beneficios de los ciudadanos, mientras los ciudadanos
pierden su vivienda por no poder pagar las hipotecas y se legisla para
reducir las pensiones o se va a limitar el derecho al aborto para cumplir
un programa electoral que se ha incumplido en todo lo demás.

La propuesta de reforma del artículo 10 del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha que se pretende con esta Proposición de
Ley supone un atentado contra las normas constitucionales y del propio
Estatuto. Vulnera el artículo 1.1 de la Constitución española porque
elimina el pluralismo político; vulnera el artículo 23, porque esta
reforma impide acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos.
Entendemos, así mismo, que esta reforma afecta tanto al artículo 4 del
Estatuto de Autonomía porque no se facilita la participación de todos los
ciudadanos en igualdad en la vida política de Castilla-La Mancha, como a
su artículo 10, en el que se dice que los candidatos deben ser elegidos
por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto y que serán
elegidos de acuerdo con un sistema de representación proporcional.
Evidentemente, con esta reforma la proporcionalidad, ya por si escasa, se
reduce mucho más.

En este sentido, cabría recordar que en estos momentos
Asturias tiene 45 escaños y un millón de habitantes siendo uniprovincial;
Murcia tiene 45 escaños y 1,4 millones de habitantes; Cantabria tiene 39
escaños —más que los que va a tener Castilla-La Mancha— con
593.000 habitantes; y La Rioja tiene 33, probablemente el techo ya
prácticamente está en los 35, con 323.000 habitantes. La reducción del
número de escaños, y con ello la representatividad y la democracia, en
las Cortes de una Comunidad Autónoma que es la tercera en territorio de
España, la tercera en número de provincias y la novena en población,
dejándola con el menor número de escaños de todas, situaría a Castilla-La
Mancha en el ridículo más esperpéntico del conjunto del Estado.

Es una propuesta que viene sin consenso de las principales
fuerzas políticas de la región, viene sin consenso del tejido social y
ciudadano, incumple las propias recomendaciones del Consejo de Estado
sobre la proporcionalidad general que debieran respetar las leyes
electorales y encierra, sobre todo, un peligroso discurso populista y
autoritario. Y lo que es peor, todo ello va a tener como resultado un
empobrecimiento democrático sin precedentes, la limitación del pluralismo
que en la práctica vendrá a perpetuar el sistema bipartidista en la
región. Por otro lado, parece evidente que el objetivo es reforzar el
ejercicio del poder sin contrapesos, sin control democrático. Parece que
detrás de esta reforma se esconde la voluntad de mantener el poder de las
élites políticas y económicas, al pretender volver al sistema censitario,
manteniendo controladas las instituciones al servicio de sus
intereses.

Si esta reforma es la punta de lanza para reducir la
democracia en todos los parlamentos de España, se está traspasando una
línea roja muy peligrosa, en lo que solo puede entenderse como un ataque
frontal a la propia democracia representativa.

Por último, esta reforma excluyente y antidemocrática no
resolverá ninguno de los problemas económicos ni sociales ni de
regeneración política y democrática de Castilla-La Mancha, es más, los
agravará. Y hará que los ciudadanos sientan que las Cortes de Castilla-La
Mancha «no les representan».

En suma, esta propuesta a la que ahora presentamos esta
enmienda de veto, supone desde nuestro punto de vista el mayor ataque al
estado democrático, a la democracia representativa, desde la
Transición.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto a la Propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Palacio del Senado, 8 de abril de 2014.—Jordi Guillot
Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

La propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha pretende modificar el artículo 10 para disminuir el
número de escaños (pasar de 53 a 25-35) así como reformar el sistema
electoral (circunscripción electoral por provincia).

Con esta reforma, Castilla-La Mancha pasaría a ser la
comunidad autónoma con el menor número de escaños.

Esta reforma vulnera el artículo 1.1 de la Constitución
española porque suprime de facto el pluralismo político; vulnera el
artículo 23, porque impide acceder en condiciones de igualdad a los
cargos públicos, vulnera el artículo 4 del Estatuto de Autonomía porque
no se facilita la participación de todos los ciudadanos en igualdad en la
vida política de Castilla-La Mancha; y vulnera el artículo 10, en el que
se dice que los candidatos y candidatas deben ser elegidos por sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto y que serán elegidos de
acuerdo con un sistema de representación proporcional.

El PP, el supuesto gran defensor de la Constitución
española, sin embargo, se «atreve» a saltarse la Carta Magna.

Asimismo, incumple las recomendaciones del Consejo de
Estado sobre la proporcionalidad general que deberían respetar las leyes
electorales.

Pero no solo eso, esa propuesta que nos presenta el Partido
Popular llega sin consenso parlamentario. Nuevamente el PP se queda sólo
en un tema tan importante como el modelo territorial de España.

Con esta reforma, el PP pretende tres objetivos: blindar el
bipartidismo, impedir el pluralismo político y excluir a la mayor parte
de los ciudadanos y ciudadanas de la posibilidad de acceder a un cargo
público.

En definitiva, su idea de democracia parlamentaria se
convierte en una caricatura. Las contradicciones de los dirigentes del PP
y en concreto de la presidenta de Castilla-La Mancha llegan al ridículo.
¿Cómo es posible que en el año 2012, la presidenta de dicha comunidad
aplicara una reforma que aumentó el número de escaños con el argumento de
«más diputados, más democracia»?

Esto significa pues que, con esta reforma, habrá menos
diputados y por tanto menos democracia.

El PP justifica esta reforma con el argumento que «muchos
son los esfuerzos y ajustes que se han solicitado a los
castellano-manchegos para solucionar la importante crisis institucional y
financiera de nuestra región». Y aduce también que la reforma servirá
para seguir avanzando en la España de las autonomías. Dos falsedades
plausibles. Esta iniciativa conllevará que no se resolverá la crisis
económica, ni el problema territorial de España.

La democracia no es cara, al contrario, la democracia no
tiene precio y es la garantía de que todos los ciudadanos y ciudadanas
puedan profundizar y participar en ella con las mismas oportunidades.

Si esta reforma se aplicara a todas las otras CCAA, el PP
no tendría representación ni en Euskadi, ni en Navarra, ni en Catalunya,
sería un partido extraparlamentario.

En definitiva, esta reforma es un ataque frontal a la
democracia representativa, un ataque a los ciudadanos y ciudadanas de
Castilla-La Mancha.

Es por estos motivos que presentamos esta Propuesta de Veto
a la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto a la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha.

Palacio del Senado, 8 de abril de 2014.—El Portavoz
Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.

La Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha, remitida, por la Cortes de esta Comunidad Autónoma,
en septiembre del pasado año, constituye una reforma unilateral que tan
sólo cuenta con el respaldo único del Partido Popular. Nos encontramos
ante una iniciativa de reforma que carece, por tanto, del consenso básico
exigible para aprobar una norma que integra el «bloque de la
constitucionalidad», como norma institucional básica de la Comunidad
Autónoma y regla fundamental

para la convivencia. Además, supone una ruptura de la
dinámica seguida hasta el momento, ya que hasta la presentación de esta
propuesta, todas las iniciativas de reforma estatutaria, en Castilla-La
Mancha, habían contado con el consenso de los grupos con representación
en el parlamento regional.

El objeto de la propuesta es hacer posible una reforma que
responda a los intereses electorales del Partido Popular, única fuerza
política que promueve esta modificación, reduciendo la representatividad
del sistema electoral autonómico y acercando sus efectos a los de un
sistema electoral de tipo mayoritario. Después de haber modificado la ley
electoral, hace menos de dos años, también en solitario, para incrementar
el número de diputados autonómicos, se promueve ahora una reducción por
debajo de los límites actualmente vigentes en el Estatuto de Autonomía.
Con ello, se quiere dificultar, extraordinaria e injustificadamente,
hasta hacerlo casi imposible, el acceso de otras fuerzas políticas a las
Cortes de Castilla-La Mancha, al elevar, exponencialmente, el porcentaje
de votos que habrán de obtenerse en las circunscripciones de la Comunidad
Autónoma. Este hecho constituye en sí mismo un ataque al sistema
constitucional español porque impide el pluralismo político hasta el
punto de que fuerzas políticas que obtuvieran un quince por ciento de los
sufragios, quedarían fuera del parlamento autonómico por el reparto de un
número reducido de escaños entre cinco provincias.

La reforma afecta a una de las instituciones constitutivas
de la propia esencia de nuestro sistema democrático, el parlamento
regional, al que se limita su capacidad de representación política de los
castellano-manchegos. Castilla-La Mancha cuenta con más de dos millones
de habitantes, cinco provincias y casi mil municipios; y en cuanto a
territorio, es la tercera más extensa de España. Con esta población,
extensión territorial y estructura pluriprovincial, una reducción tan
desproporcionada de parlamentarios, hasta un número incluso inferior al
que tienen otras comunidades mucho menos pobladas y/o uniprovinciales,
afectaría muy negativamente a la representación política de sus
ciudadanos y ciudadanas.

Tampoco puede defenderse una modificación como ésta con
argumentos de austeridad. La mayoría de los diputados regionales de esta
Comunidad Autónoma no tienen dedicación exclusiva ni perciben salario,
por lo que la reducción de su número no redundará en una disminución del
gasto público. Por el contrario, un parlamento no es un órgano
administrativo y esta reforma afectará a la capacidad de las Cortes de
Castilla-La Mancha para llevar a cabo sus funciones, la actividad
legislativa y la función de control de la acción del gobierno, con la
misma intensidad que el resto de asambleas legislativas autonómicas.

En conclusión, la reforma que se contiene en esta
iniciativa no cuenta con el consenso necesario en el parlamento regional
ni puede justificarse en razones de austeridad. Por el contrario, afecta
gravemente a la representatividad y a la capacidad de las Cortes de
Castilla-La Mancha para ejercer sus funciones, y responde, únicamente, a
los intereses electorales del Partido Popular. En consecuencia, el Grupo
Parlamentario Socialista formula el presente veto a esta Propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, solicitando su
devolución al Congreso de los Diputados.