1. Las entidades habilitadas para la concesión de créditos
con garantía hipotecaria por la legislación sectorial vigente sólo podrán
otorgar préstamos para la adquisición de viviendas si se cumplen las
condiciones siguientes:

a. Que el pago mensual conjunto de los intereses y
amortización del capital no supere el 30% de los ingresos personales o
familiares de los obligados en las operaciones de crédito hipotecario.

b. Que el plazo de amortización del crédito hipotecario no
sea superior a los 30 años.

c. Que el importe del crédito hipotecario no supere el 80%
del valor de tasación de la vivienda hipotecada y en caso alguno exceda
del 100% del precio escriturado. En los casos de viviendas sujetas a un
régimen de protección pública, podrá llegarse al 100%, siempre que el
valor corresponda con los módulos o precios determinados en la
correspondiente normativa protectora.

2. Reglamentariamente se establecerán los criterios de
fijación de los porcentajes y plazos establecidos para evitar el
sobreendeudamiento personal y familiar.

3. Los intereses moratorios de los préstamos hipotecarios
para la adquisición de vivienda no podrán en caso alguno superar el
interés de demora legal fijado cada año en las Leyes Generales de
Presupuestos del Estado y en ningún caso podrán superar el doble del
interés legal del dinero.”»

MOTIVACIÓN

Se construye un sistema de límites temporales y
cuantitativos en el otorgamiento de los créditos hipotecarios para la
adquisición de una vivienda. Estos límites, homologables a los existentes
en otros estados de la Unión Europea, supondrán una contención y un freno
a un futuro sobreendeudamiento hipotecario y a la vez contribuirán a una
mejor relación entre la capacidad mediana de compra de la ciudadanía y
los precios de la vivienda. Por otra parte, se fija una limitación a los
intereses moratorios de los préstamos hipotecarios, atendida la
constatación del exceso que se ha venido produciendo, y que está
generando situaciones que la sociedad aprecia como claramente injustas.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 5, numerando como
uno el texto de la proposición de ley, con la siguiente redacción:

«Uno bis (nuevo). Se suprime el apartado 3.º de la
Disposición Transitoria Única de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por
la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del
Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero,
de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por
la que se establece determinada norma tributaria.»

Texto que se suprime:

«3. La ampliación de capital, sin alteración o pérdida de
rango de la hipoteca inscrita, en los términos previstos en el artículo
13, apartado 2, de la presente Ley, por el que se da nueva redacción al
artículo 4 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y
modificación de préstamos hipotecarios, sólo será aplicable a las
hipotecas constituidas a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley.»

MOTIVACIÓN

Con esta restricción, se dificultan extraordinariamente las
operaciones de reestructuración de deudas, quedando excluidos los
préstamos y créditos hipotecarios concertados, precisamente, durante
algunos de los años en los que la burbuja inmobiliaria alcanzó sus
mayores cotas y, por tanto, exigían un mayor esfuerzo a los adquirentes.
Con la finalidad de facilitar las operaciones de reestructuración y
disminuir de este modo el número de ejecuciones hipotecarias, debe
suprimirse esta restricción, de todo punto injustificada.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 7. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

El número 1 del artículo 579 modificado en el apartado
cinco del artículo 7, queda redactado en los siguientes términos:

«1. Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra
bienes hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria se
estará a lo dispuesto en el capítulo V de este Título. Si, subastados los
bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para
cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad
que falte y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias
aplicables a toda ejecución. No obstante, en caso que el bien ejecutado
sea la vivienda habitual del deudor, no se podrá iniciar la ejecución
dineraria.»

MOTIVACIÓN

Se plantea la dación en pago en la ejecución hipotecaria
como solución que libere a las familias hipotecadas de los efectos
perversos de la concesión excesiva de crédito por parte de las entidades
financieras. En el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda
habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el
pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los
intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la
ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.

ENMIENDA NÚM. 4

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 7. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado diez del artículo 7 queda redactado en los
siguientes términos:

«Diez. El artículo 671 queda redactado del siguiente
modo:

“Artículo 671. Subasta sin ningún postor.

Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá
el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por una cantidad igual o
superior al 60% de su valor de tasación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en caso de
que la ejecución afectare a la vivienda habitual, el ejecutante solo
podrá pedir la adjudicación por el 80% del valor de tasación en el
momento de constitución de la hipoteca o por la cantidad que se le
debiera por todos los conceptos, si esta fuere superior al 80%
mencionado.

Cuando el acreedor, en el plazo de 20 días, no hiciere uso
de esa facultad, el Secretario judicial procederá al alzamiento del
embargo, a instancia del ejecutado.”»

MOTIVACIÓN

Se eleva el porcentaje de adjudicación de la vivienda
embargada para adecuarlo a los límites de sobreendeudamiento establecidos
para créditos hipotecarios y como mecanismo para equilibrar los derechos
de los consumidores.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 7. Catorce.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado catorce del artículo 7 queda redactado como
sigue:

«Catorce. El artículo 695 queda redactado del siguiente
modo:

“Artículo 695. Oposición a la ejecución.

1. En los procedimientos a que se refiere este Capítulo
sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las
siguientes causas:

1.ª Extinción de la garantía o de la obligación
garantizada, siempre que se presente certificación del Registro expresiva
de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin
desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de
la garantía.

2.ª Error en la determinación de la cantidad exigible,
cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una
cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su
ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y sólo
se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea
distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante.

No será necesario acompañar libreta cuando el procedimiento
se refiera al saldo resultante del cierre de cuentas corrientes u
operaciones similares derivadas de contratos mercantiles otorgados por
entidades de crédito, ahorro o financiación en los que se hubiere
convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución será la
especificada en certificación expedida por la entidad acreedora, pero el
ejecutado deberá expresar con la debida precisión los puntos en que
discrepe de la liquidación efectuada por la entidad.

3.ª En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o
sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción
de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o
embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el
procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente
certificación registral.

4.ª Sin perjuicio de la posible actuación de oficio de
jueces y Tribunales, en caso de ejecución de bienes inmuebles hipotecados
que constituyan la vivienda habitual del deudor que tenga la condición de
consumidor, podrá oponerse a la ejecución alegando el carácter abusivo de
alguna de las cláusulas del título por el que se solicita el despacho de
ejecución.

2. Formulada la oposición a la que se refiere el apartado
anterior, el Secretario judicial suspenderá la ejecución y convocará a
las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la
orden general de ejecución, debiendo mediar cuatro días desde la
citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a las partes, admitirá
las pruebas que se presenten, siguiéndose el trámite previsto para
incidentes y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro
del segundo día.

3. El auto que estime la oposición acordará sobreseer la
ejecución o en su caso determinará la cantidad por la que haya de
seguirse la ejecución, en función de la causa alegada por el deudor en la
oposición a la ejecución.

De estimarse la causa 4.ª, se acordará el sobreseimiento de
la ejecución cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución. En
caso de que el carácter abusivo de la cláusula hubiese determinado la
cantidad exigible, el juez resolverá lo que proceda al respecto. En otro
caso, se continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula
abusiva.

4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la
ejecución podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de este caso, los autos que decidan la oposición a
que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y
sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en
que se dicten.”»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la STC del Tribunal de Justicia de
Luxemburgo.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 7. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 7 con la
siguiente redacción:

«Quince (nuevo). El artículo 698 queda redactado del
siguiente modo:

“Artículo 698. Reclamaciones no comprendidas en los
artículos anteriores.

Cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y
cualquier interesado pueda formular y que no se halle comprendida en los
artículos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad del título o
sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se
ventilarán en el juicio que corresponda, estando facultado el juez para
suspender cautelarmente el procedimiento de ejecución sobre bienes
hipotecados o pignorados cuando la reclamación se fundamente en la
existencia de cláusulas abusivas.

La competencia para conocer de este proceso se determinará
por las reglas ordinarias.”»

MOTIVACIÓN

En coherencia a la STC del Tribunal de Justicia de
Luxemburgo, que hace referencia a la adopción de medidas cautelares entre
ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución
hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar
la plena eficacia de su decisión final.

ENMIENDA NÚM. 7

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 7. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 7 con la
siguiente redacción:

«Diez bis (nuevo). Se añade un nuevo artículo, 675 bis que
queda redactado de la siguiente forma:

1. No se podrá acordar el lanzamiento del inmueble en el
seno de la ejecución hipotecaria cuando se trate de la vivienda habitual
del ejecutado y cuando el impago del préstamo hipotecario sea debido a
motivos ajenos a su voluntad.

2. El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la
vivienda a título de arrendamiento por un periodo de cinco años desde la
fecha de la adjudicación.

3. El importe de la renta mensual del arrendamiento no
podrá ser superior al 30% de los ingresos mensuales del
arrendatario.»

MOTIVACIÓN

Se regula la paralización de los lanzamientos derivados de
ejecuciones hipotecarias, proponiéndose la conversión de la vivienda
adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del
ocupante, con unos importes de renta situados en el 30 % de la renta del
arrendatario.

ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 7. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 7 con la
siguiente redacción:

«Trece bis (nuevo). Se añade un nuevo apartado 4 al
artículo 693 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil con
el siguiente redactado:

“4. Si el bien ejecutado fuese la vivienda habitual,
el deudor podrá comparecer con anterioridad a la celebración de la
subasta solicitando la entrega del bien hipotecado en pago de la deuda
garantizada. En este caso, el Tribunal dictará resolución autorizando la
entrega y acordando la adjudicación del inmueble al ejecutante en pago
del total de la deuda garantizada, extinguiéndose la misma junto con los
intereses y costas.”»

MOTIVACIÓN

Se plantea la dación en pago en la ejecución hipotecaria
como solución que libere a las familias hipotecadas de los efectos
perversos de la concesión excesiva de crédito por parte de las entidades
financieras. En el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda
habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el
pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los
intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la
ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 7. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 7, con la
siguiente redacción:

«Catorce bis (nuevo). Se añade una nueva Disposición
Adicional Séptima a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
con el siguiente redactado:

“Disposición Adicional Séptima. Aplicación
retroactiva.

A los procesos de ejecución hipotecaria tramitados de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del Título IV del Libro III
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los que el bien hipotecado sea la
vivienda habitual del deudor, si no se ha celebrado la subasta en la
fecha de entrada en vigor de la presente ley, les será de aplicación lo
establecido en los artículos 693.4 y 579 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

En los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda
habitual en los que se haya celebrado subasta en la fecha de entrada en
vigor de la presente ley, el ejecutante no podrá pedir que se despache la
ejecución dineraria. En caso de que ya se hubiese iniciado la ejecución
dineraria en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el
Secretario judicial dictará decreto dando por terminada la ejecución,
quedando extinguida la deuda principal, junto con los intereses y
costas.”»

MOTIVACIÓN

Se introduce la aplicación retroactiva de la dación en pago
en la ejecución hipotecaria.

Página
38

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 7, con la
siguiente redacción:

«Nueve bis (nuevo). Se modifica el artículo 670.4 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, al final del cual se
añade un nuevo párrafo, con el siguiente texto:

“No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores,
en el caso de que la ejecución afectase a la vivienda habitual, las
posturas mínimas admisibles deberán ser de al menos el 80% del valor de
tasación en el momento de constitución de la hipoteca.”»

MOTIVACIÓN

Se eleva el porcentaje de adjudicación de la vivienda
embargada para adecuarlo a los límites de sobreendeudamiento establecidos
para créditos hipotecarios y como mecanismo para equilibrar los derechos
de los consumidores.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 7. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 7, con la
siguiente redacción:

«Trece bis (nuevo). Se añade un nuevo apartado 4 al art.
693 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil con el
siguiente redactado:

“Artículo 693. Reclamación limitada a parte del
capital o de los intereses cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes.
Vencimiento anticipado de deudas a plazos.

Apartado 4 (Nuevo):

En la liquidación de los préstamos con garantía hipotecaria
la base sobre la que se calculen los intereses de demora estará integrada
sólo por las cantidades efectivamente impagadas, y su devengo se
interrumpirá en el momento en que se interponga la demanda judicial
ejecutiva o declarativa.”»

MOTIVACIÓN

El art. 693.3 LEC permite al deudor liberar el bien de la
ejecución hipotecaria, tratándose de vivienda habitual, pagando las
cuotas vencidas en el momento de presentación de la demanda y, por tanto,
limitando los intereses de demora al importe de esas cuotas. Nada
impediría establecer que los intereses de demora se calcularan sólo sobre
las cuotas vencidas y no satisfechas.

Página
40

c) Las viviendas desocupadas de que sean titulares las
administraciones públicas y sus empresas, tanto estatal, como autonómicas
y locales, que reúnan condiciones de habitabilidad y no estén en proceso
de adjudicación.

2. Los activos que integren el Fondo Social de Viviendas se
destinarán a vivienda pública en alquiler por un periodo mínimo de cinco
años a precio protegido.

3. El importe de la renta mensual del arrendamiento no
podrá ser superior al 30% de los ingresos mensuales del arrendatario.

4. El Estado establecerá la normativa básica para
determinar el derecho de acceso al Fondo Social de Viviendas y las
condiciones de transferencia a las Comunidades Autónomas de aquellas
viviendas procedentes de los supuestos contemplados en los apartados a) y
b) del epígrafe 1 de este articulo, que en colaboración con los
Ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro serán las competentes
para la gestión y administración de las viviendas adscritas al Fondo.

5. Las entidades titulares de viviendas referidas en el
epígrafe 1 del presente artículo, tanto públicas como privadas, deberán
dotarse de un plan de inversión anual para dotar de las debidas
condiciones de habitabilidad aquellas viviendas que, formando parte de su
patrimonio o habiéndolas sido transferidas, no reúnan dichas condiciones,
a los efectos de incorporarlas cuanto antes al Fondo Social de
Viviendas.»

MOTIVACIÓN

Se amplía el Fondo Social de Viviendas con aquellos
inmuebles de entidades financieras nacionalizadas, viviendas de entidades
financieras participadas por el FROB y viviendas desocupadas de
titularidad pública. Además se especifica que dichos activos se
destinarán a vivienda pública de alquiler por un periodo de cinco años a
precio protegido y que la gestión del Fondo correrá a cargo de las CCAA
que las gestionarán en colaboración con ayuntamientos y organizaciones
sin ánimo de lucro.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición Adicional. Reestructuración ordenada de las
deudas para deudores hipotecarios.

El Gobierno en el plazo de tres meses presentará un
Proyecto de Ley de Segunda Oportunidad que permita a los deudores
hipotecarios proceder a la reestructuración ordenada de sus deudas.

En este proyecto de Ley se establecerá una regulación
específica para los deudores hipotecarios que será de aplicación a
cualquier deuda, sea cual fuere la fase de reclamación en que se
encuentre.»

MOTIVACIÓN

Dado que el texto actual representa una respuesta
insuficiente al drama de los desahucios, va a continuar siendo necesario
plantear alternativas para aliviar la deuda de las familias
afectadas.

Página
42

residencial por un periodo mínimo de cinco años. La
justificación de disposición de vivienda adecuada podrá ser aportada
también por autoridad administrativa competente en materia de vivienda o
de servicios sociales, así como por entidades sociales del ámbito
asistencial sin ánimo de lucro.

b) Que se presente convenio firme de liquidación ordenada
de las deudas del afectado, aprobado en procedimiento judicial o
extrajudicial, que incluya tanto la liquidación o cancelación de la deuda
hipotecaria como la garantía del derecho a la vivienda, en cualquiera de
los términos previstos en el apartado anterior.

c) En todo caso el convenio o acuerdo que se presenté
deberá aprobado por el Juez, una vez oídas todas las partes
intervinientes y afectadas, a fin de comprobar la concurrencia de las
circunstancias previstas en el apartado 1.

3. Suspensión de devengo de intereses.

Quedará en suspenso el devengo de intereses por los
importes adeudados que sean objeto de la ejecución hipotecaria, tanto
ordinarios como moratorios, desde el momento en que se solicite la
suspensión del procedimiento hipotecario, por las causas y con los
objetivos definidos en el artículo primero, en tanto se mantenga la
suspensión en los términos previstos en el artículo segundo, o bien gane
firmeza el Auto por el que no se haya dado lugar a la suspensión, por no
concurrir los supuestos previstos en los dos primeros apartados del
artículo primero.»

MOTIVACIÓN

Se establece una moratoria universal e indefinida de los
procedimientos hipotecarios, a petición del deudor, en cualquier fase en
que se encuentre su tramitación, siempre que se cumplan las condiciones
de domicilio habitual, insolvencia sobrevenida y no disponibilidad de
otra vivienda con las que satisfacer el derecho. Dicha paralización, que
incluye también la suspensión en el devengo de intereses, se mantendrá
mientras no se acuerde la dación en pago, o se incluya en un
procedimiento de liquidación ordenada de las deudas de la persona
afectada, conocido como “de segunda oportunidad” que también
puede incluir la quita de la deuda o una refinanciación de la misma,
siempre en condiciones ajustadas a las posibilidades económicas del
deudor, y en cuyo procedimiento se garantice en todo caso el derecho a
disponer de una vivienda digna, adecuada a sus posibilidades, ya sea en
la misma u otra que se le ponga a disposición del Fondo Social de
Vivienda.

ENMIENDA NÚM. 17

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Modificación del Real
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos.

El Gobierno en el plazo de 2 meses procederá a la
modificación del Anexo del Código de Buenas Prácticas para la
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la
vivienda habitual en los siguientes términos:

a) Establecer el carácter obligatorio de la mediación y
arbitraje judicial como paso previo a cualquier procedimiento de
ejecución hipotecaria. Durante este periodo de mediación quedarán en
suspenso tanto el procedimiento de ejecución hipotecaria como la
generación de intereses ordinarios o de demora.

b) Introducir la libre elección del deudor en relación a
las alternativas de protección de deudores hipotecarios que se plantean:
reestructuración de la deuda, quita de la deuda y dación en pago, en
función de las circunstancias personales de los afectados.

c) Suprimir los condicionantes y limitaciones de carácter
personal o familiar que se figuran en el actual R.D.-L. 6/2012 de 9 de
marzo, a fin de adecuarlos a los mismos condicionantes previstos en el
artículo 1 de la presente Ley.»

MOTIVACIÓN

Mediante esta enmienda se plantea una reforma en
profundidad del Código de Buenas Prácticas Bancarias para obligar a las
entidades bancarias a su sometimiento, para que sean las familias y las
personas afectadas quienes decidan la solución a aplicar y por último, se
elimina la casuística personal, social o económica para su acceso,
exigiendo como condiciones: insolvencia sobrevenida, domicilio habitual y
no estar en posesión de otros bienes muebles.

ENMIENDA NÚM. 18

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Paralización de los
lanzamientos por impago de rentas de alquiler.

1. La moratoria establecida en la presente Ley se aplicará
a los procedimientos de lanzamiento por impago de rentas de alquiler
siempre y cuando se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 1,
a petición del arrendatario o de la autoridad administrativa competente
en materia de servicios sociales o vivienda.

2. En estos supuestos, la suspensión del lanzamiento se
mantendrá hasta en tanto la administración competente en materia de
servicios sociales o vivienda no realoje a la persona o unidad de
convivencia afectada.

3. Si el realojamiento se demora por más de tres meses, a
contar de la petición de suspensión, el arrendatario tendrá derecho a ser
resarcido del importe de los alquileres que se acrediten a partir de
dicho término, por la administración competente en materia de servicios
sociales o vivienda.

4. En todo lo no previsto en los apartados anteriores, será
de aplicación a la suspensión de los lanzamientos por impago de alquiler
lo previsto en los artículos primero y segundo de esta ley.»

MOTIVACIÓN

El proyecto de Ley presentado por el Gobierno excluye de la
moratoria a los desahucios de vivienda en régimen de alquiler. Por ello,
esta enmienda incorpora esta casuística con las debidas adaptaciones por
la singularidad de la situación de este tipo de contratos, de forma que
se aceleren los términos de realojamiento y, caso de tratarse de
arrendadores no profesionales, no se vean afectados sus intereses
legítimos, garantizando un fondo de pago de rentas.

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45

vivienda en caso de que el deudor quiera acogerse a la
dación en pago, y debe determinar los recursos económicos que puede
reservarse el deudor para satisfacer las necesidades familiares propias
durante la vigencia del plan.

2. La comisión de sobreendeudamiento, tras verificar que la
solicitud de inicio de un procedimiento extrajudicial de liquidación
ordenada de las deudas cumple los requisitos establecidos en el apartado
1, levanta acta del inicio del procedimiento y, en el plazo de cinco
días, lo comunica a todos los acreedores y a los registros públicos en
los que estén inscritos los bienes o derechos del deudor. Cualquier
embargo, hipoteca, carga o gravamen posteriores a la nota marginal de
inicio del procedimiento quedan cancelados al aprobarse el plan de
liquidación ordenada de las deudas.

3. La comisión de sobreendeudamiento, en el plazo de cinco
días desde la apertura del procedimiento extrajudicial de liquidación
ordenada de las deudas, debe comunicarlo al juez que tramita el
procedimiento de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual del deudor
para que suspenda el procedimiento judicial.

4. La comisión de sobreendeudamiento, en el plazo de un mes
desde el inicio de un procedimiento extrajudicial de liquidación ordenada
de las deudas, debe elaborar un informe en el que se determinen la lista
definitiva de acreedores, el inventario de bienes y derechos del deudor,
los motivos del sobreendeudamiento y la propuesta de plan de liquidación
ordenada de las deudas. Puede también adoptar medidas de limitación de
las facultades de disposición del deudor durante la tramitación del
procedimiento.

5. Desde la aprobación del informe al que se refiere el
apartado 4, el deudor y los acreedores disponen de un mes para negociar
de buena fe un acuerdo sobre el plan de liquidación ordenada de las
deudas. Durante la negociación del plan, la comisión de
sobreendeudamiento puede requerir la intervención de los servicios de la
administración pública competentes en materia de derecho a la vivienda,
de consumo o de servicios sociales para que presten su asesoramiento a
las partes y les faciliten información sobre los recursos públicos
disponibles. Las partes pueden asimismo acogerse al procedimiento de
mediación aplicable de acuerdo con la legislación de mediación civil; en
ese caso, el período de negociación puede tener una duración de tres
meses.

6. En caso de que, al finalizar el plazo de negociación del
plan de liquidación ordenada de las deudas, las partes no hayan llegado a
un acuerdo, la comisión de sobreendeudamiento puede aprobar el plan de
liquidación ordenada de las deudas que considere que se ajusta a las
necesidades de las partes. La resolución de aprobación del plan puede
determinar la liberación de la deuda no cubierta al finalizar la
liquidación.

7. El plan de liquidación ordenada de las deudas podrá
acordar la liquidación del préstamo con garantía hipotecaria que afecte a
la vivienda habitual, así como las alternativas de permanencia en la
vivienda en caso de que el deudor quiera acogerse a la dación en pago. En
caso de que el acuerdo conlleve el abandono de la vivienda habitual, la
comisión de sobreendeudamiento, a petición de la persona afectada, puede
requerir la intervención en el procedimiento de las administraciones con
competencias en materia de servicios sociales y de vivienda para que
adopten las medidas necesarias para garantizar al deudor un alojamiento
temporal mientras carezca de vivienda y para que le faciliten la
orientación, ayudas y avales que puedan corresponderle de acuerdo con los
programas de ayuda a la vivienda.

8. El plan de liquidación ordenada de las deudas debe
determinar los recursos económicos que el deudor puede reservarse para
satisfacer las necesidades familiares propias durante la vigencia del
plan, y puede acordar la limitación de las facultades de disposición del
deudor durante la misma. La resolución de aprobación del plan de
liquidación ordenada de las deudas se publicará en el correspondiente
boletín oficial.

9. La liberación de la deuda no cubierta por la liquidación
sólo puede acordarse una vez agotado el plazo establecido en el plan.
Durante el período de vigencia del plan, la comisión de
sobreendeudamiento debe comprobar el cumplimiento del plan de pagos, la
liquidación de los bienes, si procede, y la situación patrimonial del
deudor.

10. En el plazo de quince días desde la publicación de la
aprobación por parte de la comisión de sobreendeudamiento del plan de
liquidación ordenada de las deudas, los acreedores que se hayan
manifestado en contra del plan pueden impugnarlo, siempre que sus
créditos representen como mínimo el 20% del pasivo del deudor. La
impugnación, que se sustanciará por los trámites de un incidente
concursal, debe formalizarse ante el juez de lo mercantil competente para
conocer del procedimiento concursal. La estimación de la impugnación del
plan de liquidación ordenada de las deudas aprobado por

la comisión de sobreendeudamiento conlleva la obligación
del deudor de solicitar la declaración de concurso, que se tramitará con
las especialidades del procedimiento abreviado regulado en el artículo
191 quáter de la Ley concursal; en ese supuesto, los pagos ya liquidados
en virtud del plan son reintegrables al patrimonio del deudor.

11. El plan de liquidación ordenada de las deudas aprobado
por la comisión de sobreendeudamiento deviene firme si no es impugnado en
el plazo establecido en el apartado 10 o si la impugnación, en su caso,
se desestima. La certificación del plan, emitida por el secretario de la
comisión de sobreendeudamiento competente, tiene la consideración de
título ejecutivo, a efectos de lo establecido en el artículo 517 de la
Ley de enjuiciamiento civil.

12. El acreedor que haya sido omitido en la relación de
acreedores incluida en el plan de liquidación ordenada de las deudas
aprobado por la comisión de sobreendeudamiento no queda vinculado por el
plan, y podrá ejercer individualmente sus derechos como acreedor ante los
tribunales, pero no podrá impugnar el plan.

13. En caso de que, al finalizar el plazo de negociación
del plan de liquidación ordenada de las deudas, las partes no lleguen a
un acuerdo, la comisión de sobreendeudamiento, si no aprueba un plan,
debe dictar una resolución que concluya el procedimiento, incluyendo un
informe final sobre el procedimiento seguido, las propuestas realizadas
por las partes, los principales puntos de acuerdo y desacuerdo entre el
deudor y los acreedores y, en su caso, los informes del mediador y los
representantes de las administraciones que hayan intervenido.

14. En caso de que se ponga fin al procedimiento
extrajudicial de liquidación ordenada de las deudas por incumplimiento
por parte del deudor del plan de liquidación ordenada de las deudas o por
falta de aprobación de un plan por parte de la comisión de
sobreendeudamiento, el deudor, en el plazo de dos meses desde la
resolución que concluya el procedimiento, debe solicitar la declaración
de concurso.

15. El deudor, para la tramitación de un procedimiento
extrajudicial de liquidación de las deudas, puede ejercer el derecho de
asistencia jurídica gratuita, en los términos del artículo 6.1 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

3. Comisiones de sobreendeudamiento.

1. Las comisiones de sobreendeudamiento tienen ámbito
territorial autonómico.

2. Las comisiones de sobreendeudamiento están formadas por
un mínimo de cinco miembros, entre los cuales debe haber personas de
reconocido prestigio o de experiencia contrastada en los ámbitos
jurídico, de la mediación y de la administración concursal y personas en
representación de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las
entidades financieras que participan en el mercado hipotecario en el
ámbito territorial de la comisión. La comisión es presidida por uno de
sus miembros, ejerciendo otro de los miembros, que debe ser funcionario
con el título de licenciatura o grado en derecho, las funciones de
secretaría, incluida la fe pública de los acuerdos de la comisión.

3. Sin perjuicio de la aplicación a las comisiones de
sobreendeudamiento de las normas de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en lo
que corresponda, el desarrollo normativo de las comisiones compete a las
comunidades autónomas, a través de un reglamento que debe regular, como
mínimo, su composición, en el marco establecido por la presente ley, su
estructura territorial, ajustada al mercado hipotecario de la respectiva
comunidad autónoma, y las especialidades de sus normas de funcionamiento
y de su organización administrativa que sean necesarias para el ejercicio
de las funciones que les atribuye la presente ley.»

MOTIVACIÓN

Se articula un procedimiento extrajudicial de carácter
administrativo que evita que, en caso de una insolvencia que sea causada
principalmente pero no únicamente por el sobreendeudamiento hipotecario,
deba recurrirse directamente a un procedimiento concursal, con la
conveniente desjudicialización de determinados procedimientos y la
garantía de la tutela de los tribunales mediante mecanismos de
impugnación. Este procedimiento extrajudicial conlleva un plan de
liquidación ordenada de las deudas.

En función de la situación del deudor, el procedimiento
puede incluir medidas inmediatas, como la dación en pago, u otras que
garanticen la permanencia en la vivienda, como forma de hacer efectivo el
derecho a la vivienda, o puede posibilitar, en cualquier caso, la
participación en el procedimiento de las

autoridades competentes en materia de servicios sociales y
de vivienda, para que le sean ofrecidas al deudor todas las posibilidades
de ayudas para garantizarle este derecho.

En el procedimiento extrajudicial de liquidación de las
deudas también puede acordarse la exoneración del pasivo pendiente,
exoneración que no tiene carácter automático, sino que tendrá plenos
efectos una vez finalizado el período de seguimiento del plan, de una
duración máxima de cinco años.

En caso de que el plan de liquidación sea impugnado, o en
caso de que el deudor lo incumpla, puede iniciarse un procedimiento
concursal, abreviado y muy simplificado, ante el juzgado mercantil
competente.

ENMIENDA NÚM. 20

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Se insta al gobierno a
presentar en el plazo de dos meses un proyecto de ley de modificación de
la legislación reguladora de las haciendas locales, para incluir una
bonificación del 99% en la determinación del impuesto del incremento del
valor de los terrenos generado en operaciones de dación en pago de la
vivienda habitual.»

MOTIVACIÓN

Se hace referencia a la problemática fiscal detectada
cuando se producen daciones en pago, para que el deudor no deba hacer
frente a impuestos injustos en el IRPF, de transmisiones o de incremento
sobre el valor de los terrenos.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Se insta al gobierno a
presentar en el plazo de dos meses un proyecto de ley de modificación de
la legislación del IRPF para evitar que las operaciones de dación en pago
puedan interpretarse como ganancias patrimoniales sujetas a pago por
parte del deudor, en la parte que exceda del valor del bien otorgado a la
vivienda habitual.»

MOTIVACIÓN

Se hace referencia a la problemática fiscal detectada
cuando se producen daciones en pago, para que el deudor no deba hacer
frente a impuestos injustos en el IRPF, de transmisiones o de incremento
sobre el valor de los terrenos.

ENMIENDA NÚM. 22

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade la siguiente Disposición Adicional Nueva:

«Disposición adicional (nueva). Cláusulas abusivas en los
contratos de crédito hipotecario para la adquisición de la vivienda
habitual.

En un procedimiento de ejecución hipotecaria se admitirá la
oposición del ejecutado si se fundamenta en la existencia de cláusulas
abusivas en el contrato de préstamo hipotecario. En tal caso, si el
deudor se opone a la ejecución y, en el plazo de veinte días desde la
notificación del despacho de ejecución, interpone una demanda de juicio
declarativo, el juez que tramita el procedimiento de ejecución
hipotecaria, si aprecia que la demanda resulta fundada, puede suspender
la ejecución hasta que se dicte la resolución del procedimiento
declarativo.

El deudor también podrá, en este procedimiento, oponerse a
los intereses moratorios que se reclamen, invocando su carácter abusivo,
instando su anulación o, en todo caso, la moderación judicial de los
intereses moratorios conforme al art. 1.154 del Código Civil.»

MOTIVACIÓN

Es necesario que se pueda suspender la ejecución
hipotecaria cuando exista un procedimiento declarativo en el que se trata
sobre cláusulas abusivas del contrato.

En la regulación procesal de los intereses de demora hay un
claro desequilibrio. En el antiguo procedimiento judicial-sumario de
ejecución hipotecaria, regulado por el antiguo artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, el acreedor no podía reclamar los intereses de demora. Para
ello, debía instar otro procedimiento. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en
2001, derogó dicho procedimiento y lo sustituyó por el vigente de
ejecución especial sobre los bienes hipotecados, en el que los jueces
admiten que el acreedor incluya la reclamación por intereses de demora.
Sin embargo —y ahí está el desequilibrio— no hay trámite en
dicho procedimiento para que el deudor pueda pedir la moderación judicial
de los intereses moratorios conforme al art. 1.154 Cc. Sin duda, debe
modificarse la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir dicho trámite.

ENMIENDA NÚM. 23

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Supuestos de subasta del
bien hipotecado cuando se trate de vivienda con protección oficial.

1. Las ejecuciones hipotecarias de viviendas sometidas a
cualquier régimen de protección pública están sujetas a las siguientes
limitaciones:

a) El precio máximo de la enajenación no puede ser superior
al que corresponda a la vivienda en su condición de vivienda de
protección pública.

b) El adjudicatario de la vivienda objeto de ejecución debe
cumplir todos los requisitos que establezca la legislación aplicable a
las viviendas con protección oficial.

c) La entidad responsable de la ejecución debe comunicar a
la administración pública competente la celebración de la subasta, la
identificación completa del bien, el resultado de la subasta y, en su
caso, la identidad de la persona adjudicataria y el precio obtenido.

2. En las ejecuciones hipotecarias de viviendas sometidas a
cualquier régimen de protección pública, la administración pública
competente por razón de la ubicación de la vivienda ejecutada debe
verificar, de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, el
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 1, relativos
a la persona adjudicataria y a la idoneidad del precio de la
enajenación.»

MOTIVACIÓN

Se incluye una específica mención a las ejecuciones
hipotecarias de las viviendas de protección pública.

ENMIENDA NÚM. 24

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade la siguiente Disposición Adicional:

«Disposición adicional (nueva). Se insta al gobierno a
presentar, en el plazo de dos meses, las iniciativas legislativas
necesarias y las modificaciones reglamentarias, para garantizar la total
independencia e imparcialidad de las sociedades de tasación que actúan en
el mercado hipotecario, en especial a las de las entidades de crédito de
cualquier clase y de las entidades promotoras y comercializadoras de
vivienda y, en su caso, a aprobar en el mismo plazo las modificaciones
reglamentarias necesarias al mismo efecto.»

MOTIVACIÓN

Es necesario avanzar hacia un sistema que garantice la
independencia e imparcialidad de las sociedades de tasación.

Página
51

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente
contenido:

«Disposición adicional (nueva). Oficina de Atención a las
Personas Afectadas por Cláusulas Abusivas en procesos de ejecución
hipotecaria.

El Gobierno en el plazo de 3 meses y en coordinación con
las Comunidades Autónomas creará una Oficina de Atención a las Personas
Afectadas por Cláusulas Abusivas en procesos de ejecución
hipotecaria.

Su finalidad principal será prestar asesoramiento a las
personas afectadas y, en su caso, emitir dictamen sobre el carácter
presuntamente abusivo de las cláusulas sometidas a su asesoramiento, sin
perjuicio de que las personas afectadas puedan acceder a los servicios de
orientación jurídica y asistencia jurídica gratuita.»

MOTIVACIÓN

La sentencia del TJUE establece que el procedimiento de
ejecución hipotecaria español no respeta la Directiva 93/1/CEE sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores; de ello
se deriva que los procedimientos de ejecución hipotecaria tramitados en
base a una normativa ilegal son nulos.

Por ello estimamos oportuno que el Gobierno establezca un
sistema de reparación de daños mediante una Oficina de Atención a las
Personas Afectadas por Cláusulas Abusivas en procesos de ejecución
hipotecaria.

ENMIENDA NÚM. 27

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

La disposición transitoria cuarta queda redactada del
siguiente modo:

«Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los
procesos de ejecución.

1. Las modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, introducidas por la presente ley serán de
aplicación a los procesos de ejecución iniciados a su entrada en vigor,
únicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes de
realizar.

2. En todo caso, en los procedimientos ejecutivos en curso
a la entrada en vigor de esta ley en los que haya transcurrido el periodo
de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo
preclusivo de DOS MESES para formular un incidente extraordinario de
oposición basado en la existencia de las nuevas causas de oposición
previstas en el apartado 7.ª del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El plazo preclusivo de DOS MESES se computará desde el día
siguiente a la entrada en vigor de esta ley y la formulación de las
partes del incidente de oposición tendrá como efecto la suspensión del
curso del proceso hasta la resolución del incidente, conforme a lo
previsto en los artículos 558 y siguientes y 695 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Esta disposición transitoria se aplicará a todo
procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta en posesión
del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. Asimismo, en los procedimientos ejecutivos en curso en
los que, a la entrada en vigor de esta ley, ya se haya iniciado el
periodo de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán del mismo plazo
preclusivo de DOS MESES previsto en el apartado anterior para formular
oposición basada en la existencia de cualesquiera causas de oposición
previstas en los artículos 557 y 695 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

4. La publicidad de la presente disposición tendrá el
carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y
cómputo de los plazos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo,
no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.

4 Bis. No obstante lo anterior, el Gobierno habilitará
reglamentariamente, en el plazo de 3 meses, un procedimiento
extraordinario para proceder a la revisión de oficio de las ejecuciones
iniciadas susceptibles de acogerse a la oposición por cláusulas abusivas,
para los supuestos en que los deudores no hayan podido acogerse a las
medidas contempladas en los párrafos anteriores.

5. Lo dispuesto en el artículo 579.2 de la Ley
Enjuiciamiento Civil será de aplicación a las adjudicaciones de vivienda
habitual realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley,
siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho completamente la deuda y
que no hayan transcurrido los plazos a los que se refieren las letras a)
y b) del citado artículo. En estos casos, los plazos anteriores que
vencieran a lo largo de 2013 se prolongarán hasta el 1 de enero de 2014.

La aplicación de lo previsto en este apartado no supondrá
en ningún caso la obligación del ejecutante de devolver las cuantías ya
percibidas del ejecutado.»

MOTIVACIÓN

El texto propuesto no prevé que para las ejecuciones en
curso el juez pueda actuar de oficio sino que deja en manos del deudor
quien en el plazo de un mes anuncie la oposición a las cláusulas
abusivas. Consideramos más razonable habilitar un procedimiento
extraordinario de revisión de oficio, sin obligar al deudor a iniciar
acciones.

Por último, se propone ampliar de uno a 2 meses el plazo
para que el deudor, si lo estima oportuno, pueda formular un incidente
extraordinario de oposición.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición transitoria con la siguiente
redacción:

«Disposición transitoria cuarta bis (nueva). Régimen
transitorio en procesos de ejecución con sentencia firme.

En un plazo de 3 meses el Gobierno habilitará
reglamentariamente un procedimiento extraordinario para proceder a la
revisión de aquellos procesos ejecutivos que hayan finalizado con
sentencia firme, susceptibles de haberse acogido a la oposición por
cláusulas abusivas, siempre y cuando no hayan transcurrido 5 años para su
revisión.»

MOTIVACIÓN

Es de justicia que el Gobierno sea proactivo en el
resarcimiento del daño ocasionado a aquellas personas que han sido
desahuciadas y cuyos contratos hipotecarios fueran abusivos.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición derogatoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una disposición derogatoria con el siguiente
contenido:

«Disposición derogatoria. Se deroga el art. 35 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.»

MOTIVACIÓN

Dicho artículo suprime las ayudas de subsidiación de
préstamos contenidas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre,
por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 extiendo su aplicación a aquellas solicitudes en tramitación.

La denegación en la subsidiación de préstamos está
provocando un encarecimiento de las cuotas de las familias que contaban
con esta ayuda y los ingresos de las cuales no han mejorado, por ello se
solicita su derogación.

ENMIENDA NÚM. 30

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final con la siguiente
redacción:

«Disposición final (nueva). Modificación de la Ley
concursal.

El artículo 191 quáter de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
concursal, que fue añadido a dicha Ley Concursal por la Ley 38/2011, de
10 de octubre, pasa a ser artículo 191 quinquies, y se añade a la ley un
nuevo artículo 191 quáter, con el siguiente texto:

“Artículo 191 quáter. Especialidades del
procedimiento abreviado en caso de concurso de persona física que afecte
a la vivienda habitual.

1. El deudor persona física podrá instar la declaración de
concurso cuando el procedimiento extrajudicial de liquidación ordenada
hubiera concluido sin la aprobación de un plan de liquidación

ordenada de las deudas, o bien si la comisión de
sobreendeudamiento hubiera declarado la finalización del procedimiento
por incumplimiento del plan de liquidación. También se declarará el
concurso en caso de estimar el juez la impugnación del plan de
liquidación ordenada de las deudas aprobado en el procedimiento
extrajudicial.

2. El deudor deberá instar el concurso a través de una
solicitud que tendrá carácter confesorio y que se presentará en un
formulario normalizado, acompañada de los documentos del artículo 6.2, la
resolución de la comisión conforme ha finalizado el procedimiento
extrajudicial y una propuesta de plan de liquidación.

3. El auto de declaración de concurso abrirá también la
fase de liquidación. El secretario judicial dará traslado del plan de
liquidación para que sea informado en el plazo de diez días por el
administrador concursal y para que los acreedores puedan formular
alegaciones al mismo.

4. La declaración del concurso suspenderá el procedimiento
de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, que quedará sometido a
lo establecido en el plan de liquidación.

5. No podrán impugnar la lista de acreedores aquellos que,
figurando en la lista de acreedores presentada en el procedimiento
extrajudicial previo, no la hubieran impugnado, ni aquellos que,
habiéndola impugnado, no hubieran obtenido pronunciamiento judicial
favorable.

6. El plan de liquidación ordenada de las deudas que se
apruebe deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) El plan deberá respetar los supuestos de
inembargabilidad establecidos en los artículos 605, 606 y 607 de la Ley
de enjuiciamiento civil. La cantidad inembargable establecida en el
artículo 607.1 de la Ley de enjuiciamiento civil se incrementará en un
50%, y se incrementará además con un 30% del salario mínimo
interprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de
ingresos propios regulares, de salario o de pensión. A tales efectos, se
entenderá que integran el núcleo familiar del deudor su cónyuge o pareja
de hecho y los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan
con el mismo.

b) El plan de liquidación ordenada de las deudas deberá
determinar expresamente la forma en que se garantizará el derecho a una
vivienda adecuada a las necesidades familiares del deudor, incluyendo el
arrendamiento o cesión de uso temporal de la vivienda por parte del
titular del préstamo con garantía hipotecaria constituida sobre la
vivienda habitual del deudor. El juez podrá requerir a las
administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales y
de vivienda para que adopten las medidas necesarias para garantizar al
deudor un alojamiento temporal mientras carezca de vivienda y para que le
faciliten la orientación, ayudas y avales que puedan corresponderle de
acuerdo con los programas de ayuda a la vivienda.

c) Si el deudor es titular de un único inmueble y este
constituye su vivienda habitual, el plan podrá acordar la entrega del
bien hipotecado como pago liberatorio de la deuda reclamada y podrá
acordar que este pago dé por satisfechas cuantas cantidades pueda deber
en concepto de capital, de intereses y de costas.

7. En caso de que en la tramitación de un procedimiento de
liquidación ordenada de las deudas se verifique que el deudor no es
titular de bienes y derechos suficientes para satisfacer los créditos, el
juez podrá acordar de forma provisional la exoneración de las deudas
pendientes, que tendrá efecto una vez finalizado el período de
seguimiento del plan, de una duración máxima de cinco años. El auto que
acuerde de forma provisional la exoneración de las deudas pendientes
deberá publicarse en el Registro Público Concursal. El juez deberá fijar,
a propuesta de la administración concursal, el procedimiento para el
seguimiento del plan de liquidación, que especificará las obligaciones
que deberá cumplir el deudor durante el período de seguimiento. Cada seis
meses, la administración concursal deberá presentar al juez que tramite
el concurso un informe sobre el estado de cumplimiento del plan, que
quedará de manifiesto en la oficina judicial.

8. La exoneración del pasivo pendiente a que se refiere el
apartado 7 tendrá efectos respecto a todos los créditos concursales,
excepto los surgidos de la responsabilidad civil derivada de delito.

Página
56

Dos. Se añade un apartado 8 al art. 87 redactado como
sigue:

«8 (nuevo). Aquellas estipulaciones que en cualquier tipo
de contrato con los consumidores, financiero o no, prevean el vencimiento
anticipado del mismo por causas objetivamente desproporcionadas y en
particular las siguientes:

— Por fallecimiento del titular si existe un seguro
de vida o herederos que quieran suceder al causante en su posición
jurídica deudora.

— Por incumplimiento de contratación de determinados
seguros u otros productos vinculados accesorios al contrato principal o
por la posterior cancelación de alguno de los mismos.

— Por incumplimiento de realización de prestaciones
accesorias tales como obras en el inmueble, etc.

— Por pérdida del valor del bien por causa no
imputable al consumidor.»

MOTIVACIÓN

Esta enmienda va dirigida a considerar abusivas las
cláusulas suelo y otras similares que, sin duda alguna, suponen un
perjuicio grave al consumidor. El artículo 87 del RD 1/2007 es el
precepto que cataloga determinadas cláusulas como abusivas por falta de
reciprocidad entre los derechos, obligaciones o intereses de las partes.
Las cláusulas suelo o techo se caracterizan, además de por haber sido
predispuestas e impuestas por las entidades sin que el usuario haya
recibido la oportuna información debida, por provocar un desequilibrio
entre los derechos y obligaciones de las partes. Un desequilibrio, no
olvidemos, que se prolonga además durante decenas de años debido a la
larga duración de este tipo de contratos.

La enmienda que se propone, encaja las denominadas
cláusulas suelo y techo (sin usar esta denominación para evitar las
mismas conductas bajo otras terminologías en el futuro) en el art. 87 por
falta de reciprocidad. Ello no supone que la apreciación de esta falta de
reciprocidad sea discrecional por los operadores jurídicos y no jurídicos
sino que la redacción que se propone delimita perfectamente los supuestos
en los que se concretaría la abusividad por falta de reciprocidad.

ENMIENDA NÚM. 32

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final con la siguiente
redacción:

«Disposición final (nueva). Modificación de la normativa
hipotecaria y de transparencia en orden a mejorar la información y
posición del consumidor en la contratación de préstamos y créditos.

Uno. Se modifica la letra h), del apartado 2 del artículo
48.2 de la Ley 1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de
las entidades de crédito, que tendrá el siguiente tenor literal:

“2. Determinar la información mínima que las
entidades de crédito deberán facilitar a sus clientes con antelación
razonable de al menos 15 días a que estos asuman cualquier obligación
contractual con la entidad o acepten cualquier contrato u oferta de
contrato, así como las operaciones o contratos bancarios en que tal
Información pre-contractual será exigible. Dicha información tendrá por
objeto permitir al cliente, y en especial a los consumidores y usuarios,
conocer las características esenciales y riesgos de los productos
propuestos, evaluar si éstos se ajustan a sus necesidades y, cuando pueda
verse afectada, su situación financiera.”

Dos. Modificación del artículo 29.1 del Real Decreto
685/1982 de regulación del mercado hipotecario, mediante la adición de un
último párrafo con la siguiente redacción:

“El presente artículo 29.1 no será de aplicación en
ningún caso en aquellos casos en que el deudor hipotecante ostente la
condición de consumidor.”

Tres. Se añade un último párrafo al artículo 1.266 del
Código Civil, según la siguiente redacción:

“Se entenderá que existe error en los supuestos de
productos de préstamo o crédito, con garantía hipotecaria o no, en los
que los garantes o fiadores sean titulares en otro préstamo y viceversa,
es decir los denominados avales cruzados. En estos casos estas garantías
de avales cruzados se entenderán por no puestas en todos los contratos
implicados.”

Cuatro. Añadir un nuevo párrafo artículo 6 de Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del
cliente de servicios bancarios con el siguiente redactado:

“La entidad de crédito, en todo caso, tendrá la
obligación de presentar al consumidor un folleto informativo en el que
aparezcan resumidos todos los elementos que debe conocer referentes al
préstamo solicitado. La entidad tiene el deber de actualizar el folleto
en todo momento de acuerdo a la realidad, de manera que, si se plasmaran
otras condiciones distintas en el contrato hipotecario, el consumidor
podrá exigir que se le apliquen las más beneficiosas. El folleto
informativo estará contenido en un documento con el membrete oficial de
la entidad, firmado por persona suficientemente acreditada por la
entidad, indicando la fecha de su expedición, y se redactará con un
lenguaje claro y accesible al consumidor. En él se contendrán todos los
elementos económicos del préstamo (capital, plazo, interés, sistema de
amortización, cláusulas de limitación a las subidas o bajadas de los
tipos y aquéllas cláusulas que impongan obligaciones al consumidor así
como los riesgos en caso de impago para el consumidor.”

Cinco. Modificación del apartado 2 del artículo 48 de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito, añadiendo al mismo una nueva letra i) con la
siguiente redacción:

“i) Modificar el punto tercero del artículo 1.1 de la
Orden Ministerial de 5 de mayo sobre transparencia de las condiciones
financieras de los préstamos hipotecarios para sustituir la
cuantificación económica añadiendo ‘Con independencia de la cuantía
de préstamo solicitada’.”

Seis. Modificación del Artículo 2 de la Ley 2/1994, 30 de
marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios,
mediante la adición del siguiente texto al final del párrafo cuarto:

“Se notificará al consumidor quien en tres días podrá
decidir si permanece con la entidad acreedora o mantiene subrogarse a la
nueva entidad.”

Siete. Modificación del apartado 2 del artículo 48 de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito, añadiendo al mismo una nueva letra j) con la
siguiente redacción:

“j) Añadir un nuevo artículo 25 bis a Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del
cliente de servicios bancarios redactado como sigue:

‘6 bis. En ningún caso resultará obligatoria para el
consumidor la contratación de ningún producto, ni de inversión de
aseguramiento ni de otro tipo, de forma vinculada o conexa al
préstamo-crédito hipotecario. En el caso de que se contraten otros
productos o seguros vinculados al préstamo o crédito hipotecario, éstos
deberán ser mencionados en la escritura pública y, en todo caso,
conllevar una contraprestación, bonificación o rebaja en las condiciones
económicas de la hipoteca. En caso contrario, se garantizará que el
consumidor pueda elegir la entidad comercializadora. La entidad no puede
obligar ni condicionar en ningún momento la concesión del préstamo o
crédito solicitado a la contratación de productos ajenos al objeto
inicial del contrato.’”»

MOTIVACIÓN

En 2010 la Comisaria de Consumo de la UE Maglena Kuneva
presentaba el estudio «On the follow up in retail financial services to
the consumer markets scoreboard». En él se evidenció los abusivos precios
y la falta de transparencia de las comisiones por servicios financieros
que aplica la banca española. Las entidades bancarias españolas violan
diversas leyes europeas de protección de los consumidores.

Esta disposición adicional pretende garantizar que el
consumidor dispone de toda la información y condiciones necesarias para
poder realizar un crédito hipotecario.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula 5 enmiendas a la Proposición de Ley de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social.

Palacio del Senado, 26 de abril de 2013.—Ester
Capella i Farré.

ENMIENDA NÚM. 33

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del
Artículo 1.

ENMIENDA

De adición.

Artículo Nuevo. Derecho a la vivienda.

1. Todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a una vivienda
digna y adecuada. Así podrán exigirlo a los poderes públicos.

2. Los poderes públicos están obligados a garantizar este
derecho.

3. Se prohíbe desahuciar a una persona o familia que no
tenga una vivienda digna, adecuada y definitiva donde alojarse.

JUSTIFICACIÓN

En cumplimiento de lo así dispuesto en el artículo 47 de la
Constitución española y de las medidas que obliga el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.

ENMIENDA NÚM. 34

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 7. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se da nueva redacción al artículo 579.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero):

«1. Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra
bienes hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria se
estará a lo dispuesto en el capítulo V de este título. Si, subastados los
bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para
cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir

el embargo por la cantidad que falte y la ejecución
proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda
ejecución. No obstante, en el supuesto que el bien ejecutado sea la
vivienda habitual del deudor, no se podrá iniciar la ejecución
dineraria.»

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda se corresponde con el redactado del artículo
1 de la Iniciativa legislativa Popular de la regulación de la dación en
pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, que es una
fórmula para poder garantizar la plena efectividad del artículo 47 de la
Constitución Española.

ENMIENDA NÚM. 35

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 7. Trece.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo párrafo, al punto 3, del artículo 693 de
la ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000 de 7 de enero) con la
siguiente redacción:

«Si el bien ejecutado fuese la vivienda habitual, el deudor
podrá comparecer con anterioridad a la celebración de la subasta
solicitando la entrega del bien hipotecado en pago de la deuda
garantizada. En este caso, el Tribunal dictará resolución autorizando la
entrega y acordando la adjudicación del inmueble al ejecutante en pago
del total de la deuda garantizada, extinguiéndose la misma junto con los
intereses y costas.»

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda se corresponde con el redactado del artículo
1 de la Iniciativa legislativa Popular de la regulación de la dación en
pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, que es una
fórmula para poder garantizar la plena efectividad del artículo 47 de la
Constitución Española.

ENMIENDA NÚM. 36

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 7. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un apartado nuevo al artículo 7
con la siguiente redacción:

«Se añade un nuevo artículo 675 bis a la Ley de
Enjuiciamiento Civil (Ley 1 /2000, de 7 de enero):

1. En el procedimiento de ejecución hipotecaria no podrá
ser acordado el lanzamiento del inmueble cuando se trate de la vivienda
habitual del ejecutado y cuando el impago del préstamo hipotecario sea
debido a motivos ajenos a su voluntad.

2. El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la
vivienda a título de arrendamiento por un período de cinco años desde la
fecha de la adjudicación.

3. El importe de la renta mensual del arrendamiento no
podrá ser superior al 30% de los ingresos mensuales del arrendatario.»

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda se corresponde con el redactado del artículo
2 de la Iniciativa legislativa Popular de la regulación de la dación en
pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, que es una
fórmula para poder garantizar la plena efectividad del artículo 47 de la
Constitución Española.

ENMIENDA NÚM. 37

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición Adicional Nueva. Aplicación retroactiva.

«A los procesos de ejecución hipotecaria tramitados de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del Título IV del Libro III
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los que el bien hipotecado sea la
vivienda habitual del deudor, si no se ha celebrado la subasta en la
fecha de entrada en vigor de la presente ley, será de aplicación lo
establecido en los artículos 693.4 y 579 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

En los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda
habitual en los que se haya celebrado subasta en la fecha de entrada en
vigor de la presente ley, el ejecutante no podrá pedir que se despache la
ejecución dineraria. En caso de que ya se hubiese iniciado la ejecución
dineraria en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el
Secretario judicial dictará decreto dando por terminada la ejecución,
quedando extinguida la deuda principal, junto con los intereses y
costas.»

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda se corresponde con el redactado del artículo
3 de la Iniciativa legislativa Popular de la regulación de la dación en
pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, que es una
fórmula para poder garantizar la plena efectividad del artículo 47 de la
Constitución Española.

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan 6 enmiendas a la Proposición de
Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social.

Palacio del Senado, 26 de abril de 2013.—Pedro Eza
Goyeneche, Amelia Salanueva Murguialday y Francisco Javier Yanguas
Fernández.

ENMIENDA NÚM. 38

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX) y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
Nuevo a continuación del Artículo 2.

ENMIENDA

De adición.

Texto enmendado: Artículo NUEVO que se incorpora al
Capítulo I.

Texto que se propone:

«Artículo Nuevo. Elaboración de planes personalizados de
liquidación de deuda.

1. Los deudores que, por concurrir en ellos las
circunstancias exigidas en los artículos 1 y 2 de la presente ley, se
hayan acogido a la misma o que, durante el proceso de ejecución
hipotecaria, puedan acogerse, podrán acudir a un procedimiento
extrajudicial de mediación dirigido a obtener el acuerdo entre acreedor y
deudor que resulte más satisfactorio para ambas partes.

2. El deudor podrá instar la apertura del procedimiento de
mediación extrajudicial bien ante notario, bien ante la oficina de
mediación que habilitará el Sistema Arbitral de Consumo incardinado en
cada Comunidad Autónoma que será responsable de dirimir los conflictos
surgidos por falta de pago de las cuotas hipotecarias.

3. Los acuerdos a los que se refieren los apartados 1 y 2
tendrán carácter ejecutivo.»

JUSTIFICACIÓN

Junto a la medida extraordinaria o «de choque» contemplada
en el presente texto legal, se concibe necesario este procedimiento
extrajudicial que estará dirigido a garantizar las necesidades básicas
del deudor y a activar la búsqueda de acuerdo, incluso suspendido el
lanzamiento.

La estrategia de la mediación tenderá a la liquidación del
préstamo con garantía hipotecaria y se intentará el acuerdo previo como
requisito de procedibilidad en las ejecuciones hipotecarias. La mediación
valorará las alternativas para la permanencia en la vivienda, ayudas,
alojamientos temporales, etc.

ENMIENDA NÚM. 39

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX) y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
7. Catorce.

ENMIENDA

De modificación.

Tipo de enmienda: DE MODIFICACION al artículo 7.14.

Se propone modificar el apartado 3, del artículo 695 de la
Ley 1/2000, de 7 enero, Enjuiciamiento Civil.

Texto que se propone:

«3. El auto que estime la oposición basada en las causas
1.ª , 3.ª y 5.ª del apartado 1 de este artículo mandará sobreseer la
ejecución; el que estime la oposición basada en las causas 2 y 4 fijará
la cantidad por la que haya de seguirse la ejecución.»

JUSTIFICACIÓN

En congruencia con enmiendas anteriores que proponen la
incorporación al apartado 1 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil de dos epígrafes que contienen nuevas
causas de oposición del deudor a la ejecución.

Página
63

Durante el tiempo de vigencia de la presente ley
contemplado en su artículo 1, se modifica el artículo 1.166 del Código
civil en los siguientes términos:

El deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que
reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la
debida. Excepcionalmente, el acreedor de cantidad de dinero tendrá que
aceptar un objeto distinto si el Juez estima justa la sustitución por
haber sobrevenido circunstancias que hagan extraordinariamente onerosa la
prestación debida.

Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido
un hecho por otro contra la voluntad del acreedor.»

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda postula la incorporación de la dación en pago
necesaria («datio in solutum necessaria») al Derecho sustantivo y cuya
vigencia estaría sometida al mismo ámbito temporal limitado que establece
el Real Decreto-ley en su artículo 1, que coincide con el de la presente
iniciativa. Esta figura jurídica de tradición romana y desconocida por
Código Civil de 1889, pero presente en el tráfico jurídico español
anterior, se ha mantenido en algunas Comunidades Autónomas con Derecho
civil foral o especial. Así, en la Compilación del Derecho Civil Foral de
Navarra o Fuero Nuevo la encontramos regulada en el párrafo segundo in
fine de la Ley 493.

ENMIENDA NÚM. 42

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX) y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la
Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Texto enmendado: Disposición final NUEVA.

Texto que se propone:

«Disposición final nueva. Habilitación para el desarrollo
reglamentario.

Se habilita al Ministro de Política Social, Sanidad y
Consumo para desarrollar, en el plazo de tres meses, para dictar las
disposiciones reglamentarias necesarias dirigidas a habilitar a las
Juntas Arbitrales de las Comunidades Autónomas para mediar en los
supuestos recogidos en artículo nuevo.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX) y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la
Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Texto enmendado: Disposición final nueva.

Texto que se propone:

«Disposición final nueva. Habilitación para el desarrollo
reglamentario.

Se habilita al Ministerio de Justicia para desarrollar en
el plazo de tres meses, desde la aprobación de la presente ley, las
disposiciones reglamentarias necesarias dirigidas a regular el
procedimiento extrajudicial de mediación dirigido a obtener el acuerdo
entre acreedor o deudor, al que se refiere el artículo N, así como a
atribuir la competencia para la dirección de los mismos a los miembros
del Notariado.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

La excepcionalidad de la coyuntura socioeconómica que
España atraviesa y el extraordinario número de procesos de ejecución
contra personas, deudores de buena fe, que en la actualidad tienen
dificultades para hacer frente al pago de las cuotas del préstamo
hipotecario destinado a la compra de su vivienda habitual, justifican la
puesta en marcha de un procedimiento extrajudicial de mediación dirigido
a obtener el acuerdo entre acreedor y deudor, buscando la mejor solución
a los problemas de ambas partes.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula 14 enmiendas a la Proposición de Ley de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social.

Palacio del Senado, 26 de abril de 2013.—El Portavoz,
Jokin Bildarratz Sorron.

ENMIENDA NÚM. 44

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 1 de
la Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social,
quedando su redacción de la siguiente forma:

«1. Hasta transcurridos tres años desde la entrada en vigor
de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o
extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor,
o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que
se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las
circunstancias económicas previstas en este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Dar respuesta a una patente demanda social y política de
nuestra sociedad.

Página
66

Se propone la modificación del apartado 2. e) del artículo
1 de la Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social,
quedando su redacción de la siguiente forma:

«e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se
encuentre en situación de desempleo.»

JUSTIFICACIÓN

Responde más ajustadamente a la función protectora de la
Proposición que se suprima la expresión «y haya agotado las prestaciones
de desempleo», máxime cuando éstas tienen una duración limitada y su
cuantía es moderada.

ENMIENDA NÚM. 48

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 3. a.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 3.a) del artículo 1
de la Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social,
quedando su redacción de la siguiente forma:

«a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la
unidad familiar no supere el límite de cuatro veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples, y de cinco veces dicho indicador en el
caso de que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con
enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con
discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido
igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad
grave que incapacite acreditadamente, a la persona o su cuidador, para
realizar una actividad laboral.»

JUSTIFICACIÓN

Responde más ajustadamente a la función protectora de la
Proposición que el límite del IPREM se suba a cuatro veces y a cinco
veces en caso de incapacidad severa.

ENMIENDA NÚM. 49

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del
Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo a la Proposición
de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, quedando su
redacción de la siguiente forma:

«Artículo nuevo. Aplicación retroactiva de la dación en
pago.

1. A los procesos de ejecución hipotecaria tramitados de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del Título IV del Libro III
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los que el bien hipotecado sea la
vivienda habitual del deudor, si no se ha celebrado la subasta en la
fecha de entrada en vigor de la presente ley, les será de aplicación lo
establecido en los artículos 693.4 y 579 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

2. En los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda
habitual, de personas que se encuentren en los supuestos de especial
vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en los
apartados tres y cuatro siguientes, en los que se haya celebrado subasta
en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el ejecutante no
podrá pedir que se despache la ejecución dineraria. En caso de que ya se
hubiese iniciado la ejecución dineraria en la fecha de entrada en vigor
de la presente ley, el Secretario judicial dictará decreto dando por
terminada la ejecución, quedando extinguida la deuda principal, junto con
los intereses y costas.

3. Se entiende que se encuentran en supuestos de especial
vulnerabilidad a los efectos del párrafo anterior, los siguientes:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación
vigente.

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor.

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga
declarada discapacidad superior a 33 por ciento, situación de dependencia
o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para
realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se
encuentre en situación de desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma
vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la
hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad. Y que se encuentren en situación personal de
discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite
acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una
actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia
de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el
caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio
habitual.

4. Para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 2
deberán concurrir, además de los supuestos de especial vulnerabilidad
previstos en el apartado 3 anterior, las circunstancias económicas
siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la
unidad familiar no supere el límite de cuatro veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la
solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa
de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la
vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien
de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la
unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con
hipoteca que recaiga sobre la Única vivienda en propiedad del deudor y
concedido para la adquisición de la misma.

5. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores
de este precepto se entenderá:

a) Que se ha producido una alteración significativa de las
circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga
hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos
1,5.

b) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su
cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos,
con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los
vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento
familiar.»

JUSTIFICACIÓN

Dar respuesta a una patente demanda social y política de
nuestra sociedad.

Página
69

JUSTIFICACIÓN

Dar respuesta a una patente demanda social y política de
nuestra sociedad.

Se ha puesto en duda la compatibilidad de la normativa
procesal española sobre desahucios y las normas europeas de protección de
los consumidores (por la abogada general del Tribunal Europeo de Justicia
J. Kokott en sus Conclusiones de 8 de noviembre de 2012, Asunto C-415-11,
párrafos 52-53) cuando señala:

«No constituye una protección efectiva contra las cláusulas
abusivas del contrato el hecho de que el consumidor, a raíz de dichas
cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la
consiguiente subasta forzosa de su vivienda y la pérdida de la propiedad
y el desalojo subsiguientes, y que sólo con posterioridad esté legitimado
para ejercitar la acción de daños y perjuicios. (La normativa europea)
exige, antes bien, que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz
para que se compruebe el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato
de préstamo, y que mediante dicho recurso pueda, en su caso, detenerse la
ejecución forzosa.»

ENMIENDA NÚM. 52

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional a
la Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social,
quedando su redacción de la siguiente forma:

«Disposición adicional nueva. Intereses moratorios.

En todos los contratos de crédito o préstamo para la
adquisición de vivienda habitual garantizados con hipoteca inmobiliaria,
el interés moratorio aplicable será, como máximo, el resultante de sumar
a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 3 por 100.»

JUSTIFICACIÓN

Dar respuesta a una patente demanda social y política de
nuestra sociedad.

ENMIENDA NÚM. 53

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional a
la Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social,
quedando su redacción de la siguiente forma:

«Disposición adicional nueva. Importe de la adjudicación
del bien dado en garantía.

En todos los contratos de crédito o préstamo para la
adquisición de vivienda habitual garantizados con hipoteca inmobiliaria,
el importe de adjudicación del bien dado en garantía, cuando el
adjudicatario sea el ejecutante o persona que actúe por su cuenta, se
cuantificará en, al menos, el 80% de su valor escriturado.»

JUSTIFICACIÓN

Dar respuesta a una patente demanda social y política de
nuestra sociedad. Dando también cumplimiento a la Recomendación efectuada
por el Ararteko y resto de defensorías ciudadanas.

ENMIENDA NÚM. 54

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional a
la Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social,
quedando su redacción de la siguiente forma:

«Disposición adicional nueva. Medidas fiscales en las
transmisiones de la vivienda habitual cuando en un proceso judicial o
extrajudicial de ejecución hipotecaria hayan sido adjudicadas al acreedor
o persona que actúe por su cuenta.

En todas las transmisiones de la vivienda habitual sea esta
de un deudor hipotecario o de un avalista hipotecario, cuando en un
proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria hayan sido
adjudicadas al acreedor o persona que actúe por su cuenta, serán de
aplicación los artículos 9, 10 y 11 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos.»

JUSTIFICACIÓN

Dar respuesta a una patente demanda social y política de
nuestra sociedad.

ENMIENDA NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición final a la
Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, quedando su
redacción de la siguiente forma:

«Disposición final nueva. Modificación del Real Decreto-ley
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos.

Se modifica el apartado 1 artículo 5 del Real Decreto-ley
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos, que quedará redactado como sigue:

“1. El Código de Buenas Prácticas incluido en el
Anexo será de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades de
crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice
la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios”.»

JUSTIFICACIÓN

Dar respuesta a una patente demanda social y política de
nuestra sociedad.

ENMIENDA NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una disposición final nueva a la
Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, quedando su
redacción de la siguiente forma:

«Disposición final nueva. Modificación del Real Decreto-ley
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos.

Se modifica el artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos, al que se le añade un segundo párrafo que quedará redactado
como sigue:

“Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se
aplicarán igualmente al avalista hipotecario respecto de su vivienda
habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor
hipotecario”.»

JUSTIFICACIÓN

Dar respuesta a una patente demanda social y política de
nuestra sociedad.

ENMIENDA NÚM. 57

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición final a la
Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que quedará
redactada como sigue:

«Disposición final nueva. Modificación de la Ley 11/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Uno. Se modifica el artículo 579 de la Ley 11/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, que quedará redactado como sigue:

“Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra
bienes hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria se
estará a lo dispuesto en el capítulo V de este Título. Si, subastados los
bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para
cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad
que falte y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias
aplicables a toda ejecución. No obstante, en caso que el bien ejecutado
sea la vivienda habitual del deudor, no se podrá iniciar la ejecución
dineraria.”

Dos. Se modifica el artículo 693 de la Ley 11/2000, de 7 de
enero de Enjuiciamiento Civil, al que se le añade un nuevo apartado 4,
que quedará redactado como sigue:

“4. Si el bien ejecutado fuese la vivienda habitual,
el deudor podrá comparecer con anterioridad a la celebración de la
subasta solicitando la entrega del bien hipotecado en pago de la deuda
garantizada. En este caso, el Tribunal dictará resolución autorizando la
entrega y acordando la adjudicación del inmueble al ejecutante en pago
del total de la deuda garantizada, extinguiéndose la misma junto con los
intereses y costas.”»

JUSTIFICACIÓN

Dar respuesta a una patente demanda social y política de
nuestra sociedad.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula 35 enmiendas a la Proposición de Ley de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social.

Palacio del Senado, 26 de abril de 2013.—El Portavoz
Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 58

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 2. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra al artículo 1, apartado 2.

«Entidades sin ánimo de lucro del tercer sector de la
discapacidad titular de viviendas o alojamientos colectivos de tales
personas. En este supuesto no será de aplicación los apartados 3 y 4 de
este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Su objeto es extender el ámbito subjetivo de aplicación de
la suspensión de los lanzamientos judiciales a los casos de viviendas o
alojamientos colectivos de personas con discapacidad, tales como pisos de
apoyo o para la vida independiente, de los que son titulares
organizaciones sin ánimo de lucro del tercer sector de la discapacidad.
Además, en estos supuestos, por la finalidad social prioritaria que
concurre, no resulta apropiado que se le apliquen los supuestos de
especial vulnerabilidad y las circunstancias económicas recogidas en los
apartados 3 y 4 del artículo 1.

ENMIENDA NÚM. 59

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 3. c.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 1 del apartado 3 de la letra
c).

«c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por
ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de
la unidad familiar. Dicho porcentaje será del 40 por ciento, cuando
alguno de dichos miembros sea personas con discapacidad y del 30 por
ciento en el supuesto en que alguno de aquellos sea persona con
discapacidad con parálisis cerebral, persona con enfermedad mental o
persona con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 33 por ciento o persona con discapacidad
física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido o igual o
superior al 65 por ciento así como en los casos de enfermedad grave que
incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar
una actividad laboral.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de rebajar, para las personas con discapacidad, el
porcentaje que la cuota hipotecaria tiene en relación con los
ingresos.

ENMIENDA NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra al artículo 2.

Nueva letra) Discapacidad.

«1.º Certificado que acredite el grado de discapacidad o la
invalidez reconocida por el organismo competente.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica de carácter instrumental.

ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7. Catorce.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 7. Catorce.

Catorce. El artículo 695 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 695. Oposición a la ejecución.

1. En los procedimientos a que se refiere este Capítulo
sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las
siguientes causas:

1.ª Extinción de la garantía o de la obligación
garantizada, siempre que se presente certificación del Registro expresiva
de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin
desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de
la garantía.

2.ª Error en la determinación de la cantidad exigible,
cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una
cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su
ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y sólo
se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea
distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante.

No será necesario acompañar libreta cuando el procedimiento
se refiera al saldo resultante del cierre de cuentas corrientes u
operaciones similares derivadas de contratos mercantiles otorgados por
entidades de crédito, ahorro o financiación en los que se hubiere
convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución será la
especificada en certificación expedida por la entidad acreedora, pero el
ejecutado deberá expresar con la debida precisión los puntos en que
discrepe de la liquidación efectuada por la entidad.

3.ª En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o
sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción
de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o
embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el
procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente
certificación registral.

4.ª Sin perjuicio de la posible actuación de oficio de
jueces y Tribunales, en caso de ejecución de bienes inmuebles hipotecados
que constituyan la vivienda habitual del deudor que tenga la condición de
consumidor, podrá oponerse a la ejecución alegando el carácter abusivo de
alguna de las cláusulas del título por el que se solicita el despacho de
ejecución.

2. Formulada la oposición a la que se refiere el apartado
anterior, el Secretario judicial suspenderá la ejecución y convocará a
las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la
orden general de ejecución, debiendo mediar cuatro días desde la
citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a las partes, admitirá
las pruebas que se presenten, siguiéndose el trámite previsto para
incidentes y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro
del segundo día.

3. El auto que estime la oposición acordará sobreseer la
ejecución o en su caso determinará la cantidad por la que haya de
seguirse la ejecución, en función de la causa alegada por el deudor en la
oposición a la ejecución.

De estimarse la causa 4.ª, se acordará el sobreseimiento de
la ejecución cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución. En
caso de que el carácter abusivo de la cláusula hubiese determinado la
cantidad exigible, el juez resolverá lo que proceda al respecto. En otro
caso, se continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula
abusiva.

4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la
ejecución podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de este caso, los autos que decidan la oposición a
que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y
sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en
que se dicten.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la STC del Tribunal de Justicia de
Luxemburgo.

ENMIENDA NÚM. 62

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Nuevo apartado al artículo 7. El artículo 698 queda
redactado del siguiente modo:

«Artículo 698. Reclamaciones no comprendidas en los
artículos anteriores.

“1. Cualquier reclamación que el deudor, el tercer
poseedor y cualquier interesado pueda formular y que no se halle
comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre
nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía
de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, estando
facultado el juez para suspender cautelarmente el procedimiento de
ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados cuando la reclamación se
fundamente en la existencia de cláusulas abusivas.

La competencia para conocer de este proceso se determinará
por las reglas ordinarias.”»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia a la STC del Tribunal de Justicia de
Luxemburgo, que hace referencia a la adopción de medidas cautelares entre
ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución
hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar
la plena eficacia de su decisión final.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
primera.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición adicional primera.

«Se encomienda al Gobierno que promueva con el sector
financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de
las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas
personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago
de un préstamo hipotecario. Este fondo

social de viviendas tendrá por objeto facilitar el acceso a
estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en
función de los ingresos que perciban o la discapacidad de alguno de los
miembros de la unidad familiar.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone recoger como criterio para conceder el
arrendamiento de viviendas propiedad de las entidades de crédito no solo
los ingresos sino también la situación de discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

«El Gobierno en el plazo de tres meses presentará un
Proyecto de Ley de Segunda Oportunidad que permita a los deudores
hipotecarios proceder a la restructuración ordenada de sus deudas.

En este proyecto de Ley se establecerá una regulación
específica para los deudores hipotecarios que será de aplicación a
cualquier deuda, sea cual fuere la fase de reclamación en que se
encuentre.»

JUSTIFICACIÓN

Dado que el texto actual representa una respuesta
insuficiente al drama de los desahucios, va a continuar siendo necesario
plantear alternativas para aliviar la deuda de las familias
afectadas.

ENMIENDA NÚM. 65

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

«1. Suspensión de los procedimientos de ejecución
hipotecaria que afecte a vivienda habitual.

a) En los procedimientos de ejecución hipotecaria que
afecten a vivienda que constituya el domicilio habitual del deudor, o de
sus familiares directos en caso de separación, divorcio o rotura de
pareja de hecho, una vez admitido a trámite la demanda de ejecución
hipotecaria, se suspenderá el mismo, en todos los supuestos en que
concurran las circunstancias previstas en los apartados siguientes.

b) Procederá la suspensión cuando el deudor se encuentre en
situación de insolvencia sobrevenida que le imposibilite hacer frente al
pago de la deuda hipotecaria y no disponga de otra vivienda con la que
pueda satisfacer su derecho.

c) La suspensión se acordará por el Juez del procedimiento,
a petición del deudor afectado, de los familiares referidos en el
apartado primero, hayan o no sido parte en el procedimiento hasta el
momento, en cuya petición deberá hacerse constar declaración responsable
de la concurrencia de las circunstancias previstas en los dos apartados
anteriores que justifiquen la suspensión.

d) También podrán formular dicha petición las
administraciones públicas competentes en materia de servicios
sociales.

e) La petición de suspensión podrá presentarse en cualquier
momento del procedimiento de ejecución hipotecaria, en tanto no se haya
llevado a cabo de forma efectiva el lanzamiento, incluidos los supuestos
de suspensión o aplazamiento del mismo.

f) Presentada la petición de suspensión el Juez la acordará
de inmediato, con carácter provisional, dando traslado de la misma al
acreedor ejecutante, por término de quince días hábiles, para que en su
caso, pueda instar incidente de oposición a la suspensión, en base a la
no concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo. Dicho
incidente se sustanciará por los trámites previstos en la ley de
enjuiciamiento civil para los incidentes en ejecución de Sentencia,
correspondiendo la carga de la prueba al acreedor ejecutante. Serán parte
en este incidente tanto los afectados por el lanzamiento, en los términos
del apartado primero, como el Ministerio fiscal, en el caso que la
petición de suspensión se haya formulado por autoridad administrativa
competente en materia de servicios sociales.

g) Transcurrido el término del traslado al deudor
ejecutante sin que el mismo haya instado el incidente de oposición a la
suspensión, o sustanciado el incidente, el Juez dictará Auto por el que
acordará mantener la suspensión, en los términos previstos en el artículo
siguiente, o levantará la suspensión de la ejecución por no concurrir los
supuestos previstos en los dos primeros apartados de este artículo.

2. Término por el que se mantendrá la suspensión del
procedimiento hipotecario.

La suspensión del lanzamiento de vivienda habitual por
ejecuciones hipotecarias previsto en el artículo anterior se mantendrá
vigente hasta en tanto no se dé alguno de los supuestos siguientes:

a) Que las partes en el procedimiento de ejecución
hipotecaria, presenten al Juez un convenio, por el que se acuerde la
dación en pago de la vivienda objeto de ejecución, con cancelación total
de la deuda pendiente en el procedimiento hipotecario, o cualquier otra
forma de quita o refinanciación de la deuda en condiciones económicas
ajustadas a las posibilidades del deudor, así como justificación
documental de que el deudor, o los familiares referidos en el apartado 1
del artículo anterior, podrán disponer de la misma o distinta vivienda en
debidas condiciones de habitabilidad, mediante título que garantice la
estabilidad residencial por un periodo mínimo de cinco años. La
justificación de disposición de vivienda adecuada podrá ser aportada
también por autoridad administrativa competente en materia de vivienda o
de servicios sociales, así como por entidades sociales del ámbito
asistencial sin ánimo de lucro.

b) Que se presente convenio firme de liquidación ordenada
de las deudas del afectado, aprobado en procedimiento judicial o
extrajudicial, que incluya tanto la liquidación o cancelación de la deuda
hipotecaria como la garantía del derecho a la vivienda, en cualquiera de
los términos previstos en el apartado anterior.

c) En todo caso el convenio o acuerdo que se presenté
deberá aprobado por el Juez, una vez oídas todas las partes
intervinientes y afectadas, a fin de comprobar la concurrencia de las
circunstancias previstas en el apartado 1.

3. Suspensión de devengo de intereses.

Quedará en suspenso el devengo de intereses por los
importes adeudados que sean objeto de la ejecución hipotecaria, tanto
ordinarios como moratorios, desde el momento en que se solicite la
suspensión del procedimiento hipotecario, por las causas y con los
objetivos definidos en el artículo primero, en tanto se mantenga la
suspensión en los términos previstos en el artículo segundo, o bien gane
firmeza el Auto por el que no se haya dado lugar a la suspensión, por no
concurrir los supuestos previstos en los dos primeros apartados del
artículo primero.»

JUSTIFICACIÓN

Se establece una moratoria universal e indefinida de los
procedimientos hipotecarios, a petición del deudor, en cualquier fase en
que se encuentre su tramitación, siempre que se cumplan las condiciones
de domicilio habitual, insolvencia sobrevenida y no disponibilidad de
otra vivienda con las que satisfacer el derecho. Dicha paralización, que
incluye también la suspensión en el devengo de intereses, se mantendrá

mientras no se acuerde la dación en pago, o se incluya en
un procedimiento de liquidación ordenada de las deudas de la persona
afectada, conocido como «de segunda oportunidad» que también puede
incluir la quita de la deuda o una refinanciación de la misma, siempre en
condiciones ajustadas a las posibilidades económicas del deudor, y en
cuyo procedimiento se garantice en todo caso el derecho a disponer de una
vivienda digna, adecuada a sus posibilidades, ya sea en la misma u otra
que se le ponga a disposición del Fondo Social de Vivienda.

ENMIENDA NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Se añade un nuevo artículo, 675 bis, a la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil:

«1. No se podrá acordar el lanzamiento del inmueble en el
seno de la ejecución hipotecaria cuando se trate de la vivienda habitual
del ejecutado y cuando el impago del préstamo hipotecario sea debido a
motivos ajenos a su voluntad.

2. El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la
vivienda a título de arrendamiento por un periodo de cinco años desde la
fecha de la adjudicación.

3. El importe de la renta mensual del arrendamiento no
podrá ser superior al 30% de los ingresos mensuales del
arrendatario.»

JUSTIFICACIÓN

Se regula la paralización de los lanzamientos derivados de
ejecuciones hipotecarias, proponiéndose la conversión de la vivienda
adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del
ocupante, con unos importes de renta situados en el 30 % de la renta del
arrendatario.

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva

Se añade el siguiente artículo:

«Artículo 6. Paralización de los lanzamientos por impago de
rentas de alquiler.

1. La moratoria establecida en la presente Ley se aplicará
a los procedimientos de lanzamiento por impago de rentas de alquiler
siempre y cuando se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 1,
a petición del arrendatario o de la autoridad administrativa competente
en materia de servicios sociales o vivienda.

2. En estos supuestos, la suspensión del lanzamiento se
mantendrá hasta en tanto la administración competente en materia de
servicios sociales o vivienda no realoje a la persona o unidad de
convivencia afectada.

3. Si el realojamiento se demora por más de tres meses, a
contar de la petición de suspensión, el arrendatario tendrá derecho a ser
resarcido del importe de los alquileres que se acrediten a partir de
dicho término, por la administración competente en materia de servicios
sociales o vivienda.

4. En todo lo no previsto en los apartados anteriores, será
de aplicación a la suspensión de los lanzamientos por impago de alquiler
lo previsto en los artículos primero y segundo de esta ley.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Ley presentado por el Gobierno excluye de la
moratoria a los desahucios de vivienda en régimen de alquiler. Por ello,
esta enmienda incorpora esta casuística con las debidas adaptaciones por
la singularidad de la situación de este tipo de contratos, de forma que
se aceleren los términos de realojamiento y, caso de tratarse de
arrendadores no profesionales, no se vean afectados sus intereses
legítimos, garantizando un fondo de pago de rentas.

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 693 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con el siguiente
redactado:

«4. Si el bien ejecutado fuese la vivienda habitual, el
deudor podrá comparecer con anterioridad a la celebración de la subasta
solicitando la entrega del bien hipotecado en pago de la deuda
garantizada. En este caso, el Tribunal dictará resolución autorizando la
entrega y acordando la adjudicación del inmueble al ejecutante en pago
del total de la deuda garantizada, extinguiéndose la misma junto con los
intereses y costas.»

JUSTIFICACIÓN

Se plantea la dación en pago en la ejecución hipotecaria
como solución que libere a las familias hipotecadas de los efectos
perversos de la concesión excesiva de crédito por parte de las entidades
financieras. En el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda
habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el
pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los
intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la
ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.

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ejecución dineraria. En caso de que ya se hubiese iniciado
la ejecución dineraria en la fecha de entrada en vigor de la presente
ley, el Secretario judicial dictará decreto dando por terminada la
ejecución, quedando extinguida la deuda principal, junto con los
intereses y costas.»

JUSTIFICACIÓN

Se introduce la aplicación retroactiva de la dación en pago
en la ejecución hipotecaria.

ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional, con el siguiente
redactado:

«Mecanismos de liquidación ordenada de las deudas
personales en caso de riesgo de pérdida de la vivienda habitual.

1. Procedimiento extrajudicial de liquidación ordenada de
las deudas.

1. Las personas físicas que, de acuerdo con la legislación
concursal, se hallen o puedan hallarse de forma inminente en una
situación de insolvencia y puedan perder la vivienda habitual a
consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones exigibles y las
personas físicas contra las que se haya iniciado un procedimiento de
ejecución de una deuda que haya implicado o pueda implicar la pérdida de
la vivienda habitual, pueden optar por iniciar la liquidación ordenada de
las deudas por la vía extrajudicial que se regula en el siguiente
apartado.

2. A efectos de lo establecido en el apartado 1, se
entiende por vivienda habitual la vivienda que es ocupada como residencia
efectiva y permanente por el deudor, a título de propiedad, o, en caso de
que tanto la propiedad de la vivienda como las obligaciones derivadas del
préstamo garantizado con la hipoteca sean comunes a varias personas
físicas, la vivienda que es ocupada como residencia efectiva y permanente
por cualquiera de estas personas.

3. La apertura de un procedimiento de liquidación ordenada
de las deudas conlleva la suspensión del procedimiento de ejecución
hipotecaria de la vivienda habitual. La suspensión será declarada por el
juez que tramita el procedimiento de ejecución hipotecaria cuando se le
aporte la resolución de inicio del procedimiento extrajudicial de
liquidación ordenada de las deudas.

4. Si al abrirse un procedimiento extrajudicial de
liquidación ordenada de las deudas no se ha iniciado ningún procedimiento
de ejecución hipotecaria contra la vivienda habitual, los derechos de los
acreedores hipotecarios deben ejercerse dentro del mencionado
procedimiento extrajudicial.

5. La apertura de un procedimiento extrajudicial de
liquidación ordenada de las deudas interrumpe el devengo de intereses
moratorios de estas deudas, incluidos los correspondientes a los
préstamos hipotecarios.

2. Tramitación del procedimiento extrajudicial de
liquidación ordenada de las deudas.

1. El deudor debe instar el inicio del procedimiento
extrajudicial de liquidación ordenada de las deudas mediante solicitud
dirigida a la sección territorial de la comisión de sobreendeudamiento
correspondiente. La solicitud debe presentarse en un formulario
normalizado facilitado por la comisión y, junto con los correspondientes
documentos acreditativos, debe incluir:

a) La relación de los bienes, de los derechos y de
cualquier otro elemento evaluable económicamente de los que sea titular,
con una estimación del valor que tienen en ese momento.

b) La relación de los acreedores, especificando su
identidad, domicilio y dirección electrónica, así corno la cuantía y el
vencimiento de las deudas.

c) Una propuesta de plan de liquidación ordenada de las
deudas, en la que debe concretar los compromisos que puede asumir para
afrontar las deudas. El plan puede incluir quitas y esperas en el pago de
las deudas, la condonación parcial o total de las deudas o la liquidación
de bienes para el pago de las deudas, así como la posibilidad de
liberación de la deuda no satisfecha en el período máximo de cinco años.
El plan puede contener asimismo una disposición específica sobre la
liquidación del préstamo con garantía hipotecaria que afecte a la
vivienda habitual, así como las alternativas de permanencia en la
vivienda en caso de que el deudor quiera acogerse a la dación en pago, y
debe determinar los recursos económicos que puede reservarse el deudor
para satisfacer las necesidades familiares propias durante la vigencia
del plan.

2. La comisión de sobreendeudamiento, tras verificar que la
solicitud de inicio de un procedimiento extrajudicial de liquidación
ordenada de las deudas cumple los requisitos establecidos en el apartado
1, levanta acta del inicio del procedimiento y, en el plazo de cinco
días, lo comunica a todos los acreedores y a los registros públicos en
los que estén inscritos los bienes o derechos del deudor. Cualquier
embargo, hipoteca, carga o gravamen posteriores a la nota marginal de
inicio del procedimiento quedan cancelados al aprobarse el plan de
liquidación ordenada de las deudas.

3. La comisión de sobreendeudamiento, en el plazo de cinco
días desde la apertura del procedimiento extrajudicial de liquidación
ordenada de las deudas, debe comunicarlo al juez que tramita el
procedimiento de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual del deudor
para que suspenda el procedimiento judicial.

4. La comisión de sobreendeudamiento, en el plazo de un mes
desde el inicio de un procedimiento extrajudicial de liquidación ordenada
de las deudas, debe elaborar un informe en el que se determinen la lista
definitiva de acreedores, el inventario de bienes y derechos del deudor,
los motivos del sobreendeudamiento y la propuesta de plan de liquidación
ordenada de las deudas. Puede también adoptar medidas de limitación de
las facultades de disposición del deudor durante la tramitación del
procedimiento.

5. Desde la aprobación del informe al que se refiere el
apartado 4, el deudor y los acreedores disponen de un mes para negociar
de buena fe un acuerdo sobre el plan de liquidación ordenada de las
deudas. Durante la negociación del plan, la comisión de
sobreendeudamiento puede requerir la intervención de los servicios de la
administración pública competentes en materia de derecho a la vivienda,
de consumo o de servicios sociales para que presten su asesoramiento a
las partes y les faciliten información sobre los recursos públicos
disponibles. Las partes pueden asimismo acogerse al procedimiento de
mediación aplicable de acuerdo con la legislación de mediación civil; en
ese caso, el período de negociación puede tener una duración de tres
meses.

6. En caso de que, al finalizar el plazo de negociación del
plan de liquidación ordenada de las deudas, las partes no hayan llegado a
un acuerdo, la comisión de sobreendeudamiento puede aprobar el plan de
liquidación ordenada de las deudas que considere que se ajusta a las
necesidades de las partes. La resolución de aprobación del plan puede
determinar la liberación de la deuda no cubierta al finalizar la
liquidación.

7. El plan de liquidación ordenada de las deudas podrá
acordar la liquidación del préstamo con garantía hipotecaria que afecte a
la vivienda habitual, así como las alternativas de permanencia en la
vivienda en caso de que el deudor quiera acogerse a la dación en pago. En
caso de que el acuerdo conlleve el abandono de la vivienda habitual, la
comisión de sobreendeudamiento, a petición de la persona afectada, puede
requerir la intervención en el procedimiento de las administraciones con
competencias en materia de servicios sociales y de vivienda para que
adopten las medidas necesarias para garantizar al deudor un alojamiento
temporal mientras carezca de vivienda y para que le faciliten la
orientación, ayudas y avales que puedan corresponderle de acuerdo con los
programas de ayuda a la vivienda.

8. El plan de liquidación ordenada de las deudas debe
determinar los recursos económicos que el deudor puede reservarse para
satisfacer las necesidades familiares propias durante la vigencia del
plan, y puede acordar la limitación de las facultades de disposición del
deudor durante la misma. La resolución de aprobación del plan de
liquidación ordenada de las deudas se publicará en el correspondiente
boletín oficial.

9. La liberación de la deuda no cubierta por la liquidación
sólo puede acordarse una vez agotado el plazo establecido en el plan.
Durante el período de vigencia del plan, la comisión de
sobreendeudamiento debe comprobar el cumplimiento del plan de pagos, la
liquidación de los bienes, si procede, y la situación patrimonial del
deudor.

10. En el plazo de quince días desde la publicación de la
aprobación por parte de la comisión de sobreendeudamiento del plan de
liquidación ordenada de las deudas, los acreedores que se hayan
manifestado en contra del plan pueden impugnarlo, siempre que sus
créditos representen como mínimo el 20% del pasivo del deudor. La
impugnación, que se sustanciará por los trámites de un incidente
concursal, debe formalizarse ante el juez de lo mercantil competente para
conocer del procedimiento concursal. La estimación de la impugnación del
plan de liquidación ordenada de las deudas aprobado por la comisión de
sobreendeudamiento conlleva la obligación del deudor de solicitar la
declaración de concurso, que se tramitará con las especialidades del
procedimiento abreviado regulado en el artículo 191 quáter de la Ley
concursal; en ese supuesto, los pagos ya liquidados en virtud del plan
son reintegrables al patrimonio del deudor.

11. El plan de liquidación ordenada de las deudas aprobado
por la comisión de sobreendeudamiento deviene firme si no es impugnado en
el plazo establecido en el apartado 10 o si la impugnación, en su caso,
se desestima. La certificación del plan, emitida por el secretario de la
comisión de sobreendeudamiento competente, tiene la consideración de
título ejecutivo, a efectos de lo establecido en el artículo 517 de la
Ley de enjuiciamiento civil.

12. El acreedor que haya sido omitido en la relación de
acreedores incluida en el plan de liquidación ordenada de las deudas
aprobado por la comisión de sobreendeudamiento no queda vinculado por el
plan, y podrá ejercer individualmente sus derechos como acreedor ante los
tribunales, pero no podrá impugnar el plan.

13. En caso de que, al finalizar el plazo de negociación
del plan de liquidación ordenada de las deudas, las partes no lleguen a
un acuerdo, la comisión de sobreendeudamiento, si no aprueba un plan,
debe dictar una resolución que concluya el procedimiento, incluyendo un
informe final sobre el procedimiento seguido, las propuestas realizadas
por las partes, los principales puntos de acuerdo y desacuerdo entre el
deudor y los acreedores y, en su caso, los informes del mediador y los
representantes de las administraciones que hayan intervenido.

14. En caso de que se ponga fin al procedimiento
extrajudicial de liquidación ordenada de las deudas por incumplimiento
por parte del deudor del plan de liquidación ordenada de las deudas o por
falta de aprobación de un plan por parte de la comisión de
sobreendeudamiento, el deudor, en el plazo de dos meses desde la
resolución que concluya el procedimiento, debe solicitar la declaración
de concurso.

15. El deudor, para la tramitación de un procedimiento
extrajudicial de liquidación de las deudas, puede ejercer el derecho de
asistencia jurídica gratuita, en los términos del artículo 6.1 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

3. Comisiones de sobreendeudamiento.

1. Las comisiones de sobreendeudamiento tienen ámbito
territorial autonómico.

2. Las comisiones de sobreendeudamiento están formadas por
un mínimo de cinco miembros, entre los cuales debe haber personas de
reconocido prestigio o de experiencia contrastada en los ámbitos
jurídico, de la mediación y de la administración concursal y personas en
representación de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las
entidades financieras que participan en el mercado hipotecario en el
ámbito territorial de la comisión. La comisión es presidida por uno de
sus miembros, ejerciendo otro de los miembros, que debe ser funcionario
con el título de licenciatura o grado en derecho, las funciones de
secretaría, incluida la fe pública de los acuerdos de la comisión.

3. Sin perjuicio de la aplicación a las comisiones de
sobreendeudamiento de las normas de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en lo
que corresponda, el desarrollo normativo de las comisiones compete a las
comunidades autónomas, a través de un reglamento que debe regular, como
mínimo, su composición, en el marco establecido por la presente ley, su
estructura territorial, ajustada al mercado hipotecario de la respectiva
comunidad autónoma, y las especialidades de sus normas de funcionamiento
y de su organización administrativa que sean necesarias para el ejercicio
de las funciones que les atribuye la presente ley.»

JUSTIFICACIÓN

Se articula un procedimiento extrajudicial de carácter
administrativo que evita que, en caso de una insolvencia que sea causada
principalmente pero no únicamente por el sobreendeudamiento hipotecario,
deba recurrirse directamente a un procedimiento concursal, con la
conveniente desjudicialización de

determinados procedimientos y la garantía de la tutela de
los tribunales mediante mecanismos de impugnación. Este procedimiento
extrajudicial conlleva un plan de liquidación ordenada de las deudas.

En función de la situación del deudor, el procedimiento
puede incluir medidas inmediatas, como la dación en pago, u otras que
garanticen la permanencia en la vivienda, como forma de hacer efectivo el
derecho a la vivienda, o puede posibilitar, en cualquier caso, la
participación en el procedimiento de las autoridades competentes en
materia de servicios sociales y de vivienda, para que le sean ofrecidas
al deudor todas las posibilidades de ayudas para garantizarle este
derecho.

En el procedimiento extrajudicial de liquidación de las
deudas también puede acordarse la exoneración del pasivo pendiente,
exoneración que no tiene carácter automático, sino que tendrá plenos
efectos una vez finalizado el período de seguimiento del plan, de una
duración máxima de cinco años.

En caso de que el plan de liquidación sea impugnado, o en
caso de que el deudor lo incumpla, puede iniciarse un procedimiento
concursal, abreviado y muy simplificado, ante el juzgado mercantil
competente.

ENMIENDA NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Modificación de la Ley concursal.

El artículo 191 quáter de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
concursal, que fue añadido a dicha Ley Concursal por la Ley 38/2011, de
10 de octubre, pasa a ser artículo 191 quinquies, y se añade a la ley un
nuevo artículo 191 quáter, con el siguiente texto:

«Artículo 191 quáter. Especialidades del procedimiento
abreviado en caso de concurso de persona física que afecte a la vivienda
habitual.

1. El deudor persona física podrá instar la declaración de
concurso cuando el procedimiento extrajudicial de liquidación ordenada
hubiera concluido sin la aprobación de un plan de liquidación ordenada de
las deudas, o bien si la comisión de sobreendeudamiento hubiera declarado
la finalización del procedimiento por incumplimiento del plan de
liquidación. También se declarará el concurso en caso de estimar el juez
la impugnación del plan de liquidación ordenada de las deudas aprobado en
el procedimiento extrajudicial.

2. El deudor deberá instar el concurso a través de una
solicitud que tendrá carácter confesorio y que se presentará en un
formulario normalizado, acompañada de los documentos del artículo 6.2, la
resolución de la comisión conforme ha finalizado el procedimiento
extrajudicial y una propuesta de plan de liquidación.

3. El auto de declaración de concurso abrirá también la
fase de liquidación. El secretario judicial dará traslado del plan de
liquidación para que sea informado en el plazo de diez días por el
administrador concursal y para que los acreedores puedan formular
alegaciones al mismo.

4. La declaración del concurso suspenderá el procedimiento
de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, que quedará sometido a
lo establecido en el plan de liquidación.

5. No podrán impugnar la lista de acreedores aquellos que,
figurando en la lista de acreedores presentada en el procedimiento
extrajudicial previo, no la hubieran impugnado, ni aquellos que,
habiéndola impugnado, no hubieran obtenido pronunciamiento judicial
favorable.

6. El plan de liquidación ordenada de las deudas que se
apruebe deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) El plan deberá respetar los supuestos de
inembargabilidad establecidos en los artículos 605, 606 y 607 de la Ley
de enjuiciamiento civil. La cantidad inembargable establecida en el
artículo 607.1 de la Ley

de enjuiciamiento civil se incrementará en un 50%, y se
incrementará además con un 30% del salario mínimo interprofesional por
cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios
regulares, de salario o de pensión. A tales efectos, se entenderá que
integran el núcleo familiar del deudor su cónyuge o pareja de hecho y los
ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el
mismo.

b) El plan de liquidación ordenada de las deudas deberá
determinar expresamente la forma en que se garantizará el derecho a una
vivienda adecuada a las necesidades familiares del deudor, incluyendo el
arrendamiento o cesión de uso temporal de la vivienda por parte del
titular del préstamo con garantía hipotecaria constituida sobre la
vivienda habitual del deudor. El juez podrá requerir a las
administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales y
de vivienda para que adopten las medidas necesarias para garantizar al
deudor un alojamiento temporal mientras carezca de vivienda y para que le
faciliten la orientación, ayudas y avales que puedan corresponderle de
acuerdo con los programas de ayuda a la vivienda.

c) Si el deudor es titular de un único inmueble y este
constituye su vivienda habitual, el plan podrá acordar la entrega del
bien hipotecado como pago liberatorio de la deuda reclamada y podrá
acordar que este pago dé por satisfechas cuantas cantidades pueda deber
en concepto de capital, de intereses y de costas.

7. En caso de que en la tramitación de un procedimiento de
liquidación ordenada de las deudas se verifique que el deudor no es
titular de bienes y derechos suficientes para satisfacer los créditos, el
juez podrá acordar de forma provisional la exoneración de las deudas
pendientes, que tendrá efecto una vez finalizado el período de
seguimiento del plan, de una duración máxima de cinco años. El auto que
acuerde de forma provisional la exoneración de las deudas pendientes
deberá publicarse en el Registro Público Concursal. El juez deberá fijar,
a propuesta de la administración concursal, el procedimiento para el
seguimiento del plan de liquidación, que especificará las obligaciones
que deberá cumplir el deudor durante el período de seguimiento. Cada seis
meses, la administración concursal deberá presentar al juez que tramite
el concurso un informe sobre el estado de cumplimiento del plan, que
quedará de manifiesto en la oficina judicial.

8. La exoneración del pasivo pendiente a que se refiere el
apartado 7 tendrá efectos respecto a todos los créditos concursales,
excepto los surgidos de la responsabilidad civil derivada de delito.

9. Para acordar la exoneración de las deudas pendientes, en
virtud de lo establecido en el apartado 7, será preciso que concurran
acumulativamente las siguientes condiciones:

a) Que la insolvencia haya sido calificada de fortuita.

b) Que el origen de la situación de insolvencia haya sido
la deuda derivada de la adquisición de la vivienda habitual.

c) Que el deudor haya cumplido el deber de colaboración con
el juez, en los términos del artículo 42 de la Ley concursal.

d) Que el deudor no haya sido condenado por sentencia firme
por delito de insolvencia punible, ni esté sometido a ninguno de los
supuestos establecidos en el artículo 105 de la Ley concursal.

e) Que el deudor no haya sido objeto de exoneración de
otras deudas en el período de los diez años anteriores a la resolución
judicial.

f) Que el deudor no haya presentado, con dolo o culpa
grave, declaraciones incorrectas o incompletas sobre su activo o sobre
sus acreedores.

10. Una vez finalizado el período de seguimiento, la
administración concursal deberá presentar al juez del concurso un informe
sobre el cumplimiento del plan. Las demás partes personadas se
pronunciarán sobre el informe, y el juez, si procede, dictará auto de
aprobación del informe y de exoneración definitiva al deudor de las
deudas pendientes. El auto será recurrible por parte de los acreedores
que se hubieran opuesto a la exoneración.»

JUSTIFICACIÓN

Se introduce una especialidad del procedimiento de concurso
para los casos de insolvencia de una persona física causados por la
anterior adquisición de una vivienda. Este procedimiento concursal tiene
como finalidad analizar la situación de insolvencia del deudor y permitir
que, si se dan los supuestos establecidos, el juez pueda otorgarle una
segunda oportunidad y pueda exonerarle de las deudas que no

hayan podido satisfacerse en el concurso, a través del
correspondiente plan de liquidación de las deudas. Tampoco ésta
exoneración tiene carácter automático, sino que tendrá plenos efectos una
vez finalizado el período de seguimiento del plan, de una duración máxima
de cinco años.

ENMIENDA NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

«Se insta al gobierno a presentar en el plazo de dos meses
un proyecto de ley de modificación de la legislación reguladora de las
haciendas locales, para incluir una bonificación del 99% en la
determinación del impuesto del incremento del valor de los terrenos
generado en operaciones de dación en pago de la vivienda habitual.»

JUSTIFICACIÓN

Se hace referencia a la problemática fiscal detectada
cuando se producen daciones en pago, para que el deudor no deba hacer
frente a impuestos injustos en el IRPF, de transmisiones o de incremento
sobre el valor de los terrenos.

ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Se crea un nuevo artículo 28 en la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de regulación del mercado hipotecario, con el siguiente tenor
literal:

«Artículo 28. Características de los préstamos hipotecarios
otorgables para la adquisición de viviendas.

1. Las entidades habilitadas para la concesión de créditos
con garantía hipotecaria por la legislación sectorial vigente sólo podrán
otorgar préstamos para la adquisición de viviendas si se cumplen las
condiciones siguientes:

b. Que el pago mensual conjunto de los intereses y
amortización del capital no supere el 30% de los ingresos personales o
familiares de los obligados en las operaciones de crédito
hipotecario.

c. Que el plazo de amortización del crédito hipotecario no
sea superior a los 30 años.

d. Que el importe del crédito hipotecario no supere el 80%
del valor de tasación de la vivienda hipotecada y en caso alguno exceda
del 100% del precio escriturado. En los casos de viviendas sujetas a un
régimen de protección pública, podrá llegarse al 100%, siempre que el
valor corresponda con los módulos o precios determinados en la
correspondiente normativa protectora.

2. Reglamentariamente se establecerán los criterios de
fijación de los porcentajes y plazos establecidos para evitar el
sobreendeudamiento personal y familiar.

3. Los intereses moratorios de los préstamos hipotecarios
para la adquisición de vivienda no podrán en caso alguno superar el
interés de demora legal fijado cada año en las Leyes Generales de
Presupuestos del Estado y en ningún caso podrán superar el doble del
interés legal del dinero.»

JUSTIFICACIÓN

Se construye un sistema de límites temporales y
cuantitativos en el otorgamiento de los créditos hipotecarios para la
adquisición de una vivienda. Estos límites, homologables a los existentes
en otros estados de la Unión Europea, supondrán una contención y un freno
a un futuro sobreendeudamiento hipotecario y a la vez contribuirán a una
mejor relación entre la capacidad mediana de compra de la ciudadanía y
los precios de la vivienda. Por otra parte, se fija una limitación a los
intereses moratorios de los préstamos hipotecarios, atendida la
constatación del exceso que se ha venido produciendo, y que está
generando situaciones que la sociedad aprecia como claramente
injustas.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Se añade la siguiente disposición adicional nueva:

«Cláusulas abusivas en los contratos de crédito hipotecario
para la adquisición de la vivienda habitual.

En un procedimiento de ejecución hipotecaria se admitirá la
oposición del ejecutado si se fundamenta en la existencia de cláusulas
abusivas en el contrato de préstamo hipotecario. En tal caso, si el
deudor se opone a la ejecución y, en el plazo de veinte días desde la
notificación del despacho de ejecución, interpone una demanda de juicio
declarativo, el juez que tramita el procedimiento de ejecución
hipotecaria, si aprecia que la demanda resulta fundada, puede suspender
la ejecución hasta que se dicte la resolución del procedimiento
declarativo.

El deudor también podrá, en este procedimiento, oponerse a
los intereses moratorios que se reclamen, invocando su carácter abusivo,
instando su anulación o, en todo caso, la moderación judicial de los
intereses moratorios conforme al artículo 1.154 del Código Civil.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario que se pueda suspender la ejecución
hipotecaria cuando exista un procedimiento declarativo en el que se trata
sobre cláusulas abusivas del contrato.

En la regulación procesal de los intereses de demora hay un
claro desequilibrio. En el antiguo procedimiento judicial-sumario de
ejecución hipotecaria, regulado por el antiguo artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, el acreedor no podía reclamar los intereses de demora. Para
ello, debía instar otro procedimiento. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en
2001, derogó dicho procedimiento y lo sustituyó por el vigente de

ejecución especial sobre los bienes hipotecados, en el que
los jueces admiten que el acreedor incluya la reclamación por intereses
de demora. Sin embargo —y ahí está el desequilibrio— no hay
trámite en dicho procedimiento para que el deudor pueda pedir la
moderación judicial de los intereses moratorios conforme al artículo
1.154 Cc. Sin duda, debe modificarse la Ley de Enjuiciamiento Civil para
incluir dicho trámite.

ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Se da nueva redacción al artículo 607 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

«Artículo 607. Ingresos inembargables.

1. Es inembargable el salario, el sueldo, el subsidio, la
retribución o su equivalente que no excedan de la cuantía señalada para
el salario mínimo interprofesional. Si la persona en proceso de ejecución
se beneficiara de más de una percepción, deben de acumularse todas para
deducir una sola vez la parte inembargable.

2. Cuando la persona embargada conviva con otras en el
mismo núcleo familiar o unión estable, tampoco será embargable el importe
que, excediendo del salario mínimo interprofesional, no supere la mitad
del nuevo salario mínimo para cada miembro que no disponga de los
ingresos propios regulares. En estos casos, los salarios, sueldos,
jornales, retribuciones o pensiones superiores al importe inembargable
deben ser embargados de acuerdo con la siguiente escala:

a) Para la primera cuantía adicional, hasta la que suponga
el importe del doble del mínimo inembargable, el 30%.

b) Para la cuantía adicional hasta el importe que suponga
el triple del mínimo inembargable, el 50%.

c) Para la cuantía adicional hasta el importe que suponga
el cuádruple del mínimo inembargable, el 60%.

d) Para la cuantía adicional hasta el importe que suponga
el quíntuple del mínimo inembargable, el 75%.

e) Para cualquier cantidad que exceda la cuantía adicional
anterior, el 90%.

3. En consideración a las cargas familiares de la persona
en proceso de ejecución, se puede aplicar una reducción de entre un 10 y
un 25% en los porcentajes que establecen los supuestos a), b) c) y d) del
apartado 2.

4. Los apartados anteriores del presente artículo serán
también de aplicación a los ingresos procedentes de actividades
profesionales y mercantiles autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

Se introduce una mejora en los ingresos inembargables de
medio salario mínimo para cada nuevo miembro.

Página
90

2. Se modifica el artículo 671 de la Ley de enjuiciamiento
civil, que queda redactado de la siguiente forma:

«Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor,
podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por una cantidad
igual o superior al 60% de su valor de tasación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en caso de
que la ejecución afectare a la vivienda habitual, el ejecutante solo
podrá pedir la adjudicación por el 80% del valor de tasación en el
momento de constitución de la hipoteca o por la cantidad que se le
debiera por todos los conceptos, si esta fuere superior al 80%
mencionado.

Cuando el acreedor, en el plazo de 20 días, no hiciere uso
de esa facultad, el Secretario judicial procederá al alzamiento del
embargo, a instancia del ejecutado.»

JUSTIFICACIÓN

Se eleva el porcentaje de adjudicación de la vivienda
embargada para adecuarlo a los límites de sobreendeudamiento establecidos
para créditos hipotecarios y como mecanismo para equilibrar los derechos
de los consumidores.

ENMIENDA NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Se añade la siguiente disposición adicional:

«Se insta al gobierno a presentar, en el plazo de dos
meses, las iniciativas legislativas necesarias y las modificaciones
reglamentarias, para garantizar la total independencia e imparcialidad de
las sociedades de tasación que actúan en el mercado hipotecario, en
especial a las de las entidades de crédito de cualquier clase y de las
entidades promotoras y comercializadoras de vivienda y, en su caso, a
aprobar en el mismo plazo las modificaciones reglamentarias necesarias al
mismo efecto.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario avanzar hacia un sistema que garantice la
independencia e imparcialidad de las sociedades de tasación.

ENMIENDA NÚM. 80

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional,
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional. Mejora y ampliación de la normativa
que regula la protección del consumidor frente a cláusulas abusivas en
préstamos y créditos hipotecarios.

Se modifica el Real decreto Legislativo 1/2007, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los
Consumidores y Usuarios en los siguientes términos:

Uno. Añadir un nuevo apartado 7 al artículo 87 del
siguiente tenor:

“7 (nuevo). Aquellas estipulaciones que en contratos
de préstamo o crédito de garantía Hipotecaria en los que el bien
hipotecado sea la vivienda familiar, fijen un límite a la variación a la
baja del tipo de interés contratado, siempre que no exista límite al alza
o si la diferencia entre ambos es mayor de 4 puntos
porcentuales.”

Dos. Se añade un apartado 8 al artículo 87 redactado como
sigue:

“8 (nuevo). Aquellas estipulaciones que en cualquier
tipo de contrato con los consumidores, financiero o no, prevean el
vencimiento anticipado del mismo por causas objetivamente
desproporcionadas y en particular las siguientes:

— Por fallecimiento del titular si existe un seguro
de vida o herederos que quieran suceder al causante en su posición
jurídica deudora.

— Por incumplimiento de contratación de determinados
seguros u otros productos vinculados accesorios al contrato principal o
por la posterior cancelación de alguno de los mismos.

— Por incumplimiento de realización de prestaciones
accesorias tales como obras en el inmueble, etc.

— Por pérdida del valor del bien por causa no
imputable al consumidor.”»

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda va dirigida a considerar abusivas las
cláusulas suelo y otras similares que, sin duda alguna, suponen un
perjuicio grave al consumidor. El artículo 87 del RD 1/2007 es el
precepto que cataloga determinadas cláusulas como abusivas por falta de
reciprocidad entre los derechos, obligaciones o intereses de las partes.
Las cláusulas suelo o techo se caracterizan, además de por haber sido
predispuestas e impuestas por las entidades sin que el usuario haya
recibido la oportuna información debida, por provocar un desequilibrio
entre los derechos y obligaciones de las partes. Un desequilibrio, no
olvidemos, que se prolonga además durante decenas de años debido a la
larga duración de este tipo de contratos.

La enmienda que se propone, encaja las denominadas
cláusulas suelo y techo (sin usar esta denominación para evitar las
mismas conductas bajo otras terminologías en el futuro) en el artículo 87
por falta de reciprocidad. Ello no supone que la apreciación de esta
falta de reciprocidad sea discrecional por los operadores jurídicos y no
jurídicos sino que la redacción que se propone delimita perfectamente los
supuestos en los que se concretaría la abusividad por falta de
reciprocidad.

ENMIENDA NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Disposición adicional. Modificación de la normativa
hipotecaria y de transparencia en orden a mejorar la información y
posición del consumidor en la contratación de préstamos y créditos.

Uno. Se modifica la letra h), del apartado 2 del artículo
48.2 de la Ley 1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de
las entidades de crédito, que tendrá el siguiente tenor literal:

«2. Determinar la información mínima que las entidades de
crédito deberán facilitar a sus clientes con antelación razonable de al
menos 15 días a que estos asuman cualquier obligación contractual con la
entidad o acepten cualquier contrato u oferta de contrato, así como las
operaciones o contratos bancarios en que tal Información pre-contractual
será exigible. Dicha información tendrá por objeto permitir al cliente, y
en especial a los consumidores y usuarios, conocer las características
esenciales y riesgos de los productos propuestos, evaluar si éstos se
ajustan a sus necesidades y, cuando pueda verse afectada, su situación
financiera.»

Dos. Modificación del artículo 29.1 del Real Decreto
685/1982 de regulación del mercado hipotecario, mediante la adición de un
último párrafo con la siguiente redacción:

«El presente artículo 29.1 no será de aplicación en ningún
caso en aquellos casos en que el deudor hipotecante ostente la condición
de consumidor.»

Tres. Se añade un último párrafo al artículo 1.266 del
Código Civil, según la siguiente redacción:

«Se entenderá que existe error en los supuestos de
productos de préstamo o crédito, con garantía hipotecaria o no, en los
que los garantes o fiadores sean titulares en otro préstamo y viceversa,
es decir los denominados avales cruzados. En estos casos estas garantías
de avales cruzados se entenderán por no puestas en todos los contratos
implicados.»

Cuatro. Añadir un nuevo párrafo artículo 6 de Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del
cliente de servicios bancarios con el siguiente redactado:

«La entidad de crédito, en todo caso, tendrá la obligación
de presentar al consumidor un folleto informativo en el que aparezcan
resumidos todos los elementos que debe conocer referentes al préstamo
solicitado. La entidad tiene el deber de actualizar el folleto en todo
momento de acuerdo a la realidad, de manera que, si se plasmaran otras
condiciones distintas en el contrato hipotecario, el consumidor podrá
exigir que se le apliquen las más beneficiosas. El folleto informativo
estará contenido en un documento con el membrete oficial de la entidad,
firmado por persona suficientemente acreditada por la entidad, indicando
la fecha de su expedición, y se redactará con un lenguaje claro y
accesible al consumidor. En él se contendrán todos los elementos
económicos del préstamo (capital, plazo, interés, sistema de
amortización, cláusulas de limitación a las subidas o bajadas de los
tipos y aquéllas cláusulas que impongan obligaciones al consumidor así
como los riesgos en caso de impago para el consumidor.»

Cinco. Modificación del apartado 2 del artículo 48 de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito, añadiendo al mismo una nueva letra i) con la
siguiente redacción:

«i) Modificar el punto tercero del artículo 1.1 de la Orden
Ministerial de 5 de mayo sobre transparencia de las condiciones
financieras de los préstamos hipotecarios para sustituir la
cuantificación económica añadiendo “Con independencia de la cuantía
de préstamo solicitada”.»

Seis. Modificación del artículo 2 de la Ley 2/1994, 30 de
marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios,
mediante la adición del siguiente texto al final del párrafo cuarto:

«Se notificará al consumidor quien en tres días podrá
decidir si permanece con la entidad acreedora o mantiene subrogarse a la
nueva entidad.»

Siete. Modificación del apartado 2 del artículo 48 de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito, añadiendo al mismo una nueva letra j) con la
siguiente redacción.

«j) Añadir un nuevo artículo 25 bis a Orden EHA/2899/2011,
de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios
bancarios redactado como sigue:

“6 bis. En ningún caso resultará obligatoria para el
consumidor la contratación de ningún producto, ni de inversión de
aseguramiento ni de otro tipo, de forma vinculada o conexa al
préstamo-crédito hipotecario. En el caso de que se contraten otros
productos o seguros vinculados al préstamo o crédito hipotecario, éstos
deberán ser mencionados en la escritura pública y, en todo caso,
conllevar una contraprestación, bonificación o rebaja en las condiciones
económicas de la hipoteca. En caso contrario, se garantizará que el
consumidor pueda elegir la entidad comercializadora. La entidad no puede
obligar ni condicionar en ningún momento la concesión del préstamo o
crédito solicitado a la contratación de productos ajenos al objeto
inicial del contrato.”»

JUSTIFICACIÓN

En 2010 la Comisaria de Consumo de la UE Maglena Kuneva
presentaba el estudio «On the follow up in retail financial services to
the consumer markets scoreboard». En él se evidenció los abusivos precios
y la falta de transparencia de las comisiones por servicios financieros
que aplica la banca española. Las entidades bancarias españolas violan
diversas leyes europeas de protección de los consumidores.

Esta disposición adicional pretende garantizar que el
consumidor dispone de toda la información y condiciones necesarias para
poder realizar un crédito hipotecario.

ENMIENDA NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Se suprime el 2.º párrafo del artículo 4 del Real
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos.

JUSTIFICACIÓN

El párrafo segundo del artículo 4 del Real Decreto-ley
6/2012, induce a confusión, pues establece lo siguiente: «Esta moderación
de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los
regulados en el presente real decreto-ley».

Se trata de una afirmación, en el mejor de los casos,
perturbadora, pues está claro que, según el párrafo primero dicha
moderación es exigible únicamente por los deudores situados en el umbral
de exclusión. Ahora bien, ello no quiere decir que los deudores situados
fuera del umbral del exclusión no puedan solicitar de los tribunales una
moderación del interés de demora pactado, conforme al artículo 1.154 Cc,
posibilidad que, sin embargo, podría quedar vedada por el párrafo segundo
del artículo 4 citado, con lo que los demás deudores, tras el citado Real
Decreto Ley podrían ser de peor condición que antes de su entrada en
vigor y, probablemente, no ha sido esa la intención del regulador. El
párrafo segundo debería, por tanto, ser derogado.

Página
95

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Se suprime el apartado 3.º de la disposición transitoria
única de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras
normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las
hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece
determinada norma tributaria.

Texto que se suprime:

«3. La ampliación de capital, sin alteración o pérdida de
rango de la hipoteca inscrita, en los términos previstos en el artículo
13, apartado 2, de la presente Ley, por el que se da nueva redacción al
artículo 4 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y
modificación de préstamos hipotecarios, sólo será aplicable a las
hipotecas constituidas a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Con esta restricción, se dificultan extraordinariamente las
operaciones de reestructuración de deudas, quedando excluidos los
préstamos y créditos hipotecarios concertados, precisamente, durante
algunos de los años en los que la burbuja inmobiliaria alcanzó sus
mayores cotas y, por tanto, exigían un mayor esfuerzo a los adquirentes.
Con la finalidad de facilitar las operaciones de reestructuración y
disminuir de este modo el número de ejecuciones hipotecarias, debe
suprimirse esta restricción, de todo punto injustificada.

ENMIENDA NÚM. 85

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 693 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con el siguiente
redactado:

«Artículo 693. Reclamación limitada a parte del capital o
de los intereses cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes. Vencimiento
anticipado de deudas a plazos.

Apartado 4 (nuevo):

En la liquidación de los préstamos con garantía hipotecaria
la base sobre la que se calculen los intereses de demora estará integrada
sólo por las cantidades efectivamente impagadas, y su devengo se
interrumpirá en el momento en que se interponga la demanda judicial
ejecutiva o declarativa.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 693.3 LEC permite al deudor liberar el bien de
la ejecución hipotecaria, tratándose de vivienda habitual, pagando las
cuotas vencidas en el momento de presentación de la demanda y, por tanto,
limitando los intereses de demora al importe de esas cuotas. Nada
impediría establecer que los intereses de demora se calcularan sólo sobre
las cuotas vencidas y no satisfechas.

Página
97

c) Las viviendas desocupadas de que sean titulares las
administraciones públicas y sus empresas, tanto estatal, como autonómicas
y locales, que reúnan condiciones de habitabilidad y no estén en proceso
de adjudicación.

2. Los activos que integren el Fondo Social de Viviendas se
destinarán a vivienda pública en alquiler por un periodo mínimo de cinco
años a precio máximo protegido.

3. El importe de la renta mensual del arrendamiento se
adaptará a la capacidad económica del arrendatario y de su núcleo
familiar, de manera que en ningún caso pueda ser superior al 30% de los
ingresos mensuales del arrendatario individual, ni al 20% de los ingresos
del núcleo familiar. En casos de insolvencia total o ingresos personal o
familiares inferiores a 450 euros mensuales, la renta mensual deberá ser
cubierta por el fondo de alquiler social que corresponda.

4. El Estado establecerá la normativa básica para
determinar el derecho de acceso al Fondo Social de Viviendas y las
condiciones de transferencia a las Comunidades Autónomas de aquellas
viviendas procedentes de los supuestos contemplados en los apartados a) y
b) del epígrafe 1 de este articulo, que en colaboración con los
Ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro serán las competentes
para la gestión y administración de las viviendas adscritas al Fondo.

5. Las entidades titulares de viviendas referidas en el
epígrafe 1 del presente artículo, tanto públicas como privadas, deberán
dotarse de un plan de inversión anual para dotar de las debidas
condiciones de habitabilidad aquellas viviendas que, formando parte de su
patrimonio o habiéndolas sido transferidas, no reúnan dichas condiciones,
a los efectos de incorporarlas cuanto antes al Fondo Social de
Viviendas.»

JUSTIFICACIÓN

Se amplía el Fondo Social de Viviendas con aquellos
inmuebles de entidades financieras nacionalizadas, viviendas de entidades
financieras participadas por el FROB y viviendas desocupadas de
titularidad pública. Además se especifica que dichos activos se
destinarán a vivienda pública de alquiler por un periodo mínimo de cinco
años a un precio máximo protegido y adaptado a los ingresos de los
inquilinos, y que la gestión del Fondo correrá a cargo de las CCAA que
las gestionarán en colaboración con ayuntamientos y organizaciones sin
ánimo de lucro.

ENMIENDA NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Se añade una nueva disposición adicional, con el siguiente
contenido:

«Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo,
de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos.

El Gobierno en el plazo de 2 meses procederá a la
modificación del Anexo del Código de Buenas Prácticas para la
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la
vivienda habitual en los siguientes términos:

a) Establecer el carácter obligatorio de la mediación y
arbitraje judicial como paso previo a cualquier procedimiento de
ejecución hipotecaria. Durante este periodo de mediación quedarán en
suspenso tanto el procedimiento de ejecución hipotecaria como la
generación de intereses ordinarios o de mora.

b) Introducir la libre elección del deudor en relación a
las alternativas de protección de deudores hipotecarios que se plantean:
reestructuración de la deuda, quita de la deuda y dación en pago, en
función de las circunstancias personales de los afectados.

c) Suprimir los condicionantes y limitaciones de carácter
personal o familiar que se figuran en el actual R.D.-L. 6/2012 de 9 de
marzo, a fin de adecuarlos a los mismos condicionantes previstos en el
artículo 1 de la presente Ley.

d) Levantar el techo de precio máximo de las viviendas
susceptibles de acogerse al Código a fin de garantizar el acceso en
condiciones de igualdad a los ciudadanos de diferentes comunidades
autónomas que accedieron a viviendas de precios desiguales por razón de
su ubicación.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda se plantea una reforma en
profundidad del Código de Buenas Prácticas Bancarias para obligar a las
entidades bancarias a su sometimiento, para que sean las familias y las
personas afectadas quienes decidan la solución a aplicar y por último, se
elimina la casuística personal, social o económica para su acceso,
exigiendo como condiciones: insolvencia sobrevenida, domicilio habitual y
no estar en posesión de otros bienes muebles.

ENMIENDA NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva.

Se añade una nueva disposición adicional, con el siguiente
contenido:

«Se insta al gobierno a presentar en el plazo de dos meses
un proyecto de ley de modificación de la legislación del IRPF para evitar
que las operaciones de dación en pago, o de quita de la deuda, puedan
interpretarse como ganancias patrimoniales sujetas a pago por parte del
deudor, en la parte que exceda del valor del bien otorgado a la vivienda
habitual.»

JUSTIFICACIÓN

Se hace referencia a la problemática fiscal detectada
cuando se producen daciones en pago, para que el deudor no deba hacer
frente a impuestos injustos en el IRPF, de transmisiones o de incremento
sobre el valor de los terrenos.

ENMIENDA NÚM. 90

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria
cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

«Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los
procesos de ejecución.

1. Las modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, introducidas por la presente ley serán de
aplicación a los procesos de ejecución iniciados a su entrada en vigor,
únicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes de
realizar.

2. En todo caso, en los procedimientos ejecutivos en curso
a la entrada en vigor de esta ley en los que haya transcurrido el periodo
de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo
preclusivo de dos meses para formular un incidente extraordinario de
oposición basado en la existencia de las nuevas causas de oposición
previstas en el apartado 7.ª del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El plazo preclusivo de dos meses se computará desde el día
siguiente a la entrada en vigor de esta ley y la formulación de las
partes del incidente de oposición tendrá como efecto la suspensión del
curso del proceso hasta la resolución del incidente, conforme a lo
previsto en los artículos 558 y siguientes y 695 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Esta disposición transitoria se aplicará a todo
procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta en posesión
del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. Asimismo, en los procedimientos ejecutivos en curso en
los que, a la entrada en vigor de esta ley, ya se haya iniciado el
periodo de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán del mismo plazo
preclusivo de dos meses previsto en el apartado anterior para formular
oposición basada en la existencia de cualesquiera causas de oposición
previstas en los artículos 557 y 695 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

4. La publicidad de la presente disposición tendrá el
carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y
cómputo de los plazos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo,
no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al
efecto.

4 bis. No obstante lo anterior, el Gobierno habilitará
reglamentariamente, en el plazo de 3 meses, un procedimiento
extraordinario para proceder a la revisión de oficio de las ejecuciones
iniciadas susceptibles de acogerse a la oposición por cláusulas abusivas,
para los supuestos en que los deudores no hayan podido acogerse a las
medidas contempladas en los párrafos anteriores.

5. Lo dispuesto en el artículo 579.2 de la Ley
Enjuiciamiento Civil será de aplicación a las adjudicaciones de vivienda
habitual realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley,
siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho completamente la deuda y
que no hayan transcurrido los plazos a los que se refieren las letras a)
y b) del citado artículo. En estos casos, los plazos anteriores que
vencieran a lo largo de 2013 se prolongarán hasta el 1 de enero de
2014.

La aplicación de lo previsto en este apartado no supondrá
en ningún caso la obligación del ejecutante de devolver las cuantías ya
percibidas del ejecutado.»

JUSTIFICACIÓN

El texto propuesto no prevé que para las ejecuciones en
curso el juez pueda actuar de oficio sino que deja en manos del deudor
quien en el plazo de un mes anuncie la oposición a las cláusulas
abusivas. Consideramos más razonable habilitar un procedimiento
extraordinario de revisión de oficio, sin obligar al deudor a iniciar
acciones.

Por último, se propone ampliar de uno a 2 meses el plazo
para que el deudor, si lo estima oportuno, pueda formular un incidente
extraordinario de oposición.

Página
101

ENMIENDA NÚM. 93

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar el apartado 4 del artículo 5 del Real Decreto-ley
6/2012, modificado por el apartado 5 del artículo 8 de la Proposición de
Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social.

Redacción que se propone:

«4. Desde la adhesión de la entidad de crédito, y una vez
que se produzca la acreditación por parte del deudor de que se encuentra
situado dentro del umbral de exclusión, serán de obligada aplicación las
previsiones del Código de Buenas Prácticas. Las partes procederán a la
formalización en escritura pública de la novación del contrato resultante
de la aplicación de las previsiones contenidas en el Código de Buenas
Prácticas. Los costes de dicha formalización se repartirán al 50% entre
ambas partes.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario un reparto más equilibrado de los costes los
costes de escritura pública de novación del contrato realizados a raíz
del Código de Buenas Prácticas.

ENMIENDA NÚM. 94

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto-ley
6/2012, modificado por el apartado 6 del artículo 8 de la Proposición de
Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social.

Redacción que se propone:

«2. La comisión de control estará integrada por once
miembros:

a) Uno nombrado por el Ministerio de Economía y
Competitividad con al menos rango de Director General, que presidirá la
comisión y tendrá voto de calidad.

b) Uno designado por el Banco de España, que actuará como
Secretario.

c) Uno designado por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

d) Un juez designado por el Consejo General del Poder
Judicial.

e) Un Secretario Judicial designado por el Ministerio de
Justicia.

f) Un notario designado por el Consejo General del
Notariado.

g) Uno designado por el Instituto Nacional de
Estadística.

h) Uno designado por la Asociación Hipotecaria
Española.

i) Uno designado por el Consejo de Consumidores y
Usuarios.

j) Dos designados por las asociaciones no gubernamentales
que determinará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
que realicen labores de acogida.

k) Uno en representación de de los organismos de defensa
del consumidor de las comunidades autónomas.

La comisión de control determinará sus normas de
funcionamiento y se reunirá cada vez que sea convocada por su Presidente,
por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miembros. Estará,
asimismo, facultada para establecer su propio régimen de
convocatorias.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario que en la Comisión de Control exista un
representante de los consumidores hipotecados y de organismos de defensa
del consumidor de las CCAA, destinatarios del Código de Buenas Prácticas
ya que las CCAA tienen competencia en consumo.

ENMIENDA NÚM. 95

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar el apartado a) 1 del anexo del Real Decreto-ley
6/2012, modificado por apartado 8 del artículo 8 de la Proposición de Ley
de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social.

Redacción que se propone:

«a) Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación
del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y en todo
caso los deudores comprendidos en el ámbito de la ley de medidas urgentes
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios sobre los cuales
se haya suspendido el lanzamiento o el procedimiento de ejecución
hipotecaria, podrán solicitar y obtener de la entidad acreedora la
reestructuración de su deuda hipotecaria al objeto de alcanzar la
viabilidad a medio y largo plazo de la misma. Junto a la solicitud de
reestructuración, acompañarán la documentación prevista en el artículo
3.2 del citado real decreto-ley.

No podrán formular tal solicitud aquellos deudores que se
encuentren en un procedimiento de ejecución, una vez se haya producido el
anuncio de la subasta.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario que las personas beneficiadas con la ley de
medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios
tengan el derecho de acogerse al Código de Buenas Prácticas.

ENMIENDA NÚM. 96

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
primera.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional primera. Creación de un parque de
viviendas sociales.

El Gobierno en el plazo de dos meses de la presenta ley,
regulará las medidas necesarias para garantizar que un porcentaje de los
activos correspondientes a viviendas, que las entidades de crédito hayan
aportado a una sociedad para la gestión de activos en los términos
establecidos en el Capítulo II de la Ley 9/2012, sea cedido
temporalmente, por dichas sociedades, a ayuntamientos y comunidades
autónomas con programas de política social de vivienda, para ser
utilizados como viviendas sociales. Las administraciones territoriales
correspondientes podrán gestionar dichas viviendas con carácter social
directamente o a través de entidades sin fines de lucro.

Reglamentariamente se determinará el porcentaje indicado en
el párrafo anterior, así como las condiciones de cesión de viviendas para
que sean gestionadas por las entidades territoriales dentro de sus
programas de vivienda social.»

JUSTIFICACIÓN

El periodo de comercialización de los activos aportados a
las sociedades para la gestión de activos es forzosamente de medio y
largo plazo, por lo que una parte de los mismos deberá restar
inmovilizado. En el caso de viviendas construidas, ello coincide en el
tiempo y por efectos de la propia crisis, con un aumento de las demandas
sociales que reciben las Comunidades Autónomas y los municipios en
materia de vivienda, por lo que parece oportuno que en el propio proceso
de de comercialización de activos que se efectúe a través de las
sociedades de gestión se contemple la consecución del objetivo de que
dichas sociedades contribuyan a paliar el problema social de la vivienda
que padecen las administraciones territoriales para casos de extrema
necesidad.

Actualmente se ha creado un fondo social de viviendas del
que han quedado excluidas las comunidades autónomas y en cambio están las
diputaciones, lo que no tiene sentido ya que las comunidades autónomas
tienen plenas competencias en vivienda.

ENMIENDA NÚM. 97

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
primera.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional primera. Fondo social de
viviendas.

Se encomienda al Gobierno que promueva con el sector
financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de
las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas
personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago
de un préstamo hipotecario. Este fondo social de viviendas tendrá por
objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de
arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que
perciban o la discapacidad de alguno de los miembros de la unidad
familiar.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta
Ley se podrá valorar la ampliación del ámbito de cobertura del fondo
social de viviendas a personas que se encuentren en circunstancias de

vulnerabilidad social distintas a las previstas en el
artículo 1 de esta Ley. Antes de dicho periodo, únicamente podrán
efectuarse adjudicaciones a dichas personas cuando las circunstancias
excepcionales del caso lo justificasen y así se pusiese de
manifiesto.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone recoger como criterio para conceder el
arrendamiento de viviendas propiedad de las entidades de crédito no solo
los ingresos sino también la situación de discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 98

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional (nueva). Equiparación del
tratamiento fiscal de la dación en pago y de la ejecución
hipotecaria.

En el plazo de tres meses desde la aprobación de la
presente ley, el gobierno presentará un Proyecto de Ley para la
equiparación del régimen fiscal de la dación en pago al de la
adjudicación del bien inmueble por sentencia de remate en los siguientes
puntos:

a) Que en la dación en pago la base imponible sea el precio
de la dación sin que proceda la comprobación de valores.

b) Que en la dación en pago, cuando la vivienda sea cedida
a un tercero, únicamente se tribute por una transmisión tal como sucede
en la cesión de remate previa a la adjudicación por el ejecutante.

Asimismo, el proyecto de ley contemplará:

a) Que en la dación en pago no exista tributación alguna
por incremento patrimonial por concepto de IRPF.

b) Que en la dación en pago la tributación en concepto de
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana se invierta el sujeto pasivo y lo satisfaga el adquiriente.»

JUSTIFICACIÓN

Que la dación en pago no comporte una desventaja fiscal
frente a la ejecución hipotecaria y por tanto ello no suponga un
desincentivo.

ENMIENDA NÚM. 99

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional (nueva). Leasing social sobre la
vivienda habitual hipotecada.

Si así lo pactan las partes, el deudor y el acreedor pueden
pactar un leasing sobre la vivienda habitual.

Por medio de este pacto, el leasing social sobre la
vivienda habitual el deudor tiene el derecho de permanecer en la
vivienda, una vez producida la adjudicación como consecuencia del
procedimiento ejecutivo, y de cancelar la deuda con el acreedor a cambio
de pagar una renta al adjudicatario, que se destina al pago de los
intereses y del capital, y de transmitir la propiedad de la vivienda al
acreedor.

El adjudicatario acreedor, salvo pacto en contrario, está
obligado a pagar las contribuciones y cargas que pesen sobre la finca. Lo
está asimismo a hacer los gastos necesarios para su conservación y
reparación.

Una vez, el pago de las rentas cancelen el capital, los
intereses y las cantidades satisfechas por el acreedor en concepto de
contribuciones y cargas que pesen sobre la finca y por los gastos
necesarios de conservación y reparación, el deudor podrá recuperar la
propiedad de la finca.»

JUSTIFICACIÓN

Ante la pérdida de la vivienda por parte de muchas
familias, esta figura es una solución que beneficia tanto al deudor como
al acreedor. De un lado, permite a las familias seguir en la vivienda a
cambio del pago de una renta acorde con sus posibilidades y de cancelar
la deuda, del otro permite al banco recuperar el crédito. En último
término, posibilita también a la familia volver a tener la propiedad de
la vivienda una vez haya pagado todo el capital e intereses.

ENMIENDA NÚM. 100

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional (nueva). Compatibilización con la
normativa hipotecaria del leasing social sobre la vivienda habitual
hipotecada.

Que en el plazo de 1 mes desde la aprobación de la presente
ley, el gobierno abordará los cambios normativos precisos para
revitalizar el leasing social y su compatibilización con la normativa
hipotecaria.»

JUSTIFICACIÓN

Se hace necesario que el Gobierno regule esta figura
jurídica.

Página
107

JUSTIFICACIÓN

Facilitar que sean alertados los servicios sociales
pertinentes en caso de desahucio.

ENMIENDA NÚM. 105

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional (nueva). Fondo de Rescate para
Personas sin recursos.

El Gobierno, en el plazo de un mes desde la aprobación de
la presente Ley procederá a crear un Fondo de Rescate para Personas sin
recursos, afectadas por un desahucio, sea a causa de una ejecución
hipotecaria o por causa de impago de alquiler, siempre que se hallen
comprendidos en los supuestos de especial vulneración a los que se
refiere el artículo 1.2 de la presente ley. Dicho Fondo, entre otras
funciones, pagará un alquiler social a las personas y familias afectadas
y será gestionado por las comunidades autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

La creación del FROB está permitiendo facilitar la
recapitalización de entidades financieras y con ello garantizar su
viabilidad, sin embargo la respuesta a la crisis del sector financiero no
puede limitarse a evitar un crack financiero, es preciso abordar
respuestas realistas y efectivas para evitar el crak social sobre
personas y familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios,
es decir, es preciso proceder también al rescate financiero de personas y
familias afectadas.

ENMIENDA NÚM. 106

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional (nueva). Seguros de crédito
vinculados a la contratación de una hipoteca.

Las entidades financieras, a la hora de conceder un crédito
hipotecario para el cual requieran la contratación de un seguro,
proporcionaran al consumidor, previamente a la conclusión del contrato,
toda la información necesaria sobre el contrato de seguro exigido, para
que el consumidor pueda buscar y comparar las ofertas existentes en el
mercado y elegir libremente. En caso de que la entidad financiera rechace
la opción alternativa presentada por el consumidor, deberá justificar
adecuadamente su decisión.

Asimismo, la decisión del consumidor de cambiar el
proveedor del seguro por otro de las mismas características durante la
vigencia del contrato de crédito, no podrá tener un efecto en el interés
del mismo o en otro elemento de dicho contrato.»

JUSTIFICACIÓN

A raíz de la problemática existente en España que supone
para los consumidores de las entidades financieras la contratación de
créditos hipotecarios con las mismas, y con el fin de garantizar y
fortalecer la protección al consumidor, es el momento de fomentar
iniciativas para poner fin a este tipo de prácticas.

Lo que se pretende con esta enmienda es conseguir el
desarrollo de prácticas de concesión de crédito más responsables con el
objetivo de proteger al consumidor.

Esta propuesta pretende establecer un mercado interior de
crédito hipotecario en el que el consumidor goce de una elevada
protección, lo que impulsaría de nuevo la confianza del mismo.

ENMIENDA NÚM. 107

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria
cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los
procesos de ejecución.

1. Las modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil introducidas por la presente Ley serán de aplicación
a los procesos de ejecución iniciados a su entrada en vigor, únicamente
respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes de realizar.

2. En todo caso, en los procedimientos ejecutivos en curso
a la entrada en vigor de esta Ley en los que haya transcurrido el periodo
de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo
preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de
oposición basado en la existencia de las nuevas causas de oposición
previstas en el apartado 7.ª del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El plazo preclusivo de un mes se computará desde el día
siguiente a la entrada en vigor de esta Ley y la formulación de las
partes del incidente de oposición tendrá como efecto la suspensión del
curso del proceso hasta la resolución del incidente, conforme a lo
previsto en los artículos 558 y siguientes y 695 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Esta disposición transitoria se aplicará a todo
procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta en posesión
del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. Asimismo, en los procedimientos ejecutivos en curso en
los que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya se haya iniciado el
periodo de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán del mismo plazo
preclusivo de un mes previsto en el apartado anterior para formular
oposición basada en la existencia de cualesquiera causas de oposición
previstas en los artículos 557 y 695 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

4. Para la notificación y cómputo de los plazos previstos
en los apartados 2 y 3 de esta disposición, serán de aplicación los
criterios previstos en el artículo 686 de la Ley de enjuiciamiento civil,
excepto la publicación de edictos.

5. Lo dispuesto en el artículo 579.2 de la Ley
Enjuiciamiento Civil será de aplicación a las adjudicaciones de vivienda
habitual realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley,
siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho completamente la deuda y
que no hayan transcurrido los plazos a los que se refieren las letras a)
y b) del citado artículo. En estos casos, los plazos anteriores que
vencieran a lo largo de 2013 se prolongarán hasta el 1 de enero de
2014.

La aplicación de lo previsto en este apartado no supondrá
en ningún caso la obligación del ejecutante de devolver las cuantías ya
percibidas del ejecutado.

6. Con referencia a los procedimientos ejecutivos en curso
a la entrada en vigor de esta ley, se entienden automáticamente
prorrogadas las designas de abogado y procurador inicialmente designados
para la representación y defensa de los deudores hipotecarios que en su
día hubieren obtenido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, sin
perjuicio del efecto de las causas de renuncia o excusa previstas en la
ley.»

JUSTIFICACIÓN

Con referencia al apartado 4 de esta disposición
transitoria hay que señalar que el efecto directo de la publicación de
una norma en el BOE (como se prevé en el texto aprobado inicialmente por
el Congreso de los Diputados para esta proposición de ley: «la publicidad
de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y
válida») debe reputarse aceptable respecto de los efectos jurídicos
futuros que deba producir.

Pero, por el contrario, no parecen viables estos efectos
directos respecto de procesos de ejecución en trámite, en una mayoría de
los cuales el ejecutado ni siquiera está personado. Si la motivación
última de la ampliación de los motivos de oposición es ofrecer un
instrumento más garantista al ejecutado hipotecario, esta garantía se
diluye si no se acude a un acto de comunicación real y concreto en cada
proceso de ejecución hipotecaria en trámite.

Se propone que sea de aplicación no el régimen general de
actos de comunicación sino el específico y más restringido de la
ejecución hipotecaria, del artículo 686 LEC. Con ello el riesgo de
dilaciones se minimiza sustancialmente. Se excluye la publicación de
edictos, al no tener ningún efecto real a los efectos de lo que se
pretende notificar.

Respecto al apartado 6 que se propone, debe advertirse una
circunstancia importante: la mayoría de abogados que han estado
interveniendo por designa derivada de justicia gratuita en la defensa de
deudores en procesos hipotecarios en su día concluidos y que se hallan en
trámite de ejecución tienen agotado o está a punto de agotarse el mandato
de defensa, puesto que dura 2 años en ejecución (Artículo 31 de la ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita). Los deudores,
además de ver como disponen de un solo mes para alegar la abusividad de
algunas cláusulas hipotecarias, no podrán hacerlo a través de los
letrados que ya tuvieron designados en su día y habrán de acudir al
Juzgado a solicitar una designa urgente de nuevos letrados, con petición
de suspensión del plazo de un mes al que se refiere la DT 4 a través del
art. 16 LAJG, dilatándose el procedimiento y pudiendo resultar
perjudicado el derecho de defensa de esas personas. La propuesta que se
hace evita la solicitud de suspensión del plazo y el posible perjuicio a
su derecho de defensa, si no se concediera.

ENMIENDA NÚM. 108

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición final (nueva). Proposición de Ley de
regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de
alquiler social.

1. Dación en pago en la ejecución hipotecaria.

Se añade un nuevo párrafo, con el número 4, al artículo 693
de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

“4. Si el bien ejecutado fuese la vivienda habitual,
el deudor podrá comparecer con anterioridad a la celebración de la
subasta solicitando la entrega del bien hipotecado en pago de la deuda
garantizada. En

este caso, el Tribunal podrá dictar resolución autorizando
la entrega y acordando la adjudicación del inmueble al ejecutante en pago
del total de la deuda garantizada, extinguiéndose la misma junto con los
intereses y costas.”

2. Se da nueva redacción al artículo 579 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil:

“Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra
bienes hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria se
estará a lo dispuesto en el capítulo V de este Título. Si, subastados los
bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para
cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad
que falte y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias
aplicables a toda ejecución. No obstante, en caso que el bien ejecutado
sea la vivienda habitual del deudor, y éste cumple los requisitos
establecidos en el artículo 1 de la Ley de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social, no se podrá iniciar la ejecución dineraria.”»

JUSTIFICACIÓN

Se propone facilitar la dación en pago de la deuda
hipotecaria incrementando las capacidades de decisión del juez y
recogiendo normativamente lo que viene siendo práctica habitual por parte
de una mayoría de las entidades financieras.

ENMIENDA NÚM. 109

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición final (nueva). Modificación de la Ley
concursal.

El artículo 191 quáter de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
concursal, que fue añadido a dicha Ley Concursal por la Ley 38/2011, de
10 de octubre, pasa a ser artículo 191 quinquies, y se añade a la ley un
nuevo artículo 191 quáter, con el siguiente texto:

«Artículo 191 quáter. Especialidades del procedimiento
abreviado en caso de concurso de persona física que afecte a la vivienda
habitual.

1. El deudor persona física podrá instar la declaración de
concurso.

2. El deudor deberá instar el concurso a través de una
solicitud que tendrá carácter confesorio y que se presentará en un
formulario normalizado, acompañada de una propuesta de plan de
liquidación.

3. El auto de declaración de concurso abrirá también la
fase de liquidación. El secretario judicial dará traslado del plan de
liquidación para que sea informado en el plazo de diez días por el
administrador concursal y para que los acreedores puedan formular
alegaciones al mismo.

4. La declaración del concurso suspenderá el procedimiento
de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, que quedará sometido a
lo establecido en el plan de liquidación.

5. El plan de liquidación ordenada de las deudas que se
apruebe deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) El plan deberá respetar los supuestos de
inembargabilidad establecidos en los artículos 605, 606 y 607 de la Ley
de enjuiciamiento civil. La cantidad inembargable establecida en el
artículo 607.1 de la Ley de enjuiciamiento civil se incrementará en un
50%, y se incrementará además con un 30% del salario

mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo
familiar que no disponga de ingresos propios regulares, de salario o de
pensión. A tales efectos, se entenderá que integran el núcleo familiar
del deudor su cónyuge o pareja de hecho y los ascendientes y
descendientes de primer grado que convivan con el mismo.

b) El plan de liquidación ordenada de las deudas deberá
determinar expresamente la forma en que se garantizará el derecho a una
vivienda adecuada a las necesidades familiares del deudor, incluyendo el
arrendamiento o cesión de uso temporal de la vivienda por parte del
titular del préstamo con garantía hipotecaria constituida sobre la
vivienda habitual del deudor. El juez podrá requerir a las
administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales y
de vivienda para que adopten las medidas necesarias para garantizar al
deudor un alojamiento temporal mientras carezca de vivienda y para que le
faciliten la orientación, ayudas y avales que puedan corresponderle de
acuerdo con los programas de ayuda a la vivienda.

c) Si el deudor es titular de un único inmueble y este
constituye su vivienda habitual, el plan podrá acordar la entrega del
bien hipotecado como pago liberatorio de la deuda reclamada y podrá
acordar que este pago dé por satisfechas cuantas cantidades pueda deber
en concepto de capital, de intereses y de costas.

6. En caso de que en la tramitación de un procedimiento de
liquidación ordenada de las deudas se verifique que el deudor no es
titular de bienes y derechos suficientes para satisfacer los créditos, el
juez podrá acordar de forma provisional la exoneración de las deudas
pendientes, que tendrá efecto una vez finalizado el período de
seguimiento del plan, de una duración máxima de cinco años. El auto que
acuerde de forma provisional la exoneración de las deudas pendientes
deberá publicarse en el Registro Público Concursal. El juez deberá fijar,
a propuesta de la administración concursal, el procedimiento para el
seguimiento del plan de liquidación, que especificará las obligaciones
que deberá cumplir el deudor durante el período de seguimiento. Cada seis
meses, la administración concursal deberá presentar al juez que tramite
el concurso un informe sobre el estado de cumplimiento del plan, que
quedará de manifiesto en la oficina judicial.

7. La exoneración del pasivo pendiente a que se refiere el
apartado 6 tendrá efectos respecto a todos los créditos concursales,
excepto los surgidos de la responsabilidad civil derivada de delito.

8. Para acordar la exoneración de las deudas pendientes, en
virtud de lo establecido en el apartado 6, será preciso que concurran
acumulativamente las siguientes condiciones:

a) Que la insolvencia haya sido calificada de fortuita.

b) Que el origen de la situación de insolvencia haya sido
la deuda derivada de la adquisición de la vivienda habitual.

c) Que el deudor haya cumplido el deber de colaboración con
el juez, en los términos del artículo 42 de la Ley concursal.

d) Que el deudor no haya sido condenado por sentencia firme
por delito de insolvencia punible, ni esté sometido a ninguno de los
supuestos establecidos en el artículo 105 de la Ley concursal.

e) Que el deudor no haya sido objeto de exoneración de
otras deudas en el período de los diez años anteriores a la resolución
judicial.

f) Que el deudor no haya presentado, con dolo o culpa
grave, declaraciones incorrectas o incompletas sobre su activo o sobre
sus acreedores.

10. Una vez finalizado el período de seguimiento, la
administración concursal deberá presentar al juez del concurso un informe
sobre el cumplimiento del plan. Las demás partes personadas se
pronunciarán sobre el informe, y el juez, si procede, dictará auto de
aprobación del informe y de exoneración definitiva al deudor de las
deudas pendientes. El auto será recurrible por parte de los acreedores
que se hubieran opuesto a la exoneración.»

JUSTIFICACIÓN

Se añade esta propuesta con el fin de dar una segunda
oportunidad a las personas para que no tengan que pagar una deuda de por
vida si no solo una parte y por un tiempo determinado tal y como ocurre
en los países más avanzados de la Unión Europea.