De hecho, la Comisión Nacional de la Energía en su informe
3/2013 sobre la propuesta de Orden por la que se establecen los peajes de
acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las
instalaciones del Régimen Especial afirma que las causas que provocan que
la insuficiencia económica del sistema eléctrico en 2013 sea similar a la
de 2012 son debidas fundamentalmente al incremento de determinadas
partidas de costes, tales como el servicio de interrumpibilidad (264,9
M¤) derivado de la aplicación de la Orden IET/2804/2012; a la
incorporación de partidas de costes no consideradas en la propuesta de
Orden de diciembre (991,4 M¤), tales como la anualidad de 2012, la
devolución de la financiación del bono social, el impacto de la revisión
del tipo de interés provisional al definitivo de los desajustes, el
impacto de la actualización del coste de los combustibles en los SEIE, el
incentivo a la disponibilidad en el transporte y el de calidad y
reducción de pérdidas en la distribución; y a la reducción de ingresos
regulados como consecuencia de la eliminación en la propuesta de Orden de
febrero de 2013, de los términos de progresividad en los peajes de acceso
de consumidores conectados en baja tensión con menos de 10 kW de potencia
contratada y la no consideración de ingresos por los suplementos
territoriales. La suma de ambos ingresos considerados en la propuesta de
Orden diciembre de 2012, asciende a 480 M¤.

Como se puede observar por las conclusiones de la CNE, no
serían exclusivamente las energías renovables, tal como se expone en el
mismo título del Proyecto de Ley, la causa de la necesidad de los 2.200
millones de euros de decrédito que se están pidiendo sino también otros
costes del sistema eléctrico.

En ningún sitio se hace referencia al aumento de ciertos
costes de diversificación que no tienen ningún sentido en el momento
actual, como los costes de interrumpibilidad en un escenario de
sobrecapacidad del sistema.

Tampoco aparece en el diagnóstico la partida de los
sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares. La CNE evaluó este
sobrecoste para 2013 en 1.755 M¤ en su informe 35/2012. La legislación
establece que se deberá pagar a través de los Presupuestos Generales del
Estado, y por eso no se menciona en la memoria económica de la orden de
peajes, pero en los PGE aprobados para el 2013 se determina que «con
efectos uno de enero de 2013 y por vigencia indefinida, queda en suspenso
la aplicación del mecanismo de compensación con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado». De hecho, en el 2012 ya ocurrió algo similar, y
las discrepancias entre los Ministros de industria y de hacienda se
saldaron incorporando los 1.217 M¤ al déficit tarifario. Así que es
previsible que vuelva a pasar lo mismo para el 2013.

No es aceptable una ley que en su exposición de motivos
insiste en negar un diagnóstico global de la situación y se empeña
exclusivamente en demonizar las energías renovables, y acusarlas en
exclusiva del déficit tarifario. El desajuste existente se debe a un
problema estructural de la regulación del sector eléctrico cuya solución
pasa por un cambio profundo y no por múltiples retales aprobados por el
Gobierno que sólo crean incertidumbre, inseguridad jurídica y no
solucionan los desajustes.

Si no se cambia en profundidad la regulación del sistema
eléctrico y se revisan todos los conceptos del déficit tarifario con una
auditoría continuará aumentando la hipoteca de todos los ciudadanos con
las compañías eléctricas e incumpliendo las previsiones de costes.

Las cifras planteadas en esta ley y las previsiones sobre
las que se fundamenta ya no se corresponden ni a los informes de la CNE
sobre las cifras y son incompatibles con las decisiones del Gobierno
sobre la evolución de la tarifa eléctrica y la propia realidad de los
datos del mercado eléctrico en 2013.

Por lo tanto, consideramos que el Gobierno de España debe
retirar este proyecto de ley por el que se establece la financiación con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del
sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el
fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de
2.200.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, para buscar el consenso con el resto de grupos
parlamentarios, organizaciones ecologistas y grupos sociales para
elaborar un acertado y no sesgado diagnóstico de la situación del déficit
tarifario así como para abordar una reforma integral de la Ley del Sector
Eléctrico que configure un mercado competitivo y transparente, que
internalice los costes ambientales y sociales derivados de cada tipo de
tecnología, y que fomente el ahorro y la independencia energética.

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