I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Propuestas de veto e impugnaciones de una Sección
621/000159
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.163, Núm.exp.
121/000163)

I. PROPUESTAS DE VETO AL PROYECTO DE LEY

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Palacio del Senado, 23 de septiembre de 2015.—Isidro Manuel Martínez
Oblanca.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
propuesta de veto.

El quinto proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, presentado ante las Cortes Generales por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, ha sido elaborado con criterios que obedecen mucho más al interés del propio
Gobierno que a las grandes necesidades y prioridades de los españoles. Con la X Legislatura llegando a su término, todo han sido prisas para elaborar y tramitar un proyecto de ley que, sin duda, condicionará la acción inicial del nuevo gobierno que
se constituya a partir de las próximas Elecciones Generales a celebrar «probablemente» —como suele repetir en las últimas semanas el propio presidente— el 20 de Diciembre.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2016 ha sido presentado bajo la premisa de aprovechar una presunta mejora de la economía que, por otra parte, la gran mayoría de la sociedad no ha percibido en sí misma. También aspira este Proyecto de Ley a diseñar un programa económico que
sea capaz de mantener en el tiempo semejante proceso de recuperación. Palabrería.

En su trámite por el Congreso de los Diputados, este Proyecto de Ley ha cosechado un inusitado récord de enmiendas a la totalidad y todo apunta que también el
Senado será escenario de múltiples vetos que responden, como es el caso de éste, a un rechazo frontal a las formas gubernamentales de legislar a la trágala, deprisa y corriendo, que han quedado patentes a lo largo de 2015 y muy especialmente en esta
parte final de la X Legislatura.

Hay, además, varios aspectos concretos que justifican por si mismos el veto porque son unos Presupuestos que camuflan una enorme dosis de propaganda ante la inminencia de las elecciones generales. No se
recuerda precedente de un gobierno que en una sola Legislatura haya apurado tanto la tramitación parlamentaria hasta el punto de presentar cinco proyectos presupuestarios en cuatro años.

Son, también, unos presupuestos discriminatorios e
injustos, en los que, una vez más, se trituran los mandatos constitucionales de equidad, solidaridad y cohesión territorial. Como muchas veces se ha denunciado en la tribuna de la Cámara Alta, el gobierno margina y discrimina con su política
económica. Los asturianos lo hemos sufrido muy especialmente y el gobierno de Rajoy ha incidido en ello tanto o más que su antecesor el gobierno de Rodríguez Zapatero. El resultado salta a la vista como señalan contumazmente todos los indicadores
oficiales y, singularmente, los referidos a la tasa de población activa y de creación de puestos de trabajo.

Sistema de financiación «cojo», desasistido», «injusto», «empobrecido», «insolidario», «antisocial», etc.

El proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2016 es, lamentablemente y en continuidad con los anteriores, muy lesivo para Asturias en materia de inversiones y profundiza en la gran brecha existente con el resto de Comunidades Autónomas. También lo
hace en otro asunto crucial como es la reforma del vigente sistema de financiación autonómica que, como otras grandes promesas electorales, el gobierno incumplió a pesar de que en 2009 el actual titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, entonces en la oposición, profirió en los debates parlamentarios descalificaciones rotundas: «prepotencia rayana en el delirio», «ejercicio de petulancia» «cojo», desasistido», «injusto», «empobrecido», «insolidario», «antisocial», etc.
Ahí quedó eso, lo que no ha sido óbice para incumplir el programa electoral del Partido Popular con la consiguiente repercusión negativa para Asturias, entre otras Comunidades Autónomas. Así estamos, desde 2009, damnificados, sufriendo las
consecuencias de un modelo promovido por el gobierno de Rodríguez Zapatero a instancias del tripartido que, en aquellas fechas, gobernaba Cataluña.

Los perversos efectos de este modelo de financiación se han dejado sentir a lo largo de la
actual X Legislatura y, por lo que se advierte en el proyecto de Ley presupuestaria que nos ocupa, va a tener su prórroga a lo largo de 2016. ¿Qué significa esto? Estamos ante un sistema encubierto de financiación autonómica que se ha basado en la
condonación de intereses (tipo de interés 0) en los distintos mecanismos extraordinarios de financiación de las Comunidades Autónomas y que no respeta los principios de igualdad y de solidaridad recogidos en los artículos 2 y 138 de la Constitución
Española. El gobierno de Rajoy perpetró para algunas Comunidades Autónomas un sistema de consentimiento de incumplimientos en las obligaciones de estabilidad financiados con créditos discrecionales que favorecen a las comunidades más ricas e
incumplidoras, premiadas como remate con la condonación de los intereses de estos créditos. De hecho, la condonación total de intereses devengados como consecuencia de las medidas de liquidez puestas en marcha por el Gobierno de Rajoy asciende
a 22.647 millones de euros, de los cuales, más de 8.000 millones corresponden a Cataluña; 4.918 millones, a la Comunidad Valenciana y casi 4.000 millones a Andalucía. Solo estas tres comunidades autónomas, según los propios datos oficiales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, acumulan el 75 % del total de los ahorros por condonación de intereses de todos los fondos recibidos.

¿Cómo se traduce todo ésto en el caso de Asturias? El escandaloso incumplimiento por
parte del Gobierno de los preceptos constitucionales de igualdad y solidaridad es una de las causas de que Asturias presente desde 2012 los peores datos de crecimiento regional en España ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística. Una
sencilla operación demuestra que el ahorro de intereses de Cataluña, entre 2012 y 2015, fue de 1.068 euros por habitante, mientras que el de Asturias fue tan solo de 300 euros. Cada catalán recibe más del triple que cada asturiano;
exactamente, 3,5 veces más. Por tanto, para que Asturias reciba del Estado los mismos ahorros medidos en euros por habitante la cantidad adeudada a Asturias asciende a 815 millones de euros, que constituye una deuda histórica de insolidaridad del
Estado con nuestra comunidad. Andalucía logró hace seis años el abono de su deuda histórica con el Estado. Extremadura también. El pasado mes de abril el propio Gobierno anunció que había alcanzado un acuerdo con el presidente extremeño para
cancelar en tres años los 447 millones de deuda histórica pendientes del Estado con esa comunidad, que había recibido anteriormente 110 millones de euros.

Todo este ominoso modelo de relación con los entes territoriales se constata
aritméticamente en estos nuevos Presupuestos Generales del Estado con los que el gobierno está truncando y transgrediendo la Constitución. Los 307 millones consignados en 2016 para Asturias significan una disminución del 7,6 % acumulando algo más
de un 40 % de merma en el total de la X Legislatura y constituyen una discriminación que pone en riesgo el bienestar de una parte de los ciudadanos españoles. Para otras Comunidades Autónomas como Cataluña, Andalucía o Galicia se va el grueso de
los 13.000 millones de este capítulo.

La reciente publicación de las balanzas fiscales desmitifica el maltrato de Comunidades como Cataluña, Andalucía o Valencia, pero la solución no puede ser el modelo Rajoy de financiación que sustituyó en
la práctica el modelo de Zapatero por el mutualismo de las pérdidas graciables, con grave incidencia en materia social, educativa y sanitaria, es decir en los servicios públicos esenciales.

Asturias, también muy malparada en Inversiones

En materia de inversiones para Asturias, la suma de las cantidades y conceptos asignados en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 ascienden a 307 millones de euros, lo que significa un recorte respecto al año anterior
del 7.6 %. Con eso hay que significar que el descenso real acumulado desde 2012 alcanza el 40 %. Repito: recorte inversor del 40 % en Asturias desde que el gobierno Rajoy tomo posesión del gobierno.

Las grandes inversiones, por valor de
más de 13.231 millones de euros, van para otras Comunidades Autónomas, como Andalucía, Galicia, Cataluña y Castilla León, con inversiones reales que suponen incrementos que oscilan entre el 10 % y el 16 %. Carece de justificación señalar que esta
prevalencia viene dada por las inversiones del AVE, o por las inversiones habidas hasta ahora en esas comunidades que deben continuar hasta su finalización, porque en ese mismo caso, y con mayor cuantía, como son 3.500 millones de euros, estaría la
Comunidad de Asturias con respecto al AVE y la variante de Pajares.

La infraestructura principal de Asturias es el ferrocarril del AVE, pendiente de terminación, tras la referida inversión de 3.500 millones de euros, y cuya consignación
para 2016 de 180 millones resulta claramente insuficiente para su puesta en funcionamiento, como se anunció de forma electoralista durante las pasadas elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo, con los obstáculos en la línea León-Gijón,
de la estación de fondo de saco de León, la falta de licitación del tramo León-La Robla y las filtraciones en la Variante de Pajares. A día de hoy con un movimiento mínimo de obra y la foto de la ministra de Fomento, acusando en sus visitas
promocionales que es preciso que las empresas adjudicatarias se animen a finalizar las obras, cuando es reconocido que no se pagan las certificaciones de obras, y las empresas se ven obligadas a no consignar personal en las mismas.

El
proyecto de Ley de presupuestos Generales del Estado para 2016 enarbola y reitera, como en ejercicios anteriores, el relevo de los incumplimientos de los gobiernos socialistas. Así llevamos, año tras año, en esta Legislatura, con todo tipo de
pretextos para frenar la llegada del AVE a Asturias y dejarlo morir en León.

Cabe recordar, al igual que se ha hecho en numerosas ocasiones desde la tribuna del propio hemiciclo del Senado, que la construcción de la Variante de Pajares se
adelantó a otros corredores españoles de alta velocidad gracias a que el pleno de la Junta General del Principado, el parlamento asturiano, aprobó el 2 de diciembre de 1993, con 17 votos socialistas en contra y 21 votos a favor de los demás grupos,
la proposición de ley de IU que pedía la inclusión en el Plan Director de Infraestructuras español de la Variante Ferroviaria de Pajares. Posteriormente, gracias al gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar y a su mayoría
parlamentaria en las Cortes Generales, esta proposición se convirtió en la ley 47/1997 de 20 de noviembre. Paradójicamente, por culpa de otro gobierno del Partido Popular presidido por Rajoy, la Variante de Pajares —que ya estaba finalizada
en 2010, a falta de vías, catenaria e instalaciones— no se termina, sencillamente porque hoy el dinero del AVE asturleonés se destina a Galicia por intereses políticos tan conocidos como inaceptables. Asturias necesita entrar en la Europa de
la alta velocidad para disponer de una palanca fundamental de desarrollo, cuyos resultados se recogerán cuando culmine la red que cubrirá toda España.

También en materia ferroviaria hay que referirse a los incumplimientos del gobierno con las
integraciones ferroviarias de Gijón y Avilés. En el caso de Gijón con un convenio firmado también por el Ayuntamiento, las operadoras ferroviarias y el Principado en el año 2002 en el que también se compromete a la construcción de una nueva
Estación de Autobuses para favorecer la centralidad y la intermodalidad del sistema de transportes. Igualmente el desaprovechamiento de un túnel de 3,5 kms ya construido bajo el subsuelo de Gijón con cuatro nuevas estaciones, también
subterráneas.

En relación con el ferrocarril hay que significar, igualmente, el mantenimiento en Gijón de una estación provisional, una especie de chamizo inaugurado en 2011 que, lejos de atraer usuarios para el tren, los ha espantado hasta
el punto de que la pérdida de viajeros para el conjunto de los servicios de Cercanías ha sido una constante.

Hoy continúan pendientes por parte del Estado:

• La construcción de la Ronda Norte de Oviedo. La capital de
Asturias es la única gran ciudad española que carece de una infraestructura que evite los tráficos del centro urbano. Fue reclamada enfáticamente por el Partido Popular en sus tiempos de oposición, incluso con iniciativas parlamentarias.

• Los accesos por carretera a los puertos de El Musel y de Avilés. En el caso del puerto gijonés con un convenio entre administraciones firmado e incumplido desde el 19 de diciembre de 2005 y que «se iba a retomar» según
manifestaciones del propio secretario de estado de infraestructuras a principios de mandato.

• El puerto de El Musel, tras la ampliación, es hoy un puerto endeudado, intervenido de hecho por el Estado, con unas tarifas no
competitivas y que, en lugar de ser uno de los grandes puntales para la economía regional, se ha convertido en un gran desperdicio de oportunidades para el decaído PIB asturiano.

• La Autopista del Mar que ya ha cumplido un año
de suspensión, periodo que el Gobierno de Rajoy ha aprovechado para poner en marcha la de Vigo (Galicia), derivar hacia allí una parte sustancial de los tráficos y mercancías que tenían salida por El Musel.

• Los imprescindibles
enlaces por carretera de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA).

• El impulso a nuestro aeropuerto porque los asturianos sufrimos los efectos perversos de este sistema tramposo que impera en España
como secuela del incumplimiento del mandato europeo para liberalizar el transporte aéreo. Los asturianos pagamos el billete aéreo más caro de España en nuestros vuelos con Madrid.

También de muy negativas consecuencias son las cantidades
consignadas en este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para retomar las obras de los 20 kilómetros de distancia los tres tramos paralizados entre Doriga-La Espina, correspondientes a la Autovía A-63 Oviedo-La Espina. Se trata de
consignaciones presupuestarias mínimas, a todas luces insuficientes, perpetradoras y continuadoras de la dantesca y monumental imagen de pilastras a medio construir que desde hace seis años exhibe el trayecto hacia el suroccidente de Asturias
convirtiéndolo en el tétrico escenario de obra olvidada con viaductos gigantes sin uso final, carretillas paradas y materiales diversos abandonados, testigos de una voluntad política de desatención y cuyas promesas no pueden resultar creíbles como
corroboran las cantidades asignadas.

Desobediencia del gobierno a la sentencia sobre «Fondos Mineros»

Es, asimismo, inaceptable que, un ejercicio más, el gobierno no haya incluido en el Proyecto de Ley los recursos necesarios para el
cumplimiento de una sentencia judicial firme, que obliga a pagar al Estado a Asturias 230 millones de los fondos mineros, y que resultan un ejemplo manifiesto de deslealtad institucional e insumisión hacia los tribunales del Gobierno, que exige a
todos al mismo tiempo el cumplimiento de la ley. Es vergonzoso que, un año después, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo aún no haya pagado los 213 millones de euros que nos debe a Asturias, convertido en un insumiso ante la Ley. Un
Ministerio renuente a la firma del Protocolo de Colaboración con Asturias, en aras a desarrollar la parte del «Marco de actuación de la minería del carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018», referido a la reactivación de las Comarcas
Mineras, que aún está sin iniciar.

Al mismo Ministerio son exigibles los 800 millones de euros que se adeudan históricamente al Principado de Asturias por incumplimiento reiterado del «Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012,
y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las Comarcas Mineras» y del «Plan 1998-2005 de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras», porque Asturias ya cumplió su parte al reducir producciones, disminuir
plantillas y cerrar explotaciones.

Las políticas de empleo, fracaso va fracaso viene

Los últimos datos de paro conocidos a principios de este mes de septiembre corroboran una vez más que Asturias es la Comunidad Autónoma que presenta,
en términos interanuales, la peor cifra de afiliaciones a la Seguridad Social con un aumento del 1,46 %, mientras que la media de España se sitúa en el 3,19 %.

La leve reducción del paro en 1.057 personas confirmada en el número de
desempleados inscritos en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo en Asturias el último día del mes de agosto respecto al mes anterior es achacable, indudablemente, a las contrataciones de verano. Con todo, la cifra de parados sigue siendo
escalofriante ya que asciende a 85.494 personas. En términos porcentuales el descenso del paro equivale a una bajada mensual del -1,22 %, por encima de la variación que se ha producido en la media de España que ha sido de un incremento del paro de
un (0,54 %), siendo junto a Galicia la tercera Comunidad Autónoma que presenta mejor evolución, detrás de La Rioja (-1,78 %) y Navarra (-1,33 %).

La evolución interanual de las contrataciones en Asturias creció el 9,56 % pero lo sigue
haciendo por debajo de la media española, que ha sido del 9,96 %, aumentando la divergencia de Asturias en términos de empleo. Es, incluso más grave, verificar que de los 25.832 contratos firmados en el mes de agosto el 95,20 % lo han sido de
carácter temporal (24.593 contratos) siendo únicamente 1.239 indefinidos. Es decir, el drama para el empleo en Asturias es que el 95,20 % de los contratos que se han realizado en agosto son temporales.

Otra calamidad en cuanto al nivel de
cobertura de los desempleados en Asturias es que de los 85.494 existentes, únicamente 40.581, es decir el 47 %, perciben alguna prestación bien sea por subsidio (17.913), la pensión contributiva (17.477), la renta activa por inserción (4.709), o
están incluidos en programas de activación de empleo (482). Es decir: hay un 53 % que no perciben ningún tipo de prestación. Es necesario reiterar la alerta: el 53 % de los 85.494 desempleados existentes en Asturias no perciben ningún tipo de
prestación por subsidio, ni pensión contributiva, ni renta activa por inserción.

En materia de empleo se constata otro fracaso del gobierno que, en este proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2016 persiste en su resistencia numantina
a modificar su política respecto a Asturias.

Conclusión

1. La aplicación de un sistema de financiación que ha incumplido los preceptos de equilibrio y solidaridad entre territorios mandatados por la Constitución Española.

2. Los continuos recortes en materia inversora que han paralizado, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, las obras y proyectos imprescindibles que se estaban ejecutando o que estaban comprometidos para promover la competitividad de
Asturias y su crecimiento económico.

3. La Desobediencia del gobierno a la sentencia sobre «Fondos Mineros».

4. La inexistencia de políticas de empleo que saquen a Asturias del último lugar en la tasa de población activa
de España.

Son, entre otros, factores que fundamentan la necesidad de elaborar un nuevo Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

En definitiva, los quintos presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy supondrán
también el quinto año perdido para Asturias. Asimismo, siguen plenamente vigentes las enmiendas parciales planteadas año tras año por este senador desde 2012 porque las necesidades para Asturias continúan siendo idénticas. El gobierno se
desentiende de los indicadores oficiales en términos de empleo, de PIB o de actividad económica y plantea unos presupuestos inservibles para nuestra tierra.

Así las cosas, el senador de FORO, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto, plantea este veto con el objetivo de que el Senado, cámara de representación territorial, devuelva al gobierno el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP
(GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta
de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Palacio del Senado, 23 de septiembre de 2015.—Urko Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi y Alberto Unamunzaga Osoro.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX), de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX) y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el
Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta
de veto.

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno ha presentado a finales de este mes de julio su Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 como primer acto de la campaña electoral del Partido Popular para condicionar la acción de un
próximo gobierno, sabiendo que lo aprobará con una mayoría absoluta que actualmente es ya una mayoría formal, pero que no responde a la realidad política actual del Estado español, en la que esa mayoría absoluta no existe, como muestran las
elecciones recientemente celebradas y los propios estudios sociológicos del CIS. Este contexto cuestiona indudablemente la legitimidad democrática de unas cuentas públicas que van a contar con un apoyo parlamentario que no se corresponde con la
mayoría social y política de la ciudadanía.

Estos Presupuestos presentados bajo el estandarte del crecimiento económico, son continuistas con los anteriores, pues siguen sin abordar la solución de los auténticos problemas estructurales del
Estado español, como son las inasumibles tasas de paro, la desigualdad creciente, el fraude fiscal, el desapego a la economía real —industria, economía social— y el apoyo a la economía especulativa. Y son incapaces de aprovechar ese
crecimiento económico del que hacen gala, para corregir esos problemas estructurales, paliar las situaciones trágicas de pobreza extrema y exclusión social y contribuir a la redistribución de la riqueza.

Estamos ante unos Presupuestos que
nuevamente están al servicio de las personas y sectores sociales y económicos que menos han sufrido la crisis y que no sufren las consecuencias de la crisis en la actualidad; unos Presupuestos de un Gobierno que sigue siendo ágil y veloz a la hora
de dar respuesta a las demandas de los grandes empresas, sectores económico-financieros y grandes capitales, y tremendamente lento e insensible a la hora de dar respuesta a las angustias y necesidades vitales de la población más necesitada, a las
necesidades de apoyo a la economía real de personas acogidas al régimen de autónomos, de la economía social, de las pymes.

Como hemos señalado en los ejercicios anteriores, estos nuevos Presupuestos siguen girando alrededor de los intereses
de la economía especulativa y de los grandes grupos económico-financieros, no tienen como prioridad la lucha contra el desempleo y la exclusión social, y continúan con una política de recentralización. Todo este planteamiento ultra-liberal y
recentralizador, choca en todos los aspectos con la realidad política, económica y social de Euskal Herria, y con su derecho a decidir su propio futuro y su propio modelo económico y social.

INSENSIBLES ANTE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE PARO
DE LARGA DURACIÓN

Refugiándose en las cifras de ligera y lenta disminución de las tasas de desempleo, estos presupuestos recogen una disminución de un 21,7 % de las prestaciones por desempleo mientras que la dura realidad muestra que la tasa
de cobertura de desempleo ha bajado del 70 % al 50 % entre mayo de 2011 y mayo de este año, que el promedio de la prestación percibido por cada persona en esa situación se ha reducido en un 30 %, y que el número de personas en situación de paro de
larga duración sigue creciendo superando los 3,2 millones de personas lo que supone el 61 % de las personas en situación de desempleo. Si a esto unimos que más de 3,7 millones de parados no reciben ningún tipo de prestación del Ministerio de
Empleo, según la EPA del segundo trimestre de este año, no es admisible que se disminuya la partida correspondiente al pago del desempleo en 5.500 millones de euros.

Frente a esta dura realidad, las cuentas públicas vuelven a esconder, detrás
de aparentes incrementos en las partidas de las políticas activas de empleo que la cantidad actual de 5215 millones de euros es un 30 % inferior a los 7.714 millones existentes en 2011. La realidad de lo ejecutado en 2014 nos muestra además que
el 80 % de ésta partida fue destinada a financiar la contratación temporal promoviendo el incremento de la temporalidad y la precariedad laboral en el último año.

FOMENTAN LA DESIGUALDAD Y SON INSENSIBLES ANTE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
POBREZA Y RIESGO DE EXCLUSIÓN

A pesar de que desde la OCDE sus informes denuncian que el Estado español es el lugar con más desigualdades de ingresos entre ricos y pobres, y que esa diferencia sigue aumentando, precisamente en los dos últimos
años en que hay crecimiento económico, las medidas de este Gobierno siguen alimentado esa brecha social y estos presupuestos centran sus esfuerzos en aquellas personas que menos han sufrido y menos siguen sufriendo las consecuencias de la crisis.
Mientras que se incrementan los salarios de los funcionarios en 1 %, las pensiones sólo recogen un 0,25 % de aumento, cuando la dura realidad es que hay un importante número de pensiones muy bajas que no sólo no garantizan atender las necesidad
mínimas de su perceptores, sino que además constituyen el único ingreso de las familias extensas que acogen en su seno a personas en paro sin ningún tipo de prestación.

Al mismo tiempo en vez de utilizar la política fiscal para impulsar una
redistribución de la riqueza y contribuir a reducir las desigualdades, este Gobierno está impulsando una reforma fiscal que favorece sobre todo a las rentas más altas y reduce la capacidad redistributiva del sistema. A este respecto es también
significativo el incremento tanto del número como del capital de las SICAV que se ha producido en el año 2014 —con 230 nuevas— y en lo que llevamos de 2015 —con 113 nuevas hasta el mes de julio— superándose en total
las 3.300 y con un pa­tri­monio con­junto que bate ré­cords hasta superar los 36.000 mi­llones de eu­ros frente a los apenas 24.000 mi­llones que manejaban en año 2011.

INEFICACES ANTE EL FRAUDE FISCAL

Como hemos señalado repetidamente
desde AMAIUR el gasto público —especialmente el gasto social— no es el problema del Estado español, sino que el auténtico problema estructural es el ingreso presupuestario que está seriamente limitado por el problema estructural del
fraude y la elusión fiscal.

Los propios datos que aporta el Gobierno en su memoria son significativos a éste respecto: mientras que la media europea de gasto público en relación con el PIB está en el 48,1 %, en el Estado español el gasto
público supone un 43,5 % del PIB, es decir 4,6 puntos por debajo de la media europea. Si analizamos lo que suponen los ingresos públicos, éstos alcanzan en la media de los estados de la Unión Europea el 45 % del PIB, mientras que en el Estado
español los ingresos sólo alcanzan el 37,8 % del Producto Interior Bruto, 7,4 puntos menos.

A estos datos unimos que, según el último informe de la OCDE, a pesar de las sucesivas subidas de impuestos tras el estallido de la crisis económica,
el Estado español encabeza el ranking de la caída de ingresos públicos de los Estados de la OCDE. Según este informe, entre 2007 y 2013, con una población prácticamente constante, el volumen de recursos públicos per cápita, cayó en el Estado
español a un ritmo anual del 3 %, un descenso más intenso incluso que el del Estado griego.

Ante esta situación consideramos inadmisible la no recuperación del gasto social, la renuncia al incremento de la recaudación de impuestos que supone
la reforma fiscal, y el no compromiso activo en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Una muestra de esta falta de compromiso es el número de contribuyentes por inspector: mientras que en los Países Bajos el número de contribuyentes por
inspector es de 697, en Alemania de 729, en Francia de 860, en el Reino Unido de 862, en el Estado español es de 1928 contribuyentes por cada inspector de hacienda.

Aunque tanto la reforma fiscal del llamado territorio común, como la
ineficiencia ante el fraude y la elusión fiscal, no tiene por qué afectar directamente a Euskal Herria, dado que tenemos capacidad normativa fiscal propia en esos impuestos, indirectamente sí que nos afecta, no sólo por un espíritu de solidaridad
con las personas trabajadoras del resto el Estado que siguen sufriendo las consecuencias de la crisis económica y de una política económica y fiscal claramente injusta, sino también porque el coste del endeudamiento público creciente recae
especialmente sobre la población de Euskal Herria, aunque no haya contribuido a dicho endeudamiento.

OPCIÓN PREFERENCIAL POR LA ECONOMÍA ESPECULATIVA

En estos Presupuestos, salvo por el incremento de las partidas en I+D+i, manifiestan
una opción preferencial por la economía especulativa y sigue en ellos ausente la preocupación por la economía real que tiene su base en la industria. Hay un continuismo en el apoyo a las grandes empresas más vinculadas con la construcción, los
sectores financieros y la economía especulativa y una presencia marginal de las pequeñas y medianas empresas, de las personas acogidas al régimen de autónomos y de la economía social.

En cuanto al sector financiero sigue el apoyo a los
grandes grupos bancarios, sin ningún tipo de exigencia para que faciliten el acceso al crédito a los sectores de la economía productiva encuadrados en las pymes y tampoco hay una opción por recuperar la figura y la función social de las Cajas de
Ahorro ni ninguna partida para impulsar una banca pública que pueda servir de instrumento para facilitar la financiación a las pymes, a la economía social, a la economía de proximidad, y contribuir a romper el oligopolio financiero actual.

Además de los aspectos que hemos señalado en los anteriores proyectos de presupuestos de este Gobierno, surge ahora una nueva apuesta por los sectores especulativos y financieros en paralelo a un debilitamiento del sistema de pensiones de la
Seguridad Social. Durante 2012, 2013 y 2014, se han detraído alrededor de 43.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social sin que se hayan tomado medidas para fortalecer el sistema público de pensiones ni para abordar una
reforma del sistema de financiación de la Seguridad Social. Muy al contrario, se ha renunciado al incremento natural de la recaudación fiscal y se ha empezado a lanzar mensajes a la opinión pública sobre la necesidad de acudir a los planes privados
de pensiones; una nueva forma de apoyar el negocio de los grandes grupos financieros y de reforzar la economía especulativa. No es ocioso recordar que detrás de las burbujas financieras, inmobiliarias y de las deslocalizaciones industriales han
estado Fondos de Pensiones Internacionales que buscan la máxima rentabilidad en el mínimo tiempo, sin ningún compromiso con los proyectos económicos y sociales de cada lugar.

SOBERANÍA ECONÓMICA, FISCAL, FINANCIERA Y SOCIAL PARA EUSKAL
HERRIA

Nuevamente, el análisis del contenido y la filosofía que impulsa estos Presupuestos, no hace sino constatar la existencia de Euskal Herria como sociedad diferenciada que no sólo no se identifica con el modelo socioeconómico que
impulsan estas cuentas públicas, sino que no encuentra ni acomodo ni solución a sus problemas, dentro del actual marco jurídico político.

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, este Gobierno del Partido Popular está imponiendo en Euskal
Herria todo un conjunto de reformas estructurales y recortes sociales amparándose en su mayoría absoluta en los marcos institucionales estatales —que no ya en la realidad de la sociedad española—, a pesar de que su representación
electoral en el conjunto de nuestro pueblo (Comunidad Autónoma Vasca —CAV— y Comunidad Foral de Navarra) es claramente minoritaria (23 %) y que su política económica, social y medioambiental está siendo rechazada cada vez por mayores
sectores de la población y por las propios Parlamentos y Juntas Generales.

El mantenimiento de este marco político tiene un coste concreto para la CAV y Nafarroa. Los presupuestos del 2016 recogen las cantidades de 616 millones de euros para
el cupo de Nafarroa y de 1525 millones en el cupo de la CAV. Con dichos fondos se financian competencias no asumidas como son los gastos de la Monarquía, las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, las grandes infraestructuras inútiles y,
como no, al pago de la deuda. El incremento de la deuda pública previsto para los próximos años fruto de la publificación de la deuda privada de los bancos y de la nefasta e irresponsable gestión de las administraciones públicas españolas, va a
suponer también el incremento del pago que la ciudadanía de Euskal Herria ha de hacer a las arcas estatales para rescatar esa Deuda creciente del Estado español. Unos pagos que vacían nuestras arcas públicas y nos niegan la posibilidad de poner en
marcha un nuevo modelo social y económico en Euskal Herria.

Es más a través de estos presupuestos tenemos que contribuir con más de dos mil cien millones anuales destinados en su mayor parte a gasto improductivo y socialmente inútil, como
puede ser el sustento de la Monarquía; de un Tribunal Constitucional que es siempre de parte que socaba nuestro derecho a decidir y que confirma sentencias políticas totalmente y que tarde o temprano son revocadas por los tribunales Europeos; de
un Consejo de Estado que niega la realidad de un estado plurinacional y rechaza el derecho a decidir de Catalunya, Galiza o Euskal Herria que puedan plantear de forma democrática las Instituciones Catalanas, Gallegas o Vascas; o de un Ministerio de
Defensa y un ejército que, frente al recorte sistemático del gasto social ha incrementado año tras año por la puerta falsa de los decretos estivales, que acumula una deuda que alcanza los 29.500 millones de euros, y que por mor de una cláusula
constitucional introducida de forma ilegítima y copia de la legislación franquista, se arroga el papel de «garante de la unidad de España».

Y finalmente estamos hablando de unos presupuestos que vuelven a negar nuestro derecho a decidir
imponiéndonos el cómo han de ser los presupuestos de las instituciones de Euskal Herria al fijar que las Comunidades Autónomas no podrán endeudarse más de un 0,3 % y los entes locales en 0 %, sin tener en cuenta la muy diferente situación de las
administraciones públicas vascas con respecto a las españolas en cuanto a su saneamiento económico, niveles de endeudamiento e importancia del gasto de protección social.

Un año más, volvemos a constatar que el presente proyecto de cuentas
públicas para 2016 no contempla compromiso explícito alguno, ni siquiera en su más mínima expresión, a fin de contribuir positivamente a la nueva etapa abierta en Euskal Herria de cara a la resolución del conflicto político.

Todas estas
razones nos muestran que se hace aún más necesario que nunca la exigencia para Euskal Herria de un marco soberano en materia económica, financiera, fiscal, social y laboral, a fin de poder implementar desde nuestra propia realidad, sin imposición ni
limitación alguna por parte de los poderes estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para nuestro pueblo asentado en pilares de justicia y solidaridad, en el reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y
prestaciones públicas, en la apuesta por la economía real y productiva, por la economía de proximidad. Un desarrollo hermanado y respetuoso para con la naturaleza e impulsor de una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.

Queremos,
desde Euskal Herria, apostar por la industria y economía verde y de alto valor tecnológico; impulsar la economía de los cuidados y los servicios sociales y públicos; fomentar firmemente la economía social; desarrollar decididamente la I+D+I;
asentar la agricultura y la ganadería sobre bases de soberanía alimentaria,... Y todas estas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan de soberanía política y económica, así como poder contar con los recursos que ahora, vía cupo,
se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda injusta, ilegítima y ajena a nuestro País.

Por todas estas razones que suponen que estas cuentas públicas del Estado español dan la espalda a las personas que más han sufrido y siguen
sufriendo las consecuencias de la crisis, van a seguir contribuyendo al incremento de la desigualdad, recortando el estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más débiles de la sociedad como son
pensionistas, parados, autónomos, economía social y pymes, mediante un planteamiento que no responde a la realidad política, social y económica de Euskal Herria, los Senadores y la Senadora de AMAIUR presentamos este veto y pedimos la devolución al
Gobierno de este Proyecto de Ley de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2016.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta
de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Palacio del Senado, 23 de septiembre de 2015.—Ester Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El actual Gobierno no tiene legitimidad para aprobar un Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales que pretende condicionar la nueva voluntad popular emanada de las próximas Elecciones Generales, y más teniendo en cuenta que lo hace consciente de que en ellas perderá su mayoría absolutísima. De hecho el Partido Popular,
más allá de la pretensión de continuar decidiendo tras el periodo de su Legislatura al frente del Gobierno, utiliza los Presupuestos Generales de manera demagoga y populista con un claro carácter electoralista que pretenden hacer olvidar el
incumplimiento de su promesa electoral de no subir el IVA y todos los recortes sociales.

Respecto a la inversión territorializada en los Països Catalans, vuelve a quedar en evidencia una vez más el espolio y el agravio de inversión en
relación a la aportación al PIB, o peor aún, respecto al peso demográfico. El aumento de la inversión en estos territorios es ridículo y no sólo sigue lejos de la equidad, sino que todos ellos siguen por debajo de la media de inversión estatal y ni
siquiera se recupera de los recortes en términos absolutos y relativos padecidos durante toda la Legislatura.

En el caso de Catalunya, la inversión prevista (y sin tener presente que el grado de ejecución siempre está sustancialmente por
debajo de lo establecido en las sucesivas Leyes de Presupuestos) es del 10,7 % mientras que su aportación al PIB estatal es del 19,8 % y su peso demográfico del 16 %. En el caso de les Illes Balears, se siguen manteniendo a la cola de la inversión
estatal, hecho descaradamente vergonzoso si tenemos en cuenta que más del 60 % de la misma se destinan a unas depuradoras de agua, que para mayor escarnio, ya habían sido comprometidas para el 2014. Asimismo, el País Valencià para tener una
inversión acorde con su peso poblacional requeriría una inversión de más del 50 % de la actual.

Más allá del agravio social, es especialmente grave para el conjunto de la economía productiva de los Països Catalans el retraso en el Corredor
Mediterráneo, que se acumula al retraso histórico y al agravio en comparación con la priorización de una deficitaria red radial de Alta Velocidad en el Estado.

Respecto al gasto social, el reducido aumento en cifras absolutas —que no
en porcentaje respecto al global presupuestado— esconde una reducción del 21,7 % del gasto en prestaciones por desempleo, que no responde a una mejora de la tasa de paro fruto de las políticas neoliberales adoptadas por el Gobierno,
sino que se debe —en el mejor de los casos— al trasvase de los beneficiarios de las distintas prestaciones por desempleo a la renta activa de inserción o —aún peor— al aumento del número de parados de larga duración que
no reciben ningún tipo de prestación.

Así mismo, los pensionistas no recuperan el poder adquisitivo perdido en los últimos años, las pensiones sólo aumentan un 0,25 %, el mínimo legal, y se deberá recurrir de nuevo al fondo de reserva para
hacer frente al aumento de la partida. Por otro lado, el Gobierno sigue sin cumplir con la ley de la Dependencia, pues el aumento del presupuesto en esta partida queda lejos del 50 % del gasto que le corresponde, lo que más allá de negar el
derecho, asfixia aún más a las Comunidades Autónomas. Y todo ello, teniendo en cuenta que, lejos de recortar el desproporcionado gasto militar —que nos ha generado más de 30.000 millones—, se incrementa en estos presupuestos.

En definitiva, estos Presupuestos suponen más fraude a la democracia, más espolio a los Països Catalans y más desguace al Estado del Bienestar.

Por todo ello, se presenta la siguiente Enmienda de Devolución al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

El Senador Carles Mulet García, COMPROMÍS (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016.

Palacio del Senado, 23 de septiembre de 2015.—Carles Mulet García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De don Carles Mulet García (GPMX)

El Senador Carles Mulet García, COMPROMÍS (GPMX),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 parten de un desenfoque alarmante de la realidad por parte de un gobierno sin ideas
y con prioridades y compromisos ocultos que repercute los esfuerzos de una forma injusta en los ciudadanos. Desde Compromís apostamos por rescatar personas, por la justicia y por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, por
encima de obligaciones que nos vienen de la Europa de capital y de reformas constitucionales pactadas con nocturnidad y alevosía entre PP y PSOE que ocasionan, año tras año, un instrumento para gobernar contra las personas, recortando derechos y
servicios y que piensan solamente en las cifras macroeconómicas de intereses concretos.

Presumen, en el libro amarillo de los presupuestos, de que un 40 por ciento de los empleos creados en el último año son indefinidos, de manera que en la
actualidad 3 de cada 4 trabajadores cuentan con un contrato indefinido, pero ¿cómo son esos contratos?. El problema no son solamente los millones de parados, sino los millones de trabajadores y trabajadoras que con su salario no es que no lleguen a
final de mes, sino que no pueden ni llegar a la mitad del mismo. Hemos pasado de parados pobres, a trabajadores y trabajadoras pobres.

Decimos que el gobierno no enfoca bien porque habla de salida de la crisis y mejoras cuando los sueldos y
contratos de trabajo formalizados mantienen sueldos indignos, proliferan los ERE, cuando muchas medicinas deben ser sufragadas a toca-teja por pacientes con poca capacidad de renta o cuando a las familias les cuesta afrontar el inicio de curso por
el coste de los libros de sus hijos. Estos PGE no corrigen estas situaciones: no buscan empleos de calidad con valor añadido, sino precarios, desinvierten en servicios y en bienestar de los administrados. Les pedimos un impulso a la creación de
empleo de la economía del Estado Español protegiendo a los débiles, ayudando a la cultura rebajándole los impuestos y a los trabajadores de los sectores primarios o nos quedaremos sin ellos. Proteja a nuestra industria y sectores tradicionales.

En estas cuentas no hay cambio de modelo, simplemente se reiteran las viejas fórmulas, como si no estuviéramos ante el fin de un modelo económico que esquilma al planeta y también a las personas, como si no urgiera un nuevo modelo de desarrollo
económico sostenible. Hemos sufrido el verano más cálido los que se tienen constancia registrada; y a pesar de lo que piense el primo del presidente del Gobierno, el cambio climático y el agotamiento de la economía basada en el petróleo son ya
realidades palpables, ante la cual aplican la mejor táctica que conocen, que es la del avestruz: esconder cabeza bajo tierra y hacer como si no pasara nada. Con esa falta de sensibilidad nos encontramos sin ninguna propuesta, ni aunque sea para no
cumplirla.

Se olvida de aspectos como la investigación —como ocurre en el CSIC—, de las familias con miembros en el paro o en la que ya no se cobran ayudas de ninguna clase y se excluye a la gente de la sanidad universal.
Neoliberalismo frente a justicia. El Estado Español es un lastre para muchos valencianos y valencianas, que vemos como somos maltratados, exprimidos y ninguneados por su partido. Mientras se debatía en el Congreso la reforma de su Estatuto de
Autonomía, el señor Mariano Rajoy estaba en el bar Manolo firmando autógrafos a sus fans, importándole un bledo lo que los grupos políticos valencianos tratábamos de exponer en un hemiciclo casi vacío. Les gustan más las mordazas y gobernar de
forma sectaria y cutre que atender a las desigualdades y gobernar para las personas. Un informe de Intermon-Oxfam sitúa a España como el séptimo Estado más desigual de la Unión Europea. ¿Y qué proponen?, ¿nada?, Unicef expone como uno de cada
tres niños vive en España en el umbral de la pobreza… y ¿qué proponen ustedes? Nada. Gobernando desde un plasma, entendemos que es difícil ver la realidad.

La renta per cápita de los valencianos y valencianas nos sitúa en la
posición 11 entre las comunidades autónomas. Sin embargo nuestra aportación per cápita al Estado nos sitúa en la posición 4. El problema de los valencianos y valencianas es grave si miramos la deuda que arrastramos por un problema de
infrafinanciación por tener que hacer frente a servicios que no han estado bien financiados. La deuda acumulada de nuestra autonomía es de 40.000 M €. Si no se corrige la balanza fiscal, estos miles de millones por la irresponsabilidad en un
trato colonial, expolio y falta de reivindicación serán un lastre para el futuro de las actuales y próximas generaciones. Y aquí, no hay cuentas en B como en otros sitio que nos saquen de esta situación.

Los cítricos pueden representar al
pueblo valenciano, y a ustedes, los representa claramente un exprimidor, durante décadas han permitido sacarnos hasta la última gota de zumo, y nos han dejado con la cáscara, o a veces ni eso. No solamente por que de lo que hemos ido aportando nos
han devuelto una parte ridícula e insuficiente, año tras año, sino por todo lo que sus compañeros de partido han robado o han sido cómplices activos o pasivos de esos robos. ¿Recuerda la Gürtel?, ¿recuerdan a Carlos Fabra? (sí, el que para
Mariano Rajoy era un ciudadano ejemplar, menudo ejemplo), José Joaquín Ripoll, Lola Johnson, Rafael Blasco, o El Bigotes, a Sonia Castedo y las fotos en pijama del empresario Ortiz? Gracias a ellos somos más pobres.

Recuerdan ustedes a
Víctor Campos, Alicia de Miguel, Angélica Such, Díaz Alperi, Ricardo Costa, a los bolsos de Luis Vuiton o las facturas del Ritaleaks?, Juan Cotino, Vicente Rambla, a Milagrosa Martínez?, ¿recuerdan al topo del Palau de la Generalitat como nos
explicaba los dispendios?, ¿recuerdan aeropuertos peatonales y obras de Calatrava? Gracias a ellos somos más pobres.

Recuerdan ustedes a Manuel Cervera, Luis Fernando Cartagena, a José Luis Olivas, al desmantelamiento de Bancaja y la CAM?,
a Emarsa?, recuerdan a algo tan cutre como ser condenado por apropiación indebida en grado de frustración por robo de zapatos por alguien que hoy es senador?, los «10, 11, 12.000 euros dos millons de peles» de Alfonso Rus contando billetes?, a
Francisco Martinez Capdevila? Gracias a ellos somos más pobres.

Recuerdan ustedes a Urdangarín y su caso Nos en Valencia, a indecentes dirigentes políticos a lomos de un Ferrari borrachos (espero que solo de ego), a Monica Lorente, a
Hernández Mateo?, a David Serra y Yolanda García, a Luis Bárcenas (Luis, se fuerte!) a Alfons Grau y María José Alcón?, ¿los trajes de Camps?, ¿Serafín Castellano? Y dejamos aquí la lista por falta de espacio y tiempo. Gracias a ellos, y la
connivencia y complicidad de su partido, somos infinitamente más pobres.

Ya lo decían cargos del PP en las instituciones valencianas «nos vamos a forrar» en las grabaciones del caso Naseiro. Y se forraron, ustedes o sus amigos, pero a los
valencianos y valencianas no han arruinado.

Así, por una parte con un sistema de financiación injusto, y por otro, con casos como Gürtel, Bárcenas, Fabra, Brugal, sobresueldos, Cooperación, Nóos, Over Márketing, Terra Mítica, Canal 9, Ivex,
Ritaleaks…nos han arruinado. Gracias PP.

Y así han conseguido que, de ser un motor económico del Estado, ustedes y sus amigos, nos ha arruinado a los y las valencianas y tal situación de déficit fiscal ha afectado la calidad de
nuestros servicios fundamentales, infraestructuras, bienestar social y competitividad empresarial. Tras esta situación reside el actual sistema de financiación autonómica, que siempre ha otorgado al PV recursos per capita inferiores a la media, y
también las menores inversiones y ayudas estatales al territorio valenciano. Seguimos contribuyendo vía impuestos mucho más de lo que recibimos. Y piénselo: si la caja está vacía y con deudas, ustedes, o sus amigos, ya no podrán poner las zarpas
para saquearla, aunque solo sea para eso. Aquí no hay caja B para esto.

Al PV siguen llegando, cantidades escasas de partidas como el Fondo de Compensación Interterritorial que debería conllevar ajustes estructurales y en infraestructuras
para ir ayudando e igualando las posibilidades de las zonas pobres. Nuestra comunidad se ha caracterizado históricamente por «ofrenar noves glòries a Espanya» hasta el punto que favorecer el enriquecimiento de otros territorios (o el
enriquecimiento ilícito de ustedes o sus amigos) a nuestra costa. Sin embargo, desde hace varias décadas nosotros estamos necesitando la tan cacareada «solidaridad interterritorial», pero aquí no llega. Aquí contribuimos como ricos y no recibimos
contrapartidas como sí llegan a otras autonomías. Si no recibimos solidaridad como la que damos, no nos vamos a quitar de encima la deuda acumulada ni progresaremos.

El País Valencià ha recibido históricamente un porcentaje muy inferior a su
peso real en el conjunto español, especialmente si tomamos como base el que debería ser el parámetro principal: el de la población.

La discriminación sistemática se plasma en números: desde 2000 siempre hemos recibido del Estado menos
inversión per capita en inversiones que la media de las Comunidades Autónomas. En el período 2000-2015 la Comunitat Valenciana recibió el 8,2 % de la inversión estatal territorializable, cuando en este mismo período ha supuesto el 10,7 % de la
población, resultando una diferencia de 2,5 puntos de media anual. Eso significa, por otra parte, que hemos recibido sólo el 86 % de la media per capita del conjunto de Comunidades Autónomas en ese período.

El País Valencià sigue
infrafinanciado. Un informe de la Cámara de Contratistas de la CV asegura que para el período 2010-2015 el País Valencià habrá recibido 2.495 M € menos de inversión que la media española. Le pongo algunos ejemplos de los que se citan en el
informe. Castilla y León y Galicia, con la misma población que la CV han recibido 9.018 M € más de inversión que el País Valencià. Durante los años de la legislatura de Rajoy, el País Valencià ha recibido 1.679 M € menos inversión
que la media española. El déficit respecto a la media desde el año 2000 es de -6.968 M €.

La construcción de la línea de alta velocidad a Valencia y Alicante, parte del Corredor Mediterráneo entre Valencia y Alicante, la ampliación de
los aeropuertos de Valencia y Alicante, la creación de infraestructuras hídricas como el acueducto Júcar-Vinalopó, las desaladoras y la modernización de regadíos, la autovía central Alicante-Valencia y las obras de ampliación de capacidad de la
N-332 y N-340, elevaron el porcentaje de inversión hasta aproximadamente el 9 % del total de España, de nuevo, inversiones para los grandes grupos empresariales y no para las necesidades reales; desmantelaban los ferrocarriles de cercanías mientras
el AVE se comía todas las inversiones, ¿dónde está el corredor a Elx y Castelló?

La situación es aún peor cuando se comprueban los datos de ejecución presupuestaria, puesto que a la evidente discriminación en inversiones el País Valencià en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se añade el expreso incumplimiento de los mismos, siendo un claro ejemplo de ello la contraposición de los datos del presupuesto del corredor del Mediterráneo desde 2012 con la ejecución real.

Esa
situación supone un nuevo lastre para nuestra economía, tanto por la ausencia de inversiones directas que puedan traducirse de manera inmediata en empleo como por la desventaja que supone contar con unas infraestructuras claramente insuficientes,
una red viaria incompleta, unos puertos y aeropuertos que se ven privados de las inversiones que permiten a los de otras partes del Estado ganar cuota de mercado o una planificación de las redes ferroviarias que priman la comunicación con el centro
de la península mientras que dejan de lado la conexión directa con las grandes redes europeas de mercancías y pasajeros.

La complexión del corredor ferroviario mediterráneo para mercancías y pasajeros, una infraestructura clave tanto para la
economía del País Valencià como de la de toda España, se ve postergada año tras año en favor de otros ejes e infraestructuras cuya viabilidad e idoneidad es mucho más cuestionable desde todos los puntos de vista, incluido el de la Comisión
Europea.

Los proyectos se suceden, como también los estudios técnicos y las buenas palabras. Pero infraestructuras tan estratégicas para nuestro futuro como la conexión ferroviaria con Zaragoza siguen en niveles propios del siglo XIX,
mientras que otras como las que nos unen a Francia están colapsadas por la falta de inversiones, por no mencionar la deficiente red ferroviaria de cercanías o la conexión por tren entre ciudades costeras de gran impacto turístico.

Mientras
tanto, la única vía rápida que conecta el norte y el sur de nuestro País Valencià sigue siendo una autopista cuyos peajes se convierten en una nueva contribución que se añade a las que los ciudadanos valencianos realizan vía impuestos para sufragar
el rescate de las concesiones ruinosas que el Estado asume en otras comunidades mucho más ricas y mejor financiadas que la nuestra. Incluso el desdoblamiento de la N-340 a su paso por el Maestrat, el vial más transitado de Europa, van Ustedes y lo
hacen de un carril por sentido.

Los datos de esas inversiones en los últimos cuatro presupuestos del Gobierno de España son los peores de todos y muestran una discriminación que ha sido denunciada repetidamente por los agentes económicos y la
sociedad civil valenciana en su conjunto y, para 2016, más de lo mismo.

No se realizan inversiones necesarias en infraestructuras que solventen o aminoren el déficit hídrico que ahoga nuestra agricultura o que lastra el desarrollo económico,
obligando a las administraciones locales o a los usuarios a asumir unas cargas insostenibles que se traducen en un endeudamiento cada vez mayor. Gastaron millonadas en desaladoras que ahora nadie quiere, para promover pelotazos urbanísticos, y
nuestros pueblos y campos no tienen agua.

Si descendemos a otros indicadores más concretos, los datos son incluso aún más sangrantes, como los referidos a la pobreza de las familias, las cifras de desempleo, el importe medio de los salarios,
la cuantía de la pensión media de jubilación, los datos sobre abandono escolar o la inversión en materias como educación, sanidad o servicios sociales.

Estos presupuestos son injustos, con todos los ciudadanos del Estado, porque apuestan por
el continuismo de quien no tiene proyecto, pero también porqué continua ahogando al País Valencià, al que han expoliado por todos los medios posibles y confiamos en que quien tenga que hacerse frente de la gestión política del Estado Español en 2016
no sea el actual equipo de desgobierno, sino gente más sensible y comprometida. Pero aun así, las cuentas para 2016 son más que una declaración de intenciones, son también una ofensa para territorios como el valenciano.

Los cinco millones de
valencianos y valencianas no queremos ser ciudadanos de segunda, sino ser tratados con justicia e igualdad como al resto de españoles. No queremos caer en la cultura del subsidio a la que estaremos abocados si el actual statu quo no cambia.
Queremos poder seguir contribuyendo al bienestar general, queremos ser solidarios, crecer y crear riqueza, pero exigimos que no nos pongan más obstáculos a nuestro paso.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 han de establecer una
inversión para la País Valencià que suponga al menos el 12 % de la total, dado nuestro peso poblacional y que, además, corrija la infrainversión que hemos sufrido en los últimos cuatro presupuestos, cifrada en 1.679 millones de euros.

Por
todos estos motivos, solicitamos la devolución de este proyecto de PGE al Gobierno, para su reformulación por otros que dediquen más recursos a incentivar la economía y rescatar a las personas.

La Senadora Melissa Armas Pérez, AHI (GPMX) y la
Senadora María del Mar del Pino Julios Reyes, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Palacio
del Senado, 23 de septiembre de 2015.—Melissa Armas Pérez y María del Mar del Pino Julios Reyes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

De doña Melissa Armas Pérez (GPMX) y de doña María del Mar del Pino Julios Reyes (GPMX)

La Senadora
Melissa Armas Pérez, AHI (GPMX) y la Senadora María del Mar del Pino Julios Reyes, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

La secuencia del contenido de los
distintos proyectos presupuestarios y de sus políticas económicas bajo la administración del actual gobierno, se reiteran hoy con el texto para las cuentas del ejercicio 2016, presentadas entre circunstancias de alto optimismo y triunfalismo
políticos.

En efecto, la próxima convocatoria electoral, una vez finalizada la tramitación parlamentaria de este proyecto presupuestario, se significará desde el Gobierno como la expresión más acabada de unas cuentas que se ensalzarán como el
remedio político económico definitivo para cerrar la crisis y abrir una próxima época de crecimiento y equilibrio.

En el ejercicio proyectivo que nos presenta el Gobierno, subyace una confianza aún mayor que la que soporta su optimismo. Hay
un convencimiento, nos parece, de que las causas y circunstancias impulsoras del crecimiento no caducarán: ni los precios históricamente bajos de los hidrocarburos, la depreciación del euro o la actuación, los llamados estímulos monetarios, del
Banco Central Europeo.

De otra parte se manifiesta que los incrementos de los ingresos, así como el ahorro en intereses y prestaciones de desempleo, compensarán los incrementos de gasto y la reducción de impuestos. El gasto, por supuesto,
queda calificado de alto contenido social y la reducción impositiva incorporada, de inmediato, al programa electoral. A ello hemos de añadir la reconducción del déficit aunque la misma Autoridad Fiscal haya advertido de los riesgos en su
cumplimiento.

En consecuencia, la aprobación y aplicación del contenido de este proyecto resultarán muy asimétricas: la mayoría parlamentaria actual lo tramitará fácilmente bajo la apelación de ser la única fórmula de actuación económica
responsable, pero, luego, su aplicación requerirá ser afrontada evaluando la realidad soportada en unas importantes predicciones cumplidas, o no. Fácil aprobación y difícil aplicación, pues.

Desde la constatación, por tanto, de una alta
dependencia externa en la configuración final de este proyecto de presupuestos, nuestra enmienda a la totalidad se construye después desde la sencilla, aunque básica, interpelación constitucional a la solidaridad interterritorial. La sostenida y
persistente ausencia de la misma con la Comunidad Autónoma de Canarias vuelve a ser manifiesta. La indiferencia con el hecho insular no es circunstancial.

Una comprensión institucional-económica cabal de Canarias nos conducirá a la
instauración de las políticas que la aproximen a la Península y al territorio continental europeo; es decir, a la convergencia, neutralizando, en lo posible, sus muy diversas e importantes desventajas estructurales y permanentes. El Régimen
Económico y Fiscal de Canarias (REF) así lo contempla recogiendo su inequívoca realidad: una ubicación geográfica alejada de la dinámica económica del continente que el ámbito comunitario denomina Región Ultraperiférica de la Unión Europea.

La desviación del producto per cápita de Canarias con respecto a la media de los países de la UE-8, entre los que se encuentra España, es de un 35 %. La deriva de Canarias hacia la divergencia económica con el resto de las regiones españolas
viene siendo imparable. En los últimos quince años, Canarias ha perdido 11,7 puntos porcentuales de convergencia con el resto del Estado; realidad que se visualiza mejor si nos atenemos a su renta «per capita» en descenso permanente. A la altura
de 1999, el ratio se encontraba próximo a la media nacional, suponiendo para Canarias un 97,7 % de aquélla. Desde entonces, se produce un proceso de «desencuentro de rentas» que ha supuesto un descenso hasta una posición relativa del 86,0 % de la
media española en 2014, según datos del INE. Y, todo ello, conviene recordarlo, asistiendo a un muy importante aumento de la población en el archipiélago, fenómeno inverso al del territorio peninsular.

Por ello, sin perjuicio de las muy
diversas causas que suceden en nuestras elevadas tasas de paro, en Canarias, la sobrepoblación y crisis laboral intensísima junto al grave desempleo juvenil, han coincidido y conviven.

La insolidaridad denunciada causa efectos perversos en la
realidad institucional de Canarias. Su cuasi instauración presupuestaria, si se nos permite, devasta los cimientos de la tradición económica y fiscal recogidos en el REF. En consecuencia, también su futuro. En efecto: las inversiones estatales
en Canarias han de estar en la media del conjunto de las Comunidades Autónomas excluyendo las inversiones compensatorias del «hecho insular»; ha de establecerse un régimen económico inversor estructural del Estado; y, entre otros, su consideración
«permanente» en el Fondo de Compensación Interterritorial como su «aplicación ultraperiférica» en la legislación orgánica de financiación autonómica, la LOFCA.

Todo ello se incardina en el reconocimiento constitucional del hecho insular que
constituye un claro mandato político y económico para el Estado que ha de manifestarse en la realización efectiva del principio de solidaridad, así como en el objetivo del «establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo».

En este
último presupuesto de la mayoría absoluta gubernamental, se insiste en políticas muy criticadas desde 2012 que han procurado un modelo de desequilibrios territoriales y sociales en incremento. En consecuencia, la corrección de estas tendencias
supone las siguientes prioridades para Canarias:

La reorientación hacia una política de apoyos a la economía real y de inversiones, especialmente en unas infraestructuras estratégicas que así han de considerarse en un territorio que ostenta
un estatuto especial en la Unión Europea como Región Ultraperiférica.

Una distribución de los recursos para la financiación autonómica equitativa y acorde con nuestra insularidad.

Una corrección de los desequilibrios territoriales
mediante la aplicación amplia de los fondos de compensación interterritorial.

Después de varios años de recortes, el volumen de inversión, dato que se utiliza como base de cálculo del FCI, ha adquirido valores ridículos que imposibilitan el
objetivo de convergencia que se le atribuye al FCI por la Constitución. No obstante subir dicha base en el proyecto 1.113 frente a 1.000 millones de euros, en su cálculo se han cocinado los porcentajes de los «fondos» para que la cifra de 2016 sea
exactamente igual que la del año anterior, es inaudito que se evite por todos los medios atribuir mayor capacidad de acción a las economías regionales más damnificadas en la crisis. Los deseables efectos multiplicadores, vía la generación de
empleo, y su contribución la formación bruta de capital seguirán mermados por quinto año consecutivo.

Adicionalmente, el FCI ha pasado de un total de 774,4 millones de euros en 2011 a los 432,4 millones de euros (ídem que en 2015), es decir,
con una reducción del 44,16 %. Así, podemos comprobar que el FCI en el presupuesto para 2015 solo significa un escaso 2,9 % del importe de las operaciones de capital inversión del Presupuesto Consolidado de 2016, mientras que en 2011 supuso
un 4,25 % del importe de la inversión del Presupuesto Consolidado.

La continuidad de la caída general de la inversión pública, junto con su distribución por los territorios, poco relacionada con las situaciones macroeconómicas regionales,
hacen que el escaso impacto del FCI nos muestren, nuevamente, el carácter insolidario de este Proyecto de Presupuestos.

Además, para Canarias, el Fondo Ultraperiférico, creado en la reforma de la LOFCA de 2001, sigue sin contemplarse ni
ejecutarse transcurridos quince años de su aprobación. Tampoco se contempla atender y mejorar el sector turístico vía rehabilitación integral, la industrialización de Canarias, un impulso a las energías renovables definitivo y con plena seguridad
jurídica, la conectividad aérea y marítima y, en especial, las medidas económicas contenidas en el REF.

Un papel más activo del gasto público productivo y estructural del Estado en Canarias aumentará la recuperación económica, implantará una
mayor cohesión social y territorial a la vez que ayudará a lograr mayor eficiencia y a la reorientación, después, del modelo productivo que la aleje, progresivamente, del omnipresente sector terciario.

El proyecto, reiterando defectos de los
anteriores desde 2012 a 2015, claudica ante el objetivo del pleno empleo y ante una recomposición del desastre social que implica y repercute en las estructuras del país. De la lectura del cuadro macroeconómico, presentando el Programa de
Estabilidad 2015-2018, se desprende que el desempleo seguirá sin solución visible durante muchos años. Para 2016, España tendrá una tasa de paro del 19,7 % y en 2018 del 15,6 %, y ello sin analizar la calidad del empleo. Tras Grecia, nos
mantendremos en la segunda tasa de paro más alta de Europa.

Pero el paro ofrece también una gran asimetría territorial en España con diferenciales de valores positivos de hasta 9,82 puntos porcentuales entre la comunidad mejor situada y la
media, y diferenciales negativos de hasta 13,98 puntos porcentuales entre la mejor y la peor situadas. La crisis aumentó claramente las diferencias y destapó un fenómeno territorial insolidario que, parece, no ofreció mayor preocupación al
Gobierno.

La extinción del Plan Integral de Empleo de Canarias, Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, es inexplicable a la vista de las cifras de desempleo con un 30,3 % de su población activa y una desviación de 7,93 puntos adicionales
respecto a la media nacional, y 336.500 personas desempleadas según la EPA del segundo trimestre de 2016; es la segunda Autonomía con la tasa más alta, y en su radiografía contiene aspectos muy preocupantes: un desempleo de larga duración y, como
apuntamos, una altísima tasa de paro juvenil.

El proyecto nos muestra una falta de vigor estructural en el crecimiento de nuestra economía, al menos en cuanto a la intensidad deseable a corto plazo para afrontar este problema; el más grave
de la sociedad española.

En general, se renuncia a una evolución hacia un modelo productivo competitivo. En su lugar, en un claro cortoplacismo electoral, como dijimos, se porfía el crecimiento al incremento del consumo apalancado en la
rebaja fiscal, la moderación de tipos de interés y los bajos precios del petróleo, La mejora del consumo apelando al crédito se realiza en momentos en los que está pendiente la relajación de la cifra de endeudamiento externo del país. También
nuestra economía se ha beneficiado de las políticas expansivas del BCE y de las mejoras económicas de los países de la Eurozona, receptores de nuestras exportaciones. Con todo, nuestro PIB es inferior al del año 2008 en un 5,2 % y ha caído desde
entonces en un 6,2 % en el PIB per cápita. Para Canarias este descenso ha sido del 7,6 %.

La mejoría de nuestra economía no se debe a la acción proverbial y exclusiva del Gobierno.

Un año más, se reduce el presupuesto consolidado de
operaciones de capital en un 11,4 % respecto al ejercicio anterior. En el tránsito del ejercicio de 2011 al actual, se ha pasado de 18.199,32 millones a 14.451,12 millones de euros: una reducción del 20,6 %. Más del 50 % de esta inversión se
residencia en el Ministerio de Fomento.

Los efectos multiplicadores de la inversión productiva diversificada y su contribución a la formación bruta de capital público siguen ausentes por quinto año consecutivo y sin aportar, por lo tanto,
generación de empleo estable. De igual forma, la mejoría del cuadro macroeconómico respecto a la formación bruta de capital se fía a la inversión privada cuya consecución dependerá de la afluencia de capital extranjero y, de nuevo, del crédito al
sector privado.

El fin de legislatura nos muestra que el gasto consolidado ha pasado de un 33,71 % PIB en 2011 a los actuales 436.372,82 millones, referencia al PIB de 2014, y que suponen un 41,23 % del mismo. El análisis del gasto de estos
ejercicios manifiesta que los ajustes se han realizado en las operaciones de capital, capítulos 6 y 7 del presupuesto, y, muy en particular, en los créditos regionalizados.

La inversión per cápita en Canarias no alcanza la media estatal.
Esta inversión media regionalizada en 2016 alcanza 244 euros y en Canarias, 186 euros. Esta diferencia supone una pérdida para los canarios de 123,345 millones de euros. En el transcurso de esta legislatura, Canarias ha perdido 732 millones y ha
contemplado la inaplicación del REF en aspectos tan sustanciales de su normativa. Y esta pérdida de inversión se ha producido en críticos momentos lo que, es obvio, resulta aún más discriminatorio si cabe. Valga apuntar que en Canarias el ajuste
de inversión realizado por el Estado desde 2011 es del 41 % frente a una reducción media del conjunto de las Autonomías del 33 % en igual periodo. ¿Qué consideración político-institucional y social, por lo tanto, ha manifestado el Gobierno central
con Canarias? ¿es un trato mínimamente justo?

Por si no fuera suficiente hasta aquí, el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas supone más perjuicios para Canarias: la pretendida equidad territorial del conjunto de las
Comunidades Autónomas se ha traducido en 800 millones anuales menos recibidos que la media de aquéllas. La sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, así, se pone en riesgo en los momentos de mayor tensión social y laboral. Se aplica
injustamente y con reiteración el modelo de financiación y se ignora, también a este propósito, el Régimen Económico y Fiscal. Valga como ejemplo a resaltar que la inclusión de los recursos del REF y los tributos propios para determinar su
capacidad fiscal y financiación per cápita, a los efectos de la obtención de los recursos del Fondo de competitividad, significa claramente la expropiación de los recursos que Canarias recibe del REF para dedicarlos, indebidamente, a la financiación
de competencias transferidas desde el Estado. Ello contraviene la misma esencia de los principios del REF y las prácticas habituales y tradicionales del modelo de financiación.

Recuérdese que el ajuste de gasto en el contexto de
consolidación fiscal sigue centrándose en el esfuerzo de las Comunidades Autónomas, vía limitaciones asimétricas con el del Estado, en el objetivo de déficit y endeudamiento y reducción de gasto en Sanidad y Educación. No se visualizan, en cambio,
reformas estructurales en el gasto estructural corriente de la Administración General del Estado. Ello construye un sistema perverso que impide corregir y gestionar desequilibrios económicos, incluso a las Comunidades Autónomas que sí han cumplido,
como Canarias, con las exigencias de los objetivos establecidos en su día, aunque mayoritariamente incumplidos por las restantes.

Con el presente proyecto de presupuestos para 2016 se cierra una legislatura de involución económica en los
instrumentos de nivelación y financiación de su economía y con una actitud rayana en el desprecio al REF.

Desde el contenido del discurso de investidura del Presidente del Gobierno hasta el proyecto que se somete a la tramitación
parlamentaria, Canarias han sufrido un ciclo presupuestario de indiferencias y políticas ajenas a la atención insular y a sus especificidades.

En consecuencia, solicitamos la devolución al Gobierno del presente proyecto de Presupuestos
Generales del Estado.

El Senador Luis Crisol Lafront, C’s (GPMX) y el Senador Tomás Marcos Arias, C’s (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Palacio del Senado, 23 de septiembre de 2015.—Luis Crisol Lafront y Tomás Marcos Arias.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

De don Luis Crisol Lafront (GPMX) y de don Tomás
Marcos Arias (GPMX)

El Senador Luis Crisol Lafront, C’s (GPMX) y el Senador Tomás Marcos Arias, C’s (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

Se trata de unos presupuestos esencialmente electoralistas, con unas proyecciones de ingresos simplemente inalcanzables que desvían a España de sus obligaciones de ajuste fiscal. Además, de unos presupuestos poco
respetuosos con el elector, puesto que hurtan al nuevo parlamento una de sus facultades principales: determinar cómo se gasta el dinero de los españoles. Y por último, son unos presupuestos profundamente complacientes, faltos de ideas y ambición
reformista, que no ofrecen soluciones a los retos estructurales a los que España se enfrenta. No podremos seguir viviendo para siempre de la inercia y de un contexto internacional favorable. Los desequilibrios que teníamos antes de la crisis están
volviendo. Sin reformas estructurales que nos permitan cambiar nuestro modelo de crecimiento, seguiremos gastando nuestros limitadísimos recursos en políticas que no funcionan. Este presupuesto, por tanto, no ofrece respuestas de largo plazo a
ninguno de nuestros tres grandes retos: el desempleo, la sostenibilidad de las cuentas públicas y la preservación de una educación, sanidad pública y servicios sociales de calidad.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Palacio del Senado, 25 de septiembre de 2015.—El Portavoz,
Jokin Bildarratz Sorron.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 7

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

JUSTIFICACIÓN

El debate de los Presupuestos Generales del Estado representa uno de los momentos más importantes de la actividad política, tanto del Gobierno como del Parlamento; es
decir, tanto el Gobierno como la oposición definen los objetivos a cumplir de cara al siguiente ejercicio.

Es un debate que, evidentemente, debe analizar tanto el contexto político, como el social y el económico. Esta afirmación encuentra un
mayor significado en estos últimos años en los que la grave situación económica que estamos viviendo, provoca que los propios cimientos de la democracia se vean afectados. Pero además de esa afirmación hay que tener en cuenta el tiempo político en
el que nos encontramos actualmente, que no es otro que el final de una legislatura en la que la sociedad, de una manera generalizada, ha sufrido de manera muy importante las graves consecuencias de la nefasta situación económica.

El Gobierno
pretende aprobar unos presupuestos que no va a poder gestionar por motivos evidentes. Con ello, pretende condicionar el próximo año de gestión, creando una situación muy especial e intentando prolongar su labor ejecutiva durante un año más; es
decir, un Ejecutivo define unos presupuestos que otro Ejecutivo diferente va a tener que gestionar. Se crea una situación en la que es imposible la identificación del nuevo Gobierno con los presupuestos aprobados; en un momento de gran convulsión
social, en el que la ciudadanía ha evidenciado de una manera mayoritaria que no comparte las políticas del Partido Popular, éste se empeña en aprobar unas cuentas que no recogen el sentir mayoritario de la ciudadanía actualmente, ni atiende a las
necesidades de la sociedad a la que dicen representar.

Estamos viendo cómo el Partido Popular resquebraja los ejes más importantes de la democracia, violentando la separación de poderes; imponiendo desde el Gobierno las respuestas que el
Parlamento tiene que dar al Ejecutivo, amén de la endémica influencia de los distintos Ejecutivos españoles sobre los máximos representantes del poder judicial, y con la reciente aprobación de un Proyecto de Ley para una reforma del Tribunal
Constitucional que, en algunas atribuciones, le situaría como una Cámara por encima incluso de parlamentos. Con un calendario legislativo condicionado por el Gobierno, el proyecto de presupuestos se convierte en un trámite más para el Grupo
Popular, que ni ve ni escucha al resto de partidos políticos, ni a los diferentes agentes sociales, ni a la ciudadanía en general.

El proyecto de presupuestos presentado coincide con el periodo electoral; un presupuesto que no persigue el
bien de la ciudadanía, sino que lo único que busca es el beneficio del Partido Popular. Es decir, es un proyecto de ley partidista.

Son unos presupuestos que marcan el fin de una malograda legislatura, en la que Europa dejó de confiar en el
Estado español; una legislatura gestionada por el Partido Popular con recortes en el gasto público, con eliminación de servicios, desatención al ciudadano, la aprobación de una penosa reforma laboral; todo ello aderezado con una situación de
férreo control por parte de la Unión Europea. Este proyecto de presupuestos es el epílogo de una legislatura perdida para la reactivación y el empleo. Una legislatura perdida para la normalización de la convivencia y para el pacto político. Una
legislatura en la que el Partido Popular se ha quedado solo, con la incapacidad de alcanzar ningún tipo de acuerdo, ni con unos ni con otros. Este es un proyecto impuesto; sin aceptar ni la más mínima propuesta, sin acometer la reactivación de la
economía productiva, sin garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía.

El Partido Popular ha gestionado una situación en la que el desempleo ha sido uno de los grandes dramas de la legislatura, donde la pobreza ha aumentado y donde la
diferencia entre pobres y ricos está en unos términos nunca imaginados.

Estamos viviendo una situación económica en la que las rentas de las familias no crecen proporcionalmente a lo que lo hacen los beneficios de los bancos. Se termina una
legislatura en la que los salarios han bajado, además de que la situación de temporalidad de los trabajadores ha aumentado.

Vivimos una situación delicada y dependiente de factores muy coyunturales.

El Gobierno finaliza una legislatura en la que la mayoría absoluta únicamente ha servido para imponer su criterio; no para buscar lo mejor, el acuerdo, y
atender las necesidades ciudadanas; el Partido Popular ha desaprovechado una gran oportunidad para desarrollar una política económica acordada y perdurable en el tiempo, sin conseguir una política de estímulo, tampoco para el presupuesto del
año 2016. La única preocupación mostrada por el proyecto 2016 es la próxima contienda electoral y mostrar una serie de gestos que le hagan parecer como alguien preocupado por las necesidades de la ciudadanía, sin verdaderamente estarlo.

Un
presupuesto más aparente que eficaz, donde el estímulo a la empresa es inexistente; donde la innovación no remonta. Unos presupuestos que identifican la legislatura: mediocre y laminadora.

Con respecto a la relación con Euskadi, entendemos
que ha sido una legislatura perdida; el Gobierno central ha desaprovechado 4 años; no ha sabido obtener frutos positivos de la nueva coyuntura existente en Euskadi. Años de centralización, de nula inversión y de olvido de las necesidades que
tiene Euskadi.

Unos presupuestos que siguen confirmando el incumplimiento por parte del Gobierno español del Estatuto de Autonomía. El Gobierno central incumple la ley, mostrando únicamente lealtad a los textos legales cuando son
coincidentes con sus intereses y manipulándola cuando no lo son. Al respecto, tenemos muchos ejemplos, pero cabe citar el último recurso presentado por el Gobierno central con el ánimo de suspender el proceso que permite dotarse a la Policía Vasca
del número de agentes acordados en la Junta de Seguridad, órgano bilateral competente para establecer las dotaciones en la policía autónoma en el que, además del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, también está presente el Gobierno estatal
a través del Ministerio de Interior.

Otra muestra más del desinterés del Gobierno para con Euskadi es la falta de inversión: en ese sentido podemos subrayar el escaso interés que el Gobierno ha demostrado con el Tren de Alta Velocidad, o con
el proyecto de capitalidad cultural Donostia 2016.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Senado presenta esta propuesta de veto a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, solicitando su
devolución al Gobierno.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016.

Palacio del Senado, 25 de septiembre de 2015.—El Portavoz, Óscar López Águeda.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 8

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

La presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en 2016 es un ejercicio estéril de proyectar la acción política y
económica de un Gobierno que no podrá gestionarlos. Lo que se ha justificado como un ejercicio de responsabilidad es en realidad un grosero ejercicio de propaganda. Porque la facultad de fijar los derechos y obligaciones estatales no puede serle
arrebatada a las Cortes futuras por un Gobierno y un Parlamento caducados con una composición política distinta de la que viviremos la próxima legislatura. Es ilusorio pensar que las elecciones que se van a celebrar en el mes de diciembre refrenden
una nueva mayoría absoluta del Partido Popular, única circunstancia que permitiría mantener estos presupuestos tal como pretenden aprobarlos. Por tanto, la aprobación de estos presupuestos supone arrebatar el ejercicio de una potestad
constitucional al nuevo Gobierno y al nuevo Parlamento y obligar a ese Gobierno a aplicar una política económica diferente a la que resulte de la voluntad popular.

Ningún otro Gobierno en el período democrático había aprobado antes cinco
presupuestos en su mandato y ninguno había adelantado unos presupuestos para el año en que un nuevo Parlamento elegiría el Gobierno que los debe ejecutar. Los primeros que aprobó fueron retrasados por conveniencia electoral y los últimos los
adelantan exactamente por el mismo motivo, un interés partidista que demuestra el menosprecio al interés general.

La urgencia de su aprobación ha impuesto además un calendario de aprobación inédito que ha profundizado en el desprecio
sistemático de este Gobierno a la representación de las Cortes Generales. Es imposible no pensar que el plan también perseguía evitar los debates públicos que al Gobierno le convenía que pasaran desapercibidos. Comisiones y debates con sordina
pero con el rodillo sistemático de su mayoría que impiden la mínima consideración de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición.

Los presupuestos no son sólo rechazables por las evidencias abrumadoras de que estamos ante uno
presupuestos electoralistas e imposibles de aplicar. Nada de esto ha preocupado al Gobierno, que ha forzado los procedimientos parlamentarios para anteponer sus propios intereses a las reglas del juego democrático. Por descontado, cualquiera de
los motivos aludidos sería suficiente en sí mismo para rechazar la tramitación de estos Presupuestos, pero lo cierto es que si entramos a analizar sus grandes líneas nos daremos cuenta de que en el fondo de su orientación existen razones igualmente
poderosas para sostener un veto en el Senado.

Los presupuestos que había presentado hasta ahora el actual Gobierno, llevaban adherido el acompañamiento argumental de que se veía obligado a actuar de una determinada manera, que no era de su
agrado, con el fin de salvar al país de una herencia que lo dejó en la ruina. El recurso a la herencia recibida ha sido uno de sus mantras para aplicar sin temblar los mayores recortes que ha sufrido el Estado de Bienestar en nuestro país. Ahora,
en un hipotético contexto, publicitado como distinto, de recuperación y de buena marcha de la economía —según el Gobierno—, y tras otros cuatro presupuestos a sus espaldas, ya debería caber la posibilidad de que este Gobierno, sin
excusas, pudiera presentar unos Presupuestos acordes con sus recetas económicas y sociales. Sin embargo, no sorprenden que, cuando parecen existir suficientes márgenes de maniobra, resulta que el esquema de ingresos y gastos continúa siendo tan
regresivo e injusto como en los años anteriores de Gobierno del PP, porque en lugar de aprovechar una evolución favorable del ciclo económico y una previsión alcista de los ingresos públicos para reconstruir políticas que mitiguen la creciente
brecha social, lo que hacen es precisamente lo contrario: profundizan en los elementos que acrecentan la desigualdad.

En este sentido, el más claro ejemplo de la deriva ideológica de este Gobierno lo constituye el hecho de que el peso del
gasto social en el Presupuesto se reduce en casi 5 puntos. El peso del gasto social en el conjunto del presupuesto consolidado representó el 58 % en 2011, se reduce al 54 % en 2015 y se sitúa en el 53,5 % en 2016. El gasto social, para situarse en
el 58 %, debería ser mayor en 10.000 millones. El Gobierno, para aparentar un gasto social mayor, ha excluido incluso las prestaciones por desempleo, cuestión muy poco justificable, en un país con una tasa de paro que supera el 22 %.

El
Gobierno argumenta que el gasto en desempleo es menor porque hay menos parados, en concreto, para 2016 dicho gasto asciende a 19.500 millones de euros. Sin embargo, la razón es otra, si se tiene en cuenta que, con aproximadamente los mismos
parados, en 2011, se destinaba al desempleo 30.500 millones de euros. Lo que sucede realmente es que sigue cayendo la cobertura por desempleo, y ya se sitúa ligeramente por encima del 50 por ciento, su mínimo histórico; es decir, uno de cada dos
parados no tiene prestación por desempleo, y el Gobierno anuncia que se van a seguir reduciendo las prestaciones por desempleo.

Sin embargo, si miramos la parte de ingresos, el Gobierno hace un regalo fiscal de 5.256 millones de euros a las
rentas más altas y a las grandes corporaciones. Efectivamente, los Presupuestos Generales para 2016 tendrán una pérdida en los ingresos de 5.256 millones de euros como consecuencia de la segunda parte de la reforma fiscal. Por un lado, 2.641
millones de euros por la reducción del Impuesto de Sociedades y, por otro, 2.615 millones de euros por la reducción del IRPF. En este último caso, el 1 % de los contribuyentes más ricos (193.994) se beneficia más que los 14 millones de
contribuyentes que menos renta tienen. O los 5.000 contribuyentes más ricos se benefician más, de la mencionada reforma fiscal, que los 8 millones de contribuyentes con menos renta.

Una verdadera obscenidad e insensibilidad social que el
Gobierno regale, el año que viene, a las rentas y a los patrimonios más altos, 5.200 millones de euros y que tenga que recortar una cantidad similar en prestaciones por desempleo.

Por otro lado, estos presupuestos no sirven para una verdadera
recuperación económica ni para cambiar el patrón de desarrollo. No sólo resultan injustos desde el punto de vista de la equidad, sino que tampoco sirven para remover las bases de un sistema productivo con carencias estructurales que nos ha hecho
más vulnerables que otros países a la crisis y que nos impide tener una economía de primer nivel con un desarrollo económico sólido y sostenible.

Mientras todos los economistas coinciden en que la economía del futuro pasa por una economía
donde el valor añadido lo constituya la innovación y el conocimiento, la mejor muestra de que el presupuesto de 2016 sigue el camino equivocado es el exiguo crecimiento del 2 % de la I+D+i civil. Con este ritmo necesitaríamos más de 50 años en
recuperar, en términos reales, todo el terreno perdido en esta legislatura. Tampoco se apoya a la industria (el capítulo de industria y energía se reduce un 9,5 %) ni la modernización de la oferta turística (el presupuesto en turismo aumenta
un 1,9 %, pero, desde el año 2011 Gobierno ha reducido la mencionada partida en un 47 %).

El gasto de infraestructuras disminuye, en términos reales, casi un 1 % respecto a 2015. Cabe mencionar que la reducción del gasto público desde 2011
hasta 2014 se ha apoyado, principalmente, en la caída de la inversión pública, lo que está deteriorando notablemente nuestro stock público de capital y, por tanto, nuestro crecimiento potencial. No se trata de hacer nuevas infraestructuras
faraónicas, sino un plan de mantenimiento de las ya existentes, algunas de las cuales sufren un deterioro notable, perjudicando la productividad. La inversión en mantenimiento, además, es muy intensiva en empleo y sirve de apoyo a pequeñas y
medianas empresas.

La falta de apuesta por el desarrollo también encuentra ejemplo claro en el presupuesto en educación. La educación es un vehículo de crecimiento y desarrollo personal insustituible para la igualdad de oportunidades, pero
también supone el mejor motor de desarrollo futuro de una sociedad. Con este Gobierno, las enseñanzas universitarias en su conjunto, han descendido en un setenta por ciento su presupuesto y, aunque para el 2016 se ha incrementado levemente está muy
lejos de equilibrar la gran merma sufrida en este apartado desde el último presupuesto del Gobierno Socialista. Las Universidades atraviesan un agudo problema de financiación que no han podido resolver, ni siquiera con unos incrementos exacerbados
de las matrículas universitarias. Lo que, junto a las dificultades para que las becas cubran los gastos de los estudiantes con menos recurso, ha conducido a una disminución que se cifra en 70.000 estudiantes universitarios menos.

El
desarrollo económico que exhibe el Gobierno tiene mucho más que ver con coyunturas internacionales (como una financiación del BCE a tipos bajos, precios mínimos del petróleo o una coyuntura internacional que ha favorecido a España como destino
turístico) que con otras cuestiones. Pero, en todo caso, en el modelo que parece dibujar este Gobierno se han depreciado dos factores de producción fundamentales para que España gane competitividad: se han cuarteado y precarizado el empleo y
también se ha disminuido drásticamente la protección ambiental. Las Leyes relacionadas con el medio ambiente aprobadas en esta legislatura han rebajado todas las exigencias mínimas, de forma que ahora es más sencillo y barato contaminar, y resulta
menos rentable cumplir con exigencias de eficiencia energética o ambiental. Los Presupuestos destinados al medio ambiente nos alejan de un modelo de desarrollo también en el estricto sentido ambiental. Por ello, también en este sentido, son una
manifestación más de su carácter equivocado, porque, también en este ámbito, este Gobierno va en dirección opuesta a la seguida por los países más desarrollados: en el año en que todos los países avanzados del mundo anuncian su más firme
preocupación y compromiso en la lucha contra el cambio climático, el Gobierno propone disminuir las ya exiguas partidas destinadas a este enorme problema.

Se han ofrecido razones para rechazar un presupuesto que será inaplicable en los
términos que se propone, que en lugar de corregir desigualdades, las acrecienta, y que por instalarse en patrones de crecimiento de demostrada inconsistencia y fragilidad, significan generar menos oportunidades de desarrollo el día de mañana. Pero
además de todo ello, resultan unos presupuestos que no van a conseguir si quiera estabilizar las finanzas públicas.

El Gobierno argumenta, de manera sistemática, que la política presupuestaria y la estabilización de las cuentas públicas han
sido los grandes factores que han contribuido al crecimiento de la economía española. Sin embargo, la realidad es otra.

La deuda pública sigue disparándose por encima del 98 % de nuestro PIB. España es el segundo país desarrollado con un
mayor nivel de déficit público a cierre de 2014 (del 5,8 % del PIB frente al promedio del 2 % del PIB de los 34 países de la OCDE). De continuar con la tendencia actual, el próximo Gobierno heredará una deuda pública de 1,1 billones de euros, lo
que supone 350.000 millones de euros más que a principio de legislatura. Si al cierre de 2011 la deuda por habitante era de 15.756 euros, terminaremos 2015 con una deuda per cápita de 23.519 euros, lo que supone un 50 % más en tan solo cuatro años.
Y no les parece mucho, puesto que para 2016 prevén un incremento neto de deuda, solo en el Estado, de 50.000 millones de euros.

Pero, además, la política presupuestaria no ayuda a generar confianza cuando existen dudas razonables acerca de
cumplimientos de los cálculos fundamentales en materia de ingresos y gastos y su consecuencia en cuanto al déficit previsto.

A las estimaciones irreales de los ingresos de la Seguridad Social, hay que unir las estimaciones sobre los ingresos
tributarios. Según el Gobierno, esos ingresos van a crecer un 6,2 %. Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que durante 2015 dichos ingresos terminarán creciendo como mucho a una tasa del 4,2 % cuando había presupuestado una elevación del 5,4 %.
Bien es verdad, que acertar en las estimaciones de ingresos tributarios no es precisamente una de las virtudes del Gobierno. No han atinado en ningunos de los años de la legislatura; incluso en el año 2012 cuando aprobaron los Presupuestos a mitad
de la legislatura. En el mencionado año, se acercaron bastante a lo que habían presupuestado, porque después de aprobar los Presupuestos, decretaron un conjunto de subidas de impuestos incluido el incremento del IVA.

Con un déficit público
cercano al 6 % y una deuda pública en torno al 100 % del PIB, es una irresponsabilidad terminar el año adelantando parte de la reforma del IRPF (que debía entrar en vigor en 2016) y que supone un regalo de 1.500 millones de euros, fundamentalmente,
a las rentas más altas, poniendo en riesgo con ello la financiación de las políticas de cohesión social.

Un Presupuesto, que, en todo caso, tiene más interés por lo que omite que por lo que recoge. Un fraude que en el caso de las partidas
destinadas a Defensa alcanzan otro de los ejemplos de su artificio, presentado un gasto militar muy por debajo del real en lo que se refiere a los programas especiales de armamento. Una vez más las cuentas remitidas a las Cortes Generales por el
Gobierno contemplan la ya clásica cantidad de 6 842 500 euros. Esta cantidad fue la presupuestada en 2013, 2014 y 2015. Y en todos los ejercicios se aprobó con posterioridad, mediante Real Decreto-Ley, un crédito extraordinario para hacer frente a
las obligaciones derivadas de dichos programas especiales. Así en 2013 el crédito fue por un importe de 877 millones de euros, en 2014 el montante fue de 884 millones de euros y en 2015 el importe del crédito ascendió a algo más de 846 millones de
euros.

Estamos en definitiva ante una situación de enorme cinismo, con un Gobierno que se ha confundido con el comité electoral del Partido que lo soporta. Estos Presupuestos suponen un ejercicio de ilusionismo político que muestra bajadas
de impuestos tan irresponsables como injustas enmarcadas en un programa electoral que pretende ser aprobado en el Boletín Oficial del Estado con forma de Presupuestos.

Por todas las razones aludidas, el Grupo Parlamentario Socialista formula
el presente veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador
Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Palacio del Senado, 25 de septiembre de 2015.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel
Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 9

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera
Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El Gobierno del Partido Popular, amparado en la mayoría absoluta de su grupo parlamentario en las dos Cámaras, ha presentado
y pretende aprobar el quinto Proyecto de Presupuestos Generales del Estado en esta Legislatura. Un proyecto de presupuestos que la propaganda gubernamental y partidista ha lanzado como elemento previo al programa del Partido Popular a las próximas
elecciones generales.

Nuevamente, nos encontramos ante una utilización partidista de las reglas de juego democráticas por parte del Gobierno, presentando un Presupuesto que, cuando entre en vigor habrá otra mayoría parlamentaria y otro
gobierno en nuestro país. Otro gobierno que empezará la Legislatura condicionado por unas cuentas que no son propias y, mucho menos fruto del debate y del consenso de los grupos políticos en el Parlamento.

Creemos que la tramitación de este
proyecto de ley supone una vulneración de los preceptos constitucionales, dado que los presupuestos son leyes de vigencia anual y, teniendo en cuenta que cada legislatura dura un máximo de cuatro años, el Gobierno solo tiene potestad para tramitar
un máximo de cuatro proyectos de Presupuestos Generales durante su mandato.

Esta es la principal razón para presentar nuestra enmienda de veto, porque en política no vale todo como cree el Gobierno, y esta actitud prepotente de interpretar la
Constitución en beneficio propio no la podemos tolerar.

El Gobierno ha enviado al Parlamento un presupuesto irreal, como se ha demostrado lo que han sido los cuatro presupuestos anteriores, en los que la recaudación definitiva ha sido siempre
inferior a lo previsto. El Gobierno reconoce que la recaudación de 2015 quedará en unos 3.800 millones por debajo de lo presupuestado.

No son los presupuestos de la recuperación económica, como intentan mostrarlos. Son unos presupuestos que
se van a aprobar con un elevado grado de inseguridad e inestabilidad, ya que fían gran parte de los ingresos del Estado a la evolución de factores externos. Y, lo que es peor, ocultan la previsible desviación del déficit de este año que va a
provocar con toda seguridad mayores recortes del Estado del Bienestar.

En 2016 hay que reducir el déficit público en 1,4 puntos porcentuales del PIB hasta el 2,8 %, lo que supone unos 15.000 millones de euros. A esta cifra hay que añadir
alrededor de 5.000 millones de la probable desviación del déficit real que se va a producir en 2015, lo que la eleva a un total de casi 20.000 millones de euros. El Gobierno espera ajustar dicha cifra por el efecto del ciclo económico. Los
ingresos públicos aumentarán en torno a un 4 %, lo mismo que el crecimiento del PIB nominal, lo que se traduce aproximadamente en 15.000 millones de euros.

Es decir, y esto es lo que ocultan, para cumplir con nuestras obligaciones de déficit
público, será necesario un ajuste de 5.000 millones de euros, que siguiendo con la tónica de esta Legislatura, lo sufrirán las políticas sociales. Lo grave y escandaloso de esta situación, es que este ajuste que van a sufrir la mayoría de la
población más vulnerable de nuestro país, coincide con el regalo de más de 5.000 millones de euros a las rentas más altas que ha supuesto la reforma fiscal aprobada por el gobierno del PP.

Un análisis en detalle del cuadro macroeconómico que
acompaña a estos presupuestos nos muestra los errores de previsión y de la inmisericorde política de recortes y de contención de gasto del Gobierno, que no ha logrado reducir el déficit y los desequilibrios en toda la Legislatura.

Pero, la
evolución más preocupante es la de las cuentas de la Seguridad Social. Para 2016 el Gobierno ha presupuestado un crecimiento de los ingresos por cotizaciones sociales del 6,7 %, cifra que suponemos es totalmente irreal, dado el crecimiento del 1 %
de este año, cuando habían presupuestado el 8 %. Este desfase en el presupuesto de 2015 y el que se prevé en el del próximo año van a generar un agujero de más de 12 mil millones de euros en la maltrecha hucha de las pensiones. Desde 2011 hasta
mediados de 2015, el Fondo de Reserva de las pensiones se ha reducido cerca del 50 %. Esto es el resultado de una política laboral errónea del Gobierno, que ha conducido a un número menor de ocupados y a derechos laborales recortados y, que ha
favorecido un modelo de empleos precarios de bajos salarios, de obligados contratos a tiempo parcial, que reducen los ingresos por prestaciones sociales.

No es razonable, ni racional, una gestión de la Seguridad Social tan pésima, y son
muchos los analistas que entrevén el verdadero programa oculto del Partido Popular, mantener un déficit permanente, acabar con el fondo de reserva, e intentar demostrar que el sistema público de pensiones es insostenible para favorecer de forma
definitiva a los sistemas de pensiones privados.

Con este proyecto de Presupuestos, el Ejecutivo vuelve a demostrar que su acción de gobierno favorece los intereses de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría de la población.

No podemos aceptar la distribución del gasto público que refleja este Presupuesto. El pago de los intereses de la deuda de 33.490 millones de euros se convierte, por cuarto año consecutivo, en la mayor partida de gasto no financiero del
proyecto, 9,5 de cada 100 euros.

El gasto social solo crece el 0,4 %, y representa el 53,5 % del gasto total. Analizando su evolución desde el presupuesto de 2011, cuando representaba el 58 %, se ha reducido en más de 10.000 millones de
euros.

Teniendo en cuenta que los niveles de desempleo siguen siendo dramáticos en nuestro país, el Gobierno no ha dudado en recortar nuevamente las prestaciones por desempleo. Esta partida del presupuesto para 2016 se reduce un 21,7 %,
hasta 19.820 millones. El gobierno lo justifica porque hay menos parados que el año anterior, pero la cruda realidad es otra, la cobertura a los parados españoles se ha reducido casi al 50 %, cuando en 2011 se alcanzaba más del 70 % y había 300 mil
parados menos. Es incomprensible la insensibilidad social de este Gobierno que permite que en la actualidad haya 3,7 millones de personas en paro sin ningún tipo de ayuda.

Este presupuesto es insolidario, al igual que la política económica
que el Gobierno lleva aplicando desde el comienzo de la Legislatura, y que ha supuesto un aumento de la desigualdad social y de la pobreza. Una política injusta con la mayoría, que amparada en el mantra sobre la herencia recibida y la obligación
comunitaria de reducción del déficit, ha centrado sus medidas en la austeridad más insolidaria, la que se limita en recortar en los servicios básicos (educación, sanidad, dependencia, política social) y en el incremento de la presión fiscal a las
clases medias y trabajadoras.

Recientemente, hemos conocido un Informe de Oxfam Intermon que sitúa a España como el séptimo país más desigual de la Unión Europea, teniendo en cuenta las diferencias de ingresos, los impuestos que gravan la
riqueza, las prestaciones por desempleo o las pensiones. Es muy preocupante y vergonzante que el Gobierno no tome medidas urgentes para reducir el elevadísimo número de personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social que alcanza a 13,4
millones, el 29 % de la población total.

Las cifras de inversión de este presupuesto vuelven a ser raquíticas y, por supuesto insuficientes para el cambio de modelo productivo que necesita la economía de este país, para la verdadera
recuperación de la actividad y del empleo. La inversión pública apenas crecerá un 0,9 % hasta los 13.231 millones de euros. La inversión de I+D+i civil solo aumenta un insuficiente 2 % y la inversión en Industria se reduce el 9,5 %, confirmando el
poco interés del Gobierno en la mejora de la productividad de la economía española vía investigación y desarrollo frente a la promovida devaluación salarial y aumento de los recortes de los derechos de los trabajadores.

También queremos
denunciar el ataque de este Gobierno a uno de los pilares básicos para el futuro social y productivo de nuestro país, la educación. El aumento en la partida de gasto en educación de este presupuesto es un espejismo, comparado con el recorte
de 6.800 millones de euros, casi 7 décimas del PIB, que han ejecutado desde la llegada al Gobierno del Partido Popular.

Las senadoras y senadores firmantes de esta enmienda de Veto no podemos tolerar que nuevamente la inversión territorial
del Estado en Catalunya siga estando muy por debajo de su contribución a la riqueza del país. Las inversiones previstas en Catalunya incumplen otro año más la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía al presupuestar sólo una parte de la inversión
territorializada en infraestructuras que le corresponde por el peso de la región en el PIB. Este proyecto de presupuestos prevén invertir sólo 1.179 millones de euros, el 10,7 % del total cuando, en realidad le corresponde el 18,9 %. La media
estatal de inversión por habitante en este presupuesto es de 236 euros, y en el caso de Catalunya baja a los 157 euros.

Por todas las razones expuestas anteriormente, presentamos esta propuesta de veto y rechazamos frontalmente la tramitación
de este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, por partidista, irreal e insolidario, porque incide en el incremento de la desigualdad social en nuestro país y porque incumple nuevamente con la cifra de inversión que
le corresponde a Catalunya.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Palacio del Senado, 25 de septiembre de 2015.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 10

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan
Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 parte de dos premisas profundamente inverosímiles, a tenor de los datos que reflejan la realidad de la economía española, a saber: la esperanza en un próximo crecimiento
económico que generará crecientemente más empleo y más ingresos tributarios, y la creencia de que la consolidación fiscal estimulará la actividad económica. El profundo aunque incomprensible optimismo en la mejora de la recaudación tributaria
derivada de la reactivación económica le ha permitido al Gobierno elaborar unos presupuestos en los que se busca una reducción del déficit público sin necesidad de disminuir o contener mucho las partidas de gasto, actuación motivada a su vez por la
proximidad de las elecciones.

Un crecimiento frágil, producido por factores exógenos y a pesar de la austeridad

De los 28 países de la Unión Europea, sólo hay dos (Grecia e Irlanda) en los que el PIB ha caído más durante la crisis. En
la inmensa mayoría de los países el PIB está por encima de los niveles del año 2007. No es casualidad que los países que más políticas de austeridad han aplicado estén en los últimos puestos (Grecia, Irlanda, España, Portugal, Chipre e Italia).

Por lo tanto, antes de vanagloriarse por tener ahora una tasa de crecimiento del PIB superior a la media es importante tener en cuenta dos cuestiones: 1) aún estamos lejos de los niveles anteriores a la crisis (según las mejores previsiones del
gobierno los alcanzaríamos a final de 2016), y 2) desde niveles más bajos es más fácil presentar tasas de crecimiento altas simplemente por motivos aritméticos.

Además, no olvidemos que el buen comportamiento del PIB no se debe a las
políticas del Gobierno, sino fundamentalmente al favorable contexto macroeconómico internacional (masiva afluencia de turistas que evitan el norte de África por los conflictos que allí tienen lugar, depreciación del euro, menor precio del petróleo,
políticas expansivas del Banco Central Europeo…). De hecho, a esos elementos favorables hay que restarles el efecto pernicioso de las políticas de austeridad. A saber cuán intenso sería el crecimiento económico y la creación de empleo si en
vez de haberse aplicado durante 5 años políticas de austeridad se hubiesen llevado a cabo medidas de política económica expansiva.

La estrategia del Ejecutivo ha sido y sigue siendo la de la devaluación interna, esto es, deprimir la capacidad
adquisitiva de la población a través de la contención de los salarios, precios y prestaciones sociales para reducir las importaciones y aumentar las exportaciones, de forma que la demanda externa estimule el crecimiento del PIB. No obstante, a
pesar de haber aplicado ese tipo de políticas, hoy día la demanda exterior resta al crecimiento (en vez de aportar), mientras que es la demanda interna la que permite el crecimiento. Esta demanda nacional es creciente a pesar de la devaluación
interna debido 1) al contexto de precios estables o descendientes y 2) a una recuperación de la confianza del consumidor que a menudo se produce a costa del ahorro familiar (que se mantiene en tasas inferiores al 10 %) o de mayor endeudamiento
privado (en el primer trimestre de 2015 el endeudamiento de hogares e instituciones sin ánimo de lucro ha aumentado en 7.423 millones de euros).

Estamos en condiciones de afirmar con rotundidad que en España se está creciendo y creando empleo
«a pesar» de las políticas del PP y del PSOE, y no «gracias» a ellas. Es decir, todo lo contrario a lo que dice el ministro Cristóbal Montoro: «lo que nos está sacando de la crisis es la austeridad».

Por otro lado, se trata de un
crecimiento frágil puesto que depende de que los factores positivos ajenos a la gestión del gobierno perduren en el tiempo. Nada asegura que la afluencia masiva de turistas no se invierta cuando los conflictos en el norte de África mengüen, o que
los precios del petróleo se incrementen, o que las políticas monetarias expansivas del BCE acaben antes de lo previsto. Por no hablar del riesgo sistémico que supone la reciente caída de la bolsa china, así como de la debilidad de las finanzas
familiares, puesto que los niveles de deuda familiar siguen en parámetros desorbitados equiparables a los registrados en el año 2006 (y al ser en su mayoría con amortización a largo plazo, el desendeudamiento se produce muy lentamente).

Una
creación de empleo irrisoria y una intensificación de la precarización

Si echamos la vista atrás comprobamos que hoy día hay 436.500 ocupados menos que hace justo 4 años, y 290.000 familias más con todos sus miembros en paro. Es decir,
aunque se esté generando por fin algo de empleo, todavía estamos lejos de los niveles que se encontró Rajoy al llegar y extraordinariamente lejos de los niveles anteriores a la crisis.

Ahora bien, no sólo importa que se cree empleo sino las
condiciones del mismo. He aquí la mayor pega de esta nueva situación de aumento del empleo: la intensa y generalizada precarización del mercado laboral. La calidad de los nuevos puestos de trabajo es ínfima, y ello se constata atendiendo a seis
características esenciales:

1) La inmensa mayoría de los nuevos contratos son temporales. La proporción de trabajadores con contrato temporal ha aumentado notablemente durante el Gobierno de Rajoy (en más de 1 punto porcentual), y la
duración de los mismos es cada vez menor (mientras que en 2008 era de 78 días de media, en la actualidad es de 54 días). Esto último se debe en parte a que se registra el doble de contratos de un día de duración que en 2008.

2) El número de
contratos a tiempo parcial aumenta a ritmos vertiginosos. La proporción de trabajadores a tiempo parcial sobre el total ha aumentado en casi 3 puntos porcentuales durante el mandato de Rajoy. Es importante destacar que el 63,3 % de todos ellos
desearía trabajar a tiempo completo (en 2008 este porcentaje era de la mitad). Actualmente hay 230.100 ocupados a tiempo parcial más que hace justo 4 años, cuando había menos ocupados en total.

3) La remuneración de los nuevos empleos es
notablemente reducida. Todavía no existen datos actualizados al respecto, pero gracias a la teoría económica (que nos dice que con tasas de paro enormes como la actual la remuneración de los empleados tiende a caer), a la experiencia personal y a
los datos de los últimos años, estamos en condiciones de afirmar que los nuevos salarios son muy reducidos. La mitad de los nuevos contratos producidos entre 2007 y 2013 tienen un salario por debajo de los 978 euros, algo que no ocurría desde
hace 20 años si realizamos las comparaciones pertinentes. Además, atendiendo a la encuesta que realiza el CIS sobre los ingresos de las familias, observamos que el 61,3 % de los adultos españoles (19,8 millones) declara ganar menos de 1.200 euros
al mes. De todos ellos, al menos 6,9 millones de personas no ingresan nada.

4) Todos los nuevos contratos disponen de menos derechos laborales y de menor intensidad que los anteriores a 2010, debido a las reformas laborales llevadas a cabo
por los gobiernos del PSOE y del PP con el apoyo de CiU (Zapatero abarató en 2010 el despido objetivo y Rajoy en 2012 abarató el despido improcedente). La única diferencia entre contratos de carácter temporal e indefinido es la cuantía de la
indemnización, porque los indefinidos tienen muy poco de fijos (ni siquiera en la administración). Además, hay que tener en cuenta que Rajoy creó en 2012 una nueva figura contractual, la de los indefinidos «de apoyo a los emprendedores», cuyos
empleados tienen un periodo de prueba de un año durante el cual el empleador los puede despedir de cualquier forma y sin ningún tipo de indemnización. Es decir, que son incluso peores que los temporales, porque éstos sí tienen una pequeña
indemnización por despido. Por otro lado, como el Gobierno asignó a esta nueva modalidad el mismo código que el de los indefinidos ordinarios, no hay forma humana de saber cuántos de estos contratos se están firmando en el total de indefinidos.

Además, cada semana hay casi 4 millones de horas extraordinarias que no se pagan (si esas horas se trasladasen a nuevos empleos a tiempo completo hablaríamos de la generación de 100.000 puestos de trabajo), y la tendencia es desgraciadamente
ascendente.

5) Los nuevos empleos se registran mayoritariamente en los sectores típicos de la economía española: los de bajo valor añadido, replicando así el mismo modelo económico que nos trajo a esta situación de crisis y alejándonos de la
urgente y necesaria transición a un nuevo modelo energético y productivo. En los últimos 4 años, entre las ramas económicas que más empleo han creado destacan: hostelería, restauración, actividades inmobiliarias, actividades auxiliares a los
servicios financieros y a los seguros, actividades de agencias de viajes, y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. En cambio, entre las ramas económicas que más han destruido empleo están: fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos, fabricación de material y equipo eléctrico, fabricación de otros productos minerales no metálicos, fabricación de productos metálicos, industria textil y metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones.

6) La brecha salarial de género sigue creciendo y es una de las más altas de la UE. A pesar de los pocos datos oficiales que se elaboran al respecto con clara intención de invisibilidad esta realidad, recientemente se ha
publicado un estudio elaborado por UGT que señala que una mujer tiene que trabajar 79 días más al año que un hombre para ganar lo mismo; y tendría que cotizar 11 años y medio más que su homólogo masculino en un trabajo de similares características
para cobrar la misma pensión. Además, esta situación se ha agravado con el tiempo debido a las reformas laborales del PP con el apoyo de CiU y del PSOE que han lastrado la negociación colectiva, ya que cuanto más se individualiza la negociación
salarial mayor grado de desigualdad salarial padecen las mujeres.

En definitiva: se crean nuevos empleos, sí, pero en unas condiciones mezquinas y de una calidad nunca vista. Contratos temporales, a jornada parcial, con salarios reducidos,
con alta inseguridad laboral, con niveles de explotación destacables y en actividades de bajo valor añadido, que explican que el porcentaje de trabajadores pobres no deje de aumentar y haya alcanzado la cota del 12,3 % (más de dos millones de
personas), situando a España en el tercer puesto de toda la Unión Europea en este desdichado ranking. Además, las condiciones desiguales en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres empeoran. Y todo ello sin olvidar que los que no tienen
empleo también empeoran, como veremos enseguida.

Nos encontramos con un nuevo paradigma laboral que comienza a asentarse poco a poco en nuestra economía: el del empleo precario y trabajadores pobres, tan conocido en determinados países
asiáticos. Las políticas de los sucesivos gobiernos del PSOE y PP, con el apoyo de CiU, han aniquilado empleo de calidad y han facilitado que ahora se cree algo de empleo, pero fundamentalmente precario y de baja calidad; y todo ello después de
haber estado años destruyendo empleo de calidad. Ello está provocando un desguace del empleo existente, que se puede constatar observando que el número medio de horas trabajadas por empleado desciende.

En definitiva, es importante mirar más
allá de los mensajes claramente sesgados de la propaganda del Gobierno para darse cuenta de que no hay motivos para felicitarse por los datos de empleo y sí muchos para continuar reivindicando verdaderas políticas de rescate ciudadano.

Unos
presupuestos austeros que continúan deteriorando el Estado Social

El gobierno asegura que los presupuestos no incluyen recortes, algo que llama la atención cuando uno comprueba que el techo de gasto se va a reducir un 4,4 % con respecto
a 2015. El argumento oficial es que se va a producir un importante ahorro en prestaciones por desempleo debido a que hay menos parados recibiéndola.

Pero el argumento es falaz porque la proporción de parados que reciben prestaciones no deja
de descender desde el año 2009. Hoy día sólo el 55,72 % de los parados tienen algún tipo de prestación, mientras que cuando Rajoy llegó al poder ese porcentaje era del 65,81 % según los propios cálculos del Ministerio de Empleo. Por lo tanto, el
Estado se gasta menos dinero en desempleo fundamentalmente porque otorga prestaciones a menos parados y no porque haya menos parados en total.

Desde que el PP llegó al poder el dinero para prestaciones por desempleo se ha recortado un 35 % (y
el paro no lo ha hecho a ese ritmo, ni mucho menos). Todo ello siguiendo los mandatos del famoso memorándum con la Troika firmado para rescatar a los bancos españoles.

Casi uno de cada dos parados lleva más de dos años sin trabajar, lo que
supone más de 2,3 millones de personas. Y se trata de un dato subestimado porque la estadística considera que una persona deja de estar parada por trabajar sólo unos pocos días. Desde que comenzó la crisis, este colectivo, el que tiene más difícil
volver a reengancharse al mercado de trabajo, se ha multiplicado por más de 3. A pesar de que el resto de grupos de parados ha ido reduciéndose paulatinamente, el número de desempleados de más de 2 años apenas se ha reducido.

La mayoría de
estos parados nunca encontrarán un empleo en el mercado laboral convencional. Por eso necesitan programas de Trabajo Garantizado, es decir, que el sector público tome las riendas en la creación directa de empleo en actividades que redunden en
beneficio económico, social, cultural o ecológico.

Por otro lado, el Gobierno saca pecho porque el presupuesto destinado a gasto social alcanza el 53,5 % del presupuesto total. Parece que no se acuerda de que antes de que el PP llegara a la
Moncloa este porcentaje era del 58 %, y que incluso este año de 2015 la proporción de gasto social presupuestado es mayor que la del año 2016.

El Ejecutivo se enorgullece de su solidaridad pero lo cierto es que si se tiene en cuenta lo que
recauda el conjunto del Estado por impuestos (IRPF, IVA, impuestos especiales y cotizaciones sociales) de todos los asalariados, parados y sus familiares dependientes, tenemos más del 50 % del presupuesto total. Por lo tanto, no parece riguroso
llamar solidaridad a devolverle en forma de prestaciones sociales a la clase trabajadora el dinero que ya se le recaudó antes.

Además, el gasto social es absolutamente insuficiente: hoy existen 770.400 hogares que no tienen ningún tipo de
ingresos, el 61,3 % de los españoles (28,4 millones) declara ganar menos de 1.200 euros al mes, el 16,1 % de las familias declaran tener mucha dificultad para llegar a fin de mes, el 42,4 % de todas las familias españolas declaran no poder afrontar
gastos imprevistos de 650 euros, el 28,3 % de la población está en riesgo de pobreza…

La misma evolución presenta el gasto no financiero presupuestado: tan sólo el de los años 2011 y 2012 fue inferior al gasto programado para 2016. A pesar de lo que dice el Gobierno, los presupuestos de 2016 son profundamente
austeros.

En cuanto al déficit público del conjunto de las administraciones públicas, este quedará por debajo del 3 % según el Gobierno. Sin embargo, hay razones para albergar importantes dudas sobre las previsiones del Ejecutivo. Al fin y
al cabo el déficit de las administraciones públicas hasta el primer trimestre de 2015 ha sido superior al presentado en el mismo periodo del año 2014 (cuando debía ser notablemente inferior), al mismo tiempo que es difícil de creer que los ingresos
públicos vayan a aumentar un 0,8 % respecto a los presupuestos de 2015 cuando se han reducido tanto los tipos impositivos del IRPF en todos sus tramos, como el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades en 5 puntos porcentuales.

Dos pruebas
de las malas previsiones del Gobierno son: 1) que en ningún año fiscal anterior el ejecutivo acertó en sus estimaciones, con errores de cálculo comprendidos entre los 6.000 y los 3.000 millones de euros), y 2) que en los presupuestos de 2015 el
Gobierno estimó que durante la primera mitad del año la Seguridad Social recaudaría un 6,8 % más que el año 2014 y finalmente atendiendo a la ejecución del Presupuesto a mitad del ejercicio, Junio 2015, sitúa el incremento sobre el 2014 en
un 1,32 %, es decir menos del 20 % de las previsiones. Eso significa que el déficit de la Seguridad Social, previsto en un 0,6 % puede alcanzar el 1,2 %. Por cierto, si se recauda tan poco más con casi 900.000 cotizantes más quiere decir que los
salarios de los nuevos trabajadores son muy reducidos y que medidas como la tarifa plana de Rajoy sólo han mermado las arcas de la Seguridad Social.

Pequeñas medidas de cara a las elecciones y sin importantes consecuencias

En una época
de profunda crisis económica como a la que asistimos, donde se produce un fuerte ajuste en el sector privado, desde el sector público se debe impulsar la reactivación económica mediante una potente creación de empleo público y un aumento de la
capacidad adquisitiva de la población, lo que crearía las condiciones económicas necesarias para impulsar la reactivación de la inversión. Sin embargo, estos presupuestos, al igual que los diferentes planes de empleo del Gobierno, no van orientados
a tal objetivo.

El presupuesto destinado al «fomento del empleo», a pesar de que se incrementa ligeramente este año en un 1,5 %, está un 29 % por debajo del que se destinaba en 2011. La mayoría del aumento para este curso se reparte en
bonificaciones a la contratación, agencias de colocación y orientación profesional. El grueso de los recursos de esta partida se destina a las bonificaciones para la contratación, que sólo van a servir para maquillar las tasas de paro como efecto
estadístico, ya que los problemas para la creación de empleo no vienen del coste a la contratación sino de la falta de ventas por falta de clientes, tal y como señalan todos los estudios. Además, esta política de bonificaciones, aparte de ser
ineficaz para la creación de empleo, no hace más que descapitalizar el fondo de reserva de la Seguridad Social, que ya ha perdido en estos tres años de gobierno de Rajoy casi el 40 %, unos 37.700 millones.

Al mismo tiempo, las principales
partidas destinadas a Educación, Sanidad o Cultura han tenido unos ligeros aumentos estos dos últimos presupuestos pero que no compensan ni de lejos los recortes que desde 2011 se han llevado a cabo. Como se puede apreciar en la tabla, las
reducciones del presupuesto continúan siendo considerables respecto del dinero destinado en 2011 a estas partidas, además que ya de por sí habían recibido recortes considerables del Gobierno del PSOE. El resultado es claro: nos encontramos ante
unos presupuestos que siguen primando el pago de la deuda frente a los servicios básicos que garantizan el bienestar de la mayoría y que desmienten categóricamente la afirmación de Rajoy sobre que ha mantenido el nivel del Estado del Bienestar desde
que llegó a La Moncloa. Aunque este año se ha reducido ligeramente el coste de la deuda (no porque se haya recuperado la «confianza» de los mercados en España debido a los recortes del Gobierno, sino por el cambio de rumbo realizado por el Banco
Central Europeo desde julio de 2012 en su objetivo de inundar los mercados financieros de liquidez y alterar las expectativas de los operadores financieros), podemos apreciar cómo sigue siendo una de las partidas que mayor peso tiene en los
presupuestos y que más ha aumentado desde 2011.

Comparación presupuestos 2011 con presupuestos 2016 (millones euros corrientes)
	Presupuestos 2011	Presupuestos 2016	VARIACIÓN
JUSTICIA	1713	1603	-6 %
DEFENSA	6868	5711	-17 %
Pensiones / Pensionistas* (euros por persona)	12649	14552	15 %
Fomento empleo / Parados** (euros por persona)	1386	1149	-17 %
DESEMPLEO/PARADOS**	5764	4369	-24 %
SANIDAD	4264	4002	-6 %
EDUCACIÓN	2843	2484	-13 %
CULTURA	1104	804	-27 %
I+D+i	7576	6424	-15 %
DEUDA PÚBLICA	27400	33490	22 %
*(n.º pensionistas diciembre 2011 y julio 2015, fuente: Ministerios empleo y SS)
** (n.º parados IV trimestres 2011 EPA y estimación Gobierno PGE 2016)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos PGE 2012 y PGE 2016

El dinero previsto en las cuentas del 2016 no da para atender a los dependientes que
tienen derecho a ello, sobre todo al último grupo incorporado a la lista de beneficiarios: los 314.570 dependientes moderados que tras varios retrasos entraron en el sistema el pasado 1 de julio. Una incorporación que llega con ocho años de
retraso porque dos reales decretos permitieron su demora.

El incremento de inversión estatal para el año próximo es de 75 millones de euros, lo que deja la cifra total de gasto en dependencia para el 2016 en 1.252 millones. Una cifra que
todavía sigue lejos de los 1.498 millones presupuestados en 2011. Según los números de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con ese incremento anual se necesitarían 25 años para atender a todos los dependientes ya que el
ascenso no sirve para compensar el tijeretazo sufrido en los últimos años.

Por otra parte, la infrainversión estatal golpea las arcas autonómicas. La proporción de inversión en aplicación de la dependencia es ahora mismo sumamente desigual:
el Estado asume un 22 % del total y las Comunidades Autónomas tienen que asumir el 78 % restante.

La subida de becas que el Gobierno había anunciado con pomposidad se ha quedado en unos exiguos 2,8 millones de euros para una partida que roza
los 1.500 millones y se come la mitad del montante que gestiona el departamento.

En estos presupuestos, el medio ambiente sigue la senda del abandono que inició el actual Gobierno. Mientras en otros países aprueban la ley de transición
energética liderando la lucha contra el cambio climático, aquí ocurre todo lo contrario: se desincentivan las renovables, se impide la autoproducción de energía, y disminuyen las partidas de cambio climático. No nos sorprende no por la barbaridad
que supone, sino porque es la tónica de su mandato durante la legislatura. La miopía del Gobierno ante los retos medioambientales del país y del planeta pone en riesgo nuestro patrimonio natural pero también impide el impulso de sectores económicos
vinculados al medio ambiente, que son intensivos en creación de empleo y que permitirían una transición justa y sostenible de nuestro modelo económico y productivo.

La cooperación internacional no debe someterse a la inestabilidad en función
de excedentes, requiere de un compromiso público sostenido. Los continuos recortes que la AOD ha experimentado en los últimos años está provocando el desmantelamiento de la política de cooperación española. Estos recortes han afectado
fundamentalmente a las partidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) aporta al conjunto de la AOD española y, especialmente, a su Programa 143A Cooperación para el Desarrollo. En 2016 dicho programa disminuye casi un 3 % su
dotación con respecto a 2014. Desde el inicio de la actual legislatura (2012), el programa cuenta con 163 millones de euros menos (-25 %), y con 1.455 millones menos que lo presupuestado para el ejercicio 2011. Tomando en cuenta una u otra
referencia, las cifras muestran que el Programa de Cooperación sigue siendo el más recortado del MAEC.

Asimismo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es una de las principales perjudicadas y acumula una
caída de más de 620 M en ese mismo período, lo que significa un 72 % menos de presupuesto con respecto a lo programado para el 2011. Ello cuestiona la capacidad de desarrollar las orientaciones estratégicas del Plan Director en los 23 países
priorizados, por lo que se hace necesario un aumento en la dotación presupuestaria de dicho Programa, que beneficie a las partidas gestionadas por la AECID.

En un país como España, que está sufriendo día a día el drama de familias desahuciadas de sus viviendas por no poder hacer frente a sus compromisos de pago, resultan insignificantes los 585 millones de euros destinados a la partida de
acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Estos programas han sufrido un recorte de más de 216 millones de euros en la dotación, perdiendo un 28 % con respecto a 2014. Y esto en un contexto en el que lo grave no es la escasez de viviendas,
sino la falta de capacidad adquisitiva para acceder a alquileres baratos o ayudas que eviten el lanzamiento de las viviendas.

Por otro lado, continúa la opacidad y la inoperatividad en lo que respecta a la SAREB. Esta figura, creada para
gestionar con ánimo mercantil una importante parte de los tres millones de viviendas vacías que existen en España, ha demostrado que únicamente está dispuesta a rendir cuentas ante la Troika, dejando a los contribuyentes sin información sobre la
gestión de los mecanismos usados para realizar una reestructuración bancaria que paga toda la ciudadanía.

Después de un año en el que los fondos destinados a las acciones en favor del colectivo inmigrante experimentaran un leve aumento con
respecto a la dotación del año anterior, los Presupuestos Generales para 2016 vuelven a reducir la cantidad destinada al colectivo inmigrante. En esta ocasión el recorte es de un 41 % con respecto a 2014.

Asimismo, la cantidad destinada a
las entidades locales para las actuaciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales ha vuelto a quedarse en la ridícula cantidad de 50.000 euros. Desde 2012, esta dotación ha visto disminuir su asignación en casi un 100 %. En un
contexto en el que son las entidades locales las que asumen prácticamente por completo la tarea de prestar asistencia social a las personas migradas que la requieren, este recorte no hace más que confirmar el desprecio que este Gobierno muestra
hacia los más desfavorecidos.

En materia de investigación, estos presupuestos vuelven a presentarse como los de la recuperación, aunque el gasto total se mantiene prácticamente congelado. Siendo cierto que el gasto no financiero experimenta
el mayor crecimiento de toda la legislatura, no lo es menos que el presupuesto real en 2016 va a estar un 25 % por debajo del que este Gobierno se encontró al comenzar su andadura.

El balance de esta legislatura en materia de Investigación es
nefasto. Hay menos recursos, una reducción masiva de las plantillas de jóvenes investigadores y técnicos que desaparecen del sistema al término de sus contratos, laboratorios desiertos, plantillas envejecidas mientras los jóvenes emigran, tasas de
reposición ridículas, convocatorias aplazadas cuando no anuladas, universidades y OPIs en estado de hibernación y el CDTI desmantelado.

Con la actual distribución de competencias podemos afirmar con rotundidad que una visión centralista del
Estado equivale a una visión antisocial de la realidad. El grueso de la financiación del Estado de Bienestar en nuestro país corresponde a las comunidades autónomas responsables de partidas tan centrales y esenciales como la Sanidad y la Educación.
A su vez, los entes locales son los responsables de buena parte de la política social, por definición aquella de mayor cercanía. El mayor esfuerzo exigido a entes locales y a las comunidades autónomas, pone en riesgo la calidad de nuestros sistemas
educativo y sanitario así como otras políticas sociales básicas.

Por si fuera poco la definición de los objetivos de estabilidad presupuestaria definidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de julio y aprobados en ambas
cámaras legislativas del Parlamento por la mayoría absoluta del PP reducen si cabe todavía más el margen de maniobra para que las Comunidades Autónomas implementen con eficacia las políticas y políticas sociales de las que son directamente
responsables. Más allá del optimismo desmedido de un cálculo de déficit entre todas las administraciones del 2,8 %, algo difícil de creer, se revela totalmente injusta la distribución de dicho déficit, que no permite el más mínimo desequilibrio a
los entes locales que son responsables de numerosos programas sociales, tan solo del 0,3 % a las Comunidades Autónomas y, eso sí, un 2,2 % a la Administración Central, insólito considerando las responsabilidades y niveles de gasto de cada cual.

Si bien es cierto que el actual presupuesto supone un incremento en concepto de transferencias a comunidades autónomas por participación en los ingresos del Estado, dicho aumento no recupera la caída sufrida en ejercicios anteriores. Además, son
unos presupuestos que siguen sin cumplir con Cataluña, Andalucía, Valencia o Aragón. El poco rigor que ha caracterizado la tramitación de este proyecto de presupuestos ha generado fuertes críticas en el ámbito autonómico, pues se ha ninguneado con
claridad meridiana el necesario ámbito de debate con las administraciones autonómicas a la hora de definir sus prioridades.

Por tanto, los Presupuestos Generales del Estado 2016 no van destinados a reactivar la economía, ni a crear empleo, ni
a garantizar los servicios públicos esenciales. Al contrario, están centrados en la reducción o contención del gasto público, en el estancamiento de la demanda interna y en primar el pago de la deuda a costa de reducir las partidas destinadas a
gasto social. Son unos presupuestos que no servirán para salir de la crisis y que seguirán profundizando un modelo económico cada vez más desigual y empobrecedor.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de
veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Palacio del Senado, 25 de septiembre de 2015.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 11

Del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.

MOTIVACIÓN DE LAS SENADORAS Y SENADORES DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA Y DEL SENADOR MANEL PLANA

En cualquier país los Presupuestos Generales del Estado constituyen un instrumento
principal de la acción de gobernar, pues incorporan las prioridades económicas y financieras que han de dar contenido al programa político, social y económico de quién gobierne. La presente legislatura acabará en 2015 con las elecciones generales
de otoño, por lo que no corresponde al Gobierno saliente aprobar los presupuestos para 2016, sino al Gobierno entrante. Si a pesar de ello, la actual mayoría del partido Popular los aprobase para perpetuar un año más su presencia, a través de la
imposición de sus presupuestos, el Gobierno entrante sin duda deberá modificarlos. Desde esta perspectiva, para Convergència Democràtica de Catalunya tramitar el presente proyecto de ley de presupuestos para 2016 aparece como una comedia orientada
a confundir a los ciudadanos y ciudadanas.

Y más allá del hecho formal de pretender imponer unos presupuestos al próximo Gobierno, el análisis de su contenido genera un contundente rechazo de Convergència Democrática de Catalunya por 4
grandes razones:

1. Tienen un enfoque profundamente antisocial.

2. Son miopes respecto al impulso y cambio de modelo productivo que necesita la economía para salir de la crisis.

3. Siguen obsesionados en la
centralización como primera y casi única prioridad del gobierno popular en esta legislatura.

4. Un año más, son presupuestos que dan la espalda a Catalunya y a los intereses sociales y económicos de sus ciudadanos.

Son
antisociales, porque para reducir el déficit público que corresponde a la administración central, el principal ahorro lo obtienen de la reducción de las prestaciones por desempleo, donde consiguen un ahorro de 5.480 M €, cuando el paro sigue
superando el 22 %. Son antisociales desde la perspectiva de la aplicación de la ley de la dependencia sin otorgarle los recursos que debe aportar el Estado; son antisociales por aplicar de nuevo un aumento de sólo el 0,25 % a las pensiones, el
menor de los aumentos posibles, y son igualmente antisociales desde la perspectiva educativa, la reforma Wert-Rajoy, hoy es rechazada por una mayoría de las comunidades autónomas que la han de aplicar y también por los sectores educativos, nace con
toda su carga ideológica y sin presupuesto para ponerla en marcha.

Son presupuestos miopes en cuanto a la economía. Crecemos por la bajada del precio del petróleo, por la depreciación del euro respecto el dólar, por la política de liquidez
infinita que practica el Banco Central Europeo, y por la intensa y generalizada reducción de salarios que estamos viviendo, pero no crecemos por las mejoras de competitividad que haya podido impulsar el Gobierno. En esta Legislatura (2011-2016) el
gasto en I+D+i, ha disminuido en un 33 % y ha habido años en los que su ejecución ha sido inferior al 50 %; la inversión «productiva» ha sido casi inexistente, la casi única prioridad inversora del Gobierno ha sido la construcción megalómana de un
AVE económicamente insostenible, aparcando la prioridad por el corredor del Mediterráneo o por las cercanías, que es el modo de transporte de la mayoría de personas que viven en las grandes ciudades. Para corolario de la miopía económica de estos
presupuestos, las partidas destinadas a sectores productivos altamente necesitados de apoyo, como la agricultura, bajan en un 13 %, las destinadas a industria bajan en un 9,5 % y los destinados a las llamadas «otras actividades de carácter
económico» bajan en un 28 %.

Obsesión por la centralización. Una de las razones que aparecen como más poderosas respecto al interés del Gobierno por dejar atados los presupuestos 2016, aunque la Legislatura finalice en 2015, es la de
afianzar su prioridad de legislatura para la centralización del Estado. Los gastos destinados a burocracia ministerial, o sea los llamados «servicios de carácter general», aumentan en casi 6.000 M € (aumento del 20 %), un aumento incluso
superior a la enorme reducción del gasto en prestaciones de paro. Es evidente que la auténtica prioridad de este Gobierno no ha sido ni es la lucha contra el paro, ni la salida de la crisis o la lucha contra las desigualdades, la prioridad casi
única de este Gobierno es centralizar y centralizar. En el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2016 lo que más crece son las partidas destinadas a alimentar la burocracia estatal. Para CDC este Estado intervencionista y
centralizado que reflejan estos presupuestos es incompatible con lo que necesitamos para reducir las desigualdades y salir de la crisis.

Son presupuestos que no cuentan con Catalunya. Tanto los catalanes abiertamente partidarios de la
independencia, como los que no, saben que lo más opuesto a los intereses de Catalunya es un estado arraigadamente centralizado con competencias de todo tipo gestionadas desde Madrid, pero los presupuestos 2016, son prioritariamente centralistas.
Independentistas y no independentistas saben que invertir en Catalunya sólo el 10,7 % de la capacidad inversora del Estado, cuando Catalunya tiene el 16 % de la población, aporta cerca del 19 % del PIB estatal y paga más del 19 % de lo que el Estado
recauda en impuestos en Catalunya es injusto y vergonzoso. Esta mínima inversión del Estado en Catalunya significa nuevos retrasos en la finalización del túnel de Vallirana, o en el desdoblamiento de la N-II en las comarcas de Girona, o en la
continuidad de la A-14 a su paso por Lleida, o en el avance del corredor del Mediterráneo o en las obras de Cercanías. Independentistas y no independentistas saben que pese la opacidad y confusionismo que el ministro Montoro pretende aplicar a las
balanzas fiscales del Estado con Catalunya, las cuentas no cuadran; y que bajo el paternalismo que suele expresar el Gobierno respecto a Catalunya y el proceso catalán, el Estado trata a los ciudadanos de Catalunya como contribuyentes de primera y
ciudadanos de segunda. Catalunya no necesita préstamos del Estado, simplemente necesita poder gestionar los recursos procedentes de sus impuestos, Catalunya necesita una inversión del Estado acorde con su población, acorde a los impuestos que paga,
acorde al PIB que aporta, pero esto, los presupuestos 2016, al igual que los presupuestos 2012 a 2015, no lo contemplan. El coste de la vida en Catalunya es superior a la media del Estado y ello perjudica a todos aquellos ciudadanos catalanes que
perciben subsidios de paro o a aquellos que perciben prestaciones por dependencia o a los jóvenes que deberían tener derecho a beca y no lo tienen, porque bajo la imagen de teórica igualdad, hay discriminación territorial. Tampoco el proyecto de
ley de presupuestos para 2016 contempla estas necesidades con lo que acrecientan las desigualdades en Catalunya.

MOTIVACIÓN DE LOS SENADORES Y SENADORAS DE UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA

Los Presupuestos Generales del Estado presentados
por el Gobierno para el año 2016 resultan insuficientes para consolidar la leve recuperación que está experimentando la economía y para hacer frente a los problemas presentes en nuestra sociedad. Las cuentas del Gobierno continúan sin dar
soluciones a los temas capitales que afectan a los ciudadanos y no sirven para sentar los cimientos que aseguren para el futuro una mayor estabilidad económica y una salida real de la crisis económica que, a pesar de ciertas mejoras, seguimos
padeciendo. Estos Presupuestos resultan del todo insuficientes principalmente en cuatro puntos: en primer lugar no establecen las bases que sirvan para reactivar el empleo y la economía, en segundo lugar contribuyen, un año más, al deterioro del
Estado del bienestar sin conceder un respiro a los ciudadanos, que han sufrido a lo largo de los últimos cinco años continuos recortes en las prestaciones sociales al tiempo que se les sometía a una desproporcionada presión fiscal, no favorecen
además la racionalización de la administración pública y, por último, no solo no mejoran la situación financiera de Catalunya sino que son de nuevo extremadamente discriminatorios con ésta y mantienen el constante y enquistado trato desleal. Las
cuentas del Gobierno no son congruentes con la realidad de la economía y del mercado laboral. Con crecimientos mínimos o nulos en las dotaciones de los Ministerios con una mayor incidencia en el impulso de la creación de empleo y de la reactivación
económica, difícilmente los Presupuestos pueden ser un instrumento catalizador. Un incremento solo de un 1,2 % el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un inexplicable 0,0 % el de Industria, Energía y Turismo o un 1,5 % el de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, no representan un esfuerzo suficiente para apoyar decididamente a la recuperación económica. En los Presupuestos no encontramos, además, medidas de apoyo a los actores llamados a liderar la recuperación económica y
laboral, como son las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos o el Tercer sector. Precisamente estos son los que más duramente han sufrido y sufren los efectos de una crisis económica que aún no ha terminado, por mucho que el
actual Gobierno se empeñe en darla por finiquitada. Cabe preguntarse si realmente el Gobierno cree estar ayudándoles con la constante presión fiscal a la que les somete y si esta es la fórmula adecuada para consolidar la recuperación económica.
Creemos que no. Los datos presupuestarios ponen de manifiesto, además, la incapacidad del Ejecutivo para llevar a cabo un auténtico plan de choque para la creación de empleo, como venimos reclamando a largo de toda la legislatura. Con perspectivas
de continuar a finales del próximo año en tasas alrededor del 20 % de paro, los PGE no incorporan medidas contundentes para luchar contra ello. Los Presupuestos del Estado presentados por el Gobierno carecen además de alma social, puesto que el
ligero aumento de las dotaciones en este ámbito apenas tendrá impacto en la vida de los ciudadanos, tras cinco años de reducciones y recortes continuados e implacables. Cualquier compensación es más que necesaria, pero igualmente insuficiente.
Como insuficiente es el aumento puramente instrumental de las pensiones del 0,25 %, un aumento que supone, de facto, una nueva congelación de las pensiones. Llama especialmente la atención que, pese a haber entrado en vigor el pasado 1 de julio la
aplicación de la Ley de Dependencia a todos los grados de dependencia, únicamente se incremente la dotación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en un 6,4 %, un aumento a todas luces insuficiente. O que habiendo sido aprobada el
año 2011 la mejora de las pensiones de viudedad, mediante el incremento de la base reguladora al 60 %, esta se aplace un año más, evidenciando así la falta de sensibilidad social del Gobierno y su absoluta indiferencia ante las verdaderas víctimas
de la crisis. Por otro lado las cuentas del Estado para 2016 continúan dándoles la espalda a las familias. De nuevo, y como viene ocurriendo desde 2012, el Gobierno aplaza un año más la ampliación de dos semanas de los permisos de paternidad,
mostrando su incapacidad para adoptar medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias con hijos que se adapten a la realidad de nuestra sociedad actual y que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral. Asimismo, las
dotaciones destinadas a becas educativas solo se incrementan en un 0,2 %, pese a las promesas del Ministro de Educación de revisar las partidas. Las ayudas a los estudiantes y a las familias podrían haber aumentado de un modo más notable si no
fuera necesaria una partida presupuestaria de más de 360 millones de euros para financiar el desarrollo y la implantación de la LOMCE. Especialmente dramático resulta que el Gobierno no sea consciente del gravísimo problema que representa el
continuo crecimiento de las tasa de pobreza, y muy especialmente de la pobreza infantil, como se interpreta de las insuficientes dotaciones que dedica en sus Presupuestos para afrontarla. Desde la perspectiva de Catalunya, tampoco son estos unos
buenos Presupuestos. A pesar de que se incrementan muy levemente las transferencias a Catalunya, debe recordarse que en los últimos ejercicios se ha practicado por parte del Gobierno una reducción drástica de las mismas, por lo cual este
crecimiento es simbólico y del todo insuficiente. Sobre todo si tenemos en cuenta que el reparto de los objetivos de consolidación fiscal continúan siendo desleales con Catalunya, obligándola a mayores esfuerzos en los ajustes para alcanzar los
objetivos fijados que aquellos que se reserva el Estado. Así se entiende cuando se observa, en el periodo comprendido entre el 2011 y el 2014, que las Comunidades Autónomas han realizado un ajuste del 1,68 % mientras que el realizado por el Estado
ha sido de un 1,60 %. A todo ello se une, además, la manifiesta resolución del Gobierno de incumplir con el mandato de legal de aprobar un nuevo sistema de financiación. Se ha preferido financiar a las CCAA de forma extraordinaria, vía préstamos,
que hacerlo de forma ordinaria, a través de un nuevo sistema de financiación.

El mapa inversor del Estado no puede valorarse sino negativamente desde la perspectiva de Catalunya. Así lo valora Unió Democrática de Catalunya y así lo han
valorado también los principales agentes sociales y económicos catalanes. No impulsar la inversión pública en Catalunya, que aporta el 18,8 % del PIB estatal y solo recibe un ínfimo 9,5 % del ya escaso volumen de inversión presupuestada y
regionalizada, es no hacer una verdadera apuesta para el crecimiento. Además, conviene no olvidar que la inversión del Estado en Catalunya en el año 2015 es el más bajo de los últimos 17 años, por lo tanto, como en el caso de las transferencias, el
ligero aumento de las dotaciones en inversiones, no es un dato real, sino una ejercicio electoralista de maquillaje de las cuentas del Estado. Lamentablemente encontramos además en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado un retraso
inexplicable, debido a la baja inversión pública, en las obras de dos proyectos prioritarios y fundamentales para la economía de Catalunya, como son el corredor del Mediterráneo y las obras de implantación del ancho UIC en el Puerto de Barcelona con
la consecuente conexión a la red ferroviaria de ancho internacional y al futuro corredor del Mediterráneo. De igual modo, se produce una reducción en las previsiones de dotaciones para el desdoblamiento de la A-2 o para la Variante de Vallirana en
la N-340 con el consiguiente retraso en la ejecución de las obras y el descenso de las previsiones de dotaciones para la B-40, una obra de capital importancia para la ciudad de Barcelona, supondrá un retraso de un año en la finalización de las
obras. En relación al presupuesto asignado por el Estado a los equipamientos culturales catalanes en el ejercicio 2016, el Gobierno insiste en el proyecto cultural centralista, que ha sido su modus operandi desde 2012, y manteniéndose en la
disminución de los recursos. Todo ello evidencia un notable abandono y desprecio de la cultura catalana en los Presupuestos del estado que están condenando año tras año a los equipamientos culturales catalanes a una situación de vulnerabilidad cada
vez más acusada. En resumen, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 no es un instrumento adecuado para contribuir a la reactivación económica y a la creación de empleo, no contienen un alma social y continúan siendo
injustos con Catalunya.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió presenta un veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

El Senador Ramón María
Espinar Merino, PODEMOS (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Palacio del Senado, 25 de
septiembre de 2015.—Ramón María Espinar Merino.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 12

De don Ramón María Espinar Merino (GPMX)

El Senador Ramón María Espinar Merino, PODEMOS (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 presentado por el Gobierno presenta al menos tres elementos profundamente desatinados
que obligan a Podemos a presentar esta propuesta de veto:

— En primer lugar son, como todos los presupuestos aprobados desde 2010, unos presupuestos que no responden a las necesidades del país, sumido en una crisis de productividad
desde la quiebra de la burbuja inmobiliaria en 2008 cuando el sector inmobiliario dejó de ser el motor productivo de la economía y, desde entonces, no ha sido sustituido.

— En segundo lugar, son unos presupuestos que asumen la creación
de empleo y la salida de la crisis como horizonte cuando, en la práctica, consolidan la entrada de lleno en una segunda fase de la crisis basada en la desigualdad, la precariedad laboral y la destrucción del empleo, especialmente del empleo estable
y bien remunerado, convirtiendo estos elementos en estructurales.

— Por último, se trata de unos presupuestos basados en cifras económicas y predicciones torturadas por el Gobierno para presentar un escenario económico que no se parece
al país real a pocos meses de las elecciones generales. Si el objetivo de los presupuestos de los últimos seis ejercicios, 2016 incluido, eran la reducción de la deuda y el impulso al empleo y, para alcanzarlos no se ha reparado en los costes de
oportunidad sociales y de inversión de las medidas aprobadas, el volumen total de salario y horas trabajadas al año siguen cayendo y la deuda disparándose.

Donde España necesita políticas de corrección de las tendencias del ciclo económico
basadas en la expansión del gasto público orientada a la creación de empleo y la generación de valor añadido y el mercado interno, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 es tozudo e insiste en las políticas de austeridad
que, lejos de funcionar, han agravado los costes sociales de la crisis. El análisis dogmático y triunfalista de la situación del país impulsado por el Ministerio de Economía conduce a decisiones equivocadas en política económica y a la elaboración,
ejercicio tras ejercicio, de presupuestos que imposibilitan el impulso y la modernización que la economía española requiere para afrontar la salida de la crisis en condiciones de competir en el contexto internacional generando valor, manteniendo el
poder adquisitivo de las familias y defendiendo los derechos de la ciudadanía.

Algunos de estos elementos de análisis profundamente erróneo del Gobierno se vienen repitiendo como mantras y, lo que es más preocupante, aparecen recogidos en el
libro amarillo de los Presupuestos para 2016 como asunciones. Se hace necesario desarmarlos por dos razones: porque un análisis erróneo solo puede llevar a políticas equivocadas y porque cabe la posibilidad de que el Gobierno esté arrojando datos
más orientados a las elecciones generales de diciembre que a la elaboración de un presupuesto que responda al interés general.

La primera asunción errónea es la que habla del crecimiento económico. Desde el primer trimestre de 2013, el
Gobierno presenta tasas interanuales de crecimiento del PIB y prevé, para 2016, tasas de crecimiento por encima del 3 %.

En primer lugar, la ciudadanía debe conocer, cuando se presentan los datos de variación del PIB, que el Gobierno basa sus
predicciones en los estudios del Instituto Nacional de Estadística. Dichos estudios han modificado, desde la aplicación de la normativa SEC 2010 impulsada por la Comisión Europea, la fórmula para elaborar el PIB. La inclusión, desde 2013, de la
economía sumergida en las estimaciones ha hecho crecer el cálculo del indicador en torno al 4,5 %. De este modo, el crecimiento por encima del 3 % no es tal, puesto que las magnitudes comparadas no son las mismas. El cálculo del PIB hasta 2013 no
incluía la economía sumergida. Los cálculos desde entonces sí lo hacen. La intención de la Comisión Europea de instalar un estado de ánimo favorable entre los inversores es discutible, la asunción por parte del Gobierno de una mejora económica
basada en el cálculo de magnitudes diferentes para presentar un resultado favorable de su gestión es una trampa contable que, salvo en el caso de que el Gobierno tenga intereses diferentes de los de la ciudadanía, termina por resultar una trampa al
solitario.

En segundo lugar, y asumiendo un cierto crecimiento de las cifras macro aun difícil de cuantificar por el cambio de método anteriormente explicado, los factores que explican dicho crecimiento son exógenos: no hay una sola variable
en ningún análisis que asuma el crecimiento como el producto de un estímulo en el mercado interno, de una mejora en la balanza comercial o de un impulso al modelo productivo y la generación de valor añadido. Es, sencillamente, la mejora de la
situación económica de los países del entorno de España y el impulso del turismo ante una situación de inestabilidad en zonas que compiten con nuestro país en este sector, lo que explica la mejora.

En tercer lugar, la variable fundamental no
es si la coyuntura internacional genera variaciones al alza del PIB, sino cómo se metaboliza en términos de impacto en la economía real. La clave de la salida de la crisis no son las décimas porcentuales que varía el PIB interanual, sino cómo crece
la economía del país para salir de la crisis. En este terreno, el saldo de un quinquenio de políticas de austeridad es demoledor.

La tendencia iniciada en los años 90 a la inversión de la relación entre el peso de las rentas del trabajo y el
capital en el PIB se ha visto reforzada y consolidada especialmente en los últimos años. La pérdida de centralidad del empleo tiene una consecuencia derivada inmediata: como en todos los órdenes democráticos surgidos tras la II Guerra Mundial, a
los que España se incorporó en 1978, el salario es el mecanismo informal a través del cual se hacen efectivos los derechos formales reconocidos en la Constitución. La apuesta por una economía basada en la financiarización y la inversión de
capitales en el país abandonando el desarrollo productivo y el empleo genera empobrecimiento y desigualdad pero, lo que es más relevante, genera un deterioro de los derechos democráticos. El peso de los salarios se ha reducido tanto en términos
absolutos como en porcentaje del PIB. Mientas las rentas del capital han conseguido aumentar, desde 2010, tanto en términos absolutos como en términos de porcentaje sobre el PIB. Desde 2010, cuando empezaron los recortes y las políticas de
austeridad del Gobierno del PSOE que han tenido continuidad en las del Gobierno actual, se ha cargado el peso de la crisis sobre los asalariados, como demuestra la siguiente gráfica.



El Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2016 profundiza una senda iniciada, por tanto, en 2010 y que ha profundizado el deterioro de las condiciones de vida de la población que necesita su salario para vivir. Si a esto le añadimos el dato de que 3
de cada 4 euros que recauda el Estado provienen de impuestos y tasas que recaen en los asalariados y la necesidad, por ausencia de modelo productivo que genere riqueza de forma endógena, de la atracción de capitales a través de mejoras fiscales,
rebajas salariales e inversiones en infraestructuras, se está produciendo una redistribución de las rentas del trabajo hacia las del capital que, lejos de corregir desigualdades, las profundiza. El impacto en el salario real, vinculado al poder
adquisitivo y no a las cifras en bruto, es demoledor.



El último elemento en que el Gobierno basa sus previsiones y sus anuncios en esta propuesta presupuestaria tiene que ver con la creación de empleo. La
reducción de la tasa de desempleo no se está produciendo a partir de una creación de empleo, sino de puestos de trabajo. No es la misma cosa. Crear empleo implicaría un impacto en la economía real diferente al que se está produciendo.

Lo
que sucede en España, tras las reformas laborales de 2010 y 2012, no es un fenómeno de creación de empleo neto, sino de reparto del que no se ha destruído en la crisis con una medra notable en las condiciones salariales y de vida de los
trabajadores. Ni el volumen total de horas trabajadas ni el volumen total de salarios ha crecido. Muy al contrario, se ven reducidos mes a mes. Por tanto, la creación de empleo no es tal y difícilmente va a producir una mejora en los ingresos de
las arcas públicas. En España se trocea el empleo que ha quedado tras la crisis y se reparte, a menudo, empleo basura con salarios de miseria donde antes había puestos fijos y bien remunerados. Las siguientes gráficas explican la caída en los
volúmenes de ingresos, especialmente los salariales, y en el total de horas trabajadas en el país cada año.





Estos datos reflejan la profundización de un círculo vicioso
seguido por la economía e impulsado por la tozuda inacción de los presupuestos del último quinquenio: la ausencia de impulso al empleo y la creación de valor a través del desarrollo productivo, el deterioro de las condiciones laborales y el
empobrecimiento de la mayoría social ha generado un parón de la economía y una reducción notable de la demanda interna. El panorama se completa conociendo los datos de desempleo y desigualdad que son la consecuencia derivada del modelo.



La estructura tributaria que carga sobre los asalariados y las familias el peso de la crisis y los ingresos del Estado no solo es una realidad presente, sino una tendencia que se incrementa en los últimos años.
Las inversiones planteadas en este proyecto y en los presupuestos anteriores no hacen sino incrementarla: apostar por la inversión extranjera despreciando el desarrollo productivo conlleva este fenómeno de redistribución inversa de las rentas de
las capas medias hacia los grandes inversores. La recaudación de IVA e IRPF aumenta, mientras que lo recaudado a través del impuesto de sociedades cae produciéndose la situación de pérdida de poder adquisitivo de la mayoría social mientras las
empresas del IBEX 35 aumentan sus beneficios en más de un 70 % desde 2007.



Tomando la población española por deciles en función de sus ingresos, la pérdida de poder adquisitivo se ceba con las capas medias
y medias-bajas de la población sin existir ninguna política de redistribución ni en contra del ciclo económico que esté paliando sus consecuencias inmediatas ni futuras. Así, los hogares más pobres han visto reducidos sus ingresos en casi un 20 %,
más del 40 % de los españoles no llegan a 1000 euros al mes de ingresos y el 30 % de los hogares vive con ingresos menores a 10.000 euros al año. Prácticamente, el salario mensual de un Ministro.



Es
imposible, con este escenario, que un análisis triunfalista de la economía española no conduzca a unos presupuestos errados que hipotecan el futuro del país y sus ciudadanos porque desconocen la situación económica sobre la que intervienen.

La estructura de ingresos que plantea el Gobierno para el ejercicio presupuestario 2016 es, derivada de un mal análisis, profundamente ineficaz e injusta: el esfuerzo recae sobre las familias y los asalariados y no se consiguen los objetivos de
suficiencia presupuestaria para buena parte de las administraciones públicas.

Tal y como señalan los estudios de la OCDE y el FMI, España fue el país donde más creció la desigualdad durante la crisis. Las políticas de austeridad explican la
fractura de la cohesión social: los recortes en el sector público y las subidas regresivas de impuestos sólo han conseguido el desplome de la capacidad adquisitiva y minar la confianza de empresas y familias con el consiguiente impacto sobre la
demanda interna. El retroceso de la educación pública, las trabas en el acceso a la salud, la merma del derecho a la vivienda y la exacerbación de la competitividad sobre cualquier otro valor son el caldo de cultivo de la pobreza y la
desigualdad.

Para garantizar la sostenibilidad del Estado de Bienestar se han planteado incontables alternativas contra-cíclicas que promueven una mayor redistribución para el estímulo de la demanda interna y el impulso del Crecimiento
Económico. Todas fueron sistemáticamente desoídas por un Gobierno que ha actuado al dictado de una Troika sometida al vasallaje de los poderes financieros, y que se permite suavizar las restricciones con ocasión del año electoral. Sin embargo, lo
que se nos presente como las condiciones para una rebaja de impuesto.

El sistema tributario lo soportan las rentas salariales y está diseñado para beneficiar a las élites económicas. La reforma que el Gobierno presenta como «equitativa» no
hace sino abundar en la injusticia de este diseño. La propia Presentación del Proyecto de PGE 2016 (Libro Amarillo) se jacta de ello en su página 22, al señalar lo siguiente:

«Los objetivos de esta reforma [se refiere a la Ley 26/2014
y 28/2014, de 27 de noviembre] eran claros: impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y mejorar la competitividad empresarial, a través de la configuración de un sistema tributario más equitativo que conlleva una rebaja
impositiva.

Sólo en un contexto de crecimiento económico, perspectivas favorables sobre la evolución futura de la economía española y recuperación de las bases imponibles, la reforma tributaria tiene un impacto significativo sobre la economía
real, estimulando el crecimiento y la creación de empleo, y permitiendo por tanto un incremento neto de la recaudación.»

En principio, no existe relación directa entre el proyecto de Ley de PGE y las «rebajas fiscales» al IRPF de la
Ley 26/2015, de 27 de noviembre. Sin embargo el eco de esta ley está muy presente en la memoria justificativa, y en la propia previsión de ingresos. ¿Cómo una reducción de impuesto de esa pretendida magnitud explica un incremento del 4,8 % de los
ingresos consolidados por impuestos directos y cotizaciones sociales? (cuadro 1): la respuesta esperada se basa en la fé en el dogma de la reactivación de la economía a través de la bajada de impuestos como única medida. Sin un paquete acompasado
de medidas de estímulo, se trata de una previsión nada realista.

Presupuesto de ingresos consolidado (Estado, OOAA, SS y otros organismos). Variación 2016/2015.



La pedagogía pasa por combatir esta
aporía que ha penetrado con éxito en muchos sectores de la sociedad, y explicar que si el presupuesto de ingresos crece es porque la mayoría de quienes pagamos impuestos, pagaremos más en el balance de toda la legislatura; y que las cacareadas
rebajas fiscales benefician a las grandes fortunas (que ya cuentan con un traje fiscal a la medida). La realidad es que la previsión de IRPF no crece, no por las rebajas fiscales, sino por la caída de los salarios y porque el empleo creado de una
calidad tan precaria que no genera ingresos tributarios.

Este Gobierno ha hecho gala de un desprecio absoluto a los principios constitucionales de capacidad económica y progresividad: a la vez que precarizaba el trabajo y exprimía las rentas
salariales, concedía un cheque en blanco a las grandes fortunas, al abstenerse de gravar la acumulación de riqueza. El resultado no puede ser otro que el crecimiento de la desigualdad que ponen de manifiesto los indicadores anteriormente
expuestos.

Podemos no pretende más impuestos para la mayoría, sino un mejor reparto de la carga fiscal, con un modelo equitativo que incluya a la minoría parapetada tras las pantallas tributarias, un modelo que cumpla con lo evidente: que
todos rememos en la dirección de la salida de la crisis en función de las capacidades de cada agente social.

La Constitución de 1978 contempla el rol redistribuidor del sistema fiscal:

«Artículo 31

1. Todos contribuirán
al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Artículo 40

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de
estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.»

Lo que sucede, como se ha explicado, es exactamente lo contrario: la carga fiscal pesa sobre los hombros de las familias y los asalariados.

De acuerdo con el Cuadro 1, los ingresos tributarios (Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de Ingresos) comportan el 88,1 % del Presupuesto de ingresos: 70,2 % por impuestos directos y cotizaciones sociales, 14,5 % por impuestos indirectos y 3,4 %
por tasas y otras figuras tributarias. Respecto del Presupuesto 2015, suponen variaciones de +4,8 % (directos), -1,5 % (indirectos) y +44,1 % (tasas).

Desde la teoría de la imposición, los impuestos directos cumplen criterios de capacidad
económica y progresividad, los impuestos indirectos son indiscriminados y no se pueden adaptar a las condiciones económicas del contribuyente, por lo que son regresivos. Que crezcan aquéllos y se minoren éstos sería, en principio, una buena
noticia, si no fuera porque se han hecho malabares para poder presentar estas cifras, como se ha explicado. Las cifras presentadas arrojan algunos interrogantes:

— Crecen los impuestos directos a pesar de la rebaja fiscal de la
Ley 26/2014.

— Bajan los impuestos indirectos a pesar de las señales de recuperación, y del incentivo al consumo que supone la rebaja fiscal.

— La verdadera faz de las intenciones del Gobierno la presenta el capítulo 3:
el brutal incremento de tasas (tributos que paga el contribuyente por la prestación de servicios públicos o por el uso de espacio público de recepción obligatoria para el contribuyente), cuyo gravamen es igual para todos los contribuyentes, sin
tener en cuenta las circunstancias económicas o personales). Frentea la configuración de un sistema fiscal más equitativo como espíritu que impulsó la reforma fiscal, encontramos el resultado inverso.

— También asoma en el artículo 62
del Proyecto de Ley de PGE, que vuelve a suprimir el gravamen del Impuesto al Patrimonio. En un contexto de concentración de la riqueza se pierde la ocasión de acudir a una fuente de redistribución como es el gravamen patrimonial, de naturaleza
directa y progresiva. En vez de acometer una reforma profunda del impuesto para que paguen las grandes fortunas y se corrija los problemas de inequidad que presenta, se opta por renunciar a la recaudación del mismo.

En un contexto de crisis
económica, parece evidente la necesidad de asegurar los ingresos tributarios llamados a soportar los programas de gasto social (salud, educación, vivienda…) mediante una Administración Tributaria fuerte y bien dotada de recursos materiales y
humanos. El único recurso que el gobierno del PP ha dado a la AEAT en esta legislatura ha el recurso retórico. En efecto, el Gobierno se ha pasado la legislatura hablando de su empeño en reforzar la lucha contra el fraude. Buena prueba de ello es
el jactancioso relato del Proyecto de Ley de PGE 2016 (Libro Amarillo):

«(…) Estas medidas de ingresos se completaron con la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude en el ámbito fiscal y laboral
(página 13)

(…) se impulsa la competitividad de las empresas y el crecimiento económico, y se refuerza la lucha contra el fraude. (página 23)»

Pero ese refuerzo nunca ha llegado como acreditan los datos presupuestarios, que nos
hablan de una caída acumulada de más del 21 % desde el presupuesto de la AEAT de 2008. El presupuesto de la AEAT para 2016 vuelve a ser insuficiente para cumplir con los compromisos de lucha contra la economía sumergida y las tramas de fraude, por
lo que seguiremos liderando las estadísticas de evasión de los socios comunitarios.

Con más de 70.000 millones defraudados al año, según los técnicos e inspectores de Hacienda, la dotación que garantice la suficiencia presupuestaria de la
AEAT no es un gasto, sino una inversión con posibles tasas de retorno muy elevadas para la administración pública. Además, la propia estructura de una agencia que condensa el 80 % de su esfuerzo presupuestario es un error: los propios funcionarios
de la agencia sitúan el gran fraude en más del 70 % de lo defraudado al año en España. La reestructuración no cuesta ni un euro: es una cuestión de voluntad política y de anteponer el igual cumplimiento de la ley para todos. El volumen defraudado
supone una merma para el desarrollo del país y un coste de oportunidad elevadísimo: los programas sociales y de inversión que podrían implementarse con parte de esa cantidad justifican un esfuerzo inversor.

Donde el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2016 termina de retratar la incapacidad del Gobierno y sus políticas para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía es en las partidas de gasto. La única que experimenta crecimiento constante y
perfectamente identificable es el pago de la Deuda Pública, que pesa un 11,82 % en el total de gasto público y ha aumentado un 101 % en los últimos seis años. Todos los recortes y los esfuerzos de los ciudadanos han ido encaminados, a lo largo de
la crisis, a reducir la Deuda Pública y, presupuesto tras presupuesto, el Gobierno no es capaz de reducirla ni contener su crecimiento. No estamos solo, entonces, ante una gestión injusta que antepone el beneficio de los acreedores a los derechos
sociales, sino ante la ineficacia y la miopía de un modelo económico que no ha comprendido que la deuda se paga cuando se obtienen ingresos y se estimula la economía real, no cuando se ahoga. Insuflar liquidez, desarrollar un modelo productivo que
cree valor y desafiar la pobreza no son solo parte de un programa para una sociedad más equilibrada y justa, sino la única receta que puede permitir a España solventar sus problemas estructurales: el problema con la deuda no es la cantidad
adeudada, sino la capacidad para generar recursos que hagan viable su pago.

La segunda partida que crece es la que tiene que ver con las pensiones. Crece hasta un 3,01 % y el dato ha sido promocionado por el Gobierno hasta la extenuación.
Sucede que es un crecimiento insuficiente y una merma de derechos para nuestros mayores: en el periodo en que las pensiones han recibido ese aumento del 3,01 %, los pensionistas se han incrementado en un 8 % en nuestro país. Y padecen, desde la
congelación de 2010, una pérdida galopante de poder adquisitivo. Más preocupante todavía es el dato que afecta a su viabilidad futura: si en 1980 había siete cotizantes por pensionista, hoy hay tres. La proporción de 7/1 a 3/1 hace pensar en la
necesidad urgente de revisar el sistema y en el problema estructural de la destrucción de empleo neto (tal y como ha quedado explicado) como una amenaza también para las pensiones. Es difícil pensar en su viabilidad a medio plazo sin un cambio
profundo en la política económica del país.



A pesar del incremento en los datos de desigualdad y pobreza, las actuaciones de protección y promoción social suponen ahora un 3,07 % menos sobre el total,
destacando un decremento del 3,48 % destinado al Desempleo sobre el total de los Presupuestos, que supone un recorte del 36 % respecto al presupuesto de 2010. Las políticas de fomento del empleo se han descapitalizado en un tercio (-32,67 %). Una
cifra terrible es la que atañe al acceso a la vivienda: se ha reducido casi dos terceras partes (-60,63 %) mientras siguen ejecutándose desahucios y la media de emancipación de nuestros jóvenes se sitúa ya por encima de los 30 años.

El ciclo
de austeridad ha supuesto el recorte de derechos y servicios sociales, dejando a los ciudadanos en su conjunto en una posición de vulnerabilidad que nos ha supuesto el dudoso honor de ser uno de los países con niveles más altos de desigualdad,
población en riesgo de pobreza, pobreza infantil, y un importante aumento de la brecha de género. A su vez la austeridad a supuesto el fracaso y abandono de un proyecto de desarrollo para nuestro país, reflejado en el recorte de políticas de
mejora, diversificación e innovación productiva. Esto nos sitúa como el segundo país con la tasa de desempleo más alta de la UE, la más alta entre la población joven y los mayores índices de precariedad laboral. Asimismo se ha visto este efecto en
el descenso del VAB industrial y la sangría en las empresas innovadoras de base tecnológica (tanto en número de empresas como en porcentaje de empleo). La única partida que, en este ciclo de austericio iniciado por el PSOE y seguido por el PP, ha
crecido es Industria debido a la transferencia presupuestaria a manos del sector eléctrico privado. La desviación de los fondos públicos a estas empresas tiene aparejado un coste de oportunidad altísimo: el de dejar de invertir en energías
renovables como polo de desarrollo, foco de equilibrio de la balanza energética, fuente de empleo en la rehabilitación de vivienda y elemento liberador de renta disponible para la ciudadanía a través del ahorro a medio plazo generado por el
autoconsumo.

Los servicios públicos básicos cuya competencia recae sobre el Estado han perdido casi una cuarta parte de los fondos (-22,59 % de 2010 a 2016). Decremento que agrava la imposición del techo de gasto a las Comunidades Autónomas,
sobre las que recae buena parte del gasto en estos programas.

Se desinvierte en Justicia, Defensa, Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias, la Política Exterior ha perdido un 58,41 % y la cooperación al desarrollo, la partida que
sirve para prevenir situaciones de riesgo y crisis migratorias, no llega al 0,4 % del gasto público y ve desviadas buena parte de sus partidas a gastos de Defensa.

Una política a la altura del reto de modernizar la economía del país y sentar
las bases para un crecimiento sostenible, justo y eficaz necesita tener el arrojo de afrontar los problemas estructurales de España y poner en valor sus ventajas competitivas. Las reformas estructurales que necesitamos hoy no pasan por
otro plan de ajuste y más austeridad, sino por impulsar un ciclo de inyección de liquidez, recuperación de derechos y estímulo de la demanda para reactivar el consumo. Implementar medidas contra-cíclicas y promoverlas en el ámbito de la Unión
Europea partiendo de la base de que el pago de la deuda y el cumplimiento de nuestras obligaciones será imposible ahogando la economía y trampeando la contabilidad: necesitamos impulsar el desarrollo productivo a través del desarrollo de un modelo
económico basado en el impulso de la I+D+i, en especial con una apuesta por las energías renovables que permita equilibrar nuestra balanza energética, y por una inversión pública potente en una economía de los cuidados que permita generar
reconocimiento a realidades laborales no remuneradas, atender la dependencia y generar tasas de retorno.

Ninguno de estos objetivos se cumplirán con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y las necesidades del país
no se ven atendidas a partir de una estructura de gastos e ingresos injusta e ineficaz y de un análisis errado de la situación de España. Por todo ello, se presenta esta propuesta de veto.

II. IMPUGNACIONES DE UNA SECCIÓN
(ARTÍCULO 149.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO)

ENMIENDA NÚM. 73

(PROPUESTA DE VETO)

De don Ramón María Espinar Merino (GPMX)

El Senador Ramón María Espinar Merino, PODEMOS (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

Hemos visto como en un plazo corto de tiempo, el Partido Popular ha usado su iniciativa legislativa para cambiar no pocas leyes en materia
de justicia. Las prisas por su entrada en vigor han dejado medidas cuestionadas y cuestionables, pero sin duda la necesidad de ciertas reformas no se ven acompañadas de una partida presupuestaria para llevarse a cabo. Esto produce un foco de
inoperatividad de un aparato que ya ve dificultades para ser ágil.

Estas dificultades tampoco reciben una aportación presupuestaria necesaria en este proyecto. La esperada modernización de medios y de expedientes, así como la coordinación de
distintas administraciones de justicia sigue encontrando dificultades para poder llevarse a cabo por la falta presupuestaria de recursos. Entre ellos los de personal, donde nos encontramos un ratio de jueces por habitante lejos de la media europea.
Falencia ahondada por una tasa de reposición de personal irrisoria y una distribución territorial poco eficaz.

Es evidente la falta de iniciativa para acometer reformas a favor de una mayor independencia del poder judicial, como la elección
del CGPJ, medidas de transparencia en órganos judiciales y en los pagos de justicia.

Si bien, la presión de diversos colectivos hizo retirar las tasas judiciales a los individuos ya que vulneraban el derecho la defensa judicial, se siguen
manteniendo para asociaciones y PYMES. Un hecho que es incomprensible, y que genera dificultades importantes a determinadas personalidades jurídicas sin recursos suficientes para su acceso a tutela judicial.

Otro aspecto preocupante es la
escasa formación y especialización recogida en estos Presupuestos Generales del Estado. Existe una brecha de financiación para actividades, reclamadas desde amplio sectores del ámbito judicial, que generen cuerpos especializados en materias tan
sensibles como Violencia de Género, fraude fiscal, los delitos cometidos por empresas y/o asociaciones con fines delictivos, nuevos delitos tecnológicos, etc. ante lo que este Ejecutivo ha sido incapaz de responder.

Por todos estos motivos
considero que el nuevo proyecto de presupuestos no garantiza de forma efectiva el derecho fundamental de tutela jurídica efectiva, y por este medio solicito su impugnación completa.

ENMIENDA NÚM. 74

(PROPUESTA DE VETO)

De don
Ramón María Espinar Merino (GPMX)

El Senador Ramón María Espinar Merino, PODEMOS (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

El presupuesto asignado a esta sección está repartido de forma poco eficiente, tanto desde el punto de vista económico, social como de sostenibilidad. Esto es así porque se sigue partiendo de una hipótesis poco refutada empíricamente: que la
inversión y gasto en infraestructura devuelve, inevitablemente, un rédito positivo.

Bajo esta premisa se han llevado a cabo los planes de transporte a lo largo de los años. El PEIT, programa de grandes objetivos —incluso
contradictorios— basado en la extensión de kilómetros, principalmente de trenes de Alta Velocidad (AVE) y grandes carreteras. Algo que el PIVI ni ha sabido, ni pretendió resolver. Mientras, la coordinación y racionalización del uso de este
tipo de infraestructura sigue siendo una asignatura pendiente, más con este presupuesto que reduce en un 2,5 % (una reducción acumulada del 91 % desde 2010) la ordenación e inspección. Esta inercia ha provocado, de forma adicional, una cantidad
considerable de emisión de deuda por parte de las distintas administraciones.

Como se ha dicho, de nuevo en este proyecto encontramos el aumento del presupuesto en extensión y construcción de infraestructura, lo que ha representado no
pequeños agujeros en forma de sobrecostes y desvío de fondos. Este aumento no se corresponde con los ratio de Viajeros por Kilómetro que presenta el informe anual del Ministerio de Fomento, ya que estamos lejos de los ratios más altos dentro de la
U.E., con una proporción total —vehículo privado, autobús y autocar, y ferrocarril— de 398, frente a los 1.042 de Alemania, los 941,8 de Francia o los 726,1 de Italia. Otro aspecto preocupante de este proyecto es que va acompañado de
una reducción en las medidas de protección medioambiental y reducción de la contaminación —un 24,66 % y un 8 % respectivamente— lo que muestra una deficiencia en la adaptación y cumplimiento de nuestro país con las normativas
internacionales que hemos suscrito, como Red Natura 2000 o el protocolo de Kioto, entre otras. No existe interés alguno, además, de impulsar tanto las actuaciones en zonas urbanas como acondicionamientos de viales, de lo que se deduce que la
seguridad en carretera no es la prioridad para este Gobierno.

La atención al mantenimiento, la mejora de accesibilidad y la sostenibilidad ambiental de las redes no es suficiente para responder a las necesidades del país. Por otra parte, la
explotación de líneas de Alta Velocidad —detrayendo presupuesto de los trenes convencionales y de cercanías— ahora abierta a los operadores privados sumado a la incorporación recurrente de la compensación y subvención a concesionarias
privadas de carreteras parece estar muy enfocada a reforzar la rentabilidad de la inversión y concesión al ámbito privado de las redes de transporte de nuestro país mientras refleja e un déficit en su valoración coste-beneficio, en la adecuación
social de la planificación y un nulo interés en su sostenibilidad ambiental. Es decir, el Ejecutivo sigue apostando por el trasvase de la entidad pública —de, y pagada, por todos— a manos privadas a costa del encarecimiento,
deficiencias en el servicio y en detrimento de su función social y su respeto medioambiental.

La política de acceso, ordenación, rehabilitación de la edificación y la vivienda adolecen, como cada año, de un proyecto y su consiguiente
presupuesto para hacer cumplir el derecho constitucional y el más que manifestado interés social. El presupuesto para promoción, administración y ayudas a la rehabilitación sufre de nuevo un descenso respecto al año anterior, con un acumulado de
-60 % desde 2010. La situación de emergencia ante la que se encuentra una proporción importante de la población no recibe ninguna respuesta, ni por medio legislativo ordinario, ni a través de estos presupuestos.

Este proyecto dice querer
promover la accesibilidad a la vivienda —especialmente el alquiler—, sin embargo los programas presupuestados responden a las ayudas al alquiler concedidas antes de su desaparición, obligada por este mismo ejecutivo, de la misma forma
que hizo con la Sociedad Pública de Alquiler. En un país con una de las tasas de emancipación más tardía de la Unión Europea no existen programas que favorezcan esta. Un atraso en términos económicos, sociales y como proyecto de país necesario de
ser corregido.

Por su parte, no se hace referencia a un mecanismo que podría ser de gran ayuda como es el enorme parque de vivienda vacía en manos de entidades bancarias, muchas de ellas rescatadas con dinero público y que siguen deteriorando
su estado en manos de la opacidad de la SAREB mientras cientos de miles de familias siguen sin hogar y otras miles y miles perdiéndolo por la inaccesibilidad de un derecho constitucional.

Resulta difícil creer que, en un país con serios
problemas históricos para la rehabilitación de vivienda, un recorte presupuestario vaya a ofrecer solución alguna. Asimismo resulta incomprensible que no adecuen presupuestariamente la necesaria reforma a favor de mecanismos de autosuficiencia
energética —truncados legislativamente— en un país con una balanza energética tan deficitaria como la nuestra, y teniendo en cuenta el problema de aumento de precio de la electricidad para el ciudadano medio, con la consiguiente
pérdida de eficiencia económica, social y medioambiental.

En su apartado de urbanismo y política de suelo no se recoge ninguna actuación efectiva más allá de la elaboración de informes y estudios o la presencia en foros internacionales. Ni
tan siquiera recoge alguna partida para la adecuación de nuestro país a sus indicaciones. De esta forma, este Ejecutivo sigue incumpliendo recomendaciones de organismos como Naciones Unidas, Amnistía Internacional, o dos dictámenes contrarios del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de vivienda.

Estos presupuestos no hacen otra cosa que profundizar la brecha de acceso al derecho constitucional a vivienda digna, imposibilitándoselo a millones de personas y familias.

ENMIENDA NÚM. 75

(PROPUESTA DE VETO)

De don Ramón María Espinar Merino (GPMX)

El Senador Ramón María Espinar Merino, PODEMOS (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

9 millones y medio de alumnos y medio millón de enseñantes en nuestro país saben que la educación continúa en una espiral de desinversión, por más que el Gobierno haga
ingeniería con los números para que parezca que la sección 18, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ofrece algún tipo de mejora respecto a los últimos años. Ni con todo el bombo y platillo del Gobierno hay en esta sección dinero
nuevo.

La sección 18 solo recupera 211 millones respecto al año anterior; respecto al nivel de financiación que manejaba el Ministerio de Educación en 2010 hemos perdido más de 4.600 millones de euros. A este ritmo, pasaría prácticamente
toda otra legislatura hasta que volviéramos a una situación, la de 2010, que tampoco puede considerarse idílica en los indicadores educativos. Nuestros objetivos tienen que ser mayores, porque ahora el reto es mucho mayor. El tejido educativo en
España está mucho más sobrecargado, muchos alumnos han quedado por el camino y, claramente, este presupuesto no está pensado para rescatar su educación.

Los objetivos de esos 211 millones de euros son electoralistas, aplicados de una manera
insolvente por tratar de presentar como un avance una humillante subida del 0,2 % de las becas y por trampear con fondos europeos. En realidad, la mayor subida que refleja el presupuesto de esta sección está vinculada a la implantación de la LOMCE,
una Ley en contra de la opinión de la comunidad educativa y parlamentaria, que ya ha demostrado su fracaso y que está condenada a la reversión en unos pocos meses.

El reparto presupuestario actual consolida la quiebra del principio de
igualdad de oportunidades y la negación del derecho a la educación a quienes se encuentran en una situación socioeconómica más desventajosa y vulnerable. El Gobierno debería haber tratado de aplicar esa cantidad —y mucha más que sería posible
destinar si hubiera voluntad por parte del Partido Popular— al rescate educativo.

Aceptar esta sección presupuestaria sería restarnos la oportunidad de poner fin a la pobreza educativa y de invertir en una educación mejor, más
inclusiva y más equitativa. Ésa sería la partida más eficaz de todo el Presupuesto, porque precisamente eso es lo que necesita nuestra economía y nuestra sociedad. La utilidad social y económica de la inversión educativa está fuera de toda duda.
Es imperativo contribuir a la equidad social entre comunidades, grupos sociales, hombres y mujeres; así como cambiar el modelo económico con una capacidad de innovación y productiva que ha de partir de una formación diversificada de calidad y de
las Universidades y Centros de investigación.

A este respecto, el Gobierno es ciego al potencial de la inversión educativa, como lo demuestra el incremento tan solo de un 0,2 en la crítica partida de becas y ayudas. No es posible que el
Gobierno desconozca que la fuerte subida de las tasas ha expulsado de las enseñanzas de grado y antiguos ciclos de las universidades públicas presenciales, como indica el descenso del 4,5 % de estudiantes en el curso 2014/2015 respecto a 2009/2010.
La Universidad y la investigación son motores fundamentales de la innovación, el desarrollo, la cohesión y la dinamización social, cultural y económica. Para ello es fundamental el apoyo a la formación superior, el acceso al conocimiento y su
transferencia a la sociedad.

Frente a estos dos puntos porcentuales, el gasto del Ministerio de Educación (MECD), que debería tener un especial carácter compensador tanto en el plano personal como territorial, se ha rebajado casi un 24 %,
abandonando la compensación territorial y disminuyendo sustancialmente la personal. El descenso del gasto público ha obligado ya a un fuerte incremento del gasto de las familias en educación, y no todas pueden seguir el ritmo. La crisis económica
y las políticas de recortes, de deflación y de precarización han dejado un reguero de familias con menor capacidad económica. El primer indicador sobre fracaso escolar es el nivel de ingresos familiar; siendo el fracaso en España mucho mayor que
en el resto de Europa, es urgente que el presupuesto del Ministerio apuntale los programas con más potencial compensador, que sin embargo presentan todavía mayores reducciones y seguirán agravando las desigualdades.

Informes de organizaciones
como Save the Children o CC.OO. señalan que la evolución decreciente de las becas, las ayudas de comedor y libros de texto, etc. inciden directamente en el incremento de la desigualdad. Desde que los Presupuestos se diseñan bajo mandatos
restrictivos hay un millón de alumnos más pero se ha reducido un 30 % el porcentaje de alumnos con becas en las enseñanzas no universitarias. En la ESO, la caída del número de perceptores de becas entre el alumnado llega a ser alarmante, casi a la
mitad. Estos presupuestos no tratan de incluir a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a los niños, niñas, jóvenes de familias con menores ingresos, y eso no lo podemos consentir.

Más allá del programa de becas y ayudas, también
se menoscaba la inversión en centros públicos, en sus medios, su profesorado y su formación. Los centros públicos escolarizan, en un porcentaje claramente por encima del que tienen en el conjunto de la escolarización, al alumnado que necesita
integrarse en grupos más reducidos o específicos (compensatoria, estudiantes con necesidades educativas especiales, inmigrantes…). Esto ocurre, especialmente, en la escuela rural. Los centros públicos suponen más del 90 % del total de los
centros —de enseñanzas de régimen general: colegios e institutos— en localidades de hasta 2.000 habitantes y más del 80 % en las de hasta 5.000 habitantes. El Partido de Popular no entiende ni respeta el medio rural ni a su población
y con estas políticas no hace nada más que sellar su condena. Es importante que la población en zonas rurales y en pequeñas localidades reciba una educación de calidad que lleve a compensar los niveles de desempleo que actualmente presentan y a
evitar el abandono de los pueblos por falta de oportunidades profesionales y económicas. Para ello es imprescindible invertir en educación pública.

En este sentido, el Gobierno afirma que con estos presupuestos podrán mejorar las ratios y
volverá a cuidar del profesorado, pero la verdad es que a pesar de los anuncios de subidas retributivas, el Capítulo I baja un 0,59 % respecto al ejercicio anterior, lo cual es incongruente con el aumento de la tasa de reposición y el incremento
salarial. Además, aunque se apruebe una tasa de reposición al 100 % ya se han perdido 30.000 profesores en la educación pública desde 2010 y no hay mejoras en el número de horas lectivas, materiales didácticos, formación del profesorado, etc. Los
recortes en el número de docentes han afectado solo al profesorado de la pública, ya que el de la privada ha crecido al ritmo de su alumnado. Al ritmo de los que viven en las ciudades, la pueden pagar por completo y no necesitan ninguna educación
especial o compensatoria.

Fuera de estos programas, ya no hay ni maquillaje. El presupuesto de Compensatoria cae un 2,6 % respecto al año anterior, quedándose en unos 5,1 millones de euros; ha desaparecido prácticamente con la austeridad.
El de formación del profesorado disminuye un 4 %, a pesar de encontrarnos en plena implantación de la LOMCE. El de Artísticas se reduce un 30 %. Además, se suprime la partida de 22 millones de euros para fomentar la calidad de los centros docentes
(Programa 322L) y se crea una nueva por importe de 24 millones para el Programa de cobertura de libros de texto y material didáctico que supone una cuarta parte de lo que se destinaba antes de decidir entregarse a la austeridad como norma absoluta.
Lejos estamos con este presupuesto de poder garantizar la educación infantil pública y gratuita de 0 a 3 años o el derecho a la alimentación en las escuelas.

No es aceptable este desmantelamiento y falta de visión de una de las políticas que
es base y derecho del bienestar social y la democracia; por ello, esperamos la retirada de esta sección.

ENMIENDA NÚM. 76

(PROPUESTA DE VETO)

De don Ramón María Espinar Merino (GPMX)

El Senador Ramón María Espinar
Merino, PODEMOS (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Esta sección ha sido, año tras año,
esquilmada por un Ejecutivo que ha dado la espalda a la mayor parte de sus áreas de actuación.

La dotación destinada al cambio climático disminuye un 8,3 %, y sigue siendo menos de la mitad de lo que se destinó en 2011. La prevención de la
contaminación y prevención del cambio climático sufre un nuevo recorte del 8 %, un acumulado del 58 % desde 2010. También disminuyen importantes partidas como la destinada a Mantenimiento, Conservación y Protección del patrimonio de Medio Ambiente
un 66 % respecto al año anterior, pasando de 2.731,42 en 2015 a 927,33 miles de euros; o la destinada a la mejora del estado de las masas de agua de la Calidad de las Aguas y ecosistemas asociados disminuye un 21 %. La dotación destinada al
desarrollo del medio rural ha disminuido un 56 %, y la de desarrollo rural sostenible ha desaparecido.

Entender que los recursos del planeta son finitos es una cuestión central de cualquier proyecto de futuro. La inversión, por tanto, no
está a la altura de los grandes retos a los que enfrentamos en materia de sostenibilidad y conservación ambiental. Esta inversión medioambiental, lejos de ser un retroceso, ha mostrado ser un motor eficiente para las economías de distintos países.
Un sector de alto valor añadido, no solo económico sino también social en términos de calidad de vida, salud, creación de empleo y tecnificación e innovación productiva. No entendimos en su momento, y seguimos sin entender, la destrucción continua
de las políticas medioambientales por parte del Ejecutivo.

La falta de proyecto se verifica también en lo referente a la agricultura, ganadería, pesca y alimentación. Certificando así la renuncia a buena parte del tejido económico del medio
rural. En su conjunto estas políticas sufren un nuevo recorte, esta vez del 13 %, que mantiene el desmantelamiento de un recurso básico como es la producción y distribución de la alimentación.

Nuestro modelo agrario ha gozado de elementos
que reflejan grandes ventajas competitivas, como es la enorme riqueza y variedad de ecosistemas, que nos permiten diversificar y disponer de productos de gran calidad. La tecnificación y el aumento de la tecnología en el sector agrario ha
beneficiado la producción aunque no está exento de retos a los que vamos a tener que enfrentar. De igual forma, es necesario entender que cada vez existen más sectores en los que el medio rural puede ser competitivo por la vía de la diversificación
y la investigación. Por ello, no compartimos el brutal recorte presupuestario de las partidas de Desarrollo del medio rural (-32 %) y la desaparición de Desarrollo rural sostenible, desde sus primeros presupuestos en 2012 hasta hoy, el PP ha
recortado un 14,34 % en política de previsión de riesgos, un 41,23 % en materia de competitividad y calidad de la producción y los mercados, mas de un 25 % en el presupuestos destinado a mejorar la calidad de la sanidad agraria, casi un 7 % en
políticas de regulación de mercados, perdidas que han castigado a todos los programas que afectan al sector. Un impacto que sufren las personas que trabajan el sector primario, golpeados duramente por la crisis pero también por este
desmantelamiento de sus medios de vida y de las posibilidades de retomar nuevos. Un mecanismo que destruye las opciones de vida y de futuro de los jóvenes, y no tan jóvenes, incidiendo de forma directa en el fenómeno de la despoblación de amplias
zonas rurales.

De esta forma, el Estado se ha convertido en un mero intermediario de las transferencias de fondos estructurales en medio de un proceso de desregulación, lo que impide que la incidencia de estos responda a criterios de
planificación y desarrollo de un modelo a medio y largo plazo que repercuta en la mejora de las condiciones de vida de aquellas personas residentes en el ámbito rural, aunque no exclusivamente.

A la tremenda volatilidad de los mercados, en el
horizonte inmediato tenemos que sumar problemas graves como la creciente especulación en la cadena de valor, la posición de dominio y abuso de las grandes operadoras en la conformación de precios, las crisis particulares que afectan a nuestros
sectores productivos. Nos encontramos, además, con las consecuencias que tendrá el TTIP, una posible desregulación de los transgénicos, el envejecimiento del sector o la despoblación de buena parte de nuestro territorio.

Ninguno de los retos
explicitados en estas líneas es cubierto por el presente proyecto presupuestario. Es más, en muchos casos la acción de gobierno profundiza los peligros a los que se enfrenta el sector y la población.

ENMIENDA NÚM. 77

(PROPUESTA DE
VETO)

De don Ramón María Espinar Merino (GPMX)

El Senador Ramón María Espinar Merino, PODEMOS (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Desde la imposición de la austeridad como rodillo la sección 26 ha sufrido la reducción de la práctica totalidad de sus programas. Se nos presenta para este año un discreto aumento de los fondos que
no puede considerarse una evolución positiva. Dado que gran parte de la política de salud está en su mayor parte transferida a las Comunidades Autónomas, difícilmente podían ser recortados mucho más los programas del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, salvo que se supriman.

Respecto a la política sanitaria, si bien su mayor afectación es por vía de los repetidos recortes en las transferencias a las Comunidades, los programas bajo la gestión del Ministerio han
dejado de percibir 4.000 millones de euros respecto a 2010 a costa del desmantelamiento de la cobertura sanitaria pública y del peor acceso al derecho a la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas. Los mejores aspectos de nuestra Sanidad han
sufrido una presión presupuestaria vergonzosa. Las políticas de ordenación sanitaria se han reducido desde 2010 un 96 %, la donación y trasplante de órganos, tejidos y células se ha descapitalizado prácticamente a la mitad y todas las prestaciones
están sufriendo otra vuelta de tuerca cada año. El Gobierno habla de ahorro cuando en realidad se trata de un recorte flagrante de derechos e impone unas instrucciones injustas, ineficaces e innecesarias a las Comunidades Autónomas. Se ha desoído
a los profesionales y a los pacientes y el precio será caro, porque escatimar en salud acaba afectando no sólo a los gastos sanitarios futuros por complicaciones sino también por bajas laborables evitables. En una legislatura llena de conflictos,
alarmas y demandas de los colectivos de pacientes, un mísero incremento de 138 millones respecto a 2015 no supone el cierre de ninguna de las prioridades sanitarias que el Gobierno dice querer atender. Debe hacerse más para garantizar una
financiación suficiente.

La composición de esta sección hace preguntarse qué entiende el Gobierno del Partido Popular por políticas sociales y cómo se va a resolver la brecha de inequidad que se agranda cada día en España. El programa más
afectado por la falta de equidad es sin duda la atención a la dependencia, que sólo se incrementa en 75 millones cuando se ha recortado durante esta legislatura 1.460 millones. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales
reconoce que este paupérrimo incremento implica dar por inviable este sistema de atención a la dependencia, porque se tardarían más de 25 años en atender a estas personas. El Gobierno sigue demostrando que no entiende la economía de los cuidados y
que no tiene un modelo social de equidad y de futuro que proyectar. El resto de programas y actuaciones de servicios sociales no reciben más que retoques en este año de elecciones, que no pueden esconder las pérdidas que llevan acumulando
desde 2010 y que van desde el -16 % de las políticas destinadas a la juventud hasta la reducción del 50 % sobre el presupuesto del Plan Nacional sobre Drogas.

En este mismo sentido, el gobierno mira para otro lado y se olvida
intencionadamente de que la desigualdad entre hombres y mujeres crece de manera directamente proporcional a lo que crecen las desigualdades sociales. Es una artimaña de mal gusto quitar un millón del programa para la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y ponérselo al programa para la prevención del a violencia de género, que desde que nos invadió la austeridad ha perdido más de un tercio de los recursos dedicados. No entiende el Gobierno ni la urgencia ni la trascendencia de
responder contundentemente ante una situación que es crítica para el futuro de nuestra sociedad.

Todo ello motiva el rechazo de la Sección 26: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

ENMIENDA NÚM. 78

(PROPUESTA DE
VETO)

De don Ramón María Espinar Merino (GPMX)

El Senador Ramón María Espinar Merino, PODEMOS (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio
de Economía y Competitividad.

El proyecto económico de nuestro país es, cada vez más, dependiente de factores externos y muestra una debilidad estructural provocada por una evidente falta de proyecto de desarrollo. Así la única estrategia
para ganar competitividad en un mundo globalizado ha sido hasta ahora empeorar las condiciones de vida de los ciudadanos de este país, especialmente asalariados, autónomos y pequeños empresarios. Mientras, una buena parte de esta sección va a parar
a sufragar los gastos de la industria eléctrica, con la que mantenemos una posición de poder desigual en detrimento nuestro por el gran déficit energético, la irresponsabilidad de gobiernos anteriores y el actual.

La inversión en cualquier
proceso innovador y/o científico se ha visto deteriorado. La inversión en I+D+i ha sufrido recortes desproporcionados hasta el punto de convertir a nuestro país en un destino a evitar para este tipo de capitales. Si la inversión pública es
necesaria para la investigación básica, el desarrollo de frontera de sectores con alto valor añadido, complementar tramos «first lost» para generar sinergias positivas con la inversión privada, el Partido Popular ha seguido el camino contrario. El
Consejo Económico y Social lo reconoce en su último informe, el presupuesto en I+D+i es insuficiente, volátil y no consigue ser complementado por la inversión privada. Estamos frente a una política fallida por obra de un Ejecutivo. El informe
señala la amenaza que este continuo recorte presupuestario supone para el conjunto del sistema de ciencia y tecnología del país.

Esto repercute en el concepto de «competitividad» expresado en las acciones de gobierno de esta legislatura y
buena parte de las anteriores. Nuestra competitividad se basa en un modelo de pérdida de derechos y rebajas salariales.

El CSIC, máximo órgano de investigación científica, ha sufrido en una legislatura el riesgo de cierre por la falta de
financiación adecuada. Se ha convertido en un fábrica de despidos perdiendo un volumen de plantilla cercano al 20 %. Asimismo, las condiciones laborales del personal se han visto precarizadas. El grueso de objetivos planteado, tanto para el CSIC
como para Universidades, las OPIs, OTRIs y parques científicos, es la mera subsistencia. Un entorno donde se hace muy imposible impulsar cualquier cambio para mejorar la posición competitiva del sistema productivo español. Mientras el empleo en
empresas innovadoras en España se encuentra en el 62 %, la media de la U.E. está en el 72 %.

El gasto presupuestado supone una reducción del 31 % desde 2010, pero el ejecutado refleja un descenso aún mayor, un 60,5 % en el periodo 2009-2013,
con un peso relativo al PIB del 0,9 %.

Nuestro porcentaje de empresas innovadoras es de los últimos entre los países de la U.E. relegándonos al puesto 22 de 28 países habiéndose reducido del periodo 2007-09 al periodo 2011-13 de 30.000
a 16.000 (en números redondos) las empresas innovadoras de base tecnológica, un 46 % de media. La reducción de presupuesto y de actividad privada tiene un componente «crisis», pero también refleja el abandono por parte del gobierno ya que su
intensidad de innovación —su gasto en innovación respecto su cifra de negocio— ha pasado de un 2,2 en 2009 a un 0,9 en el último dato disponible de 2013, con un preocupante ascenso del motivo «desinterés». Sin embargo, nuestro sistema
de incentivos fiscales es de los más generosos de la U.E. —solo por detrás de Portugal y Francia— de los que se benefician en mayor medida las grandes empresas, un 68 % de estos.

Con estos datos, el indicador de innovación de
nuestra economía se sitúa un 20 % por debajo de la media de la U.E. con el dudoso honor de hospedar el puesto 21 de los 28 países que la conforman.

En este contexto, el aumento del 0,47 % propuesto en I+D+i es la constatación del proyecto de futuro que el Partido Popular tiene; mano de obra barata para competir a través del empeoramiento de la calidad de vida de los sectores
mayoritarios de la población, en un sistema productivo envejecido, desfasado e inadecuado medioambientalmente.

Es necesario un impulso decidido a la financiación de la I+D+i pública para ir acercándonos cuanto antes al 2 % reclamado para
España por la estrategia europea Horizonte 2020 que nos permita desarrollar un nuevo modelo productivo basado en el medio ambiente, la competitividad vía valor añadido e innovación y la economía de los cuidados.

ENMIENDA NÚM. 79

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

En materia de política exterior y de cooperación al desarrollo, los presupuestos generales del Estado para 2016 confirman una leve subida (1 474,44 millones de euros de 2016 frente
al 1 419,88 millones de euros de 2015) que se sitúa en el 3,7 % y 52,01 millones de euros en términos absolutos. Pese a los leves incrementos en los dos últimos ejercicios presupuestarios de la sección 12, sigue la tendencia de mínimos de éstos
presupuestos que dejan de manifiesto la escasa ambición y presencia de nuestra política exterior en la presente legislatura. Especialmente significativo es el radical recorte a la cooperación al desarrollo, que sigue bajo mínimos.

Los
presupuestos son fiel reflejo de lo ocurrido en la presente legislatura: debilitamiento de nuestra presencia exterior, pérdida de peso en los organismos multilaterales —con la excepción del éxito de la candidatura como miembro no permanente
del consejo de seguridad de naciones unidas, candidatura presentada por el último gobierno socialista—, falta de definición estratégica —pese a la aprobación de la estrategia de acción exterior— y el desmantelamiento de la
política de cooperación al desarrollo.

En los programas de gasto, únicamente hay un aumento en el 142A (Acción del Estado en el exterior) que cuenta con 733,04 millones de euros y que supone un incremento del 8,4 % en relación a 2015 (676,505
millones de euros).

Se produce un descenso en el programa 141M Dirección y servicios generales de Asuntos Exteriores (64,429 millones de euros en 2016 frente a los 67,708 millones de euros de 2015).

Puede destacarse pese a la situación
de emergencia humanitaria que no hay ningún incremento en la partida de asistencia en el extranjero a beneficiarios de asilo en España 17.890 euros, o a la protección de españoles en el extranjero 2,352 millones de euros).

No existe ninguna
partida presupuestaria específica para nuestra actuación en el consejo de seguridad (tampoco la hubo en los ejercicios presupuestarios anteriores para su campaña). Pese a la aprobación de la estrategia de acción exterior, no existe una traslación
directa de ésta en el instrumento presupuestario, y muchos de los indicadores que se establecen en el programa de acción exterior no se corresponden exactamente con la estrategia. Pese a haber sido anunciado, no se ha producido ningún plan de
repliegue de embajadas y consulados para hacer frente a los nuevos retos de la política exterior y a la entrada en funcionamiento del servicio exterior europeo.

Los presupuestos cuestionan los objetivos de nuestra política exterior como
política de Estado, adaptada a nuestros intereses de país y a nuestras obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a los órganos multilaterales y a los retos globalizadores de seguridad y cooperación, ya que son claramente insuficientes.

Estos presupuestos son insuficientes para afrontar los compromisos que tiene España y, sobre todo, son insuficientes para hacer frente a la extraordinaria complejidad del mundo actual. El Presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación está muy por debajo de la ambición que deberíamos mostrar como país, por nuestra dimensión y población, pero también por nuestra historia y posición en el escenario internacional.

España debería dedicar más medios humanos y
materiales a hacer política exterior.

Basta echar un breve vistazo a los acontecimientos recientes y conflictos para darnos cuenta de que necesitamos más efectivos; la Unión Europea está viviendo una de sus crisis más graves tras la secesión
de Crimea y la guerra abierta entre Ucrania y Rusia.

Pero también la situación es muy preocupante en Siria e Irak por el avance del Estado Islámico y la guerra que no cesa entre Israel y Palestina. No podemos hacer frente a los viejos
conflictos y los nuevos desafíos económicos y de seguridad si no es dotándonos de más recursos y coordinando los mismos con el resto de Ministerios. No podemos pretender reforzar nuestras relaciones con otros países si no afianzamos la diplomacia
parlamentaria, como tampoco seremos capaces de favorecer el entendimiento si no involucramos en dicha tarea a la sociedad civil.

En materia de Cooperación al Desarrollo, la política del Gobierno continúa con su afán obsesivo de recorte y
desmantelamiento. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación solo gestiona el 33,94 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo, la cual representa el 0,21 % de la RNB, cifra que queda muy lejos de lo que aportan otros países de nuestro entorno
que sí mantienen el compromiso AOD.

Los tres instrumentos primordiales para gestionar la cooperación, el FONPRODE, la AECID y la Ley de Deuda, siguen siendo irrelevantes para el Gobierno. Tras reforma del FONPRODE sin consenso y por la
puerta de atrás, su defunción es más que evidente. Al Fondo se le vuelve a destinar la misma cantidad que en 2015, lo que supone que el 21 % de la AOD total se destinará a operaciones de carácter reembolsable, lo cual demuestra la tendencia hacia
la financiarización de la política de cooperación española que se inició en 2011.

Incomprensiblemente vuelve a disminuirse el programa 143A Cooperación al desarrollo (515,085 millones de euros en 2016, frente a los 516,476 millones de euros
de 2015), que confirman la falta de voluntad política del actual gobierno de recuperar la cooperación al desarrollo a los niveles de los gobiernos socialistas (0,28 % en el último presupuesto socialista). Con ello el gobierno renuncia a que España
siga siendo un referente en el ámbito internacional en ésta materia, en un momento clave que es nuestra presencia en el consejo de seguridad de naciones unidas.

Por lo que respecta a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
desarrollo (AECID) en el programa 143A de Cooperación para el Desarrollo cuenta con 249 millones de euros, la cifra más baja registrada hasta ahora, y muy lejos de los 869 millones destinados en 2011. La Agencia cuenta con un presupuesto que,
desde 2012, es alarmantemente insuficiente, lo cual supone una seria amenaza para mantener y adecuar las capacidades humanas y técnicas, no permitiendo afrontar una recuperación de los presupuestos de cooperación a los niveles que nos
corresponderían de acuerdo con nuestra posición en el contexto internacional. Desde 2011, el presupuesto de la AECID ha disminuido un 71,30 %, más de 628 millones de euros, y el de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, 75,84 %, más de 836 millones.

Los recortes siguen siendo insoportables. En Seguridad y Ayuda Alimentaria hemos pasado de un presupuesto de 29 millones de euros en 2011 a 2 millones de euros en 2014, 2015 y 2016, y en Ayuda
Humanitaria bilateral, de 71 millones de euros en 2011 a 16 millones de euros desde 2014. Esto significa dar de lado a la situación de hambruna en el Sahel o a las realidades que se están viviendo en el pueblo saharaui, en Sudán, Siria, etc.

Las ONG, un año más, vuelven a ser las grandes ausentes del Gobierno. Aunque los fondos destinados a los convenios con las ONG se mantienen, llevan un recorte acumulado del 82 % desde el último presupuesto del Gobierno socialista. Además, se
mantiene un recorte de más del 84 % para financiar escuelas taller y casas de oficios, destinando para ello un raquítico millón de euros, muy lejos de los 7,2 de 2011.

Prácticamente no sufre incremento el programa 144A, Cooperación, promoción
y difusión cultural en el exterior, gestionado en su totalidad por el Instituto Cervantes (119,471 millones de euros en 2016 frente 118,924 millones de euros de 2015), que impide hacer frente a compromisos adquiridos de nuevas aperturas de centros
como es el caso en Seúl (Corea del Sur).

En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado para 2016 perpetúan y agravan la situación de la Cooperación, ya que no contemplan ni una mínima recuperación, como tampoco resultan adecuados para
hacer frente a la política exterior que le correspondería a un país como España, más teniendo en cuenta los retos que nos esperan en la esfera internacional en un futuro inmediato.

ENMIENDA NÚM. 80

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo
Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

JUSTIFICACIÓN

El Presupuesto de la Sección 13, correspondiente al Ministerio de Justicia y a los Organismos Autónomos y otros organismos públicos adscritos a este Ministerio, alcanzará, de acuerdo con el proyecto la cantidad de 1.705,5
millones de euros, 99,6 millones más que en 2015, pero 109,3 millones menos que en 2011 (un 6 % menos). Esta reducción se ha producido especialmente en los programas destinados a dar cobertura presupuestaria a las políticas de Justicia (111N.
Dirección y Servicios Generales de Justicia, 111Q. Formación del Personal de la Administración de Justicia, 111R. Formación de la Carrera Fiscal, 112A. Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, 113M. Registros vinculados con la Fe Pública
y 135M. Protección de datos de carácter personal). La suma de estos programas es de 1.562 millones, mientras que en 2011 estos mismos programas presupuestarios estaban dotados con 1.653 millones.

Se mantiene, por tanto, la disminución
presupuestaria producida durante los años de Gobierno del Partido Popular en las políticas de Justicia, con el consiguiente impacto negativo y consecuencias nocivas en la prestación del servicio público de la Justicia y, por tanto, en el acceso de
los ciudadanos a la justicia, que es inherente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Esta política presupuestaria de recortes sigue la senda de otras reformas ya aprobadas, y en línea con otras medidas que viene proponiendo
este Gobierno, ignorando a los ciudadanos, y que tienen como único eje rector la reducción de la Administración y el desmantelamiento de los servicios públicos, en muchos casos, en favor del negocio privado.

Además, la imposición de las tasas
judiciales, que sólo en este año han sido derogadas para las personas físicas, pero que se mantienen para PYMES, ONGs y otras asociaciones, supone un tributo injustificado que impide el acceso a la justicia.

Por otra parte, a pesar de lo que
se dispone en la legislación que las regula, la recaudación de las tasas no está destinándose a sufragar la asistencia jurídica gratuita, que adolece de falta de financiación. Ni por la vía legal ni por la vía presupuestaria, el Ministerio
garantiza el mandato constitucional (artículo 119 CE) de garantizar una justicia gratuita a los ciudadanos con menos recursos, que sufren así un doble impacto en su capacidad para defender sus derechos ante los Tribunales.

Se relegan las
reformas orientadas a la modernización de la justicia y no se habilitan plazas suficientes para cubrir las bajas estructurales de la plantilla judicial, lo que redunda en la falta de eficiencia de la Administración de Justicia.

Los recortes
mantenidos en materia de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 evidencian que las prioridades del Gobierno marchan por caminos muy alejados de la consideración de la administración de justicia como servicio público y de la
tutela de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Por ello, el Grupo Socialista presenta esta enmienda de devolución de la Sección 13 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

ENMIENDA NÚM. 81

(PROPUESTA
DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de
Defensa.

JUSTIFICACIÓN

Según lo recogido en la Sección 14 de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, el Ministerio de Defensa gestionará en dicho ejercicio 5 787 millones de euros, frente a los 5 767 millones de euros del
ejercicio actual, lo que significa un incremento del 0,35 %.

Si a ello le añadimos los 1 111 millones de euros (un 2,8 % más que lo presupuestado en 2015) que se prevé que gestionen los organismos autónomos dependientes del Ministerio de
Defensa, el total de gasto presupuestado en la sección 14 de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 es de 6 899 millones; lo que representa un 0,66 % más que en el actual ejercicio, un incremento superior al 0,40 % que se observa según la
agrupación por políticas que presenta el Gobierno.

La cuestión principal es que, el Gobierno termina la legislatura, como la empezó, con unos presupuestos en materia de Defensa incompletos.

Un año más el Gobierno aprueba para la
Defensa un presupuesto amputado que no permite vislumbrar que modelo de Fuerzas Armadas y qué política de Defensa quiere para España, ya que el mismo carece de objetivos estratégicos y no aborda ninguna de las grandes necesidades de nuestra política
de Defensa.

Respecto a la política de personal de las Fuerzas Armadas, no se deduce con claridad hacia dónde va el presupuesto, que sitúa en cantidades ideales las que resultan de sumar los efectivos que tiene. Pero de todo esto, la Cámara
está excluida, aunque afecte de manera directa a una que cada día el Gobierno proclama como política de Estado.

El presupuesto del Ministerio de Defensa para 2016 es un presupuesto virtual ya que sigue sin recoger una previsión de gasto
realista, especialmente, para los programas especiales de armamento y para operaciones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior.

La realidad es que los gastos de las operaciones militares en el exterior en 2013, fueron 791 millones de
euros, una cantidad ampliamente superior a la presupuestada para 2016 en los créditos correspondientes a este concepto y que parece será necesario volver a aumentar durante el ejercicio.

Pero, donde la amputación y virtualidad del presupuesto
resulta más evidente es en lo que se refiere a los programas especiales de armamento. Una vez más las cuentas remitidas a las Cortes Generales por el Gobierno contemplan la ya clásica cantidad de 6 842 500 euros.

Esta cantidad fue la
presupuestada en 2013, 2014 y 2015. Y en todos los ejercicios se aprobó con posterioridad, mediante Real Decreto-Ley, un crédito extraordinario para hacer frente a las obligaciones derivadas de dichos programas especiales. Así, en 2013 el crédito
fue por un importe de 877 millones de euros, en 2014 el montante fue de 884 millones de euros y en 2015 el importe del crédito ascendió a algo más de 846 millones de euros.

Así pues, el presupuesto inicial del Ministerio de 5 787 millones de
euros, no recoge en absoluto el gasto del Departamento, que gastó un 40 % más en 2012 de los 6 316 millones que presupuesto y un 35 % más en 2013, porcentaje que se repetirá en 2014. La opacidad de sus cuentas impide basar el debate político sobre
cifras reales, lo que hace más difícil enfrentar el problema de manera seria, rigurosa y desde luego transparente como tienen derecho los ciudadanos, que deben saber y conocer los riesgos y amenazas que existen para nuestra seguridad y como vamos a
gastar los recursos de todos para afrontar las mismas con garantías.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta enmienda de devolución de la Sección 14 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

ENMIENDA NÚM. 82

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de
la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

MOTIVACIÓN

Por falta de adecuación de los créditos a los objetivos de la sección.

Tres grandes razones explican la enmienda a la totalidad en la parte relativa
a la política tributaria:

— La subida de impuestos generalizada es injusta y tiene unos efectos negativos sobre la actividad económica.

— No aborda una ambiciosa reforma fiscal que contribuya a la
sostenibilidad de las cuentas públicas, a la generación de riqueza y al reparto de la misma.

— Estos Presupuestos suponen un retroceso, que se suma al de los dos presupuestos anteriores, en los medios humanos y materiales en la
lucha contra el fraude fiscal.

Además, los créditos que corresponde gestionar a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ponen de manifiesto la dejación que hace el Estado de la cooperación económica local. Este programa, de gran
importancia hasta los Presupuestos de 2011, en la práctica desaparece; Con ello se impide la continuación de los planes de obras y servicios para planes provinciales e insulares de cooperación. Por otra parte desde que gobierna el PP la
financiación de los municipios de menos de 20.000 habitantes, a través de este programa, ha desaparecido.

Adicionalmente, el Grupo Parlamentario Socialista extiende el motivo para la formulación del presente Veto al presupuesto de la
Corporación Pública de Radio Televisión Española.

A lo largo de esta legislatura, el Presupuesto de la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE) ha sufrido un recorte anual del 46 % en la aportación del Estado.

El Presupuesto
de 2016 sigue en la misma línea, con una reducción de 203 millones de euros en la compensación por servicio público respecto al año 2011, lo que representa un 38 por ciento menos. Con esta asignación no se garantiza el equilibrio presupuestario y
la viabilidad del Servicio Público de la Radio Televisión Pública ordenado por las leyes y el Mandato Marco para la CRTVE, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2007.

ENMIENDA NÚM. 83

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo
Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

En el Proyecto
de Ley de PGE para 2.016 las políticas correspondientes a Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias asciende a 7.903,52 millones de euros, lo que implica un incremento en términos absolutos de 60,39 millones de euros respecto a 2015, pero
una disminución respecto de la inversión porcentual de PIB comparado con 2015. Las cifras reales recogidas por el Gobierno en el Libro amarillo que acompaña a los presupuestos, desde su primer presupuesto en 2012, hasta este, significan que han
bajado el presupuesto del departamento en términos absolutos. En 2016 se gastarán 451 millones menos que en 2012.

Las notas que caracterizan los presupuestos del Ministerio del interior desde 2012 hasta la actualidad respecto de la gestión
de la seguridad, contienen, de manera reiterada, tres elementos muy significativos:

1. El descenso en términos absolutos del gasto y alrededor de un seis por ciento porcentual de los recursos destinados a las políticas de seguridad.

2. Una disminución acusada de las plantillas de los miembros que conforman las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

3. Reformas legislativas de gran contenido ideológico.

La situación actual de las plantillas muestra claramente los negativos resultados de la política de personal que se ha realizado durante la presente legislatura como consecuencia de las restricciones que se han llevado a efecto para la provisión
y cobertura de vacantes del personal de la Administración General del Estado, en general, y en particular en cuanto al Cuerpo Nacional de Policía, de los 77.088 funcionarios policiales que en servicio activo se encuentran previstos en el Catalogo en
vigor, solamente son 66.324 los que cubren dichos puestos, lo que supone un total de 10.764 vacantes de miembros del Cuerpo Nacional de Policía en servicio activo, situación que va a peor y que si creemos los datos que ustedes facilitan en los
presupuestos no permiten cubrir ni siquiera los objetivos que se proponen en diversas especialidades como seguridad ciudadana o policía judicial, ni los dedicados a violencia de género y familiar.

Pero si hablamos de Guardia civil los datos
no son mejores ya que de los 85.154 funcionarios policiales que en servicio activo se encuentran previstos en el Catalogo en vigor, solamente son 76.124 los que cubren dichos puestos, lo que supone un total de 9.030 vacantes de miembros de la
Guardia Civil en servicio activo y estamos hablando a 1 de mayo, que cuando dejen el Gobierno la situación habrá empeorado. Por ello han disminuido efectivos en el servicio fiscal, en el servicio marítimo, en intervención de armas y en seguridad
ciudadana, entre otros.

En Instituciones Penitenciarias se han perdido más de 1.400 efectivos, pero sin duda hay otro elemento específico que creemos alarmante ya que también ha agravado el problema de envejecimiento de las plantillas. Más
del 36 % de funcionarios tiene más de 50 años.

Resultado de esta política no ha sido la reducción equivalente de los gastos de personal, a pesar de su disminución, sino un envejecimiento de las plantillas y una falta de cobertura que solo
produce un claro empeoramiento en la prestación de los servicios, que desde el Ministerio del Interior se combate con incremento de las posibilidades de prestación de servicios de la seguridad por la seguridad privada tal y como se recoge en la
nueva Ley, a la vez que se utiliza de coartada para privatizar los mismos.

Debido, además, a la falta de plantillas, nos encontramos con prisiones acabadas y sin abrir, aunque el coste de mantenimiento que se soporta es alto y otras cinco
prisiones, que aunque abiertas tiene más de 25 módulos sin abrir, por carecer de personal para dotarlas con un mínimo de seguridad.

En materia sanitaria no es más alentador el panorama. Se han disminuido las aportaciones a Muface que ha
hecho que la prestación sanitaria a los colectivos de funcionarios de la FFCCSE y de IIPP haya sufrido una merma en su calidad significativa. Pero si hablamos de esta materia en centros penitenciarios es significativo ver que el Ministerio del
Interior está intentando por todos los medios eludir el pago de los medicamentos contra la hepatitis C para los presos infectados por este virus, y que para 2016 ha dotado en los presupuestos de IIPP con 20 millones de euros, pero lo ha hecho
manteniendo la pretensión de que cada servicio autonómico de salud costee los tratamientos —entre 24.000 y 40.000 euros cada uno— y ha llegado a llevar a los tribunales a las comunidades se resisten a pagar de su presupuesto el
fármaco. A pesar de que la pretensión del Ministerio del Interior ha sido rechazada, este sigue recurriendo y negando el tratamiento a los internos, llevando el tema a una batalla jurídica, que de esperar a una sentencia del Tribunal Supremo y
mientras se resuelve, hay presos que no están siendo tratados, a los que un médico le ha prescrito este fármaco, por el desacuerdo entre las Administraciones.

Es alarmante el presupuesto del programa 132C, actuaciones policiales en materia de
droga. Este presupuesto que refleja un nuevo recorte en este programa, especialmente que se une al recorte de personal sufrido en sus años de Gobierno. Y así mientras los traficantes se dotan de mejores medios y recursos, las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado sigue con medios obsoletos y con menos personal tal y como refleja el presupuesto. Y en lugar de incrementar el presupuesto para luchar contra las bandas criminales que trafican con droga, se recortan en este programa lo que ha
permitido imágenes como las que recogían a delincuentes desembarcando droga en plena luz del día en playas llenas de bañistas. A esta situación se une el abandono de las políticas de rehabilitación, que como en el caso de la nueva Ley de Seguridad
Ciudadana ya no posibilita la suspensión del pago de la sanción por consumo público de drogas por el sometimiento a programas de rehabilitación, y lo limita exclusivamente a los menores de edad.

En materia de asilo, vemos la ausencia de
políticas destinadas a garantizar protección internacional a aquellas personas que llegaban a nuestras fronteras. Ha habido una identificación con la inmigración, sin distinción entre la económica y la de aquellas personas que claramente llegaban a
nuestras fronteras necesitadas de protección internacional. Las dotaciones en el programa 131.P, Derecho de asilo y apátridas, mantiene idénticas previsiones para 2016 a las de 2015 y ello a pesar de que según afirmaciones del propio Subsecretario
en esta Cámara en la comparecencia de presupuestos para 2015 afirmó que el programa 131.P, Derecho de asilo y apátridas, se mantiene prácticamente idéntico a la cifra del año 2005, a pesar del incremento en los últimos años y el posible incremento
de este año, que el Gobierno calcula en más de 12.000 solicitudes de asilo durante 2015, a lo que hay que sumar los más de 5.000 requerimientos de traslado de peticionarios de asilo con la aplicación del Reglamento de Dublín (siempre según cifras
dadas por el Ministro del Interior). La situación de caos es tan total, las listas de espera para solicitar el asilo interminables, en algunas provincias es de meses. Los presupuestos para 2016 prevé como cuantía destinada al Programa 131 P, asilo
y apátridas el mismo presupuesto y si aparece un incremento de tres millones de euros en el mismo, es exclusivamente para dar cumplimiento al compromiso acordado en el JAI del pasado día 20 de julio, acuerdo por el que España facilitará el
reasentamiento de 1.449 personas en situación de clara necesidad de protección internacional en Oriente Medio y norte de África y la reubicación de 1.300 personas desde Italia y Grecia. Nada destinado a dar respuesta al incremento de la demanda de
protección que según el propio Gobierno viene creciendo y sufrirá un gran aumento este 2015 y no es previsible que baje en 2016.

En materia de protección civil llama la atención que en 2016, año en que tiene que implementarse la nueva Ley de
Protección Civil, se prevea una bajada del presupuesto del 0,22 %, lo que mantiene una senda continuista en esta materia.

En cuanto al tráfico, al igual que los presupuestos 2014, 2015, para 2016 la subida del gasto se apoya en una previsión
de aumento espectacular de los ingresos por tasas paralela a una bajada de los ingresos por multas y sanciones.

Una previsión de aumento de 28,3 M euros en tasas y una disminución de 5 M euros en multas y sanciones. Más inversión en
vigilancia y menos multas... La realidad es que a falta de datos de la Dirección General de Tráfico, las denuncias de un importante aumento de las sanciones que vienen realizando durante este año 2015 los clubs de automovilistas, parece que no
siguen esta literatura demuestran que no es así.

Reseñable resulta la reducción en 438.000 euros de las partidas en educación y formación vial, a la vez que se mantiene la desaparición de las partidas destinadas a actuaciones en tramos y
puntos peligrosos o conflictivos. Y todo ello a la vez que se aumentan un año más las transferencias a Hacienda; con respecto al año 2011, aproximadamente los 35 millones.

Ha sido una legislatura perdida para mejorar la prestación del
servicio público de la seguridad que ha producido a una merma considerable de la coordinación entre los cuerpos policiales, fomentado la competición entre estos, que ha abordado y adoptado medidas contra la inmigración, con una concepción
exclusivamente de la emigración como una amenaza sin pensar en las personas y que ha realizado una instrumentalización de los resortes de poder del estado en favor de intereses partidistas para perseguir al adversario y defender a los
correligionarios de las graves acusaciones que pesan sobre ellos, razones todas ellas que avalan la enmienda de devolución de la sección 16 de los Presupuestos Generales del Estado.

ENMIENDA NÚM. 84

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo
Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

La inversión en
política de transporte constituye en el conjunto de la Unión Europea una herramienta fundamental para impulsar la reactivación económica, la creación de empleo, la cohesión territorial, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad de las
empresas. Sin inversión en política de transportes se dificulta el crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo de forma sostenible. El objetivo de la eficiencia y racionalidad en el gasto y en la planificación de las
infraestructuras; la necesaria priorización de las inversiones en función de su rentabilidad económica y social, deben resultar compatibles con un nivel de inversiones que contribuya, desde el sector público, a la reactivación económica y a la
creación de empleo. Nada de esto parece haberse tenido en cuenta por el Ministerio de Fomento en la parte del Proyecto que afecta al citado departamento ministerial y a sus sociedades adscritas.

Por lo que respecta a la sección 17 del
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, su contenido no justifica la anticipación en la tramitación de este proyecto de ley, tratándose, grosso modo, de una mera copia del presupuesto vigente. Con este presupuesto se pretende
extender, más allá de la actual legislatura, una política de transportes de impronta neoliberal caracterizada por la desinversión, la privatización de infraestructuras de transportes vitales desde el punto de vista estratégico, y la anticipación de
una liberalización del transporte por ferrocarril que podría afectar gravemente a Renfe y que sólo atiende a postulados ideológicos ultraconservadores cuyas desastrosas consecuencias ya se han demostrado en otros países de nuestro entorno.

El
conjunto de la inversión prevista en este proyecto tanto en la sección 17 como en las sociedades adscritas alcanza los 10.129 millones de euros, muy lejos de los 16.765 millones de media de inversión durante la pasada legislatura, con un Gobierno
socialista.

Si comparamos por modos de transporte la caída de la inversión del presupuesto del 2016 con respecto al último presupuesto aprobado por el anterior Gobierno socialista, esta supone un 16,30 % menos en carreteras, un 60,92 % menos
en ferrocarriles, un 31,93 % menos en puertos, y un 147,44 % menos en aeropuertos. La inversión en la sección 17 pasa de 3.294 millones de euros (2011) a 1.838 millones de euros (2016), con una caída del 44,18 %. Los recortes inversores en el
periodo 2012-16 alcanzan el 14,66 % en ADIF, el 62,96 % en AENA y el 44,27 % en Puertos del Estado si comparamos con la anterior legislatura.

Las consecuencias de esta dinámica desinversora están siendo muy graves en la ejecución de los
grandes Corredores Transeuropeos de Transporte, con pérdidas de inversión que superan en algunos casos más del 30 % en comparación con la anterior legislatura, y que ralentizan y paralizan obras de carácter estratégico para impulsar la
competitividad, la actividad económica y el empleo. El tráfico ferroviario de mercancías sigue lejos de los niveles de la mayoría de los países europeos por falta de infraestructuras adecuadas. La conectividad de los puertos sigue siendo
insuficiente. Los compromisos para la llegada del AVE se incumplen sistemáticamente. Las cantidades dedicadas a la mejora de las cercanías ferroviarias en núcleos urbanos son insuficientes. El gasto en la conservación de carreteras se sitúa por
debajo de la mitad de las recomendaciones de los expertos (2 % del valor patrimonial neto de la red estatal), con una caída del 26,41 % en comparación con la anterior legislatura, con graves consecuencias para la seguridad del tráfico de
vehículos.

En comparación con los socios europeos, el conjunto de la inversión pública en España apenas llegará en 2016 al 1,9 % del PIB, lejos de la media prevista para la Unión Europea (2,8 % del PIB). España se sitúa a la cola de los
países europeos en la ratio de inversión pública en porcentaje de PIB.

El proyecto para 2016, por tanto, es un presupuesto que consolida la desinversión pública iniciada en el año 2012, con graves costes en términos de ralentización económica y pérdida de puestos de trabajo. Si aplicamos la regla de
convertibilidad que utiliza la Ministra de Fomento para traducir inversiones en empleos (27 puestos de trabajo por cada millón de euros de inversión pública), la caída del promedio inversor durante la presente legislatura, en comparación con la
anterior, ha supuesto una pérdida anual de alrededor de 230.000 empleos, por causa directa de la desinversión aplicada por el Gobierno del PP en los presupuestos del Grupo Fomento.

Además, la credibilidad de estos presupuestos está bajo
mínimos por causa de los deficientes índices de inversión prevista por el propio Gobierno para el presupuesto en vigor. La diferencia entre la inversión presupuestada en la ley de 2015 y la inversión prevista supone que ADIF-Alta Velocidad
ejecutará un 26 % menos de lo previsto; RENFE, un 61 % menos; un 23 % ENAIRE y Puertos del Estado dejará sin ejecutar el 17 % de su presupuesto para 2015, según los propios datos gubernamentales.

La evolución del endeudamiento de las
principales sociedades del Grupo Fomento no es coherente con las graves descalificaciones que el Gobierno actual vertió contra el anterior con motivo de la llamada «herencia recibida». La Ministra de Fomento, que criticó duramente al inicio de la
actual legislatura, el montante de la deuda de ADIF (13.462ME), al finalizar la gestión del actual Gobierno el Proyecto de Presupuestos para 2016 prevé un aumento de la citada deuda hasta los 19.914 millones de euros, un incremento de más 47 %. La
suma de la deuda prevista para 2016 de Adif, Adif-Alta Velocidad, Enaire y Renfe será un 6,11 % mayor que en el año 2012.

Por lo que respecta a la política de vivienda, esta sigue siendo presupuestariamente irrelevante para el Ministerio de
Fomento. Los recortes presupuestarios de los programas vivienda son un reflejo de la supresión de ayudas para el acceso a la vivienda de los ciudadanos con menores rentas. Sirva como ejemplo que el programa 261N, Promoción, administración y ayudas
para rehabilitación y acceso a la vivienda, que dota financieramente los siete programas ayuda estatal que contiene el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, ha visto reducida su cuantía en un 51 % si lo comparamos con el último presupuesto aprobado
durante la anterior etapa socialista.

Por todo ello, es procedente la devolución de la Sección 17 del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 al Gobierno para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios que coadyuven al
estímulo del crecimiento y a la generación de empleo y que participen en el impulso a la competitividad, sostenibilidad y desarrollo exterior de nuestras empresas.

ENMIENDA NÚM. 85

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario
Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

MOTIVACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 fijan un gasto en materia educativa de 2.484 millones de euros, un 9,3 % más respecto de los de 2015, pero todavía lejos de los de 2011, cuando el Gobierno socialista
invirtió 2.843 millones de euros, es decir, 359 millones más, lo que representa un recorte de más del 12,6 %.

En total, la suma de lo que el Gobierno de Rajoy ha dejado de invertir en educación durante estos últimos cinco años a través de los
Presupuestos Generales del Estado, suman un total de 3.095 millones, ahorrándose más del equivalente al presupuesto completo de un ejercicio presupuestario. Si a eso le sumamos los recortes impuestos mediante el Real Decreto 14/2012, cuya memoria
económica estimaba 3.700 millones de euros y el compromiso del Gobierno a Bruselas, en la «Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2015-2018», de recortar el gasto educativo hasta el 3,7 % en 2018, el Grupo Socialista no cree
que la situación a la que el PP está llevando al sistema educativo español, sea algo de lo que debamos sentirnos orgullosos.

Esta ligera subida en el presupuesto del 9,3 % se debe, sobre todo, a la continuación de la implantación de la LOMCE,
y a ayudar a las familias a sufragar los gastos de adaptación del material didáctico a los nuevos currículos establecidos por la LOMCE, ley que no es apoyada ni por la gran mayoría de los partidos políticos, ni por la comunidad escolar, ni por la
mayoría de las comunidades autónomas.

Sin embargo, estas cifras de las que presume el Gobierno, nada tiene que ver con la dura realidad que lleva sufriendo la educación española en los últimos años. Los Presupuestos siguen consolidando los
dramáticos recortes que dejan a la Educación en España en los niveles presupuestarios del año 2006, y continúan con la obsesión del PP de imponer reformas profundamente ideológicas.

Con los datos que proporcionan los distintos programas, se
pone de manifiesto que los recortes en educación seguirán trayendo más desigualdad y más abandono escolar, porque estos recortes no son solo una disminución de partidas presupuestarias, sino que muestran un recorte selectivo a la igualdad de
oportunidades.

En materia de becas y ayudas al estudio, además de no recuperar la beca como derecho, el presupuesto de este año se congela subiendo la partida un irrisorio 0,19 % respecto de 2015, destinando 3 millones más a la convocatoria
de becas y ayudas de carácter general a universitarios y no universitarios. Sin embargo, y reconocido por el propio Ministerio de Educación, el Gobierno del PP recortó dicha partida 276 millones de euros respecto del 2011, último año de Gobierno
del PSOE, lo que representa un 15,78 % menos; además de haber disminuido la cuantía media de la beca en 674 euros.

Se trata de un incremento claramente ridículo para una sociedad que, a pesar de que el Gobierno diga que está dejando la
crisis atrás, las familias, sin embargo, no lo perciben en sus economías. Además, hay que tener en cuenta que otras muchas becas y ayudas han sido recortadas o eliminadas, como las becas-salario, las Séneca, las compensatorias, las de
mantenimiento, las de movilidad, las de excelencia, las de acceso a la universidad para mayores de 25 años, las ayudas de comedor, las de transporte y las de libros.

Otra partida de la que presume el Gobierno, es la dedicada al material
didáctico del currículum de la LOMCE con 24 millones de euros, a la que si le sumamos la cantidad destinada al «Programa de cobertura de libros de texto», da un total de 25,44 millones, importe que sigue estando muy lejos de los 98,2 millones que
destinó el Gobierno socialista en 2011 (un 74 % menos).

En cuanto al profesorado, aun cuando el PP dice considerarles la piedra angular del sistema educativo y compromiso personal del nuevo ministro, la verdad es que destinan unos tristes 3
millones de euros, cuando en 2011 el PSOE invirtió 52 millones, lo que significa un 93,7 % menos.

La Educación compensatoria es uno de los programas que más marcan la diferencia entre el PSOE y el PP, ya que su objetivo es garantizar el
acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social. Esta partida es la que más se ha recortado en esta legislatura, presentando una caída de 65 millones desde 2011 (un 97,7 % menos), y
destinando 5,1 millones en 2016.

Este año el Gobierno tampoco ha destinado ni un euro a la Educación Especial, aun cuando se debería destinar a alumnos con necesidades educativas especiales. En 2013 desaparecieron por completo los 13,5
millones de euros que los socialistas dedicaban a ello en 2011.

Pero la educación infantil tampoco se libra de los recortes. Si en 2011 se destinaron 263 millones de euros, en 2016 son 161 millones, lo que supone cerca del 38,6 % menos, con
lo que el ministerio niega el carácter educativo de esta etapa y la deja como puramente asistencial, cuando está demostrado que es la vacuna contra el abandono escolar.

Los Presupuestos Generales del Estado en materia universitaria son
decepcionantes y agravan la precaria financiación de las Universidades Públicas. El presupuesto sube un raquítico 0,12 % con respecto a 2015, después de haber sufrido recortes continuos en los años anteriores. Pero desde 2011, las enseñanzas
universitarias han descendido un 70,25 %, que equivale a 280,74 millones de euros, una bajada de tal magnitud que las Universidades tienen enormes dificultades para su normal funcionamiento. Además de todo ello, se la ha atacado con la subida de
tasas, con el Decreto 3+2, con la falta de un modelo de financiación, con la tasa de reposición, etc., y la nueva exigencia de requisitos académicos para acceder a los estudios universitarios y para mantenerse en ellos, han tenido como consecuencia
la pérdida de unos 73.389 estudiantes en estos tres últimos años, según los datos de la CRUE.

Los presupuestos de Deporte, como en los años anteriores, son irrelevantes, tanto en su cuantía económica global como en los programas que
desarrolla, y son desastrosos, especialmente para el deporte base. Las partidas son básicamente las mismas que en años anteriores, pero con pequeñas alzas procedentes de los beneficios en el Impuesto del Juego a las apuestas deportivas y por los
beneficios audiovisuales del fútbol profesional.

Como ejemplo de la precariedad de los objetivos del CSD, el programa 322K de Deporte en edad escolar y en la Universidad, que en 2011 contaba con una apartida de 16,5 millones de euros, vemos
que para el 2016 es de solo 2,6 millones de euros. Incluso el programa estrella de Fomento y apoyo de las actividades deportivas, el 336A, es en 2016 inferior en 7 millones de euros al de inicio de la legislatura en 2012.

En cuanto a
Cultura, lo presupuestado para 2016 son 803 millones de euros, un 7 % más que en 2015, 54 millones de euros absolutamente insuficientes para hacer posible el ritmo de recuperación necesaria de las inversiones en cultura. Inversiones que han
disminuido y están muy alejadas con lo presupuestado en 2011 por el Gobierno socialista, que fue de 1.104 millones, un 25 % más que ahora.

La situación es que, después de cuatro años de Gobierno del PP, para 2016 en cultura el presupuesto
es 301 millones de euros inferior que en 2011. Es decir estamos ante uno proyecto de presupuestos que, aunque respecto a los de 2015 crecen en la mayoría de las partidas, lo cierto es que bajan, no solo desde 2011, sino desde 2012 (un 20 %).

Y, en todo caso, la subida respecto a 2015, que en su mayoría está destinada al Cine, tiene más que ver con la necesidad de pagar deudas atrasadas al cine español que con la apuesta por un impulso a nuestra cinematografía.

Por su parte, el
presupuesto para la Protección del Patrimonio Histórico cae un 2,9 % respecto a 2015, más de un 57 % desde 2011. También ha sufrido un descenso lo destinado a la Conservación y Restauración de Bienes Culturales de más de 2 puntos con respecto
a 2015, más del 60 % desde 2011.

Además de por el maltrato presupuestario durante esta legislatura, la trayectoria del Gobierno ha quedado marcada por la subida de 13 puntos del IVA cultural y más impuestos a la Cultura, lo que unido a otras
medidas contrarias a las necesidades, derechos y demandas del sector han provocado un gran perjuicio a la ciudadanía en su conjunto y un enorme desencuentro entre el Gobierno popular y el citado sector de la Cultura.

En conclusión: los
presupuestos de Cultura para 2016 apenas han crecido en dinero pero menos aún lo han hecho en ideas y políticas culturales, lo cual, unido a todo lo anterior, es un balance de legislatura más que lamentable.

En materia de Deporte, son unos
presupuestos irrelevantes, que no miran por el futuro y que está hundiendo a las federaciones deportivas y al mundo del deporte base.

En Universidades, los presupuestos son decepcionantes y agravaran una precaria financiación de las
Universidades Públicas a las que se les exige que ocupen puestos destacados en los rankings de prestigio, cuando sus Presupuestos para docencia e investigación distan mucho de los dedicados por otros Organismos Universitarios Internacionales.

Para el Gobierno, no es importante invertir en una educación pública basada en la igualdad de oportunidades, en la diversidad, en los alumnos con dificultades para adquirir competencias, en la educación compensatoria, en la educación especial, en
el profesorado, en Educación Infantil y Primaria o en destinar más para becas y ayudas. Con estos presupuestos demuestra que su política educativa persigue dar de lado al abandono educativo y al fracaso escolar de quienes menos tienen, e invertir
más y mejor en quienes más oportunidades y recursos tienen.

ENMIENDA NÚM. 86

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

MOTIVACIÓN

Inadecuación de los créditos presupuestarios consignados a los objetivos de creación de
empleo, de desarrollo de políticas activas de empleo, de protección frente al desempleo y de políticas vertebradoras en materia de inmigración e integración.

El Gobierno del Partido Popular presenta su quinto Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado, a pesar del mandato constitucional que circunscribe a cuatro años la duración de todo gobierno, y lo hace amparándose en un acto de supuesta responsabilidad en la culminación de «un cierre de cambio de ciclo que abre una nueva
etapa de consolidación del crecimiento y del empleo». Cambio de ciclo para consolidar las bases de un modelo regresivo de creación de empleo precario y de baja calidad y que condena a las más de 5 millones de personas desempleadas a niveles bajos
de protección, tanto desde el punto de vista de la cobertura como de la extensión de la misma, y ello aun siendo el paro el principal problema del país. Así lo certifica el presupuesto del MInisterio de Empleo y Seguridad Social, Sección 19, y del
Servicio Público de Empleo Estatal, organismo autónomo 101.

El Gobierno presenta para 2016 un escenario macroeconómico con un crecimiento del PIB del 3 %, un crecimiento del empleo también del 3 % y una caída de la tasa de paro hasta
el 19,7 %. Sin embargo, este optimismo es incluso contestado por el FMI que prevé para 2016 un crecimiento del PIB del 2,5 %. Y también por la Comisión Europa que sitúa este crecimiento en el 2,6 % y la tasa de desempleo en el 20,5 %. Un
escenario de creación de empleo que con esos datos de PIB difícilmente llegará a consolidarse y a generar empleos de calidad.

Así lo pone de manifiesto la EPA del segundo trimestre de 2015 que, con un 2,7 % del PIB, señala un aumento de los
asalariados con contratos indefinidos del 1,6 % interanual, frente a un incremento del 8 % de las personas contratadas temporalmente, con una tasa de temporalidad que tan sólo en este trimestre ha aumentado un 1,5 % respecto del primer trimestre
de 2015, situándose en el 25,1 %. Y una tasa de parcialidad que se sitúa en el 15,8 %. Por lo que se refiere a los costes laborales, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al primer trimestre de 2015, estimó un crecimiento
interanual del coste laboral medio por trabajador y mes del 0,5 %, frente a un retroceso del 0,5 % en el trimestre previo. A su vez, según cifras de la Contabilidad Nacional Trimestral, la remuneración por asalariado registró en el primer trimestre
de 2015 un avance interanual del 0,9 %, tras una caída del 0,5 % en el trimestre precedente. Y también la Estadística de Convenios Colectivos que elabora el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social señaló que al finalizar junio el incremento
salarial pactado se situó en el 0,73 %, 0,16 décimas por encima de lo acordado en 2014, y ello cuando la previsión del Gobierno en el Presupuesto de 2015 era un incremento de la remuneración media del 0,6 %.

Con estos datos hay poco margen
para el optimismo pues lo que señalan es que el empleo que se crea es muy precario, de baja productividad y con elevada temporalidad ligado al ciclo económico. La creación de empleo no está basada en una superación de los problemas económicos
estructurales sino a factores exógenos que impulsan el crecimiento (caída precios del petróleo, depreciación del euro, política monetaria expansiva del BCE), a la expansión de una actividad de bajo valor añadido y a la desregulación laboral y el
hundimiento de la calidad en el empleo.

Y es esta visión la que también se constata en el presupuesto de ingresos de la Sección 19 en relación al presupuesto de la Seguridad Social. Nuevamente los ingresos para 2016, y al igual que sucediera
en los anteriores presupuestos, aparecen sobrevalorados. Así, se estima que los ingresos por cotizaciones sociales aumentarán un 6,75 % respecto a 2015, es decir, 7.409,28 millones de euros más, alcanzando los 117.242,57 millones de euros. Sin
embargo, este incremento de ingresos apenas alcanzará a cubrir el déficit de la Seguridad Social, cifrado explícitamente en el 0,3 % e implícitamente en el 0,6 %, habida cuenta la previsión de una retirada de, al menos, 6.000 millones de euros del
Fondo de Reserva de la Seguridad Social en 2016. Con esta previsión, el Gobierno reconoce implícitamente lo irreal de su previsión de crecimiento de ingresos por cotizaciones sociales. Realidad que ya ha podido contrastar a la luz de los datos de
ejecución del presupuesto de la Seguridad Social en el primer semestre de 2015, donde se observa que los ingresos por cotizaciones sociales tan sólo han crecido un 1,32 % respecto del mismo semestre del año anterior, y ello cuando se esperaba un
incremento de ingresos por cotizaciones sociales para 2015 del 6,8 %, es decir, cinco centésimas por encima de los estimado para 2016.

Ninguna política real se ha articulado para consolidar una senda de crecimiento a largo plazo. Es más,
desde el 2° trimestre de 2012 el empleo asalariado sólo ha crecido en 42.000 personas y, mientras el empleo temporal ha crecido en 255.700 personas, el indefinido ha caído en 213.800 personas. Tras años de crisis, la extensión del paro
—305.000 personas paradas más que en 2011, 635.000 parados más sin protección que hace cuatro años (EPA 2.º trimestre 2015/2011)—, el empeoramiento de la calidad del empleo y el ajuste en los salarios, con una devaluación salarial de
alrededor del 10 % en tres años, ha provocado que, desde 2009, los hogares hayan perdido casi un 13 % de su renta, con consecuencias negativas sobre la demanda interna, y el riesgo de pobreza o exclusión social afecte al 29,2 % de la población, casi
cinco puntos más que en 2009.

Frente a estos datos, y por lo que se refiere al presupuesto de gasto en protección por desempleo, hay que señalar un descenso del 21,9 % de esta partida en términos globales y un 22,8 % en el programa de
prestaciones por desempleo: 19.521 millones frente a los 25.300 millones en 2015 en prestaciones. En 2011, este gasto se situó en 30.474 millones de euros,10.953 millones de euros más que en 2016, lo que supone un 36 % de decremento en esta
partida en relación a 2011. A ello hay que añadir una disminución de la aportación del Estado al desempleo de un 77 %. Y ello, cuando la cobertura por desempleo apenas alcanza el 54 % de los parados registrados, frente al 70 % (69,9 %), de
diciembre de 2011; cuando, según la EPA del 2.º trimestre, la tasa de protección ha caído por debajo del 28 % y 3.711.680 personas paradas no perciben prestaciones por desempleo, una caída de 8,6 puntos sobre el mismo trimestre de 2011; cuando
el 63,4 % de estas personas lleva más de un año buscando empleo y sólo el 24,6 % de entre ellas recibe alguna prestación: hay 2.455.954 de personas paradas de larga duración que no tienen ninguna cobertura; cuando la tasa de paro es del 22,4 % y
la tasa de paro juvenil (menos de 25 años) alcanza al 50 %; cuando hay casi 5 millones de hogares sin ningún activo; cuando los euros destinados a cada parado no dejan de disminuir: entre 2011 y 2015, el recorte ha sido de 3.646 euros por año a
cada parado, un 50,4 % de reducción en cuatro años y una reducción del 15 % para el ejercicio próximo respecto al año en curso.

Un buen ejemplo de esta dinámica de recortes y de insensibilidad social lo tenemos en el Programa de Activación
para el Empleo, un programa destinado a cerca de 400.000 beneficiarios y que en la actualidad tan sólo alcanza a 53.667 personas, con un presupuesto estimado para 2015 de 850 millones de los que sólo se ha ejecutado a 30 de junio el 6 % del gasto,
lo que ha servido de excusa al Gobierno para reducir la partida en 500 millones para 2016, en vez de adoptar las medidas que permita una mayor inclusión de beneficiarios.

Siendo esta la situación, el Gobierno no puede hacernos creer que la
disminución de la protección por desempleo obedece al buen comportamiento del mercado de trabajo, sino a una política iniciada en 2012 cuyo objetivo era un decremento en el número de desempleados, bien por agotamiento en la prestación, bien por la
eliminación de subsidios y el endurecimiento en el acceso a los mismos.

Y, además, este presupuesto nuevamente tampoco apuesta por las políticas activas de empleo. Es cierto que este gasto se sitúa en 5.179 millones de euros, con un aumento
del 9,9 % sobre lo presupuestado en 2015, pero no es menos cierto que todavía no alcanzan los 7.322 millones de euros que se destinaron a estas políticas en 2011, es decir, se siguen situando en un 29,3 % menos que lo presupuestado en 2011. El
recorte total en políticas activas asciende en los cinco presupuestos del Partido Popular a más de 13.157 millones de euros. El gasto en recursos humanos se mantiene congelado en un momento en que la atención a los desempleados es fundamental para
garantizar su inserción. Y este recorte en políticas activas supone la cronificación de la situación de desempleo para muchos parados.

Y va en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales (OCDE, Fondo Monetario
Internacional, OIT) que piden el fortalecimiento de estas políticas activas en tres direcciones específicas: impulso a la orientación y cualificación de los parados, fortalecimiento de los servicios públicos de empleo y mayor y mejor coordinación
con las comunidades autónomas. El Gobierno ha preferido la vía desaconsejada y vuelca una gran parte de los recursos en bonificaciones, reducciones tarifas planas y exenciones de cuota a la Seguridad Social.

En el presupuesto de políticas
activas prima la privatización del servicio a los desempleados, con incrementos importantes a las agencias de colocación (2014, 30 millones frente a los 140 millones de 2015 y los 175 para 2016), en detrimento de los Servicios Públicos de Empleo y
de la formación de los desempleados, fundamentalmente jóvenes y beneficiarios del PREPARA.

La partida de formación de desempleados incluye la dotación del Plan de Garantía Juvenil que pasa de 80 millones en 2015 a 120 millones de euros
para 2016. Sin embargo, debemos denunciar el escaso alcance que está teniendo en su implantación, que a 31 de mayo tan sólo contaba en su registro con 60.094 inscripciones de menores de 25 años (un 17,4 % de los desempleados del Servicio Público de
Empleo Estatal y un 7,8 % sobre EPA) y el hecho de que aún no se haya ejecutado nada del gasto en esta partida. Es más, se desconoce el destino de los fondos que debían provenir del Fondo Social Europeo, que sufren un decremento del 27,9 % respecto
de 2015, y también el de los fondos que el Gobierno destina para su implantación. Dotaciones que, supuestamente y al igual que sucediera en la explicación del gasto para 2015, deben quedar inmersas en una política de bonificaciones y en «programas
específicos de formación y empleabilidad» sin detallar, es decir, inmersos en unos incentivos a la contratación —bonificaciones y resto de programa para la empleabilidad— que, aparte de insuficientes en relación con los compromisos
adquiridos, son opacos y eluden cualquier tipo de evaluación sobre su eficiencia.

Por lo que se refiere al PREPARA, nuevamente sufre una reducción del 23,15 %, lo que deriva del endurecimiento de las condiciones de acceso. Con el Gobierno
socialista, el PREPARA I y II alcanzó a 180.000 beneficiarios. Tras la reforma del Partido Popular, las situaciones de necesidad no se atienden completamente y cada vez la cobertura de este Plan es menor.

En definitiva, frente al gasto en
políticas activas y prestación por desempleo de 2011, cifrado en alrededor de 39.900 millones de euros (casi 4 puntos del PIB), los presupuestos de 2016 contienen un gasto por las mismas partidas de 25.000 millones de euros (algo más de 2 puntos del
PIB), dos disminuciones desorbitadas en ambas partidas, que se cifran en 13.157 millones en políticas activas y en más de 22.000 millones en protección por desempleo.

El Gobierno, pues, nos presenta un presupuesto en el ámbito del empleo y de
la protección por desempleo que, siguiendo la senda ya marcada en la Actualización del Programa de Establilidad 2014-2017, apuesta por una política de reducción del gasto público, en este caso en política social, y renuncia a un aumento de ingresos.
A mayor abundamiento, el Gobierno, en su política de ocultación, no computa en el gasto social la partida de desempleo, única forma de encubrir una orientación política que nos lleva a denominar estos presupuestos como los de la desigualdad al
consolidar una política de recortes en las partidas presupuestarias destinadas a atender a los más vulnerables de la sociedad.

Por todo ello, se propone la devolución al Gobierno del Presupuesto de la Sección 19, pues son tramposos,
antisociales y no cumplen con las políticas que deben sustanciar: no contienen ninguna estrategia para la creación de empleo, no apuestan por políticas activas y de formación, reducen drásticamente el sistema de protección, en detrimento de la
cohesión social, y hacen imposible políticas esenciales y vertebradoras de la sociedad, como son las políticas de inmigración e integración.

ENMIENDA NÚM. 87

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El
Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En materia de industria, energía y
turismo, el balance de la política del Ministerio ha sido muy deficiente e incompetente a lo largo de toda la legislatura. Los Presupuestos de la sección 20 continúan incidiendo en los mismos errores y que han llevado a una muy preocupante caída
del peso de la industria en el PIB, alejándonos cada vez más de los objetivos europeos y consolidando con sus políticas el freno al desarrollo un modelo energético alternativo e innovador basado en las energías renovables.

En materia
energética, la legislatura se puede resumir en una política de parches permanentes sin ninguna orientación estratégica a medio plazo sobre un asunto que requiere una nueva transición energética. La política energética ha estado marcada por la
extraordinaria subida de la luz, el recorte a las renovables, la penalización al desarrollo del autoconsumo, la pobreza energética, el fracking y las prospecciones petrolíferas, la situación del carbón autóctono, la situación y perspectivas de la
instalación nuclear de Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) y el aumento de los costes de las empresas grandes consumidoras de energía. El nuevo sistema de tarificación de la electricidad carga todo su peso sobre el término fijo y deja en
un 30 o 40 % el término variable, lo cual desincentiva claramente el ahorro energético y de nuevo penaliza a los consumidores más vulnerables.

En materia industrial, el gobierno no ha adoptado medidas eficaces para impulsar la
reindustrialización del país. Consciente de su falta de estrategia y alertado por la Comisión Europea por la pérdida del tejido industrial manufacturero, en el último tramo de la legislatura el Gobierno a través de estos Presupuestos promete
actuaciones destinadas a fortalecer el tejido industrial y potenciar la movilidad sostenible. Objetivos que no han sido una prioridad para el Ejecutivo a lo largo de la legislatura. Una falta de prioridad que puede explicar que, según los últimos
datos disponibles, el peso de la industria en el VAB se haya reducido nuevamente, pasando del 13,4 % en el 2013 al 13,2 % en el 2014. Un porcentaje muy alejado del objetivo del 20 %, difícilmente alcanzable.

El presupuesto destinado al
tejido industrial para el 2016 no recupera los niveles alcanzados en el 2012, destinando 192 millones de euros menos que al principio de legislatura, pero lo más grave es que continúa careciendo de una estrategia de política industrial a largo plazo
que permita consolidar el crecimiento económico y crear empleo de calidad. Hacer política industrial es priorizar y focalizar recursos en sectores estratégicos y territorios desfavorecidos para equilibrar el país y lo que propone el Gobierno en
este Presupuesto es liquidar definitivamente los programas de reindustrialización y de competitividad, iniciados y diseñados durante el gobierno socialista bajo estos criterios.

Además, estos presupuestos adolecen de consignación suficiente
para preparar mejor a los ciudadanos para el nuevo entorno digital y carecen de un plan de acción industria 4.0 consensuado con las comunidades autónomas y agentes sociales. Sus presupuestos no abordan de manera solvente las brechas digitales entre
territorios y personas y generan más desigualdades, a pesar de que el informe del índice de economía y sociedad de la información 2015 indica que la mayor debilidad de España son los bajos niveles de competencias digitales y uso de internet,
ocupando el puesto 22 de la UE, lo que supone un freno para el desarrollo de la economía digital.

La política turística es continuista con los anteriores presupuestos, por lo que el Gobierno renuncia implícitamente a liderar una estrategia de
renovación que el sector tiene pendiente en España y vuelve a situarse en claves del pasado, interpretando que la mejora del sector y su competitividad pasan solamente por más turistas y más pernoctaciones, aunque ello pueda suponer un aumento del
desbordamiento medioambiental del litoral.

Por todo ello, se propone la siguiente enmienda de devolución de la sección 20 Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

ENMIENDA NÚM. 88

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo
Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

El Gobierno destinará 7.438,24 millones de euros (M €, en adelante) en 2016 a la política de agricultura, pesca y alimentación, lo que representa una disminución de 1.141,68 millones M € (-13,3 %) respecto a
los 8.579,92 M € de este año 2015. El peso de esta política pública es ligeramente superior al 2 % del gasto presupuestado, lejos del 2,7 % que llegó a alcanzar en el último Presupuesto de un Gobierno socialista.

Son absolutamente
insuficientes, porque no permiten compensar las disminuciones que se han producido desde que gobierna el Partido Popular en el presupuesto destinado a agricultura, pesca y alimentación. Es necesario recordar que el gasto en esta política pública
era de 8.959,12 M € en el Presupuesto para 2010, último sin restricciones presupuestarias.

Estas cantidades del presupuesto dedicadas, en primera lugar a la agricultura y alimentación, son absolutamente insuficientes para hacer frente
a las necesidades del sector e irreales.

Son insuficientes porque, como demuestran los programas dedicados a mejorar la competitividad de nuestro sector agrario y la sanidad de la producción agraria (412C, 412D y 413A), aunque se incrementan,
siguen muy lejos de las cantidades necesarias e, incluso, de las cantidades presupuestadas para 2011.

En materia de desarrollo rural (414B) y desarrollo rural sostenible (414C) se contabiliza buena parte de la bajada del Presupuesto
para 2016. En el Presupuesto para 2015 está partida se vio incrementada notablemente (871 M € más hasta un total de 2.347 M €), de los que el grueso correspondían a transferencias del FEADER para los programas de desarrollo rural,
dado que la programación 2007-2013 debía ser completamente ejecutada el 31 de diciembre de 2015 si no se querían perder fondos europeas (regla n+2). Desaparecida esta necesidad se hace visible el desinterés del PP por el desarrollo rural: baja
esta partida, en relación con el PGE 2015, a 1.034,34 M € (-1.312,64, que supone el -55,93 %). Muy lejos aún del último presupuesto socialista (2011) esta cantidad era de 1.520,40 M €: se han perdido 486,05 M €, -31,97 %, en
los últimos 4 años.

Aún más, en el Presupuesto para 2016 desaparece el programa 414C (desarrollo rural sostenible), dedicado a poner en marcha la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, a través de
transferencias del MAGRAMA a las entidades locales para proyectos de desarrollo rural en áreas interterritoriales y territorios insulares. En primer lugar porque el incremento se produce, en gran medida en materia de desarrollo rural
(programas 414B y 414C), como consecuencia de la falta de previsión presupuestaria en los dos ejercicios anteriores. En esta política (agricultura, alimentación y pesca) se incluye la aportación de fondos de la Unión Europea, FEAGA y FEADER.
Para 2015 se prevé una aportación comunitaria de 7.783 millones de euros, un 13 % más que en 2014.

Asimismo, sigue mermada la aportación estatal al Plan Nacional de Seguros Agrarios. Buena parte de las primas de estos seguros se apoya en
subvenciones tanto de la Administración General del Estado como de las CCAA. Esta partida en los Presupuestos Generales del Estado que alcanzó casi los 300 M € con gobiernos socialistas, se ha vuelve a incrementar levemente (hasta los 211,27
M €). Una cuantía absolutamente insuficiente pues, como consecuencia de esta reducción en las subvenciones, las primas se ven incrementadas o se reducen notablemente los niveles de cobertura de riesgo. Todo ello lleva a reducir el número de
pólizas suscritas en una coyuntura (sequía, inundaciones, incendios...) especialmente adversas.

En definitiva, en lo que se refiere a agricultura, los presentes presupuestos siguen marcados por la situación de restricción presupuestaria lo
que, sin duda, va a tener como consecuencia que algunas actividades de los subprogramas presupuestarios no estén suficientemente dotadas y difícilmente permitirán cumplir los objetivos de política agraria y de alimentación.

Similar valoración
merece el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, en relación con los programas dedicados a la pesca. Los programas 415A y 415B resultan también insuficientes para enfrentar los retos e, incluso, amenazas a las que se
enfrenta el sector pesquero español. Ambos suman partidas por 70,14 M € frente a los 61,12 M€ que fueron aprobados para 2014. Pero no es posible olvidar que eran 121,99 M € en el Presupuesto para 2011.

También en esta
área asistimos a un publicitado incremento del Presupuesto en relación con el ejercicio anterior insuficiente para alcanzar el nivel de gasto similar al del último presupuesto de un gobierno socialista. Los dos programas dedicados a la política
pesquera (415A, Protección de recursos pesqueros y desarrollo sostenible; 415B, Mejora de estructuras y mercados pesqueros) suman 71,36 M € frente a los 70,14 M € que sumaban en 2015 (+1,7 %). Pero estas cantidades ascendían a 121,99
M € en el Presupuesto para 2011 (último de un gobierno socialista).

En el Presupuesto para 2016 la partida dedicada a protección de recursos pesqueros (415A), destinada a financiar los estudios, planificación y asistencia técnica,
incluidos los buques de investigación pesquera, dirigido al conocimiento de los caladeros y a su explotación más racional y sostenible, se incrementa en un 1,34 % (de 18,04 M € a 18,29 M €) en relación con el presupuesto de 2015 pero
contaba con 28,66 M € en el último presupuesto socialista (-36,20 %).

El programa dedicado a las medidas de regulación de los mercados pesqueros (415B), la política estructural de la pesca, incluida la gestión de los Fondos europeos y
que incluye las transferencias de apoyo y fomento al asociacionismo pesquero, pero también las inversiones reales dirigidas a apoyar la operatividad de la flota, el control de los recursos pesqueros, las medidas de innovación y desarrollo... ha
pasado de 52,10 M € a 53,07 M € (+1,88 %). Frente a los 93,35 M € con que contaba en 2011, la reducción presupuestaria sigue siendo notable (-43,13 %).

Pero, sobre todo, 25,49 M € del presupuesto para 2016 en
materia pesquera van dirigidos a financiar ayudas al sector en programas cofinanciados por fondos europeos. De nuevo en este ámbito es aplicable la conclusión según la cual el MAGRAMA está quedando, también en materia de pesca, prácticamente
reducido a gestionar las ayudas que vienen de la UE.

Incluyen, además, entre otras cosas, las ayudas de paradas temporales forzosas. Es necesario destacar aquí que si bien están contempladas presupuestariamente este tipo de ayudas en el caso
de aquellas flotas reguladas por planes de gestión (Plan de Gestión del Cantábrico-Noroeste, de Canarias y del Golfo de Cádiz), al no estar aprobado el Plan de Gestión del Mediterráneo, que afecta a la flota de 5 Comunidades Autónomas (Andalucía,
Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares) no puede verse incluido en esta partida. El sector del palangre de superficie del Mediterráneo viene reclamando ayudas directas al Gobierno por estas paradas forzosas.

En cuanto a los Programas de medio
ambiente, volvemos a constatar los presupuestos en materia medioambiental han consolidado la tendencia de esta legislatura en esta política, consistente en un menosprecio absoluto de todas y cada una de las cuestiones que atañen. En realidad, los
números confirman el balance de este Gobierno que también se ha dado en una regresión normativa sin precedentes.

El daño infligido a las políticas clave de nuestro país, como las costas o las cuencas hidrográficas, así como la contaminación y
la lucha contra el cambio climático en esta legislatura no tiene justificación y supone un retroceso sin precedentes que costará mucho tiempo y esfuerzo reconducir.

Resulta especialmente grave que, en lugar de aumentar, hayan disminuido
partidas tan importantes como las destinadas a adecuar las cuencas hidrográficas para evitar las cada vez más frecuentes crecidas e inundaciones. Es inexplicable que, mientras la Comisión lleva a España a la justicia europea por no depurar el agua,
el Gobierno destine este año menos que el anterior para ayudar en la construcción de esas imprescindibles infraestructuras. Es increíble que, en el año en que todos los países avanzados del mundo anuncian su más firme preocupación y compromiso en
la lucha contra el cambio climático, el Gobierno disminuya las ya exiguas partidas destinadas a este enorme problema.

El Gobierno no mira al futuro. En el conjunto del presupuesto se aleja cada vez más de crecimiento basado en el
conocimiento, el desarrollo tecnológico, el valor añadido que aporta una aportación de un capital humano cualificado y las bases productivas que minimizan el impacto de las externalidades. Frente a ese modelo caduco, nuestro Grupo apuesta por uno
completamente diferente en el que, en el ámbito ambiental, los agentes económicos y sociales articulen su desarrollo sobre la base de vincular el crecimiento económico al desarrollo sostenible Por los motivos aludidos, nuestro Grupo considera que
debe realizarse una reformulación completa el enfoque y contenidos presupuestarios en este ámbito y debe enmendar la totalidad de los programas relacionados con la materia medioambiental.

Por ello, el Grupo Socialista presenta esta enmienda
de devolución de la Sección 23 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

ENMIENDA NÚM. 89

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la devolución al Gobierno del Presupuesto de la Sección 25. El
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 no responde, en esta Sección, a los objetivos y prioridades que deben regir la actuación del Ministerio.

Asimismo, mantiene en el olvido importantes políticas que en años
anteriores llevaba a cabo el Ministerio de Presidencia, entre las que necesariamente ha de citarse la partida destinada a financiar los gastos derivados de la comisión interministerial que dio lugar a la Ley 52/2007 (memoria histórica) que ha
desaparecido tras contar con 6,25 millones de euros en el último Presupuesto de un gobierno socialista (presupuesto para 2011).

Por ello, el Grupo Socialista presenta esta enmienda de devolución de la Sección 25 del Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2016.

ENMIENDA NÚM. 90

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Por lo que se refiere al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Proyecto de Presupuestos para 2016 continúa con la tendencia de recortes que marcó los
ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, consignando unos créditos claramente inadecuados a las finalidades pretendidas.

El balance de la legislatura en el ámbito de la sanidad, los servicios sociales y la igualdad, es de claro retroceso. En una
sola legislatura la ciudadanía ha perdido derechos que fueron fruto de décadas de conquistas sociales.

En el área de sanidad los presupuestos consolidan el deterioro de la Sanidad Pública que ha tenido lugar, año tras año, desde 2012.

El cambio de modelo del Sistema Nacional de Salud queda plasmado una vez más en estos presupuestos. No hay crecimiento, no hay inversión y no hay solidaridad con los pensionistas, con los pacientes crónicos, ni con las personas en situación de
dependencia.

El presupuesto del Fondo de Cohesión ha desaparecido, cuando en la legislatura anterior contaba con una dotación en torno a 100 millones de euros.

Destacan también los recortes que, a lo largo de toda la legislatura, han
sufrido partidas fundamentales como son la de prestaciones sanitarias y farmacia, así como la destinada a donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

En el área de servicios sociales ocurre lo mismo. Las partidas que sufrieron
importantes recortes en los anteriores presupuestos de este Gobierno mantienen sus exiguas cantidades, mientras que no se recuperan aquellas que fueron suprimidas. Se sigue dejando sin una atención básica a los colectivos más vulnerables de la
sociedad, mientras aumentan considerablemente las situaciones de necesidad a las que deberían dar cobertura los servicios sociales.

En materia de atención a la dependencia, sólo la supresión del nivel concertado en todos los presupuestos
elaborados por el Gobierno del PP, ha supuesto que en cada uno de esos años se deje de invertir 283 millones de euros. Por otra parte, la dotación del nivel mínimo es insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que a partir de julio de 2015
debería estar plenamente implantado el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según el calendario previsto en la Ley y modificado en varias ocasiones por el Gobierno del Partido Popular para aplazar la entrada de nuevos
beneficiarios.

Los recortes llevados a cabo durante toda la legislatura obedecen al proceso de desmantelamiento que ha sufrido el Sistema de Atención a la Dependencia desde la llegada al Gobierno del Partido Popular. Medidas como la
paralización del calendario, la eliminación del nivel concertado, el aumento del copago, la supresión de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares (casi todas mujeres), o el régimen incompatibilidades, entre otras, han
desmontado el Sistema tal y como fue acordado por los agentes sociales y las fuerzas políticas.

El Programa 231F, Otros servicios sociales del estado, cuenta con cifras que no permitirán atender la situación de miles de ciudadanos en riesgo
de pobreza y exclusión social. Entre otras partidas relevantes, en este programa se encuentra el Plan Concertado, destinado a financiar los servicios sociales más básicos, que durante los cuatro Presupuestos anteriores han sufrido importantes
recortes respecto de 2011.

En las políticas de discapacidad se «arrastran» los recortes de los presupuestos anteriores. Con ello continúa el retroceso en materia de igualdad de oportunidades para este colectivo.

Las partidas del
Programa 231G, Atención a la infancia y a las familias consolidan un enorme retroceso en estas políticas justo cuando son más necesarias.

Las recientemente aprobadas Leyes de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia contemplan una serie de medidas cuya adecuada implementación requeriría la movilización de los recursos materiales y humanos necesarios. Ello conllevaría un esfuerzo presupuestario que el Gobierno ha decidido no llevar a cabo, algo que
ya quedó claro durante su tramitación, cuando el Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno se negó a modificar las disposiciones que establecían que las medidas incluidas en la nueva normativa no podían suponer incremento de gasto, a pesar de que
todas las fuerzas políticas y las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia lo reclamaron con insistencia.

En relación a las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y prevención integral de la
violencia de género, este presupuesto, al igual que sucediera en los anteriores, sigue sin recuperar las dotaciones presupuestarias alcanzadas en 2011.

Especialmente preocupante es el hecho de que este presupuesto no apueste decididamente por
la lucha contra la violencia de género y que, por tanto, la consignación presupuestaria destinada a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se sitúe por debajo de lo presupuestado en 2011, 5.135 millones menos, un 17 % inferior.

Lamentablemente, ante la violencia de género no puede bajarse la guardia. No cabe minorar su riesgo, ni en las mujeres que pudieran ser víctimas ni en los menores que de ellas dependen. Y ni una mención hay en este presupuesto en cuanto a la
mejora en la valoración de ese riesgo y puesta en marcha de nuevas herramientas que ayuden también a valorar el riesgo de los menores que puedan padecerla.

Hay que continuar mejorando el conocimiento de esta violencia y de sus posibles
manifestaciones, y tan sólo se presupuestan 5.000 euros en la partida 26.22.232C.485 para premiar a la mejor tesis doctoral en investigación en materia de violencia de género. Hay que fortalecer los mecanismos de conocimiento y conciencia social,
por ello, es necesario incrementar las campañas de sensibilización y un Plan de Prevención de Violencia de Género permanente, que se dote cada ejercicio económico. Y, por supuesto, hay que articular nuevas herramientas que mejoren la coordinación
de todos los implicados en la lucha contra esta violencia.

También es insuficiente la dotación presupuestaria destinada a las mujeres víctimas de violencia de género para ayudarlas a salir de la violencia que padecen y de la que incluso se
sienten culpables. Se necesitan más equipos psicosociales que las ayuden a enfrentarse a esta violencia y a recomponer su nueva existencia, lejos de retracciones que las vuelven a situar en el entorno del maltratador. Y por supuesto, nuevas
partidas para la asistencia también de los menores. Se necesita devolver a los Ayuntamientos la capacidad de actuación en la asistencia a esta mujeres y menores.

El avance en igualdad debe ser imparable. Y nuevamente debemos denunciar que
el Gobierno del Partido Popular no apuesta por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es más, debido a triquiñuelas, como por ejemplo la producida a través de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público
y otras medidas de reforma administrativa, que fusiona la Dirección General de Igualdad de Oportunidades y el Instituto de la Mujer, hoy es imposibles distinguir qué partidas se destinan a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, siendo
la desigualdad el germen de la violencia de género.

Estamos ante una Gobierno que no apuesta de forma real y efectiva por la igualdad y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, de lo que nuevamente nos da ejemplo la suspensión del
permiso de paternidad, que continua estancado en los 13 días, frente a las cuatro semanas que debería haber alcanzado en el primer año de gobierno del Partido Popular.

Por todo ello, se pide la devolución del presupuesto de la Sección 26, por
su insuficiencia para asumir los objetivos perseguidos por una Ministerio tan sustancial en la atención de las personas más desfavorecidas, combatir la desigualdad y exclusión social y vertebrar una sociedad cohesionada, donde la igualdad entre
hombres y mujeres se instituya en el nuevo patrón sociocultural.

ENMIENDA NÚM. 91

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía y Competitividad.

La situación económica y el empleo en nuestro país está muy ligada al ciclo económico y a factores externos.
Desde el Grupo Socialista hemos denunciado que nos preocupa la vulnerabilidad y la sostenibilidad de la recuperación del crecimiento, que está basado fundamentalmente en factores exógenos con un impacto determinante sobre la economía española: la
caída del precio del petróleo, la depreciación del euro frente al dólar y las mejores condiciones monetarias y financieras gracias al BCE y la Unión Bancaria.

El Gobierno sigue instalado en un discurso claramente electoralista y excesivamente
triunfalista. Sin embargo, no está aprovechando unos años con vientos de cola para intentar acometer los fuertes retos que tenemos por delante como el excesivo endeudamiento externo neto, la baja productividad, el elevado desempleo de larga
duración y el preocupante aumento de la desigualdad.

El Ministerio de Economía está volviendo a reproducir un patrón de crecimiento muy vulnerable, dependiente de factores externos de carácter temporal que no van ser permanentes y un modelo
de crecimiento no inclusivo basado en la precariedad laboral (temporalidad y bajos salarios) que está aumentando la desigualdad y la pobreza, no solo de las personas sin empleo sino también de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. La
reforma laboral ha intensificado la persistente dualidad en el mercado de trabajo. En este sentido, no podemos cometer el mismo error que con la burbuja inmobiliaria, quedarnos con los brazos cruzados, viendo pasar la recuperación sin acometer
reformas que aseguren un crecimiento más equilibrado y más inclusivo, con una mayor igualdad de oportunidades.

Entre esas reformas, que mejoren la calidad del crecimiento y la sostenibilidad del mismo, está la necesaria consideración de que
la inversión en I+D+i+d es anticíclica y debe ser estable para más de un ejercicio. Dicha inversión, productiva, ha recibido un duro golpe con este Gobierno, en toda la legislatura, lo que va a ser determinante para el futuro de la economía
española. No existe ni un solo organismo, asociación, colectivo o persona individual, ligada a la Investigación, la Innovación y el Desarrollo Tecnológico, que no sea coincidente: esta ha sido un legislatura «perdida» y un Gobierno insensible a la
percepción, extendida por otro lado entre la ciudadanía, de que la Ciencia es la manera más eficiente de construir un país diferente, y la mejor herramienta para crecer inteligentemente, cuando haya condiciones favorables, y para resistir sin
desventajas, los períodos de recesión mundial.

Desde el punto de vista de la gobernanza del Sistema Español de Ciencia e Innovación, el incumplimiento flagrante de todos los compromisos con el desarrollo de la Ley de la Ciencia, son la marca
indeleble de la gestión del Gobierno, en estos 4 años.

Por lo que respecta a los RRHH del Sistema de Investigación, las políticas restrictivas de estos años, fundamentalmente las bajísimas tasas de reposición impuestas por el Ministerio de
Hacienda, sobre todo en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, pero también en 2015, han producido un empobrecimiento general, que afecta a un buen número de equipos de personas con alta cualificación que han tenido que emigrar, cambiar de actividad o,
simplemente, abandonar proyectos vivos, que finiquitaron o migraron a países con Gobiernos más «inteligentes». Sacar pecho en estos PGE de 2016, de que la citada tasa de reposición se corrige y sitúa en el 100 % sólo puede calificarse como de
ejercicio cínico de electoralismo y ventajismo.

Y finalmente, por lo que a las meras cifras se refiere, constatamos que el nivel de gasto previsto en ayudas directas en I+D+i civil está aún bastante por debajo de los niveles de hace 10 años,
cuando se dedicaban casi 3.000 millones de euros. Sirva de referencia que la previsión para 2016 es el 66 % de las previstas en 2009, o el 75 % de lo dispuesto en 2011, último presupuesto socialista. En cifras globales el incremento de los
recursos destinados a la Política de Gasto de I+D+i (PG46), sólo crece un 0,36 %, en un ejercicio en el que los altavoces del Gobierno anuncian que somos el país que más crece en Europa, el más confiable, el que genera más recursos, etc., etc..
Asimismo, el Gobierno sigue sin ejecutar casi el 50 % de los fondos destinados a préstamos de investigación civil que acaban no concediéndose y que constituyen ya un mecanismo meramente contable para inflar los presupuestos para investigación. El
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) sufre una caída en este Presupuesto de 180 millones de euros, cuando en estos momentos tenemos serios problemas de competitividad industrial.

En relación al comercio, de los datos
estadísticos y presupuestarios de la propia administración se desprende que las empresas españolas siguen exportando «a pesar» del Gobierno, en una dinámica propia que en nada se ve impulsada de manera significativa desde las políticas públicas. El
Gobierno trata de ampararse en el comportamiento positivo que en determinados momentos presenta la balanza comercial, quedando al descubierto la inadecuada interpretación de dicho comportamiento en los momentos episódicos de repunte del consumo
interno que coloca a la misma, con carácter inmediato, en comportamiento negativo. El comercio interior sigue abandonado por el Gobierno salvo en lo relativo a las grandes superficies, las cuales han sido privilegiadas por éste en claro perjuicio
del comercio minorista, que atraviesa uno de los momentos más graves de su historia reciente.

Por todo ello, se propone la siguiente enmienda de devolución de la sección 27 Ministerio de Economía y Competitividad.

ENMIENDA NÚM. 92

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60.
Seguridad Social.

Inadecuación de los créditos a los objetivos de protección social, que ponen en grave riesgo el desarrollo de unas políticas fundamentales para la vertebración y la cohesión social.

Con la presentación de estos
Presupuestos Generales del Estado para 2016 le cabe al Gobierno del Partido Popular el «honor» de que por primera vez en democracia un Ejecutivo haya presentado cinco leyes de presupuestos, obviando el mandato de cuatro años de gobierno recogido en
la Constitución, y, por lo que respecta a la Seguridad Social, volver a presentar unas cuentas anuales que, al igual que sucediera en los cuatro presupuestos anteriores, también van a terminar con déficit.

El Gobierno nuevamente vuelve a
condicionar las cuentas de la Seguridad Social al objetivo de déficit del 0,3 % del PIB, fijado en el Programa de Estabilidad. Ahora bien, no mediante el incremento de los ingresos sino mediante la reducción del gasto.

Si bien es cierto que
el Gobierno estima un incremento de los ingresos por cotizaciones sociales del 6,75 % respecto de 2015, no es menos cierto que ese incremento es cinco céntimas inferior al fijado para dicho años, 6,80 %, y aun cuando para 2015 fijaba un aumento del
PIB del 2 %, insuficiente para generar empleo de calidad, y para 2016 fija ese mismo aumento del PIB en un 3 % y un crecimiento en el empleo del 3 %.

Pudiera pensarse que el Ejecutivo está tratando de ajustar los datos, pero a la vista de la
ejecución presupuestaria del primer semestre de 2015, las cifras se alejan de ese pronóstico, y lo que ponen de manifiesto es nuevamente una sobrevaloración de los ingresos y una infravaloración de los gastos. Así, se observa como en este primer
semestre de 2015 los ingresos han crecido un 1,32 % respecto del mismo semestre del año anterior y se ha producido un incremento del gasto del 2,16 %. Por lo que se refiere a partidas concretas, el gasto en prestaciones contributivas ha tenido un
aumento interanual del 3,44 %. Las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se sitúan en un 3,11 % más que el año anterior. Y la pensión media de jubilación y la pensión media del total del sistema alcanzan,
respectivamente, un 2,1 % y un 1,8 % más respecto del mismo período del año anterior, según datos facilitados por la Intervención General de la Seguridad Social. Incrementos derivados básicamente del aumento interanual del número de pensiones y del
efecto sustitución de las pensiones nuevas sobre las que causan baja, ya que la revalorización supone únicamente el 0,25 %.

El aumento de la afiliación en 571.400 personas en relación a junio de 2104, un dato que en sí mismo es un buena
noticia, sin embargo no produce prácticamente ningún incremento de cotizaciones al sistema. En este primer semestre se ha logrado recaudar 382 millones de euros más que en el mismo período de 2014, cuando en años anteriores cada millón de afiliados
suponían 5.700 millones de euros al sistema. Es decir, según esa ratio los ingresos por ese más de medio millón de incremento en el número de cotizantes deberían haber alcanzado los 3.619 millones, y se sitúan en apenas un 1,5 % de incremento.

Esta situación de caída de los ingresos en cotizaciones es debida a la política de precarización de nuestro mercado de trabajo emprendida a partir de la reforma laboral de 2012, con unas tasas de temporalidad y parcialidad que, según la EPA del
segundo trimestre de 2015, alcanzaban, respectivamente, el 25,1 % y el 15,8 %, con bases de cotización cada vez más bajas y una devaluación salarial de alrededor de un 10 % en apenas cuatro años, con la cuasi congelación del Salario Mínimo
Interprofesional y fuertes incentivos a la contratación a través de bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social, sin olvidar las tarifas planas o las exenciones de cotización. Al respecto se señala, según datos del propio
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que sólo la tarifa plana de 50 euros de cotización destinada a incentivar a los nuevos autónomos ha afectado a 635.602 trabajadores por cuenta propia desde su implantación, de los que algo menos de la mitad
tienen menos de 30 años. Si la cotización media de los autónomos se sitúa en alrededor de 250 euros/mes, la tarifa plana tiene un coste para la Seguridad Social de más de 1.500 millones de euros. Son políticas que el Gobierno debería abandonar si
realmente pretendiera alcanzar el 6,75 % en el incremento de cotizaciones para 2016.

Frente a ello, el Gobierno estima que las cotizaciones sociales ascenderán en 2016 117.242,57 millones de euros, lo que representa el 83,19 % del total de
los recursos, con un crecimiento de 7.409,28 millones de euros (equivalente al 6,75 % sobre las de 2015), e implica un crecimiento en el peso de las cotizaciones en el presupuesto de la Seguridad Social en un solo año de más de tres puntos (en 2015
su peso era del 80 %). Estimación difícilmente creíble cuando cifra el crecimiento de los salarios en un 1 %, incrementa las bases máximas de cotización un 1 %, y mantiene un sistema de incentivos a la contratación que recae exclusivamente en las
arcas de la Seguridad Social, con un uso cada vez más generalizado de las reducciones de cuota para financiar impropiamente las políticas activas de empleo, en contra del Pacto de Toledo. A mayor abundamiento, también hay que señalar que desde que
gobierna el Partido Popular la relación de cotizantes con el PIB no ha dejado de descender año tras año. Ha pasado del 9,8 % al 9,4 %. Ningún año desde comienzos del 2000 esta relación había sido tan baja.

Ningún dato avala, pues, esa
estimación de ingresos. Es más, se prevé que se «retiren» del Fondo de Reserva de la Seguridad Social unos 6.000 millones de euros. Es decir, la previsión de déficit para el año 2016 que realmente se prevé es de, al menos, el 0,6 % del PIB, y no
del 0,3 %, enjuagándose nuevamente el déficit deliberadamente creado con la hucha de los pensionistas.

Por lo que se refiere a las aportaciones del Estado a los ingresos del sistema, debemos destacar que los continuos decrementos
experimentados desde 2011, y a pesar del ligero incremento experimentado este año en relación a 2015, unido al escenario anteriormente descrito, no consiguen la necesaria suficiencia de nuestro sistema de pensiones.

En relación con los gastos
del sistema, el Gobierno en este presupuesto vuelve a infravalorarlos. Se establece un gasto total de 135.448,93 millones de euros en pensiones, lo que supone un incremento del 2,9 % respecto al año 2015. Pequeño incremento que no es suficiente
para sufragar los gastos del sistema de pensiones habida cuenta su evolución natural, como se señalaba en atención a los datos de ejecución presupuestaria sobre el primer semestre de 2015. Es más, el aumento en el gasto de las pensiones de
jubilación, la partida más importante de las pensiones contributivas, es claramente insuficiente para atender las obligaciones que en materia de jubilación se produzcan en el año 2016, pues, no tiene en cuenta el incremento interanual de esas
pensiones, que en los últimos años (2010/2014) ha experimentado un incremento de media de más de un 5 %.

Y ello a pesar del esfuerzo de este Gobierno en bajar la cuantía de la pensión media del sistema de la Seguridad Social, algo que nunca
había ocurrido durante el período democrático, gracias, entre otras, a su política de revalorización de las pensiones, las cuales, y todas con independencia de que se trate de pensiones mínimas, se incrementan un 0,25 % desde el 1 de enero de 2014,
con efectos especialmente gravosos para las pensiones más bajas, que además ven reducida su pérdida de poder adquisitivo por la política del «medicamentazo», es decir, el copago sanitario y la pérdida de financiación pública de determinados
medicamentos. Una revalorización que además se efectúa sin publicar los parámetros que justifican ese 0,25 % de revalorización, con claro incumplimiento de la Ley que lo regula.

Una política de reducción de la cuantía de las pensiones que
esconde dar cabida a los fondos de pensiones. De este modo, si en los años anteriores a 2011, y desde el año 2000, el promedio de incremento interanual de las pensiones medias del sistema fue del 5 %, en 2012 ya descendieron al 3,16 %, en el
año 2013 al 3,1 %, en el 2014 al 1,67 %, y en el primer semestre de 2015, como señalábamos anteriormente, se sitúan en el 1,8 %. Incluso en términos reales las pensiones de incapacidad y de viudedad han tenido un crecimiento negativo en los
años 2012 y 2013 (un -0,4 % las de viudedad y un -0,8 % las de incapacidad). Es más, según los últimos datos conocidos, las pensiones medias de las nuevas pensiones del régimen general tendrán un incremento respecto del año anterior del 0,62 % y
las de los trabajadores autónomos de menos del 1,53 %.

La disminución de la aportación del Estado a los complementos a mínimos, un 2,02 %, contrasta con un aumento del número de pensionistas, tal y como viene sucediendo en los últimos
ejercicios, del que se sabe que alrededor del 27 % necesita de complementos a mínimos. Los leves incrementos que se producen en la financiación de las prestaciones no contributivas, cuyo incremento del 2,15 % es insuficiente para compensar las
pérdidas habidas en esta partida en relación al presupuesto de 2013. La suspensión de la subida hasta el 60 % de la base reguladora de la pensión de viudedad, frente al 52 % actual, a favor de los pensionistas de mayor edad que solo perciban esa
pensión y no tengas rentas superiores a un límite. Son todos ellos hechos que vuelven a poner de manifiesto la falta de solidaridad de este Gobierno con los pensionistas más desfavorecidos.

En relación con el resto de pensiones, merece
destacarse el incremento en un 9,21 % de las prestaciones por incapacidad temporal, gestionadas por las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, circunstancia que llama la atención principalmente por la política de recorte del gasto seguida por
este Gobierno en relación a esta prestación y que no ha dudado en criminalizar a los trabajadores por absentismo laboral, en detrimento de su salud, y que contrasta con el mantenimiento, cuando no reducción, de los salarios, consecuencia también de
sus políticas; un crecimiento además que no tiene correspondencia con el incremento de la población afiliada. Asimismo, en un momento de moderación de precios y de políticas de ajuste, también llama la atención el crecimiento de los gastos de
inversiones para estas Mutuas, que se sitúan en el 9,50 %, y que casi duplica el crecimiento de las inversiones en las entidades gestoras y servicios comunes (5,92 %).

También se destaca el incremento en prestaciones familiares de un 10,77 %,
crecimiento que apunta a hacer frente a algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno en su plan de apoyo a las familias, como la relativa al complemento de la maternidad, una medida inequitativa e injusta que prima las carreras de cotización
más alta en detrimento de las pensiones más bajas, que verán absorbido dicho complemento. Por su parte, la suspensión nuevamente en este presupuesto del incremento a cuatro semanas del permiso de paternidad muestra claramente qué entiende ese
Gobierno por «apoyo a las familias».

En cualquier caso, esta pertinaz política del Gobierno en sobrevalorar los ingresos e infravalorar los gastos lo que está provocando es el continuo recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que
ha descendido desde sus máximos históricos en el año 2011 de 66.815 millones de euros hasta los 39.520 millones de euros, tras la última disposición el 1 de julio, un 40 % menos que en 2011. Detracciones que se han efectuado sin realizar ninguna
dotación, por lo que se han consumido todos los rendimientos económicos generados desde su creación, 20.765 millones de euros, y además ya se están utilizando sus aportaciones efectivas, por importe de 4.000 millones de euros. Y ello sin contar
los 2.780 millones detraídos del Fondo de Prevención de Accidentes de las Mutuas que, en puridad jurídica, constituye un préstamo que hay que devolverles. Y sin contar con la previsible nueva retirada de efectivos durante el último cuatrimestre
de 2015 para abonar la paga extraordinaria de los pensionistas, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno.

Con esta política tampoco es creíble el Programa de Estabilidad para los años 2014-2017, cuando recoge que el déficit del
sistema se prolongará hasta el año 2016 en un 0,3 %, pues ello exigiría un cambio de política presupuestaria y ya hemos visto que para 2016 ese déficit, lejos de la previsión de ese 0,3 %, se situará en, al menos, el 0,6 %.

Por otra parte, en
el presupuesto del IMSERSO destaca, en materia de atención a la dependencia, que las partidas son insuficientes para lograr la cobertura que se pretendía con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia.

Por aplicación del calendario de implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, reiteradamente retrasado por el Gobierno, ya deberían estar recibiendo servicios y
prestaciones todas las personas valoradas en situación de dependencia, tras la incorporación en julio de 2015 del grado de dependencia moderada. Ello requeriría un esfuerzo de financiación mayor al que se refleja en este Presupuesto.

Sólo la
supresión del nivel concertado en los presupuestos elaborados por el Gobierno del Partido Popular supone que cada año de esta legislatura se haya dejado de invertir en atención a las personas en situación de dependencia 283 millones de euros.
También se han producido recortes sustanciales respecto a la etapa de Gobierno anterior en la partida destinada al nivel mínimo, que en este Presupuesto se manifiesta claramente insuficiente, teniendo en cuenta que en 2016 el Sistema se encuentra ya
plenamente implantado.

También las partidas presupuestarias destinadas a Turismo y Termalismo Social han sufrido importantes minoraciones a lo largo de la Legislatura. Estos programas contribuyen al mantenimiento y mejora de la salud de las
personas mayores, facilitan su socialización y su acceso al ocio, y generan importantes retornos económicos y de empleo en las zonas turísticas.

Por todo ello, se propone la devolución al Gobierno del presupuesto de la Sección 60, pues no se
ajusta a la realidad. Ni a la realidad de un mercado laboral donde las cifras de creación de empleo encierran precariedad laboral, segmentación, jornadas parciales que esconden jornadas completas y devaluación salarial, hechos de incidencia directa
en los ingresos del sistema. Ni a la realidad de unos gastos que nacen infradotados para atender sus obligaciones, y que además explicitan la implantación de un sistema de revalorización que condena a nuestros pensionistas a la pérdida constante
del poder adquisitivo de sus pensiones, especialmente preocupante en pensiones ya de por sí muy bajas y respecto de las que no hace un esfuerzo suplementario de aumento, esto es, las pensiones mínimas. Partidas de gastos con descensos importantes
en las destinadas a evitar la pobreza y la exclusión social y el cuidado de nuestros mayores y personas dependientes.

ENMIENDA NÚM. 93

(PROPUESTA DE VETO)

De don Ramón María Espinar Merino (GPMX)

El Senador Ramón María
Espinar Merino, PODEMOS (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

La sección 12 es una de las
principales víctimas de la política de rodillo de los gobiernos socialista y popular desde que se nos impuso la doctrina de la austeridad antisocial. De 2010 a estos Presupuestos los programas de política exterior han perdido más del 58 % de su
capacidad, pero hemos de detenernos especialmente en el programa de Cooperación para el Desarrollo, que ha sufrido en seis años recortes hasta el 81 %.

Es una vergüenza afrontar estas cifras en un año, el 2015, para el que España se había
comprometido políticamente, tanto en la esfera internacional como nacional, a alcanzar el objetivo de dedicar el 0,7 % de la renta nacional básica a construir un mundo mejor y más justo para todos. Este compromiso lo firmaron en repetidas ocasiones
gobiernos tanto del PP como del PSOE, y no en fechas muy lejanas sino que tan solo en 2007 el partido que presenta ahora estas cuentas lo volvió a firmar públicamente en un Pacto de Estado contra la Pobreza junto al resto de fuerzas parlamentarias
de aquel momento. La idea fundamental de este Pacto y de la agenda internacional de desarrollo que está detrás de ese 0,7 % es que no atajar la brecha de la desigualdad internacional es un lastre para el desarrollo de todas las personas de todos
los países. Eso era tan cierto antes de la crisis global como después. Pero a la vista de este Presupuesto está claro que el Gobierno piensa que dejando atrás a los más vulnerables podrá beneficiar a algunos, demostrando su falta de comprensión
del mundo en que vivimos y de cómo afrontar solidariamente los nuevos retos sociales, económicos y ambientales.

Para 2016 se prevé un 0,21 % AOD/RNB. Tradicionalmente esta cifra de previsión no se cumple por falta de ejecución de un 5-10 %
del presupuesto. Los recortes en esta partida que ha llegado a mínimos en ejecución de AOD en 2014 (último año del que se tienen datos) con un 0,14 % AOD/RNB. Este convierte a España en uno de los países menos solidarios de nuestro entorno, (la
media de la OCDE, está en el 0,3 % AOD/RNB). Como en otras secciones de estos Presupuestos, el Gobierno trata de vestir con maniobras contables la falta de voluntad política y contabiliza en la cifra de AOD que presenta un remanente de 140 millones
de Euros que viene de años anteriores y que también se contabilizó en 2015. Existen además discrepancias entre el Informe de AOD y las aportaciones a Organismos Financieros Multilaterales. Dado el pasado contrastado sobre las técnicas de
presupuestación de la política de cooperación internacional, no cabe otra que interpretar que el Partido Popular quiere dibujar sobre el papel un esfuerzo de incremento de la AOD para cumplir ciertos mínimos (como alcanzar el 0,2 % AOD/RNB) que
difícilmente veremos como cifra real de ejecución en AOD cuando tengamos los datos dentro de casi dos años.

No se trata solo de números: la cooperación internacional ha desaparecido en esta Legislatura de la concepción de una política de
Estado. Los recortes y ajustes no son contables sino de esfuerzo político y han forzado un cambio de modelo social en Europa que amenaza con dar al traste con derechos y logros sociales alcanzados y consolidados durante décadas. La eliminación de
la cooperación tiene impactos negativos probados en cuatro esferas: sobre la vida de las personas de los países empobrecidos o en crisis, sobre la economía global, sobre la construcción de una ciudadanía activa y sobre la «marca España» que este
Gobierno vendió a los ciudadanos y ciudadanas como leitmotiv de su política exterior. Mala política exterior vemos en estos presupuestos.

En los últimos meses, la presión de los medios de comunicación y de la ciudadanía europea y española ha
hecho que el Gobierno popular no pueda continuar apartando la vista del exterior, y particularmente de aquellas personas en el exterior que son vulnerables, de los que este Gobierno ha tratado de distanciarse todo lo posible y no asumir ninguna
porción de responsabilidad ni solidaridad. No se trata solo de los refugiados sirios, se trata de muchas comunidades y países con las que habíamos contraído un compromiso de colaboración y a las que hemos ido abandonando por el camino desde 2010.
Se traslada así hacia afuera el mismo patrón de desigualdad que las políticas de recortes han impuesto dentro de nuestras fronteras. Es intolerable el recorte en gasto social, tanto el que afecta a las personas más vulnerables a nivel nacional como
el destinado a la cooperación internacional y a la acción humanitaria. Es además innecesario e ineficaz, porque cuanto más se tardan en atajar las brechas sociales mayor es el daño que causan y el coste de repararlo.

En el estado que
presentan los programas de esta sección 12 estamos lejos de poder contribuir a ninguna reparación como corresponde al deseo y a la capacidad real de España para generar políticas equitativas. Este ridículo margen ni siquiera sirve para la
contención de las injusticias y desequilibrios que vemos en el exterior, pero que sin duda alguna causan impactos en Europa y en España porque ya ninguna frontera contiene la pobreza y los grandes riesgos.

Por todas estas razones y porque
sabemos que hay alternativas más justas deseamos la retirada de la sección 12 en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016.

ENMIENDA NÚM. 94

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don
Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 12.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Presentamos esta propuesta de veto a la sección 12, no sólo porque no comparte los principales objetivos políticos que se plantea en sus distintos programas e incluso en sus
prioridades, sino también porque entendemos que el presupuesto destinado no será ni siquiera suficiente para llevarlo a la práctica.

El PGE 2016 al igual que el ejercicio anterior mantiene la tendencia de incremento, con una dotación de 1.474
millones. Sin embargo, es imprescindible tener en consideración la pérdida acumulada de ejercicios anteriores, cuyos efectos están lejos de corregirse en el presupuesto para este ejercicio, como por ejemplo en lo relativo a la acción consular, con
el recorte de consulados y embajadas. Sobre todo cuando se utiliza años tras año la justificación de la austeridad y la racionalización de la Administración Pública, cuya traducción son los recortes conocidos. Al mismo tiempo, el Gobierno obvia
una nueva realidad, que es la de los nuevos ciudadanos españoles que salen de nuestro país por razones básicamente económicas y, por tanto, se hace más necesaria que nunca la mejora de los servicios en muchos países de la Unión Europea y en el resto
de países.

Con respecto a la acción diplomática ante la Unión Europea, los recursos destinados a personal y medios materiales permanecen congelados, y siguen siendo insuficientes para ejercer esa acción diplomática y para abordar los
objetivos que debiera marcarse en el contexto europeo actual y las crisis abiertas por sus actuaciones.

Con respecto a la acción del Gobierno, el presupuesto no parece responder a la Estrategia de Acción Exterior. En este sentido, el
presupuesto es la constatación de la inexistencia de política exterior definida, algo que se refleja en las cuentas del Gobierno. Por otro lado, frente a esta indefinición, la acción exterior parece seguir supeditada a los intereses comerciales.
Nada apuntan estos presupuestos en sentido contrario a esa visión comercial de la acción exterior. Al contrario, parece que la acción exterior seguirá condicionada a los intereses de las grandes multinacionales españolas de los diversos sectores,
pese a las denuncias de vulneración de derechos humanos, ambientales, sociales, laborales y de los derechos de los pueblos indígenas.

No podemos permanecer impasibles, por lo que mostramos nuestra oposición a unos presupuestos que en la
práctica no irán destinados a cumplir el objetivo de colaborar en la creación de un orden mundial justo y solidario. Además, incumple los compromisos adquiridos por España en la lucha contra la pobreza.

En cuanto a derechos humanos, queda
claro que tampoco es una prioridad del ministerio. Parece que nada cambia. Las partidas para defensa de los Derechos Humanos son prácticamente anecdóticas. No se trata únicamente de mantener el compromiso en los organismos internacionales, sino
que además sería necesario incrementar las transferencias destinadas a entidades sin fines de lucro que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos.

Por último, la cooperación internacional no debe someterse a la inestabilidad
en función de excedentes, requiere de un compromiso público sostenido. Los continuos recortes que la AOD ha experimentado en los últimos años está provocando el desmantelamiento de la política de cooperación española. Estos recortes han afectado
fundamentalmente a las partidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) aporta al conjunto de la AOD española y, especialmente, a su Programa 143A Cooperación para el Desarrollo. En 2016 dicho programa disminuye casi un 3 % su
dotación con respecto a 2014. Desde el inicio de la actual legislatura (2012), el programa cuenta con 163 millones de euros menos (-25 %), y con 1.455 millones menos que lo presupuestado para el ejercicio 2011. Tomando en cuenta una u otra
referencia, las cifras muestran que el Programa de Cooperación sigue siendo el más recortado del MAEC.

Asimismo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es una de las principales perjudicadas y acumula una
caída de más de 620 M en ese mismo período, lo que significa un 72 % menos de presupuesto con respecto a lo programado para el 2011. Ello cuestiona la capacidad de desarrollar las orientaciones estratégicas del Plan Director en los 23 países
priorizados, por lo que se hace necesario un aumento en la dotación presupuestaria de dicho Programa, que beneficie a las partidas gestionadas por la AECID.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la Sección 12 del Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

ENMIENDA NÚM. 95

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador
Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

El presupuesto público sufre innumerables alteraciones a lo largo
del ejercicio que lo modifica substancialmente, de tal manera, que al finalizar el año puede haber sufrido un cambio radical. Esto es lo que ocurre anualmente con el presupuesto militar.

Resulta que cada año durante la ejecución del gasto
asignado al Ministerio de Defensa se añaden recursos al presupuesto inicial procedentes de diferentes ámbitos, un aumento que en los últimos diez años arroja una media anual de 1.500 millones de euros extras sobre asignación inicial. Lo que es sin
duda un engaño, pues demuestra que muchas de las partidas presupuestarias están infravaloradas, y que se completan a lo largo del ejercicio con aportaciones extraordinarias.

Si analizamos las liquidaciones de los presupuestos desde el 2012
al 2015 solo el incremento gasto del ministerio de defensa sobre lo presupuestado es de más de 8.700 millones. El objeto de estos créditos extraordinarios ha sido fundamentalmente la compra de armas y la financiación de las misiones militares en el
exterior siguiendo el dictado de la OTAN fundamentalmente.

Todo ello se producía en un contexto de recortes en derechos fundamentales.

Concretamente un 30 % en 2012, un 24,5 % en 2013, un 25,2 % en 2014 y este año según su avance
un 27,4 % de incremento en gasto del ministerio de defensa.

De esto podemos deducir que el gasto real en defensa del Estado español, recogido en los PGE es manifiestamente insuficiente, por no decir falso, pues puede alcanzar un aumento
injustificado al inicial, como ha ocurrido este año con la aprobación del RD 7/2015 de 14 de mayo en el que se aprobó un incremento de 856.440.653,35 €.

No en vano el propio gobierno en el libro amarillo reconoce la necesidad de acometer pagos extrapresupuestarios para compra de armamento que tendrán un impacto en el déficit público de 1.400 millones el próximo año (página 48) y que en
su comparecencia el Secretario de Estado de la Defensa cifró en 1000 millones de euros de gastos que no aparecen en los presupuestos generales presentados.

A pesar de no consignar estas partidas, el gobierno actual continúa incrementando los
compromisos con la industria a través de estos programas especiales. Por poner un ejemplo, para el próximo año —en su presupuesto—, el gobierno ha consignado una partida de 25 millones de euros para la adquisición de «megadrones» para
labores estratégicas en el campo militar que son capaces de elevarse hasta los 10 000 metros de altura, mucho más que las vías comerciales. Esta inversión será constante cada año hasta el 2020, por lo que se espera una cantidad cercana a los 121
millones.

De esta manera, los presupuestos de 2016 en lo relativo a los PEAs son un calco de los de los ejercicios anteriores. Se sigue la misma estrategia de no contabilizar este gasto en los PGE, aunque ya se conozca de antemano, pues se
tiene la seguridad de que el crédito se va a conseguir con asignaciones extraordinarias.

El gobierno niega centrar los esfuerzos en la reconversión de esta industria, como lo hicieran antes muchos países, hacía otros fines de carácter civil
como hemos propuesto, de forma gradual y con el apoyo financiero que garantice que no se pierden empleos. Esta decisión política, que evidentemente es de largo recorrido e importante esfuerzo, es negada de forma reiterada por un Gobierno que
utiliza como excusa el empleo generado por la industria para seguir contratando programas especiales de armamento. La misma industria a la que no se le pone ningún tipo de exigencia ni cláusula social en la contratación cuando suscribe un contrato
multimillonario con el estado para que garantice el mantenimiento del empleo.

Es un caso manifiesto de fraude presupuestario para ocultar a la oposición política y a la opinión pública el verdadero presupuesto militar, que además transciende
al ámbito de la sección 14 alcanzando a la práctica totalidad de los ministerios.

Se consignan de manera insuficiente estas partidas, para después incrementarlas con diversos mecanismos contables.

Por el contrario en relación a la
políticas de personal de las Fuerzas Armadas los presupuestos no abordan nuevamente aspectos esenciales como son la modernización de las actuaciones específicas en relación con las movilidad geográfica, que puede concretarse en las que se recogen
como planteamientos y propuestas contenidas en el estudio realizado al efecto por el Observatorio de la Vida Militar adscrito a las Cortes Generales.

Esta es una de las razones para la presentación de esta propuesta de veo, porque no se da
respuesta a una situación conocida, previsible y con medidas concretas que para su plena efectividad deben contemplar partidas presupuestarias singulares.

El apoyo a la movilidad geográfica no puede depender de las ventas de activos por parte
del INVIED, sino que debe ser parte integrante del presupuesto.

En la misma línea, no se analizan ni se tienen en consideración la situación de miles de militares que, al no haberse modificado la regulación de la carrera profesional de los
Militares de Tropa y Marinería, deberán abandonar las Fuerzas Armadas en los próximos años, a los que se le deja sin posibilidad real de ingresar se en el mercado de trabajo, sin que se establezcan programas que faciliten su integración en
condiciones de igualdad, dando cumplimiento a las previsiones del artículo 32 de la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

No hay previsión alguna de generar, con las aportaciones presupuestarias que sean
necesarias, una verdadera red de atención a los militares y familias, porque lo que se describe al respeto en la Sección de Defensa, no es suficiente y se ha demostrado ineficaz.

Aunque no sea un aspecto estrictamente relacionado con el
presupuesto del Ministerio de Defensa, una cuestión más para proceder a la devaluación del proyecto de presupuestos, es la nueva falta de presupuesto específico de las Cortes Generales del Observatorio de la Vida Militar.

El Ministerio de
Defensa dispondrá en 2016 de un presupuesto de 5.962,09 millones de euros, referido al presupuesto de gastos, o lo que es lo mismo un incremento del 3,5 % con respecto a la partida inicial del 2015. Lo que supone de facto de la primera subida
importante en ocho años, situando al departamento al nivel del 2013, en el que contó con 5.934 millones.

Por su parte el apartado de política de Defensa destina 5.734,29 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,4 % con respecto
al 2015.

Curioso es que mientras se incrementa de manera constante las partidas de la sección 14 Ministerio de Defensa PGE y regularmente se aprueban RD por las que se incrementan lo presupuestado, partidas básicas como las del Misterio de
Empleo y Seguridad Social sufren un descenso del 26 %, seguidas de la de Industria con una disminución del 14,7 %.

Es evidente que el gasto militar en su conjunto entorpece el desarrollo económico, pues ese mismo gasto dedicado al desarrollo
de bienes de la economía real tendría un efecto más positivo.

Sirvan de ejemplo las siguientes alternativas de reducción del gasto militar que podrán liberar miles de millones de euros para gastos sociales y economía productiva:

1)
Dedicar la partida destinada a I+D militar a I+D civil, lo que supondría desviar lo presupuestado hacia la investigación civil.

2) Reducir y anular inversiones en armamentos, especialmente las relacionadas con los PEAs, y destinar esos
recursos al desarrollo de bienes civiles y sobre todo la reconversión de la industria y el mantenimiento del empleo cuya calidad en cualquier caso debería ser garantizada cuando este depende de contratos con la administración pública.

3)
Anula las operaciones militares en el exterior, en el marco de una reflexión profunda de nuestra política exterior, lo que implicaría el regreso de nuestras tropas y en un ahorro de cientos de millones de euros.

Por todo ello, presentamos
esta propuesta de veto a la Sección 14 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

ENMIENDA NÚM. 96

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.

Los presupuestos que se presentan para la sección de Industria Energía y Turismo ponen en evidencia que el Gobierno renuncia a dotar a España de un modelo industrial que, desde el respeto al medio ambiente, permita contribuir a una
salida social y justa de la crisis.

El Valor Añadido Bruto de la Industria (VABI), excluidas las ramas energéticas, representó en el año 2014, según los últimos datos disponibles, un 13,2 % del Valor Añadido Bruto (VAB) del conjunto de
la economía y el 12 % del PIB. Si se comparan estas cifras con las que se registraban en el año 2000, se observa que la industria manufacturera ha sufrido una pérdida de peso considerable en los últimos catorce años. Su participación en el VAB
total ha disminuido en 4,6 puntos porcentuales: desde el 17,8 % en 2000 al 13,2 % en 2014.

Para revertir esta continua pérdida de peso relativo de la industria española respecto al VAB de nuestra economía, es necesario traducir la política
industrial en una política de Estado implicando la colaboración de todas las Administraciones y creando las condiciones que permitan que las iniciativas empresariales se creen y desarrollen en un marco de certidumbre y transparencia.

Sin
embargo, las medidas transversales que han marcado esta legislatura y las que se plantean van a tener un impacto a medio plazo sobre toda la industria: la reforma del mercado laboral, la reforma del sector energético, la reforma del sector
financiero y la ley de estabilidad presupuestaria. Tales reformas se completan con otras con especial incidencia en el sector industrial y en el ámbito de las PYME.

Estamos hablando de la devaluación de la calidad del empleo que han
significado las reformas laborales, de la supeditación del sector financiero a los intereses del Banco Central Europeo, o lo que es lo mismo, la Banca Alemana, casi siempre contrarios a la posibilidad de una potente industrialización de España, de
la supeditación del sector energético a los intereses especulativos de las empresas energéticas, con la práctica desaparición de cualquier apuesta por las energías renovables, así como de la mal llamada Ley de Estabilidad Presupuestaria, que
supedita todo interés de un posible desarrollo de España a situarnos como un territorio dependiente en lo político y en lo económico, y por tanto sin capacidad para dotarnos de un desarrollo industrial que pueda competir con los intereses dominantes
hoy en la Unión Europea.

En definitiva, más allá de las declaraciones electoralistas que marcan estos presupuestos en todos sus apartados, nos encontramos con un avance en un modelo de política industrial dependiente, falto de horizontes y
claramente al servicio de intereses económicos de las grandes empresas eléctricas.

No se puede hablar con estas cuentas de un desarrollo tecnológico propio, de apoyar la consolidación de las pequeñas y medianas empresas como una apuesta por
un modelo de sociedad más abierto e integrador de la sociedad y el territorio.

Al mismo tiempo, los compromisos del Gobierno con los trabajadores de las empresas del carbón no están en absoluto asegurados en estos presupuestos. Al
contrario, se confirma la supeditación que hace el Gobierno del cumplimiento de los acuerdos a las disponibilidades que marquen las políticas de control presupuestario.

Preocupante es la alusión que se hace en los objetivos a la energía
nuclear y a la construcción del almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC), que está evidenciando como el Gobierno antepone los intereses de esta industria a la seguridad de las
personas.

Las cifras son claras cuando dejan sentado que la política de industria y energía contará en 2016 con 5.455,02 millones de euros (el 0,48 % del PIB previsto y el 1,25 % del gasto consolidado de los presupuestos). Esta política
disminuye un 9,5 % con relación a lo presupuestado en 2015.

Como hemos señalado, continua el abandono de las energías renovables bajo el argumento de reordenar el sector, y la eficiencia energética no tiene el tratamiento presupuestario que
se necesita, porque todo está en función de la rentabilidad de las grandes empresas energéticas que han marcado la política del Gobierno en toda la legislatura.

Los presupuestos ponen un año más en evidencia que la movilidad sostenible no es
una prioridad, cuando esta tiene unos impactos sociales, ambientales y económicos nada despreciables que nos permitirían una disminución de la dependencia del petróleo y disminuirían las emisiones de CO2. Emisiones de contaminantes que
generaron 20.000 muertes prematuras y que provocaron las multas del Tribunal de Justicia Europeo por contaminación atmosférica.

El Gobierno no solo ha abandonado el impulso de las energías renovables, sino que lo está impidiendo a pesar de
que son la única garantía de abastecimiento de energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un entorno favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el futuro
energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

Y como siempre, el Gobierno continúa favoreciendo al oligopolio energético en
cualquiera de sus formas, la última de ellas mediante la indemnización por el Castor. Pero no se acuerda de los que menos tienen y más sufren: no existe ni una sola partida destinada a combatir la pobreza energética, que padece el 17 % de las
familias de España.

En materia de turismo estos presupuestos ponen en evidencia como el Gobierno se ha instalado en el convencimiento de que la industria turística no necesita una planificación política, que permita aprovechar los ingresos
que produce este sector para realizar una adecuación estratégica que aumente la calidad del producto turístico como mejor instrumento de competitividad. Precisamente las reformas laborales y otras medidas del Gobierno han degradado la calidad del
empleo y por tanto del producto que se ofrece al consumidor, y encauzan a las empresas a competir en el mercado turístico en función de bajar los precios mediante la reducción de los costes laborales, en lugar de reforzar la calidad del producto
turístico como garantía de conseguir un liderazgo mundial en esta industria.

Es verdad que el turismo ha sido la industria que ha salvado a nuestra economía una vez más en los peores momentos de la crisis, pero al mismo tiempo es también
verdad que en esta pujanza de los beneficios por turismo han tenido más incidencia las situaciones de emergencia que se han dado en otras zonas del planeta, provocando una huida del turismo de mercados emergentes del norte de África y Este Europeo y
su refugio en destinos más seguros y consolidados. De esta manera, España se ha beneficiado de situaciones conflictivas en otros lugares del planeta, como posibles destinos competidores.

Pero el Gobierno, en lugar de aprovechar esta
oportunidad mediante una política de inversiones que permitiera una renovación de la planta hotelera, una política laboral que permitiese una mejora de las condiciones laborales como condición indispensable para una mayor calidad en la oferta, y una
política de protección del medio ambiente que permita buscar segmentos de turistas que cada vez liga más destino turístico con calidad medioambiental, y de realizar una aportación necesaria para que las energías renovables pudieran presionar a una
bajada de los precios sin recurrir a la bajada de los costes laborales.

Estos presupuestos no tienen una política turística determinada. Se mantiene la idea de situar al turismo como la gallina de los huevos de oro del que se puede
eternamente extraer beneficios sin necesidad de realizar una política inversora planificada y eficaz.

Un verdadero Plan de Puesta en Valor del Producto Turístico del Estado Español, con unos presupuestos adecuados, podría significar
aprovechar los grandes beneficios que ha ofrecido la industria turística para consolidar una posición de liderazgo que no dependa de las situaciones de crisis humanitarias de otras partes del planeta para su supervivencia.

Por todo ello,
presentamos esta propuesta de veto a la Sección 20 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

ENMIENDA NÚM. 97

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

La
descripción de los objetivos del sector supone un ejercicio más de cinismo político del Gobierno. Resultan especialmente llamativas las referencias al «diálogo permanente con los grupos políticos, instituciones públicas, profesionales y
operadores jurídicos…» cuando la presente legislatura ha estado marcada por la ausencia de diálogo y de consenso en todas las reformas llevadas adelante por este Gobierno. Es más, todas las reformas impulsadas esta legislatura se han movido
entre la improvisación y los intereses corporativos con un denominador común: la oposición prácticamente de todos los grupos políticos, el rechazo mayoritario de los profesionales, operadores jurídicos, sindicatos y la ciudadanía (aunque el
Gobierno lo ignore). Las referencias al consenso y a la búsqueda de leyes que puedan perdurar en el tiempo, que se encuentran en la justificación del presupuesto, años tras año, son una ficción.

En la misma línea pueden entenderse las
alusiones al «interés general» cuando en reformas como la Ley de Jurisdicción Voluntaria o la «fallida» privatización de los Registros se han antepuesto intereses corporativos a los derechos de la ciudadanía. Por último, si algo resulta asombroso
es que pretendan asociar la «nueva orientación de cambios estructurales en el ámbito de la Administración de Justicia» a la justicia como servicio público. El Gobierno ha sido incapaz de impulsar las reformas estructurales que necesita la Justicia
y, al contrario, ahonda en los recortes del servicio público de la Administración de Justicia y cierra cualquier posibilidad de mejora, transformación y modernización.

Las reformas han estado marcadas por criterios mercantilistas, en la
lógica de recortes y privatizaciones de este Gobierno, lejos de profundizar en la mejora del servicio público, que han supuesto una merma de derechos y garantías de los ciudadanos, sin precedentes. «Una justicia lenta no es justicia, pero una
justicia sin garantías tampoco es justicia» como apuntaba el Fiscal José María Mena.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se ha previsto para Justicia la cantidad de 1.603,31 miles de euros, lo que representa un incremento
del 6,3 % con respecto al año anterior. Cualquier crecimiento presupuestario es relativo cuando se arrastra una reducción acumulada desde 2012. En todo caso, los presupuestos están marcados por el continuismo con respecto a los de 2015, con la
pretensión de profundizar en la visión mercantilista de la Justicia (Tasas judiciales, Registros o Jurisdicción Voluntaria, por ejemplo).

Estos presupuestos no están orientados ni cuentan con una dotación suficiente para abordar la reforma en
profundidad que requiere la Administración de Justicia. Evidentemente, se necesita una dotación adecuada para facilitar la transformación paralizada desde inicio de legislatura y, por supuesto, sostener un servicio público de calidad. Pero también
es necesaria la voluntad de avanzar. Obviamente no hacia la privatización de los servicios públicos y la exclusión por razones económicas.

Con este presupuesto difícilmente se podrá acometer con éxito ni siquiera una mínima parte de los
problemas pendientes de la justicia española: modernización e implantación de la oficina judicial, nuevo mapa judicial, revisión de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia no transferido a las Comunidades
Autónomas, mejora en materia de infraestructuras, nuevas tecnologías, etc.

Los PGE 2016 en materia de Justicia, pese a tener la pretensión de romper la línea continuista de anteriores ejercicios, no invierten los ejes que han caracterizado
los PGE y la acción del Gobierno: por una congelación de su presupuesto, por una congelación de la iniciativa política en materia de transformación de la Justicia y por una apuesta privatizadora por parte del Gobierno.

Tasas Judiciales y
Justicia Gratuita

De los datos facilitados por la AEAT podemos extraer conclusiones bastante evidentes. La primera es que, como suponíamos, la ley de tasas no tenía como objeto sufragar la justicia gratuita, ya que supera ampliamente el
presupuesto destinado a la misma, al igual que sucedió con los PGE 2014 y 2015. La segunda es que la verdadera finalidad de la implantación de las tasas de 2012, era extender la recaudación entre todos los usuarios y disuadir a la ciudadanía, como
medio de «descongestionar» la Justicia, tal y como se le reclamaba por sectores corporativistas de la Administración de Justicia. La tercera de las conclusiones es que, según la recaudación obtenida en los últimos años y pese a las afirmaciones del
nuevo ministro en su comparecencia del pasado 15 de octubre, la litigiosidad se ha reducido en jurisdicciones como la civil donde sí que existe la tasa, tanto en primera como en posteriores instancias.

Por este motivo, consideramos que debe
derogarse de forma inmediata la Ley de Tasas Judiciales, que en la práctica es un obstáculo para el acceso al servicio público de la Justicia y no sirve para financiar la justicia gratuita. Al menos parece que el Proyecto de Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita, que suponía un retroceso más y un nuevo recorte de derechos de los ciudadanos, no va a tramitarse. El incremento en la partida para justicia gratuita, destila esa visión de «beneficencia» y derecho «prestacional», en lugar
garantizar la financiación pública suficiente para el mantenimiento del sistema de justicia gratuita, derecho constitucional con base en el artículo 119 CE en conexión con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocida en el
artículo 24.2 CE, que contempla como parte del mismo la asistencia y defensa de letrado.

Equipamientos e Infraestructuras

Pese a que el Gobierno, como hemos comentado, anuncia unos presupuestos de la «recuperación económica», lo cierto
es que la dotación prevista para los equipamientos e infraestructuras parece claramente insuficiente para cumplir sus objetivos.

En todo caso, más allá de la improvisación y transcurridos tres años de legislatura, lo que se constata es la
falta de definición clara con respecto a la estructura de los tribunales y oficinas judiciales. La partida presupuestaria reseñada es insuficiente incluso para cumplir con los compromisos anunciados.

Tecnologías de la Información y la
Comunicación

Los PGE 2016 pretenden presentar como medida «estrella» la administración electrónica «papel cero» dotándola con 79 m/€. Pese a ser un esfuerzo notable con respecto a 2015, el incremento de la partida aún queda lejos de
los objetivos que marca el presupuesto y cuyos resultados son inalcanzables económicamente.

Plan de Modernización del Registro Civil (Registros Vinculados con la Fe Pública)

El Ministerio de Justicia destina a esta partida 26,82
m/€ en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que incrementa la partida de 2015. Lo destacable de esta partida, a la que hay que sumar la inversión durante los últimos años para la modernización, informatización y digitalización
del Registro Civil, debe encuadrarse en la estrategia del Gobierno por privatizar el mismo. Pese a tener que retroceder y eliminar la reforma que privatizaba los Registros traspasando su llevanza a los Registradores, resulta sumamente
desconcertante la afirmación contenida en la presentación de la partida en la que el Gobierno sostiene que «… continuará con la desjudicialización del Registro Civil». Parece que los objetivos de privatización del Gobierno no varían pese a
las improvisaciones y rectificaciones en esta materia.

Convocatoria de Plazas, régimen de sustituciones y situación del Personal Interino en los cuerpos de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales

El PGE 2016 resulta casi ridículo en
su descripción. Mantiene la previsión de habilitar hasta 100 nuevas plazas para las carreras judicial y fiscal para 2016. Esta cantidad es insuficiente para la dotación adecuada de personal en todos los cuerpos de la Administración de Justicia,
que está absolutamente desbordada. A la vista del informe de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los órganos judiciales, la mayoría sobrepasan el 150 % de módulo de carga de trabajo, continuando 10 puntos por debajo de la
media europea de jueces/habitante.

Es por todo ello que presentamos esta propuesta de veto a la Sección 13 al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

ENMIENDA NÚM. 98

(PROPUESTA DE VETO)

Del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la
Sección 15. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el ámbito de la política tributaria cabe destacar la subida de impuestos generalizada es injusta y tiene unos efectos negativos sobre la actividad económica y comporta más
desigualdad al beneficiar más a las clases altas. Asimismo no se aborda una ambiciosa reforma fiscal que contribuya a la sostenibilidad de las cuentas públicas, a la generación de riqueza y al reparto de la misma y finalmente estos presupuestos
suponen un retroceso, que se suma al de los dos presupuestos anteriores, en los medios humanos y materiales en la lucha contra el fraude fiscal.

Asimismo, los créditos que corresponde gestionar a la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas ponen de manifiesto la dejación que hace el Estado de la cooperación económica local. Este programa, de gran importancia hasta los Presupuestos de 2011, en la práctica desaparece; Con ello se impide la continuación de los planes de obras
y servicios para planes provinciales e insulares de cooperación. Por otra parte desde que gobierna el PP la financiación de los municipios de menos de 20.000 habitantes, a través de este programa, ha desaparecido.

A lo largo de esta
legislatura, el Presupuesto de la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE) ha sufrido un recorte anual del 46 % en la aportación del Estado.

El Presupuesto de 2016 sigue en la misma línea, con una reducción de 203 millones de euros
en la compensación por servicio público respecto al año 2011, lo que representa un 38 por ciento menos. Con esta asignación no se garantiza el equilibrio presupuestario y la viabilidad del Servicio Público de la Radio Televisión Pública ordenado
por las leyes y el Mandato Marco para la CRTVE, aprobado en diciembre de 2007.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la Sección 15 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

ENMIENDA
NÚM. 99

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

En el Proyecto de Ley de PGE para 2016 en materia de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias asciende a 7.903,52 millones de euros, lo que implica un
incremento en términos absolutos de 60,39 millones de euros respecto a 2015, pero una disminución respecto de la inversión porcentual de PIB comparado con 2015. Pero en cifras reales el presupuesto de este departamento desde 2012 hasta hoy ha
bajado en términos absolutos (en 2016 se gastarán 451 millones de euros menos que en 2012).

La gestión política llevada a cabo por el Ministerio de Interior se ha caracterizado por tres elementos:

1. Descenso en términos absolutos
del gasto y alrededor de un seis por ciento porcentual de los recursos destinados a las políticas de seguridad.

2. Disminución de las plantillas de los miembros que conforman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los
funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

3. Reformas legislativas de gran contenido ideológico.

La situación de las plantillas muestra los negativos resultados de la política de personal que se ha realizado durante la presente
legislatura como consecuencia de las restricciones que se han llevado en cuanto a la provisión y cobertura de vacantes del personal de la Administración General del Estado, en general, y en particular en cuanto al Cuerpo Nacional de Policía: de
los 77.088 funcionarios policiales que en servicio activo se encuentran previstos en el Catalogo en vigor, solamente 66.324 los que cubren dichos puestos, lo que supone un total de 10.764 vacantes de miembros del Cuerpo Nacional de Policía en
servicio activo. Estos datos no permiten, pues, actuar de manera eficaz en materia de seguridad ciudadana o policía judicial, ni los dedicados a violencia de género.

Respecto a la Guardia Civil los datos no son mejores: de los 85.154
funcionarios policiales que en servicio activo se encuentran previstos en el Catalogo en vigor, solamente son 76.124 los que cubren dichos puestos, lo que supone un total de 9.030 vacantes de miembros de la Guardia Civil en servicio activo a 1 de
mayo del presente año. Esta disminución afecta considerablemente al servicio fiscal, al servicio marítimo, en intervención de armes y en seguridad ciudadana, entre otros.

En Instituciones Penitenciarias se han perdido más de 1.400 efectivos
con el agravante que el 36 por ciento de funcionarios tiene más de 50 años. Esta situación ha conllevado prisiones acabadas y sin abrir (con coste de mantenimiento alto) y prisiones abiertas pero con módulos cerrados por falta de personal.

Debido, además, a la falta de plantillas, nos encontramos con prisiones acabadas y sin abrir, aunque el coste de mantenimiento que se soporta es alto y otras cinco prisiones, que aunque abiertas tiene más de 25 módulos sin abrir, por carecer de
personal para dotarlas con un mínimo de seguridad.

En materia sanitaria se han disminuido las aportaciones a Muface que se ha traducido que la prestación sanitaria a los colectivos de funcionarios de la FFCCSE y de IIPP haya sufrido una merma
en su calidad significativa. Asimismo el Ministerio de Interior está eludiendo los pagos de los medicamentos de Hepatitis C para los presos infectados.

Por otro lado en actuaciones policiales en materia de droga el presupuesto
(programa 132C) ha disminuido. En lugar de incrementar el presupuesto para luchar contra las bandas criminales que trafican con droga, se opta por el recorte en este programa. Paralelamente, la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana ya
no posibilita la suspensión del pago de la sanción por consumo público de drogas por el sometimiento a programas de rehabilitación, y lo limita exclusivamente a los menores de edad.

En materia de asilo, la ausencia de políticas destinadas a
garantizar protección internacional a aquellas personas que llegaban a nuestras fronteras es alarmante. Las dotaciones en derecho de asilo y apátridas (Programa 131P), mantiene idénticas previsiones para 2016 a las de 2015. Solo aparece un
incremento de 3 millones de euros para dar cumplimiento al compromiso acordado en el Jai del 20 de julio por el que España facilitará el reasentamiento de 1449 personas en situación de clara necesidad de protección internacional en Oriente Medio y
norte de África y la reubicación de 1300 personas desde Italia y Grecia. A pesar de ello, las listas de espera para solicitar asilo son interminables.

En esta línea cabe hacer referencia a los Centros de Internamientos de Extranjeros, cuya
existencia seguimos exigiendo su cierra.

En materia de protección civil llama la atención que en 2016, año en que tiene que implementarse la nueva Ley de Protección Civil, se prevea una bajada del presupuesto del 0,22 %, lo que mantiene una
senda continuista en esta materia.

En cuanto al tráfico, al igual que los presupuestos 2014, 2015, para 2016 la subida del gasto se apoya en una previsión de aumento espectacular de los ingresos por tasas paralela a una bajada de los ingresos
por multas y sanciones.

Se prevé un aumento de 28,3 millones de euros en tasas y una disminución de 5 millones de euros en multas y sanciones. Más inversión en vigilancia y menos multas. La realidad es que a falta de datos de la Dirección
General de Tráfico, las denuncias de un importante aumento de las sanciones que vienen realizando durante este año 2015 los clubs de automovilistas, parece que no siguen esta literatura demuestran que no es así.

Reseñable resulta la reducción
en 438.000 euros de las partidas en educación y formación vial, a la vez que se mantiene la desaparición de las partidas destinadas a actuaciones en tramos y puntos peligrosos o conflictivos. Y todo ello a la vez que se aumentan un año más las
transferencias a Hacienda; con respecto al año 2011, aproximadamente los 35 millones.

En definitiva ha sido una legislatura perdida para mejorar la prestación del servicio público de la seguridad que ha producido una merma considerable de coordinación entre los cuerpos policiales, fomentado la competición entre estos, que
ha abordado y adoptado medidas contra la inmigración, con una concepción exclusivamente de la emigración como una amenaza sin pensar en las personas y que ha realizado una instrumentalización de los resortes de poder del estado en favor de intereses
partidistas para perseguir al adversario y defender a los correligionarios de las graves acusaciones que pesan sobre ellos.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la Sección 16 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016.

ENMIENDA NÚM. 100

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

Los PGE 2016 del Ministerio de Fomento son el compendio de todos los presupuestos presentados por el Gobierno del Partido
Popular en esta materia y se caracterizan por cinco conceptos: desinversión, privatización, retórica, incumplimiento de los compromisos contraídos con Cataluña y falta de credibilidad.

Desinversión porque un año más sitúan la inversión
directa (10.129 miles de euros) en cifras muy alejadas de las necesarias para impulsar a fondo la reactivación económica (como motor de creación directa e indirecta de empleo y garantía de competitividad para muchos sectores) dejando el total de la
inversión pública española en el 1,9 por ciento del PIB, muy lejos de la media europea.

Privatización porque estos presupuestos amparan el proceso de privatización de AENA que ya ha llegado al 49 por ciento, después de ofrecer a los
accionistas privados una revalorización del 70 por ciento de sus acciones en muy pocos meses, y una vez aprobada la Ley del Sector Ferroviario, la privatización futura del sector ferroviario pasando del modelo de organización y dirección públicas
del servicio público de transporte colectivo (aéreo y ferrocarril) a un modelo de iniciativa privada simplemente regulado y compensado por las OSP.

Retórica porque las proclamas y buenas intenciones de las leyes y planes estratégicos en
sectores tan relevantes como la vivienda o el transporte de mercancías o la logística y la intermodalidad tienen una traducción presupuestaria ridícula (por ejemplo, los 16 miles de euros para la remodelación de barrios) que ensombrece cualquier
esperanza de que cuestiones tan decisivas para el desarrollo social y económico de la sociedad española tengan la centralidad en las políticas públicas que se merecen.

Incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos con Cataluña de la
DA 3.ª del EAC y materializados en un acuerdo bilateral suscrito por los gobiernos de España y la Generalitat de Catalunya porque por quinto año consecutivo la inversión regionalizada en Cataluña que incluye las partidas del Ministerio de Fomento
tan solo alcanza el 10,7 por ciento del total cuando debería llegar al 18,9 por ciento que es el peso catalán en el PIB español. Esto comporta un déficit inversor para 2016 de 898 millones de euros que sumado a los de los años anteriores supera
los 2.500 millones de euros.

Esta merma produce el olvido o la ralentización innecesaria y contraproducente en el desarrollo de infraestructuras y obras muy importantes para Cataluña especialmente en lo que se refiere al Corredor del
Mediterráneo (por ejemplo en su desdoblamiento en la provincia de Tarragona) o en relación con las autovías de Gerona o el Pirineo de Lérida. Mención aparte merece la desatención de las necesidades de capitalidad de Barcelona entre las que destacan
la gran estación intermodal de la Sagrera o los accesos viarios y ferroviarios al Puerto de Barcelona.

Falta de credibilidad porque a la disminución de las partidas presupuestarias se le añade unos niveles de ejecución muy por debajo de lo
técnicamente aceptable (el mismo Gobierno informa que a 31 de junio de 2015 solo se había ejecutado el 35 por ciento del presupuesto de inversiones del Ministerio de Fomento para el año en curso) y poquísima voluntad política para firmar acuerdos
con las CCAA y poder desarrollar en los plazos previstos los programas de gasto, muy especialmente en el caso del Plan de la Vivienda, con lo que la programación de actuaciones que plantea el propio PITVI del ministerio queda en papel mojado.

En definitiva, puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y vivienda son clave en una verdadera estrategia para salir de la crisis que buscara compaginar competitividad económica con creación de puestos de trabajo y garantía de cohesión
social y territorial. Una estrategia que una vez más este proyecto de PGE 2016 ni suscribe ni soporta ni hace creíble.

Por todo ello presentamos esta propuesta de veto a la Sección 17 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016.

ENMIENDA NÚM. 101

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Educación

En el presupuesto destinado a la sección 18 sobre materia educativa se aprecia un
incremento del 9,3 % estableciendo los recursos en 2.484 millones de euros, que quedan muy lejos de los que se destinaban en 2011 produciéndose una baja de 359 millones.

Los compromisos de racionalización del gasto con la Unión Europea del
Gobierno español han pasado la tijera por la educación, decisión estrictamente tomada por el gobierno de Rajoy y materializada en los recortes continuados en los diversos presupuestos de esta legislatura así como otras normas de restricción del
gasto cómo es el Real Decreto 14/2012.

Todo ello se traduce en una mengua de los recursos destinados a garantizar el derecho a la educación, una educación que desde nuestro grupo entendemos que además tiene que ser de calidad y tiene que
garantizar la equidad.

En relación al aumento que presentan estos presupuestos hay que decir que la mayor parte de los recursos de este aumento van destinados a la implantación de la ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, conocida como
LOMCE.

Es decir, el incremento de las partidas destinadas a los diferentes programas ya existentes en anteriores presupuestos es insignificante.

La lectura general es clara, la educación no es ni ha sido una prioridad para el gobierno
del Partido Popular, justo todo lo contrario, las políticas implantadas con el total rechazo de la mayoría de partidos políticos, sólo han supuesto trabas constantes para mejorar el sistema público educativo y el ahogo económico a las familias.

En educación hemos retrocedido casi 10 años en cuando a recursos destinados a este ámbito.

Consideramos que el presupuesto que se ha presentado no garantiza la igualdad de oportunidades y que lejos de luchar contra el abandono escolar lo
fomenta.

Las partidas destinadas a becas y ayudas aumentan de forma insignificante, un 0,19 % lo que representa 3 millones respecto a 2015, pero des de 2011 se han recortado 276 millones.

A pesar de que se reitere por parte del
gobierno que aumenta la partida, lo cierto es que este aumento es del todo insuficiente para dar respuesta a la demanda y realidad social, y por lo tanto no garantiza la igualdad de oportunidades y en consecuencia el acceso a los estudios.

Además hay otros tipos de ayuda que no han experimentado ningún tipo de incremento o simplemente han desaparecido.

Por otro lado hay que tener en cuenta que los recursos destinados a libros de texto y otro material didáctico quedan muy
lejos de los 98,2 millones que se destinaban en el presupuesto de 2011, exactamente un 74 % menos. Además hay que tener en cuenta que se han tenido que renovar los libros de texto, dado el cambio de contenidos que establece la LOMCE y el gobierno
no ha previsto destinar ninguna partida especial para aligerar este gasto a las familias.

No se entiende que desde el Ministerio se manifieste que el profesorado es una pieza esencial para sacar adelante el sistema educativo y a la vez las
partidas destinadas a mejorar profesionalmente este colectivo sólo se destinen 3 millones de euros, es decir, un 93,7 % menos que en el último presupuesto socialista.

Visto la asignación presupuestaria de las partidas la educación
compensatoria cómo de educación especial, queda demostrado que la calidad en la educación y que ésta se adecúe a las necesidades de los alumnos, no está dentro de las prioridades del gobierno de Rajoy. Concretamente en el primer caso las destinadas
al alumnado en desventaja social sólo se han destinado 5,1 millones, con una bajada acumulada desde el 2011 de 65 millones. Y en cuanto a educación especial, aquí sí que el recorte ha sido brutal, pues no hay partida desde 2013.

Tampoco
entendemos como desde el gobierno se exige a las universidades que estén en los primeros lugares de los ránkings mundiales y por otro lado la financiación que destinan es del 0,12 % de aumento respeto el 2015, teniendo en cuenta que traen un recorte
acumulado del 70,25 % desde el 2011, es decir 280,74 millones. Estas erróneas previsiones hacen que las universidades estén en una situación crítica de subsistencia que les impide poder competir con otras universidades internacionales mucho más
financiadas por parte de los estados respectivos.

Deporte

En cuanto al deporte, tiene que ser un verdadero calvario defender por parte de los responsables del Consejo Superior de Deportes estos presupuestos para 2016. Continúan casi
con las mismas dotaciones presupuestarias, por lo tanto tienen poco margen para poder impulsar nuevas políticas de fomento del deporte, con un descenso del presupuesto de casi el 80 % desde el 2012, los 2,6 millones de aumento para 2016 son del todo
insuficientes.

Teniendo en cuenta que el deporte es una herramienta de gran utilidad para garantizar un mejor desarrollo social, corrector de desigualdades, de fomento de convivencia, fomenta la salud, no entendemos que ahora que hay una
ligera recuperación económica no se traduzca en las partidas de deportes.

Ni tan sólo cuando supone una inversión para el fomento del deporte y a la vez de la economía de un territorio. Concretamente nos referimos a los Juegos del
Mediterráneo 2017 que se celebrarán en Tarragona, donde el gobierno del Estado ha obviado en estos presupuestos los compromisos adquiridos.

Confiamos en que habrá vías alternativas para poder dar la respuesta adecuada a estos compromisos y
demostrar a las empresas que directa o indirectamente la celebración de los juegos les supondrá un impulso económico y por tanto creación de empleo, que el Gobierno del Estado está a la altura de las circunstancias.

En consecuencia con lo que
se ha expuesto, no son unos presupuestos que tengan como prioridad garantizar el derecho de acceso a la educación y al fomento del deporte. El deseo de garantizar la igualdad de oportunidades, la lucha contra el fracaso y el abandono escolar no se
traduce en la dotación de los recursos suficientes para hacerlo una realidad y no podemos renunciar a estas prioridades que para nuestro grupo son irrenunciables.

Cultura

Las partidas destinadas a instituciones y políticas culturales
en los cinco PGE presentados por el Gobierno del Partido Popular, incluidos los 803 millones de euros consignados a estos PGE 2016, arrojan un balance desolador sobre la aportación del Gobierno a la financiación de la cultura en España. La suma de
las desviaciones a la baja con respecto al PGE 2011 (1.054 millones de euros) llega a los 1.383 millones de euros en estos cinco años, es decir más de un año completo de recortes. Y al mismo tiempo el gobierno también castiga los ingresos del
sector cultural, provenientes de la venta de entradas, manteniendo un IVA del 21 por ciento para los espectáculos (cine, artes escénicas, música) y rebaja drásticamente los ingresos por derechos de autor consolidando en la reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual la desaparición del canon digital y su sustitución por una partida arbitraria en los propios PGE como compensación por la copia privada (de los 110 millones de euros del canon hemos pasado a solo 5 millones de euros
presupuestados) a lo que se añaden múltiples dificultades para que las entidades de gestión colectiva de los derechos puedan mantener su nivel de recaudación ordinario y ni tan siquiera es capaz de presentar en el Parlamento una Ley de Mecenazgo con
auténticos incentivos fiscales que permitan atraer recursos privados de forma sustantiva para la cultura.

En definitiva, un auténtico estrangulamiento financiero que demuestra que el Gobierno ni apuesta por la cultura ni mucho menos confía en
la iniciativa pública para su desarrollo.

Esta fuerte restricción en los recursos destinados a la Cultura tiene a su vez un impacto especialmente negativo para Cataluña. Los fondos que el Gobierno destina a las instituciones e
infraestructuras culturales de carácter estatal o con repercusión para toda España ubicadas en Cataluña son claramente insuficientes e injustas con una Comunidad Autónoma que lidera la actividad y la industria cultural española (25 %). En
particular, es muy decepcionante la desaparición por cuarto año consecutivo del convenio firmado entre el Gobierno y el ayuntamiento de Barcelona para reconocer y apoyar la capitalidad cultural de esa ciudad, lo que conlleva la dejadez de
responsabilidades por parte del Ministerio de Cultura en algunas instituciones clave como museos, auditorios, teatros y festivales. Mención especial merece el incumplimiento del anuncio para disponer en estos PGE 2016 por primera vez de una partida
para el inicio de las obras de la Biblioteca Provincial Urbana de Barcelona cuando todos los estudios y proyectos están sobradamente terminados.

Finalmente, destacamos también el bajísimo compromiso del Ministerio de Cultura en estos
presupuestos con el reconocimiento y desarrollo de la pluralidad lingüística de España, desatendiendo los programas en esta materia y muy significativamente su apoyo a las Academias de la Lengua del catalán, gallego o euskera, que son el símbolo de
esta realidad plurilingüe, y en coherencia con su incapacidad para abordar una imprescindible ley en esta materia o ni tan siquiera incorporar una referencia explícita en el texto de la nueva ley de salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial.

ENMIENDA NÚM. 102

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los últimos años, España viene invirtiendo en políticas de empleo un considerable porcentaje de su PIB. Sin embargo si
observamos el esfuerzo español en políticas de empleo, estimado por el gasto en porcentaje del PIB por punto de tasa de paro, dicha inversión sigue revelándose notablemente insuficiente vistos los años que dicha tasa presenta porcentajes superiores
al 20 %. La dotación destinada a políticas de empleo, y especialmente la destinada a políticas activas de ocupación, es un año más escasa.

España se enfrenta a la agudización de la tradicional precariedad de su mercado de trabajo. La
medición del desempleo exclusivamente a través de la tasa de paro es una trampa que no nos podemos permitir y que supone una observación de la realidad que ciega el entendimiento de lo que sucede en nuestro mercado laboral. Es cierto que los
últimos meses la tasa de paro ha descendido hasta un 22,37 % en el segundo trimestre de 2015, si bien a niveles similares al cuarto trimestre de 2011 cuando el gobierno actual tomó posesión. Sin embargo hay que recordar que trabajando una hora al
mes una persona sale de las listas de desempleados del SEPE mejorando artificialmente la estadística. Si observamos los datos de la contabilidad nacional, no sólo han descendido el número de horas totales trabajadas en la economía española, sino
que hay 598900 ocupados y 613900 asalariados menos en empleo equivalente a tiempo completo de los que había el cuarto trimestre de 2011 cuando el gobierno tomó posesión.

Los nuevos datos de la precariedad provocados por la reforma laboral de
PP y CIU se reflejan en una bajada de salarios que ha aumentado dramáticamente el número de trabajadores pobres, el aumento de la temporalidad y el aumento de la parcialidad en el empleo. La reforma laboral que tenía como uno de sus principales
objetivos declarados que no reales combatir la temporalidad no lo ha logrado siendo de nuevo la gran mayoría de contratos que se firman de carácter temporal; muchos de ellos de menos de un día o de pocas semanas. Por otra parte hay un repunte del
trabajo a tiempo parcial que se ha encaramado a valores del 16 % los últimos trimestres. La parcialidad en la jornada no supone un problema cuando es voluntaria pero más del 63 % de los trabajadores a tiempo parcial declaran que desearían trabajar
más horas y eso es porque a menudo los salarios de este tipo de jornada, a diferencia de otros países europeos, son demasiado bajos.

Ante estos datos la conclusión es obvia, España se enfrenta a un grave problema de subocupación incluso por
personas que están empleadas y tampoco se resuelve el problema del desempleo, seguimos con más de tres millones de parados de larga duración por los que el gobierno parece haber tirado la toalla.

Decimos que el gobierno parece haber desistido
a la vista del presupuesto presentado a esta sección 19. Todo haría pensar que ante la supuesta recuperación económica el gobierno se permitiría definitivamente recuperar el nivel de inversión en políticas de fomento del empleo existente en 2011 ya
que la tasa actual es similar a la que había el cuarto trimestre de aquel año. La realidad es que el presupuesto actual destina 2137 millones de euros menos que en aquel entonces con la notable diferencia que hoy día hay dos millones de parados de
larga duración más de los que había. Respecto a la orientación, las políticas de fomento de la inserción laboral vuelven a caer en el refuerzo de las agencias de colocación privadas y el de las bonificaciones, a las que se dedican más de 1600
millones de euros; éstas son acciones que no se han probado útiles para emplear a esos tres millones de personas. Sin embargo la inversión en la modernización del SEPE o la de políticas de formación sigue siendo a todas luces insuficiente.

Muchas de esas más de tres millones de personas que llevan más de un año buscando empleo han perdido su prestación. Si en 2010 la tasa de cobertura, personas que reciben algún tipo de prestación contributiva o subsidio, era del 78 % hoy día esa
tasa es de poco más que del 55 %. El importe en el presupuesto de prestaciones y subsidios que ha descendido en más de 10.000 millones en solo dos años, de los 29000 millones del presupuesto de 2014 a los 19000 millones del actual, contrasta
fuertemente con esta caída del nivel de cobertura. Por otra parte algunos de los programas que vinculaban un subsidio con políticas de formación han visto recortadas sus partidas, e.g., el plan PREPARA que en solo dos años presenta una caída
presupuestaria de más del 23 % pasando de los 357 millones presupuestados en 2014 a los apenas 219 millones de este año.

El Gobierno, pues, nos presenta un presupuesto en el ámbito del empleo y de la protección por desempleo que, siguiendo la
senda ya marcada en la Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, apuesta por una política de reducción del gasto público, en este caso en política social, y renuncia a un aumento de ingresos. A mayor abundamiento, el Gobierno, en su
política de ocultación, no computa en el gasto social la partida de desempleo, única forma de encubrir una orientación política que nos lleva a denominar estos presupuestos como los de la desigualdad al consolidar una política de recortes en las
partidas presupuestarias destinadas a atender a los más vulnerables.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la Sección 19 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

ENMIENDA NÚM. 103

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Estos presupuestos siguen demostrando el escaso interés del gobierno por los problemas de la agricultura, la ganadería, la pesca y la
alimentación. Un desinterés al que se suma la desatención al medio rural que, reiteradamente, ha perdido instrumentos y recursos para garantizar su pleno desarrollo y no ha puesto medidas para evitar la despoblación.

Estos presupuestos, los
últimos de esta legislatura, permiten hacer un balance definitivo de las políticas del gobierno en estas materias y evidenciar la incapacidad de este ejecutivo para salir al paso de los problemas graves que afectan al sector primario y al mundo
rural, donde los problemas de despoblación y desequilibrio territorial tienen hoy, a pesar de la escasa atención que les presta el gobierno, una dimensión de grave problema de estado, como se ha puesto en evidencia en la Ponencia para el Estudio de
la Despoblación del Mundo Rural y la Comisión Especial para el Estudio de las Zonas de Montaña que recientemente presentaron sus conclusiones en el Senado.

Las cifras de este presupuesto son las evidencias de este relato de la política
agraria y rural de nuestro país. El peso de los recursos destinados a estos fines que suma en su conjunto 7.438,24 M €, descenderá en el próximo ejercicio un 13 %, es decir, 1.141,68 M € menos que en el anterior presupuesto. Ante
estas cifras, es imprescindible precisar que en el presupuesto del 2015 hubo un incremento notable de recursos para cubrir las transferencias del FEADER en los programas de desarrollo rural. Una partida que incrementó el presupuesto en 871 millones
de euros y que, en este ejercicio ha desaparecido, con el agravante, que a su desaparición se debe de sumar, también, la partida correspondiente al programa 414C de desarrollo rural, correspondiente a la Ley 45/2007. El mundo rural pierde en estos
presupuestos cerca del 56 % de inversión y una media, en los últimos 4 años del 32 %.

Los efectos de esta reducción de recursos se hará evidente en ámbitos fundamentales para nuestra agricultura que, en algunos sectores, vive momentos de
grave dificultad y, en lugar de recibir el apoyo del gobierno, sufrirá claros retrocesos o imperceptibles mejoras, como es el caso de los seguros agrarios, fundamentales en la prevención de riesgos que con una partida de 211,7 M € siguen muy
por debajo de los 300 millones de euros destinados por el anterior gobierno socialista.

En esta misma línea podemos mencionar la caída de recursos en un 41,23 % en materia de competitividad y calidad de la producción y de los mercados;
un 7 % en regulación de mercados; un 25 % en sanidad agraria. En definitiva, cerca de un 60 % de recortes acumulados desde el año 2009 que evidencian el escaso interés reiterado por este gobierno para un sector tan estratégico y fundamental como
es de la agricultura y la pesca, un sector que desde el 2011 acumula un retroceso presupuestario de un 43,13 %.

Además de esta merma en los presupuestos, el gobierno sigue sin dar solución a los problemas estructurales del sector en el ámbito
de los precios y de las conductas abusivas de algunos sectores de la distribución. Seguimos sin normas eficaces para garantizar precios justos, que no obliguen a los agricultores a trabajar por debajo del precio de coste. Este es un gravísimo
problema en el sector lácteo, en el de la fruta dulce que por tercer año consecutivo sufre una grave caída de precios que pondrá en riesgo a muchas explotaciones, o el porcino, entre otros. Hoy, se requieren con absoluta prioridad, políticas que
defiendan, con recursos y normas, al sector alimentario en su conjunto, evitando la especulación con los alimentos y un modelo productivo capaz de garantizar el futuro de estas explotaciones con un modelo agrario que priorice el interés social de la
agricultura, tanto desde la perspectiva alimentaria como de la cohesión y el equilibrio territorial.

En estos presupuestos, el medio ambiente sigue la senda del abandono que inició el actual Gobierno. Mientras en otros países aprueban la ley
de transición energética liderando la lucha contra el cambio climático, aquí ocurre todo lo contrario: se desincentivan las renovables, se impide la autoproducción de energía, y disminuyen las partidas de cambio climático. No nos sorprende no por
la barbaridad que supone, sino porque es la tónica de su mandato durante la legislatura.

La dotación destinada al cambio climático disminuye un 8,3 %, y sigue siendo menos de la mitad de lo que se destinó en 2011. Aunque este Gobierno no se
lo crea, el cambio climático es una amenaza real, y el abandono del impulso de las energías renovables y de la eficiencia energética van en detrimento de la descarbonización de la economía. La propia Agencia Europea del Medio Ambiente ha advertido
que España no está ni siquiera en la senda de cumplir con los límites de emisiones de cambio climático. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y está
destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

La partida destinada a la protección y mejora del medio ambiente disminuye un 25 % respecto el año anterior; a pesar de que suspendemos en
contaminación atmosférica y de que todos los informes coinciden en que genera un grave problema ambiental, de salud y económico: en España fallecen 12 veces más personas por la mala calidad del aire que por accidentes de tráfico. De hecho la CE ya
nos apercibió por sobrepasar los límites de emisiones de ciertos contaminantes atmosféricos. A pesar de todo ello, el gobierno no implementa las acciones necesarias para disminuirla tal y como demuestra la falta de desarrollo del plan Aire, la
negativa a implementar la euroviñeta o el mismo aumento de la velocidad permitida a 130 km/h.

También disminuyen importantes partidas como la destinada a Mantenimiento, Conservación y Protección del patrimonio de Medio Ambiente un 66 %
respecto al año anterior, pasando de 2.731,42 en 2015 a 927,33 miles de euros; o la destinada a la mejora del estado de las masas de agua de la Calidad de las Aguas y ecosistemas asociados disminuye un 21 %. La dotación destinada al desarrollo del
medio rural ha disminuido un 56 %, y la de desarrollo rural sostenible ha desaparecido.

La miopía del Gobierno ante los retos medioambientales del país y del planeta pone en riesgo nuestro patrimonio natural pero también impide el impulso de
sectores económicos vinculados al medio ambiente, que son intensivos en creación de empleo y que permitirían una transición justa y sostenible de nuestro modelo económico y productivo.

Es por todo ello que presentamos esta propuesta de veto a
la Sección 23 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

ENMIENDA NÚM. 104

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia.

Se mantiene en el olvido importantes políticas que en
años anteriores llevaba a cabo el Ministerio de Presidencia, entre las que necesariamente ha de citarse la partida destinada a financiar los gastos derivados de la comisión interministerial que dio lugar a la Ley 52/2007 (memoria histórica) que ha
desaparecido tras contar con 6,25 millones de euros en el último Presupuesto de un gobierno socialista (presupuesto para 2011).

Por ello, presentamos esta propuesta de veto a la Sección 25 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2016.

ENMIENDA NÚM. 105

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Los Presupuesto Generales del Estado que el Gobierno del Partido Popular ha presentado este año mantienen la
línea y el perfil ideológico de toda la legislatura, son un claro ejemplo de que las políticas dirigidas a las personas más vulnerables no son la prioridad.

Como hecho inédito en nuestra democracia, el Gobierno ha adelantado la tramitación de
los Presupuestos, con la clara intención de utilizarlos de forma electoralista en los próximos comicios generales.

La presentación de los presupuestos en estas condiciones supone utilizar de forma partidista una de las leyes que se discuten y
aprueban anualmente en las Cámaras.

Aunque el maquillaje aplicado por el Partido Popular en los Presupuestos de la Sección 26, con falsas promesas de incremento del gasto, generando así falsas expectativas a los ciudadanos y a los colectivos
más desfavorecidos, solo hace falta detenerse en ellos para ver de nuevo que las tijeras de los recortes aún no han terminado.

En sanidad el Fondo de Cohesión, ha desaparecido del todo, en el anterior ejercicio contaba con una dotación de 100
millones de euros. Y no hay ninguna partida para recuperar el copago de los pensionistas, o partidas que reparen los recortes sufridos durante los últimos 4 años de inversiones, prestaciones sanitarias y farmacia.

En las partidas de
Servicios Sociales, con la tónica de los años anteriores. En dependencia el ejecutivo ha dejado de invertir 283 millones de euros al año, con la supresión del nivel concertado que introdujo a través del RD 25/2012.

Desde el inicio de la
legislatura empezaron el desmantelamiento de la ley de la Dependencia, paralizando el calendario de despegamiento, eliminando el nivel concertado, aumentando el copago y eliminando al supresión de la cotización a la Seguridad Social de los
cuidadores familiares Todo ello ha supuesto la pérdida de un derecho que recién acabamos de adquirir como ciudadanos.

La inversión en otros servicios sociales del Estado, continua siendo insuficiente, como el Plan Concertado, para que los
ayuntamientos puedan hacerse cargo de los miles de personas que están pasando dificultades en estos momentos en nuestro país. Al igual que la partida para la infancia nos parece que no cumple con la necesidades que actualmente estamos sufriendo en
el que las cifras de pobreza infantil se elevan a 2,8 millones de menores de 16 años, aun habiendo aprobado una ley de la protección de la infancia que mejora en mucho al situación de los menores en nuestro país, son necesarios recursos para
ello.

Para terminar, este Gobierno nunca a creído en la igualdad entre mujeres y hombre, y prueba de ello han sido los presupuestos. En la partida de violencia de género el recorte acumulado es del 17 % respecto al año 2011. Unos 5 millones
menos. Lamentablemente ante la violencia de género no podemos bajar al guardia y tampoco la debemos bajar en la desigualdad entre hombres y mujeres que crece al mismo ritmo de la desigualdad social.

Por todo ello, presentamos esta propuesta
de veto a la Sección 26 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

ENMIENDA NÚM. 106

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía y Competitividad.

La situación de la
economía y el empleo en nuestro país está muy ligada al ciclo económico y a factores externos. Es preocupante la vulnerabilidad y la sostenibilidad de la recuperación del crecimiento, que está basado fundamentalmente en factores exógenos con un
impacto determinante sobre la economía española: la caída del precio del petróleo, la depreciación del euro frente al dólar y las mejores condiciones monetarias y financieras gracias al BCE y la Unión Bancaria.

El Gobierno sigue instalado en
un discurso claramente electoralista y excesivamente triunfalista. Sin embargo, no está aprovechando unos años con vientos de cola para intentar acometer los fuertes retos que tenemos por delante como el excesivo endeudamiento externo neto, la baja
productividad, el elevado desempleo de larga duración y el preocupante aumento de la desigualdad.

De los 28 países de la Unión Europea, sólo hay dos (Grecia e Irlanda) en los que el PIB ha caído más durante la crisis. En la inmensa mayoría de los países el PIB está por encima de los niveles del año 2007. No es casualidad que los
países que más política de austeridad han aplicado estén en los últimos puestos (Grecia, Irlanda, España, Portugal, Chipre e Italia).

El Ministerio de Economía y Competitividad está volviendo a reproducir un patrón de crecimiento muy
vulnerable, dependiente de factores externos de carácter temporal que no van ser permanentes y un modelo de crecimiento no inclusivo basado en la precariedad laboral (temporalidad y bajos salarios) que está aumentando la desigualdad y la pobreza, no
solo de las personas sin empleo sino también de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. La reforma laboral ha intensificado la persistente dualidad en el mercado de trabajo. En este sentido, no podemos cometer el mismo error que con la
burbuja inmobiliaria, quedarnos con los brazos cruzados, viendo pasar la recuperación sin acometer reformas que aseguren un crecimiento más equilibrado y más inclusivo, con una mayor igualdad de oportunidades.

Por otro lado, la inversión
productiva en I+D+i ha recibido un duro golpe con este Gobierno El nivel de gasto previsto en ayudas directas en I+D+i civil está aún bastante por debajo de los niveles de hace 10 años, cuando se dedicaban casi 3.000 millones de euros. Asimismo, el
Gobierno sigue sin ejecutar casi el 50 % de los fondos destinados a préstamos de investigación civil que acaban no concediéndose y que constituyen ya un mecanismo meramente contable para inflar los presupuestos para investigación. El Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) sufre una caída en este Presupuesto de 180 millones de euros, cuando en estos momentos tenemos serios problemas de competitividad industrial. El CIEMAT sufre un recorte del 3,3 % en relación al año 2015.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 a la Sección 27.

ENMIENDA NÚM. 107

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 36. Sistemas de financiación de entes
territoriales.

Con esta propuesta de veto queremos denunciar la reiterada falta de compromiso del Gobierno del Partido Popular con la necesaria cohesión territorial que exige nuestra división constitucional en Comunidades Autónomas. Nunca
han tenido en cuenta adecuadamente las necesidades de financiación de los territorios y, especialmente el gasto en atención social a los ciudadanos, en educación, sanidad, y servicios sociales, que representa más del 80 % de sus presupuestos.

Durante toda la Legislatura, las comunidades autónomas han sido las más perjudicadas del esfuerzo en la reducción del déficit público, y esto ha supuesto recortes en políticas sociales que siempre sufre la población más vulnerable. El Gobierno
no ejerce su responsabilidad en lo que respecta a la financiación de los entes territoriales y se ha negado a plantear una mejora en sus ingresos mediante la obligada revisión del modelo de financiación autonómico que debería haber entrado en vigor
en enero de 2014. Por tanto, lleva dos años incumpliendo la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, al no haber pactado un nuevo sistema de financiación autonómica y recurrir de forma extraordinaria a créditos y préstamos.

Un
gobierno responsable impulsaría con carácter urgente la revisión del sistema de financiación autonómica con el objetivo de corregir los déficits de financiación y garantizar los principios de coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución
Española, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.

En lo que respecta a Catalunya, el gobierno también está incumpliendo un año más la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía al presupuestar sólo una parte de la inversión territorializada en infraestructuras que le corresponde por el peso de la
región en el PIB. Este proyecto de Presupuestos para 2016 prevé invertir sólo 1.179 millones de euros, el 10,7 % del total cuando, en realidad le corresponde el 18,9 %. La media estatal de inversión por habitante en este presupuesto es de 236
euros, y en el caso de Catalunya baja a los 157 euros. Además, no se consigna ninguna cantidad para hacer frente de las liquidaciones pendientes de los años 2009, 2010 y 2011 en los que si se presupuestó adecuadamente.

Durante esta
Legislatura la inversión prevista en Catalunya se ha situado entre el 9 y el 12 % del total de la inversión regionalizada del Estado. Prácticamente la mitad de lo que le correspondería. Esto ha supuesto que la inversión del Estado en Catalunya
haya caído cerca del 60 % respecto al año 2011.

Por todo lo expuesto, presentamos esta propuesta de veto a la Sección 36 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

ENMIENDA NÚM. 108

(PROPUESTA DE
VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

Como viene ocurriendo los últimos años y tras la Ley 23/2013 que supuso la desaparición de la revalorización automática de las pensiones estas se han incrementado solo en un 0,25 % anualmente.
En el 2014 ello no supuso una pérdida nominal del poder adquisitivo de las pensiones, que si el real, dado el sistema de copago farmacéutico y que los bienes, entre ellos la alimentación a los que los pensionistas dedican una mayor parte de sus
ingresos son los que han sufrido un mayor incremento de precios. En el 2015 todo apunta a que de nuevo los pensionistas van a perder poder adquisitivo, especialmente si se mantiene el incremento de precios en la partida alimentación que en Julio
del 2015 ya era del 1,4 % frente al 0,1 % del índice general del IPC. Esta pérdida de poder adquisitivo vendría a sumarse al 3,4 % que se ha perdido en el período comprendido entre el 2010 y el 2014.

En este escenario las previsiones de los
PGE 2016 con una subida del 0,25 % en un contexto de inflación prevista del 1 % supondría una nueva pérdida de poder adquisitivo. Con el agravante que, en el escenario macroeconómico previsto y con los datos de previsión de ingresos de la Seguridad
Social, la revalorización máxima del 2,5 % en los próximos ejercicios nos sitúa en el terreno de una grave pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, que no cuadra con las reiteradas afirmaciones de recuperación del Gobierno y con las
reiteradas promesas de resarcimiento de aquellos colectivos que han sufrido los ajustes de las políticas del Gobierno Rajoy.

No está de más recordar que la pensión más frecuente en España según el INSS es la de aquellos que cobran entre 600
y 645 € al mes y la subida del 0,25 % les supondrá en términos nominales algo más de 1,5 € al mes.

Por otra parte y en lo que concierne a los ingresos de la Seguridad Social el gobierno ha hecho una ilusoria previsión de
ingresos que no atiende lo más mínimo al mercado laboral que su propia reforma laboral, apoyada por CIU, ha generado. Un mercado laboral totalmente precarizado que supone que pese a la existencia de nuevos cotizantes a la Seguridad Social, sus
cotizaciones sean tan ínfimas que los ingresos a la Seguridad Social prácticamente no crezcan. Hoy el número de cotizantes crece a ritmo del 3 %, pero el crecimiento de ingresos por cotizaciones a Junio 2015 solo es del 1,32, a pesar de que los
PGE2015 preveían tramposamente un 6,8 %.

Y el déficit continuo que presenta la Seguridad Social ha acabado por mermar el Fondo de Reserva que cerró 2014 con unos 41.634 millones lo que supone una descapitalización desde 2012 de unos 32.700
millones.

En definitiva la acción del gobierno ha supuesto descapitalización del fondo de reserva, la precarización del mercado laboral que se traduce en peores cotizaciones lo que erosiona los ingresos de la Seguridad Social y una
revalorización de las pensiones mínima que no recupera el poder adquisitivo perdido y que amenaza con mayores pérdidas ante los previstos repuntes de la inflación.

Por otra parte, en el presupuesto del IMSERSO destaca, en materia de atención
a la dependencia, que las partidas son insuficiente para lograr la cobertura que se pretendía con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Por todo ello presentamos esta propuesta de veto a la Sección 60 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

ENMIENDA NÚM. 109

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Sección: 12 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

De devolución.

JUSTIFICACIÓN

Esta ha sido la legislatura de la aprobación de
la ley del Servicio Exterior que pretendía poner orden y modernizar el servicio exterior. Su propósito a inicio de legislatura era cerrar algunas embajadas abiertas caprichosamente en África, incrementar las legaciones diplomáticas en la emergente
Asia y intensificar moderadamente la presencia en los también emergentes países del Cáucaso. Nada de ello se ha producido y estos presupuestos no permiten avanzar en esta reordenación necesaria.

La principal novedad de los presupuestos 2016
en este ministerio es el incremento de recursos destinados al Instituto Cervantes. Este experimenta una subida del 20 % en las aportaciones recibidas desde el Ministerio, con un presupuesto de 115,37 millones de euros del total de la partida
dedicada a la cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior para 2016 que es de 128,01, una subida innecesaria en un momento en que se han recortado en otros Ministerios partidas de mayor importancia para la mejora del bienestar de los
ciudadanos.

El gobierno le concede un trato de favor a una institución que fomenta principalmente, en la mayoría de sus centros casi únicamente, la cultura en lengua castellana, sin respetar el carácter plurinacional del Estado español que no
se ve representada ni en la oferta de cursos ni de actividades culturales del Instituto Cervantes. Una institución que recordemos llegó a vetar una conferencia de un escritor catalán en septiembre de 2014.

En cambio, y pese al aumento de la
dotación global del Ministerio, el apoyo a la cooperación internacional incrementa solo 8,66 millones (un 4,5 por ciento) las transferencias a la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (Aecid), en un momento esencialmente complicado en el que
sería preciso elaborar políticas eficaces de cooperación para paliar los graves problemas que están afectando a los países del norte de África y de Oriente medio y que están teniendo consecuencias dramáticas, como es la situación de desamparo de los
refugiados políticos.

No se cumple el compromiso del Gobierno de aumentar las partidas presupuestarias de acuerdo con la recuperación económica tantas veces anunciada. Teniendo en cuenta que el próximo mes de septiembre se aprobara la Agenda
Post-2015, con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, habrían sido deseables unos presupuestos que reflejaran un cambio en las políticas públicas por la universalización de la Agenda y de sus objetivos.

Por ello, se propone la
devolución al Gobierno del Presupuesto de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

ENMIENDA NÚM. 110

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió
(GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de
Justicia.

Sección: 13 Ministerio de Justicia.

De devolución.

JUSTIFICACIÓN

Solamente durante 2015 se han aprobado cerca de una veintena de leyes en materia de Justicia entre ellas reformas estructurales como la Ley del
Poder Judicial, la reforma sustancial del Código penal, del Registro civil, de los procedimientos judiciales en el ámbito penal y civil… etc. debido a las cuales la Administración de Justicia deberá adoptar numerosas nuevas medidas que
requerirán de la dotación de suficientes medios materiales y personales para su adecuación.

Consideramos que, por una parte, debería haberse aumentado las partidas destinadas a promover la formación inicial y continuada de los jueces y a
impulsar la especialización de los jueces y magistrados, medidas derivadas de la aprobación de la Ley del Estatuto de la víctima, la reforma del Código Penal o de la LOPJ que requieren personal especializado en violencia de género, menores, fraude
fiscal, anticorrupción… etc., así como, por otra parte, es imprescindible aumentar en mayor medida la dotación de nuevo personal en la Administración de Justicia hasta llegar a la media de los ratios de los otros países de la UE ya que,
concretamente, en cuanto al número de jueces por habitantes España sigue estando lejos de los estándares europeos, por lo que resultaría conveniente incrementar el número de plazas ofertadas de jueces y fiscales para 2016.

Respecto a las
Comunidades Autónomas que tienen delegadas las competencias en materia de justicia, no se observa ninguna partida presupuestaria ni transferencia corriente para hacer frente a los costes que las actuales reformas legislativas sobre la Administración
de Justicia conllevarán para éstas. Concretamente, la modificación de las Leyes procesales, tales como la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la Ley de Enjuiciamiento Civil implican un incremento de costes para la Administración de Justicia en las
Comunidades Autónomas con competencias delegadas puesto que deberán asumir nuevas cargas administrativas.

Asimismo, los ingresos previstos en concepto de recaudación de las tasas judiciales para 2016 se estiman en 263 millones. En cambio, el
presupuesto de gastos no dota ninguna partida para la repartición de dichas tasas en cuanto a la financiación del sistema de asistencia gratuita, contraviniendo lo establecido por el Estado en la Ley de Tasas en el ámbito de la Administración de
justicia y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ya que de acuerdo con el artículo 11 de dicha ley (Ley 10/2012) se establece que la tasa judicial se considerará vinculada en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996 de 10 de
enero, de asistencia gratuita al sistema de justicia gratuita que se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. El incumplimiento del Estado de dicha disposición constituye una vulneración del principio
establecido por la ley jurisdiccional de la justicia gratuita y de la modernización de la administración de justicia.

De hecho, únicamente consta en los presupuestos una dotación de 6 millones de euros relativa a las transferencias a las
Comunidades Autónomas en el programa de la Reforma de la Administración de Justicia, cuantía ínfima e insuficiente para cubrir los gastos sufragados por las Comunidades Autónomas que tienen delegadas las competencias en materia de justicia
gratuita.

ENMIENDA NÚM. 111

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 relativa a
la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de la economía.

Desde la perspectiva
presupuestaria, como cada año, el presupuesto de este ministerio incumple la Ley General Presupuestaria, ya que no refleja aquellos gastos que el Gobierno tiene comprometidos para la adquisición o financiación de la compra de armamento. La partida
correspondiente al Presupuesto del Ministerio de Defensa es opaca y carece de la previsión de fondos suficientes para el pago del Programa Especial de Armamento así como las misiones en el extranjero, costes que serán sufragados por los ya
habituales créditos extraordinarios en forma de Reales Decretos Ley por importes que en los últimos años han superado los 1.000 millones de euros anuales.

ENMIENDA NÚM. 112

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de
la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Sección: 15 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

De devolución.

JUSTIFICACIÓN

El presupuesto 2016 del ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas es un presupuesto orientado hacia la consolidación de la centralización del Estado, con una deficiente o muy deficiente financiación de las Comunidades Autónomas, por los que se solicita la devolución de esta sección al
Gobierno.

En primer lugar, desde el 1 de enero de 2014 debiera estar en funcionamiento un nuevo acuerdo de financiación de las comunidades autónomas, que les otorgase mas recursos, de acuerdo con las competencias que gestionan, principalmente
de ámbito social, y de acuerdo con una distribución más justa de los recursos tributarios que pagan los contribuyentes, entre administraciones. No ha sido así y ello queda reflejado en los presupuestos para 2016.

En segundo lugar, y ligado a
lo anterior, es injustificable y de una falta de lealtad absoluta que, en cumplimiento de la propia ley vigente de financiación de las comunidades autónomas, el Ministerio tampoco ha velado por la autosuficiencia financiera de todos los niveles
administrativos y por repartir los recursos entre administraciones de forma coherente a los gastos que los mismos tienen asignados.

En un contexto de mejora del crecimiento económico y de incremento de los ingresos, vía impuestos, el Gobierno
no ha incrementado proporcionalmente la cuantía de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas. Esto supone, por un lado, negar a las Comunidades Autónomas recursos que les pertenecen y, además, demuestra una gran insensibilidad social por
parte del Gobierno por cuanto este dinero de las Comunidades Autónomas equivale a mayor gasto en servicios básicos como la sanidad, la educación o las políticas sociales. Por otro lado, esta política de negar anticipos a cuenta a las Comunidades
Autónomas supone, en la praxis, que las Comunidades Autónomas están financiando al Estado por dos años, cuando ello debiera ser ilegal.

En este sentido y a modo de ejemplo, tampoco estos presupuestos contienen una partida que ponga a
disposición de las Comunidades Autónomas una entrega a cuenta del Fondo de Competitividad por el importe equivalente a la liquidación del último ejercicio conocido, lo que perjudica especialmente a determinadas Comunidades Autónomas como
Catalunya.

Todo esto sin olvidar las mayores y desproporcionadas exigencias de ahorro por parte del Estado a las Comunidades Autónomas, como consecuencia de una distribución de los objetivos de déficit entre administraciones absolutamente
sesgado y permisivo respecto la administración central e intransigente y rígido respecto las comunidades autónomas.

Por todo ello, se propone la devolución al Gobierno del Presupuesto de la Sección 15.

ENMIENDA NÚM. 113

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 relativa a la presente sección no da
respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de la economía.

El programa de seguridad vial del Ministerio del
Interior tendrá en 2016 un presupuesto de 754.517.800 euros, un 2,8 % más de los 734.076.960 euros de los que dispone en 2015. Sin embargo, no recupera su nivel previo a la legislatura actual y no contempla las disposiciones introducidas por el
proyecto de ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación que se ha aprobado con un amplio consenso. También en materia de seguridad vial, la memoria de objetivos que
acompaña los presupuestos también prevé una reducción del 88 % en la formación de profesores de educación vial. Se espera formar a 200 profesores en 2016, frente a los 1.700 planteados para 2015 y los 1.600 que efectivamente fueron formados en el
año 2014.

Los gastos de personal representan la partida más importante de Interior, en torno al 80 % del total, con 6.159,35 millones de euros. Una de las grandes novedades es que a diferencia de los últimos cuatro años no habrá limitaciones
en la tasa de reposición de efectivos para Policía Nacional, Guardia Civil y Prisiones por lo que se incrementará su número. En cuanto a policías locales y policías autonómicas no hay ninguna previsión así como para los cuerpos de bomberos o
protección civil.

ENMIENDA NÚM. 114

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió
(GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

Sección: 17 Fomento.

De devolución.

JUSTIFICACIÓN

El presupuesto
de Fomento, al igual que los aprobados en esta legislatura, y en los últimos 20 años, como mínimo, son unos presupuestos políticos, pensados para forjar una concepción del estado en lugar de favorecer el tejido productivo y el bienestar de la
gente.

La prioridad sigue siendo construir quilómetros de líneas de alta velocidad que conecten Madrid con las distintas provincias con independencia de si estas líneas son necesarias, de si hay suficiente demanda que justifique su
construcción o de si hay alternativas mucho más económicas con resultados parecidos. Lo importante es construir líneas a pesar de que son una ruina tanto para los presupuestos presentes, como para los futuros ya que ninguna de las líneas de tren de
alta velocidad es rentable, ni tan siquiera sin considerar los costes de construcción.

En la misma línea, estos presupuestos siguen malgastando los recursos de los contribuyentes haciendo autovías por donde no es necesario. Los estándares
internacionales establecen que para desdoblar una carretera y convertirla en una vía de alta capacidad como mínimo se requiere de una intensidad media diaria de vehículos de 10.000 al día. Estos presupuestos van a despilfarrar el dinero público en
alrededor de 20 autovías por donde una vez terminadas no va a pasar casi nadie.

En cambio, estos presupuestos deberían favorecer el tejido productivo a través de la construcción del corredor ferroviario mediterráneo de mercancías, pero en
lugar de aumentar las partidas a esta infraestructura clave, el importe global disminuye. Pero no es de extrañar porque des de julio de 2013, hace más de dos años, que se adjudicó la implantación de un tercer carril entre Martorell y Vilaseca y
todavía no se ha ejecutado ni un euro.

El servicio de cercanías que es usado cada año alrededor de 500 millones de usuarios tiene una inversión ínfima, más si se compara con la inversión en alta velocidad. El caso de Rodalia de Catalunya es
altamente significativo, tiene un déficit crónico de inversión de décadas y las inversiones planteadas sólo son simples parches que no dan ninguna solución a los millones de pasajeros que tienen que sufrir este servicio diariamente.

Además,
desde el punto de vista de Catalunya, la inversión es del todo insuficiente, un año más, y como no podía ser distinto, la inversión destinada al Principado, representa sólo un 10,7 % de la inversión del Estado, cuando Catalunya tiene el 16 % de la
población y aporta cerca del 19 % del PIB. La caída de la inversión en Catalunya en esta Legislatura no ha tenido paralelismo con la disminución media que ha tenido para el conjunto del Estado.

Por todo ello, se propone la devolución al
Gobierno del Presupuesto de la Sección 17.

ENMIENDA NÚM. 115

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Sección: 18 Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

De devolución.

JUSTIFICACIÓN

Por educación, por cultura y por deporte los presupuestos de este ministerio requieren ser devueltos al Gobierno.

Educación

En primer lugar sorprende que en unos Presupuestos tan eufóricos y
triunfalistas como estos, que celebran una presunta recuperación de la economía, no se saque partido de esta recuperación para precisamente aportar más recursos a la educación, transfiriendo estos recursos a las comunidades autónomas que son las
administraciones que los gestionan.

Tampoco se comprende que el principal gasto educativo cuya competencia conserva el Ministerio, las becas, sean de nuevo maltratadas por el Gobierno en sus cuentas para 2016. Casi el 60 % del presupuesto de
educación queda absorbido por el programa de becas y ayudas al estudio. Su aumento es mínimo, 0,2 %, a todas luces insuficiente para acercar el gasto en becas por parte del Estado español a la media de los países de la UE y de la OCDE, entre los
que ocupamos los puestos de cola. De poco sirve que el ministro de economía hable del «mayor presupuesto de la historia» destinado a las becas, si este continua siendo insuficiente, injusto y no tiene en consideración la variante del coste de la
vida en las distintas Comunidades Autónomas a la hora de determinar los importes fijos y variables que conforma el total de la ayuda percibida por los estudiantes.

Además, tampoco los presupuestos para el año 2016 prevén la transferencia de
la gestión de las becas a Catalunya, ignorando la sentencia 188/2001 del Tribunal Constitucional, en la cual dictaminó que las comunidades autónomas son competentes para la gestión, la resolución y el pago de las becas y ayudas al estudio
universitario y que el Estado debe distribuir entre las Comunidades Autónomas los créditos presupuestarios necesarios con criterios objetivos.

Desde la perspectiva de las familias, no se comprende que la partida destinada a la educación
compensatoria, garante de la equidad, caiga un 2,6 % hasta 5,11 millones de euros. Sobre todo debe valorarse que esta partida ya había perdido casi el 90 % de sus fondos al haberse recortado en los presupuestos de 2015 48 millones del presupuesto
destinados a este programa. La educación compensatoria es una herramienta fundamental y básica para el fomento de la cohesión social, para la compensación de la desigualdad y para la prevención de las graves consecuencias derivadas de ella ya sea
debida a factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de cualquier otro tipo; que una partida de tal importancia haya sido descarnada progresivamente hasta los 5,11 millones actuales, da muestra de la absoluta falta de
sensibilidad social de este gobierno y de sus políticas.

En la política educativa conviene recordar que la gestión de la educación es competencia de las Comunidades Autónomas que son las que soportan la práctica totalidad del gasto
correspondiente. Se da la contradicción que el Gobierno del Estado está implantando la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en las comunidades autónomas, para que entre en vigor en el próximo curso, cuando la mayoría de las
Comunidades Autónomas, que son las administraciones encargadas de llevar a cago dicha implantación, se han manifestado en contra de ponerla en marcha. Se trata de una reforma del sistema educativo que ha sido rechazada tanto por la comunidad
educativa, como por los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y una gran parte de los padres y los alumnos; una reforma, en conclusión, sin consenso político ni social, que responde a una obsesión centralizadora de este gobierno y
que no tiene en consideración las verdaderas necesidades de los alumnos, la comunidad educativa y las familias. El Gobierno impone una reforma educativa abocada a no funcionar y sin el millonario soporte presupuestario que requeriría por parte del
Estado. No es leal imponer una reforma de tal calado sin asumir la financiación que esto comporta.

En conclusión, los presupuestos de educación para el 2016 continúan alimentando la obsesión centralizadora de este gobierno y no tiene en
consideración ni a las Comunidades Autónomas, ni las verdaderas necesidades de los alumnos, la comunidad educativa y las familias.

Cultura

Dos ámbitos globales suscitan la presentación de una enmienda a la totalidad de los presupuestos
de cultura por parte de este grupo parlamentario: El primero afecta al maltrato a la cultura en las políticas económicas y presupuestarias que viene aplicando el Gobierno año tras año y también en estos presupuestos. En particular, el Gobierno aún
no propone, en estos presupuestos reducir el IVA cultural y no ha cumplido sus compromisos respecto a la modificación de la ley del mecenazgo y la mejora de sus incentivos fiscales.

La segunda razón de presentación de esta enmienda para la
cultura se concreta en las dotaciones asignadas en este proyecto de presupuestos a los equipamientos culturales catalanes en el ejercicio 2016, el Gobierno insiste en el proyecto cultural centralista, que ha sido su modus operandi desde 2012, y
manteniéndose en la disminución de los recursos. Así, mientras las transferencias a los museos estatales consolidan la recuperación iniciada durante el periodo 2014-2015 con un incremento total desde 2013 superior al 20 %, las transferencias al
MACBA y al MNAV se mantienen en cambio en niveles muy similares a los del año 2013 con un incremento mínimo del 0,7 %. En el caso del Museo Thyssen de Madrid su financiación incluso mejora en relación a 2011.

En otro ámbito de la cultura un
año más los Presupuestos vuelven a discriminar al Teatro del Liceu de Barcelona frente al trato privilegiado que se le concede al Teatro Real de Madrid. Las aportaciones del estado solo presentan un incremento del 3,5 % en los Presupuestos actuales
para el coliseo barcelonés, quedándose en dos millones de euros por debajo de lo estipulado en los Estatutos del teatro.

A ello cabe añadir que un año más ha desaparecido de los Presupuestos del Estado la partida que de acuerdo con la Carta
Municipal de Barcelona establecía 9,5 millones de euros al año para el financiamiento de las instituciones culturales, lo que supone una perdida de 44 millones de euros en los últimos 5 años para la cultura catalana.

En conclusión, en el
total de los equipamientos culturales catalanes, nos encontramos con un descenso del presupuesto del 3,2 % respecto al 2015, un descenso acorde a la política cultural llevada a cabo por este gobierno a lo largo de toda la legislatura y que parece
tener como principal objetivo hacer de Madrid el único centro cultural de relevancia del estado español.

A esa reducción de recursos destinados a las grandes estructura culturales y la desaparición de subvenciones directas al tejido cultural
catalán, como son las ayudas a festivales y otras actividades culturales, hay que añadir la desaparición de la partida destinada a la promoción de películas en lenguas distintas al castellano o la desprogramación de grandes obras como la Biblioteca
Pública de Barcelona. Todo ello evidencia un notable abandono y desprecio de la cultura catalana en los Presupuestos del estado que están condenando año tras año a los equipamientos culturales catalanes a una situación de vulnerabilidad cada vez
más acusada.

Deporte

Por lo que se refiere al apartado de Deportes, también en este ámbito el Gobierno del Estado muestra su desprecio hacia Catalunya y hacia compromisos internacionales relevantes en el ámbito deportivo al no
contemplar la financiación comprometida de 15 millones de euros para la celebración de los Juegos del Mediterráneo.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió propone la devolución al Gobierno del Presupuesto
de la Sección 18.

ENMIENDA NÚM. 116

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió
(GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Sección: 19 Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

De
devolución.

JUSTIFICACIÓN

Por considerar que las partidas presupuestarias consignadas no se corresponden con los objetivos de creación de empleo y de protección frente a las situaciones de desempleo. Son unos presupuestos no ajustados
a la realidad en cuanto a su aplicación, evolución y ejecución, y en cuanto a responder a las necesidades y situación del mercado de trabajo. Sorprendentemente, teniendo en cuenta la situación del mercado de trabajo en España, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social es uno de los Ministerios que recibirá menos recursos que en 2015.

El Gobierno mantiene una visión excesivamente optimista de forma injustificada en materia de evolución económica en general y también en materia de
mercado de trabajo. El problema en opinión del Gobierno, según se desprende de sus prioridades de gasto público, se va a resolver solo.

El presupuesto del gasto en protección frente al desempleo sufre un descenso del 22 %. La partida
destinada a prestaciones disminuye desde los 25.300 M € de los presupuestos 2015 a los 19.800 M € de los presupuestos 2016. Un ahorro enorme, de 5.480 M €, cuando el paro sigue superando el 22 %. Si comparamos estos
presupuestos con los de 2011, un año con tanto paro registrado como el actual, en 2016 se presupuesta un 39 % menos en prestaciones de desempleo que en 2011. Evidentemente la cobertura de la situación de desempleo desciende. La importante
reducción del gasto público en prestaciones por desempleo no se debe y no se deberá a la reducción de la tasa de paro, no es porque los trabajadores en paro encuentren trabajo sino porque dejan de percibir prestaciones, se debe al agotamiento de los
derechos de percepción de los trabajadores parados y al incremento de requisitos para su acceso.

A lo anterior cabe añadir que el presupuesto en políticas activas, en medidas que han de facilitar el tránsito, el camino del paro al empleo,
sigue siendo inexplicablemente insuficiente a pesar de su incremento. El Gobierno olvida las dramáticas cifras de desempleo: de desempleo juvenil, de paro de larga duración, de desempleo de trabajadores mayores de 55 años, … y sigue sin
apostar decididamente por resolver la situación de todos ellos.

Es sencillo, destinan menos recursos a prestaciones porque la gente agota y prevén que agoten, el derecho a cobrarlas sin hacer nada para que puedan revertir la situación y sin
tener intención de hacerlo.

El ejecutivo no otorga a las políticas activas la importancia que tienen de acuerdo con lo que en este sentido, recomiendan instituciones europeas y organismos internacionales.

Por todo ello, se propone la
devolución al Gobierno del Presupuesto de la Sección 19, puesto que las partidas previstas no contribuyen como deberían a mejorar la situación del empleo y del mercado de trabajo.

ENMIENDA NÚM. 117

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Sección: 20 Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

De devolución.

JUSTIFICACIÓN

Las partidas presupuestarias asignadas al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo deberían respaldar un verdadero cambio de modelo productivo. Un modelo productivo sustentado, por un lado, en una industria fuerte, diversificada e innovadora y, por otro lado, en un modelo productivo
competitivo y sostenible energéticamente. En definitiva, y en un momento de mejora de la coyuntura económica, debería prevalecer, por parte de este Gobierno, la apuesta por un modelo productivo de futuro en sintonía con Europa.

No obstante,
estas prioridades no quedan recogidas, ni por asomo, en las partidas presupuestarias a cargo de esta sección. El Gobierno no solo no decide apostar más por la industria, sino que, este año, ha reducido las partidas destinadas a industria en
un 9,5 %, lo que claramente muestra la apuesta residual que el Gobierno hace por la industria, más allá de la sucesión de Plan Pibe y Pima Aire hacia el sector del automóvil. Sin olvidar que, con todo ello, nos alejamos del objetivo del 20 % del
PIB industrial a alcanzar en el año 2020 que propone la agenda europea.

A nivel energético, el cortoplacismo aunado a la falta de visión estratégica nos está abocando a un modelo obsoleto y poco sostenible que, a su vez, dificulta el
fortalecimiento de una industria con capacidad de competir. El Gobierno ha demostrado seguir obsesionado con el déficit del sector eléctrico, desvirtuando la política energética y supeditándola a la política presupuestaria. No hay base, en ninguna
partida presupuestaria de esta sección, para una política energética de reducción del consumo de energía, de fomento de las energías renovables y de la implementación de políticas de eficiencia energética. No hay margen para que, en definitiva, la
política energética esté al servicio de la industria.

Tampoco desde la perspectiva del turismo los presupuestos 2016 ofrecen instrumentos que faciliten la renovación y apoyo que el sector necesita.

Por todo ello, se propone la
devolución al Gobierno del Presupuesto de la Sección 20.

ENMIENDA NÚM. 118

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Sección: 23
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

De devolución.

JUSTIFICACIÓN

La agricultura, la ganadería, la pesca, el mundo rural en general ha sido el gran olvidado a lo largo de la presente legislatura. La
culminación de este proceso la tenemos en el presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el ejercicio 2016 que desciende en un 11,3 %. En cuanto a la política específica de Agricultura, Pesca y Alimentación
el descenso se sitúa el 13,3 %. Es más si hacemos una comparativa de la evolución de los últimos presupuestos desde 2010 el citado Ministerio ha visto reducidos sus fondos en un 40 %, lo que ha representado el desmantelamiento de diversas partidas
que financiaban destacados programas destinados a los agricultores y ganaderos. En definitiva unos presupuestos que no se ajustan a las necesidades del sector.

El descenso del presupuesto de agricultura viene motivado principalmente por la
disminución de la aportación comunitaria y estatal de los Fondos FEADER para la ejecución de los programas de desarrollo rural, una vez finalizado el periodo de programación 2007-2013 extendido hasta el 2015 en función de la regla N+2.

Asimismo, a pesar del incremento de la partida destinada a subvencionar el seguro agrario, consideramos que es del todo insuficiente, imposibilitando que muchos agricultores puedan asegurar sus explotaciones ante el elevado coste del seguro.

Por otro lado, la asignación a la Agencia de Información y Control Alimentario queda prácticamente congelada, cuando debería constituir el principal instrumento de garantía de cumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y contribuir
a la eliminación de los desequilibrios en las operaciones comerciales entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Cabe recordar que la citada Ley suscitó fuertes discrepancias por parte de determinadas comunidades autónomas, entre ellas
Catalunya, por invasión competencial.

En resumen, la dotación presupuestaria para el 2016 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente unido al constante retroceso de los precios en origen de importantes producciones ( frutas,
hortalizas, leche…) agravado por el veto ruso a los productos agroalimentarios europeos sitúan al sector agrario en una tesitura complicada.

En materia de Medio Ambiente concretamente, el Gobierno destaca el aumento de las inversiones
de carácter medioambiental orientadas a mitigar los procesos de desertización mediante actuaciones de restauración, prevención y extinción de incendios para preservar el patrimonio forestal. Destacan asimismo, las destinadas a infraestructuras
hidráulicas. Pero todas ellas y las destinadas a infraestructuras y protección costera, o a actuaciones en áreas como prevención de la contaminación y el cambio climático, protección y mejora del medio ambiente, y protección y mejora del medio
natural son manifiestamente insuficientes. Tampoco recuperan las deducciones fiscales destinadas a incentivar las inversiones para favorecer el medio ambiente, que habían estado en vigor en el impuesto sobre sociedades.

Cabe señalar la
incapacidad del Gobierno para hacer frente al reto que representa el cambio climático, para destinar los recursos necesarios para evitar y prevenir daños por fenómenos meteorológicos extremos como por ejemplo las inundaciones, y en general, para
emprender un cambio en el modelo productivo que lo transforme en sostenible.

ENMIENDA NÚM. 119

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener
el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de la economía.

A este grupo parlamentario le parece más que reprobable el crecimiento de un 6,9 % del Ministerio de Presidencia, muy por encima de la media de los demás ministerios y
especialmente por encima de los ministerios de carácter más social, como son les de empleo, Sanidad o Educación, Cultura y Deporte, o también muy por encima de algunos ministerios vinculados a la economía productiva como agricultura, alimentación y
Medio Ambiente o bien el ministerio de Industria, Energía y Turismo.

También es más que reprobable en las labores de coordinación del Ministerio de Presidencia, que el crecimiento de las remuneraciones vinculadas a la Alta Dirección sea
del 3,4 %, cuando las pensiones solo crecen un 0,25 %. En este tipo de partidas se puede ver que la prioridad de este Gobierno no son las partidas sociales.

ENMIENDA NÚM. 120

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación
de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Sección: 26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

De devolución.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016 en el ámbito sanitario se incrementan un 3,6 % respecto a 2015. A nuestro entender este ligero aumento ni de lejos permite mejorar la situación de nuestra sanidad, teniendo en cuenta que son las comunidades autónomas las administraciones
con competencia en este ámbito.

En este sentido, si nos centramos en las transferencias a las comunidades autónomas la gran mayoría mantienen sus importes o disponen de una dotación simbólica si la comparamos con la prevista en 2011 (Plan
Nacional sobre Drogas, estrategia para enfermedades raras, etc.). Además, muchas de las dotaciones que desaparecieron en los primeros presupuestos del actual Gobierno siguen sin restablecerse como las destinadas al Plan Nacional sobre el SIDA.

Asimismo, del mismo modo que sucedió en presupuestos anteriores, la cuantía más elevada destinada a las Comunidades Autónomas la gestiona el Instituto de Salud Carlos III, principalmente en transferencias de capital, desconociéndose la
distribución entre las distintas comunidades autónomas.

A lo anteriormente expuesto hay que añadir la desaparición definitiva en los Presupuesto Generales del Estado de la partida destinada al Fondo de Cohesión Sanitaria. Fondo destinado a
garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir asistencia sanitaria en cualquier punto del territorio español en condiciones de igualdad, así como la garantía de una compensación del coste generado por dichas prestaciones para las comunidades
receptoras de pacientes de otras comunidades autónomas.

Con ello se consolida el carácter extrapresupuestario del fondo establecido en los PGE de 2013, siendo las comunidades autónomas las que tienen que compensarse entre ellas los gastos.
Este mecanismo de gestión extrapresupuestaria se ha demostrado que genera deficiencias en la atención sanitaria a pacientes desplazados entre comunidades autónomas como consecuencia de los problemas financieros de las misma, además de dejarse de
compensar a tiempo el total del importe de las liquidaciones de las Comunidades Autónomas creditoras, como es el caso de Catalunya.

En materia de Dependencia y Servicios Sociales sucede lo mismo que en otros ámbitos. Los importantes recortes
que se han venido llevando a cabo desde 2011 no se compensan a pesar de que el Gobierno insiste en la mejora de la situación económica. Las partidas que han sufrido recortes continúan con recursos insuficientes y las que desaparecieron siguen sin
recuperarse, como por ejemplo el nivel de financiación acordado y establecido en la Ley de Dependencia, que el Gobierno eliminó y no ha compensado de modo alguno.

En atención a la Dependencia, a pesar del tímido incremento previsto, un 6,4 %
más (unos 75 M €), el Gobierno sigue sin hacer frente a sus obligaciones. Aporta al Sistema un 18 % aproximadamente del coste de la atención, del resto se ocupan las CC.AA. y los usuarios. Estos presupuestos no resuelven esta tendencia, no
resuelven la situación insostenible de las CC.AA. ni el elevado copago. Tampoco el incremento previsto puede hacer frente a la incorporación de nuevos usuarios al sistema (las personas en situación de dependencia moderada) hasta ahora aplazada, ni
a las listas de espera. El Gobierno ha convertido el Sistema en inviable y no piensa hacer nada para hacerlo sostenible.

Por su parte, en relación con los Servicios Sociales, la financiación estatal (Plan Concertado) continúa congelada a
pesar del incremento de la demanda y de las necesidades sociales. Ante el grave problema de la pobreza infantil se prevé solamente un incremento de 16 millones de euros, mientras que la prestación por hijo a cargo continúa congelada. Se continúa
sin territorializar la gestión del 0,7 del IRPF para finalidades sociales y ambientales, y también se mantiene la congelación del IPPREM.

En cuanto a las políticas de Igualdad, de nuevo, y como viene ocurriendo desde 2012, el Gobierno aplaza
un año más la ampliación de dos semanas de los permisos de paternidad, mostrando su incapacidad para adoptar medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias con hijos que se adapten a la realidad de nuestra sociedad actual y que
favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral.

ENMIENDA NÚM. 121

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía y Competitividad.

Sección: 27 Ministerio de
Economía y Competitividad.

De devolución.

JUSTIFICACIÓN

El Ministerio de Economía y Competitividad es el responsable de llevar a cabo reformas para alentar el crecimiento y la competitividad, así como mejorar los niveles de
inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, todo ello, brindando un claro apoyo a las empresas.

Sin embargo, y a pesar de que haya crecimiento de la economía española en la actualidad, el mismo es casi ajeno a la
responsabilidad del propio Ministerio y el respaldo de las partidas presupuestarias asignadas al mismo corrobora este desvinculo entre sus intenciones y sus actuaciones.

El crecimiento de la economía española está ligado a tres elementos
exógenos sobre los que el Gobierno y el Ministerio de Economía y Competitividad ha incidido escasamente: la bajada del precio del petróleo, la depreciación del euro respecto el dólar y la política de liquidez infinita que practica el Banco Central
Europeo.

En cambio, hay elementos de la economía que sí son responsabilidad directa del Ministerio de Economía y Competitividad y que, en cambio, no permiten reflejar la existencia de un crecimiento económico sostenible y duradero. La
cuestión es que en los últimos cuatro años la reducción de salarios ha sido ostensible y ha sido la única vía por la que la economía española ha ganado competitividad. Esta mejora es de muy corto recorrido, y requiere de otras medidas orientadas la
mejora de competitividad a través del aumento del valor añadido que no se han adoptado y que no contemplan los presentes presupuestos.

En segundo lugar, es responsabilidad del Ministerio de Economía y Competitividad fomentar la investigación,
desarrollo tecnológico e innovación. Sin embargo, no se destinan recursos suficientes para respaldar esta supuesta apuesta por le I+D+i. En esta Legislatura (2011-2016) el gasto en I+D+i, ha disminuido en un 33 % y ha habido años en los que su
ejecución ha sido inferior al 50 %.

En tercer lugar, esta sección debería ser la que consolidara el apoyo a la pyme. Sin embargo, no hay recursos suficientes para que las pequeñas y medianas empresas puedan sentir el apoyo de este Ministerio
y percibir de forma más real y cercana la mejor marcha de la economía. La pyme sigue viendo barreras al crédito, pagando unos tipos de interés demasiado elevados. Eso es claramente injusto, sobre todo si se tienen en cuenta las infames cantidades
de dinero público que ha recibido el sector financiero para su saneamiento y de su reestructuración.

Por todo ello, se propone la devolución al Gobierno del Presupuesto de la Sección 27.

ENMIENDA NÚM. 122

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

Sección: 60 Seguridad Social.

De devolución.

JUSTIFICACIÓN

Por considerar que las partidas presupuestarias consignadas no se ajustan a la realidad y no aseguran ni la sostenibilidad del Sistema, ni la necesaria y adecuada
protección social. No se ajustan a la realidad del mercado de trabajo y sobredimensionan los ingresos del sistema, tampoco los gastos se ajustan a la realidad, dotándolos de manera insuficiente. No son unos presupuestos creíbles y son antisociales
desde la perspectiva de la gestión de la Seguridad Social. El Gobierno mantiene como en otras secciones, una visión excesivamente optimista de forma injustificada.

La recaudación en cuotas de la SS antes del verano, se había incrementado en
un 0,77 %, mientras que la previsión del presupuesto para 2015 era de un incremento del 6,8 %. Ahora la previsión vuelve a ser alta, un 6,7 %. El objetivo de déficit tampoco es creíble.

La falta de una correcta previsión y gestión económica
han llevado al Ejecutivo a consumir en esta legislatura más del 40 % del Fondo de Reserva para pensiones amenazando la sostenibilidad del sistema, y a deteriorar y reducir el poder adquisitivo de los pensionistas con revalorizaciones de las
prestaciones prácticamente inexistentes (0,25 %). Siendo esta situación más grave para los pensionistas modestos de los territorios como Cataluña con inflaciones más altas.

Además, destaca la falta de recursos destinados al Sistema de
Atención a la Dependencia (IMSERSO), la congelación de la Prestación por hijo a cargo, la suspensión que continúa impidiendo la entrada en vigor de las previsiones legales que desde 2011, contemplan una mejora progresiva de la pensión de viudedad y
un mejor trato fiscal, la compensación por el tiempo de servicio militar para las pensiones, y la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad.

ENMIENDA NÚM. 123

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 32. Otras relaciones financieras con entes territoriales.

Sección: 32 Otras relaciones financieras con entes territoriales.

De devolución.

JUSTIFICACIÓN

Por considerar que
las partidas presupuestarias consignadas no se ajustan a la realidad y no aseguran ni la sostenibilidad del Sistema, ni la necesaria y adecuada protección social. No se ajustan a la realidad del mercado de trabajo y sobredimensionan los ingresos
del sistema, tampoco los gastos se ajustan a la realidad, dotándolos de manera insuficiente. No son unos presupuestos creíbles y son antisociales desde la perspectiva de la gestión de la Seguridad Social. El Gobierno mantiene como en otras
secciones, una visión excesivamente optimista de forma injustificada.

La recaudación en cuotas de la SS antes del verano, se había incrementado en un 0,77 %, mientras que la previsión del presupuesto para 2015 era de un incremento del 6,8 %.
Ahora la previsión vuelve a ser alta, un 6,7 %. El objetivo de déficit tampoco es creíble.

La falta de una correcta previsión y gestión económica han llevado al Ejecutivo a consumir en esta legislatura más del 40 % del Fondo de Reserva para
pensiones amenazando la sostenibilidad del sistema, y a deteriorar y reducir el poder adquisitivo de los pensionistas con revalorizaciones de las prestaciones prácticamente inexistentes (0,25 %). Siendo esta situación más grave para los
pensionistas modestos de los territorios como Cataluña con inflaciones más altas.

Además, destaca la falta de recursos destinados al Sistema de Atención a la Dependencia (IMSERSO), la congelación de la Prestación por hijo a cargo, la
suspensión que continúa impidiendo la entrada en vigor de las previsiones legales que desde 2011, contemplan una mejora progresiva de la pensión de viudedad y un mejor trato fiscal, la compensación por el tiempo de servicio militar para las
pensiones, y la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad.