mínimos ni entre los Grupos Parlamentarios ni entre la
inmensa mayoría de los colectivos implicados en la Justicia.

En estos términos, la paralización del proceso de
renovación del CGPJ hasta que no entre en vigor la reforma del sistema de
elección, funcionamiento y competencias del CGPJ, podría suponer un
fraude y una injerencia del Gobierno, para alcanzar fines partidistas.

Por último, no sería aceptable que en una coyuntura
compleja para nuestra democracia como la actual, un CGPJ con sus
funciones prorrogadas de modo tan atípico, continuara funcionando por
tiempo indefinido hasta la futura e incierta aprobación del nuevo modelo
de funcionamiento, organización y competencias del CGPJ, que también
cuenta con nuestro más absoluto rechazo en su redacción actual, tal y
cómo se regula en el Proyecto de Ley de reforma del Consejo General del
Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, actualmente en trámite en esta Cámara.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica sobre el
proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que
se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Palacio del Senado, 2 de abril de 2013.—Ester Capella
i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.

Se están sucediendo en los últimos meses y en un corto
período de tiempo, diversas reformas de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Una reforma reciente que afecta directamente al estatuto de
Jueces y Magistrados (L.O. 8/2012, de 27 de diciembre), asimismo se
pretende por el Ministerio una reforma general de la L.O.P.J., de la que
se ha desgajado la reforma del Consejo General del Poder Judicial para
tramitarla aceleradamente y que prevé un nuevo sistema de elección, rompe
la estructura de órgano colegiado de 20 miembros y reduce sus funciones,
para lo cual también con mucha urgencia se prevé dejar en suspenso los
arts. 112 y 114 de la LOPJ que obligaban a iniciar en breve el trámite de
renovación del actual Consejo General del Poder Judicial.

En los últimos tiempos la renovación de los órganos
constitucionales y de otros organismos estatales no se produce y quedan
en suspenso a resultas de intereses partidistas. La legislación vigente
prevé mecanismos y plazos de renovación de estos órganos, de manera que
las instituciones, incluyendo al Parlamento y al Gobierno, deben
someterse a lo dispuesto en la Ley. Ciertamente estos mecanismos y plazos
para la renovación pueden ser modificados por una Ley, pero parece de
dudosa legitimidad suspender los artículos que obligan a ello, aplicando
el rodillo de la mayoría absoluta, y a la espera de aprobar una Ley
claramente ideológica que sienta las nuevas bases
—ideológicas— para la renovación del C.G.P.J.

La suspensión de los artículos 112 y 114 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, modificar las reglas del juego (la ley vigente)
cuando se acerca el momento en que deben desplegar sus efectos,
constituye un ataque a los pilares básicos de un sistema democrático. La
suspensión de una determinada norma solo cabría en un supuesto de estado
de excepción, en el que no nos hallamos, pero en ningún caso con la
finalidad de obtener un tiempo e impedir la normal renovación de un
órgano constitucional y a resultas de la aprobación de una futura ley de
reforma del Consejo General del Poder Judicial, por lo que nos hallamos
ante un proyecto de modificación de la L.O.P.J. de contenido y vigencia
limitada y estrechamente vinculado a una reforma futura de la misma.

Asimismo, la urgencia con que debería aprobarse un Proyecto
de Ley tan crucial y polémico como la reforma del C.G.P.J., del cual
conocemos sus claves en tanto que Anteproyecto, limitaría y evitaría
buena parte del necesario debate parlamentario. Especialmente grave si se
modifica la lógica de la división de poderes.

El cuestionamiento democrático es aún más grave si tenemos
presente que se va a limitar la independencia del poder judicial por
parte de un partido absolutamente judicializado, con parte de sus cargos
y líderes imputados o sospechosos en casos que afectan gravemente su
credibilidad y honestidad política.

Desde luego la mayoría parlamentaria tiene el derecho de
modificar la legislación, pero alterar de manera sustancial las reglas
del juego democrático, suspendiendo los mecanismos de renovación de
órganos constitucionales, y la división de poderes, con la nueva reforma;
impulsar de manera urgente una sustancial reforma del poder judicial
esquivando el debate parlamentario o las oportunas comparecencias del
sector; y que la mayoría absoluta que se imponga, con la oposición en
contra, sea la de un partido que está siendo investigado por corrupción
cuestionan gravemente la intencionalidad y legitimidad de la reforma y de
la suspensión de dos artículos para la renovación del CGPJ.

Por todo ello, Esquerra Republicana de Catalunya presenta
la siguiente enmienda de veto, reclamando la devolución del Proyecto de
Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder
Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y
parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder
Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y
parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

Palacio del Senado, 3 de abril de 2013.—Jordi Guillot
Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al
Proyecto de Ley.

Entendemos que el Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso
de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del artículo 114 de
la Ley del Poder Judicial, supone una inaceptable instrumentalización del
ordenamiento jurídico que tiene por único objetivo imponer un nuevo
modelo de elección, funcionamiento y competencias del Consejo General del
Poder judicial marcado por intereses partidistas, y que acabará
debilitando el modelo diseñado por la Constitución, profundizando en el
desmantelamiento de la Justicia iniciado la presente legislatura por el
Gobierno del PP.

Es imprescindible abordar la reforma de la composición,
elección, funcionamiento y competencias del CGPJ, y así lo hemos hechos
constar mediante las oportunas iniciativas parlamentarias, pero este
proceso, iniciado por el Gobierno, nace sin diálogo y sin los consensos
mínimos ni entre los Grupos Parlamentarios ni entre la inmensa mayoría de
los colectivos implicados en la Justicia.

En estos términos, la paralización del proceso de
renovación del CGPJ hasta que no entre en vigor la reforma del sistema de
elección, funcionamiento y competencias del CGPJ, podría suponer un
fraude y una injerencia del Gobierno, para alcanzar fines partidistas.

Por último, no sería aceptable que en una coyuntura
compleja para nuestra democracia como la actual, un CGPJ con sus
funciones prorrogadas de modo tan atípico, continuara funcionando por
tiempo indefinido hasta la futura e incierta aprobación del nuevo modelo
de funcionamiento, organización y competencias del CGPJ, que también
cuenta con nuestro más absoluto rechazo en su redacción actual, tal y
cómo se regula en el Proyecto de Ley de reforma del Consejo General del
Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, actualmente en trámite en esta Cámara.

Página
7

de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así,
teniendo en cuenta que el Consejo actual finaliza su mandato el 24 de
septiembre de 2013, el pasado 25 de marzo el Presidente del Consejo, en
estricto cumplimiento de la Ley, ha entregado en el Congreso de los
Diputados y en el Senado las comunicaciones pertinentes para que las
Cámaras procedan a la elección de los nuevos Vocales.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de
renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende
la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Palacio del Senado, 3 de abril de 2013.—El Portavoz
Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.

El Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación
del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la
vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial propone, en su artículo único,
suspender la puesta en marcha de los mecanismos de designación previstos
en el artículo 112 de la vigente LOPJ, que responden a un procedimiento
para la renovación del Consejo del Poder Judicial con un sistema de
elección que, a su vez, está siendo objeto, en estos momentos, de
tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, a través del
Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder
Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial.

Por este proyecto de ley «se ordena», tal como explica la
Memoria Abreviada de Impacto Normativo, la suspensión de la vigencia del
artículo 112 de la LOPJ, así como de un inciso del artículo 114 de la
misma norma, y se fija un límite temporal para dicha suspensión. Y,
asimismo, se prevé la entrada en vigor el mismo día de su publicación en
el BOE.

En la citada Memoria abreviada de impacto normativo se
afirma que «no estamos ante una derogación, sino sólo ante una suspensión
de vigencia (…) que exige que se establezca un límite temporal a la
misma, que se fija en el momento en que se produzca la expiración del
mandato del actual Consejo, es decir el 24 de septiembre de 2013».
Previéndose el que en el supuesto de que no se aprobara la reforma del
Consejo General del Poder Judicial, en virtud de la ley principal
referida más arriba, recuperarían su vigencia los artículos 112 y 114 de
la LOPJ ahora suspendidos y se pondrían en marcha los mecanismos de
renovación.

Tal como fue presentado el anteproyecto de ley, ha merecido
dos informes severamente críticos por parte del Consejo Fiscal y del
propio Consejo General del Poder Judicial que, además, contó con un voto
particular, extremadamente duro, de cinco vocales del Consejo.

En su valoración inicial del objeto del anteproyecto, el
Consejo Fiscal estima que el anteproyecto carece de rigor técnico y no es
respetuoso con las exigencias que deben tener las normas jurídicas, como
son la previsibilidad, la generalidad y la vocación de permanencia en el
tiempo.

Critica también el Consejo Fiscal que la iniciativa no
tiene como finalidad la modificación del procedimiento de renovación,
sino que pretende suspender temporalmente la vigencia de dos preceptos
sin derogarlos. También el Consejo Fiscal afirma que se crea un régimen
excepcional de derogación temporal de normas para facilitar la aplicación
retroactiva de un régimen jurídico nuevo, que a día de la fecha «ni ha
nacido al mundo del derecho ni ha sido objeto de debate parlamentario» y
que, en este momento, se encuentra, aún, en fase de enmiendas.

Y además, y coincidiendo en ello con el Consejo General del
Poder Judicial, el Consejo Fiscal considera que debería quedar
suspendida, también, la entrega del escalafón y del Registro de
asociaciones judiciales a las Cámaras, pues la afiliación asociativa y el
número de jueces y magistrados en servicio activo pueden experimentar
variaciones por lo que se propone que la suspensión abarque también al
inciso inmediatamente anterior referido a la entrega de esa
documentación.

Planteándose, en suma, una serie de problemas que puede
suscitar la sucesión de normas que no han sido subsanados tampoco por el
Gobierno, como podía haber hecho conocidos estos informes.

Tampoco el Consejo General del Poder Judicial hace una
valoración favorable del proyecto y, de hecho, comienza su Informe
vertiendo una crítica sobre la falta de «ortodoxia» de la técnica
legislativa suscribiendo las recomendaciones de precisión y ajustes que
propone el Consejo Fiscal. Al Informe del CGPJ se emitió un voto
particular suscrito por cinco vocales del mismo con una crítica mucho más
severa del hoy proyecto de ley.

En síntesis, el voto particular afirma que «se violenta la
interdicción de la arbitrariedad del artículo de la Constitución
(…) al utilizar un instrumento normativo por razones metajurídicas
manifiestamente interesadas» y con una «técnica chapucera».

Además, se afirma que la iniciativa sólo obedece al
«cálculo político» y que «parece incluso contener una tacha de
ilegitimidad al sistema vigente de renovación del Consejo». Se afirma
también que «se manipula el ordenamiento jurídico dando prácticamente
efectos retroactivos a una norma que todavía no existe, paralizando un
proceso que debiera producirse conforme a lo legalmente previsto en la
ley vigente».

Critica, igualmente, que se violente el principio de
reserva de ley orgánica al ser este proyecto una ley orgánica que no está
llamada a perdurar, sino una ley orgánica de carácter provisional.

La suspensión temporal de la vigencia de una norma
constituye, en palabras del voto particular «un fenómeno que debe ser
considerado extravagante (…) porque priva a la ley de su función
más genuina que es la efectividad del mandato que incorpora, creándose
así una situación artificiosa en la que el enunciado del precepto no
desaparece del mundo jurídico, pero su eficacia real es nula».

Además, añade que se desconoce aún si, tras la expiración
del mandato del actual CGPJ, la renovación podrá ser llevada a cabo
conforme a la futura ley que se apruebe de reforma del CGPJ o será
necesario rehabilitar la vigencia de los preceptos temporalmente
suspendidos (art. 112 y 114 de la LOPJ).

El Grupo Parlamentario Socialista comparte todas las
valoraciones referidas, rechazando, por tanto, la suspensión de los
artículos 112 y 114 de la LOPJ.

Pero, además de por todas estas razones de fondo, también
rechazamos el proyecto de ley por razones de forma. Una vez más, este
Gobierno vuelve a forzar la tramitación parlamentaria manifestando,
también de nuevo, su desinterés por el respeto a la división de poderes y
su desprecio hacia el Parlamento, y por tanto, hacia los representantes
de los ciudadanos y hacia la democracia entendida como respeto a unas
reglas del juego.

Es ya habitual en el Gobierno y, especialmente, en el
Ministerio de Justicia legislar a golpe de reales decretos-leyes y con
pocos proyectos de ley que, además, no se tramitan nunca de una forma
respetuosa con el procedimiento legislativo. Así pasó con la Ley de
Tasas, así ocurrió con la reforma parcial del Código Penal y así está
pasando con este proyecto de ley que ha vuelto a forzar el procedimiento
parlamentario.

En este caso, con un Ministro de Justicia que más que por
el fondo del proyecto de ley, aparece preocupado, en sede parlamentaria,
por justificar la necesidad de la tramitación por lectura única, siendo
ésta una prerrogativa, no lo olvidemos, que, aún, le corresponde decidir
a los parlamentarios. Un Ministro de Justicia que con este texto parece
estar llamado a perpetrar, nuevamente, otra chapuza jurídica, o quizás
algo peor, máxime cuando el pasado 25 de marzo el Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, en cumplimiento del vigente artículo 114 de
la LOPJ, y mediante sendas comunicaciones remitidas al Congreso de los
Diputados y al Senado, ha procedido a iniciar los trámites para
renovación de este órgano de acuerdo con el actual modelo en vigor de
elección de los vocales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula el
presente veto, al Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación
del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la
vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, solicitando su devolución al
Gobierno.