Por lo tanto, a pesar de lo que se plantea en la exposición
de motivos las medidas planteadas tienen un carácter meramente
recaudatorio y además no acometen la reforma en profundidad que requiere
nuestro sistema eléctrico para resolver los problemas de opacidad y
déficit tarifario y dependencia exterior. Para afrontar estos retos es
imprescindible un cambio de regulación actual ya que el origen de la
mayor parte de los desajustes se debe a la Ley la 54/1997 del sector
eléctrico y los sucesivos decretos y modificaciones de la regulación. La
propuesta deja el sistema eléctrico intacto al no entrar en el fondo de
los costes regulados, ni en la conformación de precios del pool
eléctrico, ni en los efectos inflacionistas de las subastas que
determinan el precio de la luz, ni en los costes extra peninsulares, ni
en los pagos por capacidad y por los servicios de ajuste del sistema.

Además este proyecto de ley acentúa la inseguridad jurídica
creada en el sector energético, especialmente en las renovables, con las
sucesivas modificaciones que ha venido sufriendo por parte del Gobierno
anterior y del actual. La introducción de un impuesto uniforme del 6%
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica vuelve a cargar
contra la producción de energías renovables y constituye de nuevo una
reducción retroactiva del nivel de apoyo (dado que la mayoría de
instalaciones dentro del Régimen Especial están acogidas a un sistema de
tarifas reguladas, en el que no tienen la capacidad de repercutir el
coste de estas cargas sobre sus ofertas al mercado, tal como lo podrán
llevar a cabo los generadores en el régimen ordinario), y por lo tanto
constituiría una violación del Derecho de la UE. Tales cambios
retroactivos violan el principio general de seguridad jurídica.

Además este proyecto de Ley llamado de «medidas para la
sostenibilidad energética» se aleja de la aplicación de las directivas
europeas y de los objetivos marcados por la UE de fomento de las energías
renovables y las políticas de ahorro y eficiencia energética.

La sostenibilidad energética en nuestro país vendrá
determinada por la capacidad de desarrollar un modelo energético que
reduzca la dependencia exterior y desarrolle la energía autóctona, para
que aplique políticas integrales de ahorro energético y que contribuyan a
descarbonizar nuestra economía. Hay que apostar por un modelo de
producción descentralizado y más justo donde los consumidores tengan
capacidad de decidir la fuente de energía así como reducir la posición de
vulnerabilidad en un mercado donde la conformación de loes precios está
sometido a la opacidad y es completamente inflacionista.

En este sentido, el proyecto de ley olvida el desarrollo
legislativo del autoconsumo de energía o la producción en balance neto
que es fundamental para avanzar en un modelo sostenible ya que no hay
nada más eficiente que la generación de energía en el mismo punto donde
se consume. Sin embargo, estas medidas suponen nuevas barreras al
autoconsumo, creando nuevos costes y generando más incertidumbre en un
sector que está por desarrollar en nuestro país.

Esta ley y las políticas del Gobierno en materia energética
ignoran reiteradamente la crisis ecológica creada por un modelo de
desarrollo sin límites que degrada nuestro entorno y consume recursos muy
por encima de nuestras posibilidades. Este modelo de desarrollo sumado a
un modelo energético como el actual situa a nuestro país en una posición
de vulnerabilidad ante la crisis energética y el cambio climático. El
cambio de modelo de producción está condicionado a un cambio en nuestro
modelo energético por la oportunidad en la creación de puestos de trabajo
y la mejora de nuestra eficiencia.

Resulta paradójico que aquellas tecnologías más respetuosas
con el medio ambiente, que a su vez son las que nos hacen energéticamente
independientes, hayan sido las gran damnificadas; desde el Real
Decreto-Ley 14/2010 que introducía recortes retroactivos a la
fotovoltaica hasta el 13/2012 que elimina los recursos para el ahorro y
la eficiencia, pasando por el 1/2012, que paralizaba de facto las
renovables, generando una inseguridad jurídica en el sector de las
renovables.

Es evidente que no podemos resolver el problema pensando de
la misma manera que cuando lo creamos, así la salida a la crisis pasa por
un cambio de modelo. Éste deberá ser más competitivo, eficiente y
sostenible ambientalmente, lo que exige poner en marcha un conjunto de
medidas e instrumentos en el corto, medio y largo plazo que inviertan las
condiciones en las que se desarrollan los diferentes sectores económicos,
de manera que los más ineficientes e insostenibles no dispongan de
ventajas competitivas que impidan el desarrollo de otros sectores más
eficientes.

Proponemos una verdadera reforma fiscal verde que aproveche
todas sus potencialidades para fomentar un desarrollo sostenible, además
de apostar por la suficiencia, la progresividad y la equidad.

Esta fiscalidad ha de ser un instrumento más para lograr un
desarrollo sostenible, contribuir a impulsar un nuevo modelo energético,
clave para el impulso económico del país en un contexto de crisis como el
actual. Por otra parte, dada la necesidad de reducción del déficit es
necesario contemplar vías para

aumentar los ingresos del Estado, a la vez que se
contribuye a asentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo. En un
momento en el que se pide tanto esfuerzo a tanta gente, es de recibo que
sectores económicamente potentes y rentables aporten más a este esfuerzo
colectivo.

Por ejemplo, las fuentes de energía basadas en recursos
naturales finitos, como el petróleo o el gas representan un coste
económico muy alto y no contemplado que en el caso de España comporta una
absoluta dependencia exterior sometida a grandes incertidumbres e
inestabilidad según la coyuntura política. Asimismo las emisiones de
gases a la atmósfera que producen, tanto las de gases de efecto
invernadero, como las de otros contaminantes que tienen efectos negativos
sobre la salud de las personas y los ecosistemas. Estas externalidades
negativas en vez de ser asumidas por quien las genera, las acabamos
pagando entre todos y acaban repercutiendo en toda la sociedad. Apostamos
por una fiscalidad verde que se oriente al uso más racional de los
recursos naturales y energéticos, que contribuya a reducir los efectos
sobre el cambio climático y la contaminación ambiental y que incentive
aquellos sectores que harán posible el cambio de modelo. La fiscalidad
verde no tiene nada que ver con las medidas que impulsa el Gobierno en
este proyecto de ley.

El objetivo fundamental y prioritario de la fiscalidad
ambiental es modificar comportamientos de los ciudadanos y las empresas
en el consumo de bienes y servicios, sustituyendo unos, los de mayor
impacto ambiental y emisiones de CO2, por otros de menor impacto y más
eficientes energéticamente. La finalidad es internalizar los costes
ambientales, pero también económicos y sociales, que tiene el uso de
ciertos productos, sistemas de transporte o usos del suelo y favorecer,
simultáneamente, a otros más sostenibles (transporte público y vehículos
menos contaminantes, rehabilitación, agricultura más sostenible, energías
renovables, inversiones medioambientales...). Se trata de utilizar las
potencialidades que ofrecen los instrumentos fiscales para fomentar un
desarrollo sostenible.

Palacio del Senado, 3 de diciembre de 2012.