Es incomprensible que una ley que afecta un sector tan
estratégico se haga de espaldas a los sectores afectados y se impida la
participación efectiva y el trabajo de los organismos controladores. El
déficit democrático de esta reforma se acumula a las anteriores y a la
eliminación de instrumentos de control independientes del Gobierno como
la eliminación de la CNE.

En segundo lugar, los cambios regulatorios que se plantean
nada tienen que ver con una reforma energética sino con parches y cambios
parciales al sector eléctrico. Es una reforma de carácter presupuestario
y reduccionista que no incluye un análisis integral y global de los retos
económicos y energéticos de España. Una reforma que sirve para mantener
vigente un modelo energético caduco, caro e insostenible y perpetuar los
errores acumulados en una mala regulación del sector eléctrico y que
sigue manteniendo una elevadísima dependencia exterior.

En la exposición de motivos del proyecto se plantea que
después de 16 años de la Ley 54/1997 se han cumplido los objetivos pero
ahora es insuficiente para corregir desequilibrios entre ingresos y
costes debido a decisiones políticas.

Esto evidencia el claro error de diagnóstico en la
propuesta, incluido el que se realiza sobre el origen del déficit
tarifario, único problema que, en realidad, pretende resolver. Sólo se
centra en el déficit tarifario, pero una vez más se equivoca en el
diagnóstico y por lo tanto en las soluciones.

La ley del sector eléctrico nació con errores y
deficiencias ya que liberalizó el sector eléctrico sin tener en cuenta
los múltiples fallos de mercado en un sector que debe garantizar un bien
básico y que se ordena a partir de un monopolio natural y la integración
vertical de empresas, a partir de la negación de que el energético es un
sector público en el que resulta imprescindible mantener elementos de
planificación e instrumentos transparentes de intervención pública.

El resultado ha sido una liberalización meramente formal
que ha dado lugar a la constitución de un poderoso oligopolio con
capacidad de condicionar las acciones de los poderes públicos.

Además de un conjunto de actividades cuyo precio no depende
de la competencia sino de componentes como las reservas de combustible,
de la especulación en mercados internacionales y nacionales o de
tecnologías que no tienen costes variables adaptados a mercado….
Una ley que no ha permitido que los precios reflejen los costes reales ni
adaptarse a los cambios tecnológicos en el mix energético. Efectivamente
son necesarios cambios en profundidad y llevar a cabo una reforma
integral del mercado eléctrico que esta ley no aborda.

El proyecto pretende resolver el déficit de tarifa
ignorando las cifras y el mal funcionamiento del mercado eléctrico
culpando una vez más de los desequilibrios entre ingresos y costes del
sistema a las energías renovables, que se han convertido en la bestia
negra tanto del Gobierno como de las grandes empresas eléctricas.

Se establece que el déficit de tarifa se crea durante el
periodo 2004-2012 cuando la fórmula contable del déficit tarifario se
crea en 2002. Se hace una definición del déficit de tarifa errónea al
considerar que es la diferencia entre los costes reales y los ingresos
del sistema, pasando por alto que el problema son los costes reconocidos
que no son los reales. La propia CNE ya ha advertido, igual que la
Comisión Europea que el funcionamiento del mercado provoca sobre
retribución de algunas tecnologías como la nuclear y la hidroeléctrica.
Estos beneficios caídos del cielo podrían suponer unos 24.000 millones de
euros que sería el equivalente al 90% del déficit de tarifa acumulado.
Esta ley no modifica esta situación y mantiene un sistema marginalista de
configuración de los precios que supone beneficios millonarios a las
grandes compañías eléctricas.

Además muchos componentes de los costes reconocidos tienen
que ver con decisiones que se perpetúan y que acaban pagando el conjunto
de la ciudadanía. Esta reforma no modifica ni un ápice el modelo
eléctrico culpando de todos los desequilibrios a las renovables y al
ahorro energético pero la evidencia es que después de múltiples recortes
a las energías limpias los precios y los costes continúan subiendo,
llevando una subida de la luz de más del 11% en lo que llevamos de
legislatura. Las CNE señala en distintos informes que las causas han sido
múltiples.

El origen del enorme denominado «déficit tarifario», que en
el 2012 ascendía a 26.000 millones de euros y está repercutiéndose a los
consumidores, está en los acuerdos entre los distintos gobiernos y las
empresas de la patronal eléctrica UNESA para conseguir un incremento
permanente de sus costes reconocidos y garantizarse los ingresos del
sistema.

Los cambios regulatorios no resuelven este problema a pesar
de los errores y fracasos acumulados. El propio ministro de industria ha
reconocido un déficit de 3.000 M¤ para el 2013 aunque en julio dijo que
no habría déficit y a pesar de los múltiples cambios y recortes a las
renovables ya introducidos. Después

del RDL 14/2010 y del RDL 1/2012 que establecieron la
retroactividad y la moratoria para las renovables, se produjeron fuertes
subidas de la luz que, según la CNE, se debieron a las ayudas al carbón,
las subastas de la tarifa de último recurso, la baja demanda eléctrica,
los pagos por capacidad, la sobrecapacidad gasista y los costes
extra-peninsulares.

Las decisiones llevadas a cabo sólo hacen que empeorar el
problema de un modelo insostenible económica y medioambientalmente además
de hipotecar el futuro.

Las consecuencias de los errores de diagnóstico y de un
análisis sesgado de la situación anteponiendo los intereses de las
grandes empresas conllevan que las medidas sean equivocadas,
irresponsables e incoherentes. El resultado de la reforma es un conjunto
de medidas recaudatorias y la penalización de las energías limpias y del
ahorro energético.

Una receta aplicada desde el 2009 y ahora ampliada en este
proyecto de ley que penaliza tres veces al consumidor a través de la
subida de la luz, de los impuestos y de la imposibilidad de acceder al
autoconsumo.

La solución que plantean es que aumente la dependencia de
los combustibles fósiles y de energías que no tenemos y los ciudadanos
consuman más y paguen más.

Este modelo es insostenible económica y ambientalmente por
la evolución de los precios a futuro del gas y petróleo, los costes de
importación energética en nuestra balanza de pagos y el aumento de
emisiones debidas a las energías contaminantes. Una factura que este país
no puede pagar y que tendrá repercusiones en términos de competitividad
de nuestra economía.

Como planteamos al principio, el proyecto de ley plantea
cambios parciales pero con un grave impacto en el sector eléctrico y en
el conjunto de la economías. Los principales cambios por los que nuestro
grupo parlamentario plantea una enmienda a la totalidad son:

— La revisión automática de los peajes o la
aplicación de los principios de la ley de estabilidad presupuestaria al
sector eléctrico. Esta fórmula de fijar por ley la prohibición de superar
un límite de déficit de 2% y de limitar la deuda acumulada en los
desajustes es un deseo del gobierno pero no viene acompañado de
soluciones o instrumentos. Este planteamiento rígido de someter al
principio absoluto del equilibrio sin revisar la deuda reconocida puede
poner en riesgo objetivos más importantes, a nuestro entender, en un
sistema eléctrico que debe garantizar un servicio de interés público. La
reducción de déficit tarifario que es una deuda con las empresas
eléctricas debe resolverse pero no puede pasar por encima de criterios de
sostenibilidad medioambiental, equidad, eficiencia y desvincularse del
impacto del sector en el conjunto de la economía. La obsesión por fijar
por ley no sólo no resuelve el problema sino que genera incoherencias y
riesgos importantes. La misma CNE señala la miopía de que la ley no
prevea poder destinar superávits a nada más que reducir la deuda sin
introducir alternativas o la imposibilidad de reducir peajes. Además, el
hecho de que los desajustes sean ahora soportados por todos los actores
que reciben costes regulados puede suponer una medida insoportable para
productores pequeños, aumenta la inestabilidad y amenaza la competencia y
equidad efectiva entre los actores. Una medida al servicio de los grandes
grupos empresariales.

Desde nuestro grupo parlamentario creemos que es una
insensatez plantear la revisión automática de los peajes que recaerá en
los consumidores o contribuyentes (que vienen a ser los mismos sujetos)
sin revisar la deuda acumulada. Una medida que o bien no se cumplirá
(como el Gobierno ya ha hecho en reiteradas ocasiones) o que de no
corregir los problemas estructurales del sistema incrementará la factura
de forma exponencial en los próximos años.

— Una ley para acabar con la inversión en energías
renovables. El diagnóstico del proyecto se basa en culpar a las
renovables de los desajustes del sistema eléctrico. Esto conlleva el
absurdo de demonizar y penalizar las energías limpias mientras exime de
responsabilidad y penalización a otras tecnologías. Así este proyecto de
ley tacha en pleno s. XXI a las energías renovables de «excepcionales» y
las somete a un conjunto de cambios regulatorios retroactivos y a un
intervencionismo ilimitado que persigue su ahogo financiero y su
exclusión como crecientes competidoras en el mercado eléctrico. El cambio
de las reglas de retribución a las energías renovables se suman a los 5
que ya han sufrido y que no han resuelto los problemas. Las previsiones
de este proyecto de ley rompen la estabilidad regulatoria de las
instalaciones ya existentes y que en muchos casos significará la
bancarrota de inversiones ya realizadas por no tener en cuenta o
reconocer los costes reales de inversión.

Además, el cálculo unilateral por parte del Gobierno de
cómo se deben retribuir a través de fijar un coste estándar es un
atropello no sólo porque contradice los principios de libertad y
competencia del mercado sino que están alejados de la realidad diversa de
este tipo de instalaciones. La arbitrariedad que supone esta medida
artificial contable excluye la variabilidad de costes en función de los
años de la inversión, basándose en la potencia instalada. La rentabilidad
fijada no reconoce los costes reales y es ilusoria. Además los mecanismos
de retribución están indexados a precio de mercado y en función de los
precios de gas y petróleo o de la prima de riesgo del país. El resultado
es un sistema de retribuciones anticíclico, ineficiente —ya que no
aprovecha las ventajas comparativas de las energías limpias— y
alejado de reflejar los costes reales. Los informes de la CNC y la CNE
ponen en evidencia los enormes riesgos del sistema planteado.

Por otro lado, se establece la inseguridad regulatoria por
ley (revisable cada 6 y 3 años) lo que multiplica los desincentivos a las
energías limpias ya que han sido sistemáticamente penalizadas en cada una
de las reformas. Esta ley y los decretos previstos aumentan
exponencialmente «la prima de riesgo renovable» en el país, dinamitando
la posibilidad de nuevas inversiones en el sector, aumentando nuestra
dependencia energética y destruirá miles de puestos de trabajo.

— Impedir el autoconsumo. Este es el objetivo que
esconde el conjunto de barreras económicas, administrativas y la
articulación del sistema de sanciones que recoge el proyecto de ley. La
regulación del autoconsumo en balance neto era una cuestión pendiente y
muy esperada para muchos consumidores y pequeñas empresas como una
oportunidad de aumentar la competitividad y mejorar la eficiencia
energética. La reforma prevista en la ley y los decretos que acompañan
supone un conjunto de trabas administrativas (como los contadores que se
exigen, la presentación de un proyecto, registro, prohibición del
autoconsumo compartido… ) que en el caso de los autoconsumidores
domésticos serán insalvables y trabas económicas desproporcionadas. Lo
más relevante es la introducción de un peaje de respaldo para toda la
energía producida, incluso la de consumo propio y que no es vertida a la
red. Esta medida supone que España tendrá una regulación única en el
mundo y consiste en discriminar y penalizar el autoconsumo tal y como
alerta la CNE en su informe preceptivo. Esta medida supone un auténtico
«impuesto al sol» obligando a pagar por conceptos absurdos con el único
objetivo de impedir su desarrollo. Conjunto de medidas que protegen a las
grandes empresas eléctricas ante el aumento de la competencia y la
democratización de un sistema eléctrico que supone el autoconsumo. En
lugar de reconocer los beneficos del autoconsumo (ahorro y eficiencia en
las redes de transporte, reducción precios de mercado, descentralización,
cambio en la cultura del consumidor, mejora de la balanza comercial y
mejora reducción de emisiones…) se establecen barreras efectivas
para impedir su desarrollo. Las discriminación hacia las energías limpias
se evidencia incluso en el trato diferencial a la cogeneración con gas
(excepcionada hasta 2019) respecto a la autoproducción en general.

Otro ejemplo del sectarismo y sesgo de estas medidas es el
sistema de sanciones desproporcionado que se establece a incumplimientos
relativos al autoconsumo tipificando como infracciones muy graves de
exigencias muy amplias y cuestiones relacionadas con requisitos técnicos
que son completamente desmesuradas en comparación con exigencias a las
empresas. Medidas que atentan contra los criterios de proporcionalidad y
que no tienen en cuenta que el autoconsumo recae, sobretodo, en
ciudadanos individuales y no empresas con volumen de negocios tal y como
se establece en el régimen de sanciones.

— Se plantean cambios en el sistema de facturación
que afectan muy negativamente a los consumidores domésticos. Ahora el
peso del término fijo de la tarifa aumentará y esto tiene importantes
implicaciones. En primer lugar, desincentiva cualquier planteamiento de
ahorrar energía por parte del consumidor. En segundo lugar, va a generar
grandes dificultades a las personas en situación de pobreza energética, o
sea, aquella que tiene dificultades para pagar el recibo de la luz y de
calefacción, especialmente en invierno. En el informe «Sostenibilidad en
España 2012» del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE),
desaparecido recientemente por decisión gubernamental demuestra que unos
4 millones de personas residentes en España, aproximadamente un 10% de
los hogares españoles, tiene dificultades para cubrir sus necesidades
energéticas y garantizar las condiciones de habitabilidad de su vivienda.
La nueva fórmula tarifaria que es una especie de tarifa plana de la luz
(donde cada vez va a dar más igual que consumas mucho o poco, en el
sector doméstico), castiga más al que consume menos, bien por ser «pobre
energéticamente» o por ser eficiente en el consumo. Una irresponsabilidad
económica y ambiental,

además de una insensibilidad con un problema creciente en
nuestro país. Además, no se prevén medidas que amplíen la figura del
consumidor vulnerable, excluyendo a gran parte de la ciudadanía a poder
acogerse ni ninguna medida de protección ante un grave problema de
desigualdad y de exclusión económica al derecho a la energía.

— En el proyecto de ley se excluye a las cooperativas
de consumidores y de productores como si no fueran parte de la realidad
de nuestro país y actores relevantes en nuestro sistema eléctrico en la
distribución de electricidad. Los planteamientos de la reforma se
establecen de acuerdo a las necesidades y definiciones de las sociedades
mercantiles y la disposición transitoria quinta no resuelve el problema a
las barreras planteadas a la economía social. Esto supone un ataque a un
modelo de producción distribuida y un retroceso en términos de
competencia en el sistema eléctrico.

— Los pagos por capacidad y por hibernación. Todas
estas medidas están orientadas a retribuir a ciertos sujetos del sistema
aunque no produzcan electricidad. El referente a los pagos por capacidad
e hibernación de centrales está destinado a garantizar ingresos a las
centrales de gas ante un sistema con exceso de capacidad. Ahora todos los
consumidores pagarán las centrales cerradas por falta de planificación
mientras se aplican medidas retroactivas y se desincentiva la inversión
en energías más limpias y más baratas.

— Por otro lado se fomenta la interrumpibilidad a
pesar de ser un servicio innecesario en una situación de exceso de
potencia eléctrica.

— Impide especialmente la competencia efectiva y el
abaratamiento energético en los sistemas extrapeninsulares. Los costes
extrapeninsulares forman parte de los costes del sistema y los límites a
las energías renovables y al autoconsumo tendrán especial incidencia en
estos territorios donde la ventaja comparativa de estas tecnologías y de
la generación distribuida es todavía mayor. Un ejemplo es el impacto en
el autoconsumo usado para la desalación de agua, intensamente utilizado
en Canarias y que se verá encarecido de forma importante.

Todas estas medidas adoptadas en la reforma eléctrica nos
llevan a consecuencias dramáticas en un sector estratégico además de
incumplir con los compromisos internacionales que tiene España. El
impacto normativo de esta reforma y el acumulado a las reformas
emprendidas anteriormente tendrá como resultado:

— Infracción de directivas europeas: la normativa no
menciona los aspectos medioambientales y plantea una falta de compromiso
con los objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones además de
incumplir las Directivas europea de fomento de las energías renovables y
la directiva de eficiencia energética. De hecho España no ha cumplido
todavía con los objetivos 20 20 20 y el estudio de la Comisión Europea
que estima el cumplimiento de estos objetivos de reducción emisiones e
implantación de renovables prevé que España va a incumplirlos claramente.

— Inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria.
La nueva normativa, como las anteriores aplica medidas retroactivas y
recortes al sector de las energías renovables generando más inseguridad
jurídica y dinamitando la credibilidad del país como potencial inversión.
La ruptura de las reglas del juego sumado a la instauración cíclica de la
inseguridad regulatoria acentúan la conflictividad en el sector a nivel
nacional e internacional.

— Hundimiento de las inversiones en el sector de las
energías renovables, especialmente pequeños inversores que habían
apostado por instalaciones y ahora no podrán hacer frente a los pagos de
los costes fijos que tienen que afrontar. Este además puede ser un nuevo
agujero en el sistema financiero, ya que se calculan que se puede generar
un agujero de impagos de miles de millones de euros.

— Impulso de los privilegios de las grandes empresas
frente a los consumidores y los pequeños productores e involución
democrática. La reforma está diseñada para mantener la posición de
dominio del oligopolio en el mercado eléctrico y expulsar elementos de
competencia y de autonomía respecto a las grandes empresas. Esto tiene
como consecuencia perpetuar un sistema de precios opaco y basado en la
especulación y las sobre retribuciones perjudicando al conjunto de la
ciudadanía y su derecho a elegir y apostar por otro modelo energético.

— Impedir el cambio hacia la soberanía energética y
la generación distribuida. Un punto clave en la transformación del actual
modelo energético es el autoconsumo descentralizando el suministro de

electricidad y ahorrando en transporte. Esta reforma
aumenta la dependencia y la ineficiencia energética impidiendo esta
transición.

— Una reforma negacionista del cambio climático y que
aumentará las emisiones. España es uno de los países más vulnerables a
los efectos del cambio climático y su modelo energético se consolidará
como uno de los más irresponsables de la UE, favoreciendo el petróleo, el
gas y el carbón mientras se penalizan las energías limpias y el ahorro y
la eficiencia energética.

— Ineficiencia económica. La propia CNE ha afirmado
que la reforma sacrifica la eficiencia económica a medio y largo plazo en
aras de la sostenibilidad económica a corto plazo, entendida como
recuperación de costes en gran parte hundidos que preceden en el tiempo
al autoconsumo y no son achacables a él.

No se tiene en cuenta que las renovables disminuyen el
precio mayorista de la electricidad tal y como ha afirmado la Comisión
Europea en su informe al Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013.

La fuerte dependencia energética de España es una fuente de
ineficiencia económica. En el 2012, las renovables evitaron la
importación de entre 40 y 45 millones de barriles de petróleo, o lo que
es lo mismo, el equivalente al consumo nacional de petróleo durante un
mes, unos 5.000 millones de euros.

El año pasado, la factura española por importaciones
energéticas fue de 46.608 millones de euros: 35.955 millones por petróleo
y 10.653 millones por gas, según datos de la Dirección General de
Aduanas, más del 4% del PIB español, lo que condujo a un nuevo récord de
déficit energético en la balanza comercial.

— Destrucción de empleo y conocimiento. El impacto
sobre el empleo de la reforma no se ha valorado como es debido; el sector
de las renovables genera 118.000 empleos, directos e indirectos, que
peligran si la reforma sigue adelante con el desmantelamiento de las
renovables. Se olvida también la contribución de este sector al PIB,
valorado en 10.244 millones de euros en 2011, lo que representa cerca del
1% del PIB español.

Además, este es un sector que innova e invierte 3 veces más
que la media de empresas en I+D y genera empleo de valor añadido. España
es el segundo país del mundo con más patentes de energías renovables por
habitante, solo por detrás de Alemania y por delante de Estados Unidos, y
destaca especialmente por su innovación en el ámbito solar, en el que
concentra el 43% del total.

— Desigualdad y exclusión. En el marco del aumento de
la tarifa eléctrica de un 80% desde el 2004, y de la crisis económica, la
reforma no aborda la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables
y asegurarles un suministro básico de energía, lo que va a generar más
desigualdad y exclusión social.

La electricidad y el gas son un servicio público básico y
solo el control público permite garantizar la universalidad del servicio,
la equidad y la progresividad de las tarifas. Sin embargo, la reforma del
sector eléctrico impulsada por el Gobierno va a ser un nuevo obstáculo
para la accesibilidad a la energía de los consumidores en condiciones de
justicia y equidad porque tiene como único objetivo perpetuar el
oligopolio de las eléctricas y que los consumidores soporten el déficit
de tarifa generado por una mala regulación y gestión, hecho que además de
no solucionarse con esta reforma va a seguir acumulando más deuda.

La reforma del sector eléctrico reduce a la mitad los
beneficiarios del bono social porque añade requisitos de rentas a los
criterios personales que ya existían y no aprovecha la oportunidad para
establecer una legislación sobre pobreza energética, que incluya el
derecho a la energía y a los consumidores vulnerables. La reforma, que
cambia los criterios para acceder al bono social, no solo no garantiza
que no se corte la luz a los consumidores en situación de vulnerabilidad,
sino que propone la posibilidad de que las empresas suministradoras de
electricidad corten la luz a aquellos servicios esenciales que no puedan
pagar su factura.

Página
91

Al igual que hemos denunciado en otras ocasiones, una vez
más, el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico (6217000057) que ha
presentado el Gobierno, no ha tenido durante su tramitación, ninguna
participación, ni coherencia, ni consenso.

El conjunto de medidas que plantea esta Ley, no entra en la
raíz del problema del sector eléctrico en el Estado. Ahondando en la
falta de sostenibilidad del modelo energético; manteniendo las causas
estructurales que generan el déficit tarifario, con una visión claramente
mercantilista de este servicio.

Este proyecto de Ley, no aborda el sistema de formación de
precios eléctricos, tema que influye directa y decisivamente en todo el
sistema. Además de mantener las causas generadoras del déficit de tarifa,
agrava el problema cara al futuro, pues mantiene el riesgo nuclear, las
energías contaminantes y la dependencia exterior de combustibles fósiles
(con el aumento sucesivo de sus precios según se vayan agotando).

Lejos de buscar alternativas sostenibles, apuesta por
seguir otorgando beneficios «llovidos del cielo» a grandes centrales ya
amortizadas, sobre todo nucleares e hidráulicas, que siguen obteniendo
pingües beneficios. Así, los precios nunca se acercarán al coste real de
las centrales. Haciendo caso omiso, a la reclamación de los usuarios del
sector, de realizar una auditoría de costes del sector eléctrico, que
permita ver claramente cuáles de los costes reconocidos a las empresas
del sector son ciertas.

Este Proyecto de ley sigue sin dar la más mínima
transparencia al sistema, al no asignar debidamente los costes de los
diferentes servicios entre los beneficiarios de los mismos.

Se sigue apostando por beneficiar a las grandes empresas,
con total discrecionalidad del gobierno.

Este Proyecto de Ley, lejos de abordar el problema, apuesta
por un modelo energético que ha quedado demostrado que es despilfarrador,
contaminante, insostenible, centralizador y obsoleto. Cierra las puertas
a las renovables, atentando contra su seguridad jurídica, ya que
requieren de marcos retributivos estables y no puede modificarse con
carácter retroactivo las reglas de juego de las inversiones que fueron
realizadas con anterioridad, en la confianza de una retribución estable
que ahora es modificada.

Además de frenar claramente a las renovables, penaliza el
ahorro y el autoconsumo en lugar de fomentarlo, llegando al absurdo del
«peaje de respaldo», poniendo barreras a un nuevo modelo energético tan
necesario. Complica hasta el extremo la tramitación administrativa del
autoconsumo, que debería de poder instalarse sin necesidad de tramitación
administrativa.

Por si esto fuera poco, se da una clara invasión
competencial, con una voluntad claramente recentralizadora, en cuanto a
la regulación de la actividad de distribución de energía eléctrica, al
desaparecer cualquier tipo de competencia de las CCAA en la planificación
técnica de la actividad de distribución de energía eléctrica, incluida la
aprobación de Planes de Inversión anuales y plurianuales.

Por todo ello, porque Amaiur no comparte el modelo
energético por el que apuesta este Proyecto de Ley, porque el proyecto de
Ley que nos han presentado, va en sentido opuesto al modelo energético
por el que apostamos, presentamos este veto.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El
Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.

Este Proyecto de Ley de Sector Eléctrico se acumula a la
sucesión de reformas del sector, contribuyendo a incrementar los errores
iniciados en anteriores reformas llevadas a cabo en esta legislatura.

Resulta inexplicable que el proyecto remitido al Senado no
establezca las condiciones para cumplir con los compromisos adquiridos
por España con los objetivos europeos en materia energética; no resuelve
el déficit de tarifa, sino que lo consolida, trasladándolo al recibo de
la luz; condena a tener una energía cada vez más cara, más que nunca en
nuestra historia y más que el resto de países de la Unión Europea;

genera una nueva forma de pobreza energética porque su
elevado coste impedirá el acceso a una parte de la población ya duramente
castigada por la crisis y los recortes; renuncia al avance en
independencia energética y a la generación de energías respetuosas con el
medio ambiente al perjudicar la generación eléctrica por fuentes
renovables; amenaza gravemente la competitividad de la industria
española, y castiga al sector servicios con sobrecostes añadidos.

Este proyecto se suma a la panoplia de reformas que hasta
ahora ha abordado el Gobierno que afecta a prácticamente todos los
aspectos del sector eléctrico, con múltiples Decretos-Ley, Reales
Decretos y Órdenes Ministeriales y que sólo puede calificarse como caos
regulatorio.

Tanto esta como las anteriores reformas se han llevado a
cabo sin el obligado debate económico, social y ambiental que requiere un
sector básico para la economía y desarrollo de nuestro país como es la
energía, lo que pone de manifiesto el desprecio a cualquier consideración
u opinión que no sea la propia e irreflexiva directriz política y eso
incluye la burla del debate parlamentario en una Ley de una naturaleza
tan sumamente compleja y trascendente como esta. Incluso llama atención y
carece de antecedentes, el escaso período de tiempo proporcionado a los
organismos reguladores y los cuatro días de plazo al Consejo de Estado
para que elaborase el preceptivo dictamen.

Todo el proceso regulatorio se ha caracterizado por el
oscurantismo y la carencia de diálogo, que contrasta con los largos
procesos de debate llevados a cabo en países de nuestro entorno en la
búsqueda de una solución que por la participación de los sectores
implicados responda mejor al interés general. Del análisis de los
documentos a los que hemos podido acceder, de todas las comparecencias
públicas y de la línea de conducta gubernamental, cuyo origen es el Real
Decreto Ley 1/2012, y que culmina por ahora en el Real Decreto Ley
9/2013, podemos afirmar claramente que el principal y casi único objetivo
que persigue el Gobierno es la eliminación del déficit tarifario que
previsiblemente se alcance en el próximo ejercicio presupuestario, en
base al sistema de recorte que se ha venido planteando en todas las
actividades.

Constituye un ejemplo más de falta de transparencia en la
iniciativa legislativa, siempre al margen del consenso con los sectores
sociales implicados y parlamentarios, y contra los principios de
seguridad jurídica, confianza legítima e irretroactividad. Con esos
rasgos podemos definir el Proyecto de Ley, como una iniciativa
gubernamental no consensuada, que ignora las recomendaciones realizadas
por entes reguladores independientes, que profundiza en la quiebra de los
principios generales del derecho, fomenta la desinversión, aumenta la
carga sobre los consumidores, menoscaba la competitividad de la
industria, compromete la viabilidad de las instalaciones existentes de
producción de energía renovable y no establece las bases adecuadas para
erradicar la dependencia energética del exterior.

Existe una alarmante ausencia del análisis respecto a la
eficiencia y en la sostenibilidad del suministro eléctrico porque el
Proyecto de Ley renuncia a la mejora de los tres ejes fundamentales de la
política energética, relacionados con la seguridad del suministro, la
protección del medio ambiente y la garantía de la competencia. Hace
imposible el objetivo de definir un marco regulatorio estable y
predecible que permita al sector su conversión en un motor de la economía
y creación de empleo.

Esta ausencia de planificación a largo plazo, basada en la
sostenibilidad energética y ambiental, resulta contradictoria con la
política de la Unión Europea para contribuir al cumplimiento de los
compromisos derivados del paquete Energía y Cambio Climático. Esos
compromisos establecen como objetivos para 2020 la reducción de gases de
efecto invernadero del 20% en la Unión Europea con respecto a 1990,
alcanzar un 20% de participación de energías renovables en la energía
primaria y conseguir un 20% de mejora de la eficiencia energética.
Precisamente los últimos pronunciamientos de la Unión Europea responden a
la misma idea: un excesivo ritmo de cambios regulatorios pueden
desincentivar las inversiones y poner en riesgo el cumplimiento de los
objetivos. El Proyecto nos aleja de un modelo energético sostenible, que
contribuya al bienestar de la humanidad mientras preserve los recursos
ambientales y contribuya a su distribución de forma justa. En definitiva,
renuncia a un modelo energético compatible con la protección del medio
ambiente, con precios de la energía asequibles que reflejen adecuadamente
los costes incurridos y que facilite el acceso universal a formas
modernas de energía y que impulse la innovación, así como la posibilidad
de promover programas de ahorro y eficiencia energética.

Refiriendo sintéticamente alguno de los ámbitos regulados
más destacados, el nuevo sistema retributivo de las instalaciones de
generación a partir de fuentes renovables establece su financiación con
lo que perciba del mercado más un posible complemento, que permita
obtener una rentabilidad «razonable» establecida en base al tipo de
interés del bono a diez años más un diferencial. Es decir, las
instalaciones

en funcionamiento recibirán un complemento a sus ingresos
por el mercado si ello es necesario para alcanzar una rentabilidad
«razonable» en toda la vida de la instalación.

El rechazo político global contra estas medidas
gubernamentales constituye un auténtico clamor que se ha puesto de
manifiesto con las discrepancias fundamentadas por los gobiernos de las
Comunidades Autónomas de Extremadura, Murcia, Navarra y por este Grupo
Parlamentario, que han presentado diferentes recursos de
inconstitucionalidad al Real Decreto-Ley 9/2013. Tanto el recurso como la
objeción a este sistema incluido en el Proyecto se fundamentan en el
rechazo de la «retroactividad impropia», entendida la que incide sobre
situaciones jurídicas actuales aún no concluidas, es decir, exactamente
lo que sucede con el nuevo régimen retributivo de la actividad de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.
Dicho régimen no sólo sería de aplicación a las instalaciones que entren
en funcionamiento tras la entrada en vigor de las normas que lo fijan,
sino también a las instalaciones existentes de régimen especial, es
decir, aquellas que tenían reconocidos el derecho a la percepción de un
régimen económico primado (más ventajoso) con base a la normativa vigente
con anterioridad.

El propio Consejo de Estado, en su Dictamen recomienda la
adopción de las máximas cautelas a la hora de ordenar la aplicación
temporal del régimen retributivo específico que, en su caso, resulte
aplicable a las instalaciones existentes con anterioridad al 14 de julio
de 2013. A juicio de este grupo, el régimen retributivo del Proyecto
incompatible con el Derecho de la Unión Europea y vulnera el principio de
seguridad jurídica.

El Proyecto de Ley también regula el autoconsumo como
fuente alternativa de generación de electricidad al margen del sistema
eléctrico, estableciendo la obligación de contribuir a la financiación de
los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de
los consumidores mediante el pago de peajes. En línea con las críticas
realizadas por la CNE y por la CNC, consideramos que se trata de un peaje
novedoso, injustificado y discriminatorio que sacrifica la eficiencia
económica y la sostenibilidad económico financiera del sistema y que
impone barreras económicas que hacen que las inversiones en autoconsumo
no sean rentables y que los proyectos se conviertan en inviables.

La regulación del autoconsumo y el balance neto debe
construirse sobre los principios de justicia, seguridad jurídica y no
discriminación. En opinión de este Grupo parlamentario, el autoconsumo no
debe ser penalizado, como hace el Proyecto, sino fomentado, porque
contribuye a la mejora económica y socio ambiental de país, a la lucha
contra el cambio climático, al uso más eficiente de las infraestructuras
eléctricas, a la mejora de la competitividad empresarial y al desarrollo
tecnológico. Este último punto es particularmente importante, por la
estrecha relación de la generación distribuida con el desarrollo de redes
inteligentes y de ciudades inteligentes. Una regulación justa y no
discriminatoria del autoconsumo con balance neto permitiría realizar un
despliegue rápido de tecnologías y situar al país en la vanguardia de una
actividad de gran valor añadido e impulsar la I+D, fuertemente dañada con
las medidas de recortes aprobadas hasta el momento.

El Proyecto de Ley tampoco afronta la reforma del
funcionamiento del mercado mayorista. La propia Comisión Nacional de
Competencia ya advertía que los niveles de competencia en el mercado
mayorista de la electricidad son claramente insuficientes, por lo que es
necesario introducir mecanismos y propuestas que garanticen una
competencia efectiva entre los operadores del sector que incentiven la
formación de precios más eficientes. En esta línea, la Comisión Europea
ha afirmado que una competencia insuficiente en el sector energético ha
contribuido a la consolidación del déficit tarifario, al favorecer una
compensación excesiva de algunas infraestructuras de producción, tales
como las centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas ya
amortizadas.

Por tanto, hay que señalar que una deficiente fijación de
las retribuciones podría suponer el efecto contrario al que se pretende,
un incremento del precio de la energía, y se estaría dificultando, de
nuevo, el adecuado cumplimiento del principio de sostenibilidad económica
y financiera del sistema eléctrico.

En relación con los costes de generación de los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares, entendemos que los
incentivos a la inversión en los sistemas eléctricos no peninsulares
pueden justificarse, razonablemente, por la existencia de un coste
añadido en la generación de la energía eléctrica en tales zonas
geográficas. No obstante, consideramos que debería introducirse un plan
estratégico a largo plazo de reducción paulatina de los sobrecostes de
generación mediante la viabilidad de integración de los sistemas no
peninsulares en el mercado peninsular cuando exista una interconexión de
capacidad comercial suficiente.

El Proyecto desatiende también el cada vez más acuciante
problema de la pobreza energética, por el que muchas familias se ven en
la necesidad de renunciar a una parte importante del consumo eléctrico en
sus domicilios, relacionada con elementos tan básicos como la
calefacción, ante la imposibilidad de

afrontar los pagos de las facturas. En la actual situación
de crisis, esta circunstancia no resulta de universal aceptación y
convendría, al menos, que en los períodos en los que las rentas
familiares no superen determinado umbral, las interrupciones del
suministro por impago estén acotadas precisándose de una autorización
administrativa del Gobierno autónomo para, ante un impago, proceder a la
interrupción del servicio. En dicha autorización podrá tenerse en
consideración tanto factores económicos como coyunturales de rigurosidad
de temperaturas.

Sin propósito exhaustivo, solamente se han reflejado
algunas de las más significativas carencias y errores del Proyecto de
Ley. Existen muchas más, relacionadas con aspectos tan importantes como
la incertidumbre el relación a la prioridad de despacho de las energías
renovables e instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, la
regulación de los precios voluntarios para el pequeño consumidor y
tarifas de último recurso, que quedan sin aclarar en quiénes podrán
acceder a las mismas, o como los relacionados con la gestión de la
demanda y a la eficiencia en el consumo, donde el Proyecto confunde
aspectos técnicos y mezcla conceptos elementales.

Sin embargo, se han argumentado razones que sobradamente
justifican el sentido de esta enmienda para solicitar la devolución al
Gobierno de un Proyecto cortoplacista, que carece de visión estratégica,
que tendría como consecuencia el encarecimiento artificial e innecesario
de la electricidad a las empresas y hogares, disminuyendo la
competitividad y generando más exclusión social, a la que añade la
energética, que se aleja del obligado cumplimiento de los objetivos
comunitarios de sostenibilidad energética y ambiental, que supondrá la
pérdida de liderazgo y capacidad exportadora de la industria española de
energías renovables, malgastando el esfuerzo colectivo de los últimos 10
años y con un coste de oportunidad de incalculable valor, y que, a pesar
de ser su objetivo principal, tampoco conseguirá resolver de forma
adecuada el déficit tarifario.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
formula el presente veto, solicitando la devolución del Proyecto de Ley
del Sector Eléctrico.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
del Sector Eléctrico.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—Jordi
Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El proyecto de ley del Sector Eléctrico se enmarca en la
llamada reforma energética del Gobierno y consiste en un conjunto más
amplio de ordenes ministeriales y decretos que complementan este proyecto
de ley y en cuyo análisis deben tenerse en cuenta porque están al
servicio de los mismos objetivos.

En primer lugar, se debe destacar que el Gobierno plantea
el enésimo cambio regulatorio en el sector eléctrico afectando en
profundidad a consumidores, administraciones públicas y sectores
económicos así como comprometiendo objetivos estratégicos del país sin
ofrecer las mínimas garantías de participación, información y
transparencia en el proceso de reforma. De hecho la Comisión Nacional de
la Energía en su informe preceptivo para informar sobre el Anteproyecto
afirma rotundamente el plazo insuficiente para informar y analizar las
alegaciones del Consejo Consultivo de Electricidad. A los déficits del
proceso previo hay que sumar la presentación del proyecto de ley por
trámite de urgencia a las Cortes Generales, violentando de nuevo los
mecanismos de participación y debate parlamentario.

Es incomprensible que una ley que afecta un sector tan
estratégico se haga de espaldas a los sectores afectados y se impida la
participación efectiva y el trabajo de los organismos controladores. El
déficit democrático de esta reforma se acumula a las anteriores y a la
eliminación de instrumentos de control independientes del Gobierno como
la eliminación de la CNE.

En segundo lugar, los cambios regulatorios que se plantean
nada tienen que ver con una reforma energética sino con parches y cambios
parciales al sector eléctrico. Es una reforma de carácter presupuestario
y reduccionista que no incluye un análisis integral y global de los retos
económicos y energéticos de España. Una reforma que sirve para mantener
vigente un modelo energético caduco, caro e insostenible y perpetuar los
errores acumulados en una mala regulación del sector eléctrico.

En el Preámbulo del proyecto se plantea que después de 16
años de la ley 54/1997 se han cumplido los objetivos pero ahora es
insuficiente para corregir desequilibrios entre ingresos y costes debido
a decisiones políticas.

Esto evidencia el claro error de diagnóstico en la
propuesta, incluido sobre el origen del déficit tarifario, único problema
que pretende resolver. Sólo se centra en el déficit tarifario, pero una
vez más se equivoca en el diagnóstico y por lo tanto en las
soluciones.

La ley del sector eléctrico nació con errores y
deficiencias ya que liberalizó el sector eléctrico sin tener en cuenta
los múltiples fallos de mercado en un sector que debe garantizar un bien
básico y que se ordena a partir de un monopolio natural y la integración
vertical de empresas. Además de un conjunto de actividades cuyo precio no
depende de la competencia sino de componentes como las reservas de
combustible, de la especulación en mercados internacionales y nacionales
o de tecnologías que no tienen costes variables adaptados a
mercado… Una ley que no ha permitido que los precios reflejen los
costes reales ni adaptarse a los cambios tecnológicos en el mix
energético. Efectivamente son necesarios cambios en profundidad y llevar
a cabo una reforma integral del mercado eléctrico que esta ley no
aborda.

El proyecto pretende resolver el déficit de tarifa
ignorando las cifras y el mal funcionamiento del mercado eléctrico
culpando una vez más de los desequilibrios entre ingresos y costes del
sistema a las energías renovables.

Se establece que el déficit de tarifa se crea durante el
periodo 2004-2012 cuando la fórmula contable del déficit tarifario se
crea en 2002. Se hace una definición del déficit de tarifa errónea al
considerar que es la diferencia entre los costes reales y los ingresos
del sistema, pasando por alto que el problema son los costes reconocidos
que no son los reales. La propia CNE ya ha advertido, igual que la
Comisión Europea que el funcionamiento del mercado provoca sobre
retribución de algunas tecnologías como la nuclear y la hidroeléctrica.
Estos beneficios caídos del cielo podrían suponer unos 24000 millones de
euros que sería el equivalente al 90% del déficit de tarifa acumulado.
Esta ley no modifica esta situación y mantiene un sistema marginalista de
configuración de los precios que supone beneficios millonarios a las
grandes compañías eléctricas.

Además muchos componentes de los costes reconocidos tienen
que ver con decisiones que se perpetúan y que acaban pagando el conjunto
de la ciudadanía. Esta reforma no modifica ni un ápice el modelo
eléctrico culpando de todos los desequilibrios a las renovables y al
ahorro energético pero la evidencia es que después de múltiples recortes
a las energías limpias los precios y los costes continúan subiendo,
llevando una subida de la luz de más del 11% en lo que llevamos de
legislatura. Las CNE señala en distintos informes que las causas han sido
múltiples.

El origen del enorme denominado «déficit tarifario», que en
el 2012 ascendía a 26.000 millones de euros y está repercutiéndose a los
consumidores, está en los acuerdos entre los distintos gobiernos y las
empresas de la patronal eléctrica UNESA para conseguir un incremento
permanente de sus costes reconocidos y garantizarse los ingresos del
sistema.

Los cambios regulatorios no resuelven este problema a pesar
de los errores y fracasos acumulados. El propio ministro de industria ha
reconocido un déficit de 3.000M¤ para el 2013 aunque en julio dijo que no
habría déficit y a pesar de los múltiples cambios y recortes a las
renovables ya introducidos. Después del RDL 14/2010 y del RDL 1/2012 que
establecieron la retroactividad y la moratoria para las renovables, se
produjeron fuertes subidas de la luz que, según la CNE, se debieron a las
ayudas al carbón, las subastas de la tarifa de último recurso, la baja
demanda eléctrica, los pagos por capacidad, la sobrecapacidad gasista y
los costes extra-peninsulares.

Las decisiones llevadas a cabo sólo hacen que empeorar el
problema de un modelo insostenible económica y medioambientalmente además
de hipotecar el futuro.

Las consecuencias de los errores de diagnóstico y de un
análisis sesgado de la situación anteponiendo los intereses de las
grandes empresas conllevan que las medidas sean equivocadas,
irresponsables e incoherentes. El resultado de la reforma es un conjunto
de medidas recaudatorias y la penalización de las energías limpias y del
ahorro energético.

Una receta aplicada desde el 2009 y ahora ampliada en este
proyecto de ley que penaliza tres veces al consumidor a través de la
subida de la luz, de los impuestos y de la imposibilidad de acceder al
autoconsumo.

La solución que plantean es que aumente la dependencia de
los combustibles fósiles y de energías que no tenemos y los ciudadanos
consuman más y paguen más.

Este modelo es insostenible económica y ambientalmente por
la evolución de los precios a futuro del gas y petróleo, los costes de
importación energética en nuestra balanza de pagos y el aumento de
emisiones debidas a las energías contaminantes. Una factura que este país
no puede pagar y que tendrá repercusiones en términos de competitividad
de nuestra economía.

Como planteamos al principio, el proyecto de ley plantea
cambios parciales pero con un grave impacto en el sector eléctrico y en
el conjunto de la economías. Los principales cambios por los que nuestro
grupo parlamentario plantea una enmienda a la totalidad son:

— La revisión automática de los peajes o la
aplicación de los principios de la ley de estabilidad presupuestaria al
sector eléctrico. Esta fórmula de fijar por ley la prohibición de superar
un límite de déficit de 2% y de limitar la deuda acumulada en los
desajustes es un deseo del gobierno pero no viene acompañado de
soluciones o instrumentos. Este planteamiento rígido de someter al
principio absoluto del equilibrio sin revisar la deuda reconocida puede
poner en riesgo objetivos más importantes, a nuestro entender, en un
sistema eléctrico que debe garantizar un servicio de interés público. La
reducción de déficit tarifario que es una deuda con las empresas
eléctricas debe resolverse pero no puede pasar por encima de criterios de
sostenibilidad medio ambiental, equidad, eficiencia y desvincularse del
impacto del sector en el conjunto de la economía. La obsesión por fijar
por ley no sólo no resuelve el problema sino que genera incoherencias y
riesgos importantes. La misma CNE señala la miopía de que la ley no
prevea poder destinar superávits a nada más que reducir la deuda sin
introducir alternativas o la imposibilidad de reducir peajes. Además, el
hecho de que los desajustes sean ahora soportados por todos los actores
que reciben costes regulados puede suponer una medida insoportable para
productores pequeños, aumenta la inestabilidad y amenaza la competencia y
equidad efectiva entre los actores. Una medida al servicio de los grandes
grupos empresariales.

Creemos que es una insensatez plantear la revisión
automática de los peajes que recaerá en los consumidores o contribuyentes
(que vienen a ser los mismos sujetos) sin revisar la deuda acumulada. Una
medida que o bien no se cumplirá (como el Gobierno ya ha hecho en
reiteradas ocasiones) o que de no corregir los problemas estructurales
del sistema incrementará la factura de forma exponencial en los próximos
años.

— Una ley para acabar con la inversión en energías
renovables. El diagnóstico del proyecto se basa en culpar a las
renovables de los desajustes del sistema eléctrico. Esto conlleva el
absurdo de demonizar y penalizar las energías limpias mientras exime de
responsabilidad y penalización a otras tecnologías. Así este proyecto de
ley tacha en pleno s. XXI a las energías renovables de «excepcionales» y
las somete a un conjunto de cambios regulatorios retroactivos y a un
intervencionismo ilimitado que persigue su ahogo financiero y su
exclusión como crecientes competidoras en el mercado eléctrico. El cambio
de las reglas de retribución a las energías renovables se suman a los 5
que ya han sufrido y que no han resuelto los problemas. Las previsiones
de este proyecto de ley rompen la estabilidad regulatoria de las
instalaciones ya existentes y que en muchos casos significará la
bancarrota de inversiones ya realizadas por no tener en cuenta o
reconocer los costes reales de inversión.

Además, el cálculo unilateral por parte del Gobierno de
cómo se deben retribuir a través de fijar un coste estándar es un
atropello no sólo porque contradice los principios de libertad y
competencia del mercado sino que están alejados de la realidad diversa de
este tipo de instalaciones. La arbitrariedad que supone esta medida
artificial contable excluye la variabilidad de costes en función de los
años de la inversión, basándose en la potencia instalada. La rentabilidad
fijada no reconoce los costes reales y es ilusoria. Además los mecanismos
de retribución están indexados a precio de mercado y en función de los
precios de gas y petróleo o de la prima de riesgo del país. El resultado
es un sistema de retribuciones anti cíclico, ineficiente —ya que no
aprovecha las ventajas comparativas de las energías limpias— y
alejado de reflejar los costes reales. Los informes de la CNC y la CNE
ponen en evidencia los enormes riesgos del sistema planteado.

Por otro lado, se establece la inseguridad regulatoria por
ley (revisable cada 6 y 3 años) lo que multiplica los desincentivos a las
energías limpias ya que han sido sistemáticamente penalizadas en cada una
de las reformas. Esta ley y los decretos previstos aumentan
exponencialmente «la prima de riesgo renovable» en el país, dinamitando
la posibilidad de nuevas inversiones en el sector, aumentando nuestra
dependencia energética y destruirá miles de puestos de trabajo.

— Impedir el autoconsumo. Este es el objetivo que
esconde el conjunto de barreras económicas, administrativas y la
articulación del sistema de sanciones que recoge el proyecto de ley. La
regulación del autoconsumo en balance neto era una cuestión pendiente y
muy esperada para muchos consumidores y pequeñas empresas como una
oportunidad de aumentar la competitividad y mejorar la eficiencia
energética. La reforma prevista en la ley y los decretos que acompañan
supone un conjunto de trabas administrativas (como los contadores que se
exigen, la presentación de un proyecto, registro, prohibición del
autoconsumo compartido…) que en el caso de los autoconsumidores
domésticos serán insalvables y trabas económicas desproporcionadas. Lo
más relevante es la introducción de un peaje de respaldo para toda la
energía producida, incluso la de consumo propio y que no es vertida a la
red. Esta medida supone que España tendrá una regulación única en el
mundo y consiste en discriminar y penalizar el autoconsumo tal y como
alerta la CNE en su informe preceptivo. Esta medida supone un auténtico
«impuesto al sol» obligando a pagar por conceptos absurdos con el único
objetivo de impedir su desarrollo. Conjunto de medidas que protegen a las
grandes empresas eléctricas ante el aumento de la competencia y la
democratización de un sistema eléctrico que supone el autoconsumo. En
lugar de reconocer los beneficos del autoconsumo (ahorro y eficiencia en
las redes de transporte, reducción precios de mercado, descentralización,
cambio en la cultura del consumidor, mejora de la balanza comercial y
mejora reducción de emisiones…) se establecen barreras efectivas
para impedir su desarrollo. Las discriminación hacia las energías limpias
se evidencia incluso en el trato diferencial a la cogeneración con gas
(excepcionada hasta 2019) respecto a la autoproducción en general.

Otro ejemplo del sectarismo y sesgo de estas medidas es el
sistema de sanciones desproporcionado que se establece a incumplimientos
relativos al autoconsumo tipificando como infracciones muy graves de
exigencias muy amplias y cuestiones relacionadas con requisitos técnicos
que son completamente desmesuradas en comparación con exigencias a las
empresas. Medidas que atentan contra los criterios de proporcionalidad y
que no tienen en cuenta que el autoconsumo recae, sobretodo, en
ciudadanos individuales y no empresas con volumen de negocios tal y como
se establece en el régimen de sanciones.

— Se plantean cambios en el sistema de facturación
que afectan muy negativamente a los consumidores domésticos. Ahora el
peso del término fijo de la tarifa aumentará y esto tiene importantes
implicaciones. En primer lugar, desincentiva cualquier planteamiento de
ahorrar energía por parte del consumidor. En segundo lugar, va a generar
grandes dificultades a las personas en situación de pobreza energética, o
sea, aquella que tiene dificultades para pagar el recibo de la luz y de
calefacción, especialmente en invierno. En el informe «Sostenibilidad en
España 2012» del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE),
desaparecido recientemente por decisión gubernamental demuestra que unos
4 millones de personas residentes en España, aproximadamente un 10% de
los hogares españoles, tiene dificultades para cubrir sus necesidades
energéticas y garantizar las condiciones de habitabilidad de su vivienda.
La nueva fórmula tarifaria que es una especie de tarifa plana de la luz
(donde cada vez va a dar más igual que consumas mucho o poco, en el
sector doméstico), castiga más al que consume menos, bien por ser «pobre
energéticamente» o por ser eficiente en el consumo. Una irresponsabilidad
económica y ambiental, además de una insensibilidad con un problema
creciente en nuestro país. Además, no se prevén medidas que amplíen la
figura del consumidor vulnerable, excluyendo a gran parte de la
ciudadanía a poder acogerse ni ninguna medida de protección ante un grave
problema de desigualdad y de exclusión económica al derecho a la
energía.

— En el proyecto de ley se excluye a las cooperativas
de consumidores y de productores como si no fueran parte de la realidad
de nuestro país y actores relevantes en nuestro sistema eléctrico en la
distribución de electricidad. Los planteamientos de la reforma se
establecen de acuerdo a las necesidades y definiciones de las sociedades
mercantiles y la disposición transitoria quinta no resuelve el problema a
las barreras planteadas a la economía social. Esto supone un ataque a un

modelo de producción distribuida y un retroceso en términos
de competencia en el sistema eléctrico.

— Los pagos por capacidad y por hibernación. Todas
estas medidas están orientadas a retribuir a ciertos sujetos del sistema
aunque no produzcan electricidad. El referente a los pagos por capacidad
e hibernación de centrales está destinado a garantizar ingresos a las
centrales de gas ante un sistema con exceso de capacidad. Ahora todos los
consumidores pagarán la centrales cerradas por falta de planificación
mientras se aplican medidas retroactivas y se desincentiva la inversión
en energías más limpias y más baratas.

— Por otro lado se fomenta la interrumpibilidad a
pesar de ser un servicio innecesario en una situación de exceso de
potencia eléctrica.

— Impide especialmente la competencia efectiva y el
abaratamiento energético en los sistemas extrapeninsulares. Los costes
extrapeninsulares forman parte de los costes del sistema y los límites a
las energías renovables y al autoconsumo tendrán especial incidencia en
estos territorios donde la ventaja comparativa de estas tecnologías y de
la generación distribuida es todavía mayor. Un ejemplo es el impacto en
el autoconsumo usado para la desalación de agua, intensamente utilizado
en Canarias y que se verá encarecido de forma importante.

Todas estas medidas adoptadas en la reforma eléctrica nos
llevan a consecuencias dramáticas en un sector estratégico además de
incumplir con los compromisos internacionales que tiene España. El
impacto normativo de esta reforma y el acumulado a las reformas
emprendidas anteriormente tendrá como resultado:

— Infracción de directivas europeas: la normativa no
menciona los aspectos medio ambientales y plantea una falta de compromiso
con los objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones además de
incumplir la Directivas europea de fomento de las energías renovables y
la directiva de eficiencia energética. De hecho España no ha cumplido
todavía con los objetivos 20 20 20 y el estudio de la Comisión Europea
que estima el cumplimiento de estos objetivos de reducción emisiones e
implantación de renovables prevé que España va a incumplirlos
claramente.

— Inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria.
La nueva normativa, como las anteriores aplica medidas retroactivas y
recortes al sector de las energías renovables generando más inseguridad
jurídica y dinamitando la credibilidad del país como potencial inversión.
La ruptura de las reglas del juego sumado a la instauración cíclica de la
inseguridad regulatoria acentúan la conflictividad en el sector a nivel
nacional e internacional.

— Hundimiento de las inversiones en el sector de las
energías renovables, especialmente pequeños inversores que habían
apostado por instalaciones y ahora no podrán hacer frente a los pagos de
los costes fijos que tienen que afrontar. Este además puede ser un nuevo
agujero en el sistema financiero, ya que se calculan que se puede generar
un agujero de impagos de miles de millones de Euros.

— Impulso de los privilegios de las grandes empresas
frente a los consumidores y los pequeños productores e involución
democrática. La reforma está diseñada para mantener la posición de
dominio del oligopolio en el mercado eléctrico y expulsar elementos de
competencia y de autonomía respecto a las grandes empresas. Esto tiene
como consecuencia perpetuar un sistema de precios opaco y basado en la
especulación y las sobre retribuciones perjudicando al conjunto de la
ciudadanía y su derecho a elegir y apostar por otro modelo
energético.

— Impedir el cambio hacia la soberanía energética y
la generación distribuida. Un punto clave en la transformación del actual
modelo energético es el autoconsumo descentralizando el suministro de
electricidad y ahorrando en transporte. Esta reforma aumenta la
dependencia y la ineficiencia energética impidiendo esta transición.

— Una reforma negacionista del cambio climático y que
aumentará las emisiones. España es uno de los países más vulnerables a
los efectos del cambio climático y su modelo energético se consolidará
como uno de los más irresponsables de la UE, favoreciendo el petróleo, el
gas y el carbón mientras se penalizan las energías limpias y el ahorro y
la eficiencia energética.

— Ineficiencia económica. La propia CNE ha afirmado
que la reforma sacrifica la eficiencia económica a medio y largo plazo en
aras de la sostenibilidad económica a corto plazo, entendida como
recuperación de costes en gran parte hundidos que preceden en el tiempo
al autoconsumo y no son achacables a él.

No se tiene en cuenta que las renovables disminuyen el
precio mayorista de la electricidad tal y como ha afirmado la Comisión
Europea en su informe al Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013.

La fuerte dependencia energética de España es una fuente de
ineficiencia económica. En el 2012, las renovables evitaron la
importación de entre 40 y 45 millones de barriles de petróleo, o lo que
es lo mismo, el equivalente al consumo nacional de petróleo durante un
mes, unos 5.000 millones de euros.

El año pasado, la factura española por importaciones
energéticas fue de 46.608 millones de euros: 35.955 millones por petróleo
y 10.653 millones por gas, según datos de la Dirección General de
Aduanas, más del 4% del PIB español, lo que condujo a un nuevo récord de
déficit energético en la balanza comercial.

— Destrucción de empleo y conocimiento. El impacto
sobre el empleo de la reforma no se ha valorado como es debido; el sector
de las renovables genera 118.000 empleos, directos e indirectos, que
peligran si la reforma sigue adelante con el desmantelamiento de las
renovables. Se olvida también la contribución de este sector al PIB,
valorado en 10.244 millones de euros en 2011, lo que representa cerca del
1% del PIB español.

Además, este es un sector que innova e invierte 3 veces más
que la media de empresas en I+D y genera empleo de valor añadido. España
es el segundo país del mundo con más patentes de energías renovables por
habitante, solo por detrás de Alemania y por delante de Estados Unidos, y
destaca especialmente por su innovación en el ámbito solar, en el que
concentra el 43% del total.

— Desigualdad y exclusión. En el marco del aumento de
la tarifa eléctrica de un 80% desde el 2004, y de la crisis económica, la
reforma no aborda la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables
y asegurarles un suministro básico de energía, lo que va a generar más
desigualdad y exclusión social.

La electricidad y el gas son un servicio público básico y
solo el control público permite garantizar la universalidad del servicio,
la equidad y la progresividad de las tarifas. Sin embargo, la reforma del
sector eléctrico impulsada por el Gobierno va a ser un nuevo obstáculo
para la accesibilidad a la energía de los consumidores en condiciones de
justicia y equidad porque tiene como único objetivo perpetuar el
oligopolio de las eléctricas y que los consumidores soporten el déficit
de tarifa generado por una mala regulación y gestión, hecho que además de
no solucionarse con esta reforma va a seguir acumulando más deuda.

La reforma del sector eléctrico reduce a la mitad los
beneficiarios del bono social porque añade requisitos de rentas a los
criterios personales que ya existían y no aprovecha la oportunidad para
establecer una legislación sobre pobreza energética, que incluya el
derecho a la energía y a los consumidores vulnerables. La reforma, que
cambia los criterios para acceder al bono social, no solo no garantiza
que no se corte la luz a los consumidores en situación de vulnerabilidad,
sino que propone la posibilidad de que las empresas suministradoras de
electricidad corten la luz a aquellos servicios esenciales que no puedan
pagar su factura.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al
Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—Mónica
Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí
Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera
García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco
Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos
Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan
Sabaté Borràs (GPEPC)

y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta
de veto.

El texto remitido por el Congreso de los Diputados del
«Proyecto de Ley del sector eléctrico» es la constatación del caos
normativo sobre el sector que el Gobierno del Partido Popular lleva
realizando, a golpe de numerosos decretos leyes y órdenes ministeriales,
desde que empezó la Legislatura. No podemos compartir la filosofía que
destila el texto propuesto que, apelando al objetivo de «garantizar la
sostenibilidad económica y financiera del sector eléctrico español»
consolida el déficit de tarifa, convirtiendo la energía que se consume en
nuestro país en la más cara de toda la Unión Europea, relega la
generación de energía por fuentes renovables, no impulsa la independencia
energética, e influye negativamente en la competitividad de la
industria.

Es una constante en nuestras propuestas de veto
legislativas, recordarle al Partido Popular su obligación de defensa del
interés general en su acción de gobierno. Y esta máxima exige la consulta
y el debate sereno con todos los agentes económicos y sociales que puedan
ser afectados por cualquier propuesta de regulación. Tanto en este
proyecto de ley, como en toda la regulación sectorial que han puesto en
marcha, y, aun siendo un sector básico para la economía y el desarrollo
de nuestro país, destaca esta ausencia de diálogo y de participación del
sector y con las Comunidades Autónomas que también tienen competencias en
el ámbito energético.

Otro de los motivos de nuestro veto es, nuevamente, una
cuestión formal y de procedimiento del que está abusando el Gobierno en
su tarea de propuesta legislativa, el procedimiento de urgencia
injustificado para la tramitación de la mayoría de los proyectos de ley
que remite al Parlamento. Como bien sabe el Gobierno, esto reduce
considerablemente la oportunidad de estudio en detalle de cualquier
iniciativa por los órganos consultivos y reguladores, como ya ha
denunciado el Consejo de Estado, que insólitamente sólo tuvo cuatro días
para su análisis, y máxime en una norma como esta con multitud de
cuestiones técnicas y jurídicas que aconsejan su estudio en detalle.
Además, en el trámite parlamentario se dificulta enormemente el trabajo
del legislador, reduciendo el tiempo de debate y la búsqueda de consenso
político que exige cualquier tipo de normativa. La primera consecuencia
ha sido la presentación de siete enmiendas a la totalidad en su trámite
del Congreso de los Diputados.

Los senadores y senadoras firmantes de esta enmienda
creemos firmemente en la regulación del mercado y de las actividades
económicas para garantizar el interés general y los derechos de los
ciudadanos. Y esta norma no lo hace. Además, adolece de una necesaria e
imprescindible planificación a largo plazo basada en la sostenibilidad
energética y ambiental como exigen nuestros compromisos europeos con los
objetivos para 2020 en Energía y Cambio climático.

Este Proyecto de Ley renuncia a la mejora de los tres ejes
fundamentales de la política energética, la seguridad del suministro, la
protección del medio ambiente y la garantía de la competencia. Hace
imposible el objetivo de definir un marco regulatorio estable y
predecible que permita al sector su conversión en un motor de la economía
y de creación de empleo.

Si nos centramos en el detalle del contenido del proyecto
de ley, podemos destacar algunos aspectos que no compartimos y que
afianzan el veto a la misma. Así, no es razonable el establecimiento del
pago de peajes al autoconsumo, desincentivando la implantación de este
sistema que, como señala la Directiva 2009/28/CE «permite la utilización
de fuentes locales de energía contribuyendo a aumentar la independencia
energética, una mayor seguridad del suministro local, con trayectos de
transporte más cortos y menores pérdidas en la transmisión de la
energía». Compartimos las críticas de la Comisión Nacional de la Energía
y de la Comisión Nacional de la Competencia a este sistema de peaje
«injustificado y discriminatorio», que va a frenar de forma brusca su
desarrollo haciendo que las inversiones no sean rentables y reconduciendo
a sus usuarios al suministro de energía a través de los canales
tradicionales. Nuevamente, encontramos en esta norma un ejemplo de la
regulación partidaria y partidista de este

Gobierno a favor de determinados intereses que no siempre
coinciden con la obligada defensa del interés general que citábamos
anteriormente.

Tampoco estamos de acuerdo con la penalización que impone
el régimen especial retributivo a las inversiones en las instalaciones de
generación de energía a partir de fuentes renovables, tanto a las
existentes como a las de nueva creación, demostrando una vez más el poco
interés del Gobierno y del Partido Popular en estas fuentes de energía
más sostenibles, respetuosas con el medio ambiente, y que contribuyen en
la lucha contra el cambio climático.

Nos oponemos frontalmente a una regulación que no se
preocupa por el medio ambiente. Porque, al contrario del Partido Popular,
no apoyamos el desarrollo económico a cualquier coste. No apoyamos el
desarrollo económico que pueda implicar altos niveles de degradación
ambiental o graves costes sociales y que hipoteque el desarrollo futuro.
En cambio, apostamos por un modelo energético sostenible que contribuya
al desarrollo económico y social de nuestro país, preservando los
recursos ambientales y fomentando su distribución de la forma más justa,
con precios asequibles y garantía social de suministro, que disminuya la
pobreza energética y evite indiscriminadas interrupciones del servicio a
las personas más vulnerables.

Con este texto, el Gobierno vuelve a presentar una
propuesta legislativa sobre uno de los pilares básicos para el desarrollo
de un país, el sector energético, sin responder con decisión y valentía a
las demandas de la sociedad actual, que necesita un verdadero marco
normativo que fomente su eficiencia, incremente su sostenibilidad,
impulse la independencia, ofrezca la necesaria seguridad jurídica y
estabilidad a los operadores económicos, que respete las competencias
autonómicas y que no haga recaer los costes de reducción del déficit
tarifario en los consumidores, o las empresas reduciendo su
competitividad y frenando consecuentemente el desarrollo económico que
genera prosperidad y empleo en nuestro país.

Por todo lo anterior, proponemos el veto al Proyecto de Ley
del Sector Eléctrico y solicitamos su devolución al Gobierno.