Secretarios Judiciales y demás empleados públicos de la
Administración de Justicia, y un paso atrás en el servicio público que
debiera prestarse a los ciudadanos.

El Proyecto de modificación de la LOPJ tiene dos partes
perfectamente diferenciadas:

En primer lugar, introduce un nuevo régimen de cobertura de
ausencias, vacantes y de medidas de refuerzo en los órganos judiciales a
través de un nuevo sistema de sustituciones de jueces y magistrados entre
miembros de la carrera judicial a costa de la reducción de jueces
sustitutos y magistrados suplentes, lo que va a suponer una importante
reducción de empleo público —en este caso interino— pero
además, y teniendo en cuenta la enorme carga de trabajo que ya soportan
con carácter general los órganos judiciales, una importante pérdida en la
calidad y eficiencia del Servicio Público que se presta a los
ciudadanos.

En segundo lugar, el articulado de este Proyecto de Ley
viene a aplicar en la Administración de Justicia las medidas contenidas
en el RDL 20/2012 de 13 de julio, adecuando los preceptos de la LOPJ a
las medidas contra los empleados públicos que dicho RDL viene a
establecer (eliminación de los días de asuntos particulares, supresión de
la paga extraordinaria de diciembre, recorte en las retribuciones por
I.T., imposición unilateral de planes de ordenación de recursos humanos
que pueden conllevar incluso la movilidad forzosa).

En líneas generales, las medidas reguladas en este Proyecto
de Ley, lejos de mejorar la eficiencia de la Justicia, suponen un
retroceso y una pérdida injustificable de los derechos laborales y
sociales de los empleados públicos al servicio de la Administración de
Justicia. La remisión al marco jurídico que regula la Administración
General del Estado, obviando las particularidades de la Administración de
Justicia, no sólo incidirá negativamente en las condiciones de trabajo
del personal, sino que también tendrá impacto negativo en el servicio
público que se presta a los ciudadanos.

Del mismo modo, en el caso de Jueces y Magistrados, las
medidas reguladas en el presente Proyecto de Ley repercutirán
negativamente en la carga de trabajo y consecuentemente en la calidad y
agilidad de la función judicial. Estas medidas, en la práctica, van a
traducirse en una Justicia más lenta, de menor calidad y más alejada de
los ciudadanos, en definitiva, debilitan la función jurisdiccional,
menoscaban la independencia del Poder Judicial y desprecian a un servicio
público que ya ha sido merecedor año tras año de un suspenso categórico
de los usuarios de la Administración de Justicia, tal y como revelan las
estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.

El Proyecto de Ley no quiere más y mejor formación,
básicamente lo que quiere es «mano de obra» barata. Bajo la cobertura de
la búsqueda de la máxima profesionalidad, el Gobierno lo que está
pretendiendo es que los Jueces y Magistrados trabajen a destajo y, en
ocasiones, sin retribución, cuando lo que debería procurar es que puedan
resolver los asuntos con más rapidez y con la mayor calidad. Sin embargo,
en lugar de convocar las plazas que corresponda para tener la plantilla
acorde con un servicio público adecuado y determinar la carga de trabajo
de Jueces y Magistrado, el Proyecto de Ley les recarga de trabajo.

Por último, la justificación para presentar una enmienda a
la totalidad de este proyecto y su devolución al Gobierno, también
comparte los mismos argumentos que justificaron nuestra oposición al RDL
20/2012 que, en esencia, son:

— Falta de negociación previa con las organizaciones
sindicales que representamos a los trabajadores de la Administración de
Justicia, en tanto en cuanto se trata de las condiciones laborales y
retributivas de los empleados públicos, en este caso, de Justicia y que,
por mandato de la propia Constitución Española (art. 122) se contienen en
la LOPJ y conforman nuestro estatuto jurídico.

— Recorte de derechos conquistados por los
trabajadores y una continua criminalización de los empleados públicos que
solo esconde una intencionalidad en el desmantelamiento de los servicios
públicos, en este caso, el Servicio Público de la Justicia.

— Un nuevo recorte salarial a los empleados públicos
como medida rápida y eficaz para la reducción del déficit público,
mientras que el gobierno deja de adoptar otras medidas para equilibrar el
peso de la crisis económica a la que nos han abocado.

Es difícil justificar una reforma de la LOPJ que no
conlleva en absoluto ninguna mejora en la prestación del servicio de la
administración de Justicia de cara a los ciudadanos, objetivo final de
toda reforma, máximo cuando nos encontramos ante un servicio de los peor
valorados por los ciudadanos que demandan una Justicia ágil y eficiente,
y de la que este gobierno y su ministro solo se ocupan de disminuir
costes,

empleo y reducir el alto índice de litigiosidad a costa de
impedir o dificultar el acceso a la misma de los ciudadanos en
condiciones de igualdad, encarecerla, desjudicializar, privatizar o
externalizar asuntos judiciales y servicios, en definitiva alejar, más si
cabe, la Justicia de los ciudadanos. Por el contrario, todos estos
motivos justifican sobradamente mantener en esta Cámara el rechazo a este
Proyecto de Ley por parte de este Grupo Parlamentario, así como la
presentación de esta enmienda de veto contra la misma.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de medidas de
eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Palacio del Senado, 10 de diciembre de 2012.—El
Portavoz, Joseba Zubia Atxaerandio.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia
presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, precariza de
manera peligrosa la situación de aproximadamente 1.600 jueces sustitutos
y magistrados suplentes. La vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, en
sus artículos 200 a 216 ya prevé la excepcionalidad en la intervención de
jueces sustitutos y magistrados suplentes en la función jurisdiccional y
que sus llamamientos sólo han de producirse cuando no existan otras
posibilidades de cobertura de las vacantes por los miembros de la carrera
judicial, por los jueces de adscripción territorial, por los jueces
adjuntos o por los jueces en prácticas. No constituye ninguna osadía
afirmar la cualificación y garantías que ofrecen para el correcto
ejercicio de la función jurisdiccional, numerosos jueces sustitutos y
magistrados suplentes cuya trayectoria en el ejercicio de dicha función
es, en ocasiones, muy dilatada en el tiempo.

La atribución a los propios titulares de los órganos
jurisdiccionales de las sustituciones de sus compañeros, que a pesar de
su aparente voluntariedad se contempla como obligatoria en el caso de
compatibilidad de señalamientos de juicio —nueva redacción del
artículo 210, apartado 1, letra a), del Proyecto—, y la finalidad
perseguida de que los planes anuales de sustitución impidan los
señalamientos solapados entre el titular y su sustituto ordinario o
natural —Motivo III, y artículo 210.2 del Proyecto— van a
suponer para los miembros de la carrera judicial una sobrecarga de
trabajo del todo inasumible, puesto que si ya en estos momentos la carga
de trabajo excede con mucho de los parámetros objetivos fijados por el
CGPJ, con mayor motivo la asignación de sustituciones a los titulares
sustitutos ordinarios o naturales impedirá que las resoluciones
judiciales reúnan los estandares de calidad necesarios y que sean
dictadas en un tiempo razonable.

Por otro lado el ahorro de 20 millones de euros, que el
Gobierno preconiza como justificativo de la reforma, no se corresponde al
que resultaría de la asignación de las sustituciones a los jueces
titulares sustitutos ordinarios o naturales en detrimento de los jueces
sustitutos y magistrados suplentes, puesto que el presupuesto asignado
actualmente a estos últimos incluye también las retribuciones que se
abonan a los magistrados eméritos, a quienes también se les considera
legalmente como magistrados suplentes.

De aprobarse el proyecto de Ley en los términos en que está
redactado, unos 1.600 jueces sustitutos y magistrados suplentes, que
actualmente están nombrados para el ejercicio de la función
jurisdiccional, perderían prácticamente su empleo después de haberse
dedicado en exclusiva, en muchos casos durante quince, veinte o
veinticinco años, a dicho ejercicio, y después de haber sido destinados,
también en muchos casos, en los juzgados más colapsados y en territorios
especialmente afectados por la violencia terrorista.

La pretendida «profesionalización» de la justicia no deja
de ser una argumentación sorprendente por ignorar la manifiesta realidad
de que muchos jueces sustitutos y magistrados suplentes llevan

desempeñando la función jurisdiccional durante muchos años,
contando con una amplia experiencia, sólida formación jurídica, y una
aptitud demostrada. Restringir la condición de «profesional», como se
hace en el Proyecto, a quién superó una oposición (incluyendo a quienes
recientemente lo han hecho), y negarla a quién ha desempeñado la labor
jurisdiccional durante largos años y dictado miles de sentencias,
superando el control y baremación que año tras año efectúa el CGPJ, no
deja de ser llamativo y sorprendente.

En el Proyecto de Ley se pretende además reducir al máximo
los llamamientos de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, y se
sigue manteniendo el rígido régimen de incompatibilidades y prohibiciones
que la LOPJ les asigna al exigírseles, al igual que a los jueces y
magistrados de carrera, dedicación exclusiva durante todo el período de
su nombramiento (nueva redacción de los artículos 199.7 y 213.2, y
artículos 201.4 y 298.2 de la vigente LOPJ). De igual forma, se sigue
manteniendo su vigente régimen retributivo (artículo 199.4 y 213.5), que
remiten al Reglamento —hoy artículo 5 RD 431/2004—, al
retribuírseles tan sólo los días en que son llamados para desempeñar la
función jurisdiccional. Y, como consecuencia de ello, se sigue
manteniendo su vigente y también precario régimen de protección social
—hoy RD 960/1990—, que consiste en darles de alta en
Seguridad Social y cotizar tan sólo durante los días en que son llamados
para realizar sustituciones, y no durante todo el período de su
nombramiento (lo que contraviene la Ley General de Seguridad Social y la
jurisprudencia social). Con ello se da la perniciosa consecuencia de que
los jueces sustitutos y magistrados suplentes no pueden desempeñar
ninguna otra actividad distinta, (salvo la docencia) que genere
cotización, y que, por el contrario, el Ministerio de Justicia tan sólo
les da el alta y cotiza durante los días en que realizan
sustituciones.

Finalmente señalar que en el Proyecto de Ley se vulneran
las competencias autonómicas relativas al personal al servicio de la
Administración de Justicia, y se acomete la extravagancia de utilizarlo
para suprimir la paga extraordinaria de Navidad del 2012 a los miembros
del Cuerpo de Secretarios Judiciales y al resto del personal al servicio
de la Administración de Justicia.

Los aspectos anteriormente referidos nada tienen que ver
con la eficiencia presupuestaria de la Administración de Justicia. De
nuevo, medidas de ahorro público (de dudosa justicia) se intercalan en
Proyectos de Ley como el presente, con finalidades y objetivos
absolutamente diferentes a los mismos, y justifican la presentación de
esta Propuesta de Veto.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia
presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Palacio del Senado, 10 de diciembre de 2012.—El
Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.

Como ya es práctica habitual en los proyectos que remite a
la Cámara este Gobierno, si uno se fijara sólo en las rúbricas, nadie
dudaría de las bondades que pretende y de la necesidad y conveniencia de
las medidas del mismo, pero tras el estudio del contenido, se constata
que no sólo no es acorde con la rúbrica, sino que nada tiene que ver con
la misma e incluso que lo que contiene es contrario a lo que dice la
misma.

Las normas cuya modificación se persigue afectarán de
manera directa a los integrantes del tercer poder del Estado, pero éstos
prestan sus servicios en el marco de la Administración de Justicia, y por
tanto, el destinatario último de su trabajo es el ciudadano.

Por consiguiente, si bien estamos de acuerdo con la
adopción de medidas para lograr la eficiencia presupuestaria en ésta,
como en todas las administraciones, evitando gastos superfluos,
reiteramos que tales medidas no serán correctas si no garantizan la
adecuada prestación del servicio.

El sistema actual de planta judicial, admite que el 27,82
por ciento de la misma esté atendida por personas que no pertenecen a la
carrera judicial y ello es así porque no hay jueces y magistrados de
carrera suficientes para dar respuesta a las necesidades estructurales y
coyunturales que existen en la planta judicial.

Si bien el Grupo Parlamentario Socialista es partidario de
una justicia atendida por profesionales pertenecientes a la carrera
judicial, lo que de verdad considera primordial es ofrecer a los
ciudadanos un verdadero servicio público como es el servicio público de
la justicia, que deberá prestarse adecuadamente y manteniendo un estándar
de calidad, y entendemos que con la propuesta que contiene el Proyecto no
queda garantizado. En relación con lo anterior, consideramos que debe
mantenerse el nombramiento de jueces sustitutos para la cobertura de
bajas y vacantes de larga duración. La profesionalización en el ejercicio
de la jurisdicción no garantiza la calidad del servicio si no se ejerce
en las condiciones adecuadas. Esta justicia de suplentes, si bien debe
ser reducida a lo imprescindible, tiene que ir acompañada de la
incorporación en estas funciones de jueces y magistrados titulares, para
lo que se requieren nuevas incorporaciones y ello sin olvidar que los
profesionales de los que se pretende prescindir de la noche a la mañana
pasarán a engrosar, en muchos casos, la lista de desempleados, al ser
despedidos, en la práctica, sin tener siquiera derecho a
indemnización.

Pues bien, el Proyecto sólo ofrece un incremento del
trabajo para los miembros de la carrera judicial, reducción de suplentes
y nuevos recortes de derechos para otros colectivos. Y esto se hace a la
vez que la Ley de Presupuestos Generales del Estado limita la oferta de
empleo público en el ámbito de la carrera judicial.

Habría que empezar por incrementar la oferta pública de
plazas para las carreras judicial y fiscal como bien ha propuesto el
Grupo Parlamentario Socialista vía enmienda al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

El artículo 14.2 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo,
reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal que
regula la transparencia judicial recoge que el Plan de transparencia
judicial constituye una herramienta básica de las Administraciones
públicas y del Consejo General del Poder Judicial para la planificación,
desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la
Administración de Justicia. Así mismo recoge que asegurará la
disponibilidad permanente por las Cortes Generales, el Gobierno, el
Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas de
información actualizada, rigurosa y debidamente contrastada sobre la
actividad y carga de trabajo de todos los órganos jurisdiccionales de
España. Sobre estos parámetros deberían existir unos índices claros sobre
la carga de trabajo asumible y exigible a los miembros de la carrera
judicial hasta el momento no existentes, para cuya fijación puede ser un
buen momento.

El texto utiliza términos como escasa carga de trabajo que,
al no existir norma ni legal ni reglamentaria que determine la carga de
trabajo asumible y exigible a cada juez o magistrado, no permite que la
misma sea usada como criterio para imponer obligaciones distintas de las
derivadas de su puesto de trabajo. En consecuencia, imponer trabajo
obligatorio o forzoso en un puesto de trabajo distinto del propio podría
vulnerar principios básicos como la independencia y la inamovilidad de
los miembros de la carrera judicial. Además de lo anterior, no debemos
olvidar que órganos judiciales en principio iguales en cuanto a carga de
trabajo, no tienen las mismas tasas de resolución. En aplicación de estas
normas podría resultar que se imponga una sustitución no voluntaria a
quien más trabaje.

De otra parte, el Proyecto de Ley viene a regular, con el
rango legal adecuado, determinadas previsiones de reducción de derechos
que ya se han aplicado a los empleados públicos que prestan sus servicios
en otras administraciones y que venían contenidas en el Decreto-Ley
20/2012, pero que por afectar a colectivos que tienen su regulación en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, como los secretarios judiciales y resto
de funcionarios judiciales no les eran exigibles.

En coherencia con la postura mantenida en la convalidación
del Decreto-ley 20/2012, mantenemos el rechazo en cuanto a la supresión
de la paga extraordinaria de Navidad, la reducción de días de libre
disposición, la supresión de días adicionales por antigüedad, así como la
reducción del régimen retributivo durante la situación de incapacidad
temporal. En concreto, la reducción del régimen retributivo durante la
situación de incapacidad temporal no es más que la extensión de un manto
de sospecha sobre todo un colectivo y donde lo único que queda claro es
que lo que importa, no es si hay fraude en la incapacidad temporal o no,
que podría y debería combatirse con la inspección médica, sino de tener
en una excusa para sustraer retribuciones a los empleados públicos.

En resumen, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que
este Proyecto de Ley no atiende a la finalidad principal que debe regir
cualquier cambio en la Administración de Justicia y que no es otra que la
prestación a los ciudadanos de un adecuado servicio público de la
justicia. En consecuencia, se formula el presente veto al Proyecto de Ley
Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de
Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, solicitando su devolución al Gobierno.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de
Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial.

Palacio del Senado, 10 de diciembre de 2012.—Jordi
Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al
Proyecto de Ley.

El Proyecto de Ley tras su tramitación en el Congreso de
los Diputados continúa presentándose como un Proyecto de Ley que tras los
pretendidos objetivos de profesionalización de la carrera judicial y de
garantizar la estabilidad presupuestaria, lo que realmente regula son los
duros ajustes presupuestarios y los recortes de derechos laborales y
sociales, sin precedentes en democracia, en la Administración de
Justicia. El Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia
presupuestaria en la Administración de Justicia por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial con las
modificaciones introducidas en el trámite parlamentario básicamente
introduce los recortes previstos en el Real Decreto Ley de 13 de julio de
2012, con pequeños matices, que no alteran los objetivos reales del
Gobierno, justificando así la presente enmienda de veto contra el
mismo.

Este Proyecto de Ley, junto a las reformas legales
anunciadas por el Gobierno, la Ley de Tasas Judiciales y el propio
Presupuesto del Ministerio de Justicia para 2013, supone un ataque más al
servicio público de la Justicia, que además cuenta con el rechazo
mayoritario de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales y
demás empleados públicos de la Administración de Justicia, y un paso
atrás en el servicio público que debiera prestarse a los ciudadanos.

El Proyecto de modificación de la LOPJ tiene dos partes
perfectamente diferenciadas:

En primer lugar, introduce un nuevo régimen de cobertura de
ausencias, vacantes y de medidas de refuerzo en los órganos judiciales a
través de un nuevo sistema de sustituciones de jueces y magistrados entre
miembros de la carrera judicial a costa de la reducción de jueces
sustitutos y magistrados suplentes, lo que va a suponer una importante
reducción de empleo público —en este caso interino— pero
además, y teniendo en cuenta la enorme carga de trabajo que ya soportan
con carácter general los órganos judiciales, una importante pérdida en la
calidad y eficiencia del Servicio Público que se presta a los
ciudadanos.

En segundo lugar, el articulado de este Proyecto de Ley
viene a aplicar en la Administración de Justicia las medidas contenidas
en el RDL 20/2012 de 13 de julio, adecuando los preceptos de la LOPJ a
las medidas contra los empleados públicos que dicho RDL viene a
establecer (eliminación de los días de asuntos particulares, supresión de
la paga extraordinaria de diciembre, recorte en las retribuciones por
I.T., imposición unilateral de planes de ordenación de recursos humanos
que pueden conllevar incluso la movilidad forzosa).

En líneas generales, las medidas reguladas en este Proyecto
de Ley, lejos de mejorar la eficiencia de la Justicia, suponen un
retroceso y una pérdida injustificable de los derechos laborales y
sociales de los empleados públicos al servicio de la Administración de
Justicia. La remisión al marco jurídico que regula la Administración
General del Estado, obviando las particularidades de la Administración de
Justicia, no

solo incidirá negativamente en las condiciones de trabajo
del personal, sino que también tendrá impacto negativo en el servicio
público que se presta a los ciudadanos.

Del mismo modo, en el caso de Jueces y Magistrados, las
medidas reguladas en el presente Proyecto de Ley repercutirán
negativamente en la carga de trabajo y consecuentemente en la calidad y
agilidad de la función judicial. Estas medidas, en la práctica, van a
traducirse en una Justicia más lenta, de menor calidad y más alejada de
los ciudadanos, en definitiva, debilitan la función jurisdiccional,
menoscaban la independencia del Poder Judicial y desprecian a un servicio
público que ya ha sido merecedor año tras año de un suspenso categórico
de los usuarios de la Administración de Justicia, tal y como revelan las
estadísticas del Consejo General del Poder judicial.

El Proyecto de Ley no quiere más y mejor formación,
básicamente lo que quiere es «mano de obra» barata. Bajo la cobertura de
la búsqueda de la máxima profesionalidad, el Gobierno lo que está
pretendiendo es que los Jueces y Magistrados trabajen a destajo y, en
ocasiones, sin retribución, cuando lo que debería procurar es que puedan
resolver los asuntos con más rapidez y con la mayor calidad. Sin embargo,
en lugar de convocar las plazas que corresponda para tener la plantilla
acorde con un servicio público adecuado y determinar la carga de trabajo
de Jueces y Magistrados, el Proyecto de Ley les recarga de trabajo.

Por último, la justificación para presentar una enmienda a
la totalidad de este proyecto y su devolución al Gobierno, también
comparte los mismos argumentos que justificaron nuestra oposición al RDL
20/2012 que, en esencia, son:

— Falta de negociación previa con las organizaciones
sindicales que representamos a los trabajadores de la Administración de
Justicia, en tanto en cuanto se trata de las condiciones laborales y
retributivas de los empleados públicos, en este caso, de Justicia y que,
por mandato de la propia Constitución Española (art. 122) se contienen en
la LOPJ y conforman nuestro estatuto jurídico.

— Recorte de derechos conquistados por los
trabajadores y una continua criminalización de los empleados públicos que
solo esconde una intencionalidad en el desmantelamiento de los servicios
públicos, en este caso, el Servicio Público de la Justicia.

— Un nuevo recorte salarial a los empleados públicos
como medida rápida y eficaz para la reducción del déficit público,
mientras que el gobierno deja de adoptar otras medidas para equilibrar el
peso de la crisis económica a la que nos han abocado.

Es difícil justificar una reforma de la LOPJ que no
conlleva en absoluto ninguna mejora en la prestación del servicio de la
administración de Justicia de cara a los ciudadanos, objetivo final de
toda reforma, máximo cuando nos encontramos ante un servicio de los peor
valorados por los ciudadanos que demandan una Justicia ágil y eficiente,
y de la que este gobierno y su Ministro solo se ocupan de disminuir
costes, empleo y reducir el alto índice de litigiosidad a costa de
impedir o dificultar el acceso a la misma de los ciudadanos en
condiciones de igualdad, encarecerla, desjudicializar, privatizar o
externalizar asuntos judiciales y servicios, en definitiva alejar, más si
cabe, la Justicia de los ciudadanos.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), la Senadora Iolanda Pineda Balló (GPEPC), el Senador
Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de
medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia,
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

Palacio del Senado, 10 de diciembre de 2012.—Mónica
Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí
Jufresa, José Montilla Aguilera, Iolanda Pineda Balló, Joan Sabaté Borràs
y María Jesús Sequera García.

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merma apreciable en el servicio que se presta a los
ciudadanos». Solo esta referencia presupone esa merma que pretende evitar
la ley. Pues el resultado, mucho nos tememos, no va a ser otro que el
colapso del sistema judicial. Por ello mostramos nuestra más férrea
oposición a una norma que afecta a quien presta sus servicios en el marco
de la Administración de Justicia, sin olvidar que el destinatario último
de ese trabajo son los ciudadanos.

Por otro lado, en lo que se refiere a la nueva regulación
de la Escuela Judicial, no compartimos que, en el tercer período de
formación, los futuros jueces realicen funciones de sustitución y
refuerzo de juzgados. El motivo es que no se trata de jueces nombrados,
sino de futuribles, ya que su formación no ha finalizado, y en ese último
período de esa formación es cuando es más razonable la existencia de un
juez en ejercicio que los tutorice.

También es importante señalar que a pesar de que esta
reforma afecta mayoritariamente a jueces y magistrados, se hace sin su
acuerdo, e incluso con su oposición, lo que no predispone tampoco a una
correcta aplicación de esta ley.

La segunda parte de la reforma legislativa propuesta trata
de la aplicación a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Real Decreto
Ley 20/2012, de las medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria. En coherencia con la postura mantenida en la
convalidación de ese Decreto Ley, mantenemos el rechazo en cuanto a la
supresión de la paga extraordinaria de Navidad, la reducción de días de
libre disposición, la supresión de días adicionales por antigüedad, así
como la reducción del régimen retributivo durante la situación de
incapacidad temporal. En concreto, la reducción del régimen retributivo
durante la situación de incapacidad temporal no es más que la extensión
de un manto de sospecha sobre todo un colectivo, donde lo único que
importa no es si hay fraude en la incapacidad temporal o no —que
debe combatirse—, sino tener una excusa para sustraer retribuciones
a los empleados públicos.

En definitiva, este Proyecto de Ley compromete el principio
de tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso sin dilaciones
indebidas y la vulneración del principio de derecho a un juez ordinario
predeterminado por la ley, todos ellos recogidos nuestra Constitución.
Del mismo modo, también atenta contra el artículo 117 del mismo texto
legal, en el que se establece que la justicia se administra por jueces y
magistrados integrantes del Poder Judicial independientes e inamovibles.