Estado para impulsar la economía asumiendo una verdadera
función anticíclica y desarrollar el Estado social.

Y todo ello reconociendo, como también hace la exposición
de motivos de este Proyecto de Ley, que el gasto público en España como
porcentaje del PIB se sitúa entre los diez países de la Unión Europea con
menor gasto público y que desde el punto de vista de los ingresos sobre
el PIB, también nos encontramos muy por debajo de la media
comunitaria.

Esta última cuestión, la de los ingresos, es importante a
la hora de analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en nuestro
país. Desde 2008 se ha producido una brutal y desproporcionada caída de
la recaudación tributaria. Descontando el efecto de las medidas
discrecionales en materia de ingresos, la escasa progresividad del
sistema tributario, las deficiencias en la gestión y en la lucha contra
el fraude y el impacto de la desaparición de bases fiscales ligadas a la
burbuja inmobiliaria, son elementos que cobran gran relevancia para
explicar el desplome de los ingresos. Y tampoco conviene olvidar el coste
de las sucesivas reformas desfiscalizadoras en los impuestos directos
adoptadas por distintos gobiernos a favor del ciclo económico y que ahora
pasan factura.

Nuestro problema no es el gasto público, sino los ingresos,
y son precisas reformas de calado en los ingresos públicos para lograr
más suficiencia y progresividad. Recortar el gasto público conlleva
negativas consecuencias económicas y sociales.

También las reformas que promueve el Gobierno contienen
preocupantes elementos recentralizadores que socavan los principios de
autonomía y autogobierno en los diversos ámbitos de la
Administración.

La reforma de la Administración local es un buen ejemplo.
Supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en el
Estado español con los ayuntamientos democráticos desde 1979 y que,
«grosso modo», ha supuesto un avance en el desarrollo del Estado de
bienestar desde el impulso dado en el ámbito municipal. Con esta reforma
local se procede a un desmantelamiento controlado, por tanto, de la
experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo
centralizador y de pulsión autoritaria del actual Gobierno.

En este contexto, el Proyecto de Ley de racionalización del
sector público y otras medidas de reforma administrativa tiene como
objeto destacado suprimir algunas entidades e integrar otras en
organismos públicos ya existentes con el fin declarado de mejorar la
eficiencia y reducir el gasto público. Sin embargo, ni están claros los
teóricos ahorros presupuestarios, ni por supuesto asegurada la mejora de
la eficiencia de los organismos públicos.

El primer problema de este proceso es que la supresión de
ciertos órganos administrativos no prevé una alternativa clara y
funcional para que las competencias que estos órganos vienen desempeñando
continúen en otros de una manera formal y garantizada. Y la cuestión
adquiere más importancia al comprobar que muchas medidas se concentran en
el ámbito de las políticas sociales.

El propio Consejo de Estado en su dictamen al Anteproyecto
de Ley, al apreciar la supresión de órganos que actúan en el ámbito de
las políticas sociales, explicita la conveniencia de velar por que tales
reformas no comporten una minoración del cumplimiento de los fines
atribuidos a los órganos suprimidos.

El segundo problema es que no se evalúa el impacto de estas
medidas en el empleo público, cuestión que se agrava con el proceso de
amortización de empleo en la Administración del Estado que va
consolidándose desde hace varios años.

Desde 2010 se ha agudizado la restricción de la oferta de
empleo público de la Administración General del Estado al no atender la
reposición de efectivos. Esta política ha provocado que hoy el número de
empleados públicos de dicha administración sea inferior al que existía
hace 7 años.

Tal y como ha denunciado el sindicato CC.OO., la política
de no cubrir siquiera la tasa de reposición de efectivos se agravará en
los próximos años, al llegar la jubilación de un importante número de
personal como consecuencia de la existencia de una plantilla madura que
no es repuesta convenientemente.

Además, las políticas de privatizaciones en la
Administración del Estado y el aumento de las tasas de algunos servicios
públicos generan menor actividad y más presiones para amortizar empleo
público. Claro está que todo ello está conduciendo al deterioro de los
servicios públicos, cuando éstos deberían ser fuente de ocupación y
contribuir a la salida de la crisis económica.

Continuar podando la administración pública, incluso
reconociendo que España es uno de los estados miembros de la Unión con
menor gasto público, es una irresponsabilidad.

Este Proyecto de Ley no contribuye a mejorar la gestión de
los servicios públicos porque se incardina en una reforma de las
administraciones públicas en la que lo sustantivo son los recortes sin
valorar las necesidades de la ciudadanía.

Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del
Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del
sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—Ester Capella
i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Proyecto de Ley de racionalización del sector público y
otras medidas de reforma administrativa es fruto de la visión
nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado mantenida por el
Partido Popular. Se trata de un Proyecto de Ley elaborado con el objetivo
de laminar las competencias de las Comunidades Autónomas sustrayéndoles
cualquier ámbito de decisión y subordinando sus políticas a los dictados
del Gobierno del Estado. Se trata, a fin de cuentas, de reducir las
Comunidades Autónomas a meras delegaciones de la Administración General
del Estado dedicadas a la ejecución de las políticas elaboradas por el
Gobierno español.

Este Proyecto de Ley forma parte del programa de reformas
que continúan con el desarrollo del artículo 135 de la Constitución
Española con el fin de garantizar el principio de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ello pese a que el estricto
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria supone
afectar gravemente a las políticas sociales. La disciplina presupuestaria
está repercutiendo en la atención a las personas y, especialmente, en las
más necesitadas. Pero además, la falta de recursos públicos que supone,
sirve como coartada para la privatización de los servicios sociales,
afectando a su calidad y universalidad. Poner límites al déficit público,
más cuando dichos límites están vinculados a decisiones europeas, supone
el certificado de defunción de la política económica keynesiana y la
aniquilación ideológica de la salida social a la crisis.

El presente Proyecto de Ley se dicta en ejercicio de las
competencias exclusivas del Estado para determinar las bases del régimen
jurídico de las Administraciones Públicas prevista en el artículo
149.1.18.ª de la Constitución. Se trata de una competencia de carácter
transversal que es utilizada de forma sistemática por el Estado para
laminar las competencias autonómicas, dejando sin efecto muchas de las
competencias exclusivas asumidas estatutariamente por las Comunidades
Autónomas. Ello porque este Proyecto de Ley se extralimita en la
determinación de aquellas materias que deben tener la consideración de
básicas de acuerdo con el actual marco de distribución de
competencias.

El ámbito de decisión de la Generalitat de Catalunya y del
resto de Comunidades Autónomas queda enormemente reducido y se le impide
en desarrollo de políticas propias. De este modo, se reduce la
descentralización política a mera descentralización administrativa,
imponiendo una rigurosa y monolítica uniformidad. Así pues, en el ámbito
de la fiscalización de cuentas, se modifica la Ley de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas para favorecer la supresión de la Sindicatura de
Comptes y el resto de órganos autonómicos equivalentes. Por ello, se
crean secciones territoriales del Tribunal de Cuentas desde una visión
absolutamente centralista y homogeneizadora. También, en el ámbito de las
funciones de acreditación y evaluación del profesorado universitario, se
pretende facilitar la integración en la ANECA de las entidades de las
Comunidades Autónomas que ejerzan dichas funciones.

Además, y entre otras muchas medidas, el Proyecto de Ley
pretende imponer la licencia federativa única mediante la modificación
del apartado 4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Dicha
imposición es fruto de la visión nacionalista, centralista y
homogeneizadora del Estado mantenida por el Partido Popular. La
modificación proyectada supone convertir a las federaciones autonómicas
en simples delegaciones de la federación española sustrayéndoles
cualquier ámbito de decisión y subordinándolas a

la federación española. Todo ello por un interés
eminentemente recaudatorio que pretende dotar de recursos a las
federaciones estatales sustrayéndoselos a las autonómicas.

La modificación planteada deja sin sentido que las
federaciones autonómicas emitan licencias propias, dado que la licencia
única ya permitiría participar tanto en competiciones estatales como en
autonómicas. Ello pese a que en principio la pretendida modificación
parece que siga dejando que sean las federaciones autonómicas integradas
en las españolas las que gestionen las licencias. Sin embargo, se
explicita que la federación española podrá decidir que la emisión de la
licencia sea a cargo directa de ella misma, sin intervención de la
autonómica. Dicha prohibición práctica de las licencias autonómicas se
hace legalmente explícita cuando las federaciones autonómicas no se
integren en la federación estatal. En estos casos la federación española
sería la que emitiría las licencias, lo que ocasionaría una confusión
dado que la federación autonómica en cuestión no aceptaría estas
licencias generadas desde fuera de la federación y no permitiría la
participación de los deportistas con estas licencias.

El proyecto de ley comporta la desaparición de las de las
licencias autonómicas. Convierte las federaciones autonómicas en una
simple delegación de la federación española que es la que determina el
precio de las licencias, la compensación que se reserva y si finalmente
la licencia es gestionada por la autonómica o directa o la gestiona la
española. Además, en tanto que delegaciones, la economía de las
federaciones autonómicas pasará a ser gestionada por las federaciones
españolas, las cuales discutirán qué parte del precio de la licencia será
la propia compensación por las supuestas competencias y qué parte del
precio irá hacia las autonómicas en función de la evaluación que se haga
desde la española de los gastos que puede conllevar el calendario
competitivo autonómico y la misma existencia de la federación como
entidad jurídica. Detrás de la gestión de la economía y la gestión de la
actividad deportiva y competitiva.

En último término, la modificación, de llevarse a cabo,
hará innecesarias las federaciones autonómicas, que podrían ser
sustituidas por simples delegaciones de las federaciones españolas. La
modificación que se pretende ha sido rechazada por distintas federaciones
autonómicas. Pues detrás de la figura de la licencia única hay, a corto o
medio plazo, la desaparición de las federaciones autonómicas como
entidades jurídicas, con capacidad y legitimidad para gestionar en ese
territorio la modalidad deportiva correspondiente.

Por todo lo expuesto parece que de lo que se trata es de
imponer un marco homogéneo a una realidad autonómica heterogénea. Por
ello se presenta el siguiente veto al Proyecto de Ley de racionalización
del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de
racionalización del sector público y otras medidas de reforma
administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—El Portavoz,
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En fecha 26 de octubre de 2012, casi un año después del
inicio de la legislatura, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por
el que se creaba una Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas, en plural, a pesar que todos los miembros de la comisión son
representantes de la Administración General del Estado.

En fecha 21 de junio de 2013, la Vicepresidenta del
Gobierno presentó públicamente el informe que había elaborado la
mencionada Comisión mediante el cual se pretendía dar publicidad a todo
el proceso de reforma de la administración que actualmente se pretende
llevar a cabo.

Según señala el informe, las medidas que pretende llevar a
cabo el Gobierno se sustentan en cinco ejes: (i) la creación de la
mencionada Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas,
(ii) la

subcomisión de duplicidades administrativas, (iii) la
subcomisión de simplificación administrativa, (iv) la subcomisión de
gestión de servicios y medios comunes, y (v) la subcomisión de
administración institucional.

El principal argumento (y casi único) para la reforma,
expuesto en la introducción del propio informe, es la necesidad de
mejorar la eficiencia de la Administración para de tal forma mejorar la
competitividad del país basado todo ello a su vez en el argumento,
también expuesto en las conclusiones del informe, de racionalización de
las estructuras administrativas. De forma más secundaria se argumenta
también la necesidad de una Administración más transparente estableciendo
la administración electrónica como pilar fundamental.

La primera gran medida de la Comisión para la reforma de
las Administraciones Públicas fue la aprobación de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local la cual, como
es bien sabido, ha cercenado la autonomía local y ha minorado las
competencias locales y autonómicas.

El pasado 2 de diciembre de 2013 el Gobierno presentaba un
informe (de fecha 18 de noviembre de 2013) con los criterios mediante los
cuales pretende erradicar las duplicidades administrativas entre la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Mediante
el mismo se puso en marcha el segundo eje anteriormente mencionado (el de
las duplicidades administrativas).

De esta forma, mediante la aprobación del presente proyecto
de ley de racionalización del sector público y de otras medidas de
reforma administrativa se empieza a materializar el segundo pilar de la
reforma de la administración tan profusamente anunciada.

Nuevamente los argumentos utilizados por el Gobierno para
presentar la reforma son la reducción de gasto y la eficiencia, sin
embargo, sorprende la escasa ambición del Gobierno en la reordenación y
reducción del gasto de su propio sector público, el de la Administración
General del Estado, a la vez que el proyecto de ley incorpora medidas
cuya finalidad no es otra que la de recuperar, para la Administración
General del Estado, competencias que hoy ejercen las comunidades
autónomas, tal y como ya ha ocurrido con la reforma local.

En consecuencia, por un lado, el presente Proyecto de Ley,
vulnera las competencias autonómicas, concretamente, para citar las más
significativas:

— En materia de Universidades, respecto a las
competencias sobre evaluación de las enseñanzas (títulos y planes de
estudio) y la competencia sobre la evaluación y la garantía de la calidad
y la excelencia de la enseñanza universitaria;

— De entrada rechazar la intromisión del presente
proyecto de Ley en el mundo del deporte español. Las federaciones
deportivas no forman parte estrictamente del «sector público», al que se
refiere el proyecto de ley, por lo que regular la licencia deportiva
única no es un acto de «racionalización del sector público» si no un acto
irracional contra el deporte, especialmente el deporte de base.

— En el ámbito deportivo, la regulación de la
licencia deportiva única, con el objetivo de diluir la capacidad de
impulso territorial que tienen las federaciones deportivas de
determinados territorios, como es el caso de Catalunya. El Gobierno
incorpora la «licencia única», intentando imponer un modelo de «mercado
único» por el cual se van a primar las licencias «low cost» de cualquier
federación en detrimento del equilibrio económico y financiero, la
sostenibilidad, de las federaciones territoriales, siempre vinculada a
los derechos y prestaciones de servicios que esta otorga y que,
insistimos, en el caso de Catalunya, han logrado los éxitos deportivos
conseguidos, gracias a la vinculación entre la organización deportiva de
las federaciones y el ejercicio de las correspondientes competencias que
de la Generalitat en «el fomento, la divulgación, la planificación, la
coordinación, la ejecución, el asesoramiento, la implantación y la
proyección de la práctica de la actividad física y del deporte» (Art.134
Estatut de Catalunya).

— Las competencias para determinar la validez de la
publicación de los actos las disposiciones generales y las normas que
emanen del Gobierno o de la Administración de la Generalitat.

— Sentencia de muerte a muchos Consorcios, con
finalidades y medidas de difícil justificación.

La poca entidad respeto a las medidas o esfuerzos de
racionalización que se impone al conjunto de la Administración General
del Estado deja el Proyecto de Ley claramente bajo sospecha. De entrada,
llega con 2 años de retraso, desde el inicio de la legislatura se han
impuesto muchas medidas de ahorro y racionalización que han afectado y en
algún caso mejorado la racionalidad de las administraciones locales, las
que se puede constatar presentaban menos déficit pero ninguna de las
duras medidas impuestas para «arreglar» lo que ya funcionaba se ven
trasladadas mediante este proyecto a la Administración General del
Estado.

En el caso de las comunidades autónomas —y también de
los municipios— en los últimos 2-3 años se ha aplicado un difícil
modelo de austeridad basado en criterios más tecnócratas que no de
racionalidad o pragmatismo administrativo, se han suprimido organismos,
se ha reducido personal y todas las partidas presupuestarias se han
reducido conforme los nuevos límites presupuestarios. Todo ello ha
comportado sacrificios muy importantes a la ciudadanía, afectando a las
prestaciones del estado del bienestar. Ahora parecía que era el turno de
la Administración General del Estado, pero no, al analizar el contenido
del articulado de la ley observamos que en nada se parece al título del
Proyecto. El Gobierno sigue sin predicar con el ejemplo en su propia
administración.

Del análisis de la memoria económica se desprende que los
principales ahorros que se obtienen son: los 107 millones de euros que se
derivan de la centralización de las cuentas corrientes del Estado (medida
que por su naturaleza resulta simple pero que el Gobierno ha tardado más
de dos años hasta adoptarla), y el ahorro conjunto, correspondiente a los
años 2014 y 2015, de casi 40 millones de euros, derivados de la fusión de
diversos organismos. La consecución de esta cifra de ahorro no justifica
el revuelo y decepciona las expectativas creadas en su tan anunciada
presentación. Son más excusa que no otra cosa. Estos ahorros son
claramente insuficientes, las otras administraciones públicas están
siendo mucho más eficientes que la administración central en la adopción
de medidas de ahorro. En cifras totales el Gobierno nos propone un ahorro
equivalente al 0,09% de los gastos previstos por el Estado para el año
2014, sin duda, cifra mínima comparada con las múltiples reducciones de
transferencias del Estado a las comunidades autónomas aplicadas en 2012,
2013 y 2014, las cuales han forzado a estas administraciones a realizar
esfuerzos de austeridad muy superiores a los que ahora manifiesta adoptar
el Gobierno para la administración Central.

Sorprende que el presente proyecto de ley, presentado como
el pilar de la racionalización estatal, se limite a presentar medidas
como la actualización y enumeración de los fines y competencias en
relación a la entidad estatal de derecho público «Obra Pía de los Santos
Lugares» o la extinción del organismo estatal de la «Obra Asistencial
Familiar de la Provincia de Sevilla», mientras que la afectación a los
organismos o entidades públicas de peso de la Administración General del
Estado es nula e inexistente.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió presenta una propuesta de veto sobre el presente
Proyecto de Ley.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
de racionalización del sector público y otras medidas de reforma
administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—Jordi Guillot
Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El Preámbulo de este Proyecto de Ley comienza afirmando que
el sector público debe ser sostenible en el tiempo y que debe
garantizarse la eficiencia en la gestión de sus recursos. Es imposible no
compartir esta sentida declaración. La cuestión es preguntarse si las
reformas promovidas por este Gobierno avanzan en una mejor gestión de los
recursos públicos o simplemente acaban por reducirse a una política de
recortes en el conjunto de administraciones públicas, reducción de empleo
público y deterioro de los servicios públicos.

Aquí no se está hablando, como sería razonable, de la
dimensión deseable de nuestro sector público y de los ingresos necesarios
para financiarla, sino de reformas en las administraciones públicas para
avanzar en el proceso de consolidación fiscal recortando el gasto
público.

Para el Gobierno, la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es un «hito en la gestión de
los recursos públicos». Sin embargo, lo cierto es que las estrictas
limitaciones al déficit y la deuda pública y la priorización del pago de
la deuda, restringen sobremanera la capacidad del

Estado para impulsar la economía asumiendo una verdadera
función anticíclica y desarrollar el Estado social.

Y todo ello reconociendo, como también hace el Preámbulo de
este Proyecto de Ley, que el gasto público en España como porcentaje del
PIB se sitúa entre los diez países de la Unión Europea con menor gasto
público y que desde el punto de vista de los ingresos sobre el PIB,
también nos encontramos muy por debajo de la media comunitaria.

Esta última cuestión, la de los ingresos, es importante a
la hora de analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en nuestro
país. Desde 2008 se ha producido una brutal y desproporcionada caída de
la recaudación tributaria. Descontando el efecto de las medidas
discrecionales en materia de ingresos, la escasa progresividad del
sistema tributario, las deficiencias en la gestión y en la lucha contra
el fraude y el impacto de la desaparición de bases fiscales ligadas a la
burbuja inmobiliaria, son elementos que cobran gran relevancia para
explicar el desplome de los ingresos. Y tampoco conviene olvidar el coste
de las sucesivas reformas desfiscalizadoras en los impuestos directos
adoptadas por distintos gobiernos a favor del ciclo económico y que ahora
pasan factura.

Nuestro problema no es el gasto público, sino los ingresos,
y son precisas reformas de calado en los ingresos públicos para lograr
más suficiencia y progresividad. Recortar el gasto público conlleva
negativas consecuencias económicas y sociales.

También las reformas que promueve el Gobierno contienen
preocupantes elementos recentralizadores que socavan los principios de
autonomía y autogobierno en los diversos ámbitos de la
Administración.

La reforma de la Administración local es un buen ejemplo.
Supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en el
Estado español con los ayuntamientos democráticos desde 1979 y que,
«grosso modo», ha supuesto un avance en el desarrollo del Estado de
bienestar desde el impulso dado en el ámbito municipal. Con esta reforma
local se procede a un desmantelamiento controlado, por tanto, de la
experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo
centralizador y de pulsión autoritaria del actual Gobierno.

En este contexto, el Proyecto de Ley de racionalización del
sector público y otras medidas de reforma administrativa tiene como
objeto destacado suprimir algunas entidades e integrar otras en
organismos públicos ya existentes con el fin declarado de mejorar la
eficiencia y reducir el gasto público. Sin embargo, ni están claros los
teóricos ahorros presupuestarios, ni por supuesto asegurada la mejora de
la eficiencia de los organismos públicos.

El primer problema de este proceso es que la supresión de
ciertos órganos administrativos no prevé una alternativa clara y
funcional para que las competencias que estos órganos vienen desempeñando
continúen en otros de una manera formal y garantizada. Y la cuestión
adquiere más importancia al comprobar que muchas medidas se concentran en
el ámbito de las políticas sociales.

El propio Consejo de Estado en su dictamen al Anteproyecto
de Ley, al apreciar la supresión de órganos que actúan en el ámbito de
las políticas sociales, explicita la conveniencia de velar por que tales
reformas no comporten una minoración del cumplimiento de los fines
atribuidos a los órganos suprimidos.

El segundo problema es que no se evalúa el impacto de estas
medidas en el empleo público, cuestión que se agrava con el proceso de
amortización de empleo en la Administración del Estado que va
consolidándose desde hace varios años.

Desde 2010 se ha agudizado la restricción de la oferta de
empleo público de la Administración General del Estado al no atender la
reposición de efectivos. Esta política ha provocado que hoy el número de
empleados públicos de dicha administración sea inferior al que existía
hace 7 años.

Tal y como ha denunciado el sindicato CC.OO., la política
de no cubrir siquiera la tasa de reposición de efectivos se agravará en
los próximos años, al llegar la jubilación de un importante número de
personal como consecuencia de la existencia de una plantilla madura que
no es repuesta convenientemente.

Además, las políticas de privatizaciones en la
Administración del Estado y el aumento de las tasas de algunos servicios
públicos generan menor actividad y más presiones para amortizar empleo
público. Claro está que todo ello está conduciendo al deterioro de los
servicios públicos, cuando éstos deberían ser fuente de ocupación y
contribuir a la salida de la crisis económica.

Continuar podando la administración pública, incluso
reconociendo que España es uno de los estados miembros de la Unión con
menor gasto público, es una irresponsabilidad.

Este Proyecto de Ley no contribuye a mejorar la gestión de
los servicios públicos porque se incardina en una reforma de las
administraciones públicas en la que lo sustantivo son los recortes sin
valorar las necesidades de la ciudadanía.

Es por estos motivos, que presentamos esta propuesta de
veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras
medidas de reforma administrativa.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al
Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—Mónica
Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí
Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera
García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco
Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos
Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan
Sabaté Borràs (GPEPC) y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta
de veto.

Con la presentación de esta norma, el Gobierno del Partido
Popular vuelve a legislar en contra del reparto constitucional de
competencias.

Presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de
racionalización del sector público y otras medidas de reforma
administrativa por ser un texto que amparándose en la crisis que sufre
nuestro país y en una necesaria «racionalidad» en la organización del
sector público, propone una serie de medidas de reducción del mismo sin
un diagnóstico claro y justificado y con un soterrado objetivo ideológico
de recentralización y de deterioro de los servicios públicos.

El propio Consejo de Estado en su informe critica «la falta
de correspondencia entre el título de la norma y su contenido». Además,
califica de «excesivo» la denominación de la ley de «racionalización del
sector público» dada la variedad y heterogeneidad en el verdadero alcance
de las medidas que propone el texto. En realidad el contenido adolece de
«racionalización« y de «reforma» por lo que, sería más coherente con el
Parlamento denominar al Proyecto de Ley «de supresión y reorganización de
determinados organismos públicos» y otras medidas de orden
administrativo.

Los senadores y senadoras firmantes de esta propuesta de
veto estamos de acuerdo en estudiar, valorar e impulsar la eliminación,
en su caso, de duplicidades, la eficiencia en la gestión de los recursos
públicos, y la reducción de cargas administrativas con el objetivo de
hacer más sostenible el sector público al servicio del ciudadano, pero
basándonos en diagnósticos y análisis que lo justifiquen y, en virtud, de
la obligada lealtad institucional, compartidos y, en su caso,
consensuados con los diferentes ámbitos de la administración pública.

Rechazamos una norma con un contenido que atenta claramente
contra el sistema de competencias autonómicas, con un claro efecto
recentralizador, atacando incluso el sistema de ingresos de los gobiernos
regionales. El Gobierno, después de más de dos años y medio de
legislatura, muestra en muchas de las normas que está aprobando, un
escaso respeto por el sistema autonómico. En este sentido, y aludiendo a
una mal entendida «unidad de mercado» generan un conflicto innecesario
con el sistema de licencias deportivas autonómicas, que funciona
perfectamente, y un impacto negativo en la situación de las federaciones
deportivas.

Además, el texto centraliza las funciones de organismos
autonómicos sobre evaluación de la enseñanza en la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación —Aneca—, y convierte
al

Boletín Oficial del Estado en tablón edictal único para
todas las administraciones, despreciando los Boletines oficiales
autonómicos o los diarios oficiales provinciales.

Creemos improcedente el tratamiento que ofrece el proyecto
de ley a la regulación de los Consorcios, instituciones de colaboración
entre administraciones y, en algunos casos con la participación de la
iniciativa privada, que, en general, están realizando una gran labor de
servicio público en diferentes sectores. No es acertado que una
disposición adicional de la Ley exonere a cualquier entidad de la
Administración General del Estado que participe en un Consorcio del pago
o de la aportación comprometida porque otro de los miembros no la haya
efectuado por cualquier eventualidad. Esto constituye un ataque a los
principios básicos del derecho.

La supresión del Consejo de la Juventud o del Instituto de
la Mujer en este proyecto de ley es un menosprecio a la participación
ciudadana que a la vez tiene un gran impacto social. La eliminación de
instituciones con fines sociales que no puedan ser fácilmente
controlables o manipulables y, cuyos informes y análisis puedan criticar
la acción del Gobierno. El Consejo de Estado lo advierte en su informe al
comprobar la «concentración de medidas de supresión de órganos que actúan
en el ámbito de las políticas sociales» y la conveniencia de «velar por
que tales reformas no comporten una minoración del cumplimiento de estos
fines» beneficiosos para el ciudadano y más en la coyuntura actual.

Además, queremos poner de manifiesto la reiterada falta de
respeto del Ejecutivo por el proceso legislativo y por el Parlamento. Una
vez más el Gobierno, a través de las enmiendas registradas en el Congreso
por el grupo parlamentario popular, y en contra de la doctrina del
Tribunal Constitucional, incluye modificaciones legislativas de lo más
dispar y ajenas completamente con el contenido propio del proyecto de
ley.

Por todo lo anterior, presentamos esta propuesta de veto al
Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa.

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del
sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—Isidro Manuel
Martínez Oblanca.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

La agilidad no es una cualidad que adorne la labor del
actual Ejecutivo. Pasados casi dos años y medio de la actual X
Legislatura, el Gobierno presenta, al fin, un «Proyecto de Ley de
racionalización del sector público y otras medidas de reforma
administrativa» que —contrariamente a lo anunciado, esperado y
deseado— no responde en absoluto a los compromisos derivados del
programa votado mayoritariamente por los electores el 20 de Noviembre de
2011, ni a los expresados por el propio candidato a la presidencia del
gobierno en su discurso de investidura, ni tampoco a los augurios e
intenciones realizadas al principio del mandato por diferentes miembros
del Gobierno ante las Cortes Generales. En definitiva: el proceso de
reforma que implica este Proyecto de Ley no responde a las necesidades de
los españoles ni a la imprescindible adaptación de nuestras
administraciones al siglo XXI.

Incumpliendo los mandatos constitucionales y,
singularmente, los referidos a la solidaridad y equilibrio entre
territorios, tampoco responde este Proyecto de Ley a las necesidades de
reforma de las administraciones que permitan a los españoles disponer de
unos buenos y eficientes servicios públicos que eviten organismos y entes
innecesarios, duplicidades y gasto desmedido. A todo ello cabe añadir que
el texto propuesto por el gobierno invade competencias de
administraciones autonómicas y locales, a la par que elude aplicarse a sí
mismo medidas de racionalización en su propio ámbito administrativo lo
que acaba por reconvertir el Proyecto de Ley en un intento de acomodar
los intereses de reorganización del propio gobierno sin tener en cuenta
sus efectos en la vida y necesidades de los ciudadanos. El Consejo

de Estado lo advierte en su dictamen sobre el Anteproyecto
y pone en cuestión el resultado final en la vida de los ciudadanos.

Este Proyecto de Ley debería ser el resultado de las
conversaciones, debates, intenciones y acuerdos adoptados en la V
Conferencia de Presidentes que derivó en una Comisión con las Comunidades
autónomas para abordar el «sobrepeso» del sector público. Desde aquel 2
de octubre de 2012 es notorio el fracaso en el cumplimiento de varias de
las obligaciones principales surgidas de aquel encuentro celebrado en la
sede de la Cámara Alta en el que se acordó «asegurar la financiación de
las políticas sociales y de los servicios públicos» y compartir que «el
objetivo prioritario y esencial de todas las administraciones públicas es
volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo, como garantía
del Estado del bienestar». Con los datos del paro, de la Encuesta de
Población Activa y de la Seguridad Social a la vista, es concluyente que
no se han alcanzado los objetivos planteados en materia de trabajo, como
tampoco los relativos a la prestación de servicios públicos esenciales,
claramente recortados y venidos a menos.

Al fracaso de los acuerdos impulsados por el gobierno y del
resultado baldío de sus medidas en la racionalización del sector público,
cabe señalar que la Comisión para la reforma de las administraciones
Públicas (CORA) y la Oficina para la reforma de la administración (OPERA)
no profundizan en el problema del descomunal tamaño de nuestro sector
público, ni esclarece las duplicidades, ni aclara el ámbito competencial
de los servicios a la población que ha sido el pretexto —no pocas
veces justificado— para asumir la prestación de una asistencia
correcta y adecuada al ciudadano.

El «Proyecto de Ley de racionalización del sector público y
otras medidas de reforma administrativa» tiene por base el
discriminatorio, insolidario e injusto «déficit a la carta» promovido e
impulsado por el Gobierno en el verano de 2013 y que fue aprobado por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera con el voto contrario de varias
Comunidades Autónomas. Un déficit a la carta que ha condicionado la
acción política autonómica y específicamente la de Asturias a la que se
privó de manera arbitraria del mismo margen presupuestario que a
comunidades que habían incumplido con los objetivos de déficit público y
que, además, tenían mayor crecimiento económico. El resultado fue un
proceso de asfixia que repercutió muy negativamente en la prestación de
servicios públicos esenciales a los ciudadanos.

En cualquier caso, el «Proyecto de Ley de racionalización
del sector público y otras medidas de reforma administrativa» debería
tener como gran objetivo el combate contra el despilfarro. En eso, al
menos, se confiaba cuando en las primeras semanas de mandato, febrero de
2012, la propia Vicepresidenta del Gobierno anunció ante la Comisión
Constitucional del Senado una serie de medidas para reducir las
fundaciones, consorcios y empresas vinculadas al sector público. Cifró,
de aquella, en más de cuatro mil entidades el conjunto del sector público
y adquirió el compromiso de rebajarlo una quinta parte «en un primer
paso». Han pasado 28 meses desde entonces y el balance del gobierno en lo
que afecta a su propia reforma del sector público es tan revelador como
infructuoso. A este respecto, los datos oficiales del Inventario de Entes
del Sector Público estatal son contumaces: se mantienen 414 de los 447
entes que el gobierno se encontró a principios de su mandato. Ahora ya no
se habla tanto de recortar lo propio sino de endosar a las demás
administraciones el adelgazamiento del sector público y este Proyecto de
Ley continua en la política desarrollada por el gobierno a lo largo de la
Legislatura y cuyos efectos han sido muy negativos para los ciudadanos
que han sufrido en sus propias carnes la merma de recursos humanos y
materiales en educación, sanidad y prestaciones sociales. También lo han
sido para las administraciones territoriales y prueba de ello fue la
aprobación —sin tener en cuenta las aportaciones de la
oposición— de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local que, con apenas seis meses de vigencia, ha supuesto
un ataque al municipalismo y a su inequívoco compromiso para la
prestación de servicios públicos esenciales.

El factor de competitividad que se le supone a este
Proyecto de Ley no existe, lo que constituye desperdiciar la oportunidad
de hacer de la eficacia y la eficiencia de nuestras administraciones una
seña de identidad. También impide la mejora de la calidad de las
prestaciones públicas y habrá que esperar a que se aprecie
significativamente que la austeridad se traslada a los mecanismos de
gestión en lugar del deterioro de los servicios básicos que reciben los
ciudadanos. Los precedentes en este sentido no pueden ser más
desfavorables, con un gobierno que —al contrario de lo que
prometió— ha multiplicado los impuestos repercutiéndolos en todos
los órdenes de la vida ciudadana y también en la gestión
administrativa.

Finalmente, el Proyecto de Ley pasa de largo a la hora de
facilitar el acceso para conocer con claridad y transparencia los
indicadores que permiten medir la eficacia y la eficiencia de las
diferentes administraciones públicas.

Por todo ello se propone el rechazo al «Proyecto de Ley de
racionalización del sector público y otras medidas de reforma
administrativa» presentado por el Gobierno al objeto de que proponga un
nuevo Proyecto de Ley que responda a las necesidades prioritarias y
urgentes, haciendo posible que la labor de las Administraciones y de todo
el sector público que sustentan sea acorde a los mandatos reflejados en
la Constitución española y a las exigencias de modernización de nuestra
sociedad.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del
sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—El Portavoz,
Jokin Bildarratz Sorron.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 7

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

El Grupo Vasco (EAJ-PNV) presenta una Propuesta de Veto al
Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa por vulneración del sistema de distribución
competencial y del principio de autonomía reconocidos en la
Constitución.

Con el objetivo genérico de racionalizar el sector público
y de fijar medidas de reforma administrativa, el Estado plantea una serie
de modificaciones estructurales, organizativas y legislativas que, en
buena parte de los casos, irrumpen de forma directa en los ámbitos
competenciales y funcionales del resto de Administraciones territoriales
del Estado, afectando tanto a la potestad de autoorganización que
ostentan dichas Administraciones, como a sus competencias y funciones en
diversos sectores de la actuación pública.

Una prueba de esta intromisión ilegítima del Estado se
desprende del contenido de la disposición adicional primera del proyecto
de Ley destinada a la identificación de los títulos competenciales en los
que se ampara el Estado para la elaboración de esta norma legal.

También resulta particularmente reseñable la modificación
recogida en el artículo 25 del presente proyecto de Ley modifica el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al establecer en el «Boletín Oficial del Estado» un tablón edictal
único para el conjunto de las Administraciones públicas existentes en el
Estado.

En este sentido, resulta relevante por lo que tiene de
manifiesta invasión competencial, la atribución al Observatorio de
Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal de funciones que
corresponden al ámbito de la ejecución de la legislación laboral,
competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

A mayor abundamiento, obviando los aspectos que se refieren
de forma nítida al espacio organizativo del Estado o a su competencia
exclusiva prevista en el artículo 149.1.18 CE, el proyecto recoge una
serie de medidas organizativas y normativas que afectan al régimen de
distribución competencial vigente invadiendo competencias de las
Comunidades Autónomas.

Entre ellas, cabe destacar la centralización en un
organismo del Estado —el Organismo Autónomo Programas Educativos
Europeos—, o el desbordamiento competencial derivado de la falta de
reconocimiento de ámbitos competenciales compartidos
—ANECA—.

Por todo ello, se solicita la devolución al Gobierno del
Estado del proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras
medidas de reforma administrativa.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector
público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—El Portavoz
Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 8

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley de racionalización del sector público y
otras medidas de reforma administrativa, remitido al Congreso de los
Diputados, asume una discordancia tan llamativa entre su título y su
contenido que el Dictamen del Consejo de Estado, de una forma
inusualmente contundente, le ha reprochado «su falta de correspondencia»,
lo ha tachado de «excesivo» y ha recomendado su modificación. En efecto,
por su estructura y contenido, parece antes una especie de reglamento de
ejecución de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas
del Congreso de los Diputados, que una Ley que se pretende aprueben las
Cortes Generales. El Grupo Parlamentario Socialista quiere manifestar su
frontal rechazo a un proyecto cuyo título no se puede calificar solamente
como ampuloso y confuso, sino, directamente, como engañoso. Lo que este
proyecto pretende no es la «racionalización» del sector público, sino la
eliminación o reorganización de algunas estructuras administrativas, algo
cuyo alcance y trascendencia resulta completamente diverso.

Este Gobierno ha encontrado en la crisis la excusa perfecta
para justificar las políticas de retroceso y deterioro de todos los
servicios públicos. Ha asfixiado económicamente numerosas políticas
públicas y ha promovido por doquier la privatización de servicios
públicos. La respuesta no es nueva, ni original, y sabemos que los
fundamentos teóricos nacen tras la primera crisis del petróleo y tienen
su apogeo en los años ochenta. Las recetas anticrisis de algunos sectores
siempre pretenden disminuir la intervención de la Administración y dejar
cada vez menos espacio a lo público. En esta crisis, por supuesto, las
mismas voces han vuelto su mirada a la Administración como si se tratase
de un ente innecesario cuya única función es malgastar el dinero de los
impuestos y obstaculizar el crecimiento.

El Grupo Parlamentario Socialista, antes apoyando al
Gobierno y ahora desde la oposición, va a defender lo mismo: una
Administración Pública eficiente y sostenible, al servicio de las
necesidades de la ciudadanía. Por eso, ni ahora ni antes podemos
coincidir en que la Administración es simplemente un factor de eficiencia
y productividad; como por cierto ha sucedido con la reciente reforma
local. Esta afirmación no es solamente un juego retórico, sino que
encierra una verdadera perversión de las prioridades esenciales del
Estado Social que es España. Desde nuestro punto de vista la
Administración era, y debe continuar siendo, sobre todo, el instrumento
de los Gobiernos para garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos, prestar servicios públicos y corregir las desigualdades que
genera el sistema.

Expuesto lo anterior, resulta imposible no mostrar una
absoluta discrepancia con el punto de partida que se refleja en el
Preámbulo del proyecto, según la cual, «el objetivo de una reforma de las
Administraciones Públicas no puede ser otro que el de convertir a la
Administración española en un factor de eficiencia y productividad que
posibilite el crecimiento económico y la prestación efectiva de los
servicios públicos.»

Nuestro rechazo rotundo de la premisa elemental hace
innecesario descender a examinar cada uno de los contenidos normativos,
porque con este veto que ahora formulamos se pretende la revisión de un
axioma incorrecto y una orientación completamente distinta en el
desarrollo de su articulado.

Podemos asumir contenidos razonables que supriman o
fusionen entidades desfasadas o con escasa actividad. Como se acaba de
comentar, es una tarea que ya se inició por el anterior Gobierno y nada
habría que objetar a su finalidad cuando sea razonable. Sin embargo,
discrepamos en que esto represente una reforma de las Administraciones,
ni siquiera una «racionalización» de las mismas. Se está dotando de una
inmerecida importancia a la adopción de estas medidas.

Igualmente rechazamos el énfasis puesto por este proyecto
en la desaparición de órganos encargados especialmente de políticas
sociales o de igualdad. Para el Grupo Parlamentario Socialista resulta
obvio que determinados órganos administrativos con fines sociales, no
tienen necesariamente que ser factores de eficiencia y productividad sino
que, cumpliendo con el artículo 9.2 de la Constitución, han de ser
promotores de libertad e igualdad y «removedores de obstáculos» para que
estos valores superiores del ordenamiento jurídico sean reales y
efectivos. Este grupo parlamentario cree por principio que la
Administración Pública ha de vertebrar actuaciones de promoción de
colectivos que sin ser mayoritarios, son esenciales para conseguir la
igualdad y los derechos individuales y sociales. Y que el Gobierno debe
ser especialmente respetuoso con entidades que lo son de representación y
no de mera ejecución de

políticas públicas, o asumir el riesgo de que se piense
lógicamente que no es el ahorro lo que se busca, sino solo acallar las
voces críticas o no controlables, como en el caso del Consejo de la
Juventud. En este sentido, la eliminación que el proyecto plantea del
Consejo de la Juventud y del Instituto de la Mujer supone un ataque
directo a la participación de los ciudadanos. Siendo muy significativo el
que, al mismo que se eliminan estos dos órganos, se refuerza la Obra Pía
de los Santos Lugares.

Tampoco debemos olvidar los elementos de recentralización
que el proyecto recoge y que manifiestan, una vez más, la ausencia por el
Gobierno de una auténtica interiorización del Estado Autonómico en sus
muy diversas manifestaciones. Constituyendo dos ejemplos muy
significativos, por una parte, la cuestión de la licencia deportiva
única; y, por otra, la conversión del Boletín Oficial del Estado, en
tablón edictal único del Estado, ignorando no solamente los boletines
oficiales de la provincia, sino también los diarios oficiales de las
comunidades autónomas. En relación a la licencia deportiva única, y sin
perjuicio de los cambios experimentados por el proyecto de ley en este
asunto, en su tramitación en el Congreso de los Diputados, esta
modificación supone alterar profunda y sustancialmente las relaciones del
Estado con las Comunidades Autónomas en materia de deporte, redefiniendo
el modelo actual hacia una recentralización de competencias y destruyendo
el sistema deportivo diseñado por la Constitución y los Estatutos de
Autonomía. Supone enmascarar, bajo apariencia de evitar la duplicidad
administrativa, una alteración de la situación financiera de las
federaciones deportivas españolas con impacto en los Presupuestos
Generales del Estado. El resultado sería que las federaciones autonómicas
soporten el impacto del recorte de ingresos de las federaciones
deportivas estatales, con la consiguiente quiebra y desaparición de
muchas de las federaciones que no serán capaces de mantenerse. Este
planteamiento resulta inadmisible.

Además, este proyecto de ley incluye una modificación
sustancial de la regulación de los consorcios que vulnera, de manera
flagrante, los principios generales del derecho. Siendo especialmente
significativo al respecto la redacción de la Disposición adicional sexta
del proyecto de ley cuando señala que «Cuando la Administración General
del Estado o cualquiera de sus entidades u organismos vinculados o
dependientes sean miembros de un consorcio, no estarán obligados a
efectuar la aportación al fondo patrimonial o la financiación a la que se
hayan comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los demás
miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad de sus
aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios anteriores a las
que estén obligados». Es decir, se plantea la exoneración de
responsabilidad por parte del Estado si algún otro miembro del consorcio,
por las razones que sean, no cumple con sus obligaciones. Estamos
hablando de instituciones fundamentales de nuestro país en las que el
Estado, mediante esta regulación, queda exento del cumplimiento de sus
responsabilidades. Lo que supone una evidente quiebra de los principios
generales del derecho, dado que el incumplimiento de un tercero, en sí
mismo y como requisito exclusivo, no puede convertirse en causa de
exoneración de responsabilidad para alguna de las restantes partes
implicadas.

A todas estas cuestiones materiales ha de sumarse la
nefasta técnica jurídico-legislativa de la que, una vez más, se sirve el
Gobierno para la tramitación de este proyecto de ley. En este sentido,
cabe señalar: la incorporación al texto del proyecto, en su tramitación
en el Congreso de los Diputados, de enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular de contenido material ajeno absolutamente al proyecto de ley y
que exigirían debates y proyecto de ley específicos; la excesiva
naturaleza reglamentista del proyecto de ley en muchos aspectos, con la
consiguiente congelación de rango de aspectos que no necesitarían una
regulación por ley; y, finalmente, la vulneración, por el artículo 22.2
del proyecto de ley, del principio de reserva de ley orgánica que
establece el artículo 136.4 de la Constitución en relación a la
composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Gobierno debería
replantearse la formulación de este proyecto de ley, enviando al
Parlamento un nuevo texto que, al menos, contemplara los siguientes tres
aspectos:

Corregir la premisa y replantear el objetivo de la reforma
administrativa para adecuarlo, al menos, a la definición constitucional
de España como Estado Social y Democrático de Derecho y a la
Administración como garante de los intereses generales. Además, si
pretende una reforma de calado, ineludiblemente debería buscar un
planteamiento de consenso con las demás fuerzas parlamentarias, porque
éste es, sin duda, un asunto que no debe ponerse en cuestión cada vez que
el Gobierno cambie de dirección política.

Responder fielmente al título de racionalización del sector
público. Ya que se autocalifica como reformista, es un deber inexcusable
del Gobierno plantear auténticas reformas que aborden, al menos, entre
sus contenidos mínimos, medidas para conseguir una función pública más
eficiente y motivada, una Administración más transparente en línea con el
ciudadano y la mejora de la calidad de los servicios

públicos. O alternativamente, cambiar el pretencioso título
del proyecto para adecuarlo al poco ambicioso contenido, haciendo
referencia meramente a que en él se suprimen, reforman o fusionan algunas
entidades públicas de rango menor.

Adoptar un conjunto de disposiciones para reorganizar los
organismos públicos cuya reforma requiera una norma con rango de Ley.
Cuando se persigue la mejora de la Administración resulta más elemental e
inexcusable que nunca dotar al Proyecto de la entidad y rigor requeridos,
además de evitar la confusión en la que incurre entre lo accesorio y lo
principal.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista plantea el
presente veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y
otras medidas de reforma administrativa, solicitando su devolución al
Congreso de los Diputados.