Con estas premisas, las vías de solución aplicadas no
podían hacer otra cosa que establecer procesos de integración para que
las entidades más fuertes pudieran solventar las dificultades de las más
dañadas y el establecimiento de medidas muy limitadas y puntuales de
recapitalización, siempre con el objetivo de que las entidades apoyadas
volvieran rápidamente a manos privadas.

Desde el inicio de la crisis, los sucesivos gobiernos han
articulado un conjunto de medidas legales que han resultado insuficientes
para abordar la magnitud de la misma y que pueden provocar gravísimos
problemas en el futuro. El sector bancario avanza hacia la conformación
de un poderoso oligopolio constituido con ayudas públicas y formado por
entidades sistémicas a las que será imposible exigir un comportamiento
prudente que no comprometa al propio Estado. Todo el desarrollo legal ha
ido acompañado de un fuerte apoyo económico público para evitar el
derrumbe de las entidades. Aunque las declaraciones públicas han
intentado ocultar el coste para los ciudadanos, las actuaciones de los
sucesivos gobiernos no han sido inocuas para el erario público.

La diversidad de instrumentos utilizados ha sido extensa:
Desde inyecciones directas de capital en las entidades a elevar el aval
implícito a los depósitos que los ahorradores tienen en las entidades
bancarias a 100.000 euros por titular, pasando por suscripción de
participaciones preferentes convertibles, adquisición de activos, avales
a emisiones de deudas, seguros que garantizan pérdidas futuras (esquemas
de protección de activos) y préstamos del Banco Central Europeo. Es
preciso resaltar el apoyo adicional fundamental que han recibido las
entidades bancarias por parte del Banco Central Europeo, organismo
público que ha otorgado financiación ilimitada a los bancos y cajas
españoles que en diciembre de 2012 le adeudaban más de 357 mil millones
de euros a un tipo de interés concesional del 1%. Además, el rescate
obtenido a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad incluye a los
socios europeos entre los actores que han contribuido a sostener el
sector bancario español. El último elemento utilizado ha sido la creación
del SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
reestructuración del sector bancario). Aunque SAREB se presenta como una
sociedad «que no forma parte del sector de Administraciones Públicas»,
todos los grupos parlamentarios somos conscientes de que no es más que
una forma de ocultar una realidad evidente. Para adquirir 50.653 millones
de euros de activos tóxicos, el Estado ha aportado más de 52.000 millones
de euros entre capital, deuda subordinada y deuda avalada. Sin embargo,
el FROB tendrá una participación minoritaria en el capital para evitar
que las pérdidas de SAREB computen como déficit público y la deuda sea
considerada como pública. La sociedad, sus objetivos generales y su
operativa han sido diseñados por el Ministerio de Economía y
Competitividad con el auxilio del Banco de España. Cuenta además con una
Comisión de Seguimiento que controlará su actuación y que estará formada
además de por los anteriormente citados, por el Ministerio de Hacienda y
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Simular que no es una
empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley. Sin
embargo, las declaraciones del Gobierno olvidan las ayudas públicas que
para las entidades ha supuesto la adquisición de esos activos
irrealizables en el momento actual. Además, el efecto más importante no
es el obtenido por las entidades nacionalizadas que han traspasado sus
activos a la misma. Los mayores beneficiarios de la constitución de SAREB
son el resto de entidades bancarias privadas a las que se les permite no
valorar sus activos inmobiliarios a los mismos precios que a las
entidades nacionalizadas además de permitirles participar en la gestión
de la entidad en un evidente y flagrante conflicto de competencia con sus
propios intereses que, en ningún caso pasan por la bajada generalizada de
los precios de los activos inmobiliarios que mostraría con claridad su
situación de insolvencia.

Lo que ahora se hace con esta iniciativa es ordenar el
conjunto de normas dispersas que ha afectado a las cajas de ahorros en
ese proceso de reestructuración, estableciendo una regulación propia para
las cajas y otra para las fundaciones bancarias. Vaya por delante que
esta regulación tendrá una aplicación limitada para las cajas, una vez
producida la conversión de la mayoría de ellas en fundaciones bancarias o
de carácter general.

En otras palabras, con este Proyecto de Ley se certifica el
desmantelamiento de unas entidades centenarias, las cajas de ahorros, que
han llegado a controlar prácticamente la mitad de la cuota del mercado
financiero español. Unas entidades cuya naturaleza se explica por la
ausencia de ánimo de lucro, sin propietarios privados, y en cuyos órganos
de gobierno participan instituciones públicas, depositantes y
trabajadores de cada entidad. Y en las que una parte de sus beneficios
netos de impuestos son dedicados a proyectos sociales a través de la obra
social.

Este proceso de reestructuración de las cajas pasa por
aceptar que ellas han sido el principal problema para la estabilidad del
sistema financiero y que, por tanto, la solución reside en reducirlas a
una mínima

expresión, separando definitivamente el negocio bancario de
las cajas o convirtiéndolas en meras entidades testimoniales sin
capacidad económica real para evitar, se nos dice, que puedan ser
entidades sistémicas. Pero, en paralelo, se produce también un proceso de
concentración de capital financiero con la constitución de grupos
bancarios privados de cada vez mayor dimensión, cuyo riesgo sistémico
también es evidente, y que sobreviven gracias al apoyo público y al aval
del Estado.

De hecho, la banca privada pretende utilizar a las cajas
nacionalizadas para mejorar sus balances, comprando barato entidades
saneadas con dinero público, fortalecer su capital y aumentar el número
de depósitos que controlan. No es mal negocio. Pero lo cierto es que los
recursos públicos destinados a rescatar a la banca han hipotecado al
Estado para muchos años, mientras se producen recortes en el gasto
público que afectan al bienestar de la ciudadanía e impiden salir de la
recesión.

La estabilidad del sistema financiero no se va a garantizar
desmantelando las cajas de ahorros y concentrando el negocio financiero
en menos entidades privadas y más grandes. La desaparición de las cajas
como entidades financieras de carácter social, unido a la ausencia de una
banca pública, irá en perjuicio de la mayoría social y podrá alimentar
los procesos de exclusión financiera.

Asimismo, la «privatización» de las cajas puede suponer el
tiro de gracia para la obra social que, sin ser la panacea a los déficits
culturales, sociales o educativos que han de ser corregidos por las
políticas de las administraciones públicas, supone al menos que una parte
de los beneficios generados por la actividad financiera se destine a esos
fines. La mayoría de las obras sociales de las cajas serán gestionadas
por fundaciones, pero lo más relevante es que los nuevos propietarios
seguramente reclamarán mayores retornos y, además, vendrán obligadas a
destinar la mayor parte de su beneficio a reservas, en teoría para
reforzar su solvencia, en detrimento de los fondos sociales.

Todo ello no significa ignorar que en el último ciclo
expansivo se han producido abusos y errores en la gestión de algunas
cajas. Abusos y errores que han sido liderados por una élite de
directivos profesionales, intercambiables con cualquier alto ejecutivo de
la banca privada, que reprodujeron las malas prácticas bancarias y su
operativa alentados por políticas clientelares.

Ese modelo de gestión fue asumido sin demasiadas críticas
por los diferentes grupos representados en los órganos de gobierno de
esas cajas bajo la hegemonía ideológica de los defensores del mercado a
ultranza, que negaban cualquier posibilidad de otras prácticas. La
especulación inmobiliaria estuvo bien engrasada por esos directivos con
financiación fácil y abundante, en muchos casos temeraria, y con
tasaciones desajustadas con relación al valor de los inmuebles.

El estallido de la burbuja inmobiliaria tuvo una
repercusión muy fuerte en el sistema financiero y especialmente en las
entidades más débiles o peor gestionadas. Aunque la vinculación de las
cajas con los promotores fue muy similar a la de los grandes bancos
privados, en las cajas la tasa de crecimiento del crédito al promotor fue
la única que rebasó con creces el aumento de los recursos propios, con el
entusiasmo de sus directivos, el tancredismo político de los
representantes de los partidos y la negligencia de la supervisión del
Banco de España.

Ese fue el modelo profesional de gestión de la mayoría de
cajas, siempre justificado por la rentabilidad, argumento con el que se
acallaban las pocas críticas existentes. Sin embargo, es justo reconocer
que las cajas de ahorros de Euskadi, que según los voceros del
neoliberalismo han estado siempre muy «politizadas», han sido las que
menos problemas han atravesado.

Lo anterior nos sirve para estimar como erróneo el análisis
que sitúa los problemas de las cajas en la composición de sus órganos de
administración obviando el papel de los gestores, además de ser una
visión contraria a la concepción de propiedad de estas entidades y al
papel que en cualquier gestión democrática de una institución social
deben jugar los representantes electos.

Prueba de esa visión es este Proyecto de Ley que incorpora
prejuicios acerca del desarrollo de la función representativa de
intereses generales, ya sean de naturaleza política o social, sancionando
la incompatibilidad de ser cargo electo o cargo ejecutivo de partico
político, asociación empresarial o sindicato para ser miembro de los
órganos de gobierno. Esto puede acabar por asumir la deslegitimación de
la democracia representativa como elemento no sólo compatible sino
imprescindible también en el gobierno corporativo de las empresas.

Históricamente, en términos de rentabilidad y eficiencia,
las cajas han podido resistir con éxito cualquier comparación con la
banca privada española. Seguramente los problemas de las cajas comenzaron
cuando se bancarizaron imitando la operativa especulativa de la banca
privada y abandonaron su carácter de entidades financieras de carácter
social.

También es histórico el interés de la banca para hacerse
con la actividad de las cajas de ahorros y ampliar su negocio, y los
intentos de «privatización» regulando las llamadas cuotas participativas
para introducir capital privado en las cajas. Si todo ello no funcionó
plenamente en su momento, posiblemente fue por el arraigo social de las
cajas, por su obra social y por una gestión razonable.

Sin embargo, la crisis, los excesos financieros y los
errores en la gestión han supuesto una coartada perfecta para el
desmantelamiento de las cajas, cuyo primer paso fueron los procesos de
fusiones y absorciones entre cajas con financiación pública, continuando
con amortizaciones de empleo y nacionalizaciones para sanear y luego
vender al mejor postor, y acabando con este Proyecto de Ley que certifica
la defunción de las cajas.

Ni siquiera puede aceptarse acríticamente, si alguien lo
pretende, que el desmantelamiento de las cajas de ahorros sea un
requerimiento más de la Unión Europea. Al menos si consideramos que en
Alemania las cajas existen, más allá de sus problemas financieros, y que
en Francia dos de sus principales entidades financieras lo son de capital
social.

Es innegable la importancia capital del sistema financiero
para la economía y para la sociedad en su conjunto. Pero precisamente por
ello es una irresponsabilidad dejar al sistema financiero en manos
privadas en forma de oligopolio bancario sin una banca pública digna de
tal nombre, y permitiéndonos el lujo de defenestrar a instituciones con
cierta finalidad social, cuya gestión puede ser controlada
democráticamente y que pueden vincularse a las necesidades de desarrollo
de los territorios en los que obtienen sus recursos.

Cobra, por tanto, todo sentido que se reivindique la Banca
Pública como instrumento que coadyuve a una salida diferente a la actual
crisis. Pero además es fundamental para que garantice la función que el
sistema financiero debería ejercer, esto es, la de canal de comunicación
entre el ahorro y la inversión productiva. La banca privada ya ha
demostrado sobradamente que, buscando altas tasas de rentabilidad
superiores a las que podría proporcionar la inversión en la economía
real, ha incurrido en riesgos desmesurados que han causado los perversos
efectos que la sociedad está sufriendo. Por ello, la Banca Pública no
debe ser únicamente un medio legítimo que permita la apropiación de los
beneficios por parte de la ciudadanía a través de lo público sino que
debe ser parte de una estrategia más amplia que permita que aquella
ejerza el poder económico y democrático.

Pero los problemas del sector financiero no pueden
abordarse por separado de lo que le sucede al conjunto de la economía.
Hemos de tener presente que la banca no crea riqueza en sí misma y el
proceso de crecimiento basado en el ámbito financiero sin relación con la
economía real está condenado a saltar de una burbuja a otra. La riqueza
es el producto del trabajo humano, los recursos naturales y los medios de
producción. Dicho en otros términos, si los ciudadanos no tienen trabajos
y salarios dignos no pueden devolver ninguna deuda. De hecho, no faltan
recursos para que todo el mundo tenga una existencia digna, el problema
está en quién los tiene y en beneficio de quién se usan. A partir de una
fuerte banca pública y ante el evidente fracaso de la «iniciativa
privada», es necesario poner en marcha un plan de desarrollo del sector
público en todos los terrenos que permita alcanzar el pleno empleo, unos
servicios públicos de una calidad y cuantía suficientes, y empezar a
revertir de forma veraz el expolio de los recursos naturales. Es decir,
poner la economía al servicio de las personas y no al revés.

Por todo ello, cualquier texto que hubiera pretendido
seriamente situar a las Cajas de Ahorros como una herramienta financiera
eficaz para la recomposición del sistema financiero y para el incremento
del crédito, tan necesaria para la superación de la crisis, se debería
asentar sobre los siguientes ejes fundamentales, que desconoce el
proyecto presentado por el Gobierno:

I. Nacionalización irreversible de las cajas de ahorros
intervenidas y sus bancos participados, a fin de convertirlos en una
banca pública. Su gestión será sometida a un control democrático,
vinculada a las políticas sociales y económicas, y sus directivos serán
elegidos de forma democrática y con salarios limitados por los topes
establecidos en el sector público.

II. Todas las ayudas públicas directas o indirectas que
hayan recibido el resto de entidades financieras se transformarán en
acciones, con entrada de representantes públicos en los consejos de
administración de las mismas, que velarán por el estricto cumplimiento de
unas normas de gestión que marquen un límite de endeudamiento máximo para
dichas entidades mucho más bajo que el actual, prohíban las actividades
especulativas, las operaciones hacia y desde paraísos fiscales y
establezcan unos criterios de transparencia, utilidad social y
racionalidad en la concesión de créditos.

III. No se transferirá ni un solo euro de fondos públicos a
ninguna entidad hasta que se complete una auditoría pública,
independiente y transparente de las cuentas de todas las entidades
financieras españolas que permita establecer un plan de saneamiento
efectivo. Dicha auditoría incluirá los activos de las instituciones
financieras en grandes empresas. La investigación ha de servir para
establecer el estado real de los balances de los bancos y grandes
empresas, así como quiénes son los acreedores de dichas deudas y quiénes
se han beneficiado de la política de sobreendeudamiento practicada
durante los años de auge económico.

IV. La nueva banca pública surgida de este proceso tendría
como objetivo fundamental gestionar de manera prudente los ahorros de la
ciudadanía y proporcionar crédito a familias y empresas. Eso implica
definir un modelo de gestión distinto al visto en las cajas de ahorro que
tenga en cuenta criterios sociales y de financiación de la economía
productiva eficaces. Solo así podrá ponerse en marcha un plan estratégico
de salida social a la crisis.

V. Esta banca pública se caracterizará por la transparencia
en sus políticas y por el rendimiento público y transparente de sus
cuentas anuales en un lenguaje asequible para el conjunto de la
ciudadanía.

VI. La Obra Social de las antiguas Cajas, cuya utilidad
social se acredite, se incorporará mediante un proceso adecuado a los
servicios sociales de las diferentes administraciones.

Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del
Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de cajas de ahorros y
fundaciones bancarias.

Palacio del Senado, 25 de noviembre de 2013.—Ester
Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias justifica la necesidad de replantear de manera exhaustiva e
integral su régimen jurídico por las consecuencias que la crisis
económica ha tenido sobre las cajas de ahorro y viceversa. No obstante,
se hace partiendo de un diagnóstico erróneo y proponiendo medidas que
ahondan en las políticas que han llevado a las cajas a la situación
actual. Lejos de asumir el error que supuso la liberalización y
bancarización de las cajas, fulminando su propia esencia y finalidad
(enraizamiento territorial, obra social e inversión productiva y de
proximidad), se culpabiliza a buena parte de las cajas de ahorro
—curiosamente las que siguieron las políticas neoliberales
permitidas y estimuladas por el Gobierno— de comprometer gravemente
la estabilidad financiera del Estado. Y una vez más, desde una visión
nacionalista centralista, sin tener en cuenta el ámbito competencial de
las Comunidades Autónomas sobre la materia.

El proceso de reestructuración y salvamento del sistema
bancario, más allá de ir en dirección equivocada, se encuentra lejos de
terminar. Se optó desde el primer momento por no reconocer el problema y
luego las actuaciones llevadas a cabo por Gobiernos del PSOE y el PP se
han caracterizado por minimizar los problemas existentes en las entidades
financieras e intentar, en todo caso, circunscribirlos a problemas de
liquidez y no de solvencia. Además, difundiendo una explicación parcial
que ha pretendido limitar las dificultades financieras a las cajas de
ahorro y excluir de las mismas a los bancos.

Con estas premisas, las vías de solución aplicadas fueron
establecer procesos de integración (absorción más bien) para que las
entidades más fuertes pudieran solventar las dificultades de las más
dañadas, como si dos cajas enfermas pudieran dar como resultado una caja
sana (y como si las cajas más grandes hubieran actuado de una forma más
responsable ante la crisis). Ello, además del establecimiento de medidas
muy limitadas y puntuales de recapitalización, siempre con el objetivo de
que las entidades apoyadas volvieran rápidamente a manos privadas
(salvadas con dinero público extraído de recortes sociales para beneficio
de los mismos nefastos, bienpagados y culpables —por acción u
omisión—

consejeros). Obviamente, estas medidas han sido ineficaces,
por lo que se planteó como solución la absoluta bancarización de las
cajas de ahorros, tal y como demandaba el poder bancario y los grandes
gurús de la economía que nos metieron de lleno en la crisis. Es decir,
que los culpables financieros, lejos de pagar la crisis, han salido
fortalecidos.

Desde el inicio de la crisis, los sucesivos Gobiernos han
articulado un conjunto de medidas legales que han resultado insuficientes
para abordar la magnitud de la misma y que pueden provocar gravísimos
problemas en el futuro. El sector bancario avanza hacia la conformación
de un poderoso oligopolio constituido con ayudas públicas y formado por
entidades sistémicas a las que será imposible exigir un comportamiento
prudente que no comprometa al propio Estado. Todo el desarrollo legal ha
ido acompañado de un fuerte apoyo económico público para evitar el
derrumbe de las entidades. Aunque las declaraciones públicas han
intentado ocultar el coste económico para la ciudadanía (del coste social
estamos lamentablemente siendo conscientes), las actuaciones de los
sucesivos Gobiernos no han sido inocuas para el erario público.

La diversidad de instrumentos utilizados ha sido extensa:
desde inyecciones directas de capital a las entidades, a elevar el aval
implícito a los depósitos que los ahorradores tienen en las entidades
bancarias a 100.000 euros por titular, pasando por suscripción de
participaciones preferentes convertibles, adquisición de activos, avales
a emisiones de deudas, seguros que garantizan pérdidas futuras (esquemas
de protección de activos) y préstamos del Banco Central Europeo. Todo
ello, además del rescate obtenido a través del Mecanismo Europeo de
Estabilidad y de la creación de la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la reestructuración del sector bancario (Sareb).

El Sareb se presenta como una sociedad «que no forma parte
del sector de Administraciones Públicas». Sin embargo, ello no es más que
una forma de ocultar una realidad evidente. El Estado ha aportado más de
52.000 millones de euros —buena parte de ellos a fondo perdido,
como se reconoce ya interna e internacionalmente— entre capital,
deuda subordinada y deuda avalada para adquirir los denominados activos
tóxicos. Sin embargo, el FROB tendrá una participación minoritaria en el
capital para evitar que las pérdidas de Sareb computen como déficit
público y la deuda sea considerada como pública. Simular que no es una
empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley. Pero
además, los mayores beneficiarios de la constitución de Sareb no son las
entidades nacionalizadas sino que son el resto de entidades bancarias
privadas a las que se les permite no valorar sus activos inmobiliarios a
los mismos precios que a las entidades nacionalizadas, además de
permitirles participar en la gestión de la entidad en un evidente y
flagrante conflicto de competencia con sus propios intereses.

El sistema bancario ha demostrado, y no solo en esta última
crisis, que la gestión en busca del «máximo interés privado» se acaba
convirtiendo en el «máximo desastre social». Es una evidencia que el
sistema bancario es incapaz de cumplir su función sin la inyección de
ingentes cantidades de fondos públicos. Salvo en el caso de las honrosas
excepciones —como las pocas que se mantuvieron fieles a su esencia,
las iniciativas de banca ética o algunas cooperativas de crédito—
que no han incurrido en actuaciones de idéntica gravedad, el sistema
bancario en general carece de capacidad para cumplir la función que la
sociedad le asigna. Por lo tanto, no es aceptable la consideración de que
el tamaño de las cajas de ahorro, la falta de profesionalización de los
órganos de gobierno o la participación en los mismos de las
Administraciones Públicas, son los elementos que han causado la actual
crisis. No obstante, y pese a esta apreciación tampoco podemos excusar la
responsabilidad de las Administraciones y debemos señalar la pasividad de
los consejeros de representación pública, la connivencia de las cajas con
las Administraciones para subvencionar faraónicas y ruinosas obras de
corte electoral (Madrid y Valencia son ejemplos paradigmáticos de ello)
y, especialmente, la negligencia del Banco de España en su labor de
fiscalización y control.

Históricamente, las cajas de ahorro han cumplido una
función fundamental, universalizando y posibilitando el acceso de las
clases populares a los recursos financieros y facilitando el ahorro
popular. Al mismo tiempo, han desarrollado una obra social de
considerable magnitud que contribuía a la cohesión social y territorial.
El balance que la propia exposición de motivos del proyecto de Ley
reconoce es claramente positivo en cuanto a la consecución del acceso al
crédito de las clases sociales más empobrecidas y a su sensibilidad hacia
las necesidades y peculiaridades propias de los territorios en los que
actuaban. Sin embargo, el proceso de liberalización del régimen jurídico
de estas entidades las ha convertido progresivamente en entidades de
crédito similares a los bancos. Por ello el sistema y gobiernos
neoliberales, lejos de asumir la culpa, cuando se produce la explosión de
la burbuja financiera, optan era la culpabilización de las cajas de
ahorro y su correspondiente demonización en un intento de salvar —a
la

vez que beneficiar— a las entidades bancarias
privadas. Sin embargo, no hay elementos objetivos que puedan apoyar este
diagnóstico. Ni las cajas de ahorro tenían más morosidad ni
sustancialmente más exposición al sector inmobiliario que los bancos ni
el problema fue que actuaran como cajas (al contrario). Las cajas de
ahorro estaban en quiebra, exactamente igual que las entidades bancarias
(a las que el proceso de liberalización las había asimilado); pero si la
reducción de un sector financiero absolutamente sobredimensionado se
hacía a costa de las cajas de ahorro, quedarían ocultas las actuaciones
en el resto de entidades.

El Estado, ha intervenido para paliar el colapso financiero
y proteger los ahorros de la ciudadanía pero no lo ha hecho sirviendo a
los intereses generales sino a los de las élites económicas que no
quieren asumir las consecuencias de la quiebra económica del sector
financiero. La superación de la actual situación requerirá
inevitablemente la nacionalización de la práctica totalidad del sector
financiero por la conversión de gran parte de las ayudas públicas ya
desembolsadas en capital y el radical saneamiento de las pérdidas ocultas
en los balances. No podemos admitir que el Estado sanee las entidades
bancarias con fondos que detrae de las partidas presupuestarias
destinadas al gasto social para regalárselas a continuación a los mismos
que las han llevado a la ruina y que, lejos de purgar culpas, siguen
dictando y dirigiendo la política financiera gubernamental.

En este sentido, tal y como han reivindicado diversas
iniciativas ciudadanas tales como la Plataforma por la nacionalización de
las Cajas de Ahorros, la Banca Pública debe ser el instrumento que
coadyuve a una salida diferente a la actual crisis. Pero, además, es
fundamental para que ejerza la función que el sistema financiero que
debería ejercer, esto es, la de canal de comunicación entre el ahorro y
la inversión productiva. La banca privada ya ha demostrado sobradamente
que, buscando altas tasas de rentabilidad superiores a las que podría
proporcionar la inversión en la economía real, no sólo ha estimulado el
crédito fácil y el endeudamiento generalizado, sino que ha incurrido en
riesgos desmesurados que han causado los perversos efectos que la
sociedad está sufriendo. Por ello, la Banca Pública es un medio legítimo
que permita a la ciudadanía el retorno de las entidades bancarias que ha
salvado (comprado, en definitiva, con su dinero, con el dinero público y
a costa de muchos recortes y sacrificios), debe ser un instrumento para
la recuperación social de los beneficios a través del Estado y, además,
debe ser parte de una estrategia más amplia que permita que la ciudadanía
ejerza el poder económico y democrático. Ya en este sentido, en
Catalunya, dentro de las competencias que ostenta la Generalitat,
Esquerra Republicana ha propuesto convertir el Institut Català de
Finances en un banco público que facilite el acceso al crédito a las
PYMES y Administraciones Públicas.

Por todo ello se presenta veto al Proyecto de Ley de cajas
de ahorros y fundaciones bancarias.

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una
propuesta de veto al Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Urko
Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi,
Alberto Unamunzaga Osoro.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga
Llano (GPMX), de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX) y de don Alberto
Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente propuesta de veto.

El presente Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y
Fundaciones Bancarias supone la culminación del proceso de liquidación
del modelo de entidad financiera de vocación y carácter social, próxima
al interés de la ciudadanía y con sensibilidad a las necesidades y
peculiaridades propias del territorio donde actúan.

Con el argumento-disculpa de la necesidad de una profunda
intervención de los poderes públicos para acometer el saneamiento y
reestructuración de las cajas de ahorro cuya situación financiera ha
llegado a comprometer la estabilidad del sistema financiero estatal, se
ha obviado la realidad de que hay Cajas de Ahorros que no se han visto
afectadas por esa situación y que mantienen importantes niveles de
eficiencia económica y financiera y, sobre todo, social.

No deja de ser paradójico que quienes han sido responsables
del desastre económico financiero y de gestión de algunas cajas sean
ahora precisamente los adalides de la racionalidad económica impulsando
la liquidación del modelo de entidad financiera de carácter y control
social. La solución de su nefasta e irresponsable gestión no pasa por la
liquidación de las cajas y la venta a precio de saldo de sus activos
poniendo en manos de los especuladores financieros el ahorro público de
las cajas.

Esta desaparición de las cajas y de su especial naturaleza
jurídica abre la puerta a su privatización y a su bancarización
fomentando una situación de oligopolio financiero, que va a ser muy
negativo para los intereses de la ciudadanía, y que va a hacer realidad
el objetivo largamente esperado por la banca privada de eliminar a un
molesto e importante competidor y hacerse con su mercado. En este
sentido, son significativas las limitaciones impuestas a las cajas, en
cuanto a restricción al tamaño, que no se imponen a las entidades
bancarias privadas que también pueden ser sistémicas.

Junto con este proceso de privatización de un importante
capital social, este proyecto de Ley supone la desaparición en el corto
plazo de la Obra Social de las Cajas que, si siempre han jugado un papel
importante, en tiempos de profunda crisis económica y social se va a
echar especialmente en falta.

Finalmente, este proyecto de Ley se enmarca también en el
proceso de recentralización y uniformización del Estado a través de una
regulación basada en una extensiva serie de cuestiones definidas como
básicas que en la práctica vacía de contenido competencias definidas como
exclusivas en Estatutos de Autonomía y, especialmente, en el caso de
Euskal Herria en nuestros ámbitos de soberanía propia.

Esta Ley no solo no responde a la situación general del
sistema financiero y de las cajas de Ahorro de Euskal Herria, sino que
está hecha de espaldas a su realidad política, económica y social y va a
generar un impacto muy negativo sobre la economía vasca, añadiendo más
dificultades a la actividad que desarrollan autónomos, Pymes y economía
social, y privando al conjunto de la ciudadanía de los beneficios de la
Obra Social.

Analizados los contenidos principales de la Ley presentada
por el Gobierno, y ante las consecuencias económicas, financieras y
sociales de los mismos, nos reafirmamos en la necesidad de contar con un
ámbito vasco de decisión que evite nos sea impuesto un modelo social,
político, económico y financiero que, claramente, es ajeno a Euskal
Herria y lesivo para los intereses de la ciudadanía vasca.

Por estas razones presentamos esta enmienda de veto al
Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias y pedimos su
devolución al Gobierno.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Jordi
Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Según relata el Gobierno en la exposición de motivos de
este Proyecto de Ley, durante los últimos años ha sido necesaria una
profunda intervención de los poderes públicos para acometer el
saneamiento y reestructuración de buena parte de las cajas de ahorros,
cuya situación financiera, se afirma, ha llegado a comprometer muy
gravemente el conjunto de la estabilidad financiera en España.

Por ello, obligado resulta analizar si el diagnóstico es el
adecuado para concluir si el proyecto remitido podrá cumplir o no con los
objetivos que pretende alcanzar.

En España el proceso de reestructuración y salvamento del
sistema bancario está lejos de terminar. Y no precisamente porque las
entidades financieras de nuestro país formaran parte del sistema «más
solvente del mundo» sino más bien porque se optó desde el primer momento
por no reconocer el problema. Las actuaciones que los gobiernos del PSOE
y el Partido Popular han llevado a cabo se han caracterizado por
minimizar desde un primer momento los problemas existentes en las
entidades financieras e intentar, en todo caso, circunscribirlos a
problemas de liquidez y no de solvencia. Además, la explicación ha
pretendido limitar las dificultades financieras a las cajas de ahorro y
excluir de las mismas a los bancos. Con estas premisas, las vías de
solución aplicadas no podían hacer otra cosa que establecer procesos de
integración para que las entidades más fuertes pudieran solventar las
dificultades de las más dañadas y el establecimiento de medidas muy
limitadas y puntuales de recapitalización, siempre con el objetivo de que
las entidades apoyadas volvieran rápidamente a manos privadas.

Desde el inicio de la crisis, los sucesivos gobiernos han
articulado un conjunto de medidas legales que han resultado insuficientes
para abordar la magnitud de la misma y que pueden provocar gravísimos
problemas en el futuro. El sector bancario avanza hacia la conformación
de un poderoso oligopolio constituido con ayudas públicas y formado por
entidades sistémicas a las que será imposible exigir un comportamiento
prudente que no comprometa al propio Estado. Todo el desarrollo legal ha
ido acompañado de un fuerte apoyo económico público para evitar el
derrumbe de las entidades. Aunque las declaraciones públicas han
intentado ocultar el coste para los ciudadanos, las actuaciones de los
sucesivos gobiernos no han sido inocuas para el erario público.

La diversidad de instrumentos utilizados ha sido extensa:
Desde inyecciones directas de capital en las entidades a elevar el aval
implícito a los depósitos que los ahorradores tienen en las entidades
bancarias a 100.000 euros por titular, pasando por suscripción de
participaciones preferentes convertibles, adquisición de activos, avales
a emisiones de deudas, seguros que garantizan pérdidas futuras (esquemas
de protección de activos) y préstamos del Banco Central Europeo. Es
preciso resaltar el apoyo adicional fundamental que han recibido las
entidades bancarias por parte del Banco Central Europeo, organismo
público que ha otorgado financiación ilimitada a los bancos y cajas
españoles que en diciembre de 2012 le adeudaban más de 357 mil millones
de euros a un tipo de interés concesional del 1%. Además, el rescate
obtenido a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad incluye a los
socios europeos entre los actores que han contribuido a sostener el
sector bancario español. El último elemento utilizado ha sido la creación
del SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
reestructuración del sector bancario). Aunque SAREB se presenta como una
sociedad «que no forma parte del sector de Administraciones Públicas»,
todos los grupos parlamentarios somos conscientes de que no es más que
una forma de ocultar una realidad evidente. Para adquirir 50.653 millones
de euros de activos tóxicos, el Estado ha aportado más de 52.000 millones
de euros entre capital, deuda subordinada y deuda avalada. Sin embargo,
el FROB tendrá una participación minoritaria en el capital para evitar
que las pérdidas de SAREB computen como déficit público y la deuda sea
considerada como pública. La sociedad, sus objetivos generales y su
operativa han sido diseñados por el Ministerio de Economía y
Competitividad con el auxilio del Banco de España. Cuenta además con una
Comisión de Seguimiento que controlará su actuación y que estará formada
además de por los anteriormente citados, por el Ministerio de Hacienda y
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Simular que no es una
empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley. Sin
embargo, las declaraciones del Gobierno olvidan las ayudas públicas que
para las entidades ha supuesto la adquisición de esos activos
irrealizables en el momento actual. Además, el efecto más importante no
es el obtenido por las entidades nacionalizadas que han traspasado sus
activos a la misma. Los mayores beneficiarios de la constitución de SAREB
son el resto de entidades bancarias privadas a las que se les permite no
valorar sus activos inmobiliarios a los mismos precios que a las
entidades nacionalizadas además de permitirles participar en la gestión
de la entidad en un evidente y flagrante conflicto de competencia con sus
propios intereses que, en ningún caso pasan por la bajada generalizada de
los precios de los activos inmobiliarios que mostraría con claridad su
situación de insolvencia.

Lo que ahora se hace con esta iniciativa es ordenar el
conjunto de normas dispersas que ha afectado a las cajas de ahorros en
ese proceso de reestructuración, estableciendo una regulación propia para
las cajas y otra para las fundaciones bancarias. Vaya por delante que
esta regulación tendrá una aplicación limitada para las cajas, una vez
producida la conversión de la mayoría de ellas en fundaciones bancarias o
de carácter general.

En otras palabras, con este Proyecto de Ley se certifica el
desmantelamiento de unas entidades centenarias, las cajas de ahorros, que
han llegado a controlar prácticamente la mitad de la cuota del mercado
financiero español. Unas entidades cuya naturaleza se explica por la
ausencia de ánimo de lucro, sin propietarios privados, y en cuyos órganos
de gobierno participan instituciones públicas, depositantes y
trabajadores de cada entidad. Y en las que una parte de sus beneficios
netos de impuestos son dedicados a proyectos sociales a través de la obra
social.

Este proceso de reestructuración de las cajas pasa por
aceptar que ellas han sido el principal problema para la estabilidad del
sistema financiero y que, por tanto, la solución reside en reducirlas a
una mínima expresión, separando definitivamente el negocio bancario de
las cajas o convirtiéndolas en meras entidades testimoniales sin
capacidad económica real para evitar, se nos dice, que puedan ser
entidades sistémicas. Pero, en paralelo, se produce también un proceso de
concentración de capital financiero con la constitución de grupos
bancarios privados de cada vez mayor dimensión, cuyo riesgo sistémico
también es evidente, y que sobreviven gracias al apoyo público y al aval
del Estado.

De hecho, la banca privada pretende utilizar a las cajas
nacionalizadas para mejorar sus balances, comprando barato entidades
saneadas con dinero público, fortalecer su capital y aumentar el número
de depósitos que controlan. No es mal negocio. Pero lo cierto es que los
recursos públicos destinados a rescatar a la banca han hipotecado al
Estado para muchos años, mientras se producen recortes en el gasto
público que afectan al bienestar de la ciudadanía e impiden salir de la
recesión.

La estabilidad del sistema financiero no se va a garantizar
desmantelando las cajas de ahorros y concentrando el negocio financiero
en menos entidades privadas y más grandes. La desaparición de las cajas
como entidades financieras de carácter social, unido a la ausencia de una
banca pública, irá en perjuicio de la mayoría social y podrá alimentar
los procesos de exclusión financiera.

Asimismo, la «privatización» de las cajas puede suponer el
tiro de gracia para la obra social que, sin ser la panacea a los déficits
culturales, sociales o educativos que han de ser corregidos por las
políticas de las administraciones públicas, supone al menos que una parte
de los beneficios generados por la actividad financiera se destine a esos
fines. La mayoría de las obras sociales de las cajas serán gestionadas
por fundaciones, pero lo más relevante es que los nuevos propietarios
seguramente reclamarán mayores retornos y, además, vendrán obligadas a
destinar la mayor parte de su beneficio a reservas, en teoría para
reforzar su solvencia, en detrimento de los fondos sociales.

Todo ello no significa ignorar que en el último ciclo
expansivo se han producido abusos y errores en la gestión de algunas
cajas. Abusos y errores que han sido liderados por una élite de
directivos profesionales, intercambiables con cualquier alto ejecutivo de
la banca privada, que reprodujeron las malas prácticas bancarias y su
operativa alentados por políticas clientelares.

Ese modelo de gestión fue asumido sin demasiadas críticas
por los diferentes grupos representados en los órganos de gobierno de
esas cajas bajo la hegemonía ideológica de los defensores del mercado a
ultranza, que negaban cualquier posibilidad de otras prácticas. La
especulación inmobiliaria estuvo bien engrasada por esos directivos con
financiación fácil y abundante, en muchos casos temeraria, y con
tasaciones desajustadas con relación al valor de los inmuebles.

El estallido de la burbuja inmobiliaria tuvo una
repercusión muy fuerte en el sistema financiero y especialmente en las
entidades más débiles o peor gestionadas. Aunque la vinculación de las
cajas con los promotores fue muy similar a la de los grandes bancos
privados, en las cajas la tasa de crecimiento del crédito al promotor fue
la única que rebasó con creces el aumento de los recursos propios, con el
entusiasmo de sus directivos, el tancredismo político de los
representantes de los partidos y la negligencia de la supervisión del
Banco de España.

Ese fue el modelo profesional de gestión de la mayoría de
cajas, siempre justificado por la rentabilidad, argumento con el que se
acallaban las pocas críticas existentes. Sin embargo, es justo reconocer
que las cajas de ahorros de Euskadi, que según los voceros del
neoliberalismo han estado siempre muy «politizadas», han sido las que
menos problemas han atravesado.

Lo anterior nos sirve para estimar como erróneo el análisis
que sitúa los problemas de las cajas en la composición de sus órganos de
administración obviando el papel de los gestores, además de ser una
visión contraria a la concepción de propiedad de estas entidades y al
papel que en cualquier gestión democrática de una institución social
deben jugar los representantes electos.

Prueba de esa visión es este Proyecto de Ley que incorpora
prejuicios acerca del desarrollo de la función representativa de
intereses generales, ya sean de naturaleza política o social, sancionando
la incompatibilidad de ser cargo electo o cargo ejecutivo de partico
político, asociación empresarial o

sindicato para ser miembro de los órganos de gobierno. Esto
puede acabar por asumir la deslegitimación de la democracia
representativa como elemento no sólo compatible sino imprescindible
también en el gobierno corporativo de las empresas.

Históricamente, en términos de rentabilidad y eficiencia,
las cajas han podido resistir con éxito cualquier comparación con la
banca privada española. Seguramente los problemas de las cajas comenzaron
cuando se bancarizaron imitando la operativa especulativa de la banca
privada y abandonaron su carácter de entidades financieras de carácter
social.

También es histórico el interés de la banca para hacerse
con la actividad de las cajas de ahorros y ampliar su negocio, y los
intentos de «privatización» regulando las llamadas cuotas participativas
para introducir capital privado en las cajas. Si todo ello no funcionó
plenamente en su momento, posiblemente fue por el arraigo social de las
cajas, por su obra social y por una gestión razonable.

Sin embargo, la crisis, los excesos financieros y los
errores en la gestión han supuesto una coartada perfecta para el
desmantelamiento de las cajas, cuyo primer paso fueron los procesos de
fusiones y absorciones entre cajas con financiación pública, continuando
con amortizaciones de empleo y nacionalizaciones para sanear y luego
vender al mejor postor, y acabando con este Proyecto de Ley que certifica
la defunción de las cajas.

Ni siquiera puede aceptarse acríticamente, si alguien lo
pretende, que el desmantelamiento de las cajas de ahorros sea un
requerimiento más de la Unión Europea. Al menos si consideramos que en
Alemania las cajas existen, más allá de sus problemas financieros, y que
en Francia dos de sus principales entidades financieras lo son de capital
social.

Es innegable la importancia capital del sistema financiero
para la economía y para la sociedad en su conjunto. Pero precisamente por
ello es una irresponsabilidad dejar al sistema financiero en manos
privadas en forma de oligopolio bancario sin una banca pública digna de
tal nombre, y permitiéndonos el lujo de defenestrar a instituciones con
cierta finalidad social, cuya gestión puede ser controlada
democráticamente y que pueden vincularse a las necesidades de desarrollo
de los territorios en los que obtienen sus recursos.

Cobra, por tanto, todo sentido que se reivindique la Banca
Pública como instrumento que coadyuve a una salida diferente a la actual
crisis. Pero además es fundamental para que garantice la función que el
sistema financiero debería ejercer, esto es, la de canal de comunicación
entre el ahorro y la inversión productiva. La banca privada ya ha
demostrado sobradamente que, buscando altas tasas de rentabilidad
superiores a las que podría proporcionar la inversión en la economía
real, ha incurrido en riesgos desmesurados que han causado los perversos
efectos que la sociedad está sufriendo. Por ello, la Banca Pública no
debe ser únicamente un medio legítimo que permita la apropiación de los
beneficios por parte de la ciudadanía a través de lo público sino que
debe ser parte de una estrategia más amplia que permita que aquella
ejerza el poder económico y democrático.

Pero los problemas del sector financiero no pueden
abordarse por separado de lo que le sucede al conjunto de la economía.
Hemos de tener presente que la banca no crea riqueza en sí misma y el
proceso de crecimiento basado en el ámbito financiero sin relación con la
economía real está condenado a saltar de una burbuja a otra. La riqueza
es el producto del trabajo humano, los recursos naturales y los medios de
producción. Dicho en otros términos, si los ciudadanos no tienen trabajos
y salarios dignos no pueden devolver ninguna deuda. De hecho, no faltan
recursos para que todo el mundo tenga una existencia digna, el problema
está en quién los tiene y en beneficio de quién se usan. A partir de una
fuerte banca pública y ante el evidente fracaso de la «iniciativa
privada», es necesario poner en marcha un plan de desarrollo del sector
público en todos los terrenos que permita alcanzar el pleno empleo, unos
servicios públicos de una calidad y cuantía suficientes, y empezar a
revertir de forma veraz el expolio de los recursos naturales. Es decir,
poner la economía al servicio de las personas y no al revés.

Por todo ello, cualquier texto que hubiera pretendido
seriamente situar a las Cajas de Ahorros como una herramienta financiera
eficaz para la recomposición del sistema financiero y para el incremento
del crédito, tan necesaria para la superación de la crisis, se debería
asentar sobre los siguientes ejes fundamentales, que desconoce el
proyecto presentado por el Gobierno:

I. Nacionalización irreversible de las cajas de ahorros
intervenidas y sus bancos participados, a fin de convertirlos en una
banca pública. Su gestión será sometida a un control democrático,
vinculada a las políticas sociales y económicas, y sus directivos serán
elegidos de forma democrática y con salarios limitados por los topes
establecidos en el sector público.

II. Todas las ayudas públicas directas o indirectas que
hayan recibido el resto de entidades financieras se transformarán en
acciones, con entrada de representantes públicos en los consejos de
administración de las mismas, que velarán por el estricto cumplimiento de
unas normas de gestión que marquen un límite de endeudamiento máximo para
dichas entidades mucho más bajo que el actual, prohíban las actividades
especulativas, las operaciones hacia y desde paraísos fiscales y
establezcan unos criterios de transparencia, utilidad social y
racionalidad en la concesión de créditos.

III. No se transferirá ni un solo euro de fondos públicos a
ninguna entidad hasta que se complete una auditoría pública,
independiente y transparente de las cuentas de todas las entidades
financieras españolas que permita establecer un plan de saneamiento
efectivo. Dicha auditoría incluirá los activos de las instituciones
financieras en grandes empresas. La investigación ha de servir para
establecer el estado real de los balances de los bancos y grandes
empresas, así como quiénes son los acreedores de dichas deudas y quiénes
se han beneficiado de la política de sobreendeudamiento practicada
durante los años de auge económico.

IV. La nueva banca pública surgida de este proceso tendría
como objetivo fundamental gestionar de manera prudente los ahorros de la
ciudadanía y proporcionar crédito a familias y empresas. Eso implica
definir un modelo de gestión distinto al visto en las cajas de ahorro que
tenga en cuenta criterios sociales y de financiación de la economía
productiva eficaces. Solo así podrá ponerse en marcha un plan estratégico
de salida social a la crisis.

V. Esta banca pública se caracterizará por la transparencia
en sus políticas y por el rendimiento público y transparente de sus
cuentas anuales en un lenguaje asequible para el conjunto de la
ciudadanía.

VI. La Obra Social de las antiguas Cajas, cuya utilidad
social se acredite, se incorporará mediante un proceso adecuado a los
servicios sociales de las diferentes administraciones.