cohesión social. Se trata de un sistema contributivo (se
recibe en función de lo cotizado con la garantía de una prestación
mínima) se basa en la solidaridad interpersonal, intergeneracional e
interterritorial y, por último, su gestión y control son públicos.

A pesar de los muchos intentos realizados por los poderes
económicos y sus representantes políticos, nuestro sistema de seguridad
social mantiene íntegras las características de un sistema público, de
contribución, de reparto y solidario. Desde los años 80, en toda Europa
existe una fuerte presión para proceder a cambios en la naturaleza de los
sistemas públicos de seguridad social. El objetivo, recogido en algunos
de las recomendaciones de la UE (como el Libro Blanco de la Comisión
Europea, publicado en febrero de 2012, titulado «Agenda para unas
pensiones adecuadas, seguras y sostenibles») es una profunda
transformación de esta institución pública y la transferencia de la
gestión de una parte de los recursos a la esfera privada. No se trata
solo de un proyecto de naturaleza económica y objetivo privatizador.
Existe una clara batalla para transferir poder político de la esfera de
lo público a la esfera de lo privado. Cuanta más parte de la riqueza
global se canalice y gestione a través de instrumentos privados y menos a
través de instrumentos públicos, más poder van a tener los mercados
financieros y menos la sociedad a través de sus instituciones
democráticas.

Para imponer esta política de reducir el papel del sistema
público de seguridad social, abriendo espacio al desarrollo de los
sistemas privados de capitalización, se utiliza siempre la misma
estrategia. Se parte de la existencia de retos o problemas reales, para a
continuación construir la falacia de que la única respuesta posible es la
reducción de derechos de Seguridad Social. Es decir, se destruye la
sensación de seguridad de contar con una prestación adecuada.

Con el Proyecto de Ley, mal llamado de sostenibilidad y
revalorización de las pensiones, el Gobierno vuelve a utilizar las mismas
falacias. Y ello nos lleva a la necesidad de concretar cuál es el
diagnóstico que hacemos de la situación de la Seguridad Social española.
Y sobre la base del cual formulamos este Veto y las enmiendas parciales
que en su momento presentaremos.

Nuestro sistema tiene en el horizonte a medio plazo retos
importantes, fundamentalmente derivados de un previsible crecimiento del
gasto en pensiones en las próximas décadas, sin que exista la misma
certeza en relación a los ingresos. El aumento de los gastos se desprende
de factores diversos, como la incorporación a la condición de
pensionistas de cohortes importantes, vinculadas a décadas pasadas en las
que se produjeron incrementos significativos de la natalidad. También del
aumento previsible de la esperanza de vida y por tanto del período de
tiempo en que los pensionistas van a estar percibiendo sus pensiones. Y
otro factor, relacionado con los cambios —hasta ahora
aumentos— de la pensión media, como consecuencia del proceso de
substitución de pensiones antiguas con menor intensidad protectora, por
otras con una mayor y mejor carrera de cotización y en consecuencia con
expectativas de pensión más elevada. Todos estos factores permiten
afirmar que en las tres próximas décadas se va a producir un aumento del
gasto en pensiones. Pero a continuación debe añadirse que el margen de
que dispone España para abordar este reto es significativo, porque
partimos de un gasto en pensiones del 10,7% del PIB —que sería
mucho menor si no hubiera caído en picado y como consecuencia de la
crisis el valor nominal del PIB español— mientras el gasto medio de
la UE está situado en el 13,5%.

Para abordar este reto a medio plazo es necesario no solo
adoptar medidas vinculadas al gasto, sino también y fundamentalmente
vinculadas a los ingresos. Algunas de estas medidas tienen que ver, con
la necesidad de aumentar la base demográfica del sistema, a partir de
políticas que incentiven la natalidad o las que ordenen los flujos
migratorios de manera racional. Otras, afectan a la necesidad y
oportunidad de aumentar nuestras tasas de actividad y ocupación, muy
deterioradas por la crisis y por las políticas laborales, reflejadas en
las Reformas adoptadas en los últimos años. Necesitamos más empleo, con
mayor productividad y cotizaciones más elevadas, vinculadas a empleos de
calidad, lo que choca con la devaluación interna que ha impuesto el
Gobierno como salida a la crisis que se ha traducido en empleo, cuando no
paro, en peores condiciones y con salarios más bajos.

En este mismo orden de los retos en el volumen y estructura
de los ingresos, conviene destacar el relativo agotamiento de los
procesos de mejora de la recaudación de ingresos contributivos. Un margen
que existiendo es menor que hace unos años. Con lo que claramente el
sistema de seguridad social debe plantearse el interrogante de los
cambios en su estructura de financiación y en las fuentes de los
ingresos.

En todo caso y de cara al siglo XXI es importante
incorporar las políticas de sostenibilidad en una doble dimensión. Como
límites a un determinado modelo de crecimiento sin desarrollo y al mismo
tiempo como una de las palancas del desarrollo económico del siglo
XXI.

En otro plano distinto, tanto a nivel temporal, como en sus
causas, aparece unos riesgos más cercanos en el tiempo, que se presentan
en forma de desequilibrios presupuestarios entre los ingresos y los
gastos. Un desequilibrio que en ningún caso puede imputarse a un aumento
de los gastos, que en los últimos años han pasado de crecer a un ritmo
interanual superior al 8% en el inicio de la crisis a un 3,6% que está
previsto crezca el gasto en pensiones en 2014. El desequilibrio aparece
como consecuencia de la caída de la recaudación que tiene como
principales causas, la caída del empleo con tres millones menos de
cotizantes, la conversión de muchos empleos a tiempo completo en empleos
a tiempo parcial, la reducción de salarios con el consiguiente impacto en
las cotizaciones y las bonificaciones a las cotizaciones empresariales
que han proliferado.

En este sentido conviene señalar que no estamos solo ante
las inexorables consecuencias de la crisis, sino también ante los
impactos que las políticas económicas y laborales tienen para el sistema
de seguridad social. No se puede pretender que la adopción en la Reforma
Laboral de medidas que facilitan el despido, incentivan la contratación
parcial y buscan la caída de salarios como factor de depreciación
interna, no tengan efectos en el sistema de Seguridad Social. O que
cuando estos efectos se produzcan, sus consecuencias se externalicen
hacia los propios trabajadores, ahora en su condición de
pensionistas.

Ante este impacto de la crisis en las cuentas de la
seguridad social, las medidas a adoptar deben tener en cuenta una
temporalidad rápida y dirigirse al problema que las provoca, que no es un
incremento desmesurado del gasto, sino una caída brusca de los ingresos
por cotizaciones. En este capítulo son muchas las propuestas que los
diferentes grupos presentes en la Comisión del Pacto de Toledo hemos
presentado para aumentar los ingresos a corto y medio plazo. Propuestas
que deben jugar un papel complementario al del uso racional y ordenado
del Fondo de Reserva que, en su momento más álgido llego a sumar cerca de
70.000 millones de euros y que ahora, después de haberse dispuesto de
algunas partidas, va a terminar el año con una dotación cercana a los
55.000 millones de euros.

Las organizaciones sindicales y empresariales y
organizaciones políticas presentes en el Pacto de Toledo han expresado
nítidamente su voluntad y disponibilidad a la negociación. Una
disponibilidad que se ha puesto de manifiesto con el acuerdo alcanzado
acerca del sistema de cotización de los contratos a tiempo parcial,
recogida en el Decreto Ley 11/2013. A pesar de ello el Gobierno ha
decidido la presentación de un Proyecto de ley que no tiene ningún
soporte y que cuenta con la oposición de todos los grupos de la Cámara,
menos del PP, que da soporte al Gobierno. Un rechazo que también se ha
puesto de manifiesto en el dictamen contrario al Proyecto de Ley aprobado
por el Consejo Económico y Social de España, con los votos de las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Una vez más, con la presentación de este proyecto de ley,
el Gobierno del PP abandona la cultura del diálogo social con sindicatos
y empresarios y del diálogo político en el marco del Pacto de Toledo y
aprovecha la crisis como una oportunidad para imponer recortes en
derechos sociales. Y lo hace con argumentos tramposos y propuestas de
gran opacidad.

La primera trampa es utilizar la crisis como argumento para
acelerar al año 2019 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad
previsto en la Ley 27/2011 para los años 2027/32. Esa fecha se relaciona
con el momento en que se prevé un incremento del gasto en pensiones al
incorporarse como pensionistas las generaciones del baby boom.
Evidentemente estas generaciones no van a llegar a la edad de jubilación
(65/67 años) antes de lo que estaba previsto. En consecuencia, adelantar
la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2019 no está
justificado por razones objetivas. Cada vez es más evidente que dicho
adelanto respondía a la voluntad de enviar a los mercados un mensaje que
contribuyera a contener la prima de riesgo: la garantía de pago de los
vencimientos de la deuda con los recursos que se detraen del sistema de
pensiones.

Además, el factor de sostenibilidad pone en marcha la
estrategia del Caballo de Troya. Se explica que se defiende el modelo de
seguridad social público, mientras se intenta que la cultura y ciertas
metodologías del sistema privado de capitalización individual se
incrusten en los sistemas públicos. Como una pequeña brecha en el sistema
público, contributivo y de reparto, que más adelante se pretenderá
ensanchar.

La segunda trampa del PP es utilizar el argumento de que la
crisis ha acelerado el desequilibrio entre ingresos y gastos, porque ese
desequilibrio a corto plazo no es imputable, como ya se ha explicado, a
un aumento del gasto en pensiones, sino a la caída en picado de los
ingresos. Y en consecuencia, la solución no puede venir de una reducción
de las expectativas de pensiones futuras, sino en una mejora de los
ingresos.

La caída de ingresos viene provocada por: pérdida de más de
3 000 000 de cotizantes en los últimos 4 años, entre 12 y 15.000 millones
de euros de reducción de ingresos; reducción del 13.4% de

cotizantes a jornada completa (3 000 000 de personas) que
han sido sustituidas por cotizantes a jornada parcial; una economía
sumergida que representa el 19% del PIB con la correspondiente pérdida de
recursos fiscales y de contribuciones.

Además conviene recordar que España es uno de los países
que menos gasto dedica a pensiones, el 10,7% del PIB, frente a la media
de la Unión Europea del 13,5%. Y si es cierto que las proyecciones de
futuro indican un aumento del gasto en el plazo de 35/40 años, también lo
es que España nunca supera a la media de la UE en esas proyecciones.

La tercera trampa del PP es utilizar y manipular a los
jóvenes contra sus padres y abuelos. La utilización del concepto de
«factor de equidad generacional», tiene como objetivo trasladar a la
ciudadanía una falsedad, la idea de que las pensiones futuras de los
jóvenes de hoy dependen de la reducción de las expectativas de pensión de
sus padres o de la pérdida de poder adquisitivo de sus abuelos. El
Gobierno intenta utilizar a los jóvenes contra sus padres y sus abuelos,
manipulando la propia lógica de funcionamiento del sistema de Seguridad
Social. La garantía de que los jóvenes de hoy tengan pensiones mañana
pasa por ofrecerles hoy empleo de calidad con el que pueda cotizar para
cobrar las pensiones del mañana, en función de la contribución realizada.
Y garantizando que en el momento de su jubilación, existirá un nivel
elevado de población ocupada y trabajos decentes con capacidad para
cotizar y con esas cotizaciones sufragar las pensiones. No es congelando
las pensiones de sus abuelos o reduciendo los derechos de sus padres como
se van a garantizar las pensiones de los jóvenes.

La cuarta trampa del PP es pretender que la solución pasa
por reducir gastos en pensiones y no por aumentar los ingresos del
sistema de seguridad social. Existe la necesidad y la posibilidad de
mejorar los ingresos, tanto los contributivos de las cotizaciones como
los de origen fiscal. En estos términos conviene destacar la moción
subsiguiente a interpelación que el pasado 17 de octubre contó con el
voto favorable de todos los grupos de la Cámara a excepción del PP. A
corto plazo esta estrategia de aumento de los ingresos pasa por la
utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y de una aumento
transitorio de los ingresos, que en forma de Contribución Social
Generalizada debería recaer en el esfuerzo de todos los sectores sociales
y factores productivos, no solo de los trabajadores. También por el
aumento de las bases máximas y mínimas de cotización, acompañadas de una
actualización de las pensiones máximas. Por la inclusión en las bases de
cotización de conceptos hoy excluidos y que en cambio sí forman parte de
la base imponible del Impuesto de la renta de las Personas Físicas. Por
la asunción por parte del Estado y sus presupuestos de una parte de los
costes de gestión de la Seguridad Social, hoy financiados exclusivamente
vía cotizaciones. A medio plazo por la vía del crecimiento del empleo y
de la calidad y productividad de los puestos de trabajo y en consecuencia
de las cotizaciones. También del aumento en las aportaciones fiscales,
previstas ya en el Pacto de Toledo en el marco de una reformulación de
las pensiones de muerte y superveniencia, que a pesar de no tener una
naturaleza estrictamente contributiva se financian con cotizaciones.

La quinta trampa del PP consiste en aprobar un cambio
radical en el sistema de revalorización de pensiones que es opaca en su
diseño y funcionamiento, arbitraria en la fijación de la cuantía de la
revalorización e injusta en sus consecuencias de pérdida del poder
adquisitivo de las pensiones, en línea a lo manifestado en el Dictamen
del CES —Consejo Económico y Social—.

La actual formula de revalorización de las pensiones a
partir de la evolución del IPC es transparente, porque depende de un
indicador público y sencillo. Garantiza el poder adquisitivo como un
derecho y no como una concesión discrecional o arbitraria del Gobierno de
turno. Y no es inflacionaria, porque se determina sobre las previsiones
iniciales del IPC, siempre a la baja.

En cambio la nueva fórmula del Gobierno incorpora grandes
dosis de arbitrariedad y además va a provocar importantes pérdidas de
poder adquisitivo. Además de ser procíclica en relación a la evolución de
la economía, en la medida que prevé que a igual inflación la
revalorización sea menor en momentos de crisis y mayor en momentos de
bonanza.

La sexta trampa del PP es decir que la nueva forma de
revalorización no va a provocar la pérdida de poder adquisitivo de los
pensionistas actuales. Los datos aportados por la propia Memoria
explicativa del proyecto de Ley permiten afirmar que «haberse aplicado la
fórmula del Gobierno en 2011 y 2012, los pensionistas habrían perdido 5,3
puntos de poder adquisitivo, que sólo recuperarían después de 21 años
consecutivos de superávit de la Seguridad Social». De la misma Memoria se
desprende que, con una previsión mediana de inflación del 1%, los
pensionistas dejarán de cobrar en los próximos años 33 000 millones de
euros.

Ante la evidencia de la falta de razones que justifiquen la
reforma urgente del PP, el único argumento para plantear una reforma por
la vía de urgencia es que, siguiendo los dictados de la Troika, se quiere
aprovechar la crisis como una gran coartada y una gran oportunidad para
imponer los intereses de los lobbies económicos que persiguen desde hace
décadas en un recorte de las pensiones que comporte un menor gasto y una
pérdida de peso económico y político de la Seguridad Social pública. Y se
pretende hacerlo ahora (ahora o nunca parecen decir) con la garantía que
les ofrece la mayoría absoluta del PP que da soporte al Gobierno.

Que la Seguridad Social española necesita reformas es una
realidad. De hecho si alguna cosa ha hecho la Seguridad Social española
ha sido estar en permanente reforma y transformación. Además de que el
gasto público en pensiones en relación al PIB no ha dejado de crecer,
tenemos algunos elementos de mejora significativa —con todas las
insuficiencias que se quiera, pero mejoras— que no podemos obviar o
menospreciar. Desde la creación de las pensiones no contributivas, hasta
el establecimiento de complementos de mínimos o el incremento por encima
del IPC de las pensiones más bajas, que además son fruto de procesos de
movilización social y de acuerdos en el dialogo social. También la
ampliación de colectivos cubiertos por la Seguridad Social, la mejora de
la cobertura de algunos regímenes especiales, la generalización de la
jubilación anticipada a los 61 años —a pesar de los últimos ajustes
del Real Decreto Ley 5/2013—. Y en el terreno de la financiación,
el aumento importante de las aportaciones fiscales al sistema de
Seguridad Social y la creación del Fondo de Reserva.

Pero una cosa es que las Reformas sean necesarias y otra
que las presentadas por el Gobierno vayan dirigidas a resolver los retos
a medio largo plazo y los desajustes a corto. Por ello resulta más
incomprensible la falta de diálogo y negociación real, tanto a nivel
social como a nivel político, por parte del Gobierno. Una falta de
dialogo que tiene su origen en los compromisos firmes asumidos por el
Gobierno de España con la Troika y en contrapartida a las ayudas
recibidas para el rescate bancario. Y también en la oportunidad que
ofrece al Gobierno la mayoría absoluta para abordar una contra-reforma de
esta naturaleza sin tener que negociar ni dialogar con otros agentes.

Por estas razones presentamos este veto al Proyecto de Ley
reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización
del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de
la Seguridad Social.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Ester
Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

El presente Proyecto de Ley supone un empobrecimiento de la
población —subrayando el proceso de dualización social—, un
recorte del Estado social y del Estado del Bienestar y un impulso a la
privatización de las pensiones. Si sumamos a este proceso los recortes
sociales que se están produciendo y el aumento del gasto privado para
compensar la reducción del gasto público, nos encontramos con un
generalizado proceso de empobrecimiento, que agudiza las situaciones de
precarización social y de salud de las personas mayores, a la vez que los
procesos de exclusión, marginación, pobreza relativa e, incluso, pobreza
absoluta.

No obstante, el proceso de empobrecimiento no afecta sólo a
las personas pensionistas, sino que afecta a toda la población. Cuando se
debilita el Estado social y del Bienestar, toman relevancia las redes de
solidaridad familiar, especialmente intergeneracional, para compensar la
reducción del gasto público. Este proceso se produce en un doble sentido:
los mayores que requieren de la colaboración de sus familias para vivir
con dignidad; y, asimismo, las familias que están pasando dificultades
económicas y que se ven obligadas a depender para su supervivencia de la
pensión de sus mayores.

De forma continuada, distintos gobiernos españoles han ido
aprobando en los últimos años medidas tendentes a debilitar el sistema
público de pensiones, dificultando el acceso al mismo, congelando y no
revalorizando las prestaciones, alargando la edad de jubilación, etc.

Pese al creciente porcentaje de ciudadanos instalados en el
umbral de la pobreza, pese a que decenas de miles de pensionistas deben
dedicar una buena parte de su pensión a alimentar a sus hijos, pese al
proceso de dualización de nuestra sociedad tan acelerado, pese a haber
cuestionado cuantías y regímenes, pese a que los recursos destinados a
pensiones en el Estado español se sitúa tres puntos por debajo del
promedio establecido en la Unión Europea, pese a que cerca de cinco
millones de personas gozan de pensiones situadas en el umbral de la
pobreza, el gobierno actual presenta una nueva reforma de las pensiones,
sin haber alcanzado ningún tipo de acuerdo con los agentes sociales, que
entierra la no pérdida del poder adquisitivo de las pensiones
justificando tal medida afirmando que en los años de bonanza económica se
recuperará la parte no incrementada. En definitiva, el proyecto de ley
pretende reducir las prestaciones presentes y futuras, no revalorizarlas,
sentar las bases de un progresivo decrecimiento del gasto en prestaciones
de jubilación obviando las propuestas planteadas por los agentes sociales
y partidos políticos.

Es por ello que, ante un proyecto del gobierno que
empequeñece y representa un ataque a un sector de la sociedad que, como
clases pasivas, no tiene la posibilidad de hacer compatible la prestación
con el trabajo. Ante un proyecto de ley convertido en ariete capaz de
abrir un nuevo boquete en el sistema público de pensiones que posibilite
la entrada e irrupción de los sistemas privados, que se incardina en el
progresivo desmantelamiento del estado del bienestar visualizado en los
recortes ejecutados en sanidad, educación y otros ámbitos cruciales del
mismo, en la misma devaluación salarial, en la nueva legislación
regresiva de la negociación colectiva, en la congelación del salario
mínimo interprofesional o en la reducción de las políticas activas de
empleo.

Por todo ello, se presenta veto al Proyecto de Ley
reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización
del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una
propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de
la Seguridad Social.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Urko
Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi y
Alberto Unamunzaga Osoro.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga
Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente propuesta de veto.

JUSTIFICACIÓN

1. El Proyecto de Ley Reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de
la Seguridad Social se enmarca dentro de la política general neoliberal
impulsada por el Gobierno del PP tendente a la debilitación y recorte de
los ámbitos asistenciales y prestacionales públicos (Educación, Sanidad,
Asistencia Social…) y su creciente privatización.

Parejo a lo anterior, se está realizando una inmensa
transferencia de recursos y rentas desde el ámbito público (recortes en
las prestaciones por desempleo, en el régimen de pensiones…) hacia
el privado y, en especial, hacia el sector bancario y financiero,
responsable principal del impulso de una

economía hueca, artificial, asentada en el cemento y la
especulación inmobiliaria que, con su estallido, ha ocasionado la grave
crisis económica que estamos padeciendo.

Se trata, en definitiva, de una política global tendente a
buscar una salida a esta crisis favorable a los intereses de la gran
patronal, la banca y las altas rentas y desfavorable para los de las
amplias mayorías sociales del Estado español (clase trabajadora,
juventud, mujeres, inmigrantes, pensionistas, desempleados…) a
quienes se impone un importante deterioro en sus condiciones laborales y
sociales. Una política que, a su vez, no cesa de recortar y anular una
tras otra las competencias económicas y financieras de las Comunidades
Autónomas en beneficio de las de un Estado cada vez más centralista y
uniformizador.

2. En lo referente al Proyecto de Ley considerado, hemos de
partir de la base de que el régimen de pensiones existentes en el Estado
español (gasto global en relación al PIB) es uno de los más bajos
existentes en la UE-27, situándose en más de un 20% por debajo del
promedio allí existente. El objetivo, por lo tanto, no debiera ser
recortar las pensiones, sino implementar cuantos medios sean necesarios
para elevarlas.

Un 50% de las pensiones de jubilación se hallan por debajo
de los 700 euros/mes y unos cinco millones de personas malviven con
ingresos inferiores al umbral oficial de pobreza. La situación se agrava
aún más en el caso de las mujeres por cuanto éstas, por término medio,
vienen percibiendo unas pensiones que vienen a ser un 40% más bajas que
las de los hombres. Hablar de pensiones de viudedad equivale, sin más, a
hablar de pensiones de pobreza, cuando no de extrema pobreza.

A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que las
reformas realizadas en los dos últimos años han producido un recorte que,
en su aplicación global, puede calcularse entre un 20% y un 25%. Hablamos
aquí de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social que, bajo ese
rimbombante título, alargó a los sesenta y siete la edad de jubilación e
introdujo importantes cambios —recortes, en definitiva—
aumentando el número de años cotizados exigidos para tener derecho a la
pensión y para el cálculo de su importe. A ello debe sumarse la
congelación de las pensiones durante 2011 (Gobierno del PSOE), su no
actualización en 2012 (Gobierno del PP), los recortes efectuados en el
régimen de las jubilaciones parcial y anticipada y, finalmente, la
revisión de las pensiones de viudedad y la modificación del régimen de
las trabajadoras del hogar.

3. Las pensiones, por encima de todo, han de ser dignas y
suficientes para mantener un nivel de vida distante de cualquier índice
de pobreza. De lo contrario, si no son dignas ni suficientes, estamos
hablando de otra cosa. Hablamos de beneficencia, de caridad, de limosnas
sociales, pero no del derecho a tener una vida digna en la última etapa
de la vida.

Por ello, el punto de partida debiera ser el contrario al
fijado por el Gobierno. Sobre la base de establecer unas pensiones
mínimas suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la
existencia de una persona (vivienda, alimentación, vestido, cultura,
ocio…) debería articularse un sistema que permita la satisfacción
de lo anterior mediante la búsqueda de ingresos propios del sistema
(cotizaciones a la Seguridad Social) y otros procedentes de los
presupuestos públicos (impuestos más progresivos, persecución firme del
fraude fiscal, recortes o supresión de gastos improductivos
—militares, casa real, infraestructuras
faraónicas…—).

En resumen, frente a la solución del Gobierno del PP
tendente a solucionar los problemas del déficit de la Seguridad Social
por la vía del recorte en los gastos, los esfuerzos debieran ponerse en
la ampliación de los ingresos, cosa perfectamente posible como lo pone de
manifiesto el hecho antes comentado de comparar la cantidad que se dedica
en el Estado español al pago de las pensiones con el promedio
europeo.

4. Se aduce como una de las razones fundamentales para la
realización de la presente reforma la insostenibilidad del régimen de las
pensiones y su creciente déficit. Sin embargo, esto es una verdad
relativa. La Seguridad Social, a cuyo cargo está un tercio del total de
gastos realizados por el conjunto de las Administraciones Públicas,
supone tan solo el 9% del déficit total de estas. Es decir, las otras dos
terceras partes de la Administración aportan el 91% del total de déficit
existente. Siendo esto así, ¿es razonable dar tanta importancia a este
hecho cuando, estructuralmente además, la Seguridad Social ha tenido
tradicionalmente superávit en sus cuentas salvo en los dos últimos
años?

¿Cuánto está costando a los presupuestos públicos el
saneamiento del sistema financiero español? ¿Por qué cuando las cuentas
de la Seguridad Social presentan déficit se propone la reducción de las
pensiones y cuando éste aparece en los balances bancarios se inyecta
dinero sin límite para equilibrar su

situación? ¿Por qué no rescatar a los pensionistas de su
penosa situación en vez de a los banqueros que nadan en la opulencia y se
jubilan con indemnizaciones de decenas de millones de euros?

Se puede hablar igualmente de otros muchos gastos del
Estado que son claramente deficitarios, cuales son la aportación de este
a la Iglesia y su exención generalizada de impuestos; la inutilidad de
los gastos militares, únicos en librarse de los recortes presupuestarios
de los últimos años; de la tolerancia con el fraude fiscal (80.000
millones de euros anuales en pérdida de ingresos fiscales) y la concesión
de generosas amnistías a los defraudadores; del mantenimiento de
instituciones parasitarias y antidemocráticas heredadas del franquismo
—monarquía—, cercadas hoy por los escándalos y la
corrupción…

El Gobierno ha señalado que con su reforma de las pensiones
estas se recortarán (sus cálculos han sido muy alegres) en 33.000
millones de euros en los próximos nueve años. Pues bien, la misma semana
en que esto se anunciaba, el FROB (Fondo para la Reestructuración
Ordenada Bancaria) hacía referencia a que 37.000 de los 52.000 millones
de euros puestos a disposición de la banca eran considerados
irrecuperables. Así que las cuentas cuadran: el importe total de lo que
se va a sustraer de los bolsillos de nueve millones de pensionistas es
equivalente a la cantidad que se va a regalar a la banca responsable de
gestiones especulativas, hipotecas usurarias, beneficios
escandalosos… y, en definitiva, de gran parte de la crisis
económica actual.

5. La mayor amenaza contra el actual sistema de pensiones
se encuentra en la política económica y social desarrollada por este
Gobierno y el anterior. La reforma constitucional realizada en 2011
suponía colocar los intereses de los acreedores del Estado (banca, fondos
de inversión, grandes fortunas…) por encima de los de su propia
población. A la ciudadanía se le reservaría únicamente lo que sobrara
tras pagar la deuda pública.

En vez de declarar una buena parte de esta deuda como
odiosa e ilegítima por estar relacionada directamente con la especulación
(pedir prestado al BCE al 1% e invertir en deuda pública española al 5%,
6% o 7%) y la economía cementera creadora de la burbuja inmobiliaria, el
Gobierno ha procedido a la entronización constitucional del fraude y a la
subordinación de los presupuestos públicos al pago de todos los
estropicios causados por la banca, las constructoras y todas aquellas
instituciones que propiciaron lo anterior.

Se trata, por tanto, de invertir el orden de las
prioridades y poner las necesidades de la población, especialmente los de
sus estratos más desfavorecidos, por encima de los intereses de los
bancos, la gran patronal y el capital en general. Situar por encima de
todo, la necesidad de contar con una enseñanza y sanidad pública y de
calidad, con el impulso de políticas activas decididas de creación de
empleo y con un sistema de pensiones digno y suficiente.

6. Esta misma política económica neoliberal es la que ha
favorecido la extensión del desempleo hasta límites no conocidos y la
degradación de las relaciones laborales en el marco de la empresa
(reforma laboral de 2012). Las facilidades dadas a la patronal para la
contratación precaria, el despido y la tramitación de los EREs ha
producido un incremento brutal del paro que ya alcanza los cinco millones
de personas y, con ello, el incremento considerable de los gastos de la
Seguridad Social —pago de prestaciones por desempleo— y la
disminución pareja de sus ingresos debido a la disminución de las
cotizaciones sociales.

Se dice por el Gobierno que el sistema de pensiones
actualmente existente es insostenible debido al déficit presente y
futuro. Claro está, después de recortar drásticamente en los dos últimos
años las partidas presupuestarias destinadas al impulso del empleo, de
destruir durante 2012 la friolera de 850.000 puestos de trabajo, de
reducirse los salarios como consecuencia de la reforma laboral, de
regalar a las empresas todo tipo de exenciones, bonificaciones y
desgravaciones…, cómo no va a ir mal la Seguridad Social si es el
propio Gobierno el que la va vaciando por dentro?

El déficit de esta guarda así una relación directa con una
política laboral y social que ha primado otros objetivos —déficit,
deuda…— por encima de la creación de empleo. En sentido
inverso, una política social progresista que impulse la creación de
puestos de trabajo y la reducción del paro equilibraría de inmediato las
cuentas de la Seguridad Social sin necesidad de efectuar recorte alguno
en la misma.

7. La aprobación del Proyecto de Ley que ahora se debate ha
venido precedido por un intento de dar un carácter «objetivo» y
«científico» al mismo. Se creó así por parte del Gobierno, sin
negociación ni acuerdo alguno con el resto de fuerzas parlamentarias ni
agentes sociales, un denominado «Comité de Expertos» hecho a la medida
del Gobierno del PP y de la patronal bancaria y de seguros, con quienes
una gran mayoría de sus miembros mantenían importantes vínculos y
relaciones.

Página
439

Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, concretan
este mandato constitucional, regulando el derecho a la revalorización de
pensiones.

En el transcurso de la actual X Legislatura y ya traspasado
su ecuador, no pocas decisiones adoptadas por el Gobierno han roto
directa e indirectamente los mecanismos de revalorización de las
pensiones, siempre escudándose en la corrección del déficit público y
sobrecargando a la sociedad española con mayores obligaciones económicas
repercutidas asimismo por unos impuestos que han alcanzado cotas de
récord en la Historia española reciente. Esas cargas fiscales, junto con
la consecuencia de los recortes adoptados por el Ejecutivo nacional en
distintos ámbitos y una merma considerable en el poder adquisitivo,
afectan de forma muy sensible al colectivo de los pensionistas, uno de
los más desfavorecidos, el que necesita cada vez de mayores cuidados, y
que sufre en muchas ocasiones el deterioro físico que supone la edad y
para el que los costes sociales han aumentado vertiginosamente:
medicinas, asistencia sanitaria, transporte, etc.

De no menos trascendencia son otras decisiones del Gobierno
de España que han repercutido en la economía de los pensionistas durante
los últimos años tales como la congelación de las pensiones en el 2011,
el copago sanitario y los sucesivos incrementos del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) y del IRPF.

Si todos los indicadores actuales son muy preocupantes para
el conjunto de pensionistas españoles, con importantes desequilibrios
entre cotizantes y gastos sociales, las previsiones indican que el futuro
será aún peor en el caso singular de la Comunidad Autónoma de Asturias
donde todo se complica, más si cabe, teniendo en cuenta, además, que
mantiene desde hace años una de las tasas de envejecimiento más alta de
España y de Europa.

El Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad
y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad
Social abocará —a quienes puedan permitírselo— a adoptar
posteriores medidas complementarias y al recurso a los planes privados de
pensiones, algo remoto y camino de la exclusividad en una economía
crítica como la que estamos padeciendo, con seis millones de parados y
muchos cientos de miles de familias que sobreviven gracias a las
pensiones de sus mayores. Asimismo, el Proyecto de Ley el proyecto acaba
con el derecho a la revalorización de las pensiones en relación al Índice
de Precios al Consumo (IPC) entrando en una sistemática erosión que hará
inviables los mandatos de la propia Constitución en esta materia.

Tampoco se contemplan medidas complementarias de ayudas a
la familia o estímulos a la creación de empleo y el efluvio que emana del
texto remitido por el Gobierno parece dirigido a prolongar en el tiempo
el recorte de los derechos económicos de nuestros pensionistas, con
subidas mínimas por la crisis e incrementos a partir de 2020, pero que no
recuperarán los descensos habidos en todos los años pasados: las
pensiones se depreciarán. El asunto es de tal calado y trascendencia para
España y para todos los españoles que debería ser debatido y consensuado
en el seno del Pacto de Toledo, por mucho que aprieten y por muchas
prisas que tengan los inspiradores europeos para que esta Ley entre en
vigor antes de finalizar 2013.

Por todo ello, el senador de Foro de Ciudadanos-Foro
Asturias, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Mixto, presenta
un veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del
Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social,
a los efectos de que sea devuelto al Gobierno.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de
la Seguridad Social.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El
Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

JUSTIFICACIÓN

Este Proyecto de Ley incorpora un factor de Sostenibilidad
cuya denominación es «Factor de Equidad Intergeneracional» y un «Índice
de Revaloración de las Pensiones».

Respecto al Factor de Sostenibilidad, está previsto que
recoja el efecto de mayor longevidad, de tal manera que se reduzca la
pensión en función del tiempo que previsiblemente se vaya a vivir y
percibir.

En relación a este Factor está previsto:

— Aplicarlo a partir del año 2019, de forma que
afecte a las nuevas pensiones desde el propio 2019; se revise su
contenido cada cinco años; y en cuanto a los porcentajes de reducción,
las estimaciones apuntan a una reducción del 5% por década, de manera que
se llegará a una reducción del 20% en el año 2050.

Por otra parte, el Índice de Revalorización elimina la
obligación legal de que las pensiones crezcan usando como referencia el
IPC, tal como exige el Real Decreto Legislativo 1/1994 en su artículo 48
y prolija jurisprudencia constitucional. Lo anterior, nos coloca ante el
dilema de que una reforma estructural resulta contradictoria con las
exigencias constitucionales del artículo 41 y 50 de la Constitución
española, en virtud de los cuales: los poderes públicos garantizarán,
pensiones públicas, suficientes en su cuantía y universales,
periódicamente actualizadas y de forma específica a los ciudadanos de la
tercera edad.

En relación a la revalorización, la esperanza de vida a
partir de los 65 años aumentará 16 meses cada 10 años, con el quebranto
en la pensión de los futuros pensionistas que ello conlleva. Este Sistema
de Revalorización contradice la Segunda Recomendación del Pacto de Toledo
en virtud de la cual: la Comisión, como ha venido haciendo en el pasado,
defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su
garantía por ley y su preservación mediante la adopción de medidas
encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del Sistema de Pensiones
en el futuro.

En cuanto a su cuantificación y siguiendo las directrices
del Banco Central Europeo, se puede estimar en función de la inflación
prevista para una mujer de 65 años y hasta su fallecimiento, que el
incremento del 0,25, supone un deterioro de más del 30% en términos
reales.

Se vulneran los paradigmas del Pacto de Toledo: seguridad
económica para toda la sociedad cuando no se puede realizar una actividad
laboral por razón de edad, incapacidad o muerte.

Por todo lo anterior, estimamos que este Proyecto de Ley
configura un dejación por parte del Estado de sus obligaciones de
garantizar la seguridad económica a sus ciudadanos cuando estos deben
abandonar por razones de edad, salud o supervivencia el mercado
laboral.

Este Proyecto de Ley constituye un indubitado
debilitamiento de las pensiones públicas, al desvincularlas de la
inflación y del ciclo económico sin plantear fórmulas compensatorias.

Además vulnera los derechos de los colectivos más frágiles
de la sociedad, cautivos del presupuesto público puesto que no pueden
realizar otra actividad ajena a la percepción de su pensión y afecta,
igualmente, a un colectivo invertebrado, por lo cual, y dada su falta de
capacidad de interlocución, se puede disponer de sus derechos sin erosión
política alguna.

Este Proyecto de Ley no focaliza sus esfuerzos sobre los
ingresos, en una actitud reduccionista, se limita a actuar sobre los
gastos, recortando las pensiones sin el acuerdo de ningún interlocutor
social, ni órgano consultivo, ni de ningún Grupo Parlamentario. Todo lo
contrario a lo que representaron los contratos Riester en Alemania o el
Nest en Gran Bretaña.

El futuro de las pensiones no es algo sobre lo que posea
una facultad ilimitada de disponibilidad el Gobierno del Estado. Por
cierto, es menester recordar que la disposición transitoria V del
Estatuto de Autonomía de Gernika, atribuye a la Comunidad Autónoma del
País Vasco la capacidad de: Gestionar el Régimen Económico de la
Seguridad Social en Régimen de Convenio.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario presenta esta
propuesta de veto, a efectos de que la reforma del Sistema Público de
Pensiones se analice desde perspectivas no regresivas.

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443

Recomendación Segunda del Pacto de Toledo, pues, si bien es
cierto, como señala la Exposición de Motivos, que la misma alude a la
posibilidad de utilizar otros índices de revalorización de las pensiones,
es sobre la base de un estudio posteriormente analizado y valorado por el
Pacto de Toledo, y en el entendimiento de que dicho índice debiera
mantener «el poder adquisitivo de los pensionistas». Alegar que dicho
estudio se ha producido y ha sido objeto de valoración por el Pacto de
Toledo, aludiendo con ello al informe que sobre el factor de
sostenibilidad emitió una comisión de expertos por encargo del Real
Decreto-ley 15/2013, supone dejar patente el rechazo que dicho informe
supuso entre las fuerzas políticas y sociales. Un rechazo que se produjo
por entender que el mismo atendía exclusivamente al gasto en pensiones e
incidía en su doble formulación recortando la cuantía de las pensiones.
Aludir, en consecuencia, a ese informe significaría mostrar la limitación
de este Proyecto de Ley en su regulación, que acoge mutatis mutandi,
dicho informe.

A mayor abundamiento, tras el artificio de vincular un
problema de sostenibilidad a largo plazo con los derivados de la
coyuntura de crisis económica por la que atravesamos, el Proyecto de Ley
esconde un ánimo de confusión que incide negativamente en la
transparencia que debe predicarse de toda norma, fundamentalmente de
aquellas que regulan derechos y deberes de nuestros ciudadanos, sobre
todo si, como sucede con este Proyecto de Ley, suponen una merma tan
importante en los derechos de presente y de futuro de los pensionistas,
todo ello bajo la amenaza subyacente de quiebra del sistema. Al respecto
es especialmente elocuente el primer párrafo de la Exposición de Motivos:
«si se quiere mantener un sistema de pensiones
público…/…»

Es cierto que nuestro sistema de Seguridad Social atraviesa
hoy un situación difícil, pero no se debe a problemas estructurales,
vinculados al envejecimiento de la población y a los que ya hacía frente
la Ley 27/2011, sino a retos de carácter coyuntural motivados por una
pérdida de ingresos que se debe a la destrucción de empleo en el contexto
de crisis económica en el que nos encontramos, y que determinan una
abrupta caída en la afiliación.

El problema no tiene que ver, pues, con el incremento del
gasto, sino con la caída de ingresos.

Una caída de ingresos de la que no puede exonerarse de
responsabilidad la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno en
2012, que se ha mostrado como una auténtica máquina de destrucción masiva
de empleo. Según la Encuesta de Población Activa, entre 2012 y el segundo
trimestre de 2013 se han perdido 1.023.000 puestos de trabajo; 900.000
afiliados menos desde diciembre de 2011. Una caída de ingresos a la que
no es ajena la política de un Gobierno que reduce las dotaciones
destinadas a la inserción y mejora de la formación y recualificación de
los trabajadores, que ha reducido las políticas activas de empleo en un
44% desde 2011, y que fía la solución de los problemas de competitividad
y productividad del mercado de trabajo a la devaluación salarial y a la
precariedad laboral, con incidencia directa en las arcas de la Seguridad
Social.

Este Proyecto de Ley engrosa una normativa, de urgencia,
que desconoce que afrontar el reto que supone la garantía de la
viabilidad de las pensiones exige la adopción de políticas en el ámbito
de empleo, de la protección social y en materia económica y
presupuestaria que se fortalezcan mutuamente.

El Gobierno renuncia a la adopción de políticas de
crecimiento económico y creación de empleo, como nuevamente vuelve a
dejar patente el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2014, y concentra sus esfuerzos en buscar nuevos modos de disminuir
el gasto y reducir derechos, como pone de manifiesto este Proyecto de
Ley, ahora en el ámbito de las pensiones.

Este Proyecto de Ley prescinde de una arquitectura forjada
durante años de consenso que trataba de anticiparse a los problemas de
presente y de medio y largo plazo por los que atravesara nuestro sistema
de pensiones. La utilización del Fondo de Reserva que viene realizando
este Gobierno sin la adopción de medidas decididas que contribuyan a
paliar la falta de ingresos del sistema motivada por el impacto que sobre
el mismo tiene las vicisitudes por las que atraviesa el mercado laboral,
han llevado a su dilapidación, mientras el déficit del sistema se
disparaba. Al respecto señalar que, como indica el Informe Económico y
Financiero, si a finales de 2011 el déficit de la Seguridad Social se
situaba en un 0,05% del PIB, en 2012 alcanzó el 0,56, en 2013 el 0,90, y
en 2014 la previsión es de un 0,94. Es decir, en tres ejercicios se ha
multiplicado por casi 19 veces.

Y malversa la Ley 27/2011 y el Acuerdo para la reforma y el
fortalecimiento del sistema público de pensiones que estuvo en el origen
de la misma, que atendía a los problemas derivados de la evolución
demográfica y del envejecimiento de la población, pues sin esperar a la
total implantación de sus reformas paramétricas que se produciría en
2027, de incidencia directa en el gasto, establece un factor de
sostenibilidad a implantar en 2019, sin indicación de las causas que
justifican su anticipación. Un factor de

sostenibilidad que incide directamente en la cuantía de la
pensión, reduciéndola, ignorando otras fórmulas, esbozadas en el artículo
8 de la Ley 27/2011, que pudieran dirigirse a mantener la
proporcionalidad entre las contribuciones y las prestaciones recibidas,
mediante ajustes en los parámetros del sistema —por ejemplo, edad
de acceso a la jubilación o el período de cotización exigido— y no
necesariamente sobre el cálculo de la pensión inicial, con respeto al
principio de contributividad que rige el sistema y que no prejuzga la
articulación de fuentes alternativas de financiación. El desarrollo de
las fórmulas esbozadas en la Ley 27/2011, en definitiva, permitirían
garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del
sistema, acercándonos a una cifra de gasto similar a la media que emplea
la Unión Europea.

El Proyecto de Ley prescinde, pues, de una articulación
cuya finalidad era mantener el poder adquisitivo de las pensiones, su
suficiencia, en cumplimiento del mandato del artículo 50 de la
Constitución, y recorta drásticamente la cuantía de las pensiones
mediante la configuración de dos mecanismos de ajuste que se aplican
simultáneamente, uno en la determinación de la cuantía inicial de las
pensiones, vinculando esperanza de vida al importe de la pensión de
jubilación, y otro anualmente en su revalorización. Se trata de
mecanismos de corrección inmediata, de aplicación automática, en atención
a unas variables muy precisas, que constriñen el margen de decisión en un
ámbito que, como el de las pensiones, se encuentra presidido por
principios de equidad y solidaridad intergeneracional que pueden demandar
en un futuro, en función de las circunstancias socioeconómicas, una mayor
dedicación de recursos a la financiación de las pensiones. Evidentemente
estos mecanismos privan de esa tentación y limitan el margen de
actuación.

En la configuración de ambos factores el Proyecto de Ley se
aparta, por primera vez en nuestra historia democrática, de la atención
que exige el garantizar el derecho a una pensión adecuada, de cuantía
económica suficiente, como colofón debido a la dignidad de la persona
(art.10.1 Constitución), e ignora que nuestro sistema público de
pensiones es un sistema de reparto, con transferencias de rentas entre
generaciones, que ha funcionado aportando garantía a la estabilidad
presupuestaria en el largo plazo a la par que ofrecía pensiones
suficientes. O dicho en otras palabras, el Proyecto de Ley, con el fin de
salvaguardar el equilibrio financiero del sistema, en la concreción de la
cuantía de la pensión, aplica una dimensión económica que atiende
exclusivamente la relación entre cotizantes y pensionistas contributivos,
esto es, tanto ingreso por cotización tanto gasto, desconociendo que la
garantía de suficiencia de las pensiones, constitucionalmente consagrada,
podría exigir otras fuentes de ingresos, y no tan solo una contención en
el gasto. Tal planteamiento conculca los principios de equidad y
solidaridad intergeneracional al impedir que los pensionistas puedan
participar de la riqueza del país.

Paradigmático de lo que exponemos es la regulación que
efectúa el Proyecto de Ley del índice de revalorización anual. Un índice
que desvincula el mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones del
Índice de Precios al Consumo y se basa en una fórmula cuya expresión
matemática considera el total de ingresos y gastos, incluidos el efecto
sustitución y el número de pensionistas, estableciendo además unos
límites máximo y mínimo que garantizan que en ningún caso el incremento
anual de las pensiones será inferior al 0,25% ni superior al IPC más el
0,25%.

Un mecanismo de revalorización que, en palabras del Consejo
Económico y Social (CES) en el Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley,
«produce un pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en contextos de
crisis como el actual, que en principio no llegaría a recuperarse».

La aplicación de este índice tiene, pues, el efecto de una
congelación de las pensiones permanente, totalmente contrario al espíritu
y la letra de la Constitución. Y alejado del Pacto de Toledo y de los
acuerdos suscritos entre los sucesivos gobiernos y los interlocutores
sociales, cuya finalidad desde 1995 ha estado guiada por la conjunción
del «mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía
por ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a
asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro»
(Recomendación 2 Pacto Toledo).

Y además, la aplicación de este índice de revalorización es
lineal para el conjunto de las pensiones contributivas del sistema, sin
diferenciar en clases ni cuantías, con especial incidencia en las
pensiones cuyas beneficiarias sean mujeres, dada su baja cuantía
abocándolas a la exclusión social, y se efectúa en contra del principio
de equidad del sistema y desconociendo la importante función que las
pensiones desempeñan para la cohesión social, y también, como señala el
CES, «como estabilizar automático de la economía en período de crisis,
como se está haciendo patente». Cuestiones nada desdeñables cuando se
aborda una reforma como la que emprende el Proyecto de Ley, y que, sin
embargo, ignora.

En definitiva, la introducción de estos dos mecanismos, uno
de ajuste automático en la determinación inicial de las pensiones y otro
para su revalorización anual, suponen un cambio de modelo al erosionar su
configuración como un sistema de reparto y los principios que lo
rigen.

Por su parte, el envío simultáneo del Proyecto de Ley al
Parlamento, al Pacto de Toledo y a los interlocutores sociales,
acuciados, dicen, por la urgencia —urgencia inexistente dada la
vigencia del mecanismo de revalorización de las pensiones en el presente,
y la falta de perentoriedad en el desarrollo de un mecanismo de
sostenibilidad previsto por la Ley 27/2011 para 2032— certifica la
escasa voluntad de acercamiento al resto de fuerzas políticas y a los
agentes sociales. Circunstancia también puesta de manifiesto por el hecho
de que la previsión de revalorización del 0,25% para 2014 ya está
incluida en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2014.

No cabe pues, como hace el Gobierno, apelar al diálogo
social y político, al acuerdo a alcanzar en sede parlamentaria. La
previsión de incremento ya está realizada, con abierta oposición de las
fuerzas políticas y de los agentes sociales.

Así pues:

— Primero, por el contenido material del Proyecto de
Ley, que se aparta del mandato constitucional, del Pacto de Toledo y de
los acuerdos suscritos con los interlocutores sociales desde 1995 para
garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y su
preservación de futuro;

— Segundo, porque supone un cambio de modelo de
Seguridad social al actuar en contra de su configuración como un sistema
de reparto basado en los principios de contributividad, equidad y
solidaridad intergeneracional;

— Tercero, por su falta de transparencia en la
adopción de unas medidas que valiéndose de la situación de crisis
coyuntural por la que atraviesas nuestro sistema público de pensiones
persiguen reducir el papel de las pensiones contributivas públicas y
ampliar la acción de la cobertura privada;

— Cuarto, porque no viene refrendado por el diálogo
político y social y manifiesta falta de voluntad de acercamiento a las
fuerzas políticas y los interlocutores sociales; y

— Quinto, fundamentalmente por el ataque
injustificado que supone para nuestros pensionistas, condenados a una
pérdida permanente de poder adquisitivo de sus pensiones, sin distinción
ni en clases ni en cuantía, con flagrante desconocimiento del papel que
nuestro sistema público de pensiones desempeña para la cohesión social y
como estabilizador automático de la economía en períodos de crisis.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula el
presente veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad
y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad
Social, solicitando su devolución al Gobierno.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización
del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—Jordi
Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 7

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

La Seguridad Social es la institución pública a través de
la cual se cumple con el mandato recogido en el artículo 50 de la
Constitución Española que obliga a los poderes públicos a garantizar
prestaciones suficientes en situaciones de necesidad, como consecuencia
de la pérdida de ingresos propios de las personas en activo, por razones
de edad, enfermedad o de pérdida de ingresos familiares.

El sistema público de Seguridad Social es la institución
fundamental para garantizar el mantenimiento de ingresos al dejar la vida
laboral activa, juega un papel clave en la distribución social de la
riqueza y la cohesión social. Se trata de un sistema contributivo (se
recibe en función de lo cotizado con la garantía de una prestación
mínima) se basa en la solidaridad interpersonal, intergeneracional e
interterritorial y, por último, su gestión y control son públicos.

A pesar de los muchos intentos realizados por los poderes
económicos y sus representantes políticos, nuestro sistema de seguridad
social mantiene integras las características de un sistema público, de
contribución, de reparto y solidario. Desde los años 80, en toda Europa
existe una fuerte presión para proceder a cambios en la naturaleza de los
sistemas públicos de seguridad social. El objetivo, recogido en algunos
de las recomendaciones de la UE (como el Libro Blanco de la Comisión
Europea, publicado en febrero de 2012, titulado «Agenda para unas
pensiones adecuadas, seguras y sostenibles») es una profunda
transformación de esta institución pública y la transferencia de la
gestión de una parte de los recursos a la esfera privada. No se trata
solo de un proyecto de naturaleza económica y objetivo privatizador.
Existe una clara batalla para transferir poder político de la esfera de
lo público a la esfera de lo privado. Cuanta más parte de la riqueza
global se canalice y gestione a través de instrumentos privados y menos a
través de instrumentos públicos, más poder van a tener los mercados
financieros y menos la sociedad a través de sus instituciones
democráticas.

Para imponer esta política de reducir el papel del sistema
público de seguridad social, abriendo espacio al desarrollo de los
sistemas privados de capitalización, se utiliza siempre la misma
estrategia. Se parte de la existencia de retos o problemas reales, para a
continuación construir la falacia de que la única respuesta posible es la
reducción de derechos de Seguridad Social.

Con el Proyecto de Ley, mal llamado de sostenibilidad y
revalorización de las pensiones, el Gobierno vuelve a utilizar las mismas
falacias. Y ello nos lleva a la necesidad de concretar cuál es el
diagnóstico que hacemos de la situación de la Seguridad Social española.
Y sobre la base del cual formulamos esta propuesta de veto.

Nuestro sistema tiene en el horizonte a medio plazo retos
importantes, fundamentalmente derivados de un previsible crecimiento del
gasto en pensiones en las próximas décadas, sin que exista la misma
certeza en relación a los ingresos. El aumento de los gastos se desprende
de factores diversos, como la incorporación a la condición de
pensionistas de cohortes importantes, vinculadas a décadas pasadas en las
que se produjeron incrementos significativos de la natalidad. También del
aumento previsible de la esperanza de vida y por tanto del período de
tiempo en que los pensionistas van a estar percibiendo sus pensiones. Y
otro factor, relacionado con los cambios —hasta ahora
aumentos— de la pensión media, como consecuencia del proceso de
substitución de pensiones antiguas con menor intensidad protectora, por
otras con una mayor y mejor carrera de cotización y en consecuencia con
expectativas de pensión más elevada. Todos estos factores permiten
afirmar que en las tres próximas décadas se va a producir un aumento del
gasto en pensiones. Pero a continuación debe añadirse que el margen de
que dispone España para abordar este reto es significativo, porque
partimos de un gasto en pensiones del 10,7% del PIB —que sería
mucho menor si no hubiera caído en picado y como consecuencia de la
crisis el valor nominal del PIB español— mientras el gasto medio de
la UE está situado en el 13,5%.

Para abordar este reto a medio plazo es necesario no solo
adoptar medidas vinculadas al gasto, sino también y fundamentalmente
vinculadas a los ingresos. Algunas de estas medidas tienen que ver, con
la necesidad de aumentar la base demográfica del sistema, a partir de
políticas que incentiven la natalidad o las que ordenen los flujos
migratorios de manera racional. Otras, afectan a la necesidad y
oportunidad de aumentar nuestras tasas de actividad y ocupación, muy
deterioradas por la crisis y por las políticas laborales, reflejadas en
las Reformas adoptadas en los últimos años. Necesitamos más empleo, con
mayor productividad y cotizaciones más elevadas, vinculadas a empleos de
calidad.

En este mismo orden de los retos en el volumen y estructura
de los ingresos, conviene destacar el relativo agotamiento de los
procesos de mejora de la recaudación de ingresos contributivos. Un margen
que existiendo es menor que hace unos años. Con lo que claramente el
sistema de seguridad social debe plantearse el interrogante de los
cambios en su estructura de financiación y en las fuentes de los
ingresos.

En todo caso y de cara al siglo XXI es importante
incorporar las políticas de sostenibilidad en una doble dimensión. Como
límites a un determinado modelo de crecimiento sin desarrollo y al mismo
tiempo como una de las palancas del desarrollo económico del siglo
XXI.

En otro plano distinto, tanto a nivel temporal, como en sus
causas, aparece unos riesgos más cercanos en el tiempo, que se presentan
en forma de desequilibrios presupuestarios entre los ingresos y los
gastos. Un desequilibrio que en ningún caso puede imputarse a un aumento
de los gastos, que en los últimos años han pasado de crecer a un ritmo
interanual superior al 8% en el inicio de la crisis a un 3,6% que está
previsto crezca el gasto en pensiones en 2014. El desequilibrio aparece
como consecuencia de la caída de la recaudación que tiene como
principales causas, la caída del empleo con tres millones menos de

cotizantes, la conversión de muchos empleos a tiempo
completo en empleos a tiempo parcial, la reducción de salarios con el
consiguiente impacto en las cotizaciones.

En este sentido conviene señalar que no estamos solo ante
las inexorables consecuencias de la crisis, sino también ante los
impactos que las políticas económicas y laborales tienen para el sistema
de seguridad social. No se puede pretender que la adopción en la Reforma
Laboral de medidas que facilitan el despido, incentivan la contratación
parcial y buscan la caída de salarios como factor de depreciación
interna, no tengan efectos en el sistema de Seguridad Social. O que
cuando estos efectos se produzcan, sus consecuencias se externalicen
hacia los propios trabajadores, ahora en su condición de
pensionistas.

Ante este impacto de la crisis en las cuentas de la
seguridad social, las medidas a adoptar deben tener en cuenta una
temporalidad rápida y dirigirse al problema que las provoca, que no es un
incremento desmesurado del gasto, sino una caída brusca de los ingresos
por cotizaciones. Propuestas que deben jugar un papel complementario al
del uso racional y ordenado del Fondo de Reserva que, en su momento más
álgido llego a sumar cerca de 70.000 millones de euros y que ahora,
después de haberse dispuesto de algunas partidas, va a terminar el año
con una dotación cercana a los 55.000 millones de euros.

Las organizaciones sindicales y empresariales y
organizaciones políticas presentes en el Pacto de Toledo han expresado
nítidamente su voluntad y disponibilidad a la negociación. Una
disponibilidad que se ha puesto de manifiesto con el acuerdo alcanzado
acerca del sistema de cotización de los contratos a tiempo parcial,
recogida en el Decreto Ley 11/2013. A pesar de ello el Gobierno ha
decidido la presentación de un Proyecto de ley que no tiene ningún apoyo
y que cuenta con la oposición de todos los grupos de la Cámara, menos del
PP, que da soporte al Gobierno. Un rechazo que también se ha puesto de
manifiesto en el dictamen contrario al Proyecto de Ley aprobado por el
Consejo Económico y Social de España, con los votos de las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas.

Una vez más, con la presentación de este proyecto de ley,
el Gobierno del PP abandona la cultura del diálogo social con sindicatos
y empresarios y del diálogo político en el marco del Pacto de Toledo y
aprovecha la crisis como una oportunidad para imponer recortes en
derechos sociales. Y lo hace con argumentos tramposos y propuestas de
gran opacidad.

La primera trampa es utilizar la crisis como argumento para
acelerar al año 2019 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad
previsto en la Ley 27/2011 para los años 2027/32. Esa fecha se relaciona
con el momento en que se prevé un incremento del gasto en pensiones al
incorporarse como pensionistas las generaciones del baby boom.
Evidentemente estas generaciones no van a llegar a la edad de jubilación
(65/67 años) antes de lo que estaba previsto. En consecuencia, adelantar
la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2019 no está
justificado por razones objetivas.

El factor de sostenibilidad pone en marcha la estrategia
del Caballo de Troya. Se explica que se defiende el modelo de seguridad
social público, mientras se intenta que la cultura y ciertas metodologías
del sistema privado de capitalización individual se incrusten en los
sistemas públicos. Como una pequeña brecha en el sistema público,
contributivo y de reparto, que más adelante se pretenderá ensanchar.

La segunda trampa del PP es utilizar el argumento de que la
crisis ha acelerado el desequilibrio entre ingresos y gastos, porque ese
desequilibrio a corto plazo no es imputable, como ya se ha explicado, a
un aumento del gasto en pensiones, sino a la caída en picado de los
ingresos. Y en consecuencia, la solución no puede venir de una reducción
de las expectativas de pensiones futuras, sino en una mejora de los
ingresos.

La caída de ingresos viene provocada por: pérdida de más de
3.000.000 de cotizantes en los últimos 4 años, entre 12 y 15.000 millones
de euros de reducción de ingresos; reducción del 13.4% de cotizantes a
jornada completa (3.000.000 de personas) que han sido sustituidas por
cotizantes a jornada parcial; una economía sumergida que representa el
19% del PIB con la correspondiente pérdida de recursos fiscales y de
contribuciones.

Además conviene recordar que España es uno de los países
que menos gasto dedica a pensiones, el 10,7% del PIB, frente a la media
de la Unión Europea del 13,5%. Y si es cierto que las proyecciones de
futuro indican un aumento del gasto en el plazo de 35/40 años, también lo
es que España nunca supera a la media de la UE en esas proyecciones.

La tercera trampa del PP es utilizar y manipular a los
jóvenes contra sus padres y abuelos. La utilización del concepto de
«factor de equidad generacional», tiene como objetivo trasladar a la
ciudadanía una falsedad, la idea de que las pensiones futuras de los
jóvenes de hoy dependen de la reducción de las expectativas de pensión de
sus padres o de la pérdida de poder adquisitivo de sus abuelos. El
Gobierno intenta utilizar a los jóvenes contra sus padres y sus abuelos,
manipulando la propia lógica de funcionamiento

del sistema de Seguridad Social. La garantía de que los
jóvenes de hoy tengan pensiones mañana pasa por ofrecerles hoy empleo de
calidad con el que pueda cotizar para cobrar las pensiones del mañana, en
función de la contribución realizada. Y garantizando que en el momento de
su jubilación, existirá un nivel elevado de población ocupada y trabajos
decentes con capacidad para cotizar y con esas cotizaciones sufragar las
pensiones. No es congelando las pensiones de sus abuelos o reduciendo los
derechos de sus padres como se van a garantizar las pensiones de los
jóvenes.

La cuarta trampa del PP es pretender que la solución pasa
por reducir gastos en pensiones y no por aumentar los ingresos del
sistema de seguridad social. Existe la necesidad y la posibilidad de
mejorar los ingresos, tanto los contributivos de las cotizaciones como
los de origen fiscal. En estos términos conviene destacar la moción
subsiguiente a interpelación que el pasado 17 de octubre contó con el
voto favorable de todos los grupos de la Cámara a excepción del PP. A
corto plazo esta estrategia de aumento de los ingresos pasa por la
utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y de una aumento
transitorio de los ingresos, que en forma de Contribución Social
Generalizada debería recaer en el esfuerzo de todos los sectores sociales
y factores productivos, no solo de los trabajadores. También por el
aumento de las bases máximas y mínimas de cotización, acompañadas de una
actualización de las pensiones máximas. Por la inclusión en las bases de
cotización de conceptos hoy excluidos y que en cambio sí forman parte de
la base imponible del Impuesto de la renta de las Personas Físicas. Por
la asunción por parte del Estado y sus presupuestos de una parte de los
costes de gestión de la Seguridad Social, hoy financiados exclusivamente
vía cotizaciones. A medio plazo por la vía del crecimiento del empleo y
de la calidad y productividad de los puestos de trabajo y en consecuencia
de las cotizaciones. También del aumento en las aportaciones fiscales,
previstas ya en el Pacto de Toledo en el marco de una reformulación de
las pensiones de muerte y superveniencia, que a pesar de no tener una
naturaleza estrictamente contributiva se financian con cotizaciones.

La quinta trampa del PP consiste en aprobar un cambio
radical en el sistema de revalorización de pensiones que es opaca en su
diseño y funcionamiento, arbitraria en la fijación de la cuantía de la
revalorización e injusta en sus consecuencias de pérdida del poder
adquisitivo de las pensiones, en línea a lo manifestado en el Dictamen
del CES —Consejo Económico y Social—.

La actual formula de revalorización de las pensiones a
partir de la evolución del IPC es transparente, porque depende de un
indicador público y sencillo. Garantiza el poder adquisitivo como un
derecho y no como una concesión discrecional o arbitraria del Gobierno de
turno. Y no es inflacionaria, porque se determina sobre las previsiones
iniciales del IPC, siempre a la baja.

En cambio la nueva fórmula del Gobierno incorpora grandes
dosis de arbitrariedad y además va a provocar importantes pérdidas de
poder adquisitivo. Además de ser procíclica en relación a la evolución de
la economía, en la medida que prevé que a igual inflación la
revalorización sea menor en momentos de crisis y mayor en momentos de
bonanza.

La sexta trampa del PP es decir que la nueva forma de
revalorización no va a provocar la pérdida de poder adquisitivo de los
pensionistas actuales. Los datos aportados por la propia Memoria
explicativa del proyecto de Ley permiten afirmar que «haberse aplicado la
fórmula del Gobierno en 2011 y 2012, los pensionistas habrían perdido 5,3
puntos de poder adquisitivo, que sólo recuperarían después de 21 años
consecutivos de superávit de la Seguridad Social». De la misma Memoria se
desprende que, con una previsión mediana de inflación del 1%, los
pensionistas dejarán de cobrar en los próximos años 33.000 millones de
euros.

Ante la evidencia de la falta de razones que justifiquen la
reforma urgente del PP, el único argumento para plantear una reforma por
la vía de urgencia es que, siguiendo los dictados de la Troika, se quiere
aprovechar la crisis como una gran coartada y una gran oportunidad para
imponer los intereses de los lobbies económicos que persiguen desde hace
décadas en un recorte de las pensiones que comporte un menor gasto y una
pérdida de peso económico y político de la Seguridad Social pública. Y se
pretende hacerlo ahora (ahora o nunca parecen decir) con la garantía que
les ofrece la mayoría absoluta del PP que da soporte al Gobierno.

Que la Seguridad Social española necesita reformas es una
realidad. De hecho si alguna cosa ha hecho la Seguridad Social española
ha sido estar en permanente reforma y transformación. Además de que el
gasto público en pensiones en relación al PIB no ha dejado de crecer,
tenemos algunos elementos de mejora significativa —con todas las
insuficiencias que se quiera, pero mejoras— que no podemos obviar o
menospreciar. Desde la creación de las pensiones no contributivas, hasta
el establecimiento de complementos de mínimos o el incremento por encima
del IPC de las pensiones más bajas, que además

son fruto de procesos de movilización social y de acuerdos
en el dialogo social. También la ampliación de colectivos cubiertos por
la Seguridad Social, la mejora de la cobertura de algunos regímenes
especiales, la generalización de la jubilación anticipada a los 61 años
—a pesar de los últimos ajustes del Real Decreto Ley 5/2013—.
Y en el terreno de la financiación, el aumento importante de las
aportaciones fiscales al sistema de Seguridad Social y la creación del
Fondo de Reserva.

Pero una cosa es que las Reformas sean necesarias y otra
que las presentadas por el Gobierno vayan dirigidas a resolver los retos
a medio largo plazo y los desajustes a corto. Por ello resulta más
incomprensible la falta de diálogo y negociación real, tanto a nivel
social como a nivel político, por parte del Gobierno. Una falta de
dialogo que tiene su origen en los compromisos firmes asumidos por el
Gobierno de España con la Troika y en contrapartida a las ayudas
recibidas para el rescate bancario. Y también en la oportunidad que
ofrece al Gobierno la mayoría absoluta para abordar una contra-reforma de
esta naturaleza sin tener que negociar ni dialogar con otros agentes.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al
Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—Mónica
Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí
Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera
García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 8

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco
Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos
Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan
Sabaté Borràs (GPEPC)

y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta
de veto.

Este Proyecto de Ley reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de
la Seguridad Social constituye un ataque muy grave a nuestro sistema
público de pensiones, nuestra pieza más importante de la protección
social y el principal elemento vertebrador del Estado del bienestar.

En las últimas décadas hemos consensuado y configurado un
sistema de pensiones basado en los principios de contributividad, equidad
y solidaridad intergeneracional, cumpliendo con los preceptos
constitucionales que obligan explícitamente a un sistema universal con
prestaciones sociales suficientes, suficiencia económica y garantizando
su actualización periódica. Este proyecto de Ley incumple varios de estos
principios y obligaciones constitucionales.

Desde la firma del «Pacto de Toledo» en 1995, las reformas
encaminadas a asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones han
contado con el consenso político y social. La última reforma que supuso
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de Actualización, Adecuación y
Modernización del Sistema de Seguridad Social, estuvo avalada del
consenso político, plasmado en la renovación de las Recomendaciones del
Pacto de Toledo, y del «Acuerdo Social y Económico para el crecimiento,
el empleo y la garantía de las pensiones». Este acuerdo incluía medidas
importantes para asegurar la sostenibilidad financiera y la viabilidad
futura del sistema, que fueron posteriormente recogidas por la Ley junto
con las recomendaciones adoptadas en el Pacto de Toledo.

Con el texto propuesto, sin ningún tipo de consenso
político o social, el Gobierno del Partido Popular traslada a nuestro
sistema de pensiones una política de ajustes como un instrumento más para
la corrección del déficit público. El objetivo del texto legislativo es
reducir el papel de las pensiones contributivas públicas y ampliar la
cobertura privada. Y esto es intolerable. El Partido Popular entiende que
el único «interés general» es la reducción del gasto público y del
déficit a cualquier precio. Además, no tiene ningún prejuicio en
favorecer el sistema de pensiones privado. Otro ejemplo más de su acción
de gobierno partidista y partidaria que muchas veces beneficia a
intereses muy alejados del obligado «interés general».

La Ley General de la Seguridad Social establecía la
revalorización automática de las pensiones en función del IPC, incluyendo
un mecanismo de compensación ante la posible desviación con el objetivo
de mantener siempre el nivel adquisitivo de los pensionistas. Con este
texto se elimina este precepto y se crea un nuevo «índice de
revalorización» aplicable a partir de 1 de enero de 2014, que en «ningún
caso» podrá ser superior del IPC más el 0,25 %. Es decir, un índice con
«techo» y sin ningún tipo de mecanismo de compensación ante posibles
pérdidas de poder adquisitivo.

El propio Consejo Económico y Social en su dictamen decía
que este índice «produce una pérdida de poder adquisitivo de las
pensiones en contextos de crisis como el actual, que, en principio, no
llegaría a recuperarse». Asimismo, la aplicación de este índice de
revalorización es lineal para el conjunto de las pensiones contributivas,
sin diferenciar clases ni cuantías.

Además, el Proyecto de Ley crea un «factor de
sostenibilidad» a implantar en 2019, que actúa directamente en la cuantía
de la pensión, reduciéndola. Con esta medida tremendamente injusta, el
Gobierno ignora otras fórmulas, contempladas en la Ley 27/2011, dirigidas
a mantener la proporcionalidad entre las contribuciones y las
prestaciones recibidas, mediante ajustes en los parámetros del sistema y
no necesariamente sobre el cálculo de la pensión inicial, con respeto al
principio de contributividad y sin prejuzgar fuentes alternativas de
financiación. El desarrollo de estas opciones permitiría garantizar la
suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema,
acercándonos a una cifra de gasto similar a la media que emplea la Unión
Europea.

El Gobierno justifica estos cambios para garantizar la
sostenibilidad futura de las pensiones dado el envejecimiento de la
población y el incremento exponencial del gasto en pensiones. Compartimos
la preocupación y la difícil coyuntura que atraviesa nuestro sistema de
Seguridad Social, pero no es debido a problemas estructurales (vinculados
al envejecimiento), sino a retos de carácter coyuntural debido a la
pérdida de ingresos como consecuencia de la destrucción de puestos de
trabajo. En realidad, el problema no tiene que ver con el incremento del
gasto, sino con la caída de ingresos. Esta se ha agravado como
consecuencia de la aplicación de la reforma laboral del Partido Popular,
cuyas consecuencias han sido terribles dada la destrucción masiva de
empleo y la reducción de recursos para la inserción, formación y
recualificación de los trabajadores.

La aplicación del factor de sostenibilidad junto con el
índice de revalorización anual de forma simultánea y automática, recorta
drásticamente la pensión, y actúa en abierta oposición a los principios
de equidad y solidaridad intergeneracional.

En la configuración de ambos factores el Gobierno ignora
que nuestro sistema público de pensiones es un sistema de reparto, con
transferencias de rentas entre generaciones, que ha funcionado aportando
garantía a la estabilidad presupuestaria en el largo plazo a la vez que
ofrecía pensiones suficientes.

Esta reforma legislativa es el colofón a una serie de
reformas estructurales (laboral, sanidad, educación, medio ambiente,
vivienda, fiscalidad, etc.) que está realizando el Partido Popular desde
que llegó al Gobierno y que están impregnadas de ideología ultraliberal,
sin un ápice de justicia social, de igualdad, y de solidaridad, y cuya
máxima oculta es «el que quiera algo, que se lo pague».

Por todo lo expuesto, presentamos el siguiente veto al
Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social y
solicitamos su devolución al Gobierno.

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de sustitución respecto al último salario del conjunto de
las pensiones que, por su aplicación progresiva, está todavía por
materializarse. La reforma de 2011 tuvo además en cuenta respecto a su
aplicación, una gradualidad adecuada, un periodo transitorio equilibrado,
y cierta flexibilidad, reconociendo las carreras laborales más largas o
la situación de los trabajadores que trabajan en determinados
sectores.

La propuesta de reforma que presenta ahora el Gobierno a
través del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del
Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social,
implica un nuevo ajuste del gasto en pensiones en su conjunto, una nueva
disminución de la tasa de reposición que se acumula a la ya existente, y
la introducción de un nuevo mecanismo de actualización anual de las
pensiones que deja de tener como objetivo principal mantener el poder
adquisitivo de los pensionistas.

Existe un riesgo evidente, en un contexto de alto nivel de
paro durante un periodo de tiempo largo y de contención del gasto
público, de empobrecer a los pensionistas por la vía de la erosión de su
poder de compra. Es significativo además en este sentido, que en la
propuesta del Gobierno no se distingue entre las pensiones más altas y
las pensiones más bajas. Son todas afectadas de la misma manera.

Cabe destacar también, el hecho de que la actualización
periódica de las pensiones incorpora no solo datos reales sino también
proyecciones económicas. Ello introduce incertidumbre e inseguridad al
sistema de revalorización. Por otro lado, el hecho de que la fórmula
matemática que determina la actualización de las pensiones, considere una
variable establecida en la Ley de Presupuestos que determina la
intensidad del ajuste, hace que el pretendido «automatismo de la fórmula»
desaparezca. Y a lo anterior hay que añadir, que la propuesta del
Gobierno de factor anual de revalorización es inédita. No hay ningún país
que tenga una fórmula como la que propone el Gobierno. Quizás el Gobierno
debería ser más prudente con algunos experimentos en determinados
ámbitos.

Asimismo, el Ejecutivo ha optado por un modelo de factor de
sostenibilidad en concreto, pero podría haber sido otro. Por ejemplo, un
factor de sostenibilidad vinculado a la evolución de la esperanza de
vida, que afectase a la edad legal de jubilación o al periodo de cálculo
de las pensiones o los años exigibles para recibir el 100 por ciento de
la pensión.

Consideramos también destacable, y de forma muy relevante,
que la propuesta presentada por el Gobierno no cuenta en absoluto, con el
acuerdo ni el consenso político y social necesario. La política de
pensiones en opinión de CiU, debería ser compartida por mayorías de
diferente color político si no es así, probablemente la reforma tendrá la
vigencia de la duración de la actual mayoría parlamentaria del Partido
Popular.

No cabe tampoco en opinión de CiU, confundir los problemas
de hoy, que fundamentalmente tienen que ver con un alto nivel de paro y
la correspondiente caída de la afiliación a la Seguridad Social, con el
reto estructural y demográfico que supone el inicio del periodo de
jubilación de las generaciones procedentes del «baby boom». Problemática
demográfica a la que la reforma del 2011 pretendía hacer frente. Lo que a
corto plazo es imprescindible es volver a crear ocupación e incrementar
el número de personas dadas de alta en la Seguridad Social.

Desde el punto de vista del funcionamiento de la Seguridad
Social hay asimismo actuaciones relevantes, como por ejemplo, aquellas
que afectan a la regulación y financiación de las pensiones de viudedad y
al funcionamiento del régimen de trabajadores por cuenta propia, que no
se abordan y continúan pendientes.

Los cambios introducidos en el Proyecto de Ley durante su
tramitación en el Congreso, no han supuesto respecto a las cuestiones
apuntadas, cambios substanciales. Es decir, no ha habido modificaciones
significativas en el fondo y tampoco ha habido avance alguno en las
formas. Como últimamente ocurre en la tramitación de todos los Proyectos
de Ley, a la propuesta inicial del Ejecutivo sólo se añaden las
modificaciones propuestas por el Grupo Parlamentario que lo sustenta, sin
que haya prácticamente espacio alguno ni para el diálogo, ni para la
transacción, ni el acuerdo.

Para CiU la política de pensiones debe perseguir garantizar
un sistema público orientado a evitar el riesgo de pobreza entre la gente
mayor, ofreciendo ingresos suficientes y cercanos a los obtenidos
mientras se trabajaba. Si las reformas que se promueven olvidan la
dimensión social y el carácter redistributivo del sistema, no son las
adecuadas. Y sin duda la política de pensiones, en opinión de CiU, no
debe adoptarse de forma unilateral, debe contar con el máximo consenso
posible.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, presenta una propuesta de veto al Proyecto de Ley
reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización
del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.