacto de esta medida debe valorarse en los términos
de pérdida de derechos consagrados en la Constitución como el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos lo que
significa un inaceptable retroceso.

Junto a la reforma de las tasas judiciales se anuncian
otras reformas legislativas que viene a romper consensos básicos que van
a cambiar las reglas elementales más allá de las discrepancias
ideológicas. El anunciado cambio en el sistema de elección del Consejo
General del Poder Judicial o la reforma del Código penal son buena
muestra de esa ruptura de consensos de estos últimos años. El modelo de
elección del Consejo que defiende el Grupo Socialista es el modelo
constitucional vigente frente a un modelo corporativista que sustrae al
Parlamento la elección de los doce miembros de procedencia judicial. El
CGPJ es un órgano político y ejecutivo, de Administración del Poder
Judicial y cumple unas funciones constitucionales muy concretas conforme
establece el artículo 122 de la Constitución.

La aprobación de la última reforma del Código penal fue
acompañada de un extenso y profundo debate en sede parlamentaria, con el
fin de alcanzar los máximos acuerdos posibles para lograr el más amplio
respaldo a esta pieza clave del ordenamiento jurídico. Dicha reforma
representa una respuesta penal a nuevas formas de criminalidad, agrava
las penas en los delitos más graves, como el terrorismo, la corrupción y
los delitos sexuales, especialmente los que afecten a menores. Además,
cumple con los compromisos internacionales, pone a las víctimas en el
centro de protección del derecho penal y mejora la respuesta penal desde
una posición de equilibrio, incorporando alternativas punitivas para
delitos de menor reproche social.

Ya en ese momento el Grupo Popular se desmarcó del consenso
fraguado en los largos debates tenidos con la voluntad de lograr un
amplio respaldo de las Cámaras, y ahora se evidencia que para ese Grupo y
para el Gobierno del Partido Popular las reformas del Código Penal pueden
instrumentalizarse simplemente al servicio de su política partidista.

El Grupo Socialista presenta esta enmienda a la totalidad
de la Sección 13 de los Presupuestos Generales del Estado por no
compartir la política de justicia del Gobierno y su concreción en los
Presupuestos Generales del Estado.

ENMIENDA NÚM. 1477

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos de la Sección 17 y de sus sociedades son
unos presupuestos que contribuyen a la profundización de la crisis
económica y al incremento del desempleo en España, debido a la importante
disminución de las inversiones. Así, el presupuesto consolidado de la
Sección 17 disminuye más de un 18 %; dentro de este presupuesto, el
programa 453 C de conservación y explotación de carreteras se reduce un
18 %; el programa 454 M de seguridad del tráfico marítimo y vigilancia
costera un 13,77 %; el programa 453 A, infraestructura del transporte
ferroviario, un 44,43 %; el programa 441 O, subvenciones y apoyo al
transporte aéreo, un 16,39 % y el programa 261 N, promoción,
administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda, un 30,59
%. La media de reducción de las inversiones de la Sección 17 y de las
sociedades del grupo se sitúa en más de un 14 %.

En relación con las redes transeuropeas de transporte,
todos los corredores ferroviarios, excepto el corredor noroeste, sufren
un importante descenso en las inversiones, en especial el Corredor
Mediterráneo y el Corredor Sur, con una disminución de más del 30 %. Lo
mismo sucede en materia de carreteras, con

el agravante de la importante reducción en la partida de
conservación, lo cual redundará en el deterioro del patrimonio viario, y
de la seguridad vial.

En materia aeroportuaria,los presupuestos incorporan un
incremento de las prestaciones patrimoniales de carácter público, sin
respetar el procedimiento establecido por la Ley 1/2011, de 4 de marzo,
por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para
la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea. Sólo en el caso de las prestaciones públicas por salida
de pasajeros, PMRS y seguridad, en los aeropuertos de Madrid y Barcelona,
el incremento supera de media el 80 %, lo cual perjudicará
irremediablemente al sector turístico. A todo ello hay que añadir la
reducción en las inversiones de AENA del 16,39 %, que retrasará la
modernización de los aeropuertos españoles puesta en marcha por el
anterior Gobierno socialista.

Por lo que se refiere a la política de vivienda, la
importante reducción en las aportaciones a las comunidades autónomas para
subvenciones a la adquisición y rehabilitación de viviendas (-26,68 %);
las ayudas para subsidiación de préstamos y la Ayuda Estatal Directa a la
Entrada (-49,41 %), tendrán un indudable impacto sobre los ciudadanos,
sobre el sector de la construcción residencial y sobre la política de
vivienda desarrollada por las comunidades autónomas.

De todas las anteriores cifras se deduce que estos
presupuestos tienen como único objetivo la reducción del déficit, dejando
al margen la reactivación de la economía, la creación de empleo, la
modernización del modelo productivo, y la cohesión social y territorial;
y que los recortes aprobados por el Gobierno suponen una amenaza para la
competitividad del país y la productividad de nuestras empresas.
Provocarán, también, el cierre de cientos de empresas y la destrucción de
miles de puestos de trabajo.

ENMIENDA NÚM. 1604

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía y
Competitividad.

JUSTIFICACIÓN

La Sección 27 del Proyecto de Presupuestos Generales del
estado para 2012 recoge las partidas de ingresos y gastos
correspondientes al Ministerio de Economía y Competitividad a cuyo cargo
corren la ejecución y el desarrollo de la política económica y de
reformas para la mejora de la competitividad y el apoyo a la empresa, la
política comercial y la política de investigación científica y desarrollo
tecnológico. Todo ello a través de una estructura que contiene tres
órganos superiores con el rango de Secretaria de Estado, en los ámbitos
de Economía y Apoyo a la Empresa, Comercio y, por último, Investigación,
desarrollo e Innovación.

Se trata de una sección que dispone la actuación del Estado
en aspectos fundamentales para el desarrollo económico y social. Ámbitos
de actuación como la política financiera del estado, la gestión de la
deuda pública, la promoción y regulación de la política de Seguros y
Fondos de Pensiones o la formulación de los programas, análisis y
previsiones de carácter macroeconómico, dependen de la primera de las
Secretarias de Estado antes enumeradas.

Desde la perspectiva esencial del desarrollo de la política
económica el presupuesto es, sin duda el instrumento esencial en manos
del estado para la actuación cíclica, especialmente relevante en el
contexto de la crisis más intensa y profunda que nuestra economía haya
registrado durante los últimos tres cuartos de siglo.

Aunque el objetivo manifestado por el Gobierno en la
presentación de las PGE 2012 es el que se deriva de la confección de
«unos presupuestos austeros y realistas que garantizan la credibilidad de
la economía española», lo cierto es que el conjunto de instrumentos de
política económica y social en él incluidos, así como los propios
acontecimientos que han rodeado su elaboración no hacen sino empeorar y
socavar de forma muy grave precisamente algo tan importante como la
confianza y la credibilidad de la economía española.

Entre ellos quizá el más significativo ha sido la fijación
final de las previsiones macroeconómicas para el ejercicio 2012,
establecidas en un crecimiento negativo del PIB del -1,7 %, que podría
ser incluso más intenso de acuerdo con las más recientes previsiones
elaboradas por organismos nacionales e internacionales de carácter
público y privado. Y junto a ello, y en tanta medida como el propio
proceso de su elaboración, debe destacarse su demora que ha perjudicado
de una forma especialmente intensa a la economía española en momentos tan
delicados como los registrados durante el último cuatrimestre.

Aunque la elaboración de los PGE se convertía en un asunto
trascendental en el contexto descrito, su aplazamiento se justificó ante
la imposibilidad de su diseño sin la elaboración de nuevas proyecciones
macroeconómicas que debían ser realizadas una vez que se conocieran, a
finales de Febrero, las confeccionadas por la Comisión Europea. Antes se
conocieron las del Banco de España (-1,5 %), después las previsiones de
invierno del FMI (-1,7 %) y un mes después las de la Comisión Europea (-1
%). Aun así el PGE opta, un mes después de que se conocieran, por las
previsiones realizadas con anterioridad por el FMI.

Pero además, por si todo esto no fuera suficiente, unos
pocos días después de presentar ante la Cámara el Proyecto de
Presupuestos se anunció un recorte (o una ayuda para el recorte, qué más
da) de alrededor de 10.000 millones, prácticamente el 1 % del PIB en dos
de los grandes políticas públicas que más afectan a nuestra equidad y
también a nuestro potencial de crecimiento a largo plazo. La educación y
la sanidad. Solo por estas razones considerar que estos presupuestos
contribuyen a garantizar la credibilidad de la economía española es una
consideración absolutamente imposible de compartir por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Compartimos, como no puede ser de otra forma, la enorme
dificultad que plantea la salida de una crisis de la intensidad y
complejidad como la que padece nuestra economía y, en distinta medida el
conjunto de las economías del euro.

Pero no compartimos las soluciones. Frente a lo que señala
el título del capítulo I, el que resume el Proyecto, los presupuestos
tampoco son realistas. No es solo por la dificultad de alcanzar el
objetivo de déficit con la estructura de ingresos que se presupuestan que
alcanzar 27.500 millones de ajuste para la Administración Central,
dejando a un lado los 9.500 millones de gastos fijos (en aumento de
pensiones, intereses de deuda y otros capítulos), es poco creíble. Y de
manera especial, las previsiones contenidas en el ámbito del sistema de
protección social (pensiones y prestaciones por desempleo), en el que el
desfase entre lo presupuestado en ingresos y gastos puede alcanzar cifras
superiores al 1 % del PIB nominal previsto para 2012.

Respecto de las perspectivas laborales es necesario
subrayar las consecuencias derivadas de la destrucción de empleo prevista
en el escenario macroeconómico, casi 640.000 puestos de trabajo durante
2012 y, aun sin estimar, las pérdidas de empleo adicional que se
producirán durante 2013. Ello en el nuevo contexto regulatorio derivado
de la reforma laboral abordada recientemente que, lejos de reducir las
pérdidas de empleo a través de una mayor flexibilidad interna de las
empresas, puede acelerar los ajustes de cantidades en el flujo de salida
de la ocupación y el empleo derivado de la reducción del crecimiento
económico prevista durante 2012.

Junto a todo ello, el área de acción destinada al impulso y
la regulación del comercio, además de no generar ningún nuevo programa de
actuación entre los actualmente vigentes, se lleva a cabo un importante
recorte, por un importe porcentual del 17,2 %, en el Programa de
Promoción, comercialización e internacionalización de la empresa que pasa
desde 652 millones de euros en 2011 a 490 previsto para 2012. Hay además
nuevas reducciones en el programa de Apoyo a las PYMEs. El recorte
alcanza el 59 % para los préstamos al sector público y afecta a muchas
empresas que llevan a cabo desarrollos de proyectos industriales y
tecnológicos. Por su parte, el ajuste en el desarrollo del presupuesto de
la sociedad de la información que incluye, entre otros, el Plan Avanza
registra el 23 % durante 2012.

La promoción del conocimiento, de la ciencia y la
innovación, juega un papel clave para el desarrollo social y económico.
Los avances científicos contribuyen a la mejora de la calidad de vida y
son la fuente principal de la innovación, una innovación que ha de ocupar
un lugar central en las políticas de impulso de la competitividad.

Pero pese al consenso internacional sobre la importancia de
la inversión en conocimiento como principal inversión productiva, el
Proyecto presentado por el Gobierno penaliza con un recorte muy superior
a la media la política de gasto de Investigación, Desarrollo e
Innovación, que pierde buena parte de su peso en el conjunto del
gasto.

Las cifras reflejadas en los diferentes programas de la
Sección 27 que se integran en la Política de Gasto 46 son incompatibles
con la suficiencia financiera de nuestro Sistema de Ciencia-Tecnología y
afectarían muy gravemente a su capacidad investigadora, alcanzando a lo
más valioso, su capital humano. Las políticas de I+D+i son
particularmente sensibles a la inestabilidad financiera y los efectos del
recorte no podrían, por tanto, ser recuperados a corto ni medio
plazo.

Igualmente perjudicial, y contrario al pretendido impulso
de la competitividad que parecería presentarse como parte esencial del
núcleo de la actividad del Departamento, es el recorte de las
transferencias al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI). Su eficaz y eficiente actuación en el fomento de la innovación
empresarial, directamente vinculada con la competitividad, quedaría
seriamente limitada en el momento en que, justamente, es más necesaria
para la recuperación económica.

ENMIENDA NÚM. 1655

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

MOTIVACIÓN

Los Presupuestos correspondientes a los programas
educativos de la Sección 18 (Educación, Cultura y Deporte) son la
evidencia de que la calidad educativa, la educación pública y la igualdad
de oportunidades no son una prioridad en absoluto para el Gobierno de
Rajoy.

El Presupuesto de la Sección nº 18 se reduce un 21,18 %, de
3.918,22 a 3.088,31 millones de euros, y la reducción más importante se
produce en los programas educativos. Además, la política educativa está
entre las políticas de gasto que sufren una reducción más fuerte, un 21,9
%, muy por encima de la reducción media de las políticas de gasto social,
y disminuye también el porcentaje que la política educativa tenía en
participación respecto del total de políticas de gasto, pasando del 0,9 %
al 0,7 %.

Esta reducción no se produce principalmente en los
capítulos presupuestarios asociados al gasto corriente administrativo,
los relativos a gastos en bienes y servicios, que podrían estar
relacionados con un principio general de austeridad en el gasto de las
Administraciones Públicas; sino en los capítulos destinados a garantizar
la igualdad de oportunidades y, en el caso concreto de las políticas
educativas, a proveer de recursos a las administraciones educativas para
mejorar la calidad de la educación y promover el acceso a la educación
pública, al tratarse fundamentalmente de becas, otras ayudas y programas
estatales de cooperación. Así, mientras aquellos contemplan una
disminución del 7,47 %, las transferencias corrientes y las
transferencias de capital sufren un recorte del 20,01 % y del 42,01 %,
respectivamente.

Por otra parte, también en la distribución del recorte por
programas se observa esta orientación, disminuyendo fundamentalmente los
siguientes programas presupuestarios:

• Programa 322A. Educación infantil y primaria, con
una reducción del 36,53 %, especialmente en el capítulo de transferencias
corrientes (-87,79 %).

• Programa 322B. Educación secundaria, formación
profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas, con una disminución de 71.35
millones de euros (-28,87 %).

• Programa 322C. Enseñanzas universitarias, con una
reducción de 249,94 millones de euros (-62,55 %).

• Programa 322J. Nuevas tecnologías aplicadas a la
educación, que disminuye a menos de la mitad de lo presupuestado en 2011,
fundamentalmente también por la reducción en las transferencias.

• Programa 323M. Becas y ayudas a estudiantes, que
sufre un recorte de 166,41 millones de euros, prácticamente en su
totalidad en las transferencias corrientes a particulares.

• Programa 321N. Formación permanente del profesorado
de Educación, que sufre una brutal reducción del 91,94 %.

Con ello, el Gobierno propone suprimir o debilitar
fuertemente programas, proyectos y actuaciones esenciales para garantizar
la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación pública, como
el Programa Educa3, el Programa Escuela 2.0 y los programas de becas y
ayudas, entre estos, la compensación de tasas a estudiantes becarios y
pertenecientes a familias numerosas (-30 millones) o a titulados en
situación de desempleo (-14,68 millones), el Programa de cobertura de
libros de texto (-71,19 millones), las Ayudas para el aprendizaje de
lenguas extranjeras (-24,5 millones), el programa Erasmus (-26 millones)
y las transferencias a los Campus de Excelencia Internacional.

Con estos recortes se da continuidad a la reducción
iniciada en el Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, en el que
resultaron afectados principalmente once de los diecisiete programas de
cooperación existentes y los créditos destinados a enseñanzas
universitarias.

Finalmente, sólo una semana después de haber presentado los
Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, el Gobierno ha
acometido un recorte adicional del gasto educativo de las
Administraciones Públicas, que pretende alcanzar los 3.000 millones de
euros, y una brutal subida de las tasas universitarias, que puede suponer
un golpe definitivo para acabar con un sistema educativo universal, de
calidad, equitativo, y en el que esté garantizada la igualdad de
oportunidades.

En cuanto a los programas relativos a Cultura, estos
presupuestos asignan el 0,3 % del gasto, lo que supone en términos
absolutos 167 millones de euros menos que el ejercicio anterior. Sólo
tienen estos Presupuestos un objetivo: reducir el déficit fiscal y ese
único objetivo se intenta alcanzar con un único instrumento: recortar el
gasto. Y esa única política económica, con ese único objetivo y con ese
único instrumento, que está asfixiando a la economía española, lo hará
también con las industrias culturales y la economía de la cultura.

ENMIENDA NÚM. 1852

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

JUSTIFICACIÓN

El presupuesto para financiar los distintos programas de
esta sección no responde a las necesidades actuales del país,
especialmente en lo que se refiere a la generación de confianza y la
generación de un escenario con bases más sólidas y socialmente más justas
para nuestra economía, potenciando su internacionalización y la
recuperación de nuestra demanda interna.

La política tributaria impulsada por el Gobierno hace
recaer injustamente la mayor parte de la financiación de los servicios
públicos sobre las rentas del trabajo y las clases medias. Mientras que,
al mismo tiempo, se concede una amnistía fiscal a los grandes
defraudadores que es inaceptable, inmoral e insolidaria. El gobierno
premia a los defraudadores, lo cual no sólo es injusto, sino que también
renuncia a investigar la procedencia de dichos fondos y las actividades
(ilícitas o no) que han dado origen a esas fortunas hasta ahora
ocultas.

En cualquier caso, los presupuestos de esta sección son
claramente insuficientes para que los distintos niveles del sector
público español: la administración estatal, local y autonómica, puedan
desarrollar de forma adecuada sus funciones.

En este sentido, conviene resaltar de manera especial que
el Programa de Cooperación económica local (942 A) suprime la aportación
del Estado al Plan Único de Obras y Servicios (PUOSC) de la Generalitat
de Catalunya, cuya aportación ascendió a 2,6 millones de euros en 2011.
De la misma forma, también desaparece la partida para la financiación de
los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Por otro lado, el presupuesto de esta sección reduce muy
significativamente los recursos para la formación de los empleados
públicos, lo que repercute negativamente en la mejora de su capacitación
y, por tanto, en la calidad del servicio público que ofrecen el conjunto
de las administraciones.

Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos este veto a
la Sección 15 de los Presupuestos Generales del Estado 2012 y, en
consecuencia, su devolución al Congreso de los Diputados.

ENMIENDA NÚM. 1853

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de
Fomento.

JUSTIFICACIÓN

La reducción del presupuesto de la sección 17, Ministerio
de Fomento, y de sus sociedades, no está en la línea de lo que España
necesita para iniciar el camino de la recuperación económica y la
creación de empleo.

Además, el conjunto de la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado 2012 para Cataluña es claramente
insuficiente para corregir el déficit en infraestructuras y no cumple con
lo previsto en la disposición adicional tercera del Estatuto de
Autonomía. De forma que, estamos ante unos presupuestos que no cumplen
con lo dispuesto en la Ley.

Respecto al primer punto, el presupuesto consolidado de
esta sección presenta una reducción de más de un 18 %, que afecta muy
negativamente a los principales programas de inversión y mantenimiento de
infraestructuras. Esto es especialmente preocupante en el caso de las
infraestructuras prioritarias para mejorar competitividad de nuestra
economía en un momento de crisis como el que estamos atravesando.

Entre estos programas, cabe destacar la reducción del 18 %
del presupuesto destinado a conservación y mantenimiento de carreteras
(453 C); del 441A, subvenciones y apoyo al transporte aéreo, que
desciende un 16,39 %, o la disminución de más de un 30,5 % de los
recursos destinados a la promoción, administración y ayudas para la
rehabilitación y acceso a la vivienda.

Merece una especial mención el descenso de un 44,43 % del
programa 453 A, infraestructura de transporte ferroviario, que afecta
gravemente a los corredores ferroviarios incluidos en la red transeuropea
de transporte, como es el caso del Corredor Mediterráneo. Éste sufre un
recorte de más del 30 % respecto al ejercicio anterior, pese a ser una
infraestructura vital para el desarrollo del arco mediterráneo y para las
exportaciones de toda España. Esto es especialmente perjudicial para la
economía catalana, que representa más de 30 % de todas las exportaciones
del Estado.

Pero a pesar de ser uno de los elementos más negativos para
Catalunya, no es el único del presupuesto de Fomento para esta comunidad.
En total, el presupuesto de la sección 17 para Catatunya sufre un
descenso de más de 44 millones de euros, lo que representa un 11 % menos
respecto al ejercicio anterior. Esta reducción de recursos implica la
ralentización, cuando no paralización, de actuaciones como los nuevos
tramos del cuarto cinturón (B-40), el nuevo acceso ferroviario a la nueva
T1 del aeropuerto; los nuevos accesos viarios y ferroviarios al puerto de
Barcelona; la conexión del corredor mediterráneo con la LAV Madrid
Barcelona, a través de la duplicación de vía l’Hospitalet de
l’Infant-Tarragona; la variante de Vallirana, así como las obras en
diversos tramos de las autopistas A-7 en Tarragona, la A-22 en Lleida y
la N-II en Girona. Por no hablar del recorte de más de 36 millones de
euros en la partida de explotación y conservación de carreteras para el
conjunto de Catalunya.

En el ámbito ferroviario, no hay dotaciones previstas para
el soterramiento de la vía y el nuevo intercambiador de la Torrassa en
Hospitalet de Llobregat, actuación clave para descongestionar los túneles
de Barcelona; ni para el soterramiento de vías en Sant Feliu de Llobregat
ni en Montmeló, conforme a los proyectos ya completados. Los mismo ocurre
para el caso del soterramiento de la vía del tren convencional en
Girona.

En materia de aeropuertos, el presupuesto incluye un
incremento extraordinario de las tasas aeroportuarias, especialmente para
la salida de pasajeros y seguridad, que en el caso de Barajas y El Prat
alcanza un 80 % de media. Este incrementote tasas es aún más acentuado en
el caso de El Prat, especialmente en el caso de los vuelos
internacionales (que suben hasta un 120 %), lo que, sin duda, va

a repercutir negativamente en su competitividad y en el
resultado del sector turístico, como ya han alertado varias compañías y
operadores. Y todo ello se complementa, a su vez, con un descenso de más
del 16 % de la inversión de AENA, lo que supondrá una paralización de los
programas de modernización de aeropuertos.

Respecto a la promoción y las ayudas para acceder a la
vivienda, se produce un descenso de más del 26 % de las partidas
destinadas a las comunidades autónomas para facilitar la adquisición y la
rehabilitación. En el caso de Catalunya, esto implica un recorte de 3
millones de euros en los programas de remodelación barrios en Hospitalet
y en Barcelona, respectivamente.

También se reduce casi a la mitad la partida para subsidiar
intereses y la ayuda estatal directa a la entrada para la adquisición de
vivienda, con el consiguiente impacto negativo para las familias con
menos recursos y para el sector de la vivienda residencial, ya
suficientemente deprimido.

También los jóvenes se ven seriamente perjudicados por
estos recortes, como consecuencia de la supresión de la Renta Básica de
Emancipación, que hasta este momento ya había beneficiado a más de
300.000 jóvenes del conjunto del Estado (56.000 correspondientes a
Catalunya).

En resumen, el presupuesto de la sección 17 refleja la
falta de voluntad del gobierno para apostar por una salida de la crisis
basada en las medidas de estímulo y crecimiento, priorizando aquellas
infraestructuras prioritarias para mejorar la competitividad de nuestras
empresas y de la economía española en su conjunto.

Y, al mismo tiempo, evidencia su falta compromiso con
Catalunya y con el cumplimiento de las normas vigentes, ya que estos
presupuestos vulneran claramente el nivel de inversión que establece la
disposición adicional tercera del Estatut d’Autonomia de
Catalunya.

Por último, este presupuesto también pone de relieve su
escaso compromiso social del Gobierno, ya que hace recaer el peso del
ajuste en los sectores con menos recursos o en aquellos que más necesitan
la ayuda de las administraciones para poner en marcha sus proyectos de
vida, como es el caso de nuestros jóvenes.

Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos este veto a
la Sección 17 de los Presupuestos Generales del Estado 2012 y, en
consecuencia, su devolución al Congreso de los Diputados.

ENMIENDA NÚM. 1854

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

JUSTIFICACIÓN

La inversión en educación es fundamental para que nuestro
país pueda superar la crisis actual y esté en condiciones de afrontar el
futuro con garantías. No en vano, muchos expertos coinciden en señalar la
inversión en educación y conocimiento como la más productiva de todas, en
contra de aquellas visiones que tienden a verla simplemente como un
gasto.

A pesar de ello, el análisis del presupuesto de la sección
18 refleja la escasa importancia que el Gobierno otorga a la educación y
a la igualdad en el acceso a la misma. En total, los recursos asignados a
esta sección se reducen un 21,18 %, aunque tanto o más grave es que el
recorte se concentra en las políticas educativas, fundamentalmente, en
los programas para dotar de recursos a las administraciones autonómicas y
mejorar la calidad de la enseñanza; y, por otro lado, en los programas de
becas y ayudas.

Así, el programa 322 A, Educación Infantil y primaria,
sufre un recorte de más del 36,5 %; el 322 B, educación secundaria,
formación profesional y Escuelas oficiales de Idiomas, cerca de un 30 %;
el 322 C, enseñanzas universitarias, cae más de un 62,5 % y el 322 J,
nuevas tecnologías aplicadas a la educación cuenta con menos de la mitad
de lo presupuestado en 2011. La misma suerte corren las becas y ayudas a
los estudiantes (323 M), que se reducen en más de 166 millones de euros,
así como el programa 321 N, para la formación permanente del profesorado
en educación, que sufre una caída del 92 %.

Este severo recorte también supone la paralización de otros
programas, destinados a favorecer la escolarización infantil, como el
Programa Educa3, o para contribuir a la calidad de la enseñanza, como el
Programa Escuela 2.0.

De forma especial, el Gobierno asesta un duro golpe a las
partidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades, tanto las
previstas para becas, o como en el caso de la compensación de tasas a
estudiantes becarios o pertenecientes a familias numerosas (-30 millones)
y a titulados en situación de desempleo (-14,68 millones); el programa de
cobertura de libros de texto (-71,19 millones); las ayudas al aprendizaje
de lengua extranjera (-24,5 millones) o el programa Erasmus (-26
millones).

A todo ello hay que añadir el recorte adicional de más de
3.000 millones aprobado por el Gobierno a través del Real Decreto
14/2012, que implica aumentar hasta un 20 % la ratio de alumnos por aula;
recorta la contratación de profesores sustitutos para cubrir las bajas de
los docentes; supone un incremento brutal de las tasas
universitarias.

Por último, el presupuesto destinado a Cultura sólo
representa el 0,3 % del gasto global, lo que implica 167 millones de
gasto total. Esto demuestra el escaso interés del Gobierno por la
promoción de la cultura y de las industrias asociadas, renunciando a su
potencial contribución para creación de riqueza y la salida de la
crisis.

Además, conviene subrayar el trato desigual que el Gobierno
da a las instituciones culturales en función del territorio. Así, en el
caso de la inversión cultural en Barcelona, los presupuestos han supuesto
una reducción del convenio de capitalidad para la promoción de las
instituciones con amplia proyección y relevancia, que pasa de 9,7
millones de euros a 3,6 millones de euros.

Otro dato que ilustra este trato discriminatorio es que
todos los museos de Barcelona sumados reciben 17 millones de euros,
mientras el Reina Sofía y el Prado —en Madrid— reciben más de
40 millones respectivamente. Mientras que, por otro lado, se rebajan las
aportaciones al Gran Teatre del Liceu, el Teatre Lliure, l’Auditori
y el Mercat de les Flors.

Esta situación no es razonable atendiendo al papel de
Barcelona como capital y referente europeo en el ámbito cultural, ya que
es sede de importantes eventos culturales, así como un referente en la
industria del libro, del diseño y del sector audiovisual. En definitiva,
un motor de creatividad y de actividad económica cultural que no tiene
reflejo en el trato que recibe por parte del presupuesto de Cultura.

Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos este veto a
la Sección 18 de los Presupuestos Generales del Estado 2012 y, en
consecuencia, su devolución al Congreso de los Diputados.

ENMIENDA NÚM. 1855

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

JUSTIFICACIÓN

El descenso del presupuesto de la sección 26 y el recorte
adicional de más de 7.000 millones de euros, aprobado a través del Real
Decreto 16/2012, supone el punto y final de la universalidad del servicio
sanitario y del Sistema Nacional de Salud, tal y como lo hemos entendido
hasta ahora. No estamos pues ante un drástico recorte del presupuesto,
sino ante un cambio de modelo que rechazamos.

En particular, los presupuestos de la sección 26 recortan
los recursos destinados a la cohesión del Sistema Nacional de Salud,
suprimiendo algunos programas como el Plan de salud Bucodental (-12 M¤) y
otros 16M¤ destinados a estrategias de salud de las CC.AA, que no se
encuentran reflejados ni en el programa 311O, Políticas de Salud y
Ordenación Profesional, ni en el 313B, Salud pública, sanidad exterior y
calidad.

Otra partida que se ha visto severamente afectada (-13 M¤)
es la de las transferencias a las CC.AA., entidades locales y
asociaciones para el desarrollo del Plan nacional del SIDA (programa
313B), un hecho que causado una gran alarma a nivel sanitario y
social.

Del mismo modo, la investigación sanitaria (465 A) también
sufre un duro recorte, con un descenso de 22 M¤ en los préstamos para
esta finalidad. Una circunstancia que también se produce en el caso del
Instituto Carlos III, que aunque depende del Ministerio de Economía y
Competitividad, también se ve afectado por una disminución en sus
créditos de 7M¤.

El descenso del gasto en el ámbito de los servicios
sociales que refleja el presupuesto, ya preocupante de por sí, es aún más
significativo si tenemos en cuenta las dificultades económicas que están
padeciendo muchos ciudadanos y familias como consecuencia de la crisis.
Este es el caso de las partidas destinadas a atender a las familias en
situación de desempleo, a aquellos colectivos más vulnerables o en
situación de exclusión. En este sentido, conviene señalar la reducción de
3,5 M¤ del programa 231G, Atención a la infancia y a las familias, justo
cuando acabamos de conocer que la pobreza infantil se ha incrementado más
de un 23 % en España, según el último estudio hecho público por
UNICEF.

En relación a la atención de la Dependencia, la actuación y
las previsiones presupuestarias del Gobierno suponen un retroceso de los
avances que se han producido en los últimos años. La paralización del
calendario de aplicación y la supresión de los recursos comprometidos,
con 283 millones menos para el próximo año, van incrementar la
desatención de este colectivo. Pero no solo eso, va a limitar las
posibilidades de creación de empleo en este sector y va a suponer un paso
atrás en la autonomía de muchas mujeres, que son quienes, en la mayoría
de los casos, se hacen cargo de las personas en situación de dependencia
en el ámbito familiar. Y a ello, sin duda, tampoco ayuda la supresión del
programa de educación infantil Educa3.

Otro ámbito en el que se refleja el escaso compromiso del
gobierno con los derechos de las mujeres, es el de la promoción de la
igualdad. El programa 232 B, Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, se reduce en casi un 20 %. Y del mismo modo, las actuaciones
previstas para la prevención de la violencia de género (programa 232C)
sufren un descenso del 21 %, lo que afecta tanto a la atención de las
víctimas, como a los programas de prevención, a través de las campañas de
sensibilización.

Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos este veto a
la Sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado 2012 y, en
consecuencia, su devolución al Congreso de los Diputados.

ENMIENDA NÚM. 1856

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de
Economía y Competitividad.

JUSTIFICACIÓN

El presupuesto de la Sección 27 establece las prioridades
del Ministerio de Economía y competitividad en aspectos clave para el
comportamiento de nuestra economía. Entre éstas, figuran la dirección de
la política económica, las reformas para mejorar el funcionamiento de los
mercados y la competitividad de nuestras empresas, la política comercial
o los programas destinados a promover la Investigación, el Desarrollo y
la Innovación.

A todo ello, hay que añadir el papel que desarrolla el
Ministerio a la hora de dirigir la política presupuestaria y financiera
del Estado, la gestión de la deuda pública o la elaboración de los
análisis y las previsiones de carácter macroeconómico del país.

En este sentido, conviene resaltar que el retraso en la
elaboración del presupuesto, no ha sido una buena señal a la hora de
transmitir confianza en nuestro país, lo cual es especialmente delicado
en un momento de dificultades como el que estamos atravesando.

A este retraso, hay que añadir las correcciones que se han
ido produciendo respecto al contenido del presupuesto, incluso pocos días
después de su presentación en el Congreso de los Diputados, como es el
caso de los 10.000 millones adicionales de recorte en dos políticas
básicas para nuestro modelo de bienestar, la educación y la sanidad.

En relación al proyecto Ley de los Presupuestos General del
Estado, no compartimos ni el fondo ni la forma en que se lleva a cabo el
ajuste de 27.500 para la Administración Central. El Gobierno carga la
mayor parte de este ajuste sobre los gastos, renunciando a otros
instrumentos fiscales que tendrían un menor coste social. Por otro lado,
también consideramos que las previsiones del gobierno respecto a los
ingresos y gastos de la Administración Central y en el ámbito de la
protección social (pensiones y prestaciones por desempleo), son poco
creíbles, como ya se están encargando de poner de relieve las previsiones
sobre crecimiento y evolución de nuestro mercado de trabajo elaboradas
por distintos organismos.

En relación al área de comercio, además de no existir
ningún nuevo programa, se produce un recorte sustantivo del programa para
la Promoción, comercialización e internacionalización de las empresas,
que pierde un 17,2 % respecto al ejercicio anterior. Del mismo modo, se
reduce el apoyo a las PYMEs, como por ejemplo, en el caso de los
préstamos al sector público, lo que afecta a muchas empresas que llevan a
cabo proyecto industriales y tecnológicos. En este último ámbito,
conviene subrayar la caída del Plan Avanza, cuyos recursos descienden un
23 % respecto al ejercicio anterior.

Otro apartado que sufre un severo recorte es el destinado a
la promoción del conocimiento, la ciencia y la innovación, a pesar de su
importancia para favorecer el crecimiento económico y, por tanto, para
acelerar la salida de la crisis. Esta caída de los recursos públicos
puede condicionar gravemente a la capacidad de nuestro sistema de
Ciencia-Tecnología, especialmente en lo que se refiere a su capital
humano, de forma que sus efectos negativos difícilmente podrán ser
recuperados en el corto o medio plazo.

Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos este veto a
la Sección 27 de los Presupuestos Generales del Estado 2012 y, en
consecuencia, su devolución al Congreso de los Diputados.