ha afectado en el resto de países europeos a la proporción
de ingresos públicos sobre el PIB, en España desde 2007 la presión fiscal
se ha desplomado en 6 puntos porcentuales. Esto significa que nuestro
problema no es el gasto público, sino los ingresos.

Los distintos gobiernos que se han sucedido en España en
los últimos años han provocado reformas estructurales en el sistema
tributario orientadas a desfiscalizar los rendimientos del capital y a
reducir la progresividad de los impuestos, reformas que ahora pasan
factura con la crisis. Además, no ha existido una voluntad política clara
en la persecución del fraude fiscal.

La lucha contra el fraude fiscal es en particular un
objetivo prioritario para mejorar la suficiencia y equidad del sistema
tributario, más aún en un país como el nuestro en el que el volumen de la
economía sumergida se sitúa, según distintas estimaciones, entre el 20% y
el 25% del PIB.

Esto requiere necesariamente una política eficiente de la
administración tributaria que debe extender su actuación a la generalidad
de los contribuyentes y repartir entre ellos, de forma equitativa, la
carga impositiva conforme a su capacidad económica.

En los estudios académicos sobre el fraude fiscal existen
dos conclusiones principales ampliamente compartidas. Por un lado, que el
cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los impuestos con una
administración tributaria poco eficaz, compensando y neutralizando los
efectos recaudatorios de las subidas impositivas, y por otro lado, que
aumenta dicho cumplimiento cuando la administración tributaria mejora sus
procedimientos de gestión y control. Se revela así la rentabilidad social
y en términos recaudatorios de la inversión en recursos para la gestión
tributaria por sus positivos efectos multiplicadores.

Los profesionales de nuestra administración tributaria
vienen denunciando reiteradamente que el control tributario dista mucho
de ser eficaz para reducir la economía sumergida. Los planes anuales de
control tributario se presentan para cumplir unos objetivos poco
ambiciosos y asegurar así, precisamente, que van a ser cumplidos.
Objetivos que son fijados por un importe inferior al logro de los
resultados del ejercicio anterior.

Objetivos tan poco ambiciosos explican los resultados de
una estimación de FUNCAS concluyendo que mientras que la economía
española se duplicó entre 1980 y 2008, la economía sumergida se
cuadruplicó en esos años, pese a que los modestos objetivos de control
tributario se superaron año tras año.

Estamos acostumbrados al anuncio de los distintos gobiernos
de resultados en la lucha contra el fraude que superan los del año
anterior. Así, de confirmarse la cifra provisional, el año 2011 podría
haber sido el de mayores logros en la materia con más de 11.000 millones
de euros recaudados. Pero esa cifra supone que solo pudo atajarse el 17%
de la evasión fiscal estimada. Es decir, que el 83% del fraude tributario
quedó impune.

Con esa «tasa de impunidad», tal y como la define el
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), no es extraño
que la economía sumergida aumente al doble de velocidad que el PIB.

El fraude fiscal en España puede estimarse, considerando
las propias evaluaciones de economía sumergida, en unos 89.000 millones
de euros, cifra muy elevada y que el Estado deja de ingresar año tras
año. Es uno de los fraudes fiscales más elevados de la Unión Europea y
también de la OCDE. Y este fraude se concentra en las grandes fortunas y
empresas de mayor dimensión que lo canalizan hacia los paraísos fiscales
utilizando instrumentos como las SICAV. Existen en España más de 3.000
sociedades de este tipo que gestionan un patrimonio superior a los 26.000
millones de euros.

Es casi un lugar común aceptar que los ricos y muy ricos
apenas pagan impuestos en España. Incluso se han llegado a justificar
rebajas en la tributación de los contribuyentes de mayor capacidad
económica argumentando que así se incentivaría el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales. Pero la realidad muestra que el fraude no deja de
aumentar.

De la misma forma, la amnistía fiscal aprobada a finales de
marzo de este año es inaceptable. En primer lugar, porque este tipo de
«regularizaciones» fiscales suelen proporcionar pocos ingresos. En este
caso se han recaudado 50,4 millones de euros hasta el 31 de julio, lo que
supone únicamente el 2% de lo que se espera recaudar en el conjunto del
año. En segundo lugar, y quizás más importante, porque este tipo de
actuaciones crean un riesgo moral absolutamente contraproducente:
disminuyen la responsabilidad tributaria y la exposición plena del
contribuyente al riesgo que supone evadir impuestos. Así lo ha reconocido
la propia Comisión Europea afirmando que las amnistías fiscales, como el
programa promovido por el Gobierno español, deben ser evitadas.

El contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales
puede entender que no se dedican los esfuerzos precisos para perseguir el
fraude y esto deteriora la conciencia fiscal de cualquier país. El

propio Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no
ayuda mucho tampoco cuando reconoce que la desproporcionada subida del
IVA que se ha llevado a cabo no sería precisa si el fraude en ese tributo
no fuese tan elevado.

Este Proyecto de Ley contiene una serie de medidas
orientadas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal. En su
Exposición de motivos se afirma que «la realidad social y económica en un
escenario de crisis y de austeridad presupuestaria hace del fraude fiscal
hoy, si cabe, una figura más reprochable que nunca».

Compartimos plenamente esa afirmación y no negamos que la
mayoría de las medidas que articula el Proyecto de Ley son positivas. El
problema es que son absolutamente insuficientes ante la dimensión del
problema que se pretende abordar. El Gobierno ha desperdiciado esta
ocasión para mostrar mayor ambición en la lucha contra el fraude.

En primer lugar, en el escenario internacional, el Gobierno
debería trabajar para procurar un acuerdo en la OCDE para la obtención
automática de información de carácter mercantil o tributario de las
personas y empresas que operan o son titulares de bienes y derechos en
los países o territorios calificados como paraísos fiscales, y para
acabar con las prácticas abusivas que reducen la factura fiscal de las
grandes corporaciones trasnacionales.

En ese contexto, el Gobierno debería de forma inmediata
tomar las medidas necesarias contra las entidades financieras y entidades
emisoras de tarjetas de crédito o débito que operan en España y mantienen
filiales en territorios de baja o nula tributación.

En segundo lugar, las medidas técnicas y legales contra el
fraude deben ir acompañadas con reformas tributarias que mejoren la
progresividad del sistema equiparando, en particular, la tributación de
los rendimientos del trabajo y del capital en el IRPF, aumentando la
carga fiscal de las empresas de mayor dimensión, gravando con intensidad
a las grandes fortunas y eliminado la subida del IVA por regresiva y
contraproducente para la recuperación de la economía. Estas medidas
mejorarían la percepción de la ciudadanía sobre la justicia del sistema
tributario.

Por último, pero no menos importante, son necesarias
medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la
administración tributaria. Es evidente la necesidad de incrementar las
plantillas del personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal, pero
también lo es optimizar los recursos ya existentes en un marco de
restricciones presupuestarias.

La eficacia de cualquier plan de lucha contra el fraude
pasa por potenciar la organización de los recursos humanos para alcanzar
al mayor número de contribuyentes y sectores económicos, definir y
clarificar las funciones para incrementar la capacidad y autonomía de
actuación, motivar a los trabajadores mediante el desarrollo previsible
de la carrera administrativa y la promoción interna, e incentivar el
trabajo y las habilidades individuales.

Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del
Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Palacio del Senado, 9 de octubre de 2012.—Jordi
Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al
Proyecto de Ley.

JUSTIFICACIÓN

Nuestro país necesita un sistema tributario suficiente,
progresivo y equitativo que procure mayores ingresos fiscales obtenidos
de manera más justa. Es una condición necesaria para reducir, en un
periodo razonable, nuestro déficit público sin tener que deteriorar los
servicios públicos, sin renunciar a gastos públicos de elevada
rentabilidad económica y social, y sin hacer recaer desproporcionadamente
en términos relativos la carga fiscal sobre las nóminas de los
trabajadores y el consumo.

El gasto público total de las administraciones públicas fue
en 2011 en España 6 puntos porcentuales del PIB inferior al de la media
de la UE-12, pero mantenemos una presión fiscal de las más reducidas de
la eurozona, 10 puntos porcentuales menos que la media de la UE-15.
Además, mientras que la crisis no ha afectado en el resto de países
europeos a la proporción de ingresos públicos sobre el PIB, en España
desde 2007 la presión fiscal se ha desplomado en 6 puntos porcentuales.
Esto significa que nuestro problema no es el gasto público, sino los
ingresos.

Los distintos gobiernos que se han sucedido en España en
los últimos años han provocado reformas estructurales en el sistema
tributario orientadas a desfiscalizar los rendimientos del capital y a
reducir la progresividad de los impuestos, reformas que ahora pasan
factura con la crisis. Además, no ha existido una voluntad política clara
en la persecución del fraude fiscal.

La lucha contra el fraude fiscal es en particular un
objetivo prioritario para mejorar la suficiencia y equidad del sistema
tributario, más aún en un país como el nuestro en el que el volumen de la
economía sumergida se sitúa, según distintas estimaciones, entre el 20% y
el 25% del PIB.

Esto requiere necesariamente una política eficiente de la
administración tributaria que debe extender su actuación a la generalidad
de los contribuyentes y repartir entre ellos, de forma equitativa, la
carga impositiva conforme a su capacidad económica.

En los estudios académicos sobre el fraude fiscal existen
dos conclusiones principales ampliamente compartidas. Por un lado, que el
cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los impuestos con una
administración tributaria poco eficaz, compensando y neutralizando los
efectos recaudatorios de las subidas impositivas, y por otro lado, que
aumenta dicho cumplimiento cuando la administración tributaria mejora sus
procedimientos de gestión y control. Se revela así la rentabilidad social
y en términos recaudatorios de la inversión en recursos para la gestión
tributaria por sus positivos efectos multiplicadores.

Los profesionales de nuestra administración tributaria
vienen denunciando reiteradamente que el control tributario dista mucho
de ser eficaz para reducir la economía sumergida. Los planes anuales de
control tributario se presentan para cumplir unos objetivos poco
ambiciosos y asegurar así, precisamente, que van a ser cumplidos.
Objetivos que son fijados por un importe inferior al logro de los
resultados del ejercicio anterior.

Objetivos tan poco ambiciosos explican los resultados de
una estimación de FUNCAS concluyendo que mientras que la economía
española se duplicó entre 1980 y 2008, la economía sumergida se
cuadruplicó en esos años, pese a que los modestos objetivos de control
tributario se superaron año tras año.

Estamos acostumbrados al anuncio de los distintos gobiernos
de resultados en la lucha contra el fraude que superan los del año
anterior. Así, de confirmarse la cifra provisional, el año 2011 podría
haber sido el de mayores logros en la materia con más de 11.000 millones
de euros recaudados. Pero esa cifra supone que solo pudo atajarse el 17%
de la evasión fiscal estimada. Es decir, que el 83% del fraude tributario
quedó impune.

Con esa «tasa de impunidad», tal y como la define el
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), no es extraño
que la economía sumergida aumente al doble de velocidad que el PIB.

El fraude fiscal en España puede estimarse, considerando
las propias evaluaciones de economía sumergida, en unos 89.000 millones
de euros, cifra muy elevada y que el Estado deja de ingresar año tras
año. Es uno de los fraudes fiscales más elevados de la Unión Europea y
también de la OCDE. Y este fraude se concentra en las grandes fortunas y
empresas de mayor dimensión que lo canalizan hacia los paraísos fiscales
utilizando instrumentos como las SICAV. Existen en España más de 3.000
sociedades de este tipo que gestionan un patrimonio superior a los 26.000
millones de euros.

Es casi un lugar común aceptar que los ricos y muy ricos
apenas pagan impuestos en España. Incluso se han llegado a justificar
rebajas en la tributación de los contribuyentes de mayor capacidad
económica argumentando que así se incentivaría el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales. Pero la realidad muestra que el fraude no deja de
aumentar.

De la misma forma, la amnistía fiscal aprobada a finales de
marzo de este año es inaceptable. En primer lugar, porque este tipo de
“regularizaciones” fiscales suelen proporcionar pocos
ingresos. En este caso se han recaudado 50,4 millones de euros hasta el
31 de julio, lo que supone únicamente el 2% de lo que se espera recaudar
en el conjunto del año. En segundo lugar, y quizás más importante, porque
este tipo de actuaciones crean un riesgo moral absolutamente
contraproducente: disminuyen la responsabilidad tributaria y la
exposición plena del contribuyente al riesgo que supone evadir impuestos.
Así lo ha reconocido la propia Comisión Europea afirmando que las
amnistías fiscales, como el programa promovido por el Gobierno español,
deben ser evitadas.

El contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales
puede entender que no se dedican los esfuerzos precisos para perseguir el
fraude y esto deteriora la conciencia fiscal de cualquier país. El propio
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no ayuda mucho tampoco
cuando reconoce que la desproporcionada subida del IVA que se ha llevado
a cabo no sería precisa si el fraude en ese tributo no fuese tan
elevado.

Este Proyecto de Ley contiene una serie de medidas
orientadas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal. En su
Exposición de motivos se afirma que «la realidad social y económica en un
escenario de crisis y de austeridad presupuestaria hace del fraude fiscal
hoy, si cabe, una figura más reprochable que nunca».

Compartimos plenamente esa afirmación y no negamos que la
mayoría de las medidas que articula el Proyecto de Ley son positivas. El
problema es que son absolutamente insuficientes ante la dimensión del
problema que se pretende abordar. El Gobierno ha desperdiciado esta
ocasión para mostrar mayor ambición en la lucha contra el fraude.

En primer lugar, en el escenario internacional, el Gobierno
debería trabajar para procurar un acuerdo en la OCDE para la obtención
automática de información de carácter mercantil o tributario de las
personas y empresas que operan o son titulares de bienes y derechos en
los países o territorios calificados como paraísos fiscales, y para
acabar con las prácticas abusivas que reducen la factura fiscal de las
grandes corporaciones trasnacionales.

En ese contexto, el Gobierno debería de forma inmediata
tomar las medidas necesarias contra las entidades financieras y entidades
emisoras de tarjetas de crédito o débito que operan en España y mantienen
filiales en territorios de baja o nula tributación.

En segundo lugar, las medidas técnicas y legales contra el
fraude deben ir acompañadas con reformas tributarias que mejoren la
progresividad del sistema equiparando, en particular, la tributación de
los rendimientos del trabajo y del capital en el IRPF, aumentando la
carga fiscal de las empresas de mayor dimensión, gravando con intensidad
a las grandes fortunas y eliminado la subida del IVA por regresiva y
contraproducente para la recuperación de la economía. Estas medidas
mejorarían la percepción de la ciudadanía sobre la justicia del sistema
tributario.

Por último, pero no menos importante, son necesarias
medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la
administración tributaria. Es evidente la necesidad de incrementar las
plantillas del personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal, pero
también lo es optimizar los recursos ya existentes en un marco de
restricciones presupuestarias.

La eficacia de cualquier plan de lucha contra el fraude
pasa por potenciar la organización de los recursos humanos para alcanzar
al mayor número de contribuyentes y sectores económicos, definir y
clarificar las funciones para incrementar la capacidad y autonomía de
actuación, motivar a los trabajadores mediante el desarrollo previsible
de la carrera administrativa y la promoción interna, e incentivar el
trabajo y las habilidades individuales.

Por estas razones se presenta esta propuesta de veto y
solicita la devolución de este Proyecto de Ley al Congreso de los
Diputados.