Artículo 3

En la letra a) se introduce una corrección de
puntuación.

En la letra b), en relación con las entidades privadas que
perciben ayudas o subvenciones públicas, se modifica la cuantía de la
cantidad mínima a la que se refiere, que pasa a ser de 5.000 euros, en
lugar de 3.000 euros.

Artículo 4

Se introduce una mejora técnica para aclarar que este
artículo será de aplicación a las personas físicas o jurídicas distintas
de las reguladas en los artículos 2 y 3.

Artículo 5

En su apartado 4 se añade un segundo párrafo relativo a que
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley por parte de
determinadas entidades sin ánimo de lucro podrá realizarse utilizando los
medios electrónicos puestos a disposición por la Administración Pública
de la que provengan las ayudas o subvenciones que perciban.

Artículo 8

En su apartado 1 se introducen las siguientes
modificaciones:

– en las letras a) y b), se añade la obligación de
publicar la duración de los contratos y de las encomiendas de gestión,
respectivamente.

– en la letra g), se elimina la referencia concreta a
la Ley 5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de los miembros
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado, en previsión de su posible modificación, haciéndose una mención
más general.

– en la letra h), se elimina la referencia a los
miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, así como la mención
concreta a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de
los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, en previsión de su posible modificación, haciéndose
una referencia más general.

Artículo 9

Se introduce una mejora técnica en el apartado 2 cuando se
refiere a las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno.

El anterior segundo inciso de este apartado 2 se convierte
en nuevo apartado 3.

Artículo 10

En su apartado 1 se introduce una mejora de su
redacción.

Artículo 11

En las letras b) y c) se corrige la cita de las leyes a que
se refieren.

Artículo 12

En su primer párrafo se introduce una modificación respecto
a la referencia del desarrollo por esta ley de los términos del artículo
105 b) de la Constitución española.

Artículo 13

Se introduce una mejora en su redacción para evitar repetir
la palabra «cualquiera».

Artículo 14

Se introduce una mejora técnica en el encabezamiento del
apartado 1 para unificar los términos utilizados en este artículo que
regula los límites al derecho al acceso.

Artículo 15

Se suprime el apartado 1, renumerándose los anteriores 2 a
6 como 1 a 5.

En el nuevo apartado 1 (antiguo 2) se corrige la cita de la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

En el nuevo apartado 3 (antiguo 4), en su último párrafo,
se introduce una mejora técnica de la referencia del órgano que se
cita.

Artículo 17

Se añade un nuevo apartado 4 en el que se contempla la
posibilidad de que los solicitantes de información puedan dirigirse a las
Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del
Estado.

Artículo 19

En su apartado 2 se introduce una modificación para
contemplar la suspensión del plazo para dictar resolución en los casos en
que el solicitante de información tenga que subsanar su solicitud por no
identificar de forma suficiente la información.

Artículo 20

Se modifica el apartado 2 para prever en la resolución que
el acceso a la información solo podrá tener lugar cuando haya
transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo
al que se refiere el artículo 22.2 de la ley.

Artículo 24

Se introduce una mejora en la redacción de su apartado 6,
en el sentido de sustituir «conocimiento» por «competencia».

Artículo 25

En el apartado 1, en su segundo párrafo, se elimina la
mención concreta a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, en previsión de su posible
modificación, haciéndose una referencia más general.

Artículo 26

En el apartado 2 b) número 4.º se realizan unas
correcciones en su redacción.

Artículo 27

Se elimina la mención concreta a la Ley 5/2006, de 10 de
abril, de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado, en previsión de su
posible modificación, haciéndose una referencia más general.

Artículo 28

En las letras g), l) y p) se corrige la cita de las leyes
que se mencionan.

En la letra h) se realiza una corrección de error,
sustituyendo «enviar» por «evitar».

En la letra n) se realiza una corrección de su
redacción.

Artículo 29

En el apartado 2, letras c) y e), se subsanan errores de
redacción.

Artículo 30

En el apartado 2 se introduce una corrección gramatical en
su encabezamiento.

Asimismo, en dicho apartado 2 se modifica la redacción de
la letra b) para englobar todas las indemnizaciones a las que se pudiera
tener derecho entras el cese.

Artículo 31

En el apartado 2 c) se introduce una mejora técnica a la
hora de referirse a la orden de incoación del procedimiento.

En el apartado 3 se elimina la mención concreta a la Ley
5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de los miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado.

Artículo 32

Se introduce un nuevo apartado 3 para realizar una remisión
a las reglas de prescripción de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 36

En el apartado 2 g) se cita correctamente la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas.

El apartado 3 se modifica para aclarar que solo el
Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tendrá derecho a
remuneración.

En el apartado 4 se realiza una corrección gramatical.

Artículo 37

Se adiciona un nuevo apartado 3 que contempla la
retribución del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno.

Artículo 38

En el apartado 1 se modifica la letra d) para prever que la
memoria del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se presente a las
Cortes Generales, no solo al Congreso de los Diputados.

Asimismo, en dicho apartado 1 se modifica la letra e)
respecto a la función del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de
elaborar borradores de recomendaciones y de directrices y normas de
desarrollo de buenas prácticas.

En el apartado 2 se modifica la letra a) respecto a la
función del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de interpretación de
las obligaciones contenidas en la ley.

Disposición final segunda

Se cita correctamente en el título de la disposición, así
como en su encabezamiento, la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación
de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Disposición final quinta (nueva)

Se incorpora una nueva disposición final, que se numera
quinta, en relación con los medios técnicos y humanos que se van a
adscribir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Disposición final sexta (nueva)

Se incorpora una nueva disposición final, que se numera
sexta, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo.

Renumeración de disposiciones finales

La anteriores disposiciones finales quinta, sexta y séptima
se renumeran como disposiciones finales séptima, octava y novena,
respectivamente.

Antigua disposición final quinta (renumerada séptima)

Se añade un segundo párrafo para prever la aprobación del
Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Antigua disposición final sexta (renumerada octava)

Se cita de forma correcta el artículo 149.1.1.ª de la
Constitución.

Antigua disposición final séptima (renumerada novena)

Se modifican las reglas de entrada en vigor de la ley.

Página
37

Sección 3.ª Régimen de impugnaciones.

Artículo 23. Recursos.

Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno.

TÍTULO II. BUEN GOBIERNO

Artículo 25. Ámbito de aplicación.

Artículo 26. Principios de Buen Gobierno.

Artículo 27. Infracciones y sanciones en materia de
conflicto de intereses.

Artículo 28. Infracciones en materia de gestión
económico-presupuestaria.

Artículo 29. Infracciones disciplinarias.

Artículo 30. Sanciones.

Artículo 31. Órgano competente y procedimiento.

Artículo 32. Prescripción.

TÍTULO III. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Artículo 34. Fines.

Artículo 35. Composición.

Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno.

Artículo 38. Funciones.

Artículo 39. Régimen jurídico.

Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales.

Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del
derecho de acceso a la información pública.

Disposición adicional segunda. Revisión y simplificación
normativa.

Disposición adicional tercera. Corporaciones de Derecho
Público.

Disposición adicional cuarta. Reclamación.

Disposición adicional quinta. Colaboración con la Agencia
Española de Protección de Datos.

Disposición adicional sexta. Información de la Casa de Su
Majestad el Rey.

Disposición adicional séptima.

Disposición adicional octava.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición final cuarta. Modificación de la Disposición
adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Disposición final quinta (nueva).

Disposición final sexta (nueva). Modificación de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.

Preámbulo

I

Los países con mayores niveles en materia de transparencia
y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que
favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos
países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la
capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia.
Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye
a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y
eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.

La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y
refuerza la transparencia en la actividad pública —que se articula
a través de obligaciones de publicidad activa para todas las
Administraciones y entidades públicas—, reconoce y garantiza el
acceso a la información —regulado como un dere

cho de amplio ámbito subjetivo y objetivo— y
establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los
responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de
su incumplimiento —lo que se convierte en una exigencia de
responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia
pública—.

En estas tres vertientes, la Ley supone un importante
avance en la materia y establece unos estándares homologables al del
resto de democracias consolidadas. En definitiva, constituye un paso
fundamental y necesario que se verá acompañado en el futuro con el
impulso y adhesión por parte del Estado tanto a iniciativas
multilaterales en este ámbito como con la firma de los instrumentos
internacionales ya existentes en esta materia.

II

En el Ordenamiento Jurídico español ya existen normas
sectoriales que contienen obligaciones concretas de publicidad activa
para determinados sujetos. Así, por ejemplo, en materia de contratos,
subvenciones, presupuestos o actividades de altos cargos nuestro país
cuenta con un destacado nivel de transparencia. Sin embargo, esta
regulación resulta insuficiente en la actualidad y no satisface las
exigencias sociales y políticas del momento. Por ello, con esta Ley se
avanza y se profundiza en la configuración de obligaciones de publicidad
activa que, se entiende, han de vincular a un amplio número de sujetos
entre los que se encuentran todas las Administraciones Públicas, los
órganos del Poder Legislativo y Judicial en lo que se refiere a sus
actividades sujetas a Derecho administrativo así como otros órganos
constitucionales y estatutarios. Asimismo, la Ley se aplicará a
determinadas entidades que, por su especial relevancia pública, o por su
condición de perceptores de fondos públicos, vendrán obligados a reforzar
la transparencia de su actividad.

La Ley amplía y refuerza las obligaciones de publicidad
activa en distintos ámbitos. En materia de información institucional,
organizativa y de planificación exige a los sujetos comprendidos en su
ámbito de aplicación la publicación de información relativa a las
funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y
su estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y
la evaluación de su grado de cumplimiento. En materia de información de
relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las relaciones
entre la Administración y los ciudadanos, la ley contiene un amplio
repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionarán una mayor

seguridad jurídica. Igualmente, en el ámbito de la
información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, se
establece un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los
ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la
gestión y utilización de los recursos públicos. Por último, se establece
la obligación de publicar toda la información que con mayor frecuencia
sea objeto de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de
transparencia se cohonesten con los intereses de la ciudadanía.

Para canalizar la publicación de tan ingente cantidad de
información y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones de
publicidad activa y, desde la perspectiva de que no se puede, por un
lado, hablar de transparencia y, por otro, no poner los medios adecuados
para facilitar el acceso a la información divulgada, la Ley contempla la
creación y desarrollo de un Portal de la Transparencia. Las nuevas
tecnologías nos permiten hoy día desarrollar herramientas de
extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la
Ley cuyo uso permita que, a través de un único punto de acceso, el
ciudadano pueda obtener toda la información disponible.

La Ley también regula el derecho de acceso a la información
pública que, no obstante, ya ha sido desarrollado en otras disposiciones
de nuestro Ordenamiento. En efecto, partiendo de la previsión contenida
en el artículo 105 b) de nuestro texto constitucional, la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común desarrolla en su artículo 37 el
derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se
encuentren en los archivos administrativos. Pero esta regulación adolece
de una serie de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de forma
reiterada al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar
limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya
terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su
articulación práctica.

Igualmente, pero con un alcance sectorial y derivado de
sendas Directivas comunitarias, otras normas contemplan el acceso a la
información pública. Es el caso de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y de la
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público, que regula el uso privado de documentos en poder de
Administraciones y organismos del sector público. Además, la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a
la vez que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la
Administración por medios electrónicos, se sitúa en un camino en el que
se avanza con esta Ley: la implantación de una cultura de transparencia
que impone la modernización de la Administración, la reducción de cargas
burocráticas y el empleo de los medios electrónicos para la facilitar la
participación, la transparencia y el acceso a la información.

La Ley, por lo tanto, no parte de la nada ni colma un vacío
absoluto, sino que ahonda en lo ya conseguido, supliendo sus carencias,
subsanando sus deficiencias y creando un marco jurídico acorde con los
tiempos y los intereses ciudadanos.

Desde la perspectiva del Derecho comparado, tanto la Unión
Europea como la mayoría de sus Estados miembros cuentan ya en sus
ordenamientos jurídicos con una legislación específica que regula la
transparencia y el derecho de acceso a la información pública. España no
podía permanecer por más tiempo al margen y, tomando como ejemplo los
modelos que nos proporcionan los países de nuestro entorno, adopta esta
nueva regulación.

En lo que respecta a buen gobierno, la Ley supone un avance
de extraordinaria importancia. Principios meramente programáticos y sin
fuerza jurídica se incorporan a una norma con rango de ley y pasan a
informar la interpretación y aplicación de un régimen sancionador al que
se encuentran sujetos todos los responsables públicos entendidos en
sentido amplio que, con independencia del Gobierno del que formen parte o
de la Administración en la que presten sus servicios y, precisamente por
las funciones que realizan, deben ser un modelo de ejemplaridad en su
conducta.

III

El Título I de la Ley regula e incrementa la transparencia
de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o
ejercen potestades administrativas mediante un conjunto de previsiones
que se recogen en dos capítulos diferenciados y desde una doble
perspectiva: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información
pública.

El ámbito subjetivo de aplicación de este Título, recogido
en su Capítulo I, es muy amplio e incluye a todas las Administraciones
Públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas
empresariales y entidades de derecho público, en la medida en que tengan
atribuidas funciones de regulación o control sobre un determinado sector
o actividad, así como a las entidades de Derecho Público con personalidad
jurídica propia, vincula

das o dependientes de cualquiera de las Administraciones
Públicas, incluidas las Universidades Públicas. En relación con sus
actividades sujetas a Derecho administrativo, la Ley se aplica también a
las Corporaciones de Derecho Público, a la Casa de Su Majestad el Rey, al
Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al
Consejo General del Poder Judicial, así como al Banco de España, Consejo
de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo
Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. También se
aplica a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la
participación directa o indirecta de las entidades mencionadas sea
superior al cincuenta por ciento, a las fundaciones del sector público y
a las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y
entidades a las que se ha hecho referencia. Asimismo, se aplicará a los
partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones
empresariales y a todas las entidades privadas que perciban una
determinada cantidad de ayudas o subvenciones públicas. Por último, las
personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas también están obligadas a suministrar a la Administración
a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la
información necesaria para el cumplimiento por aquélla de las
obligaciones de esta Ley. Esta obligación es igualmente aplicable a los
adjudicatarios de contratos del sector público.

El Capítulo II, dedicado a la publicidad activa, establece
una serie de obligaciones para los sujetos incluidos en el ámbito de
aplicación del Título I, que habrán de difundir determinada información
sin esperar una solicitud concreta de los administrados. En este punto se
incluyen datos sobre información institucional, organizativa y de
planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica,
presupuestaria y estadística.

Para favorecer de forma decidida el acceso de todos a la
información que se difunda se creará el Portal de la Transparencia, que
incluirá, además de la información sobre la que existe una obligación de
publicidad activa, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
El Portal será un punto de encuentro y de difusión, que muestra una nueva
forma de entender el derecho de los ciudadanos a acceder a la información
pública. Se prevé además en este punto que la Administración General del
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades
que integran la Administración Local puedan adoptar medidas de
colaboración para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad
activa.

El Capítulo III configura de forma amplia el derecho de
acceso a la información pública, del

que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse
sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se verá
limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia
naturaleza de la información —derivado de lo dispuesto en la
Constitución Española— o por su entrada en conflicto con otros
intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán
atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el
límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto
no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y
de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Asimismo,
dado que el acceso a la información puede afectar de forma directa a la
protección de los datos personales, la Ley aclara la relación entre ambos
derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios. Así, por
un lado, en la medida en que la información afecte directamente a la
organización o actividad pública del órgano prevalecerá el acceso,
mientras que, por otro, se protegen —como no puede ser de otra
manera— los datos que la normativa califica como especialmente
protegidos, para cuyo acceso se requerirá, con carácter general, el
consentimiento de su titular.

Con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un
breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de
información en la Administración General del Estado, lo que facilita el
conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba
presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación.

En materia de impugnaciones se crea una reclamación
potestativa y previa a la vía judicial de la que conocerá el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, organismo de naturaleza independiente de
nueva creación, y que sustituye a los recursos administrativos.

El Título II otorga rango de Ley a los principios éticos y
de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y
altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Igualmente, se
clarifica y refuerza el régimen sancionador que les resulta de
aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la que están
sujetos.

Este sistema busca que los ciudadanos cuenten con
servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de
eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad.
Para cumplir este objetivo, la Ley consagra un régimen sancionador
estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de
intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y

en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan
infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En el ámbito económico-presupuestario resulta destacable que se impondrán
sanciones a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen
pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo
dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversión
de los fondos a los que se refieren la normativa presupuestaria
equivalente. De esta manera se introduce un mecanismo de control
fundamental que evitará comportamientos irresponsables y que resultan
inaceptables en un Estado de Derecho.

La comisión de las infracciones previstas dará lugar a la
imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos que
ocupe el infractor, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la
obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la
obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Debe señalarse que estas
sanciones se inspiran en las ya previstas en la Ley 5/2006, de 10 de
abril, de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado.

Además, se establece la previsión de que los autores de
infracciones muy graves no puedan ser nombrados para ocupar determinados
cargos públicos durante un periodo de entre 5 y 10 años.

El Título III de la Ley crea y regula el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente al que se le
otorgan competencias de promoción de la cultura de transparencia en la
actividad de la Administración Pública, de control del cumplimiento de
las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho
de acceso a la información pública y de la observancia de las
disposiciones de Buen Gobierno. Se crea, por lo tanto, un órgano de
supervisión y control para garantizar la correcta aplicación de la
Ley.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura
como un órgano independiente, con plena capacidad jurídica y de obrar y
cuenta con una estructura sencilla que, a la vez que garantiza su
especialización y operatividad, evita crear grandes estructuras
administrativas. La independencia y autonomía en el ejercicio de sus
funciones vendrá garantizada, asimismo, por el respaldo parlamentario con
el que deberá contar el nombramiento de su Presidente.

Para respetar al máximo las competencias autonómicas,
expresamente se prevé que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
sólo tendrá competencias en aquellas Comunidades Autóno

mas con las que haya firmado convenio al efecto, quedando,
en otro caso, en manos del órgano autonómico que haya sido designado las
competencias que a nivel estatal asume el Consejo.

Las disposiciones adicionales abordan diversas cuestiones
como la aplicación de regulaciones especiales del derecho de acceso, la
revisión y simplificación normativa —en el entendido de que también
es un ejercicio de buen gobierno y una manifestación más de la
transparencia el clarificar la normativa que está vigente y es de
aplicación— y la colaboración entre el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos en la
determinación de criterios para la aplicación de los preceptos de la ley
en lo relativo a la protección de datos personales.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la
transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de
acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos
así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

TÍTULO I

TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO I

ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. Las disposiciones de este Título se aplicarán a:

a) La Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta
y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las Entidades gestoras y los servicios comunes de la
Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las
entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que,
con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por
la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de
carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

d) Las Entidades de Derecho Público con personalidad
jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas
o dependientes de ellas, incluidas las Universidades Públicas.

e) Las Corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a
sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los
Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del
Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el
Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y
Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus
actividades sujetas a Derecho administrativo.

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la
participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este
artículo sea superior al 50 por 100.

h) Las fundaciones del sector público previstas en la
legislación en materia de fundaciones.

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones,
organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los
órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento

Administrativo común en la medida en que, por su peculiar
naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le
resulten aplicables las disposiciones de este Título. En estos casos, el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán
llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del
órgano de cooperación.

Artículo 3. Otros sujetos obligados.

Las disposiciones del Capítulo II de este Título serán
también aplicables a:

Artículo 4. Obligación de suministrar información.

CAPÍTULO II

PUBLICIDAD ACTIVA

Artículo 5. Principios generales.

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de
forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea
relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada
con el funcionamiento y control de la actuación pública.

2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este
Capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa
autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que
prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho
de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y,
especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter
personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la
información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo
se llevará a cabo previa disociación de los mismos.

4. La información sujeta a las obligaciones de
transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o
páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los
interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se
establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la
interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información
publicada así como su identificación y localización.

Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que
persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo
presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios
electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la
que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas
percibidas.

5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y
gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una
modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que
resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de
accesibilidad universal y diseño para todos.

Artículo 6. Información institucional, organizativa y de
planificación.

1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de
este Título publicarán información relativa a las funciones que
desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su
estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama
actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos
y su perfil y trayectoria profesional.

2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y
programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos,
así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.
Su grado de cumplimiento y resultados

deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica
junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se
determine por cada Administración competente.

En el ámbito de la Administración General del Estado
corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del
cumplimiento de estos planes y programas.

Artículo 7. Información de relevancia jurídica.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus
competencias, publicarán:

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o
respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en
la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos
jurídicos.

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos
Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los
dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que
no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el
momento de su aprobación.

c) Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les
corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la
publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los
órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga,
necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de
elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del
análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de
3 de julio.

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial
vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante
su tramitación.

Artículo 8. Información económica, presupuestaria y
estadística.

1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este
Título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los
actos de gestión administrativa con repercusión económica o
presupuestaria que se indican a continuación:

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el
porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de
cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos
del sector público.

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con
indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

d) Los presupuestos, con descripción de las principales
partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre
su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las
Administraciones Públicas.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de
auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de
control externo que sobre ellos se emitan.

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos
cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de
la aplicación de este Título. Igualmente, se harán públicas las
indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del
cargo.

i) La información estadística necesaria para valorar el
grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su
competencia, en los términos que defina cada administración
competente.

2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán
publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del
apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o
convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de
publicar la información prevista en la letra c) en relación a las
subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una
Administración Pública.

3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de
los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten
algún derecho real.

Artículo 9. Control.

1. El cumplimiento por la Administración General del Estado
de las obligaciones contenidas en este Capítulo será objeto de control
por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Artículo 10. Portal de la Transparencia.

2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, la información de la
Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor
frecuencia.

3. La Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta
y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local podrán
adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este
capítulo.

Artículo 11. Principios técnicos.

El Portal de la Transparencia contendrá información
publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan
reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:

a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada
sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la
identificación y búsqueda de la información.

CAPÍTULO III

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Sección 1.ª Régimen General

Artículo 12. Derecho de acceso a la información
pública.

Artículo 13. Información Pública.

Artículo 14. Límites al derecho de acceso.

a) La seguridad nacional.

b) La defensa.

c) Las relaciones exteriores.

d) La seguridad pública.

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos
penales, administrativos o disciplinarios.

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y
la tutela judicial efectiva.

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección
y control.

h) Los intereses económicos y comerciales.

i) La política económica y monetaria.

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e
industrial.

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto
requerido en procesos de toma de decisión.

l) La protección del medio ambiente.

2. La aplicación de los límites será justificada y
proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las
circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un
interés público o privado superior que justifique el acceso.

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en
la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de
publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que
contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.

Artículo 15. Protección de datos personales.

Si la información incluyese datos especialmente protegidos
a los que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisión de
infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación
pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se
cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera
amparado por una norma con rango de Ley.

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del
transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

b) La justificación por los solicitantes de su petición en
el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de
investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o
estadísticos.

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en
caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter
meramente identificativo de aquéllos.

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en
caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su
intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

Artículo 16. Acceso parcial.

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites
previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información,
se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada
por el límite salvo que de ello resulte una informa

ción distorsionada o que carezca de sentido. En este caso,
deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido
omitida.

Sección 2.ª Ejercicio del derecho de acceso a la
información pública

Artículo 17. Solicitud de acceso a la información.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso
se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que
deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea
la información. Cuando se trate de información en posesión de personas
físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, Organismo
o Entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren
vinculadas.

2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que
permita tener constancia de:

a) La identidad del solicitante.

b) La información que se solicita.

c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica,
a efectos de comunicaciones.

d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a
la información solicitada.

3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud
de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por
los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando
se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será
por si sola causa de rechazo de la solicitud.

4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las
Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del
Estado en el territorio en el que radique la Administración en
cuestión.

Artículo 18. Causas de inadmisión.

1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada,
las solicitudes:

a) Que se refieran a información que esté en curso de
elaboración o de publicación general.

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de
apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes,
comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades
administrativas.

c) Relativas a información para cuya divulgación sea
necesaria una acción previa de reelaboración.

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la
información cuando se desconozca el competente.

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un
carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta
Ley.

2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir
la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que
acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su
juicio, es competente para conocer de la solicitud.

Artículo 19. Tramitación.

1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en
poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo
conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.

3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos
o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un
plazo de 15 días para que puedan realizar las alegaciones que estimen
oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así
como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan
recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su
presentación.

4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun
obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o
generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la
solicitud a éste para que decida sobre el acceso.

Artículo 20. Resolución.

1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso
deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo
hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la
solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que
el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo
hagan necesario y previa notificación al solicitante.

3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la
información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso
se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la
solicitud ha sido desestimada.

5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la
información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de
interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo
24.

6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver
en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la
aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la
correspondiente normativa reguladora.

Artículo 21. Unidades de Información.

1. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de
aplicación de este Título establecerán sistemas para integrar la gestión
de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de
su organización interna.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado,
existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes
funciones:

a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el
Capítulo II del Título I de esta Ley.

b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a
la información.

c) Realizar los trámites internos necesarios para dar
acceso a la información solicitada.

d) Realizar el seguimiento y control de la correcta
tramitación de las solicitudes de acceso a la información.

e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la
información.

f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o
sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más
frecuencia.

g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que
queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder
del órgano.

h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una
correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley.

3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de
aplicación de este Título identificarán claramente el órgano competente
para conocer de las solicitudes de acceso.

Artículo 22. Formalización del acceso.

1. El acceso a la información se realizará preferentemente
por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya
señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el
momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en
cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.

2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo
tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido
el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se
haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la
información.

3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución
podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.

4. El acceso a la información será gratuito. No obstante,
la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato
diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los
términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que
resulte aplicable.

Sección 3.ª Régimen de impugnaciones

Artículo 23. Recursos.

1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá
la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra
las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1 f)
sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno.

1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia
de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su
impugnación en vía contencioso-administrativa.

2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o
desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del
silencio administrativo.

3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo
dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuando la denegación del acceso a la información se
fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se
otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de
audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen
lo que a su derecho convenga.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá
desestimada.

5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter
personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en
que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los
interesados.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en
aplicación de este artículo.

TÍTULO II

BUEN GOBIERNO

Artículo 25. Ámbito de aplicación.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado las
disposiciones de este Título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a
los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la

Administración General del Estado y de las entidades del
sector público estatal, de derecho público o privado, vinculadas o
dependientes de aquella.

2. Este Título será de aplicación a los altos cargos o
asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de
aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las
Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados
anteriores de las disposiciones contenidas en este Título no afectará, en
ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.

Artículo 26. Principios de Buen Gobierno.

1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de
este Título observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en
la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico y
promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades
públicas.

2. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes:

a) Principios generales:

1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos
públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y
eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.

2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio
público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos
principios.

3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que
mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés
particular.

4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de
ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.

5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de
sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios
públicos.

6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los
ciudadanos con esmerada corrección.

7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y
actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de
otras que fueran exigibles legalmente.

Página
63

Artículo 28. Infracciones en materia de gestión
económico-presupuestaria.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes
conductas cuando sean culpables:

a) La incursión en alcance en la administración de los
fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los
tipos que se contemplan en las letras siguientes.

b) La administración de los recursos y demás derechos de la
Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su
liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.

c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de
obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para
realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra
normativa presupuestaria que sea aplicable.

d) La omisión del trámite de intervención previa de los
gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del
procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos
suspensivos de la intervención, regulado en la normativa
presupuestaria.

e) La ausencia de justificación de la inversión de los
fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria o, en su caso, la normativa
presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la
General del Estado.

f) El incumplimiento de la obligación de destinar
íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el
presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con
lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el
incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario
a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos
en el artículo 32 de la citada Ley.

i) La suscripción de un convenio de colaboración o
concesión de una subvención a una Administración Pública que no cuente
con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril.

j) La no presentación o la falta de puesta en marcha en
plazo del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio de
conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril.

k) El incumplimiento de las obligaciones de publicación o
de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y
económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera
formulado requerimiento.

m) La no adopción de las medidas previstas en los planes
económico-financieros y de reequilibrio, según corresponda, previstos en
los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

ñ) La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no
constitución del depósito que se hubiere solicitado o la falta de
ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de Expertos cuando se
hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo
26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el
Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el artículo 26.1 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Artículo 29. Infracciones disciplinarias.

1. Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución
y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el
acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por
razón de sexo.

c) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que
causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

d) La publicación o utilización indebida de la
documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón
de su cargo o función.

e) La negligencia en la custodia de secretos oficiales,
declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su
publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

f) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales
inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

g) La violación de la imparcialidad, utilizando las
facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier
naturaleza y ámbito.

h) La prevalencia de la condición de alto cargo para
obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

i) La obstaculización al ejercicio de las libertades
públicas y derechos sindicales.

j) La realización de actos encaminados a coartar el libre
ejercicio del derecho de huelga.

k) El acoso laboral.

l) La comisión de una infracción grave cuando el autor
hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año
anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.

2. Son infracciones graves:

a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

b) La intervención en un procedimiento administrativo
cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que
se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la
Administración o se utilice en provecho propio.

f) La comisión de una infracción leve cuando el autor
hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año
anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.

3. Son infracciones leves:

a) La incorrección con los superiores, compañeros o
subordinados.

b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus
funciones y el incumplimiento de los principios de actuación del artículo
26.2 b) cuando ello no constituya infracción grave o muy grave o la
conducta no se encuentre tipificada en otra norma.

Artículo 30. Sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con una
amonestación.

a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el
Boletín Oficial del Estado o diario oficial que corresponda.

3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán
en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior.

4. Los sancionados por la comisión de una infracción muy
grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado
y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o
asimilado durante un periodo de

entre 5 y 10 años con arreglo a los criterios previstos en
el apartado siguiente.

5. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves
se sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 131.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los
siguientes:

a) La naturaleza y entidad de la infracción.

b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio
causado.

c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia
de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.

d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la
Hacienda Pública respectiva.

e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de
la infracción por propia iniciativa.

f) La reparación de los daños o perjuicios causados.

En la graduación de las sanciones se valorará la existencia
de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en
los ciudadanos, y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por
el desempeño de actividades públicas incompatibles.

6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de
delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal
General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la
autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso
penal.

7. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en
una norma administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la
Administración competente para la instrucción del correspondiente
procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la
terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria respecto de las
infracciones previstas en el artículo 28, pudiéndose tramitar el
procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al
procedimiento sancionador.

8. En todo caso la comisión de las infracciones previstas
en el artículo 28 conllevará las siguientes consecuencias:

a) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades
percibidas o satisfechas indebidamente.

b) La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los
términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.

Artículo 31. Órgano competente y procedimiento.

1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por
acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como
consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o
denuncia de los ciudadanos.

La responsabilidad será exigida en procedimiento
administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de
los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la
incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.

2. El órgano competente para ordenar la incoación será:

a) Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del
Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta
del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

b) Cuando los presuntos responsables sean personas al
servicio de la Administración General del Estado distintas de los
anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

4. La competencia para la imposición de sanciones
corresponderá:

a) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la
condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.

b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del
Estado.

c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de
las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, los órganos que tengan
atribui

das estas funciones en aplicación del régimen disciplinario
propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra
los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad
Local de que se trate.

5. Las resoluciones que se dicten en aplicación del
procedimiento sancionador regulado en este Título serán recurribles ante
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Artículo 32. Prescripción.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas
en este Título será de cinco años para las infracciones muy graves, tres
años para las graves y un año para las leves.

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones
muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones
graves a los tres años y las que sean consecuencia de la comisión de
infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.

3. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados
en los dos apartados anteriores, así como para las causas de su
interrupción, se estará a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley
30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TÍTULO III

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como
organismo público de los previstos en la Disposición Adicional Décima de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con
autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Artículo 34. Fines.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por
finalidad promover la transparencia de la

actividad pública, velar por el cumplimiento de las
obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de
acceso a la información pública y garantizar la observancia de las
disposiciones de Buen Gobierno.

Artículo 35. Composición.

El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno estará
compuesto por los siguientes órganos:

a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno que lo será también de su Comisión.

Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

1. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá
todas las competencias que le asigna esta Ley así como aquellas que les
sean atribuidas en su normativa de desarrollo.

2. Dicha Comisión estará compuesta por:

a) El Presidente.

b) Un Diputado.

c) Un Senador.

d) Un representante del Tribunal de Cuentas.

e) Un representante del Defensor del Pueblo.

f) Un representante de la Agencia Española de Protección de
Datos.

h) Un representante de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal.

Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno.

1. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante
Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y
competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para
el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado
por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato
propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la
correspondiente comunicación.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición
propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del
correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones,
incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad
sobrevenida o condena por delito doloso.

3. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público
empresarial y otras entidades.

Artículo 38. Funciones.

1. Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes
funciones:

a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de
las obligaciones contenidas en esta Ley.

b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la
información pública y Buen Gobierno.

c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de
carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su
objeto.

f) Promover actividades de formación y sensibilización para
un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.

g) Colaborar, en las materias que le son propias, con
órganos de naturaleza análoga.

h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango
legal o reglamentario.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno ejercerá las siguientes funciones:

b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de
publicidad contenidas en el Capítulo II del Título I de acuerdo con lo
previsto en el artículo 9 de esta Ley.

c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en
aplicación del artículo 24 de esta Ley.

d) Responder las consultas que, con carácter facultativo,
le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes
de acceso a la información.

e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto
en el Título II de esta Ley. El órgano competente deberá motivar, en su
caso, su decisión de no incoar el procedimiento.

f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.

g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango
legal o reglamentario.

Artículo 39. Régimen jurídico.

1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se regirá,
además de por lo dispuesto en esta Ley, por:

a) Las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria que le sean de aplicación. Anualmente elaborará un
anteproyecto de presupuesto con la estructura que establezca el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al
Gobierno y su posterior integración en los Presupuestos Generales del
Estado.

b) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

c) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas y, en lo no previsto en ella, por el Derecho
privado en sus adquisiciones patrimoniales.

d) La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público y las demás normas aplicables al personal funcionario de
la Administración General del Estado, en materia de medios
personales.

e) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y por la normativa que le sea de aplicación, en lo no dispuesto por esta
Ley, cuando desarrolle sus funciones públicas.

2. El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto
el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se
establecerá su organización, estructura, funcionamiento, así como todos
los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

3. Con carácter general, los puestos de trabajo del Consejo
de Transparencia y Bueno Gobierno serán desempeñados por funcionarios
públicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público y las normas de función pública
aplicables al personal funcionario de la Administración General del
Estado. El personal laboral podrá desempeñar puestos de trabajo que se
ajusten a la normativa de función pública de la Administración General
del Estado. Asimismo, el personal que pase a prestar servicios en el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante los procedimientos de
provisión previstos en la Administración General del Estado mantendrá la
condición de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la
legislación aplicable.

4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contará para
el cumplimiento de sus fines con los siguientes bienes y medios
económicos:

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con
cargos a los Presupuestos Generales del Estado.

b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así
como los productos y rentas del mismo.

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle
atribuidos.

Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará
anualmente a las Cortes Generales una

memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el
grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El
Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá ante
la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como
cuantas veces sea requerido para ello.

Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del
derecho de acceso a la información pública.

1. La normativa reguladora del correspondiente
procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de
quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento
administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.

2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley
con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen
jurídico específico de acceso a la información.

3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no
previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la
información ambiental y a la destinada a la reutilización.

Disposición adicional segunda. Revisión y simplificación
normativa.

1. La Administración General del Estado acometerá una
revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de su
ordenamiento jurídico. Para ello, habrá de efectuar los correspondientes
estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en
su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer
la elaboración de un texto refundido, de conformidad con las previsiones
constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir,
según el rango de las normas que queden afectadas.

2. A tal fin, la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes elaborará un Plan de Calidad y Simplificación Normativa y se
encargará de coordinar el proceso de revisión y simplificación normativa
respecto del resto de departamentos ministeriales.

3. Las Secretarías Generales Técnicas de los diferentes
departamentos ministeriales llevarán a cabo el proceso de revisión y
simplificación en sus ámbitos competenciales de actuación, pudiendo
coordinar su actividad con los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas que, en ejercicio de las competencias que le son propias y en
aplicación del principio de cooperación administra

tiva, lleven a cabo un proceso de revisión de sus
respectivos ordenamientos jurídicos.

Disposición adicional tercera. Corporaciones de Derecho
Público.

Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Título I de esta Ley, las Corporaciones de Derecho Público podrán
celebrar convenios de colaboración con la Administración Pública
correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la
representación en su ámbito concreto de actividad.

Disposición adicional cuarta. Reclamación.

1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo
24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las
Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por
las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano
independiente que determinen las Comunidades Autónomas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, contra las
resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones
análogas al Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribunal de
Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas reclamaciones
sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia
para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar
el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en
el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los
gastos derivados de esta asunción de competencias.

3. Las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán designar
sus propios órganos independientes o bien atribuir la competencia al
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, celebrando al efecto un
convenio en los términos previstos en el apartado anterior.

Disposición adicional quinta. Colaboración con la Agencia
Española de Protección de Datos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia
Española de Protección de Datos adoptarán conjuntamente los criterios de
aplicación, en su ámbito de actuación, de las reglas contenidas en el
artículo 15 de esta Ley, en particular en lo que respecta a la
ponderación del interés público en el acceso a la información y la
garantía

de los derechos de los interesados cuyos datos se
contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Disposición adicional sexta. Información de la Casa de Su
Majestad el Rey.

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será
el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se
solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su
Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión que
pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de las
disposiciones de esta Ley.

Disposición adicional séptima.

El Gobierno aprobará un plan formativo en el ámbito de la
transparencia dirigido a los funcionarios y personal de la Administración
General del Estado, acompañado, a su vez, de una campaña informativa
dirigida a los ciudadanos. El Gobierno incorporará al sector público
estatal en el Plan Nacional de Responsabilidad Social Corporativa.

Disposición adicional octava.

El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas regularán en sus respectivos
reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta Ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en los siguientes términos:

Uno. El artículo 35 h) pasa a tener la siguiente
redacción:

«h) Al acceso a la información pública, archivos y
registros.»

Dos. El artículo 37 pasa a tener la siguiente
redacción:

«Artículo 37. Derecho de acceso a la información
pública.

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información
pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones
establecidas en la Constitución, en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno y demás leyes que resulten de
aplicación.»

El apartado 4 del artículo 14 queda redactado como
sigue:

«4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos
patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado
y demás Altos Cargos previstos en el artículo 3 de esta ley se publicarán
en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos
reglamentariamente. En relación con los bienes patrimoniales, se
publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de
estos Altos Cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su
localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus
titulares.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Se modifica el apartado 4 del artículo 136 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria que quedará redactado
como sigue:

«Las entidades que deban aplicar principios contables
públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus
cuentas en el Registro Mercantil, publicarán anualmente en el «Boletín
Oficial del Estado», el balance de situación y la cuenta del resultado
económico-patrimonial, un resumen de los restantes estados que conforman
las cuentas anuales y el informe de auditoría de cuentas. A estos
efectos, la Intervención General de la Administración del Estado

determinará el contenido mínimo de la información a
publicar.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Disposición
adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Se modifica el apartado 1 de la Disposición adicional
décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, el cual quedará redactado en los
siguientes términos:

«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo
de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia
Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial
Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Museo Nacional del Prado y
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su
legislación específica y supletoriamente por esta Ley.»

Disposición final quinta (nueva).

El Gobierno adoptará las medidas necesarias para optimizar
el uso de los medios técnicos y humanos que se adscriban al Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno.

Disposición final sexta (nueva). Modificación de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.

Se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en los
siguientes términos:

Uno. Se añade un apartado 5 al artículo 2, con la redacción
siguiente:

«5. Serán aplicables al administrador nacional del registro
de derechos de emisión previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, con las excepciones que se determinen
reglamentariamente, las obligaciones de información y de control interno
contenidas en los capítulos III y IV de la presente Ley.»

Dos. Se añade un apartado 6 al artículo 7, con la redacción
siguiente:

«6. Reglamentariamente podrá autorizarse la no aplicación
de todas o algunas de las medidas de diligencia debida o de conservación
de documentos en relación con aquellas operaciones ocasionales que no
excedan de un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumulado por
periodos temporales.»

Tres. Se da nueva redacción al artículo 9, con el siguiente
tenor literal:

«Artículo 9. Medidas simplificadas de diligencia
debida.

Los sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y
con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas
simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes,
productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de blanqueo de
capitales o de financiación del terrorismo.»

Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 10, con el
siguiente tenor literal:

«Artículo 10. Aplicación de medidas simplificadas de
diligencia debida.

La aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida
será graduada en función del riesgo, con arreglo a los siguientes
criterios:

a) Con carácter previo a la aplicación de medidas
simplificadas de diligencia debida respecto de un determinado cliente,
producto u operación de los previstos reglamentariamente, los sujetos
obligados comprobarán que comporta efectivamente un riesgo reducido de
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

b) La aplicación de las medidas simplificadas de diligencia
debida será en todo caso congruente con el riesgo. Los sujetos obligados
no aplicarán o cesarán de aplicar medidas simplificadas de diligencia
debida tan pronto como aprecien que un cliente, producto u operación no
comporta riesgos reducidos de blanqueo de capitales o de financiación del
terrorismo.

c) Los sujetos obligados mantendrán en todo caso un
seguimiento continuo suficiente para detectar operaciones susceptibles de
examen especial de conformidad con lo prevenido en el artículo 17.»

Cinco. Se da nueva redacción al artículo 14, con el
siguiente tenor literal:

«Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.

1. Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas
de diligencia debida previstas en este artículo en las relaciones de
negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública.

Se considerarán personas con responsabilidad pública las
siguientes:

a) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones
públicas importantes por elección, nombramiento o investidura en otros
Estados miembros de la Unión Europea o terceros países, tales como los
jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de
Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los
magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras
altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente
recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los
miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales
de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y
encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas;
los miembros de los órganos de administración, de gestión o de
supervisión de empresas de titularidad pública.

b) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones
públicas importantes en el Estado español, tales como los altos cargos de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de
intereses de la Administración General del Estado; los parlamentarios
nacionales y del Parlamento Europeo; los magistrados del Tribunal Supremo
y Tribunal Constitucional, con inclusión de los miembros equivalentes del
Ministerio Fiscal; los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de
España; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal
militar de las Fuerzas Armadas; y los directores, directores adjuntos y
miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una
organización internacional, con inclusión de la Unión Europea.

c) Asimismo, tendrán la consideración de personas con
responsabilidad pública aquellas que desempeñen o hayan desempeñado
funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los
Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de
Gobierno, así como los altos cargos y los diputados autonómicos y, en el
ámbito local espa

ñol, los alcaldes, concejales y demás altos cargos de los
municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Autónoma de
las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, o cargos de alta
dirección en organizaciones sindicales o empresariales o partidos
políticos españoles.

Ninguna de estas categorías incluirá empleados públicos de
niveles intermedios o inferiores.

2. En relación con los clientes o titulares reales que
desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por
elección, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la
Unión Europea o en un país tercero, los sujetos obligados, además de las
medidas normales de diligencia debida, deberán en todo caso:

a) Aplicar procedimientos adecuados de gestión del riesgo a
fin de determinar si el cliente o el titular real es una persona con
responsabilidad pública. Dichos procedimientos se incluirán en la
política expresa de admisión de clientes a que se refiere el artículo
26.1.

b) Obtener la autorización del inmediato nivel directivo,
como mínimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.

c) Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen
del patrimonio y de los fondos.

d) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la
relación de negocios.

3. Los sujetos obligados, además de las medidas normales de
diligencia debida, deberán aplicar medidas razonables para determinar si
el cliente o el titular real desempeña o ha desempeñado alguna de las
funciones previstas en los párrafos b) y c) del apartado primero de este
artículo.

Se entenderá por medidas razonables la revisión, de acuerdo
a los factores de riesgo presentes en cada caso, de la información
obtenida en el proceso de diligencia debida.

En el caso de relaciones de negocio de riesgo más elevado,
los sujetos obligados aplicarán las medidas previstas en los párrafos b),
c) y d) del apartado precedente.

4. Los sujetos obligados aplicarán las medidas establecidas
en los dos apartados anteriores a los familiares y allegados de las
personas con responsabilidad pública.

A los efectos de este artículo tendrá la consideración de
familiar el cónyuge o la persona ligada de forma estable por análoga
relación de

afectividad, así como los padres e hijos, y los cónyuges o
personas ligadas a los hijos de forma estable por análoga relación de
afectividad.

Se considerará allegado toda persona física de la que sea
notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o
persona jurídicos conjuntamente con una persona con responsabilidad
pública, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas
con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento
o persona jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de
la misma.

5. Los sujetos obligados aplicarán medidas razonables para
determinar si el beneficiario de una póliza de seguro de vida y, en su
caso, el titular real del beneficiario, es una persona con
responsabilidad pública con carácter previo al pago de la prestación
derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo
o pignoración conferidos por la póliza.

En el caso de identificar riesgos más elevados, los sujetos
obligados, además de las medidas normales de diligencia debida,
deberán:

a) Informar al inmediato nivel directivo, como mínimo,
antes de proceder al pago, rescate, anticipo o pignoración.

b) Realizar un escrutinio reforzado de la entera relación
de negocios con el titular de la póliza.

c) Realizar el examen especial previsto en el artículo 17 a
efectos de determinar si procede la comunicación por indicio de
conformidad con el artículo 18.

6. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los
apartados anteriores, cuando, por concurrir las circunstancias previstas
en el artículo 17, proceda el examen especial, los sujetos obligados
adoptarán las medidas adecuadas para apreciar la eventual participación
en el hecho u operación de quien ostente o haya ostentado en España la
condición de cargo público representativo o alto cargo de las
Administraciones Públicas, o de sus familiares o allegados.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando
las personas contempladas en los apartados precedentes hayan dejado de
desempeñar sus funciones, los sujetos obligados continuarán aplicando las
medidas previstas en este artículo por un periodo de dos años.»

Seis. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 26,
con el siguiente tenor literal:

«4. Las medidas de control interno se establecerán a nivel
de grupo, con las especificaciones que se determinen reglamentariamente.
A efectos de la definición de grupo, se estará a lo dispuesto en el
artículo 42 del Código de Comercio.»

Siete. Se da nueva redacción al artículo 42, con el
siguiente tenor literal:

«Artículo 42. Sanciones y contramedidas financieras
internacionales.

1. Las sanciones financieras establecidas por las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a la
prevención y supresión del terrorismo y de la financiación del
terrorismo, y a la prevención, supresión y disrupción de la proliferación
de armas de destrucción masiva y de su financiación, serán de obligada
aplicación para cualquier persona física o jurídica en los términos
previstos por los reglamentos comunitarios o por acuerdo del Consejo de
Ministros, adoptado a propuesta del Ministro de Economía y
Competitividad.

2. Sin perjuicio del efecto directo de los reglamentos
comunitarios, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de
Economía y Competitividad, podrá acordar la aplicación de contramedidas
financieras respecto de países terceros que supongan riesgos más elevados
de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o financiación de
la proliferación de armas de destrucción masiva.

El acuerdo de Consejo de Ministros, que podrá adoptarse de
forma autónoma o en aplicación de decisiones o recomendaciones de
organizaciones, instituciones o grupos internacionales, podrá imponer,
entre otras, las siguientes contramedidas financieras:

a) Prohibir, limitar o condicionar los movimientos de
capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como
las transferencias, de o hacia el país tercero o de nacionales o
residentes del mismo.

b) Someter a autorización previa los movimientos de
capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como
las transferencias, de o hacia el país tercero o de nacionales o
residentes del mismo.

c) Acordar la congelación o bloqueo de los fondos y
recursos económicos cuya propiedad,

tenencia o control corresponda a personas físicas o
jurídicas nacionales o residentes del país tercero.

d) Prohibir la puesta a disposición de fondos o recursos
económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas
físicas o jurídicas nacionales o residentes del país tercero.

e) Requerir la aplicación de medidas reforzadas de
diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de
nacionales o residentes del país tercero.

f) Establecer la comunicación sistemática de las
operaciones de nacionales o residentes del país tercero o que supongan
movimientos financieros de o hacia el país tercero.

g) Prohibir, limitar o condicionar el establecimiento o
mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación de las
entidades financieras del país tercero.

h) Prohibir, limitar o condicionar a las entidades
financieras el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u
oficinas de representación en el país tercero.

i) Prohibir, limitar o condicionar las relaciones de
negocio o las operaciones financieras con el país tercero o con
nacionales o residentes del mismo.

j) Prohibir a los sujetos obligados la aceptación de las
medidas de diligencia debida practicadas por entidades situadas en el
país tercero.

k) Requerir a las entidades financieras la revisión,
modificación y, en su caso, terminación, de las relaciones de
corresponsalía con entidades financieras del país tercero.

l) Someter las filiales o sucursales de entidades
financieras del país tercero a supervisión reforzada o a examen o
auditoría externos.

m) Imponer a los grupos financieros requisitos reforzados
de información o auditoría externa respecto de cualquier filial o
sucursal localizada o que opere en el país tercero.

3. Competerá al Servicio Ejecutivo de la Comisión la
supervisión e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo.»

Ocho. Se da nueva redacción al artículo 52.1.u), con el
siguiente tenor literal:

«u) El incumplimiento de la obligación de aplicar sanciones
o contramedidas financieras internacionales, en los términos del artículo
42.»

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