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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 696, de 02/07/2015
cve: BOCG-10-D-696
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
2 de julio de 2015
Núm. 696
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PERSONAL
299/000002 Personal eventual al servicio de los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados. Ceses ... (Página4)
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Nombramiento... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la retirada del escudo franquista de la vidriera de la Sucursal del Banco de España en Alicante y de monumentos y calles
con nombres franquistas que se mantienen en dicha ciudad. Desestimación... (Página4)
161/001286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco, a sus familias y los colaboradores con el régimen dictatorial franquista. Desestimación así
como enmienda formulada... (Página5)
161/002289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la eliminación de símbolos franquistas. Desestimación ... (Página4)
161/002780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reforma urgente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de
voto por los españoles residentes permanente o temporalmente en el extranjero. Desestimación así como enmiendas formuladas... (Página6)
161/003356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la prohibición de los llamados 'sobresueldos' a los cargos públicos por parte de los partidos políticos y la mejora de la
transparencia. Desestimación... (Página4)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, contra el embargo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Desestimación así como
enmiendas formuladas... (Página7)
161/003140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la aplicación y ratificación universales del Convenio de Estambul sobre Violencia contra la Mujer. Aprobación con modificaciones así
como enmienda formulada ... (Página9)
161/003508 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Corea. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página10)
161/003622 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la profundización de las relaciones entre el Reino de España y la República Popular de China. Aprobación...
161/003675 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la profundización de las relaciones bilaterales con Canadá a la perspectiva del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá.
Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ... (Página12)
Comisión de Cultura
161/002960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre aportación a los Consorcios de la Ciudad de Toledo y de la Ciudad de Cuenca en los Presupuestos Generales del Estado y la creación de los Consorcios de las
ciudades de Ávila, Salamanca, Segovia y Alcalá de Henares. Decaída ... (Página13)
161/003125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento oficial del Camino de Invierno. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ... (Página14)
161/003661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad a la Sima de la Higuera en Pliego (Murcia). Aprobación ...
161/003759 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre retransmisión televisiva de espectáculos taurinos. Desestimación ... (Página15)
161/003778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las políticas interculturales en las ciudades. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página15)
161/003780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de las Hogueras de San Juan como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Aprobación ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/003358 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona (GS), sobre información a la Comisión Europea por los propietarios de la central nuclear de Santa María de Garoña de las inversiones proyectadas para abordar
la ampliación del periodo de su funcionamiento durante 17 años más (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/070234). Retirada... (Página17)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión... (Página17)
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000010 Subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario español. Informe de la Subcomisión... (Página18)
154/000012 Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas. Informe de la Subcomisión así como votos particulares presentados... (Página47)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PERSONAL
299/000002
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 22 de junio de 2015 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, con efectos de 22
de junio de 2015, del personal eventual que a continuación se relaciona en el cargo de Secretaria de la Vicepresidencia Cuarta del Congreso de los Diputados:
- D.ª Soledad Rico Milà
- D.ª Sonia Villagrasa Paracuellos
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 23 de junio de 2015 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien, nombrar a doña Raquel Herrera
Juárez, a propuesta del Excmo. Sr. don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 24 de junio de 2015 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001247, 161/002289 y 161/003356
La Comisión Constitucional, en su sesión del día 17 de junio de 2015, adoptó el acuerdo de desestimar las siguientes iniciativas:
- Proposición no de Ley sobre la retirada del escudo franquista de la vidriera de la Sucursal del Banco de España en Alicante y de monumentos y calles con nombres franquistas que se mantienen en dicha ciudad (núm. expte. 161/001247),
presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 212, de 29 de enero de 2013.
- Proposición no de Ley sobre la eliminación de símbolos franquistas (núm. expte. 161/002289), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 389, de 20 de enero de
2014.
- Proposición no de Ley sobre la prohibición de los llamados 'sobresueldos' a los cargos públicos por parte de los partidos políticos y la mejora de la transparencia (núm. expte. 161/003356), presentada por el Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 620, de 2 de marzo de 2015.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/001286
La Comisión Constitucional, en su sesión del día 17 de junio de 2015, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco, a sus familias y los colaboradores con el
régimen dictatorial franquista, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 216, de 5 de febrero de 2013.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión Constitucional
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre la revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco, a sus familias y los colaboradores con el régimen dictatorial franquista, Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda
De sustitución.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar inmediato cumplimiento a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura, retirando, en el plazo de seis meses, conforme a su artículo 15, todos los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar,
de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura que aún no se hayan retirado, así como a revisar la normativa sobre condecoraciones que dependan del Gobierno e incurran en las mismas circunstancias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2015.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002780
La Comisión Constitucional, en su sesión del día 17 de junio de 2015, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre reforma urgente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de facilitar el ejercicio del
derecho de voto por los españoles residentes permanente o temporalmente en el extranjero, presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 464, de
26 de mayo de 2014.
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión Constitucional
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre reforma urgente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de voto por los españoles residentes permanente o temporalmente en el extranjero, Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación de la Proposición no de Ley, que tendrá la siguiente redacción:
'1. Impulsar por parte del Gobierno, en el plazo de 15 días, por trámite de urgencia y en lectura única, una reforma urgente de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General con el fin de facilitar el ejercicio del
derecho de sufragio activo por los españoles residentes permanente o temporalmente en el exterior.
2. Dicha reforma podría incluir:
a) La supresión de la obligatoriedad de solicitar el voto (voto rogado) en el procedimiento para ejercer el sufragio por parte de la ciudadanía española en el exterior.
b) La implementación de un sistema de voto electrónico para facilitar la participación de los residentes ausentes y de los temporalmente ausentes.
c) La creación de una circunscripción en el exterior para elegir a los representantes de los residentes en el exterior, como ya ocurre en Italia, Portugal o Francia.
d) La simplificación del proceso de voto por correo habilitando períodos más amplios que los actuales.
e) Una información clara, concisa y en tiempo útil, sobre el proceso de voto desde el exterior por parte de la Administración.
f) El impulso de todas aquellas actuaciones que garanticen el voto en urna diseñando los instrumentos, medios y espacios públicos que lo garanticen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2015.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa de la Comisión Constitucional
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA:
La Izquierda Plural, sobre reforma urgente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de voto por los españoles residentes permanente o temporalmente en el extranjero.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'La Comisión Constitucional entiende necesario un consenso similar al existente en relación con la anterior reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que permita articular una reforma del artículo 75 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General (LOREG), y disposiciones concordantes, referido al voto de los españoles residentes en el exterior, de tal manera que se incentive la participación de este colectivo en los diferentes procesos electorales.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2015.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002114
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 17 de junio de 2015, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley contra el embargo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra el pueblo cubano, presentada
por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 360, de 18 de noviembre de 2013.
A dicha Proposición no de Ley se formularon cinco enmiendas, cuyos textos se insertan a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Comisión de Asuntos Exteriores
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural contra el embargo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra el pueblo cubano.
Enmienda
De modificación.
Se propone sustituir en la exposición de motivos la expresión:
'... Resolución 67/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas...', por la siguiente:
'... Resolución 68/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas...'
Motivación.
Corrección técnica. Actualización del número de la Resolución.
Enmienda
De modificación.
Se propone sustituir en la exposición de motivos:
'... 29 de octubre de 2013...', por la siguiente:
'... 28 de octubre de 2014...'
Motivación.
Corrección técnica. Actualización fecha.
Enmienda
De modificación.
Se propone sustituir en la exposición de motivos:
'... vigésima segunda vez...', por:
'... vigésima tercera vez...'
Motivación.
Corrección técnica. Actualización número de condenas.
Enmienda
De modificación.
Se propone sustituir en el primer punto de la Proposición no de Ley el texto:
'... 29 de octubre...', por:
'... 28 de octubre...'
Motivación.
Corrección técnica. Actualización fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2015.-El Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley contra el embargo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra el pueblo cubano, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación del apartado 2) del texto de esta iniciativa, que tendrá la siguiente redacción:
'2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en coordinación con el resto de Gobiernos de los Estados miembros y con las autoridades de la Unión Europea, intervenga por todos los medios diplomáticos a su alcance /.../ Resto
igual /.../.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2015.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003140
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 17 de junio de 2015, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la aplicación y ratificación universales del Convenio de Estambul sobre Violencia contra la
Mujer, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 551, de 3 de noviembre de 2015, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la ratificación universal del Convenio de Estambul entre todos los Estados miembros del Consejo de Europa, así como impulsar la aplicación de los compromisos del Convenio más allá de las fronteras del propio Consejo de Europa.
2. Impulsar la creación de un instrumento legal universal para eliminar efectivamente y prevenir todas las formas de violencia doméstica y la violencia contra las mujeres y las niñas, en línea con los fundamentos básicos del Convenio de
Estambul para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
3. Promover entre todos los estados miembros de la ONU la adopción de medidas legislativas nacionales específicas contra la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres y las niñas.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), sobre la
aplicación y ratificación universales del Convenio de Estambul sobre Violencia contra la Mujer.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado de la siguiente manera:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actuar en el ámbito internacional para:
- Promover la ratificación universal del Convenio de Estambul entre todos los estados miembros del Consejo de Europa, así como impulsar la aplicación de los compromisos del Convenio más allá de las fronteras del propio Consejo de Europa.
- Impulsar la creación de un instrumento legal universal para eliminar efectivamente y prevenir todas las formas de violencia doméstica y la violencia contra las mujeres y las niñas.
- Promover entre todos los estados miembros de la ONU la adopción de medidas legislativas nacionales específicas contra la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres y las niñas.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2015.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003508
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 17 de junio de 2015, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre Corea, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, núm. 625, de 9 de marzo de 2015, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una próxima visita del Jefe del Estado a la República de Corea para avanzar en la alianza bilateral entre España y la República de Corea.
2. Reforzar la Tribuna Corea-España, organizada por Casa Asia y la Korean Foundation, incrementando la participación de representantes institucionales, especialmente gubernamentales y de universidades, así como de los intercambios
empresariales y fortaleciendo la diplomacia parlamentaria.
3. Incrementar los intercambios culturales entre la República de Corea y España y, cuando las previsiones presupuestarias lo permitan, abrir un Centro Cervantes en Seúl.
4. Con ocasión del 'Año Europeo del Desarrollo', se impulse una colaboración conjunta entre la República de Corea y España en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
5. Mostrar su interés por las iniciativas de conectividad impulsadas en la región, incluyendo la 'Euroasia Iniciative' de la Presidenta Park, en la medida en que puedan servir para impulsar las relaciones económicas equilibradas y
mutuamente beneficiosas entre España y los países de Asia oriental y un mejor entorno de seguridad y cooperación en la región.
6. Apoyar los esfuerzos y las iniciativas del Gobierno de la República de Corea para promover el diálogo, la estabilidad y la paz en la región, que conduzcan a una reunificación pacífica de la península coreana.
7. Cooperar con la comunidad internacional, y específicamente con Naciones Unidas, donde España desempeña su responsabilidad como miembro no permanente de su Consejo de Seguridad, a fin de que se cumplan sus resoluciones que deben poner fin
a la amenaza para la paz y la seguridad que constituye el desarrollo de armas nucleares, así como la mejora de los derechos humanos en Corea del Norte.
8. Fortalecer la cooperación multilateral entre España y la República de Corea y de manera prioritaria en asuntos globales como los derechos humanos, la ayuda oficial para el desarrollo y el cambio climático.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre Corea, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda
De adición.
Se propone la adición de la siguiente redacción:
'6. Apoyar los esfuerzos y las iniciativas del Gobierno de la República de Corea para promover el diálogo, la estabilidad y la paz en la región, que conduzcan a una reunificación pacífica de la península coreana.
7. Cooperar con la comunidad internacional, y específicamente con Naciones Unidas, donde España desempeña su responsabilidad como miembro no permanente de su Consejo de Seguridad, a fin de que se cumplan sus resoluciones que deben poner fin
a la amenaza para la paz y la seguridad que constituye el desarrollo de armas nucleares, así como la mejora de los derechos humanos en Corea del Norte.
8. Fortalecer la cooperación multilateral entre España y la República de Corea y de manera prioritaria en asuntos globales como los derechos humanos, la ayuda oficial para el desarrollo y el cambio climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2015.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre Corea.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado de la siguiente manera:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una próxima visita del Jefe del Estado a la República de Corea para avanzar en la alianza bilateral entre España y la República de Corea.
2. Reforzar la Tribuna Corea-España, organizada por Casa Asia y la Korean Foundation, incrementando la participación de representantes institucionales especialmente gubernamentales y de universidades, así como de los intercambios
empresariales y fortaleciendo la diplomacia parlamentaria.
3. Incrementar los intercambios culturales entre la República de Corea y España y, cuando las previsiones presupuestarias lo permitan, abrir un Centro Cervantes en Seúl.
4. Con ocasión del 'Año Europeo del Desarrollo', se impulse una colaboración conjunta entre la República de Corea y España en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
5. Mostrar su interés por las iniciativas de conectividad impulsadas en la región, incluyendo la 'Euroasia Iniciative' de la Presidenta Park, en la medida en que puedan servir para impulsar las relaciones económicas equilibradas y
mutuamente beneficiosas entre España y los países de Asia oriental y un mejor entorno de seguridad y cooperación en la región.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2015.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003622
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 17 de junio de 2015, aprobó la Proposición no de Ley sobre la profundización de las relaciones entre el Reino de España y la República Popular de China, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 645, de 13 de abril de 2015, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar con el proceso de profundización y refuerzo de las relaciones económicas y comerciales entre el Reino de España y la República Popular de China.
2. Apoyar el establecimiento de las empresas españolas en el mercado chino, aumentar su visibilidad, ayudar en la intensificación de los flujos de inversión entre los dos socios y facilitar el incremento de las exportaciones españolas a la
República Popular de China.
3. Fomentar el mantenimiento de consultas regulares en todos los ámbitos a través del diálogo permanente entre las dos partes.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/003675
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 17 de junio de 2015, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la profundización de las relaciones bilaterales con Canadá a la perspectiva del acuerdo de
libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 662, de 11 de mayo de 2015, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las relaciones bilaterales entre el Reino de España y Canadá, especialmente en el ámbito económico, donde existe margen de crecimiento, sin olvidar el refuerzo del diálogo político bilateral y de las relaciones culturales.
Por ello celebramos la remisión a las Cortes Generales, para su ratificación, del Protocolo entre el Reino de España y Canadá que modifica el Convenio entre España y Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976.
2. Fomentar la cooperación entre el Reino de España y Canadá en el ámbito multilateral para promover conjuntamente los valores compartidos en las organizaciones internacionales.
3. Promover en las instituciones europeas la rápida aprobación del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y el Acuerdo de Asociación Estratégica (SPA).
4. Fomentar la cooperación entre el Reino de España y Canadá para desarrollar conjuntamente alianzas y proyectos en América Latina.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular sobre la
profundización de las relaciones bilaterales con Canadá a la perspectiva del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las relaciones bilaterales entre el Reino de España y Canadá, especialmente en el ámbito económico, donde existe margen de crecimiento, sin olvidar el refuerzo del dialogo político bilateral y de las relaciones culturales.
Por ello celebramos la remisión a las Cortes Generales, para su ratificación, del Protocolo entre el Reino de España y Canadá que modifica el Convenio entre España y Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976.
2. Fomentar la cooperación entre el Reino de España y Canadá en el ámbito multilateral para promover conjuntamente los valores compartidos en las organizaciones internacionales.
3. Promover en las instituciones europeas la rápida aprobación del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y el Acuerdo de Asociación Estratégica (SPA).
4. Fomentar la cooperación entre el Reino de España y Canadá para desarrollar conjuntamente alianzas y proyectos en América Latina.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2015.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/002960
En la sesión de la Comisión de Cultura, del día 23 de junio de 2015, se consideró decaída, por ausencia del Grupo proponente, la Proposición no de Ley sobre aportación a los Consorcios de la Ciudad de Toledo y de la Ciudad de Cuenca en los
Presupuestos Generales del Estado y la creación de los Consorcios de las ciudades de Ávila, Salamanca, Segovia y Alcalá de Henares, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 511,
de 9 de septiembre de 2014.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/003125
La Comisión de Cultura, en su sesión del día 23 de junio de 2015, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el reconocimiento oficial del Camino de Invierno, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y
publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 551, de 3 noviembre de 2014, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del Consejo Jacobeo, y a propuesta de las Comunidades Autónomas competentes por las que discurre, se estudien acciones conjuntas para la puesta en valor, divulgación y
difusión del Camino de Invierno, dentro del marco de la disponibilidad presupuestaria.
El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo al reconocimiento del Camino de Invierno como parte de las Rutas Jacobeas.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Cultura
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el reconocimiento oficial del Camino de Invierno.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del Consejo Jacobeo, y a propuesta de las Comunidades Autónomas competentes por las que discurre, se estudien acciones conjuntas para la puesta en valor, divulgación y
difusión del Camino de Invierno, dentro del marco de la disponibilidad presupuestaria.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2015.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003661
La Comisión de Cultura, en su sesión del día 23 de junio de 2015, aprobó la Proposición no de Ley relativa a la declaración de Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad a la Sima de la Higuera en Pliego (Murcia), presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 658, de 5 de mayo de 2015, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, previo acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo de Patrimonio Mundial, y una vez haya sido incluida en la 'lista indicativa', también con el acuerdo del Consejo de
Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo, apoyar y defender en las
instancias internacionales oportunas, la candidatura de la 'Sima de la Higuera' de Pliego (Murcia) como Patrimonio Mundial.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/003759
La Comisión de Cultura, en su sesión del día 23 de junio de 2015, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre retransmisión televisiva de espectáculos taurinos, presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA: CHA:
La Izquierda Plural, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 658, de 5 de mayo de 2015.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/003778
La Comisión de Cultura, en su sesión del día 23 de junio de 2015, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre las políticas interculturales en las ciudades, presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA:
CHA: La Izquierda Plural y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 687, de 19 de junio de 2015, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la Red de Ciudades Interculturales en España e impulsar entre los Ayuntamientos el uso de un enfoque intercultural en el desarrollo de políticas de gestión de la diversidad. La interculturalidad se basa en la apuesta por la
igualdad de derechos, deberes y oportunidades sociales en la construcción de un discurso en positivo de la diversidad y en el fomento de la inclusión, la interacción social, el diálogo y la socialización de la cultura entre el conjunto de la
población, luchando contra el racismo y la xenofobia, la discriminación y la exclusión de personas y colectivos.
2. Seguir fomentando una cultura de valores que dé respuesta a los discursos racistas, xenófobos y de discriminación por motivos religiosos, incluidos aquellos que azuzan el miedo hacia la inmigración y buscan relacionar la presencia de
personas inmigrantes con la amenaza terrorista.
3. Apoyar la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, aprobada el 21 de enero de 2015, que propone una acción común en materia de migración, fomentando desde el nivel local un tratamiento
intercultural de la diversidad junto a un modelo urbano eficaz de inclusión, participación y cohesión social que elimine las deficiencias y discriminaciones hacia las personas inmigrantes.
4. Culminar en los próximos meses la elaboración del informe sobre buenas prácticas locales en materia de lucha contra la discriminación realizado desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de
Municipios y Provincias, con la información voluntariamente aportada por distintas entidades locales.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Cultura
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las políticas interculturales en las ciudades.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la Red de Ciudades Interculturales en España e impulsar entre los Ayuntamientos el uso de un enfoque intercultural en el desarrollo de políticas de gestión de la diversidad. La interculturalidad se basa en la apuesta por la
igualdad de derechos, deberes y oportunidades sociales en la construcción de un discurso en positivo de la diversidad y en el fomento de la inclusión, la interacción social, el diálogo y la socialización de la cultura entre el conjunto de la
población, luchando contra el racismo y la xenofobia, la discriminación y la exclusión de personas y colectivos.
2. Seguir fomentando una cultura de valores que dé respuesta a los discursos racistas, xenófobos y de discriminación por motivos religiosos, incluidos aquellos que azuzan el miedo hacia la inmigración y buscan relacionar la presencia de
personas inmigrantes con la amenaza terrorista.
3. Apoyar la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, aprobada el 21 de enero de 2015, que propone una acción común en materia de migración, fomentando desde el nivel local un tratamiento
intercultural de la diversidad junto a un modelo urbano eficaz de inclusión, participación y cohesión social que elimine las deficiencias y discriminaciones hacia las personas inmigrantes.
4. Culminar en los próximos meses la elaboración del informe sobre buenas prácticas locales en materia de lucha contra la discriminación realizado desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de
Municipios y Provincias, con la información voluntariamente aportada por distintas entidades locales.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2015.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003780
La Comisión de Cultura, en su sesión del día 23 de junio de 2015, aprobó la Proposición no de Ley relativa a la declaración de las Hogueras de San Juan como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 687, de 19 de junio de 2015, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el caso de que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley de Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial y se den las circunstancias previstas en el artículo
12 de la misma, inicie el procedimiento para la declaración de las Hogueras de San Juan como Manifestación Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, sin que implique coste adicional alguno presupuestario.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/003358
Por escrito de fecha 23 de junio de 2015, se ha retirado por el Grupo Parlamentario Socialista la pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona sobre Información a la Comisión Europea por los propietarios de la
central nuclear de Santa María de Garoña de las inversiones proyectadas para abordar la ampliación del periodo de su funcionamiento durante 17 años más (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/070234),
publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 438, de 9 de abril de 2014.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, y teniendo en cuenta la subsanación de firma contenida en el escrito número de registro 198608, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y
trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y a
los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
RELACIÓN DE PREGUNTAS
Comisión de Justicia
Núm. expte.: 184/073424
Núm. registro: 192223
Autor iniciativa: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS)
Objeto iniciativa: Actuaciones para esclarecer el caso ESABE que se encuentra paralizado en los juzgados de instrucción de Madrid por falta de medios y de voluntad política para impulsarlo.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 668 de 20 de mayo de 2015, pág. 60.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/003483.
Comisión de Interior
Núm. expte.: 184/073423
Núm. registro: 192222
Autor iniciativa: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS)
Objeto iniciativa: Actuaciones e investigaciones en relación con las denuncias de las centrales sindicales CC. OO., USO, UGT e Intersindical Canaria, contra el Grupo Seguridad Canaria S. A., por contratar vigilantes de seguridad con
antecedentes penales y policiales y sin habilitación, que prestan servicio en centros de menores.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 668 de 20 de mayo de 2015, pág. 59.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/003482.
Núm. expte.: 184/073433
Núm. registro: 192265
Autor iniciativa: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS)
Objeto iniciativa: Número de miembros del Cuerpo Nacional de Policía que han realizado los estudios que les ha permitido obtener el Título de Grado en virtud de los convenios realizados entre el Ministerio del Interior y/o la Dirección
General de la Policía y la Universidad Rey Juan Carlos y requisitos que se les ha exigido para acceder a dicha posibilidad.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 668 de 20 de mayo de 2015, pág. 68.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/003484.
Núm. expte.: 184/072799
Núm. registro: 190539
Autor iniciativa: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS)
Objeto iniciativa: Datos de inmigración entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2015.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 663 de 12 de mayo de 2015, pág. 186.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/003486.
Núm. expte.: 184/073682
Núm. registro: 192799
Autor iniciativa: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS) Álvarez Álvarez, Ángeles (GS)
Objeto iniciativa: Actuaciones realizadas para estar seguros de que Silvia Agros no ha sido realmente objeto de acoso laboral del que puede ser responsable un mando de la Guardia Civil, así como para investigar los hechos en el ámbito
interno.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 668 de 20 de mayo de 2015, pág. 161.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/003487.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Núm. expte.: 184/073425
Núm. registro: 192224
Autor iniciativa: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS)
Objeto iniciativa: Bases del Concurso de Vigilancia, Seguridad e Inspección de correspondencia en la zona V, dependiente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos en relación con la plantilla de trabajadores.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 668 de 20 de mayo de 2015, pág. 60.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/003485.
OTROS TEXTOS
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000010
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, del Informe aprobado por la Subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario
español, constituida en el seno de la Comisión de Fomento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA FERROVIARIO ESPAÑOL
ÍNDICE
I. PREÁMBULO
II. CREACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN
III. COMPOSICIÓN DE LA SUBCOMISIÓN
IV. COMPARECENCIAS ANTE LA SUBCOMISIÓN
V. DOCUMENTACIÓN
VI. METODOLOGÍA
VII. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LAS COMPARECENCIAS
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
I. PREÁMBULO
- Con la creación de RENFE, acrónimo de Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, se unificaron las concesiones ferroviarias que habían nacido en el siglo XIX.
- A partir de ahí, en España se han sucedido avances técnicos tanto en la infraestructura como en el material móvil, y posiblemente los hitos más destacados son los relacionados con el servicio al ciudadano: la reorganización y el nuevo
diseño de cercanías de Renfe (1985) y la inauguración de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla (1992).
- A partir de esta fecha, ha ido sucediéndose la puesta en servicio de nuevas líneas de alta velocidad: Madrid-Lleida (2003), Madrid-Toledo y Zaragoza-Huesca (2005), Lleida-Tarragona (2006), Córdoba-Málaga y Madrid-Valladolid (2007),
Tarragona-Barcelona (2008), Figueres-Perpignan (2009), Madrid-Valencia y Cuenca-Albacete (2010), Ourense-Santiago y Santiago-A Coruña (2011), Barcelona-Figueres y Albacete-Alicante (2013) y Vigo-Santiago (2015).
- Este impulso a la alta velocidad ha permitido poner a España a la vanguardia del ferrocarril, convirtiéndose en el segundo país del mundo en longitud de red de alta velocidad, solo por detrás de China, con cerca de 3.000 km.
- Sin embargo, el 24 de julio de 2013 se produjo un trágico accidente en Angrois, Santiago de Compostela, que conmocionó al sector ferroviario. Fue el accidente más grave producido en España en los últimos 40 años y tuvo, entre otras
consecuencias, que el Ministerio de Fomento pusiese en marcha diversas medidas tendentes a reforzar la seguridad en el sistema ferroviario español. La Subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario español, que nació también como
consecuencia de este fatídico accidente, vino a confirmar, tal y como aseguraron numerosos comparecientes en la misma, que el sistema ferroviario español es de los más seguros del mundo aunque 'la seguridad total no existe'.
- Tras el accidente se abrió la correspondiente investigación judicial y técnica. Asimismo, escasos días después, el Gobierno compareció a petición propia ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, proponiendo una serie de
medidas a implementar en el sector.
- A pesar de la buena reputación que el sector ferroviario español había tenido hasta este momento, surgieron algunas voces críticas con el mismo. Como consecuencia de ello, se pusieron en marcha dos iniciativas diferentes, pero con el
mismo objetivo común de analizar la situación del sector con la mayor objetividad:
Por un lado, en el ámbito del Ministerio de Fomento, en agosto de 2013 se constituyó la Comisión técnico-científica para el estudio de mejoras en el sector ferroviario, formada por especialistas independientes del sector.
Los resultados de esta Comisión fueron hecho públicos en junio del pasado año 2014, siendo su principal conclusión que 'el sector ferroviario español tiene un elevado nivel tecnológico y de servicios, y goza de un reconocido prestigio a
nivel mundial'.
Por otro lado, en el ámbito parlamentario, la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 18 de septiembre de 2013, acordó elevar al Pleno la propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión
de Fomento, de estudio y análisis del sistema ferroviario español.
- Este informe es el resultado de los trabajos desarrollados por esta Subcomisión.
II. CREACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN
La Comisión de Fomento, en su sesión del día 18 de septiembre de 2013, a la vista de las siguientes propuestas presentadas:
- Solicitud de creación de una Subcomisión sobre seguridad ferroviaria y planes de emergencia ante eventuales accidentes (Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural) (núm. expte. 158/000034),
- Solicitud de creación de una Subcomisión para el estudio y análisis del accidente ferroviario ocurrido el 24/07/2013 en Santiago de Compostela, así como para la propuesta de medidas para la mejora de la seguridad ferroviaria (Grupo
Parlamentario Socialista) (núm. expte. 158/000036) y
- Solicitud de creación de una Subcomisión de estudios y análisis del sistema ferroviario español (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) (núm. expte. 158/000038),
Acordó, a los efectos previstos en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, elevar al Pleno la propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de
Fomento, de estudio y análisis del sistema ferroviario español (158/39), en los siguientes términos:
A) Composición.
La Subcomisión se compondrá de quince miembros, de los que cuatro pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular, tres al Grupo Parlamentario Socialista, dos al Grupo Parlamentario Catalán (CiU), dos al Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA:
La Izquierda Plural, uno al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, uno al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y dos al Grupo Parlamentario Mixto. Cada miembro podrá contar con su correspondiente suplente.
B) Objeto de la Subcomisión.
Elaboración de un informe sobre la situación de las infraestructuras ferroviarias y las propuestas de mejora del sistema ferroviario español en aras a conseguir mayor seguridad, prevención, competitividad, cohesión y vertebración
territorial.
C) Adopción de acuerdos.
Los acuerdos de la Subcomisión se adoptarán mediante voto ponderado.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
Seis meses desde su constitución. Podrá prorrogarse por decisión del Pleno de la Cámara.
El Informe se aprobará en la Comisión de Fomento.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para los trabajos encomendados desde su constitución.
En la primera reunión se establecerán el régimen de comparecencias y los criterios para la designación.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 10 de octubre de 2013, a la vista de la propuesta, de la Comisión de Fomento, acordó la creación de una Subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario español (154/10)
que se constituyó el 30 de octubre de 2013 con el objetivo de finalizar sus trabajos el 30 de mayo de 2014.
El 13 de mayo de 2014 la Comisión de Fomento acordó una prórroga, por otros seis meses, hasta el 28 de febrero de 2015, lo que se acordó en sesión plenaria de 29 de mayo de 2014.
El 18 de febrero de 2015 la Comisión de Fomento acordó solicitar nueva prórroga, por otros seis meses, hasta el final del presente periodo de sesiones, fundamentalmente a efectos de redacción y aprobación del Informe.
La ampliación de plazo para finalización de los trabajos de la Subcomisión hasta el final del presente periodo de sesiones, fue aprobada por el Pleno en su sesión de 26 de febrero de 2015.
III. COMPOSICIÓN DE LA SUBCOMISIÓN
Coordinador:
D. Celso Delgado Arce (GP) (nombrado por la Subcomisión en su reunión de 30 de octubre de 2013).
Vocales:
D. Andrés José Ayala Sánchez (GP).
D. Guillermo Collarte Rodríguez (GP).
D.ª María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP).
D. Manuel Pezzi Cereto (GS).
D.ª Laura Carmen Seara Sobrado (GS).
D. Rafael Simancas Simancas (GS).
D. Jordi Jané i Guasch (GC-CiU) (baja como Diputado 22/06/2015).
D. Pere Macias i Arau (GC-CiU).
D.ª Ascensión de las Heras Ladera (GIP).
D. Gaspar Llamazares Trigo (GIP) (baja como Diputado el 13/06/2015).
D. Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD).
D.ª Isabel Sánchez Robles (GV(EAJ-PNV)).
D. Joan Baldoví Roda (GMx).
D.ª Rosana Pérez Fernández (GMx).
Suplentes:
D. Sebastián González Vázquez (GP).
D.ª María Olga Iglesias Fontal (GP).
D. Juan Luis Gordo Pérez (GS) (alta como vocal el 12/02/2015).
D.ª María Concepció Tarruella Tomás (GC-CiU).
D. Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU).
D.ª María Caridad García Álvarez (GIP).
D. Chesús Yuste Cabello (GIP) (baja como Diputado el 2/7/2014).
IV. COMPARECENCIAS ANTE LA SUBCOMISIÓN
En sus reuniones de 30 de octubre y 13 de noviembre de 2013, la Subcomisión procedió a la aprobación de su plan de trabajo, fijándose un listado de 40 comparecientes y acordándose su agrupación por categorías (Catedráticos y expertos,
empresas del sector, sindicatos, cargos de la administración).
26 de noviembre de 2013
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. José María Pérez Revenga, Presidente de la Asociación CETREN (219/000515).
- D. Emilio Olías Ruiz, Catedrático de Universidad (219/000516).
- D. Fernando Montes Ponce de León, Vocal Comisión Técnico Científica para el estudio de mejoras en el sector ferroviario (219/000517).
- D. Juan Villaronte Martínez, ex Director General de Operaciones de Renfe (219/000518).
18 de diciembre de 2013
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. Miguel Rodríguez Bugarín. Profesor de Ferrocarriles de la Escuela de Ingenieros de Caminos, de la Universidad de A Coruña. (219/000525).
- D. Ricardo Insa Franco. Profesor de Ferrocarriles de la Escuela de Ingenieros de Caminos, de la Universidad Politécnica de Valencia. (219/000526).
11 de febrero de 2014
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. Antonio Santiago Moreno Rodríguez. Presidente de ALSTOM ESPAÑA. (219/000542).
- D. Álvaro Rengifo Abbad. Presidente de BOMBARDIER EUROPEAN HOLDINGS, SLU (219/000543).
- D. Josu Esnaola Altuna. Director de Negocios Internacionales de CAF (219/000544).
25 de febrero de 2014
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. Mikel Murga Elexpuru. Presidente - Leber Planificación e Ingeniería, SA.
Profesor e Investigador. Center of Transportation and Logistcs (CTL)-Massachusetts Institute of Technology (MIT) (219/000554).
- D. Miquel Llevat Vallespinosa. Presidente COMSA RAIL TRANSPORT y Director General de Desarrollo COMSA EMTE. (219/000555).
19 de marzo de 2014
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. Julián Núñez Sánchez. Presidente de SEOPAN. (219/000579).
- D. Ricardo Molina Oltra. Director General de ACCIONA SERVICE. (219/000580).
- D. Jesús Sánchez Bargos. Presidente de THALES ESPAÑA. (219/000581).
- D. Ángel Fernández-Aller Ruiz. Director General Técnico de TYPSA. (219/000582).
6 de mayo de 2014
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. Jesús Guzmán Martín de los Santos. Consejero Delegado de Siemens Rail Automation, SAU (anterior Dimetronic, SA) (219/000624).
- D. Juan de Dios Fernández Quesada. Director General de Guinovart, Empresa del Grupo OHL (219/000625) [compareció en lugar de D. Francisco Marín. Presidente de OHL Construcción (GP)].
- D. Gonzalo Gómez-Zamalloa Baráibar. Administrador Único de Vías y Construcciones,SA (219/000625).
28 de mayo de 2014
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. Esteban Guijarro Jiménez. Secretario de RR Internacionales y Formación de CGT (219/000638).
- D. Manuel M.ª Nicolás Taguas. Secretario General del Sector Ferroviario de CCOO (219/000639).
- D. Ángel Ruiz. Secretario Federal del Sector Ferroviario de Servicios, Movilidad y Consumo-UGT (219/000640).
- D. Santiago Pino Jiménez. Secretario de Comunicación, Imagen y Relaciones Externas de SEMAF (219/000641).
25 de junio de 2014
Celebración de la siguiente comparecencia:
- D. Vicente Rallo Guinot. Presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) (212/001665).
23 de septiembre de 2014
Celebración de la siguiente comparecencia:
- D. Iñaki Barrón de Angoiti. Presidente de la Comisión técnico-científica para el estudio de mejoras en el sector ferroviario. (219/000661).
8 de octubre de 2014
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. Teófilo Serrano Beltrán. Ex Presidente de RENFE (219/000673).
- D. José Luis Cachafeiro. Ex Secretario General de Transportes (219/000674).
- D. José Luis Ordóñez Fernández. Director General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucia (212/001984).
- D. Ricard Font Hereu. Secretario de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya (212/001985).
28 de octubre de 2014
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. Antonio Lanchares Asensio. Director de Seguridad en la Circulación de Renfe Operadora (212/002004).
- D. José Luis González Navarro. Coordinador de Transporte Ferroviario. Ministerio de Fomento (212/002005).
- D. Luis López Ruiz. ADIF. Ministerio de Fomento (212/002006).
19 de noviembre de 2014
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. Miguel Pozo de Castro. Director General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento (212/002032).
- D. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco. Consejero Delegado de Ferrovial Agroman (219/000698).
9 de diciembre de 2014
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. Francisco Javier Gallego Velarde. Director de Ingeniería de Sistemas de Ineco (212/002078).
- D. Antonio García Zarandieta. Director General para España-Portugal y Norte de Africa de FCC Construcción (viene en lugar de D. Fernando Moreno. Presidente de FCC Construcción, solicitado por el GP) (219/000713).
11 de febrero de 2015
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. Gonzalo Ferre Moltó. Presidente del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (212/002136).
17 de febrero de 2015
Celebración de las siguientes comparecencias:
- D. Pablo Vázquez Vega. Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (212/002150).
- D. Manuel Niño González. Secretario General de Infraestructuras (212/002151).
22 de abril de 2015
Celebración de la siguiente comparecencia:
- D.ª Pilar Calvo Holgado. Directora de Investigación y Proyectos en ESM. Instituto de Investigación en Seguridad y Factores Humanos (219/000773).
V. DOCUMENTACIÓN
5.1 Marco normativo.
5.1.1 Normativa estatal.
- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
- Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
- Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
- Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.
- Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General.
- Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de la Red Ferroviaria de interés general.
- Real Decreto 2111/1998, de 2 de octubre, por el que se regula el acceso a las infraestructuras ferroviarias.
- Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad.
- Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
- Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares.
5.1.2 Normativa de la Unión Europea.
- Directiva 2004/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE, del Consejo, sobre concesión de licencias a las
empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad.
- Reglamento (UE) n.º 913/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, sobre una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo.
- Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único
5.2 Documentación aportada por los comparecientes.
1. El Desarrollo del Ferrocarril y la Mejora del Sistema Ferroviario Español.
D. José María Pérez Revenga. Presidente de la Asociación CETREN. -26-11-2013-.
2. Los Sistemas de Señalización-Relación con la Seguridad y la Capacidad de Transporte.
D. Fernando Montes Ponce de León. Vocal Comisión Técnico Científica para el estudio de mejoras en el sector ferroviario. -26-11-2013-.
3. Reflexiones sobre Infraestructuras y Seguridad Ferroviarias.
D. Emilio Olías Ruiz. Catedrático de Tecnología Electrónica en la Universidad Carlos III de Madrid. -26-11-2013-.
4. Los Sistemas Ferroviarios. Reflexiones sobre los Sistemas Ferroviarios y su Seguridad.
D. Ricardo Insa Franco. -18-12-2013-.
5. ALSTOM en España. Sistema Ferroviario Español. Propuestas de Mejora. Liberalización Ferroviaria Reino Unido. Liberalización Italia.
D. Antonio Santiago Moreno Rodríguez. -11-2-2014-.
6. Bombardier. Mercado Ferroviario en España. Propuestas. Anejos.
D. Álvaro Rengifo Abbad. -11-2-2014-.
7. Historia. Productos y Servicios. Grupo CAF. CAF. Presencia Internacional. CAF en Cifras. Resumen. Sistema Ferroviario Español.
D. Jesús Esnaola Altuna. -11-2-2014-.
8. La Red Ferroviaria Española de Alta Velocidad. El Papel Real del Transporte Público. La Política Ferroviaria Suiza. El Papel de la Y Vasca. Resumen.
D. Mikel Murga Elexpuru. -25-2-2014-.
9. Por Qué el Tráfico de Mercancías por Ferrocarril en España no Para de Caer. Causas para el Declive del Ferrocarril a Pesar de Ser un Sector Liberalizado desde 2007. Estructura de Costes.
D. Miquel Llevat Vallespinosa. -25-2-2014-.
10. Transporte Ferroviario de Mercancías. Transporte Ferroviario de Viajeros.
D. Ricardo Molina Oltra. -19-3-2014-.
11. Innovación y Compromiso con el Desarrollo de los Sistemas de Señalización y la Seguridad.
D. Jesús Sánchez Bargos. -19-3-2014-.
12. La Red Ferroviaria en España. Situación Actual y Recomendaciones para el Futuro.
D. Ángel Fernández-Aller Ruiz. -19-3-2014-.
13. Organización de Siemens. Organización del Sector Infraestructuras y Ciudades. Transporte Ferroviario en Siemens.
D. Jesús Guzmán Martín de los Santos. -6-5-2014-.
14. Dónde Estamos en Nuestro Sistema Ferroviario. Futuro del Ferrocarril.
D. Juan de Dios Fernández Quesada. -6-5-2014-.
15. El Ferrocarril en España: Hacia la Ineficiencia Social. Un Ferrocarril Público de la Ciudadanía.
D. Manuel M.ª Nicolás Taguas. -28-5-2014-.
16. Documentación de la Confederación General del Trabajo. Sector Federal Ferroviario.
D. Esteban Guijarro Jiménez. -28-5-2014-.
17. Informe Final sobre el Accidente Grave Ferroviario N.º 0054/2013 Ocurrido el Día 24/7/2013 en las Proximidades de la Estación de Santiago de Compostela (A Coruña).
D. Vicente Rallo Guinot. -25/6/2014-.
18. Informe de la Comisión Técnico-Científica para el Estudio de Mejoras en el Sector Ferroviario. Principales Conceptos y Conclusiones.
D. Iñaki Barrón de Angoiti. -23/9/2014-.
19. El Relanzamiento del Ferrocarril. Las Políticas de la UE. Las Ineficiencias Se Curan en el Ferrocarril con la Competencia.
D. Teófilo Serrano Beltrán. -8/10/2014-.
20. Agenda Catalana del Corredor Mediterráneo.
D. Ricard Font Hereu. -8/10/2014-.
21. El Ferrocarril como Elemento Básico del Sistema de Transporte.
D. José Luis Cachafeiro. -8/10/2014-.
22. Intervención. Retos de la Interoperabilidad.
D. Antonio Lanchares Asensio. -28/10/2014-.
23. El Sistema Ferroviario al Servicio del Ciudadano.
D. Luis López Ruiz. -28/10/2014-.
24. La Dirección General de Ferrocarriles. Descripción del Sector Ferroviario en España. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
D. Miguel Pozo de Castro. -19/11/2014-.
25. Ferrocarriles. La Empresa. Principales Magnitudes. Obras más Destacadas de Alta Velocidad. Obras más Destacadas de Líneas Convencionales. Obras más Destacadas de Metro. Sistema Existente. Mantenimiento. Internacionalización.
D. Antonio García Zarandieta. -9/12/2014-.
26. Sistema Ferroviario Europeo. Sistema Ferroviario Español. Principales Actores. Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Comparación con otros Países.
D. Manuel Niño González. -17/2/2015-.
VI. METODOLOGÍA
- A partir de las ideas expresadas por los diferentes expertos del sector, se ha redactado la segunda parte de este informe, que recoge de manera objetiva el resumen y análisis de las diferentes comparecencias celebradas.
- Como consecuencia de lo indicado en el punto anterior, en la tercera parte del informe se enumeran las principales conclusiones y recomendaciones a juicio de los integrantes de la Subcomisión de Estudios.
- En todo momento, se ha intentado hacer un documento de síntesis, de manera que se pudiera alcanzar el mayor consenso posible entre los integrantes de la Subcomisión de Estudios.
VII. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LAS COMPARECENCIAS
1. Aspectos generales.
- El ferrocarril ha evolucionado desde su invención hasta llegar a la alta velocidad. Su cambio más significativo se ha producido en los últimos 25 años, gracias a la introducción de la alta velocidad.
- Aunque otros países como Francia o Alemania han evolucionado más progresivamente, los sucesivos Gobiernos del Estado consideraron que era conveniente y decisivo para España pasar de un ferrocarril de finales del siglo XIX o principios del
siglo XX a un ferrocarril del siglo XXI.
- Los cambios relevantes en el sector ferroviario comenzaron a finales de los años 70, con el primer Contrato Programa entre el Estado y Renfe, lo que permitió que la red ferroviaria española se convirtiera en una red más moderna,
competitiva y, sobre todo, que se produjera la evolución de todos los sistemas de control de tráfico y de protección del tren.
- Además de España, varios países relevantes han confiado en los últimos años en la alta velocidad ferroviaria: Francia, Alemania, Italia, Japón, China y Taiwan... Hay que tener en cuenta la distancia entre las poblaciones importantes del
país se encuentran entre 300 y 700 km, que es el rango de distancia considerado ideal para el desarrollo de la alta velocidad.
- En España, en los últimos años se ha hecho un importante esfuerzo inversor en el ferrocarril, que asciende a los 45.000 millones de euros desde el inicio de los proyectos de la línea Madrid-Sevilla. Actualmente, representan el 42% del
total de inversiones en infraestructuras del transporte, de los que el 73% se corresponden con infraestructuras de alta velocidad.
- No obstante, aunque España es un país de considerable extensión dentro de la Unión Europea, la población está muy concentrada en determinadas áreas y, además, la orografía es muy montañosa y la geología es muy compleja, lo que condiciona
el desarrollo del ferrocarril. Esto implica que las inversiones necesarias para el desarrollo del ferrocarril sean algo superiores a las que serían necesarias en otros países de nuestro entorno, como Francia o Alemania, por la mayor longitud de
viaductos y túneles.
- Adicionalmente, hay que tener en cuenta el carácter periférico respecto al resto de Europa, por lo que, los tráficos intereuropeos no contribuyen al aumento del tráfico doméstico. Debemos tener también en cuenta, el distinto ancho de vía
que diferencia a nuestra infraestructura respecto al resto de Europa, el carácter radial de nuestra red, la falta de vertebración del territorio, los trenes cortos de mercancías y la poca influencia en los puertos.
- En cualquier caso, hay que tener presente que el ferrocarril es un modo de transporte muy eficiente y competitivo en términos de capacidad pues, como es sabido, con la misma cantidad de energía el ferrocarril puede transportar muchas más
personas y muchas más cargas que cualquier otro medio de transporte. No se debe ver exclusivamente como una evocación al progreso y la modernidad.
- En concreto, el transporte urbano por ferrocarril posibilita la descongestión de las ciudades y las hace más productivas.
- El ferrocarril moderno es una oportunidad para el desarrollo del sector turístico en nuestro país.
- Adicionalmente a todo esto, hay que tener presentes las ventajas ambientales del uso del ferrocarril. Por ejemplo:
Hay estudios que indican que el consumo de combustible diésel por cada 100 toneladas - kilómetro movidas es de 1,3 litros en el ferrocarril frente a 3,6 litros en el caso del transporte por carretera; y solo es superado por el transporte
marítimo, con 0,3 litros como promedio.
En término de emisiones de CO2 a la atmósfera, en el ferrocarril se trasladan a la atmósfera tres veces menos emisiones que en el transporte por carretera.
No obstante, estas ventajas ambientales se consiguen siempre que las líneas ferroviarias tengan el tráfico necesario, pues su propia construcción también genera un determinado impacto ambiental.
- Los datos cuantitativos del sector son:
Adif:
La red ferroviaria española bajo la gestión de Adif alcanza los 15.215 kilómetros, que es la distancia entre Madrid y Australia.
En 2014 circularon un total de 2.138.474 trenes, lo que supone una media de 5.858 trenes diarios. Recorrieron 204.209.918 kilómetros, lo que significa también una media diaria de 559.479 kilómetros, de los que el 13,4%, aproximadamente
75.000, fueron recorridos por trenes de mercancías y fueron utilizados los servicios de pasajeros por un total de 468.012.800 viajeros.
Para posibilitar todo este movimiento se utilizan 1.490 estaciones, entre ellas 31 de alta velocidad y 500 de cercanías; y también se cuenta con un total de 53 centros logísticos.
Cada noche en el período de tiempo que transcurre entre el último tren y el primero del día siguiente, 1.530 trabajadores de Adif y Adif Alta Velocidad, junto con los proveedores de servicios, revisan todas las instalaciones.
Renfe:
Más de 25.000 personas desarrollan su actividad directa o indirectamente en esta empresa.
En 2014 ha transportado 470 millones de viajeros y más de 20 millones de toneladas.
El parque móvil es de 1.500 vehículos de viajeros, 300 locomotoras de mercancías y más de 14.000 vagones.
2. Planificación.
- La planificación debe dar respuesta a qué infraestructuras ferroviarias deben desarrollarse, cuándo y con qué recursos. Además, debe recoger otros aspectos menos técnicos pero, cuando menos, de igual importancia para el desarrollo
estratégico del país y la búsqueda de la rentabilidad social. Por ello, además de la vertiente económica, hay que considerar la social y la ambiental.
- Con carácter general, la planificación de las infraestructuras debería ser consensuada entre las diferentes fuerzas políticas, oídos los diferentes agentes sociales y las distintas administraciones, de manera que su desarrollo no se viera
afectado por los cambios de Gobierno. Es obvio que los planes exceden de una Legislatura. Aunque para estos cometidos en España la legislación recoge el estudio informativo, que garantiza que todos los posibles afectados tengan ocasión de
manifestar sus puntos de vista habría que valorar al respecto la figura de la 'declaración de utilidad pública' de Francia como complemento de estos aspectos.
Con ello, además, se eliminaría la incertidumbre que se genera en el tejido productivo, que así podría elaborar sus propios planes estratégicos. Con altibajos en las inversiones solo se consigue fomentar una industria oportunista, en lugar
de un sector estable con visión a largo plazo.
- El ferrocarril incide en la transformación de los países porque la verdadera distancia es el tiempo que se tarda en llegar al destino, no estrictamente la distancia física.
- Los estudios de planificación deben analizar en profundidad todos los efectos, tanto positivos como negativos, que las nuevas infraestructuras ferroviarias tienen en el territorio y el corredor de transporte ya existente.
En este sentido, se ha constatado que la elevada densidad de actividad económica potencia el desarrollo y la competitividad de las ciudades. En estos casos, es fundamental la coordinación del servicio de transportes. Un caso de éxito es el
'Transport for London' y, en nuestro país, pueden citarse el Consorcio de Transportes de Madrid, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, y el conjunto del sistema ferroviario del área del Bilbao Metropolitano.
Para dar servicio a dichas aglomeraciones, entre otras cuestiones, son precisos unos adecuados servicios ferroviarios.
Y en ocasiones es preciso disponer de forma anticipada de dichos servicios ferroviarios. Continuando con el ejemplo del Reino Unido, en el 'Canary Wharf' de Londres, primero se puso en funcionamiento el metro ligero, lo que indujo a los
promotores a invertir en la zona. Después sucedió lo mismo con la ampliación del metro, que potenció aún más el desarrollo económico de la zona.
En resumen, los ferrocarriles deben verse no solo como un mero sistema de transporte, sino como una herramienta que puede posibilitar un desarrollo económico que, de otra forma, no tendría lugar.
- Hay que tener en cuenta que, en el caso del sector ferroviario, en general, se trabaja con inversiones que requieren cierta maduración, siendo el horizonte de la planificación el medio y largo plazo.
Aunque antes de iniciar una nueva línea de alta velocidad se realizan múltiples estudios de previsión de demanda, en ocasiones estas previsiones se ven superadas.
Como ejemplo, cuando comenzaron los servicios en la LAV Madrid-Sevilla en 1992, lo hicieron con 6 trenes por sentido. Aunque pudiera pensarse en ese momento que sería la punta de demanda de la línea, debido a la celebración de la Exposición
Universal de Sevilla, muy al contrario, hoy hay del orden de 20 trenes por sentido y el ferrocarril ha desbancado claramente al avión en el corredor de transporte.
Se puede ver otro claro ejemplo en el caso de Francia. Cuando se comenzó a desarrollar el itinerario París-Lyon, ni siquiera las personas que estaban involucradas directamente en el proyecto creían que la demanda de la línea llegara hasta
los niveles actuales, que incluso hacen considerar hoy en día la ampliación de la capacidad de la línea.
- Además, se debería tener en consideración no solo la rentabilidad estrictamente económica, sino también la rentabilidad social, que se concreta en aspectos tales como la seguridad, la calidad del servicio, los beneficios medioambientales,
etcétera.
Como referencia, posiblemente solo dos líneas de alta velocidad en el mundo tienen suficiente grado de madurez, lo que hace que su análisis sea diferente y que incluso se esté planteando el incremento de capacidad: Tokio-Osaka, en Japón, y
París-Lyon, en Francia.
- Por ello, se considera que las inversiones en alta velocidad son estratégicas y que, en la medida de lo posible, se debe intentar mantener el nivel de inversión necesario para culminar a la mayor brevedad posible las conexiones de alta
velocidad ya planificadas. Con ello se impulsará la cohesión territorial, se activará el crecimiento económico y se generará empleo.
- La planificación de nuevas infraestructuras y servicios ferroviarios deben fomentar la necesaria vertebración y cohesión en el territorio.
- Por otro lado, la planificación no se debe basar en circular tan rápido como técnicamente sea posible, sino en circular tan rápido como comercialmente sea necesario. La construcción de las infraestructuras no debe ser un fin por sí mismo.
Así, por ejemplo, en otros países con importantes redes ferroviarias, como es el caso de Suiza, la planificación tiene como objetivo último los servicios que se desean prestar al ciudadano. De hecho, la construcción de una línea ferroviaria nunca
debería ser un objetivo en sí mismo, sino que debería ser la consecuencia de la necesidad de prestar un determinado servicio de transporte.
- Se debe trabajar para que la heterogeneidad de la red no lleve al aislamiento de las redes que existen en España, tanto en lo referente a la tecnología (por ejemplo, con soluciones basadas en tercer carril, cambiadores de ancho o material
móvil de ancho variable, empleo de sistemas de señalización compatibles, locomotoras multitensión, etcétera), como en lo referente a los servicios (por ejemplo, en el caso de los billetes integrados).
- Se debe perseguir la integración de la red ferroviaria de alta velocidad con las redes existentes.
- El fomento del transporte ferroviario de mercancías permitiría descongestionar las carreteras incrementando su capacidad libre, reducir sus necesidades de conservación e impulsar el tráfico portuario.
3. Modelo ferroviario.
- Se considera que el modelo ferroviario actual es un modelo válido, en sintonía con la Unión Europea, fruto de las mejoras que se han ido introducido progresivamente en la legislación y la normativa técnica. La apuesta por la alta
velocidad debe ser compatible con la atención necesaria a la red convencional para su mantenimiento y actualización. En particular, es consecuencia de la progresiva incorporación de los paquetes ferroviarios:
El primer paquete ferroviario data del año 2001, estableciendo las bases administrativas de lo que tenía que ser el mercado único. Abarcaba aspectos tales como las licencias del sector, los cánones, las adjudicaciones de capacidad y el
establecimiento de un organismo regulador.
El segundo paquete ferroviario, desarrollado alrededor del año 2004, engloba aspectos técnicos tales como la directiva de seguridad, la directiva de interoperabilidad y el Reglamento de la Agencia Ferroviaria Europea.
En el caso del tercer paquete ferroviario, del año 2007, se centraba en la apertura del tráfico internacional de viajeros en el año 2010. Además, incluía la Directiva sobre la certificación de los maquinistas de locomotoras y trenes, el
Reglamento sobre obligaciones de servicio público en el transporte y el Reglamento sobre derechos y obligaciones de viajeros del ferrocarril.
Por último, el cuarto paquete ferroviario, que actualmente está en desarrollo, busca mejorar el reparto modal del transporte de viajeros. También busca incrementar la satisfacción de los usuarios, la homogeneidad del mercado interior
europeo y simplificar los procesos de autorización de material.
- En el sector ferroviario intervienen numerosos actores:
Comisión Europea y Agencia Ferroviaria Europea, con función consultora y de elaboración normativa. El trabajo se organiza en torno al Comité SERAC, encargado del espacio único europeo, y del Comité RISC, cuyos trabajos versan sobre la
interoperabilidad y la seguridad ferroviaria.
La Autoridad Nacional de Seguridad, que reside normalmente los Ministerios de Transporte de los diferentes países. En España recientemente se ha creado la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
La Autoridad Otorgante de Licencias.
Los Administradores de Infraestructura.
Las Empresas Ferroviarias.
Los Sindicatos Ferroviarios.
La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, con funciones de regulación y arbitraje.
Los Fabricantes de material móvil.
Los Centros de Mantenimiento.
Los Centros de Formación.
Los Centros Médicos.
Y la Comisión de Investigación de Accidentes.
- La integración de FEVE en ADIF y RENFE mejora la eficiencia del sistema ferroviario español.
- No obstante, en esta misma línea, no deben descartarse otras medidas en el nuevo marco legislativo que pudiera plantearse.
Como ejemplo, los países de nuestro entorno tienen diferentes soluciones para el sector. De hecho, al igual que ya ha ocurrido en algunos países, tal y como parece apuntar el Cuarto Paquete Ferroviario, no sería descartable que en algún
momento pudiera considerarse la posibilidad de agrupar en formato 'holding' el operador nacional y el gestor de la infraestructura, con vistas a una reducción de los costes de estructura y explotación.
También en el ámbito europeo se persigue que la adjudicación de surcos y el establecimiento y cobro de cánones se realice por un organismo independiente del resto de actores ferroviarios.
- En el caso particular de Renfe, está trabajando para consolidar la división del Grupo en sus cuatro sociedades, fortaleciendo las capacidades de gestión y favoreciendo el desarrollo de sinergias entre ellas.
4. Financiación.
- Como se ha mencionado en el apartado dedicado a la planificación, en las infraestructuras ferroviarias se deber tener en consideración no solo la rentabilidad estrictamente económica, sino también la rentabilidad social.
- Los servicios financiados con cargo a obligaciones de servicio público permiten garantizar la movilidad de los ciudadanos.
En la actualidad, son obligaciones de servicio público los servicios de cercanías a las ciudades, hoy operados por Renfe, donde se encuentran el 90% de los clientes de Renfe, así como los servicios de media distancia. Mediante estas
relaciones, se dan servicio a 438 millones de viajeros (dato a 31/12/2014).
Los costes de prestación del servicio se sitúan en torno a los 1.300 millones de euros, de los que aproximadamente dos terceras partes corresponden a ingresos por parte de los viajeros.
No obstante, no es indispensable que todas las obligaciones de servicio público se presten a través del ferrocarril, siempre que se garantice que sea equiparable en términos de eficiencia económica y medioambiental.
- El que las restantes Administraciones y otros agentes estuvieran más involucrados en la prestación de los servicios ferroviarios, posiblemente racionalizaría las demandas.
- Por el contrario, los servicios comerciales ofertados por Renfe, AVE y larga distancia, se enmarcan en un régimen de competencia con otros modos de transporte. No existe ningún tipo de subsidio cruzado entre las líneas subvencionadas, las
relaciones OSP y los servicios AVE o de alta velocidad. Renfe está trabajando para conseguir la mejora de los ratios de rentabilidad.
- Se debe tener presente la posibilidad de recurrir a mecanismos de colaboración público-privada o al Banco Europeo de Inversiones.
- Se deben aprovechar y hacer el mejor uso posible de los fondos europeos.
- Las experiencias españolas de mayor éxito en el caso de los servicios urbanos de tranvías se han producido cuando este medio de transporte ha sido complementario a los servicios de autobuses, no cuando han entrado en competencia. Hay que
pensar que este es un modo de transporte óptimo para intensidades en hora punta del orden de 6.000 viajeros.
5. Contratación.
- En el caso de plantearse concesiones ferroviarias, los criterios a tener en cuenta han de ser: la transparencia absoluta en su tramitación, la preeminencia del interés público y la garantía de la recuperación de la inversión con plazos
suficientemente largos.
- Los contratos de las Administraciones Públicas relacionados con el sector ferroviario deben tener en cuenta tanto los aspectos técnicos como los económicos. No obstante, se debe asegurar la calidad técnica y evitar que el único factor
realmente a considerar sea el económico.
- Se considera que no se debe escatimar en el coste de la ingeniería durante el desarrollo de los proyectos dado que, a la larga, se traducirá en una mejor definición de las actuaciones y, en consecuencia, en un mayor control del coste.
Asimismo, hay que procurar dar a la redacción de los proyectos un plazo razonable de tiempo, que permita la correcta finalización de los mismos.
- Durante el desarrollo de los contratos, las modificaciones deben limitarse a los casos estrictamente necesarios.
6. Aspectos técnicos.
1. Infraestructura.
- El desarrollo de las infraestructuras ferroviarias debe satisfacer las necesidades reales de transporte.
- El desarrollo de la infraestructura ferroviaria debe tener como objetivo que la sociedad se beneficie de la misma lo antes posible. Por ello, son recomendables soluciones que permiten anticipar en una primera fase la puesta en servicio de
grandes corredores, tales como la implantación del tercer carril o la vía alternada doble-simple.
En el caso del tercer carril es recomendable la realización de un estudio específico sobre esta solución, tanto en lo que se refiere a longitud ideal de los tramos en los que se implante como en el horizonte temporal de validez de la
solución.
- Hay que prestar la debida atención en mantenimiento y actualización a las líneas ferroviarias convencionales. No debe obviarse que, cada vez más, son utilizadas como parte inicial o final del itinerario en servicios de alta velocidad.
Además, las cercanías utilizan estas líneas y son los servicios que más viajeros utilizan todos los años.
- Los procesos de integración de la infraestructura ferroviaria en las ciudades deben ser consensuados con todas las Administraciones y la sociedad. Además, pueden abordarse gradualmente, siempre de acuerdo con los recursos económicos
disponibles.
- Asimismo, se deben fomentar las estaciones sostenibles, accesibles e intermodales, que presten el servicio adecuado a la sociedad y, a su vez, tengan costes de construcción y mantenimiento razonables, en línea con las previsiones del plan
de estaciones iniciado para intervenir en numerosas instalaciones, con actuaciones enfocadas hacia la mejora del servicio público.
- Desde el punto de vista de la infraestructura, tenemos dos grandes tipo de líneas:
Aquellas que se han desarrollado en los últimos 25 años, que en su mayoría se corresponden con trazados de alta velocidad.
Aquellas líneas preexistentes, con trazados de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde solo se han realizado variantes puntuales de trazado y puesta al día de las mismas y, por lo tanto, susceptibles de mejoras en muchos
puntos de la red.
2. Superestructura e instalaciones.
- La superestructura existente en las líneas ferroviarias de España es análoga a la que existe en líneas similares de otros países europeos, tales como Alemania, Francia, Italia, Austria...
- Se debe seguir avanzando en materia de sistemas interoperables entre sí: ancho de vía (ancho métrico, ancho ibérico y ancho estándar), electrificación (1.500 V, 3.000 V y 25.000 V para alta velocidad), señalización (Asfa, Asfa Digital,
EBICAB, LZB, ERTMS en sus diferentes niveles y versiones), comunicaciones... Aunque no es una tarea fácil para los diferentes actores del sector ferroviario, el uso de estándares europeos proporciona una mayor seguridad de los sistemas y, a la vez,
incide en la mejora la competitividad del país.
- Con carácter general, a largo plazo se debe ir hacia una normalización y armonización de todos los sistemas, lo que permitirá una gestión eficiente y eficaz del ciclo de vida de los productos. Con ello se conseguirá optimizar los
contratos de mantenimiento, la gestión de los repuestos, optimizar el número de personas en las líneas, eliminar el número de interfaces...
- No obstante, dado que el proceso es largo, complejo y costoso, es necesario acompasar el desarrollo hacia la interoperabilidad con las soluciones que hay que utilizar en las fases intermedias. Todavía está lejos la total interoperabilidad
entre material móvil e infraestructura.
- Uno de los puntos clave para lograr una total interoperabilidad ferroviaria es la progresiva implantación del ancho de vía estándar. Se considera positiva la estrategia de adaptación recogida en el PITVI, que contempla la previsión de
cambio de ancho en las obras nuevas. En todo caso, se recomienda que debe hacerse una reflexión en profundidad sobre esta cuestión.
- En lo referente a la electrificación, es aconsejable la progresiva implantación de la misma en las líneas que aún no disponen de ella siempre que exista un volumen mínimo de tráfico que lo justifique. De lo contrario, seguiría siendo más
rentable la tracción diésel.
- Las líneas ferroviarias deben estar equipadas con los elementos técnicos que corresponden a su nivel de servicio, a su nivel de tráfico y a sus condiciones particulares.
- Los sistemas de señalización más utilizados son los siguientes: ERTMS (nivel 2 y nivel 1), LZB y ASFA.
- Lo deseable para las líneas con mayor tráfico es el estándar ERTMS. No obstante, el ASFA Digital sigue siendo una muy buena solución para las líneas ferroviarias.
- Se debe resaltar que España está entre los países que tiene más kilómetros instalados de ERTMS. Entre otras cuestiones, ello es consecuencia de las necesidades que se detectaron para buscar la compatibilidad entre los sistemas en vía y el
material móvil durante el desarrollo de la LAV Madrid-Sevilla.
- Asimismo, España es pionera en la monitorización por vídeo de toda la red de alta velocidad, lo que no sucede en otros países extranjeros donde la alta velocidad tiene una gran implantación, como es el caso de Japón.
3. Material móvil.
- Grandes empresas españolas son punteras en la fabricación de vehículos ferroviarios.
- Se considera razonable tener, como documento complementario a la planificación, un plan para la inversión a largo plazo en material rodante.
- En el caso de servicios ferroviarios con menor demanda, puede ser conveniente la utilización de trenes de menor capacidad, lo que permitiría adecuar los costes de explotación.
- Se debe profundizar en el modelo de mantenimiento que permita la permanente disponibilidad del material móvil.
- En el caso de la adquisición de material móvil, se propone el empleo de contratos marco, lo que incentivaría un sector industrial estable, no sujeto a los altibajos de inversión, pero a la vez suficientemente flexible para la
Administración.
- Se ha constatado la complejidad de los procesos de autorización del material móvil no solo en España, sino también en otros países europeos, lo que hace que suponga un coste considerable de desarrollo de los productos. Se considera que,
en la medida de lo posible, dichos trámites deben ser simplificados y agilizados.
- Además, en el caso de los procesos de autorización transfronterizos, se considera que la Agencia Europea del Ferrocarril podría ayudar a simplificar el procedimiento, unificando criterios y estableciendo normativas equivalentes en todos
los países.
- En definitiva, se debe seguir avanzando hacia la total interoperabilidad en el ámbito europeo del material móvil.
4. Mantenimiento.
- El mantenimiento es un elemento fundamental. La base de la calidad, de la seguridad y de la fiabilidad del sector ferroviario está en un buen mantenimiento, que requiere una gran especialización por parte de los profesionales.
- No se debe minusvalorar en ningún caso el papel de la conservación y el mantenimiento.
- Durante el proyecto de una infraestructura se debe considerar no solo el coste de construcción, sino también el coste de conservación y mantenimiento.
- Se debe considerar que algunas líneas ferroviarias, no solo en el caso de la red convencional, sino también de la red de alta velocidad, ya han alcanzado un considerable grado de uso, por lo que no debe obviarse sus necesidades en materia
de conservación.
- Para este cometido, es muy conveniente la ayuda de un sistema de gestión de activos, que buscan minimizar los costes de reposición al final de la vida útil de los activos. En este tipo de sistemas se trabaja con el riesgo de no dar una
calidad del servicio determinada.
- Se debe prestar la necesaria atención a la conservación de las obras de tierra más antiguas, tales como trincheras y emboquilles de los túneles.
5. Explotación.
- La explotación de líneas mixtas con trenes de viajeros de alta velocidad y mercancías es compleja, dada las diferentes velocidades de circulación de ambos tipos de trenes.
- Por último, hay que indicar que los cánones de la infraestructura deben ser razonables.
Sería deseable que la estructura de cánones estimulase, por un lado, la mayor utilización de la infraestructura; y, por otro, el mayor aprovechamiento de los trenes. Además, se debería garantizar cierta estabilidad en aquellos.
6. Seguridad.
- El sistema ferroviario español es un sistema seguro, perfectamente homologable a los mejores sistemas ferroviarios del mundo, aunque existen márgenes para la mejora permanente.
- La seguridad absoluta no existe, y va unida a la aceptación de un cierto nivel de riesgo (probabilidad de que se produzca un fallo en contra de la seguridad en un periodo definido).
- El riesgo, tal y como está definido y contemplado en las normas europeas, es el producto de las consecuencias del fallo (cómo de grave puede ser el fallo) por la probabilidad de que ocurra ese fallo. Los niveles de riesgo, que se
establecen en la normativa, están en consonancia con el riesgo que cada sociedad asumen. En este sentido, son esenciales los análisis de riesgo, tanto técnico como humano.
- La seguridad es inherente a todo el sistema ferroviario.
- Aunque, en ocasiones, ciertas incidencias y algunos accidentes tengan una repercusión social y mediática importante, estadísticamente puede afirmarse que el ferrocarril es un medio de transporte seguro.
- En los últimos tiempos, a nivel internacional se ha desarrollado un concepto de 'seguridad integral' que engloba los diferentes modos de protección, técnica, contra actos intencionados ('security') y relativa a los riesgos civiles y
naturales, que puedan afectar a los diferentes intereses del ferrocarril, en primer lugar a las personas (clientes, trabajadores, terceras personas) pero asimismo a los bienes materiales e instalaciones.
Este sistema integral de seguridad del ferrocarril tiene que evitar (está evitando), aunque no seamos conscientes de ello, miles de accidentes e incidentes todos los días, en todas las líneas de ferrocarril y en todas las instalaciones
ferroviarias.
- No obstante, si bien es cierto que la seguridad debe prevalecer por encima de cualquier otro argumento, la puesta en práctica de elementos, tecnologías y técnicas debe ser coherente con las condiciones y características de cada línea y no
parece lógico dotar con el mismo tipo de equipamiento, en seguridad y protección civil, a líneas de ferrocarril con diferentes niveles de tráfico y prestaciones.
El coste de la seguridad y el impacto sobre la funcionalidad del sistema frente a las limitaciones que imponen ciertos requerimientos de la seguridad son dos conceptos que intervienen de manera especial en todo sistema ferroviario y que
condicionan su explotación, teniendo siempre presente que el riesgo cero no existe. Por muy perfecto que sea un sistema siempre existe una posibilidad (y por lo tanto probabilidad), aunque sea remota, de fallo, por eso hay que sistematizar las
evaluaciones de riesgo.
La seguridad 'técnica' se compone siempre de factores humanos, medios materiales y procedimientos, que tienen un coste que debe ser coherente con los niveles de tráfico soportados y de riesgo asumidos.
- Por su importancia, debe continuarse con la regulación de los factores humanos y su grado de integración en los sistemas de gestión de la seguridad. Su desarrollo requiere una auditoría específica y periódica.
Esta regulación y esta auditoría deberían incorporarse tanto para los Gestores de Infraestructuras como para empresas operadoras, siendo deseable que el proceso se extendiera más allá de la RFIG.
Así, debe tenerse en consideración el factor humano y los factores organizacionales, además de los factores estrictamente técnicos. Se puede estudiar la conveniencia de crear un canal de información para
identificar riesgos que contemple los factores humanos; ampliar la formación en este campo; realizar estudios pluridisciplinares; desarrollar una metodología específica; etcétera.
- Los indicadores de seguridad permiten realizar el seguimiento y monitorización de la evolución general de la seguridad ferroviaria.
Las medidas de seguridad ferroviaria en España son equiparables a las de cualquier otro país del mundo. De hecho, España se encuentra entre los países donde la seguridad está más desarrollada en el sector ferroviario.
- En materia de seguridad, todos los elementos del sistema ferroviario deben ir acompañados de los correspondientes protocolos.
- La responsabilidad de la seguridad en la circulación corresponde al gestor de la infraestructura y a los operadores ferroviarios que sobre ella prestan servicio.
La función del Estado es velar por el mantenimiento de la seguridad a través del cumplimiento de las normas a las que están sometidos y de la supervisión de su actividad, así como de la supervisión del resto de los actores del sector
ferroviario.
- Se considera conveniente la implantación y desarrollo de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, recientemente creada, que debe redactar su correspondiente plan de acción. No obstante, se debe asegurar que la misma queda dotada
convenientemente de medios materiales y humanos capacitados para poder llevar a cabo dicha actividad con garantías de responsabilidad e independencia de su actuación.
- Asimismo, se destaca el papel que realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cuya principal misión es impedir que se pueda repetir un accidente ferroviario similar a otro ya producido.
La Administración debe mantener su independencia y proporcionarle los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones.
- Como aspectos concretos, se debe proseguir avanzando en:
La supresión de pasos a nivel, aunque comparativamente tenemos menos pasos a nivel que otros países de la Unión Europea, potenciando campañas de concienciación hacia el respeto a las normas vinculadas a los pasos a nivel para evitar
accidentes en que el ferrocarril, sin ser responsable, resulta afectado.
La mayor automatización de los sistemas asociados a la gestión y a la seguridad del tráfico ferroviario, intentando optimizar la intervención humana. Un caso particular es la modernización de los bloqueos telefónicos que aún existen en la
red ferroviaria convencional; o los enclavamientos mecánicos, que progresivamente se deberían ir sustituyendo por enclavamientos eléctricos.
La coordinación proactiva entre los operadores ferroviarios y el administrador de la infraestructura.
La armonización de la explotación ante condiciones degradadas.
El impulso de los análisis sistemáticos de los registradores jurídicos ('cajas negras'), para promover medidas de mejora.
La mejora de los sistemas de información y comunicación en las cabinas de conducción.
Tras la revisión de la normativa del uso de los elementos de comunicación (móviles) del personal a bordo de los trenes, es conveniente desarrollar un sistema integrado y único de comunicación, donde el maquinista active la comunicación
mediante un sistema de manos libres.
Se debe garantizar una comunicación efectiva y con niveles de calidad adecuados, pero exclusivamente las pertinentes para el correcto desarrollo de la actividad.
Asimismo, es conveniente fomentar el uso de los sistemas digitales de documentación, que progresivamente vayan sustituyendo al formato en papel.
Mejorar la ubicación y protección de los equipajes en el interior de los vagones.
Por último, es interesante revisar el protocolo de reconocimientos médicos psicofísicos, analizando los plazos y los niveles de exigencia. También se podría analizar la posibilidad de incorporar a los reconocimientos médicos tanto
estudios de muerte súbita cardiaca como de atencionalidad, incluyendo en su caso programas formativos específicos. En este último caso se conseguiría reforzar el análisis de los aspectos psicológicos de la conducción (control de estrés, actividad
repetitiva, concentración...) para orientar la formación continua de estos profesionales.
7. Transporte ferroviario.
7.1 Viajeros.
- Dada las ventajas de este modo de transporte, con carácter general, se debería continuar fomentando el incremento de la demanda ferroviaria de viajeros, por ejemplo, a través de la reducción de tiempos de viaje, y adaptando las frecuencias
a los horarios más demandados, la adecuación del coste, el empleo de soluciones imaginativas en el caso de líneas con baja densidad de tráfico, etcétera.
Como ejemplo, el pasado ejercicio 2014 se produjo un aumento del 16% del número de viajeros en los servicios comerciales de Renfe y del 7% de los ingresos.
En todo caso, es importante hacer una buena gestión del incremento de la demanda. De lo contrario, se puede producir un incremento de los costes superior al de los ingresos.
- También se considera necesario mejorar y potenciar los canales de venta para dotarlos de total versatilidad hacia el usuario, de manera que esté adecuadamente atendido. Asimismo, es preciso seguir impulsando los canales de venta
electrónica, a través de los cuales el usuario puede conseguir una importante reducción de precio.
- En el caso de los viajeros, se debe prestar especial atención a las personas con movilidad reducida para garantizar su acceso al transporte ferroviario.
7.1.1 Alta velocidad y larga distancia.
- Es recomendable fomentar los servicios combinados con billetes de AVE o larga distancia y cercanías.
- Es necesario incrementar la demanda de los trenes de alta velocidad y larga distancia. En el caso concreto de la alta velocidad, aun cuando el número de kilómetros sitúa a España a la cabeza de Europa, no lo es en número de viajeros. Hay
que incrementar el uso de los servicios mediante acciones comerciales, de adecuación a la demanda, etc que hagan incrementar las personas usuarias de las nuevas infraestructuras.
- De hecho, se considera que tiene un potencial enorme la conexión ferroviaria con los principales aeropuertos del país, incluso en alta velocidad en el caso de los de mayor tráfico de pasajeros.
- Se debe regular y facilitar el transporte de equipaje por parte de los viajeros.
7.1.2 Regionales y media distancia.
- Se considera que existe cierto margen de mejora en los servicios regionales y de media distancia.
- Como ejemplo, se deben cuidar los horarios, las frecuencias, la conexión con otro tipo de trenes y otros transportes, así como el coste de estos servicios, con el objetivo de que de verdad resulten útiles para la ciudadanía.
7.1.3 Cercanías.
- Las cercanías ferroviarias constituyen un servicio extraordinariamente importante para garantizar la movilidad de la ciudadanía, en las grandes ciudades de manera muy especial. Sus infraestructuras y su funcionamiento es desigual en
nuestro país, con ámbitos de gran calidad y puntualidad en el servicio, con otros mejorables, así como grandes entornos urbanos en los que debería ponerse en marcha cuanto antes.
- Es necesario seguir prestando el servicio público en las grandes concentraciones de población a través de cercanías. En líneas generales, tal y como ha sucedido en otros países de nuestro entorno, la demanda de este tipo de servicios se
incrementa progresivamente. En la actualidad, mueve a 400 millones de viajeros al año.
- Se considera que puede ser necesario acometer actuaciones que permitan eliminar los principales cuellos de botella en el entorno de las grandes ciudades. Una propuesta razonable sería el desarrollo de líneas pasantes.
- Además, en este mismo ámbito es preciso cuidar los aspectos tarifarios, de modo que sean ágiles para el ciudadano.
- En la actualidad, Renfe está inmersa un plan de mejora en Cercanías, que busca dar un salto cualitativo en la prestación del servicio, mejorando la atención al cliente, las infraestructuras de las estaciones y los servicios asociados.
- Es necesario impulsar el estudio y la viabilidad del servicio de cercanías en aquellos territorios donde todavía no existe y se pudiera considerar necesario.
7.2 Mercancías.
- Actualmente solo el 3% de las mercancías se transportan por ferrocarril, sin que se observe una tendencia creciente.
Por el contrario, en Europa la cuota media está en el entorno del 10%. En el caso de Alemania se alcanza hasta el 20%. Y, aunque no es comparable, en Estados Unidos se llega hasta una cuota del 50%.
- Importante y positivo cambio de concepción introducido, primero, a través del Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías (PEITFM) y, después, a través de la Estrategia Logística en esta Legislatura.
- Con carácter general, los servicios de transporte de mercancías deben orientarse hacia el cliente. No hay que olvidar que España es fundamentalmente un país de economía de servicios, por lo que la movilización de mercancías nunca será tan
elevada como el caso de otros países con mayor peso de la industria.
- En la actualidad, existen casi 140.000 empresas de transporte por carretera, de las que más de 100.000 solo tienen un empleado. El desarrollo del transporte ferroviario de mercancías está reñido con la gran competitividad y falta de
tarificación del transporte por carretera.
- El ferrocarril y el camión deben ser más complementarios que excluyentes. En este sentido, es importante fomentar las autopistas ferroviarias y los puertos secos.
- Para que el transporte de mercancías sea competitivo, especialmente en el caso del transporte internacional, son necesarios trenes más largo y, al menos, de 750 m, lo que requiere la adaptación de la infraestructura. Además, esto
posibilitaría incrementar la capacidad actual de las líneas solo por el hecho de reducir el número de circulaciones.
- Otro aspecto que sería necesario mejorar es el relacionado con los gálibos. Por ejemplo, un incremento de los mismos permitiría el transporte de dos contenedores en cada vagón.
- Es preciso plantear el adecuado aprovechamiento para mercancías de las líneas convencionales con menor uso para viajeros. Con ello se facilitaría el cumplimiento de los horarios y compromisos de los trenes de mercancías.
Se podría hacer un proyecto piloto con la línea convencional entre dos grandes ciudades que requiera menores inversiones.
- Las mercancías no requieren de grandes obras ni de alta velocidad, sino de fiabilidad. Para las mercancías, es suficiente que el transporte no se detenga. Las soluciones en este sector deben ser simples, sencillas, seguras y no
necesariamente sofisticadas.
Si se ponen en servicio grandes obras que incrementan los costes para el operador (por ejemplo, con un mayor canon o requiriendo inversiones complementarias en instalaciones para el material móvil), el efecto conseguido es justamente el
contrario, desincentivando el transporte de mercancías por ferrocarril. Lo que es bueno para el transporte ferroviario de viajeros no necesariamente lo es para el de mercancías.
Incluso sería razonable plantear la construcción de 'líneas con prestaciones específicas', para el transporte ferroviario de mercancías, pero a la vez de interés para los operadores.
No obstante, para independizar el tráfico de mercancías del tráfico de cercanías, sí se deberían plantear variantes ferroviarias en el entorno de las grandes ciudades, especialmente en el caso de Madrid y Barcelona.
- Debe cambiar el papel de los operadores ferroviarios de mercancías, focalizándose en la captación de nuevos tráficos.
- Importancia de los nodos logísticos: ubicados donde son realmente necesarios, ventanilla única, rapidez...
- Con carácter general, se deben mejorar las conexiones en los puertos:
El escenario de tráfico de mercancías a corto plazo se apoya inevitablemente en una necesaria apuesta por la intermodalidad marítimo-ferroviaria.
Si bien, durante las últimas décadas se ha ejecutado obra marítima con capacidad suficiente para atender los futuros tráficos portuarios, las infraestructuras de conexión ferroviaria continúan siendo la asignatura pendiente.
La visión de un puerto comercial moderno debe entenderse con sus conexiones con el transporte ferroviario. En efecto, el proceso cada vez más complicado de los flujos dominantes de las mercancías exige que, para que un puerto aspire a
tener un grado de competitividad adecuado, disponga, entre otras condiciones, de una red de transporte ferroviario lo más amplia posible.
Esta necesidad está recogida no solo en la política nacional del transporte, sino también en la política europea en la materia. De hecho, la última revisión de la Red Transeuropea de Transporte de diciembre de 2013 contempla, como medida
prioritaria, la mejora de las conexiones con los puertos a la red ferroviaria europea.
Aún quedan infraestructuras importantes por hacer en los puertos, sobre todo en relación con la obra marítima hacia el lado terrestre.
Se considera un considerable avance la estrategia iniciada en 2013 por la que, las Autoridades Portuarias, sin comprometer el principio de autofinanciación, están contribuyendo a la financiación de las obras de mejora de su accesibilidad
terrestre.
Un ejemplo de ellos es el Puerto de Barcelona. En el mes de septiembre de 2013 se firmó un Protocolo para coordinar la construcción y explotación del nuevo acceso ferroviario. El Protocolo se suscribió entre el Ministerio de Fomento, la
Generalidad de Cataluña, ADIF, la Autoridad Portuaria de Barcelona, Puertos del Estado y la Entidad Pública Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.
Y también la conexión ferroviaria de la dársena de Escombrera del Puerto de Cartagena, cuyas obras, ya en ejecución, son financiadas por esta autoridad portuaria.
Además, se debería avanzar en el 'control de la última milla'. Sería muy importante conseguir que los trenes pudieran entrar y salir de los puertos sin necesidad de tener que cambiar la locomotora, lo que reduciría considerablemente el
coste y la eficiencia.
Todo ello permitiría que España se consolidara como el gran puerto de Asia en Europa gracias a su privilegiada posición en los Corredores Atlántico y Mediterráneo.
Es importante aprovechar el nuevo marco de los fondos CEF para acometer las mejoras pendientes en los accesos ferroviarios a los puertos de nuestro país.
- Se debe revisar el papel de los centros logísticos de ADIF, dado que en ocasiones el cuello de botella se produce en los mismos.
En particular, en el caso de las terminales actuales, debe plantearse la conveniencia de que se configuren como un factor de ayuda al desarrollo del transporte ferroviario de mercancías, gracias a lo cual el sistema podría ser más
competitivo en su conjunto. Algunos ejemplos de éxito los podemos encontrar en las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) vinculadas a los puertos.
- De forma general, en lo que respecta al transporte ferroviario de mercancías, ADIF debería impulsar el crecimiento de la demanda, incluso incentivando a su propio personal en este sentido, configurándose como un elemento motivador en el
sistema de transporte.
- Asimismo, se requiere avances en la regulación en materia de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.
- Para lograr una adecuada funcionalidad en materia de mercancías, también es necesario potenciar las conexiones internacionales. A corto plazo, se debería facilitar el paso de los trenes por Francia. Y a largo plazo, no deben caer en el
olvido los estudios sobre el enlace fijo ferroviario en el Estrecho de Gibraltar.
Como ejemplo, Italia cuenta con 10 conexiones ferroviarias a través de los Alpes, pero España solo cuenta con 3 conexiones ferroviarias a través de los Pirineos, a pesar de que cada día más de 20.000 camiones pasan a Francia.
- En el caso de Renfe, podría ser razonable la incorporación de un socio industrial, que aporte a la compañía experiencia y volumen de carga.
7.3 Intermodalidad.
- Los modos de transporte son complementarios, por lo que hay que buscar las sinergias entre ellos. Sería incorrecto pensar que el ferrocarril puede resolver todos los problemas de transporte.
- Hay que favorecer que cada modo de transporte opere en las condiciones más eficientes dentro de la cadena de transporte.
- En el caso de viajeros:
Se debería avanzar en la coordinación de los servicios de transporte en las estaciones de ferrocarril, aunque pertenezcan a diferentes redes, con objeto de reducir los tiempos de espera y trasbordo.
Se deben fomentar los servicios combinados ferrocarril-carretera y favorecerlos, por ejemplo, ubicando las paradas de autobuses cerca o en las propias estaciones de ferrocarril.
Sería interesante impulsar un programa de aparcamientos disuasorios en el entorno de las grandes ciudades, que ofrecieran un servicio de alquiler junto con el precio del billete al usuario. Incluso se considera que podrían ser
susceptibles de ser construidos mediante concesión.
También sería interesante facilitar la conexión de la red de alta velocidad con los principales aeropuertos del país.
- En el caso de mercancías:
Reiterar la importancia de la ubicación de los nodos logísticos, donde son realmente necesarios.
Reiterar la necesidad de mejora de las conexiones en los puertos.
En este caso, también se debe fomentar la oferta combinada ferrocarril-carretera, por ejemplo, mediante las autopistas ferroviarias para camiones o, incluso, mediante trenes de furgonetas.
7.4 Liberalización.
7.4.1 Viajeros.
- El Informe de la Comisión Técnico Científica para el estudio de mejoras en el sector ferroviario establece que por el momento, existen muy pocas experiencias liberalizadoras de éxito en el sector ferroviario de viajeros de larga distancia.
Así mismo, advierte que un proceso de liberalización totalmente abierto puede devenir, dado el reducido mercado ferroviario existente, en una serie de problemas económicos y de falta de rentabilidad para las empresas prestatarias, que aboque en el
corto plazo a un deterioro real del servicio.
7.4.2 Mercancías.
- Aunque el mercado de transporte ferroviario de mercancías está liberalizado, las medidas adoptadas hasta ahora en materia de mercancías no han posibilitado el despegue del sector.
- Hay que tener presente que, para que el transporte de mercancías por ferrocarril pueda ser negocio, requiere, por un lado que el cliente perciba una mejora, posiblemente en el precio; y, por otro, que el inversor encuentre la rentabilidad
deseable.
Este negocio, planteado en las condiciones adecuadas, puede ser rentable, como es el caso de los ferrocarriles americanos de mercancías, que son compañías privadas que incluso construyen su propia infraestructura y no reciben ninguna
aportación pública.
- Se considera que la sociedad de Renfe dedicada al alquiler del material ferroviario está llamada a tener un papel relevante para fomentar el transporte ferroviario de mercancías.
El correspondiente alquiler debe permitir al sector público amortizar la inversión en dicho material así como obtener cierto margen de beneficio para su adecuación.
- Se ha avanzado mucho en este campo, pero aún queda mucho por hacer, por ejemplo, incentivando los tráficos portuarios.
8. Sector institucional.
8.1 Unión Europea.
- Por su propia configuración, España tiene un peso relevante en las decisiones que se adopten en materia ferroviaria dentro de la Unión Europea.
- Desarrollo del Cuarto Paquete Ferroviario, donde España debería tener un papel decisivo, ya que el desarrollo del sector ferroviario en España es muy relevante. En líneas generales, el Cuarto Paquete Ferroviario incluye:
Un primer pilar tecnológico, que trata la interoperabilidad y la seguridad, y se concreta en la eliminación de trabas administrativas que limiten el acceso a los mercados. En ese sentido se habla de una ventanilla única, si bien se
considera conveniente adoptar un modelo de doble ventanilla.
Un segundo pilar de gobernanza donde, entre otras cuestiones, se analiza cuál tiene que ser el modelo ferroviario. De hecho, se analiza la posibilidad de que el administrador de la infraestructura y el operador de servicios puedan
mantener una estructura de holding. De hecho, los estados miembros más fuertes en el sector ferroviario, Alemania y Francia, no se plantean debatir sobre la liberalización de su sector ferroviario antes de 2019. Y, además, el Tribunal de Justicia
Europeo, el 28/02/2013 reconoció que las Directivas vigentes solo exigen una separación contable entre infraestructura y transporte, y no una separación real de los dos ámbitos.
Y un tercer y último pilar de mercado, donde se persigue el acceso libre a la prestación de servicios comerciales.
- Se debe seguir avanzando hacia la total interoperabilidad en el ámbito europeo de todos los subsistemas del sector ferroviario. En particular, hay que seguir avanzando en los procedimientos de puesta en servicio de líneas y vehículos.
8.2 Administración General del Estado.
- Con carácter general, debe asegurarse un marco jurídico estable y transparente.
- La normativa debe estar en continua actualización. Un ejemplo de ello es la actualización del Reglamento de Circulación Ferroviaria, cuya nueva versión será publicada en breve, así como sus normas de desarrollo.
- Debe existir una revisión continua de la normativa vigente, pues algunas cuestiones técnicas quedan obsoletas muy pronto.
- Existen algunos aspectos en la legislación nacional que parecen susceptibles de mejora. Por ejemplo:
Reforzar los mecanismos relativos a la seguridad a través de la nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria, especialmente reforzando su independencia.
Transponer al derecho nacional la normativa europea, integrando toda la regulación en una única norma.
En materia de infraestructuras, también es necesario reforzar los mecanismos para una planificación rigurosa.
Crear un nuevo sistema de cánones cuyo objetivo sea incrementar el uso de las actuales infraestructuras españolas.
En el transporte de mercancías por ferrocarril, incluir medidas para la mejora de su competitividad, tales como la liberalización de los servicios que se prestan en las terminales ferroviarias públicas, el incremento de la transparencia de
los administradores de infraestructuras, la simplificación del régimen tarifario y las autorizaciones necesarias e impulsar el papel de los puertos como administradores de las infraestructuras ferroviarias dentro de su dominio público.
En los servicios de transporte de viajeros, el reporte de información de actividad y contable a la Administración para garantizar la transparencia del mercado, así como la obligación de llevar cuentas separadas entre las actividades de
mercancías y viajeros.
Por último, el refuerzo las sanciones por vulnerar los derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la seguridad.
- Se debe mejorar en lo referente a la comunicación con los ciudadanos sobre los aspectos ferroviarios.
8.3 Otras Administraciones.
- Es indispensable la colaboración entre Administraciones. En el caso de la larga distancia, con las Comunidades Autónomas (vertebración territorial); y en el caso de las cercanías, también con las ciudades (vertebración urbana).
9. Sector empresarial.
- Hay más de 600 empresas en nuestro país dedicadas al ferrocarril, de las que:
El 75% son pequeñas y medianas empresas.
Y para más de 220 empresas, el sector ferroviario es su actividad principal.
- El sector empresarial vinculado al ferrocarril mueve unos 6.500 millones de euros anuales, a lo que habría que añadir la obra pública. De ellos, 2.150 millones de euros son la facturación en sí del transporte ferroviario, y 4.350 millones
de euros es la facturación de la industria ferroviaria.
9.1 Ámbito estatal.
- La amplitud y complejidad del sector ferroviario en España hace que las empresas españolas se hayan desarrollado notablemente.
- En el caso de la superestructura, España ha sido un referente internacional en desvíos de alta velocidad, gracias a la aplicación de soluciones técnicas innovadoras en las líneas puestas en servicio.
- En lo referente a las instalaciones, el diseño y el desarrollo del sistema de señalización ERTMS se ha realizado en gran medida en España, lo que lo convierte en un elemento claramente exportable, dado que otros países no se encuentran en
una posición tan ventajosa.
- En esta misma ventajosa situación se encuentra la industria de fabricantes de material móvil. En particular, la tecnología de rodadura desplazable, tanto en los trenes como en los cambiadores de ancho, con gran desarrollo en España pero
escasamente desarrollada en el resto del mundo.
9.2 Ámbito internacional.
- Sin lugar a dudas, España es un referente internacional en el ámbito ferroviario, tanto por su calidad como por su confort.
- En los años 80, España compraba soluciones técnicas foráneas. Muy al contrario, hoy en día las empresas españolas desarrollan sus propios productos y compiten en un mercado cada vez más global.
- Por ejemplo, en el ámbito del material móvil, hoy en día no hay ninguna tecnología ferroviaria en el mundo que no esté aplicada en España.
- En el extranjero, Adif es una clara referencia internacional como aval para la exportación de productos, gracias al prestigio de sus técnicos.
- Adicionalmente, España puede exportar su capacidad de gestión en los grandes proyectos de infraestructuras ferroviarias. Es más común que empresas de otros países sean capaces de ejecutar las actuaciones, pero no hay tantos países con el
know-how correspondiente a la gestión.
- Como consecuencia de todo ello, hay una destacable presencia de empresas españolas en el ámbito internacional.
- No obstante, no debe olvidarse que las referencias nacionales son esenciales como carta de presentación de las empresas españolas en el extranjero.
- Por ejemplo, de acuerdo con los datos de MAFEX, la industria ferroviaria ha pasado de exportar 100 M en 2004 a exportar 3.000 M en 2013. A día de hoy, se exporta casi el 80% de lo que se produce.
- El Gobierno apoya y debe seguir impulsando en su proyección internacional al sector empresarial español, que debe considerarse como estratégico. En este sentido, puede ser interesante mejorar y ampliar las relaciones comerciales con los
países emergentes y en vías de desarrollo.
10. Sector universitario e I+D+i.
- El propio ferrocarril es investigación, desarrollo e innovación a la vez.
- El sector ferroviario requiere innovación y desarrollo tecnológico constante.
- Relevancia del Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria del CEDEX, con un importante papel en la validación y homologación de los sistemas ERTMS.
- Conveniencia de participar en proyectos que superan el ámbito nacional, como es el caso de la iniciativa SHIFT2RAIL (cuyos paquetes fundamentales están dedicados al desarrollo de nuevos trenes, sistemas de control de tráfico avanzados,
infraestructuras eficientes de alta capacidad, aplicaciones TIC y desarrollo de tecnología para mercancías) o los objetivos del programa Horizonte 2020.
- Es importante participar en los grupos de trabajo internacionales porque los desarrollos normativos pueden acabar convirtiéndose en barreras tecnológicas que terceros países pueden acabar imponiendo a la hora de exportar productos
nacionales.
- En materia de investigación, debería fomentarse la colaboración de las diferentes entidades, tales como empresas, centros tecnológicos y universidades en proyectos de investigación conjuntos con las empresas públicas del sector
ferroviario. En este sentido son más interesantes los proyectos de investigación aplicada.
- Son interesantes proyectos de investigación que traten los siguientes aspectos concretos:
Análisis detallado de costes de explotación de sistemas ferroviarios.
Utilización de vía en placa o sobre balasto.
Sistemas ERTMS de coste reducido para líneas de débil tráfico.
Comportamiento de los trenes de alta velocidad en vía sobre balasto a partir de 350 km/h.
Cruce de trenes de viajeros y de mercancías en líneas mixtas de alta velocidad a partir de 220 km/h.
Optimización de la energía de los vehículos ferroviarios.
Trenes automáticos.
Vagones de mercancías de ancho variable.
Profundizar en la posible instalación de un sistema satelital para trenes como refuerzo a los sistemas de señalización.
Factores humanos y organizacionales.
- A pesar del gran potencial en tecnología ferroviaria de nuestro país, no se ha traducido en el desarrollo de un gran número de patentes, lo que sería deseable desde un punto de vista estratégico.
- Existe un vacío en materia de formación, porque si bien existe formación profesional y másteres, no existe un grado que aúne toda la formación en materia ferroviaria.
- Además, la formación en el sector ferroviario debe ser continua, para adaptarla a los diferentes avances que se producen en la tecnología. Estos planes deben ser continuos, realistas y acordes con las circunstancias de evolución del
sistema ferroviario español.
- Asimismo, se debe avanzar en el sentido de que la formación se estandarice en lo que respecta a los requisitos y la operativa internacional.
Por ejemplo, hoy en día los maquinistas españoles son probablemente los mejor formados en Europa. Pero no es lógico que los cursos de formación de maquinista en unos países cuenten con 80 horas de formación y en otros con 1.300 horas. Los
centros de formación deben ser rigurosos en la impartición de los programas formativos y en la ejecución de la formación práctica.
Son interesantes las experiencias ya iniciadas en materia de formación dual, donde se combina la impartición de contenidos teóricos en los centros educativos con formación práctica en las empresas del sector.
11. Profesionales del sector.
- El sector ferroviario da empleo a más de 250.000 profesionales (sin contar la obra pública, se estima que emplea a 145.000 personas):
En las compañías ferroviarias, hay más de 45.000 trabajadores.
De acuerdo con los datos de MAFEX, da empleo a más de 35.000 profesionales en el ámbito de la industria ferroviaria.
De ellos, alrededor de 5.000 empleos directos están vinculados a la industria ferroviaria de material rodante y señalización.
- Debe considerarse que la complejidad de los diferentes subsistemas ferroviarios requiere de especialistas de todos ámbitos. Es en estos especialistas en los que se debe confiar a la hora de tener un juicio crítico, y no en los que no
trabajan en el día a día del sector.
- Dado que la edad media de las personas que trabajan en el sector ferroviario es relativamente elevada (en el caso de Renfe, la edad media de la plantilla es de 54 años), es preciso prever el cambio generacional en materia de formación,
dado que los futuros profesionales tendrán previsiblemente una menor experiencia práctica.
- Se considera que la formación del personal es muy buena, si bien sería conveniente darle un carácter más internacional. Es aconsejable revisar los requisitos de acceso a la profesión de maquinista y valorar la oportunidad de diseñar una
formación académica ad hoc.
- En particular, sería muy interesante poder alcanzar la homologación de las categorías profesionales en Europa.
- Es importante que en el futuro, al igual que sucede en el momento presente, se mantenga la responsabilidad social de todos los actores del sector ferroviario, con objeto de que perdure la paz social.
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Conclusión previa.
- La primera conclusión de esta Subcomisión es asumir en su totalidad el contenido del informe de la Comisión técnico-científica para el estudio de mejoras en el sector ferroviario.
- Tal y como se dice en el preámbulo de su resumen ejecutivo, dicho informe recoge los aspectos que se han considerado más relevantes sobre la situación actual y futura del sector ferroviario español. El informe aporta esos elementos dentro
de una óptica profesional, técnica y científica, siendo a la vez objetivo y crítico.
- No obstante, como el referido informe sugería, las variables económicas, sociales y políticas deben completar el proceso decisorio que configurará el ferrocarril y el sector ferroviario en las próximas décadas.
- Son precisamente estos últimos aspectos económicos, sociales y políticos los que este informe ha analizado con detalle, cuyas principales conclusiones y recomendaciones se enumeran a continuación, evitando la repetición de los aspectos ya
recogidos en el informe de la Comisión técnico-científica.
2. Aspectos generales.
- El ferrocarril es un modo de transporte muy eficiente y competitivo, con grandes ventajas en relación a la capacidad, a la velocidad, a la vertebración del país y a la preservación del medio ambiente. Su incidencia en el desarrollo
económico, tecnológico, social, cultural y turístico resulta muy relevante.
- Por ello, la profunda modernización del ferrocarril producida en el presente siglo ha sido un hito muy positivo para nuestro país.
- Se valoran positivamente las iniciativas que impulsan y modernizan el sector, tanto las adoptadas por las Administraciones Públicas, como por los agentes privados.
3. Planificación.
- La planificación de infraestructuras ferroviarias debe considerar el interés general mediante factores estratégicos, de seguridad, sociales, económicos y ambientales.
- El objetivo último de la planificación siempre debe focalizarse en los servicios que se desean prestar a los ciudadanos. La construcción de las infraestructuras nunca constituye un fin por sí mismo.
- Las infraestructuras ferroviarias requieren cierta maduración, siendo el horizonte de la planificación el medio y largo plazo. Por ello, es deseable que su planificación estratégica sea consensuada entre las diferentes fuerzas políticas.
- El desarrollo de las infraestructuras ferroviarias contribuye positivamente a la vertebración y cohesión del territorio. Ello, requiere su coordinación con el resto de modos de transporte, especialmente en el entorno de grandes núcleos
urbanos.
- Se considera que las inversiones en alta velocidad son estratégicas y que, en la medida de lo posible, se debe intentar mantener el nivel de inversión necesario para culminar a la mayor brevedad posible las conexiones de alta velocidad ya
planificadas.
- Dadas las particulares características de la red ferroviaria española, resulta imprescindible facilitar la integración de la red ferroviaria de alta velocidad con la red convencional para conseguir un funcionamiento armónico del sistema
que evite las desigualdades en los servicios.
4. Modelo ferroviario.
- Se considera que el modelo ferroviario actual, en el que intervienen numerosos actores, es un modelo válido, en sintonía con la Unión Europea, fruto de las mejoras que se han ido introduciendo progresivamente en la legislación y la
normativa técnica por los distintos Gobiernos del país.
- En todo caso, aún existe cierto margen de mejora en el marco legislativo del sector.
- Se consideran beneficiosas las medidas introducidas en los últimos años encaminadas hacia la introducción de racionalidad en el sistema ferroviario.
5. Financiación.
- En el sector ferroviario se deber compatibilizar la rentabilidad estrictamente económica con la rentabilidad social.
- La financiación de las infraestructuras ferroviarias no debe confiarse exclusivamente a la vía presupuestaria. Además de estas aportaciones, cabe maximizar la rentabilidad de los fondos y mecanismos europeos, especialmente las líneas del
Banco Europeo de Inversiones así como las posibilidades que ofrece la colaboración público-privada.
- En el caso de los servicios ferroviarios comerciales, se debe continuar trabajando para contar con una rentabilidad razonable y, de esta forma, asegurar la continuidad en la prestación de los servicios.
- En el caso de los servicios catalogados como obligación de servicio público -cercanías y media distancia- las aportaciones del Estado deben garantizar la movilidad de los ciudadanos y la calidad de los servicios. No obstante, es preciso
aplicar sentido de la racionalidad a la hora de poder establecer la complementariedad entre ferrocarril y transporte público por carretera, en especial cuando el primero sea claramente deficitario.
6. Contratación.
- Los contratos de las Administraciones Públicas relacionados con el sector ferroviario deben tener en cuenta tanto los aspectos técnicos y económicos como una estrategia de apoyo e impulso a los sectores productivos anejos, por su gran
potencialidad como generadores de empleo de calidad.
- En el caso de plantear concesiones para la financiación, construcción y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, debe asegurarse la preeminencia del interés público, la transparencia en los contratos, la calidad de las prestaciones,
así como plazos suficientemente largos para permitir inversiones factibles.
- Se considera un elemento estratégico potenciar el papel de la ingeniería durante el desarrollo de los proyectos, que se traduce en una mejor definición de las actuaciones y, en consecuencia, en un mayor control del coste. Para ello la
redacción de los proyectos requiere unos plazos razonables de formulación.
- El procedimiento de licitación y contratación debe garantizar que las modificaciones durante la ejecución se limiten a los casos consecuencia de imponderables.
7. Aspectos técnicos.
- El desarrollo de la infraestructura ferroviaria debe responder a las necesidades reales de transporte con el objetivo de que la sociedad se beneficie de las inversiones lo antes posible. Para ello, son recomendables soluciones que
permiten anticipar en una primera fase la puesta en servicio de los grandes corredores, tales como el uso de material móvil de ancho variable y cambiadores de ancho, la implantación del tercer carril o la vía alternada doble-simple.
- Hay que prestar la debida atención a las líneas ferroviarias convencionales, ya que cada vez son más utilizadas como parte inicial o final del itinerario en servicios de alta velocidad. Además, las cercanías utilizan estas líneas y son
los servicios que más viajeros utilizan todos los años.
- Los procesos de integración de la infraestructura ferroviaria en las ciudades deben ser consensuados con todas las Administraciones y la sociedad. Pueden abordarse gradualmente, siempre de acuerdo con los recursos económicos disponibles.
- Asimismo, se deben fomentar las estaciones sostenibles, accesibles e intermodales que presten el servicio adecuado a la sociedad y, a su vez, tengan costes de construcción y mantenimiento razonables.
- En lo referente a la superestructura e instalaciones, con carácter general, las líneas ferroviarias deben estar equipadas con los elementos técnicos que corresponden a su nivel de servicio, a su nivel de tráfico y a sus condiciones
particulares.
- Un objetivo fundamental es el progresivo despliegue de sistemas interoperables en materia de ancho de vía, electrificación, señalización y comunicaciones. En este sentido, el uso de estándares europeos constituye una garantía de seguridad
de los sistemas y, a la vez, mejora la competitividad de las industrias españolas del sector.
- No obstante, dado que el camino hacia la interoperabilidad total es largo, complejo y costoso, es necesario acompasar su desarrollo con las soluciones que hay que utilizar en las fases intermedias.
- Una de las claves para lograr una total interoperabilidad ferroviaria es la progresiva implantación del ancho de vía estándar, que debe presidir todo ejercicio de planificación ferroviaria.
- En lo que respecta a la electrificación, es aconsejable la progresiva implantación de la misma en las líneas que no disponen de ella, siempre que exista un volumen de tráfico que lo justifique.
- En el caso del material móvil, con el concurso de las empresas españolas el objetivo es conseguir su plena interoperabilidad en el ámbito europeo.
- La calidad, la seguridad y la fiabilidad del ferrocarril radican en el eficaz mantenimiento tanto de las infraestructuras como del material rodante, lo cual requiere una gran especialización por parte de las empresas y de los
profesionales. Se considera imprescindible que el proyecto de toda infraestructura tenga en cuenta no solo el coste de construcción, sino también su coste de mantenimiento y de explotación.
- Sería deseable que la estructura de cánones estimulase, por un lado, la mayor utilización de la infraestructura; y, por otro, el mayor aprovechamiento de los trenes. Además, se debería garantizar cierta estabilidad en los mismos.
8. Seguridad.
- La seguridad es inherente a todo el sistema ferroviario y debe ser valorada a lo largo de todo el ciclo ferroviario.
- El sistema ferroviario español es un sistema seguro, equiparable a los mejores del mundo, pero existe un margen de mejora que es preciso explorar y atender.
- La primera prioridad en la planificación, la construcción, la explotación y el mantenimiento del sistema ferroviario debe ser la consecución de las mejores condiciones de seguridad.
- Todos los accidentes, como el terrible accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois (Santiago de Compostela), constituyen una referencia ineludible en cualquier análisis y en cualquier esfuerzo de mejora para el sistema
ferroviario español. La atención de calidad a las víctimas, la colaboración absoluta con la justicia, y la intensificación de las tareas de prevención de nuevos accidentes, han de ser las guías en la actuación de todas las administraciones y
entidades concernidas.
- La seguridad 'técnica' se compone siempre de factores humanos, medios materiales y procedimientos, que tienen un coste que debe ser coherente con los niveles de tráfico soportados y de riesgos asumidos. Sin duda, debe tenerse en
consideración el factor humano y los factores organizacionales, además de los estrictamente técnicos.
- Los sistemas de seguridad evitan, por más que no sean perceptibles, miles de accidentes e incidentes todos los días, en todas las líneas de ferrocarril y en todas las instalaciones ferroviarias.
- Se considera conveniente la implantación y desarrollo de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que debe redactar su correspondiente plan de acción. Asimismo, se destaca el papel que realiza la Comisión de Investigación de
Accidentes Ferroviarios (CIAF).
- Las medidas de seguridad ferroviaria en España son equiparables a las de cualquier país avanzado, y en muchos aspectos nuestro país ofrece niveles de excelencia y de liderazgo internacional. No obstante, se debe dedicar atención
preferente a:
La supresión de pasos a nivel,
La mayor automatización de los sistemas asociados a la gestión y a la seguridad del tráfico ferroviario, como la mejora en la señalización,
La coordinación proactiva entre los operadores ferroviarios y el administrador de la infraestructura,
La garantía de la calidad de servicio de la explotación ante condiciones degradadas,
El impulso de los análisis sistemáticos de los registradores jurídicos ('cajas negras'), para promover medidas de mejora,
La mejora de los sistemas de información y comunicación en las cabinas de conducción,
El fomento del uso de los sistemas digitales de documentación,
La mejora de la ubicación y protección de los equipajes en el interior de los vagones,
La revisión del protocolo de reconocimientos médicos psicofísicos, analizando los plazos y los niveles de exigencia y,
La integración de los factores humanos y organizacionales en los sistemas de gestión de la seguridad.
9. Transporte ferroviario.
- En el caso del transporte ferroviario de viajeros:
El aumento de la demanda en el uso de los servicios ferroviarios de viajeros debe ser un objetivo prioritario en las acciones para la mejora del sistema.
Es recomendable fomentar los servicios combinados y potenciar la intermodalidad.
Existe cierto margen de mejora en los servicios regionales y de media distancia, donde se deben cuidar los horarios y las frecuencias.
Es necesario seguir prestando el servicio público en los actuales núcleos de cercanías, donde puede ser necesario acometer actuaciones que permitan eliminar los principales cuellos de botella en el entorno de las grandes ciudades. Así
como la ampliación o extensión de las cercanías a otras conurbaciones donde esté justificada por su rentabilidad social.
La liberalización, que no privatización, del transporte ferroviario de viajeros recogida en el Cuarto Paquete Ferroviario de la Unión Europea, debe abordarse adecuándola a la estructura de nuestro sector ferroviario de forma gradual,
progresiva y controlada.
- En el caso del transporte ferroviario de mercancías:
Puesto que las acciones desarrolladas por todos los gobiernos durante las últimas décadas no han arrojado un resultado satisfactorio en la evolución del transporte ferroviario de mercancías, donde las cuotas de transporte llevan varios
años estancadas, resulta necesario seguir impulsando estrategias consensuadas para su mejora a medio y largo plazo.
Los servicios de transporte de mercancías deben orientarse hacia el cliente.
El ferrocarril y el camión deben ser más complementarios que excluyentes. En este sentido, es importante fomentar las autopistas ferroviarias y los puertos secos e instalaciones que impulsan la intermodalidad.
Se deben acometer a la mayor brevedad mejoras en las infraestructuras ferroviarias:
La potenciación de las conexiones internacionales,
La adecuación de la infraestructura para la circulación de trenes de al menos 750 m de longitud,
La revisión de los gálibos,
El aprovechamiento para mercancías de las líneas convencionales con menor uso,
La construcción de variantes ferroviarias en el entorno de las grandes ciudades,
La mejora de las conexiones en los puertos, así como la potenciación de las zonas de actividades logísticas y, por último,
La revisión del papel de los nodos y centros logísticos.
- Se debe seguir impulsando la intermodalidad, puesto que los modos de transporte son complementarios y se deben buscar las sinergias entre ellos, haciendo que cada modo de transporte opere en las condiciones más eficientes dentro de la
cadena de transporte. En particular, se considera que la intermodalidad entre el ferrocarril y transporte aéreo tiene un gran potencial.
10. Sector institucional.
- En el ámbito de la Unión Europea, España debe jugar un papel relevante en el desarrollo del Cuarto Paquete Ferroviario. Un objetivo prioritario de nuestro país es el avance hacia la interoperabilidad de los distintos subsistemas del
sector ferroviario.
- En el ámbito estatal, la legislación y la normativa técnica debe estar en continua actualización. Algunos aspectos susceptibles de mejora en la legislación sectorial son:
El refuerzo de los mecanismos relativos a la seguridad a través de la nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria,
La trasposición de la normativa europea e integración en una única norma,
El refuerzo de los mecanismos para una planificación rigurosa,
La creación de un nuevo sistema de cánones que fomente el uso intensivo de las infraestructuras,
La implementación de medidas para la mejora de la competitividad en el caso del transporte ferroviario de mercancías,
El reporte de información de actividad y contable a la Administración por parte de los operadores ferroviarios de viajeros y, por último,
El refuerzo de las sanciones por vulneración de los derechos de los pasajeros y por los aspectos relacionados con la seguridad.
11. Sector empresarial.
- Como consecuencia del amplio desarrollo que ha experimentado el ferrocarril en nuestro país, España se cuenta con un importante sector empresarial vinculado al ferrocarril, puntero en aspectos tales como las instalaciones, el material
móvil, o la ingeniería.
- Gracias a ello, las empresas españolas son un referente internacional en el ámbito ferroviario, tanto por su calidad como por su competitividad.
- Las Administraciones públicas tienen como objetivo la proyección internacional del sector empresarial español, que debe considerarse como estratégico.
12. Sector universitario e I+D+i.
- Para el ferrocarril, resulta imprescindible un esfuerzo sostenido en investigación, desarrollo e innovación. Por ello, se considera conveniente la participación en proyectos que superen el ámbito nacional, como es el caso de la iniciativa
SHIFT2RAIL o los objetivos del programa Horizonte 2020.
- Asimismo, debe fomentarse la colaboración de las diferentes entidades, tales como empresas, centros tecnológicos y universidades en proyectos de investigación conjuntos con las empresas públicas del sector ferroviario.
- En el ámbito académico, existe un vacío en materia de formación, porque si bien existe formación profesional y másteres, no existe un grado que aúne toda la formación en materia ferroviaria. De igual forma, se debe avanzar en el sentido
de que la formación se estandarice en lo que respecta a los requisitos y la operativa internacional.
13. Profesionales del sector.
- Las empresas operadoras del ferrocarril dan empleo a un importante número de profesionales y especialistas. No obstante, su edad media es muy elevada, por la cual resulta necesario prever el cambio generacional por medio de programas de
formación.
- Se considera que la formación del personal es buena, si bien sería conveniente darle un carácter más internacional. En particular, debe alcanzarse la homologación de las categorías profesionales en Europa. Asimismo, es aconsejable
revisar los requisitos de acceso a la profesión de maquinista y valorar la oportunidad de diseñar una formación académica ad hoc.
- Una política de recursos humanos responsable, participativa y concertada constituye la mejor garantía del eficaz y justo funcionamiento de las relaciones laborales, que posibilita minimizar la conflictividad y sobre todo garantiza la
satisfacción de las legítimas demandas sociales y el pleno respeto a los derechos de los usuarios del sistema ferroviario.
154/000012
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, del Informe aprobado por la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra
los niños y las niñas, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, así como de los votos particulares presentados al mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE ESTUDIO PARA ABORDAR EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
ÍNDICE
Página
1. Antecedentes y funcionamiento de la Subcomisión... (Página48)
1.1 Solicitud de creación por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados... (Página48)
1.2 Creación de la Subcomisión por el Pleno del Congreso... (Página48)
1.3 Constitución de la Subcomisión ... (Página48)
1.4 Composición, método y calendario de trabajo ... (Página49)
1.4.1 Composición de la Subcomisión... (Página49)
1.4.2 Objeto de la Subcomisión ... (Página50)
1.4.3 Metodología de trabajo y fórmula de adopción de acuerdos ... (Página50)
1.4.4 Plazo y forma para realizar los trabajos de la Subcomisión ... (Página50)
2. De las comparecencias ... (Página50)
2.1 Comparecencias efectuadas en la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas ... (Página50)
2.2 Síntesis de las comparecencias celebradas en la Subcomisión ... (Página51)
2.3 Documentación facilitada por los comparecientes... (Página74)
3. Consideraciones generales sobre la violencia contra los niños y las niñas... (Página75)
4. Conclusiones y propuestas de la Subcomisión de estudio para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas ... (Página77)
1. Antecedentes y funcionamiento de la Subcomisión.
Las subcomisiones del Congreso de los Diputados, creadas por Resolución de la Presidencia de la Cámara en 1996, constituyen un órgano de trabajo parlamentario que ocupa una posición intermedia entre la ponencia y las comisiones; con
carácter general se dedican al estudio y análisis de una materia y concluyen con la elaboración de un informe que puede ser debatido por la Comisión en cuyo seno se ha constituido la subcomisión y por el Pleno de la Cámara.
La Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas se ha creado en la X Legislatura en el Congreso de los Diputados y ha llevado a cabo su actividad de estudio y análisis durante el último trimestre de 2014
y el primero de 2015.
A continuación se recoge la solicitud de creación de la Subcomisión, su constitución y su composición, así como el método y el calendario de trabajo adoptados por la misma.
1.1 Solicitud de creación por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados.
El 7 de marzo de 2013, los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto presentaron en el Registro de la Cámara
la solicitud de creación en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de una subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas (núm. expediente 158/000030). La iniciativa fue calificada y admitida a
trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados el 12 de marzo de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso, serie D., núm. 240, de 15 de marzo de 2013).
Esta iniciativa suscitó un consenso unánime pues, más allá de las naturales diferencias existentes entre los distintos grupos parlamentarios, todos coincidieron en que la violencia contra la infancia 'es una realidad de enormes proporciones
que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo, y que, además de incidir muy negativamente en su bienestar y desarrollo, es la principal manifestación de desprecio y negación de la dignidad de los niños y niñas como titulares de derechos'.
Esto requería 'una respuesta urgente y decidida por parte de los poderes públicos en España'.
En el mismo escrito, siguiendo la pauta habitual, se recogía la propuesta sobre el objeto de la Subcomisión, su composición, el método de adopción de acuerdos y los plazos de trabajo.
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en su sesión del día 28 de mayo de 2014, tras debatir la mencionada solicitud de creación de una Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas, acordó, a los
efectos previstos en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, elevar al Pleno la propuesta presentada por todos los grupos parlamentarios.
1.2. Creación de la Subcomisión por el Pleno del Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 26 de junio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el punto segundo de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, acordó la creación,
en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas en los términos de la propuesta de la citada Comisión (publicados en el 'BOCG, Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 487, de 3 de julio de 2014).
1.3. Constitución de la Subcomisión.
La sesión constitutiva de la Subcomisión se llevó a cabo el 7 de octubre de 2014 y, desde entonces hasta el 23 de junio de 2015, fecha en la que se aprobó el informe, ha celebrado un total de doce sesiones (siete de comparecencias, tres de
ordenación de trabajos y dos para la aprobación del informe).
1.4 Composición, método y calendario de trabajo.
1.4.1 Composición de la Subcomisión.
De conformidad con la propuesta de creación de la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas, y en los términos del apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de 26 de junio de
1996, la Subcomisión se compone de diez miembros, de los cuales tres pertenecen al Grupo Parlamentario Popular, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA:
La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, dejando abierta la posibilidad de la designación de suplentes por el mismo número de titulares. La Subcomisión podrá autorizar la asistencia, con voz pero sin voto, de
otros miembros de la Cámara a propuesta de los Grupos Parlamentarios.
Siguiendo las instrucciones marcadas y actuando como coordinador de los trabajos don Antonio Román Jasanada, diputado del Grupo Parlamentario Popular y Vicepresidente primero de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, la Subcomisión
quedó integrada por los siguientes miembros:
Coordinador;Román Jasanada, Antonio (GP)
Vocales;Martín Pozo, María Teresa (GP)
;Montesinos de Miguel, Macarena (GP)
;Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
;Aguilar Rivero, Rosa (GS) (1)
;Carcedo Roces, María Luisa (GS)
;Sahuquillo García, Luis Carlos (GS)
;Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU)
;García Álvarez, María Caridad (GIP)
;Cantó García del Moral, Antonio (GUPyD) (2)
;Lleonart Crespo, Julio (GUPyD) (5)
;Agirretxea Urresti, Joseba Andoni [GV(EAJ-PNV)]
;Tardà i Coma, Joan (GMx)
Suplentes;González Vázquez, Marta (GP) (3)
;Guaita Vañó, Inmaculada (GP)
;Marcos Domínguez, Pilar (GP)
;Puyuelo del Val, María Blanca (GP)
;Esteve Ortega, Esperança (GS)
;Pérez Domínguez, María Soledad (GS)
;Tarruella Tomás, Maria Concepció (GC-CiU)
;Llamazares Trigo, Gaspar (GIP) (4)
;Díez González, Rosa María (GUPyD)
;Baldoví Roda, Joan (GMx)
Letrado;de la Peña Rodríguez, Luis
(1) Baja con fecha 20-10-14.
(2) Baja con fecha 14-04-15.
(3) Baja con fecha 02-02-15.
(4) Baja con fecha 13-06-15.
(5) Alta con fecha 16-04-15.
1.4.2 Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar un estudio sobre la violencia contra los niños y las niñas en España, así como extraer y aprobar unas conclusiones que orienten las políticas destinadas a prevenir y abordar este problema.
1.4.3 Metodología de trabajo y fórmula de adopción de acuerdos.
Como es habitual en las subcomisiones parlamentarias, la metodología de trabajo ha sido el análisis documental y la celebración de comparecencias.
En los acuerdos adoptados por la Subcomisión se aplica el criterio del voto ponderado.
1.4.4 Plazo y forma para realizar los trabajos de la Subcomisión.
En el acta de constitución de 7 de octubre de 2014 se indicaba que la Subcomisión habría de realizar un estudio y presentar sus conclusiones en un plazo de seis meses; así la fecha originariamente prevista para finalizar los trabajos era el
7 de mayo de 2015.
Teniendo en cuenta que la Subcomisión es un órgano de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales que ha de convivir con la actividad ordinaria de esta Comisión Permanente Legislativa, y que en 2015 se están tramitando tres proyectos de ley
(de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, del Tercer Sector de Acción Social y de Voluntariado) y un proyecto de ley orgánica (de modificación del sistema de protección a la infancia y a adolescencia), ello supuso
suspender en diferentes etapas los trabajos de la Subcomisión por la dedicación prioritaria que requiere el trabajo legislativo.
Esta fue la razón por la que la Comisión solicitó, de conformidad con el punto tercero de la Resolución del Presidente del Congreso de 26 de junio de 1996, la autorización de una prórroga hasta el 7 de julio de 2015 para la finalización de
sus trabajos.
2. De las comparecencias.
La metodología de trabajo de la Subcomisión se ha sustentado, entre otros elementos, en la celebración de comparecencias de autoridades y expertos en la materia de estudio.
La Subcomisión acordó convocar, con carácter general, de tres a cinco comparecientes por sesión y establecer 45 minutos por comparecencia (30 minutos para el compareciente y 15 minutos para los grupos parlamentarios).
2.1 Comparecencias efectuadas en la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas.
La Subcomisión ha celebrado un total de siete sesiones para escuchar la opinión de veinticinco comparecientes expertos en la materia 1. A continuación se indican las fechas y el orden del día de las mismas:
29 de octubre de 2014
D.ª Ana Sastre Campo, Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save de Children.
D.ª Marta Arias Robles, Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF.
26 de noviembre de 2014
D.ª Elena Arce Jiménez, Técnica Jefe del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo.
D.ª Juana María López Calero, Presidenta de la Federación de Asociaciones para la prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT España).
1 Es importante señalar que Cáritas e Intermon Oxfam declinaron participar en los trabajos de la Subcomisión al considerar que su labor no está vinculada con el objeto de la misma. Tampoco se presentó la Directora General de Deportes del
Consejo Superior de Deportes.
D. Jesús García Pérez, Presidente de la Asociación Española de Pediatría Social y Jefe de la Unidad de Pediatría Social del Hospital Universitario Niño Jesús.
10 de diciembre de 2014
D.ª Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, Fiscal de Sala Coordinador de Menores.
D. Jorge Cardona Llorens, Miembro del Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño.
D.ª Lourdes Gaitán Muñoz, Presidenta del Grupo de Trabajo de Sociología de la Infancia y Adolescencia (GSIA).
3 de febrero de 2015
D. José Andrés Fernández Salagre, Inspector Jefe responsable de la Sección de Menores de la Jefatura Superior de Policía de Madrid (GRUME-Brigada de la Policía Judicial).
D. Carlos Igual Garrido, Capitán de la Unidad Técnica de Policía Judicial EMUME (Equipo Mujer Menor) de la Guardia Civil.
D. Luis García Pascual, Jefe de la Primera Sección Operativa de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial.
D. José Nieto Barroso, Jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos (UCRIF Central-CGEyF) de la Dirección General de la Policía.
D.ª Vicki Bernadet Rius, Presidenta de la Fundación Vicki Bernadet.
17 de febrero de 2015
D. Miguel Comín Hernández, Presidente de la Fundación Alia2.
D.ª Blanca Estrella Ruiz Ungo, Presidenta de la Asociación Clara Campoamor.
D.ª Inés de Araoz Sánchez-Dopico, Coordinadora de la Red Estatal de Infancia con Discapacidad del CERMI Estatal.
D. Miguel Lorente Acosta, Experto, Médico y Profesor Universitario.
4 de marzo de 2015
D.ª Leticia Mata Mayrand, Directora del Teléfono de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR).
D.ª Ana Isabel Lima Fernández, Presidenta del Consejo General del Trabajo Social.
18 de marzo de 2015
D. Enrique Rodríguez Nuño, Director General de Políticas Sociales del Principado de Asturias.
D.ª Ana María Rey Merino, Secretaria General de Políticas Sociales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
D.ª Silvia Valmaña Ochaíta, Directora General de la Familia, Menores y Promoción Social de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha.
D. Pablo Rodríguez Hoyos, Director Técnico de Atención a la Infancia de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
D.ª Salomé Adroher Biosca, Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
D.ª Blanca Hernández Oliver, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
2.2 Síntesis de las comparecencias celebradas en la Subcomisión.
Doña Ana Sastre Campo, Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save de Children. Comparecencia 219/000689, celebrada el 29 de octubre de 2014.
La señora Sastre Campo explica que Save de Children es una organización independiente líder a nivel mundial en el trabajo a favor de la infancia desde su creación en 1919. En España ha trabajado durante más de 18 años en programas
orientados a la defensa de los derechos de los niños y las niñas. En otras partes del mundo también ha desempeñado esa tarea a través de la cooperación internacional y la
intervención en emergencias humanitarias. Uno de sus principales objetivos ha sido y es la erradicación de todos los tipos de violencia contra la infancia.
La violencia contra los niños y las niñas es una vulneración grave de los derechos humanos que puede ocasionar daños irreparables, que ponen en peligro no solo su presente sino también su futuro y que, además, condicionará el funcionamiento
global de la sociedad. Ante esto se requiere una respuesta urgente y decidida de los poderes públicos cuya finalidad sea la de poner fin a este detestable atentado contra la dignidad. Por lo tanto, y consciente de la dimensión de este problema,
doña Ana Sastre propone realizar un trabajo conjunto entre asociaciones y poderes públicos orientado a eliminar esta lacra social.
La compareciente insiste en la necesidad de centrarse en la prevención para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas. En este sentido señala que los anteproyectos de ley de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia que se presentarán en el Congreso de los Diputados se refiere a la prevención, la atención y la recuperación de los niños afectados y recoge, por primera vez en una norma de rango estatal, la definición de la situación
de riesgo estableciendo un procedimiento para su declaración. Se avanza, por tanto, en el establecimiento de una mayor seguridad jurídica al prever la formalización de la declaración de situación de riesgo a través de una resolución administrativa,
la cual permitirá a los padres actuar para prevenir la declaración de desamparo y la consecuente separación del niño. Además, esta regulación fijaría a nivel estatal unos conceptos y procedimientos jurídicos importantes para el sistema de
protección en su conjunto.
A pesar de los avances que supone la reforma del sistema de protección de la infancia, según doña Ana Sastre sería necesario elaborar una estrategia integral frente a todas las formas de violencia contra la infancia, precisando las medidas
concretas de prevención de la situación de riesgo así como los mecanismos y procedimientos, a nivel institucional y jurisdiccional, que permitan dar esa respuesta completa. Advierte de que no todas las formas de violencia contra la infancia están
prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. En España, el Derecho se centra, de manera predominante, en la represión de las conductas desviadas de las normas. Además, no suele tener en cuenta la condición de la víctima.
Sin embargo, la reforma -entonces en curso- del Código Penal avanza en la definición de distintas formas de violencia, como sucede con algunas ejercidas a través de las tecnologías de la información. La incorporación de dos Directivas
europeas introduce muchos avances la lucha contra las imágenes de abuso sexual infantil (pornografía infantil) y situaciones de explotación. Con todo, la tipificación de conductas violentas, así como la previsión del agravante de la pena en el
supuesto de la minoría de edad de la víctima, no son suficientes para dar una respuesta integral ante todas las situaciones de violencia contra la infancia. Por definición, el Derecho penal actúa sobre la conducta consumada, es decir, atiende a la
conducta violenta ya producida con un enfoque punitivo respecto del agresor, no desde la prevención de la violencia ni desde la restauración del daño ocasionado a la víctima. También resulta alarmante que todavía no se haya prohibido expresamente
en la legislación española el uso del castigo físico por parte de los padres y madres sobre sus hijos e hijas. Esto tiene importantes consecuencias en la percepción que la sociedad tiene sobre la violencia contra la infancia, chocando directamente
con el fin último de la propuesta de una estrategia integral contra la misma.
El análisis del Derecho comparado sobre esta materia ofrece una información rica para tratar esta cuestión desde una perspectiva jurídica. En este sentido, destaca la base documental del Consejo de Europa. El tratamiento de este problema
requerirá una perspectiva normativa integral. Actualmente, la prevención solo se incluye para situaciones de riesgo. Es necesario concretar las medidas de prevención. El Defensor del Menor y los jueces especializados son piezas fundamentales para
ello.
A nivel normativo, la compareciente destaca que en el ámbito judicial no existen garantías suficientes para la adecuada participación de los niños y las niñas en los procedimientos judiciales. El acceso de los niños y las niñas a los
tribunales depende, en gran medida, de sus progenitores o representante legal. Para lograr una efectiva participación es preciso contar con una adecuada configuración legal del derecho del niño a ser escuchado, con previsión de los cauces
necesarios para que el ejercicio de este derecho sea efectivo. Además, hay que reforzar el derecho a la información durante los procedimientos.
En este orden de cosas, la representante de Save the Children destaca que el proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima, así como las modificaciones que se introduzcan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal muestran avances hacia una justicia
amigable con los menores.
Por otro lado, indica otra de las carencias detectadas: el riesgo de revictimización en los procesos, tanto judiciales como administrativos, al no contemplarse específicamente el Estatuto de la Víctima menor de edad, que ofrezca desde las
Administraciones y poderes públicos una respuesta integral, en base a su
derecho de ser protegida. En esta materia observa una falta de coordinación entre las Administraciones Públicas. Asimismo, falta una regulación adecuada en materia de acceso de los niños a procedimientos judiciales. En todas estas
cuestiones debe de hacerse real el principio del interés superior del menor, de acuerdo a la observación general número 14 del Comité de Derechos del Niño. Para alcanzar este fin será preciso establecer un procedimiento formal para la evaluación y
determinación de tal interés superior, individualmente considerado. Confía en que la nueva Ley de protección de la infancia y la adolescencia que se tramitará por las Cortes Generales pueda ser un instrumento de utilidad para combatir esta lacra.
De manera esquemática, la señora Sastre Campo propone una serie de medidas adicionales e integrales para combatir la violencia contra la infancia, que podrían ser incluidas en el anteproyecto de Ley:
- El establecimiento de un mecanismo obligatorio de evaluación de las políticas de protección contra la violencia y de rendición de cuentas ante el Parlamento español.
- El establecimiento de mecanismos de coordinación, de obligado cumplimiento, entre las diferentes Administraciones Públicas y en los ámbitos sanitario, educativo, judicial, policial y en los servicios sociales.
- El fortalecimiento del papel de la Fiscalía como garante del interés superior del menor, tanto de los expedientes de protección como en los procedimientos judiciales donde haya menores de edad implicados, dotándola de los recursos
suficientes.
- La prohibición expresa en el Código Civil del castigo físico y humillante como forma de corregir a los hijos en el ejercicio de la patria potestad.
- La promoción de medidas de sensibilización destinadas a la sociedad en su conjunto, para visibilizar y alertar sobre las consecuencias de las diferentes formas de violencia contra los menores.
- La promoción de medidas educativas, en diferentes ámbitos, para fortalecer el conocimiento por parte de los niños y las niñas de sus derechos, facilitándoles información apropiada para su edad, que les capacite para protegerse ante los
riesgos de sufrir cualquier tipo de violencia.
- Garantizar la correcta y continua formación en derechos de la infancia de los profesionales de los diferentes ámbitos que atienden a los niños y las niñas, especialmente en el judicial.
- Garantizar la atribución de los recursos económicos, necesarios para la correcta aplicación de una estrategia integral.
- Mejorar los sistemas de información sobre la violencia en la infancia y crear un organismo de obtención y evaluación de datos.
Doña Marta Arias Robles, Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF. Comparecencia 219/000690, celebrada el 29 de octubre de 2014.
Doña Marta Arias señala que a pesar de que el trabajo del Comité Español de UNICEF se centra en el análisis del problema de la pobreza infantil en España, como agencia de Naciones Unidas para la infancia también estudia la problemática de la
violencia contra los niños y las niñas en todo el mundo.
La señora Arias Robles afirma que el fenómeno de la violencia contra la infancia permanece en la oscuridad. UNICEF ha promovido sacar a la luz el problema. Destaca la emisión de un informe de la entidad a la que representa titulado
'Ocultos a plena luz. Un análisis estadístico de la violencia contra los niños'.
El análisis del fenómeno, desconocido por motivos variados como la tolerancia, la aceptación de la situación, etc., requiere partir del concepto de violencia que se desprende del artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño. Este
Tratado internacional, habida cuenta su naturaleza jurídica vinculante, obliga a que los Estados firmantes reconozcan y aseguren el derecho a la protección de los niños y de las niñas. Todos los países del mundo han firmado y ratificado esta norma,
salvo tres. La violencia influye de manera decisiva en el desarrollo de la infancia. Así, aquellos niños y niñas que han sido objeto de abusos graves o de abandono tienen dificultades de aprendizaje y de desempeño escolar. También puede producir
bajos niveles de autoestima y conducirles a la depresión. Similares consecuencias se detectan en menores que han presenciado episodios violentos. Los niños y niñas que crecen en hogares o comunidades violentas tienden a interiorizar ese tipo de
conductas como manera de resolver disputas y a repetir esas pautas de violencia y abuso contra sus futuros cónyuges e hijos. Aparte de estas consecuencias, la violencia contra los niños conlleva graves costes económicos y sociales debidos tanto al
desperdicio de potencial como a la reducción de la capacidad productiva.
En la década pasada se ha detectado un constante aumento del grado de conciencia sobre el carácter generalizado y los efectos nocivos de la violencia contra los niños. Con todo, se trata de un fenómeno sobre el que aún se carece de
suficiente documentación y que no se denuncia en la medida necesaria. El informe mencionado, promovido por UNICEF a nivel mundial, pone de manifiesto que la violencia es una constante en la vida infantil en todo el mundo, con independencia de los
orígenes y de las circunstancias más variadas. La violencia interpersonal se manifiesta en muchas formas distintas: física, sexual y emocional, y tiene lugar en los entornos más variados, como el hogar, la escuela, la comunidad e internet. De
manera similar, la violencia contra los niños proviene de un amplio abanico de personas, entre ellas, los integrantes de sus familias, parejas íntimas, maestros y vecinos, así como de extraños y de otros niños. Tal violencia no solo provoca daño,
dolor y humillación sino que puede causar la muerte de los menores.
En este orden de reflexiones, el estudio promovido por UNICEF refleja que en 2012 el número de niños y adolescentes menores de veinte años víctimas de homicidio alcanzó la cifra de 95.000. En su inmensa mayoría esas víctimas vivían en
países de ingresos bajos y medios. El estudio indicado se refiere también al elevado número de niños que sufren la violencia como forma de disciplina, por lo general y en primer lugar en sus propios hogares y desde que son muy jóvenes. Se calcula
que seis de cada diez niños del mundo, de dos a catorce años de edad, sufren de manera periódica castigos físicos a manos de sus cuidadores (unos 1.000 millones). En la mayoría de los casos los niños son objeto de una combinación de castigos
físicos y agresiones psicológicas. Tres de cada diez adultos creen que para criar o educar de manera adecuada a un niño es necesario apelar al castigo físico. El colegio es el lugar, después del hogar, donde se registran más casos de violencia
contra la infancia: en España el 14% de los estudiantes entre trece y quince años han sido objeto de un episodio de acoso y un 21% ha participado en un acto de maltrato hacia un igual. Y en tercer lugar se encuentran los centros e instituciones
encargadas del cuidado de menores (menciona el caso específico de las entidades a cargo de menores con discapacidad).
La violencia entre iguales y a manos de la pareja es frecuente. A nivel mundial casi uno de cada tres adolescentes entre quince y diecinueve años ha sido víctima de algún tipo de violencia emocional, física o sexual por parte de su
compañero/a; asimismo relaciona este tipo de violencia con la violencia sexual contra los niños y niñas, especialmente grave. El citado estudio refleja que 120 millones de niñas de todo el mundo, en una proporción de algo más de una de cada diez,
han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras agresiones sexuales en algún momento de sus vidas. Esta lacra tiene una prevalencia diferente según las zonas del mundo.
Independientemente del tipo de violencia que se haya sufrido o las circunstancias en que esta se haya producido, la mayoría de las víctimas la mantiene en secreto y no solicita ayuda. En particular, las niñas y mujeres que sufren violencia
sexual constituyen el sector menos proclive a informar sobre el abuso, al contrario que las que solo son objeto de violencia física o de una combinación de violencia física con violencia sexual.
Las estrategias contra la violencia infantil deben fundarse en instituciones públicas que apliquen las leyes. El entorno familiar realizará también una importante misión para atajar este mal. La actitud social hacia la violencia debe
reorientarse hasta el rechazo completo de cualquier expresión de tolerancia. Los servicios de protección de los niños han de caracterizarse por las notas de proximidad, confidencialidad, accesibilidad y ser amigables. En todo caso, el proceso de
comprender y responder a la violencia habrá de basarse en una seria tarea de documentación. No se debe tolerar que un solo niño más sufra los efectos de la violencia.
Por lo demás, existen temas transversales que inciden en esta cuestión, como son las relaciones de poder, la necesidad de dar audiencia al menor, el apoyo a los cuidadores, o el impacto de la crisis económica sobre la violencia familiar. La
posibilidad de eliminar la violencia contra los niños y las niñas está en manos de todos. Este es un imperativo que se funda en los derechos humanos.
Por último cabe señalar alguna de las propuestas que realizó la representante de UNICEF durante su intervención:
- Educar a los padres, cuidadores y familiares. Pone de ejemplo su trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias a través del impulso de iniciativas de apoyo a la parentalidad positiva.
- Trabajar directamente con los niños y niñas. Hay que conseguir que desarrollen habilidades para resolver conflictos sin recurrir a la violencia y para identificar las situaciones de riesgo. Para lograr la
participación de los niños y niñas es fundamental el papel de los centros educativos (UNICEF tiene un programa específico entorno a los derechos en el aula, que incluye esta materia).
- Enfocar la violencia desde el conjunto de la sociedad. El fenómeno de la violencia contra la infancia permanece oculto, por eso es vital obtener una mayor visibilidad del problema.
- Promover y proveer servicios directos de protección y de apoyo a la infancia.
- Establecer leyes y políticas protectoras de la infancia, así como mecanismos de aplicación.
- Recopilar y publicar datos sobre la violencia contra los niños y las niñas.
- Trabajar por la inclusión de la lucha contra violencia en la infancia como Objetivo de Desarrollo del Milenio en el marco de la Agenda de Desarrollo Post-2015.
Doña Elena Arce Jiménez, Técnica Jefe del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo. Comparecencia 212/002045, celebrada el 26 de noviembre de 2014.
La señora Arce Jiménez se refiere, por razón de sus competencias, a la trata de personas desde la perspectiva de los derechos humanos y centra su intervención en el estudio de la violencia hacia los menores extranjeros víctimas de trata de
seres humanos o hijos de mujeres potenciales víctimas de trata, un asunto que ya expuso la Defensora del Pueblo en el Congreso de los Diputados durante la presentación del informe 'La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles'.
La trata de seres humanos es un delito complejo y muy difícil de demostrar, además conlleva un problema de error de identificación ya que en muchas ocasiones se confunde con el tráfico ilícito de personas. En España se han documentado
casos, sobre todo de mujeres, que llegan a nuestro país a través del engaño, que contraen deudas que tienen que saldar siendo explotadas sexualmente, laboralmente o sometidas a otros tipos de explotación como los matrimonios serviles.
Por otro lado, indica que nuestro país se encuentra en el primer nivel de tres en cuanto a la correcta persecución del delito de trata, según establece el informe anual sobre la situación de la trata en el mundo realizado por el Departamento
de Estado de Estados Unidos.
Asimismo, doña Elena Arce destacó que nuestra Ley de Extranjería contempla, en cumplimiento de la trasposición del Convenio de Varsovia, el ofrecimiento de un periodo de restablecimiento y reflexión una vez que se detectan indicios
razonables de trata o explotación. El comité de seguimiento del Convenio de Varsovia, Comité Greta, destaca como un avance de España la buena trasposición del espíritu y la letra del convenio.
Doña Elena Arce destaca las dificultades para determinar la edad de los menores. El especialista en medicina legal o forense realiza esta tarea, que resulta muy complicada dado que no hay una prueba suficientemente fiable. En este sentido,
recomienda modificar el Reglamento de la Ley de Extranjería, para obligar a la participación de las ONG en la identificación de los menores.
Por otro lado, la técnica del Defensor del Pueblo muestra su preocupación por los menores víctimas de trata, entendidos como nacidos y concebidos de una persona víctima de trata, ya que en la actualidad no existe un registro de estos
menores, es decir, mientras que a la madre o presunta madre se le tomaban los datos para volcarlos en el registro policial Adextra, hasta 2013 no se registraban ni huellas ni fotos del menor. En relación a este tema, la representante del Defensor
del Pueblo hace un paréntesis para agradecer y felicitar la absoluta implicación de la actual Comisaría General de Extranjería y Fronteras que entendió la gravedad de este problema y dictó una circular que obliga a la policía a tomar las huellas y
hacer fotografías a cualquier bebé que sea interceptado con un adulto intentando acceder irregularmente a España.
Por último cabe señalar alguna de las propuestas que realizó la representante del Defensor del Pueblo durante su intervención:
- Dotar de visibilidad la realidad de la violencia contra las víctimas de trata.
- Garantizar que la violencia contra las víctimas de trata se reconozca como una vulneración de los derechos humanos, es decir, que no se reduzca a un problema de inmigración, orden público o delincuencia organizada.
- Elaborar un catálogo nacional de indicios para la detección de menores potenciales víctimas de trata.
- Incorporar la identificación inmediata de los colectivos especialmente vulnerables en los operativos de control fronterizo.
- Establecer un protocolo de coordinación para que la identificación y registro de los datos de los menores acompañantes o víctimas de trata sean inmediatos.
- Modificar el procedimiento de determinación de la edad en aquellos casos en que se detecten indicios de víctima de trata.
- Alertar a la Comisión Europea acerca de la necesidad de establecer una base de datos de menores potenciales víctimas de trata.
Doña Juana María López Calero, Presidenta de la Federación de Asociaciones para la Prevención del maltrato infantil (FAPMI-ECPAT ESPAÑA. Comparecencia 219/000700 del 26 de noviembre de 2014.
FAPMI es una federación de asociaciones que trabaja en las distintas esferas para prevenir el maltrato infantil y fomentar el buen trato a los niños y niñas. Durante su comparecencia la señora López Calero destacó la relevancia del Informe
de 2010, elaborado por FAPMI, como marco de actuación y aportó una serie de conclusiones y propuestas para combatir la violencia contra los niños y las niñas.
Es importante destacar que al final de su intervención doña Juana López reconoce que el contexto socioeconómico supuso un aumento del riesgo de pobreza, sin embargo desvincula este fenómeno del de la violencia contra los menores, ya que
según la señora López se desprende de algunos estudios realizados que la pobreza es un factor estructural y no coyuntural del modelo socioeconómico español. Algunas de sus propuestas son:
- Implementar el enfoque de los derechos de la infancia en la construcción de políticas. Tendría que haber un marco jurídico protector basado en la Convención sobre los Derechos del Niño que integre el enfoque de derechos de la infancia y
la obligación de todos los ciudadanos, profesionales e instituciones de salvaguardar los derechos del menor frente a cualquier forma de violencia.
- Fomentar el buen trato a los niños, la visibilización de las necesidades de la infancia, el reconocimiento de sus derechos, entre los que cabe destacar el derecho a participar de los niños en todas las decisiones y ámbitos que les afectan,
tal y como reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Lograr un compromiso público de los agentes políticos para reforzar el valor de la infancia y de la adolescencia.
- Profundizar en la formación especializada del personal de atención de los casos de violencia contra la infancia.
- Trabajar en la prevención y coordinación de todos los agentes en las políticas de protección de la infancia. La prevención siempre es más eficaz y mucho más económica que la reparación de daños. De ahí el interés de definir de la manera
más precisa posible las situaciones de riesgo.
- Fortalecer el Observatorio de la Infancia.
- Refrendar en la legislación española el vínculo que debe haber entre interés superior del menor y el derecho a vivir en una familia.
- Potenciar formas alternativas del cuidado de los menores, como son el acogimiento y la adopción. En estos casos, la agilización y la mejora en las garantías del procedimiento para estos fines son imprescindibles, todo ello en la defensa
del interés superior del menor. La acogida debería prevalecer, por sus mayores ventajas, sobre fórmulas institucionales. No obstante, tendrían que regularse niveles de calidad en la misma.
- Reforzar las competencias de la Fiscalía de Menores.
- Fomentar el compromiso público de los medios de comunicación para la difusión de una imagen positiva de la infancia.
- Unificar conceptos y criterios de actuación durante las intervenciones con menores expuestos a situaciones de violencia.
- Establecer una normativa básica y común en materia de violencia contra la infancia que defina los conceptos de riesgo y desamparo para evitar tratamientos desiguales por distintas aplicaciones del derecho.
- Establecer la obligatoriedad de una formación especializada en el análisis de la violencia contra la infancia en determinados ámbitos profesionales.
- Promover una formación obligatoria de contenidos sobre prevención, detección, notificación y coordinación interprofesional en los currículos formativos de todos los profesionales cuyo trabajo esté vinculado directamente con la infancia
(profesores, médicos, pediatras, psicólogos,...).
- Fomentar la prevención y la coordinación en la intervención con menores víctimas de violencia.
- Impulsar la recopilación homogénea de datos sobre violencia en la infancia.
- Fomentar la parentalidad positiva.
- Considerar a los menores como víctimas directas de la violencia de género en el contexto familiar.
- Consensuar unos criterios de funcionamiento para los centros residenciales de carácter terapéutico.
- Sensibilizar a la población de los riesgos asociados al uso de las TIC.
- Respetar el derecho del menor extranjero no acompañado a ser oído en la instrucción del expediente administrativo de repatriación.
- Dotar de herramientas de protección a los niños con discapacidad y sus familias.
Don Jesús García Pérez, Presidente de la Asociación Española de Pediatría Social y Jefe de la Unidad de Pediatría Social del Hospital Universitario Niño Jesús. Comparecencia 219/000701, celebrada el 26 de noviembre de 2014.
Don Jesús García realizó una intervención basada en su experiencia profesional como médico experto en la detección y tratamiento del maltrato infantil y (también como presidente de la Asociación Madrileña de Maltrato Infantil, y
ex-presidente de la Federación de Asociaciones para el Maltrato Infantil).
El doctor García Pérez subraya que, a pesar de que en España existe una gran diversidad de protocolos para hacer frente a la violencia infantil, no existen datos ni estadísticas oficiales sobre maltrato de menores que muestren la verdadera
dimensión del problema.
Los datos que maneja son fruto de estudios de elaboración propia y reflejan, entre otras situaciones, que el 15% de los niños y niñas españoles están siendo maltratados, y de estos casos la mitad se produce por omisión del deber.
Además, dentro de los tipos de violencia contra la infancia destaca el maltrato sexual (no abuso sexual) al no aceptar la tendencia sexual elegida por el menor (gay, lesbiana...), y otros como el aumento del número de niños adoptados
abandonados en centros de acogida al llegar a la preadolescencia, (el 10% del total de niños adoptados); el aumento de las patologías relacionadas con el uso de nuevas tecnologías: 'patologías cibernéticas' como 'whatsappitis', 'nintenditis' y el
acceso a determinadas páginas web pueden ser sumamente nocivas para los menores (se ha observado la existencia de páginas web que propugnan la anorexia, el suicido, las autolesiones). Otros son las redes de pederastia, el incremento de casos de
grooming y sexting, la ley del menor maduro, la existencia de niños y niñas veganos, de menores sin vacunar por decisión de sus padres, de menores que reciben poca atención de su entorno familiar o, en el otro extremo, de niños y adolescentes
sobreprotegidos.
Por otro lado, destaca un tipo de violencia en creciente aumento, que a pesar de no ser ejecutada contra los niños, son ellos los autores: se trata de la violencia filio-parental.
Para tratar la violencia contra la infancia resultan útiles documentos como el elaborado por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil sobre guía de buen trato y la prevención del maltrato.
Por último, cabe señalar algunas de las propuestas realizadas por don Jesús García para erradicar la violencia contra los niños y las niñas:
- Lograr un compromiso por parte de los políticos para reforzar el valor de la infancia y la adolescencia.
- Implementar en todo el territorio nacional procedimientos especializados para actuar con menores en todos los juzgados de instrucción y salas de audiencias provinciales en temas de maltrato, violencia de género, acoso escolar, etc.
- Promover que el pediatra de cabecera del niño o su psicólogo habitual lo acompañe en los procedimientos de instrucción en los casos judiciales.
- Fortalecer el Observatorio de la Infancia.
- Potenciar el acogimiento familiar frente a los sistemas institucionales residenciales.
- Potenciar la formación previa y obligatoria y los servicios de seguimiento y atención posterior.
- Prevenir las nuevas formas de maltrato.
- Potenciar la educación familiar en valores, normas y límites.
- Fomentar una educación orientada al uso positivo de los medios tecnológicos y virtuales.
- Constituir juzgados especializados en maltrato y abuso de menores.
- Potenciar los Consejos de Audiovisuales para evitar que las programaciones de televisión no resulten lesivas para la formación de los menores.
- Fomentar el compromiso público por parte de los medios de comunicación y agentes vinculados para la difusión de una imagen positiva de la infancia.
- Especializar a los profesionales que trabajan directamente en la atención a víctimas de violencia.
- Elaborar una estadística oficial (compilación y análisis) que arroje la verdadera dimensión de la violencia contra la infancia.
- Incluir en el marco normativo a los menores como víctimas directas por exposición a la violencia de género en el contexto familiar.
- Incluir obligatoriamente contenidos sobre prevención, detección y notificación de la violencia contra la infancia en las escuelas de padres y madres.
- Establecer como premisa fundamental el interés superior del menor en todos los procesos, judiciales, sanitarios, administrativos, etc.
- El sistema educativo constituye un pilar fundamental para la formación de los menores, comenzando por la familia y pasando por la escuela. Se debe fomentar el sentido del humor entre los niños. De la misma manera, conviene enseñar a los
menores a soñar a través de la lectura, los cuentos, la poesía y la literatura.
Doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, Fiscal de Sala Coordinador de Menores. Comparecencia 212/002077, celebrada el 10 de diciembre de 2014.
Desde una perspectiva general, la señora Madrigal Martínez-Pereda señala que el objetivo de la Fiscalía es velar por la normativa aplicable, en particular la Convención de Derechos del Niño. Su exposición parte del artículo 19 de la
antedicha Convención, que consagra el derecho de todos los niños a no ser objeto de ninguna clase de violencia (física, psíquica o emocional) y establece las obligaciones de los Estados miembros para garantizar el cumplimiento de ese derecho. Doña
Consuelo declara que el abordaje de este derecho debe enmarcarse como la efectividad de todos los derechos de la Convención, fundamentalmente de los cuatro siguientes: derecho a la vida, derecho a la supervivencia y al desarrollo, derecho a la no
discriminación, el interés superior del niño como derecho del niño a que ese interés superior sea una consideración primordial en todos los asuntos que le afecten y el derecho del niño a ser escuchado.
Por otro lado, la Fiscal señala que el derecho a la no violencia es un derecho universal independiente de la edad de la persona, sin embargo cuando la violencia es ejercida contra un menor debe considerarse especialmente. Por lo tanto, la
protección de la infancia requiere una orientación y conocimiento específicos en derechos y necesidades de los niños para que sea verdaderamente eficaz.
En este orden de reflexiones, la elaboración de una ley específica, con una perspectiva transversal jugaría un papel esencial. De acuerdo con las obligaciones asumidas por España, el Estado debe poner todos los recursos posibles para
proteger al menor en los términos expuestos.
Por otro lado, doña Consuelo Madrigal define y clasifica los diferentes tipos de violencia contra los niños y niñas. El concepto de violencia es el que se desprende del artículo 19 del Convenio de Derechos del Niño. Su alcance es amplio:
abarca la violencia física y la psíquica o emocional o mental. Se incluyen los tratos humillantes, degradantes o inhumanos. También existen otras formas de violencia, como el abandono, el maltrato, la falta de atención y el olvido o negligencia de
los cuidadores. En ocasiones esa violencia tiene una naturaleza institucional, ya sea deliberada o no. La violencia puede ser intrafamiliar o extrafamiliar. El abuso sexual incluye la pornografía y la prostitución. La recuperación de los menores
puede exigir en ocasiones la separación del entorno familiar. La violencia de los niños y las niñas sobre sí mismos también constituye un problema serio que en algunos casos termina en suicidio.
La señora Madrigal señala que los medios para abordar la violencia infantil son muy variados. El Derecho Penal afronta los casos más graves que implican la comisión de delitos relacionados con la violencia. En todo caso, como suele
ocurrir, resulta mucho más eficaz y eficiente la prevención de la violencia contra la infancia en los entornos que frecuenta el menor: la escuela, la familia, los barrios, las redes sociales, los medios de comunicación. La Fiscalía interviene para
la investigación de los casos y cuando es necesario ejerce la acusación, incluyendo a personas menores en situación de riesgo. No existe, de momento, una ley integral para afrontar la protección de la infancia y la adolescencia frente a la
violencia aunque sí existen protocolos estatales -el más reciente de 2014- y autonómicos.
Por otro lado señala que el derecho de audiencia del menor acompañado de sus padres o representantes es básico ante la Justicia. El valor que se otorgue a estos testimonios también es relevante. Desde la
perspectiva de la lucha contra la violencia infantil ha de primarse la acogida familiar frente a la institucional. Ahora bien, las familias de acogida deben recibir apoyo económico, psicológico, etc.
Resulta preocupante el acoso a través de las redes sociales. Los autores suelen ser niños y, por tanto, quedan sometidos a la justicia juvenil.
La fijación de la edad penal a los catorce años puede resultar adecuada. No obstante, la educación y la prevención son esenciales, mucho más que la punición o la represión.
Desde la perspectiva penal, las medidas a adoptar en caso de ciberacoso pueden ser las de privación de libertad, en los casos más graves. En cuanto a los menores, pueden ser objeto de libertad vigilada, alejamiento respecto de las víctimas
o internamiento en centros especializados.
Se debe de proteger a los menores testigos de infracciones de orden penal, ello constituye una preocupación general y existe sensibilidad al respecto, de ahí las reformas introducidas en los últimos años. Respecto de la lentitud en los
procesos, no basta con la reducción de plazos a nivel normativo sino que debe de dotarse de recursos a los órganos jurisdiccionales para propiciar una diligente tramitación procesal.
De la intervención de la Fiscal de la Sala Coordinador de Menores se desprende la necesidad de elaborar una ley o legislación integral contra la violencia en la infancia que contenga medidas integrales y que aborde intersectorial,
interdisciplinaria y coordinadamente la detección, el seguimiento, el tratamiento y la evaluación de los riesgos y de los daños que la violencia puede causar sobre los niños y las niñas.
Don Jorge Cardona Llorens, miembro del Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño. Comparecencia 219/000711, realizada el 10 de diciembre de 2014.
Don Jorge Cardona acudió a la Subcomisión para hablar de los derechos de la infancia, de la consideración del niño en su dignidad y en el conjunto de sus derechos cuando se trata de violencia. Según su opinión de experto hay que dejar de
considerar al niño como víctima para adoptar un paradigma basado en el respeto, en la promoción de su dignidad humana y su integridad física y psicológica como titular de derechos, es decir, estamos hablando de derechos fundamentales.
El señor Cardona Llorens informa sobre la inexistencia de datos fiables acerca del respeto a los derechos del niño en España. Los estudios que hay son aislados, incompletos y sin continuidad en el tiempo, tampoco hay documentación de las
historias individualizadas de cada niño debidamente formalizadas.
En cuanto a lo que compete a la Cámara estima imprescindible contar con una ley integral de protección a la infancia como instrumento para afrontar la violencia. El concepto de violencia se fundamenta en la definición del artículo 19 de la
Convención de Derechos del Niño. Los ámbitos en los que se debe trabajar a este respecto son muy variados. En primer término, en la familia. Allí se producen situaciones de abandono y abusos contra la infancia. En la escuela se producen casos de
matonismo. Las redes sociales permiten la realización de acoso y pornografía infantil. Las instituciones de acogida y protección son otro de los focos de atención en esta materia. Los sistemas de justicia deben ser revisados en profundidad para
afrontar el fenómeno de la violencia infantil.
En definitiva, existe violencia en todos los ámbitos sociales, especialmente en los estratos más bajos, por lo que la prevención, la sensibilización, la recopilación de datos y la educación de la infancia son parte fundamental de la
solución.
Además de una ley integral se precisan leyes especiales y una jurisdicción también especializada sobre la violencia infantil. Se podría decir que, en estos momentos, se protege más al niño infractor que a la víctima.
Debiera propiciarse la participación de los menores en el diseño de las políticas de lucha contra la violencia infantil. Los niños en situación de riesgo, especialmente los que tienen discapacidad y los de corta edad, han de recibir una
protección especial.
La lucha contra la violencia infantil requiere gran sensibilidad y un pacto para permitir afrontarla con una perspectiva de permanencia en el tiempo, con independencia de quién gobierne.
En relación al acoso sexual, se ha detectado que afecta más a las niñas que a los niños. Existe una gran oscuridad y silencio sobre la violencia infantil. La mejor forma de prevención es el trabajo entre los menores con la finalidad de
rebajar el umbral de tolerancia de la violencia, de género y de cualquier otro tipo. En el caso de la discapacidad, el problema se agudiza por el silencio y las dificultades de expresión de estos menores.
Según don Jorge Cardona, la crisis económica ha afectado a las familias de una manera clara, generando tensiones y redundando en un incremento de la violencia.
En definitiva, las fuerzas políticas deberían alcanzar un gran pacto en esta materia, establecer la obligación de obtener datos completos sobre la violencia contra los niños y las niñas, sensibilizar a la sociedad sobre la violencia contra
la infancia y elaborar una estrategia integral contra la violencia infantil.
Doña Lourdes Gaitán Muñoz, Presidenta del Grupo de Trabajo de Sociología de la Infancia y Adolescencia (GSIA). Comparecencia 219/000712, celebrada el 9 de diciembre de 2014.
Doña Lourdes Gaitán, además de ser la presidenta de GSIA, es socióloga de profesión. Por ese motivo su intervención está enfocada bajo el punto de vista de esta ciencia social y destaca la necesidad de realizar un profundo análisis
sociológico del fenómeno de la violencia infantil. En especial interesa considerar las razones estructurales que propician el desarrollo de la violencia contra niños y niñas.
Según su análisis, las raíces de la violencia contra los niños y las niñas se pueden encontrar en la existencia de un orden generacional y jerárquico donde los adultos son los que tienen el poder (muchos tienen un sentimiento de propiedad
sobre los niños) y la infancia, por mucho que en la actualidad esté mejor tratada, sigue estando supeditada a las decisiones de los mayores.
En ocasiones, se hace primar el orden social por encima del interés del menor. Los denominados puntos de encuentro son lugares donde, con frecuencia, se impone la visita de los padres a hijos que no quieren verlos. Los niños, a veces, se
consideran más parte del patrimonio de los padres que seres dotados de sentimientos y voluntad propia. Un aspecto positivo es que, en la actualidad, ha disminuido el umbral de tolerancia respecto de la violencia infantil.
Por otro lado, doña Lourdes Gaitán indica que, a su juicio, no es preciso dictar más leyes sobre protección de la infancia sino que se debe facilitar que los textos sean accesibles para los menores.
Sin embargo, en esta materia resulta fundamental la investigación, recopilación y evaluación de datos, ya que permiten dimensionar en sus justos términos el problema.
En cuanto a las propuestas para erradicar la violencia contra los niños y las niñas pasan por centrar las actuaciones en puntos sensibles, en especial, la formación y sensibilización de jueces y fiscales, trabajadores sociales, educadores y
pediatras. Igualmente, convendría facilitar a los niños el acceso a las normas que regulan estas cuestiones y propiciar la participación social infantil en todo lo que les afecta. De hecho, a participar se aprende participando. Hay países mucho
más avanzados que España en este tema. La participación favorece la formación de la infancia y mejora sus actitudes para enfrentarse a la vida en el futuro. También considera necesario elaborar y aplicar sistemas nacionales de recopilación de
datos e investigación y crear una ley integral contra la violencia interpretable por los propios niños y niñas.
Don José Andrés Fernández Salagre, Inspector Jefe responsable de la Sección de Menores de la Jefatura Superior de Policía de Madrid (GRUME)-Brigada de la Policía Judicial. Comparecencia 212/002123, celebrada el 3 de febrero de 2015.
En 1986 se creó en Barcelona el primer Grupo de Menores (GRUME) con la finalidad de dar una respuesta específica y especializada a la delincuencia juvenil de la década de los ochenta; como el resultado fue positivo, en los años noventa se
crearon por todo el territorio nacional los Servicios de Atención a la Familia (SAF), que comprenden los GRUME y los Servicios de Atención a la Mujer (SAM). Actualmente existen once GRUME específicos.
El inspector se refiere a la forma de funcionamiento y los procedimientos de actuación de GRUME Madrid, una sección que se divide en tres áreas de trabajo: un servicio de guardia que funciona las 24 horas del día todos los días del año, un
área social que atiende una trabajadora social y un área operativa policial con dos grupos de trabajo: reforma, que se dedica a menores infractores, y protección, que se dedica a menores víctimas. Por lo tanto, GRUME Madrid pone de manifiesto que
por parte de las autoridades existe una tolerancia cero a la violencia infantil.
Centrándose en el objeto de la jornada, señala que se tiene conocimiento de los hechos a través de diversos cauces como son los servicios sociales, las denuncias anónimas, la asistencia sanitaria, los centros escolares, la policía o la
judicatura. Una vez que se tiene constancia de la agresión, la actuación policial se centra en llevar al menor a un centro sanitario si fuese necesario, mientras que si la notificación se recibe en la propia sede, antes de nada realizan una
entrevista previa con el menor, sin terceras
personas o familiares. Después, en la declaración formal, se intenta que el niño se sienta cómodo y confiado, generando para ello un clima de empatía y amistad.
Destaca el desconocimiento de la prevalencia del maltrato y es consciente de que los casos detectados son menores que los reales, ya que la mayoría de los casos no son destapados.
La detección y la prevención constituyen una tarea importante, en especial para los agentes de la policía municipal por su proximidad a estos casos. Existe una notable relación entre la violencia infantil y la de género. Subraya el alto
riesgo de que el menor maltratado se convierta en maltratador en el futuro. En esta línea de observaciones, expresa su preocupación por el predominio entre los adolescentes de la idea de que es aceptable controlar el teléfono de su pareja.
Además destaca otra forma de maltrato que aun no siendo objeto de la Subcomisión está relacionada: el maltrato filio-parental, una forma de violencia que ha aumentado exponencialmente en los últimos seis o siete años (ha pasado del 2-3% a
ser casi del 20%).
Por último, como recomendación, propone realizar un registro más exhaustivo de malos tratos contra la infancia (como el VIOGEN en materia de violencia de género).
Don Carlos Igual Garrido, Capitán de la Unidad Técnica de Policía Judicial EMUME (EQUIPO MUJER MENOR). Comparecencia 212/002124, celebrada el 3 de febrero de 2015.
El Capitán de la EMUME analiza la situación actual de la violencia contra los menores en España exponiendo estadísticas, ámbitos de actuación, acciones que están llevando a cabo y demandas.
Según los datos ofrecidos por las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, durante 2013 en España 38.495 menores de edad fueron víctimas de algún delito (17.999) o falta (20.496) y están sobrerrepresentados en los delitos contra
la libertad e integridad sexual: las agresiones contra los menores suponen el 42,96% del total, de estos casos el 77% se comete contra niñas.
Por lo tanto, la distribución y la crudeza de los delitos que sufren los menores son muy distintas a las de los adultos: son más graves, más violentas y producen mayores daños personales y más traumas. Los delitos más graves ejercidos
contra los menores son los homicidios: durante 2013, 40 menores fueron víctimas de homicidio o asesinato en sus distintos grados de ejecución, de los que lamentablemente 18 fueron consumados. Sin embargo, estas cifras, aunque son fiables, no
recogen la totalidad de la victimización de los niños y niñas en España. Destaca que la detección de delitos contra los menores en el ámbito familiar no resulta fácil.
Las nuevas tecnologías suponen una amenaza para la seguridad de los menores, precisamente por la distancia a la que operan los delincuentes. Las conductas ilícitas en este ámbito se refieren a imágenes de abuso sexual infantil, acoso, trata
de menores, apología de la anorexia y la bulimia, o de las autolesiones y la pedofilia.
Las fuerzas de seguridad se apoyan con frecuencia en ONG. La coordinación con la judicatura y la fiscalía resulta fundamental. Los protocolos de actuación en los ámbitos sanitario, educativo o de los servicios sociales, resultan de suma
utilidad. Sugiere utilizar una fórmula como 'poner en conocimiento', no equiparable a la denuncia en sentido estricto por las connotaciones peyorativas de esta última.
En cuanto a la violencia de género se observa que está en una fase de rápido crecimiento. Advierte de que la policía no debe controlar al niño por desamparo, ya que esa es una tarea propia de los servicios sociales. Desde la perspectiva
policial, la diferencia entre el ámbito rural y urbano reside en el hecho de que los recursos son escasos en el primer caso.
Destaca que en España existe un problema en la comunicación de datos sobre personas condenadas por pederastia. En países anglosajones no existen dificultades para proporcionar esta información de sus viajeros a los países de destino. En
cambio, en España y otros países europeos existen límites, por la prohibición de su legislación, en la cesión de datos.
Para cerrar su intervención sugiere algunas medidas para luchar contra la violencia infantil, como:
- Lograr una mayor coordinación institucional con el fin de conocer la extensión real de la violencia contra la infancia.
- Mejorar la política de prevención de la violencia contra los niños y las niñas.
- Disponer de herramientas legales, al igual que otros países de la Unión Europea, que permitan un control efectivo de las personas condenadas por delitos sexuales contra menores una vez que han cumplido su reclusión.
- Poner en marcha un gran protocolo contra la violencia infantil.
- Especializar a todos los profesionales que intervienen con menores. En el ámbito policial los distintos cuerpos tienen unidades con formación específica y dedicación preferente o exclusiva y con una alta capacitación. Esta formación
incluye tanto aspectos legales referidos a la legislación específica sobre los menores como de protocolos, procedimientos y técnicas de entrevista a niños. Estos conocimientos son continuamente actualizados mediante seminarios, jornadas o cursos,
dado que esta área delictiva está en constante transformación y exige una formación continua.
Don Luis García Pascual, Jefe de la 1.ª Sección Operativa de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial. Comparecencia de 3 de febrero de 2015. Comparecencia 212/002125, celebrada el 3 de febrero de 2015.
La Unidad en la que el compareciente presta sus servicios tiene competencia en la investigación de delitos relacionados con menores cometidos en internet, en particular, los relacionados con la explotación sexual infantil. Asimismo, la
Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) participa en tareas de prevención frente a abusadores y ciberabusadores, ya que los delitos cometidos por estos están aumentando de manera significativa.
Don Luis García Pascual indica que a pesar de que los delitos contra la integridad sexual de los menores existían (pedofilia) permanecían relativamente ocultos. Pero la aparición de internet ha propiciado que salgan a la luz. Según el
experto, la pedofilia en internet se desarrolla fundamentalmente sobre tres campos: la posesión, distribución y compra de imágenes de abuso sexual infantil (intercambio de pornografía infantil), la creación de una comunidad pedófila y, por último,
la utilización de internet para captar víctimas. Se trata de negocios muy lucrativos en los que interviene una importante delincuencia organizada. Aunque también hay personas que delinquen sin ánimo de lucro sino por la búsqueda de placer.
Por otro lado, señala que existe una relación directa entre el visionado de pornografía infantil y el abuso sexual físico sobre menores (estudios psicológicos indican que el visionado de pornografía infantil con el fin de obtener placer
sexual conlleva ejecutar un abuso sexual directo en menores).
Don Luis García Pascual también señala que la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) facilita (en colaboración con ONG) la creación de líneas de denuncia y destaca su 'hotline': denuncias.pornografia.infantil@policia.es, a la que están
llegando aproximadamente 60 correos de denuncia diarios, de los cuales el 10 % originan el inicio de alguna gestión policial. En este sentido, destaca que en 2014 gracias a las denuncias que recibieron en el correo se abrieron 37 expedientes de
investigación en España (el resto se derivó a otros países ya que a veces las webs no están alojadas en territorio nacional).
Para terminar su intervención, el jefe de la BIT señala una serie de objetivos y propuestas. Respecto a los primeros apunta que tienen la intención de, primero, mejorar los esfuerzos y capacidades para identificar a las víctimas cuyo abuso
sexual acaba siendo pornografía infantil, reforzando la base de datos de identificación de víctimas de la Interpol con las investigaciones del Cuerpo Nacional de Policía; y en segundo lugar, reducir al máximo la disponibilidad de pornografía
infantil 'on line', evitando la revictimización de los niños, desarrollando para ello protocolos y procedimientos de investigación que permitan una mayor y mejor coordinación y cooperación policial entre países participando en todos los grupos
internacionales de trabajo en esta materia. Respecto a las propuestas cabe señalar las siguientes:
- Regular la figura del agente encubierto.
- Promover la prevención en el ámbito educativo.
- Participar en el estudio y elaboración de herramientas que prevengan el abuso sexual, como por ejemplo la inhabilitación de los agresores para determinadas profesiones relacionadas con menores.
- Implantar procedimientos más ágiles en la concesión y tramitación de comisiones rogatorias internacionales.
- Promover la formación especializada continua de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Concienciar a la sociedad sobre la necesidad de educar a los niños en el buen uso de internet.
- Aumentar la concienciación de los riesgos que comportan las actividades 'on line' de los niños (el 'grooming', el 'sexting'...).
- Establecer las líneas maestras de cooperación entre la institución policial y otras instituciones públicas y privadas.
- Facilitar los mecanismos de denuncia de abuso sexual online necesarios a las instituciones que trabajan con menores.
- Formar y recibir formación a nivel internacional sobre procedimientos de investigación de casos de abuso sexual online.
Don José Nieto Barroso, Jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos (UCRIF CENTRAL - CGEYF) de la Dirección General de la Policía. Comparecencia 212/002126, celebrada el 3 de febrero de 2015.
El señor Nieto Barroso se refiere a la trata y tráfico de menores. Subraya la necesidad de reforzar la prevención, en particular, en materia de explotación sexual. Por otro lado, llama la atención sobre la existencia de una cierta
tolerancia social que dificulta esta lucha. Además, la alegalidad de la prostitución tampoco facilita esta tarea.
Para poder erradicar este problema se han diseñado numerosos instrumentos, de entre los que cabe destacar el Plan Policial contra la trata de seres humanos elaborado en abril de 2013 por la Dirección General de la Policía.
A pesar de la antedicha herramienta, resulta imprescindible aumentar la concienciación social sobre este problema, de manera que la ciudadanía apoye la acción policial de una manera clara. Además, se sabe que la explotación sexual requiere
de un apoyo publicitario, de ahí que los medios de comunicación sean el punto de partida para investigar este tipo de trata y explotación sexual.
Por último destaca la colaboración existente entre organizaciones no gubernamentales, la policía y la fiscalía.
Doña Vicky Bernadet Rius, Presidenta de la Fundación Vicki Bernadet. Comparecencia 219/000725, celebrada el 3 de febrero de 2015.
La Fundación Vicki Bernadet, de ámbito estatal, ofrece una atención integral y especializada a las víctimas directas e indirectas de abusos sexuales en la infancia y la adolescencia, desarrollando para ello medidas de prevención y atención.
Los datos sobre abuso sexual infantil son alarmantes. Los estudios realizados en España y en otros países de la Unión Europea, así como en Estados Unidos y Canadá, estiman que ente un 23-25 % de las niñas y entre un 10-15 % de los niños
sufre abusos sexuales antes de los diecisiete años. Se trata generalmente de abusos cometidos por un familiar o alguien del entorno de confianza del niño, por lo que resultan difíciles de detectar.
Además de desarrollar su intervención desde su visión personal como víctima y activista desde hace 30 años, manifiesta que en esta materia se ha evolucionado poco, ya que en muchas ocasiones, los menores víctimas de abuso sexual continúan
siendo invisibles para la sociedad en su conjunto (no tanto para los profesionales y las instituciones). Concluye manifestando que quizás en España nos hemos dedicado más a hacer políticas paliativas que divulgativas y preventivas.
La Fundación considera imprescindible abordar los siguientes retos:
- Elaborar un estudio de victimización infanto-juvenil en España. Este deberá incluir todas las formas de victimización.
- En cuanto a los procedimientos judiciales, se debería propiciar una 'justicia amigable', accesible y gratuita, siendo necesaria la especialización de los Jueces en infancia y adolescencia. Otorgar prioridad a los casos en los que la
víctima es un menor. Adoptar medidas de protección específicas, teniendo en cuenta la condición de que los menores son víctimas especialmente vulnerables.
- Garantizar que la persona condenada por abuso sexual infantil quede inhabilitada para la realización de actividades profesionales que requieran contacto directo con menores y que los contratantes cuya actividad esté directamente
relacionada con niños puedan tener acceso a los antecedentes penales relacionados con este delito.
- Elaborar un programa efectivo de sensibilización social. Es necesario dar visibilidad a este problema.
- Implantar políticas de infancia, en particular en materia de prevención, tanto en el terreno individual como en el social.
- La existencia de protocolos de prevención, detección y actuación del maltrato son básicos. Se debe potenciar el Registro Único de Maltrato Infantil (RUMI).
- La formación obligatoria de los profesionales que trabajen con la infancia también resulta esencial.
- Los poderes públicos deberán promover la existencia de servicios de atención integral para la reparación del daño.
Don Miguel Comín Hernández, Presidente de la Fundación Alia2. Comparecencia 219/000730, celebrada el 17 de febrero 2015.
El señor Comín describe el problema de la violencia ejercida contra los menores a través de internet como si fuese una enfermedad que se ha diagnosticado pero que no se está tratando, por ese motivo centra su intervención en la búsqueda de
recetas para erradicar esta lacra social.
La acción de su Fundación se basa en tres ejes de actuación: educación, desarrollo tecnológico (la protección del menor en internet) y trabajo en equipo.
Su principal objetivo sería lograr una buena educación de los menores en el uso correcto de las nuevas tecnologías. Por ese motivo, se debería fomentar un conocimiento transversal sobre la aplicación y uso de las nuevas tecnologías, dado
que en realidad no se trata de una asignatura específica. Las referencias se irán creando, mediante la formación de docentes y también de padres.
Por otro lado, resulta imprescindible una coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en lo que al ámbito nacional. La centralización facilitará desde esta perspectiva la lucha contra la ciberdelincuencia. El modelo de los Estados
Unidos puede ser valioso. Hay mucha dispersión de esfuerzos en la actualidad. No le corresponde a las fuerzas de seguridad asumir la tarea de educar; esta es una labor que corresponde a los docentes. La Fundación Alia 2 coopera con las fuerzas
de seguridad. Europa colabora en la protección frente a las amenazas del defectuoso uso de internet en el territorio de la Unión Europea.
La educación en la infancia en el adecuado uso de internet resulta esencial, al igual que la propia formación de sus padres.
Algunas de sus propuestas concretas son:
- Formar en el uso adecuado de la tecnología en el colegio, así como formar a los profesores.
- Potenciar una mayor coordinación entre Policía, Guardia Civil y demás fuerzas de seguridad.
- Controlar y medir el impacto de las acciones desarrolladas.
- Establecer líneas de ayuda a las víctimas.
Doña Estrella Ruiz Ungo, Presidenta de la Asociación Clara Campoamor. Comparecencia 219/000731, celebrada el 17 de febrero de 2015.
Doña Estrella Ruiz Ungo inicia su trabajo a favor de las mujeres y la infancia en la década de los 70.
Defiende la promulgación de una Ley de protección integral de la infancia. Recuerda que Clara Campoamor tuvo dos objetivos esenciales: la obtención del derecho al voto femenino y la protección de la infancia. La señora Ruiz Ungo narra sus
experiencias de ayuda a las mujeres y a los menores durante el franquismo y en el período posterior. Reivindica que los maltratadores no puedan acceder a la custodia ni a visitas a los menores y critica que la Ley contra la violencia de género no
contemple a los menores como víctimas de violencia, ya que ha comprobado que muchas mujeres maltratadas ponen como excusa a sus hijos para no denunciar, retirar la denuncia o no presentarse al juicio. En esa línea considera que la mera visión de la
violencia por los menores los convierte en víctimas, aunque no la sufran directamente.
En relación con la violencia de género señala que los maltratadores actúan delante de los hijos y aprovechan el régimen de visitas para seguir perjudicando a sus víctimas. Para la represión de este fenómeno sería útil incrementar las
sanciones penales en los delitos contra el menor, en especial, en los casos de pedófilos y violadores. Además, se debe potenciar la propaganda contra la violencia infantil, al tiempo que se revaloriza al género femenino y a los niños, en su
condición de víctimas de violencia de género. Tampoco debe perderse de vista que en los niños y en las niñas se encuentra el futuro de España.
La señora Ruiz Ungo reconoce que se ha avanzado mucho en la lucha contra la violencia de género. De la misma manera confía en que la nueva Ley de protección de la infancia contribuya en el mismo sentido.
Es fundamental apartar cuanto antes a los menores de la violencia. El alejamiento del maltratador constituye una pieza esencial para ello. Además opina que los puntos de encuentro, en el caso de las rupturas familiares, son una especie de
cárceles para los hijos.
Ante la próxima presentación el proyecto de Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, solicita generosidad a todos los Grupos Parlamentarios para obtener una norma adecuada, ya que considera que
en la lucha contra la violencia infantil no debiera hacerse política de partido. En este sentido solicita que se publicite esta reforma, de este modo las víctimas de violencia de género sabrán que a partir de la aprobación de la ley sus
hijos también serán considerados víctimas y así pierdan el miedo a denunciar.
Doña Inés Sánchez-Dopico Coordinadora de la Red Estatal de Infancia con Discapacidad del CERMI ESTATAL. Comparecencia 219/000732, celebrada el 17 de febrero de 2015.
La señora de Araoz Sánchez-Dopico se refiere al importante número de niños y niñas con discapacidad acreditada existente en España, que supera los 100.000 casos, aunque en realidad pueden existir más.
Además se ha detectado una notoria relación entre discapacidad y violencia infantil, de hecho existe un riesgo superior para estos niños precisamente por sus limitaciones para denunciarla. Además el problema se ve agravado porque existen
pocos datos oficiales sobre la cuestión.
En ocasiones se han apreciado formas específicas de maltrato como la esterilización involuntaria, los abortos forzosos de menores con discapacidad, tratamientos dolorosos y obstinación en el cuidado.
Existen factores de riesgo individuales, como son la necesidad de una mayor atención de estas personas, lo que determina un aumento del número de sus cuidadores. Otros factores de riesgo son el aumento del estrés familiar o la necesidad de
entornos institucionalizados. Las dificultades educativas, especialmente en el terreno sexual, incrementan el riesgo de estos menores a sufrir violencia. A la postre, se dificultan las posibilidades de comunicar el maltrato y denunciarlo.
En conclusión, sería deseable contar con una legislación integral que abarque todas las manifestaciones de violencia. Además, convendría contar con un buen sistema de recopilación de datos y elaboración de estadísticas específicas, apoyar a
las familias en la educación de los niños para que sean capaces de detectar y denunciar las situaciones de violencia, proveer a los profesionales de herramientas para la detección e intervención, diseñar procesos y respuestas adecuadas que eviten
las dobles victimizaciones en niños con discapacidad y situar a los niños y las niñas en el centro de cualquier actuación.
Don Miguel Lorente Costa, experto, médico y profesor universitario. Comparecencia 219/000733, de 17 de febrero de 2015.
El señor Lorente Acosta señala que prácticamente el cien por cien de los menores en España sufren la violencia con repercusiones muy graves para su futuro. En cuanto a la tipología de violencia infantil, en primer lugar, subraya la
influencia del factor de género en la violencia contra los menores, ya que la violencia se dirige muy específicamente contra las niñas: la prevalencia de violencia sexual es muy superior en las niñas respecto de los niños. Además cuando habla de
perspectiva de género en violencia contra la infancia diferencia dos situaciones: por un lado la violencia específica contra las niñas (la mutilación genital femenina, matrimonios forzados...) y las que tienen mayor incidencia en ellas (abusos
sexuales, prostitución...) y, por otro, la violencia ejercida contra las mujeres que impacta directamente sobre los menores (según datos de la última macro-encuesta de violencia de género 840.000 menores viven en hogares en los que el padre maltrata
a su mujer, el 10 % de nuestra infancia está normalizando esa conducta; de esos, el 6,2 % es decir 517.000 sufren violencia directa, física o psicológica).
Por otro lado, el señor Lorente Acosta se refiere al síndrome de alienación parental (SAP), que se produce en los casos de ruptura familiar y se traduce en el rechazo de los hijos respecto del cónyuge con el que no conviven. El SAP no está
admitido por la comunidad científica pero sí tiene un carácter instrumental y se reconoce por la jurisprudencia, aunque destaca que en la actualidad el SAP se encuentra muy cuestionado.
Por último propone una serie de medidas y de iniciativas, como una actuación integral sobre el fenómeno (no cree que una ley integral sea suficiente). La prevención, la educación y la familia son instrumentos valiosos y fundamentales para
atajar la violencia. Las actuaciones en el ámbito sanitario para la detección y el tratamiento de tal violencia desempeñan un papel esencial. La gestión del conocimiento mediante la obtención de datos y estadísticas fiables facilitará el
tratamiento y la elaboración de análisis, estudios e informes que permitan afrontar con rigor este fenómeno. La coordinación de esfuerzos en todos los órdenes resulta fundamental. Asimismo propone:
- Consensuar en ámbito educativo las medidas contra la violencia en la infancia.
- Abordar las nuevas formas de violencia.
- Vincular el factor y elemento género con las propuestas que se hagan en materia de lucha contra la violencia contra la infancia.
- Profundizar en la especialización de las personas que traten con los niños víctimas de violencia.
- Enviar un mensaje unánime de todos los grupos parlamentarios contra la violencia en la infancia.
- Mejorar las medidas de conciliación.
- Fomentar las denuncias.
D.ª Leticia Mata Mayrand, Directora del Teléfono de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en riesgo (ANAR). Comparecencia 219/000754, celebrada el de 4 de marzo de 2015.
La señora Mata Mayrand explica que la fundación ANAR se constituyó en 1970. Desde entonces se dedica a la promoción y defensa de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y desamparo, todo ello dentro del marco de la Convención
de los Derechos del Niño. Actualmente ANAR cuenta con programas en España, Perú, Colombia, México y Chile. Asimismo, la entidad es miembro de diversas organizaciones nacionales y plataformas internacionales que integran la red de ayuda a la
infancia.
La Fundación ANAR dispone de tres programas principales: el teléfono ANAR, ANAR en colegios e institutos y los hogares ANAR para la acogida de menores tutelados.
El teléfono ANAR se puso en marcha en el año 1994. En la actualidad cuenta con cuatro líneas de ayuda que comparten idénticas características. Es un servicio de ámbito nacional, gratuito, confidencial y anónimo, atendido por profesionales
las veinticuatro horas del día durante todos los días del año.
La primera de las líneas es el teléfono ANAR de ayuda a niños y adolescentes. Fue la tercera línea de ayuda a la infancia que se abrió en Europa, después de Childline en Gran Bretaña y el Teléfono Azzurro en Italia. Cualquier menor puede
usarlo y, en esa línea telefónica, será escuchado, apoyado y orientado. Los niños y adolescentes suelen llamar en alguna de los contextos siguientes: cuando una situación les preocupa, cuando desconfían en las personas que les rodean, cuando
piensan que no le importan a nadie, cuando las personas que les tendrían que ayudar son los que les agreden o cuando se encuentran en peligro.
La segunda línea, el teléfono ANAR del adulto y la familia, está dirigida a personas mayores de edad que precisan de orientación en temas relacionados con menores. La Fundación se basa en la premisa de que detrás de un niño o niña con
problemas hay un adulto que necesita ser orientado. Esta línea se complementa a la perfección con la anterior.
La tercera línea es el email ANAR, necesario ante el creciente papel de las nuevas tecnologías y su utilización por los niños y adolescentes. El servicio comenzó a operar en 2007.
Por último, existe el teléfono ANAR para casos de niños desaparecidos. Se atienden casos de fugas, secuestros con fines delictivos, secuestros parentales, pérdidas o accidentes y menores extranjeros no acompañados.
La Fundación cuenta con personal voluntario, especialmente psicólogos y estudiantes, quienes deben pasar un curso de formación para poder prestar sus servicios en ANAR. En el año 2014 se atendieron 360.369 llamadas. La principal razón de
las mismas estuvo constituida por la violencia, aproximadamente un 40 % del total (abusos sexuales, acoso escolar, abandono de menores, maltrato físico y/o maltrato psicológico ejercido por uno o ambos progenitores hacia sus hijos).
La forma de actuación de ANAR se basa en tres niveles:
1. Orientación: se ofrece ayuda psicológica y la búsqueda con el menor de una solución a su problema, apoyándose en su entorno y figuras más cercanas: padres, abuelos, hermanos mayores, profesores, etc.
2. Derivación: ante la imposibilidad de resolverlo a través de la llamada telefónica se remiten a recursos especializados, como psicólogos, abogados, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales, etc. Se pretende ofrecer una
orientación psicológica, social y jurídica.
3. Intervención: en los casos de riesgo más graves y cuando el menor carezca de ayuda de personas mayores se traslada la situación a los organismos y autoridades competentes (fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de protección de
menores, ministerio fiscal, etc.). Posteriormente, se sigue el caso para conocer qué ha sucedido con el menor de edad, si se ha adoptado una medida para su protección y cuál ha sido. En estos supuestos se cuenta con un protocolo de comunicación e
intervención entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y el teléfono ANAR, suscrito en el año 2009 por la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil y la Fundación ANAR. El principal motivo de la intervención suele ser el maltrato del menor
en el ámbito familiar.
En resumen, las preocupaciones de la Fundación se centran en los numerosos casos de violencia sobre niños, niñas y adolescentes. Además, los menores no gozan de credibilidad en su entorno cuando cuentan su situación. Esto les produce un
fenómeno de revictimización que les empuja a guardar silencio, a tolerar y aceptar como normal tal violencia. En estos casos las secuelas en el futuro serán mucho más graves. Igualmente, les preocupa la violencia ejercida en la infancia sobre
personas de corta edad y menores con algún tipo de discapacidad, porque es una violencia invisible, que cuesta demostrar. Esta violencia se suele producir en el ámbito familiar. También resulta preocupante la violencia propiciada por el uso de las
nuevas tecnologías. La tolerancia en el ejercicio de la violencia agrava este fenómeno. Los problemas psicológicos que provoca en los menores que la padecen resultan muy graves. Finalmente, ANAR expresa su preocupación por el incremento
considerable de llamadas a su teléfono por motivo de violencia de género, en especial, por aquella sufrida por la madre y por parte de la pareja o expareja de la madre.
ANAR propone una serie de actuaciones para luchar contra la violencia contra los niños y las niñas en España.
En cuanto a la prevención, la reforma del Registro Único de Maltrato Infantil (RUMI) puede jugar un papel fundamental en la detección y notificación de los casos de maltrato infantil. El Registro debe ofrecer datos reales para que se puedan
hacer políticas de prevención. En paralelo, la concienciación y sensibilización social de la ciudadanía sobre el problema es básico. La información a los menores de sus derechos y obligaciones y las fórmulas para hacerlos valer también es
fundamental. La promoción de escuelas de padres y madres para la prevención de la violencia y la resolución de conflictos en todos los centros educativos del país jugará un papel de primer orden. Los poderes públicos pueden colaborar con la Ley de
Protección de la Infancia. En esa norma debería prohibirse que puedan acoger a menores personas con antecedentes penales (ANAR aplaude que los proyectos de Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia incorporen como requisito para ejercer
profesiones donde se esté en contacto habitual con niños que la persona no haya sido condenada por un delito contra la libertad sexual, trata y explotación sexual infantil). Igualmente, en esta legislatura se deberían aprobar las reformas que
regulan la edad para contraer matrimonio y la edad para poder otorgar consentimiento para mantener relaciones sexuales. El Gobierno debería impulsar la aprobación del IV Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia,
donde se tenga presente el incremento de los casos de abusos y explotación sexual infantil asociados al uso de las tecnologías de la información.
De la misma manera, en el terreno de la prevención, se debe de trabajar en evitar los secuestros parentales. En este sentido, una de las dificultades con la que se encuentran los progenitores cuando el hijo menor ha sido sustraído por el
otro progenitor viene dada por la redacción actual del artículo 225 bis del Código Penal, basada en el concepto de guarda y custodia, en lugar del de patria potestad. Esto conlleva que las sustracciones de menores por parte de los progenitores que
cuentan con la guardia y custodia, concedida judicialmente, quedan excluidas del artículo 225 bis. Sería, en todo caso, una falta del artículo 618 del Código Penal. Solo se produciría el tipo descrito en el artículo 225 bis, cuando quien sustrae o
retiene al menor es el progenitor no custodio, es decir, el que tiene asignado judicialmente un régimen de visitas. Esta situación debería modificarse por su carácter injusto y discriminatorio.
Las medidas cautelares para evitar la salida del menor del país también son básicas y actualmente llegan tarde, cuando el menor ya se encuentra fuera de España. De la misma manera habría de exigirse el consentimiento de ambos padres para la
salida del menor del territorio español.
Respecto de la notificación, se debe enseñar a detectar y reconocer las señales de maltrato a todos los profesionales en contacto con los menores. Igualmente debería evitarse que los niños y niñas se vean expuestos a la hora de notificar
estas situaciones de violencia, de forma que se permita la reserva de sus datos y no lleguen a ser conocidos por el posible agresor. Las denuncias anónimas deben posibilitar iniciar las diligencias de investigación oportunas. De la misma manera,
tendría que difundirse la existencia de las líneas telefónicas de asistencia a la infancia. Debería facilitarse el reconocimiento del derecho a denunciar de menores de edad con un grado de madurez suficiente, especialmente si lo que se denuncia es
un maltrato producido por sus propios progenitores.
En cuanto a intervención y seguimiento del caso, se ha de aplicar el protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, actualizando el de 2007, aprobado por el Pleno del Observatorio de Infancia en 2014.
Debiera existir una jurisdicción específica en relación a los delitos contra los menores. Se debe dotar de recursos a los equipos especializados que trabajan con menores de edad víctimas de la violencia.
Finalmente, los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia deben recoger una serie de medidas para evitar la victimización secundaria de los menores víctimas o testigos de
delitos en los procesos judiciales.
Se debe garantizar que los menores no estén sometidos a guardia y custodia de maltratadores, así como el régimen de visitas; para ello se debe aprobar el anteproyecto de corresponsabilidad parental.
D.ª Ana Isabel Lima Fernández, Presidenta del Consejo General del Trabajo Social. Comparecencia 219/000755, celebrada el 4 de marzo de 2015.
La señora Lima Fernández parte de la definición de violencia formulada por Naciones Unidas como el uso deliberado de la fuerza o poder, real o en forma de amenaza, que tenga o pueda tener como resultado lesiones, daño psicológico, un
desarrollo deficiente, privaciones o incluso la muerte.
Las cifras de las que se dispone son abrumadoras (según la OMS 40 millones de niños y niñas menores de 15 años son víctimas de malos tratos y abandono). La violencia se ejerce en el hogar, la calle, la escuela... Factores variados, de
género, de exclusión social, de droga, etc., pueden agravar la situación. Recuerda el marco normativo existente: la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Carta Europea de los Derechos del Niño, la Constitución Española, el
Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Protección de Testigos, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y legislación diversa de las Comunidades Autónomas. El proyecto de Ley de Protección Jurídica a la Infancia y a la
Adolescencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de febrero de 2015, enfatiza la prevención y el refuerzo de la lucha contra la violencia como un objetivo transversal, introduciendo por primera vez a la infancia como víctima de violencia de
género. Debe constituir un instrumento fundamental para la lucha contra esta lacra social. No obstante, echa en falta la tarea de los servicios sociales especializados y, sobre todo, se obvia a los servicios sociales municipales. Y añade que la
población infantil ha resultado perjudicada por la crisis.
Existen una serie de problemas, que debieran ser abordados con urgencia. En primer lugar, se detecta una insuficiente coordinación entre los organismos públicos implicados en la protección de la infancia y la adolescencia. Se debe evaluar
el actual sistema de gestión de los centros de acogida, así como aumentar el control y la responsabilidad de las Administraciones Públicas. Tampoco existe una normativa básica estatal en servicios sociales que permita garantizar un marco mínimo en
todo el Estado en cuanto a recursos para la protección de la infancia. En el mismo sentido, no existe estabilidad en el empleo de los equipos profesionales especializados en infancia y familia.
La fragmentación de datos sobre el fenómeno de la violencia infantil dificulta la lucha contra la misma. Falta sensibilidad y se tolera el castigo físico a los menores, por ese motivo se deberían impulsar instrumentos que permitan
sensibilizar a la sociedad. La burocratización es una nota que caracteriza la obtención de ayudas en relación a la infancia. Escasean familias de acogida y adoptantes. Los recortes de los sistemas públicos dificultan esta tarea que, con
frecuencia, se deja en manos de entidades privadas.
El Consejo General de Trabajo Social realiza las siguientes propuestas:
- Se debe mejorar el sistema de recogida de datos y se debe reformar la normativa partiendo de la concepción integral de la necesidad de proteger al menor contra la violencia. Hay que desarrollar la mediación familiar a nivel estatal como
instrumento para la resolución de conflictos de manera positiva. Es necesario afrontar los problemas de sexting y matonismo a través de las nuevas tecnologías. También se debiera reforzar el control y seguimiento de los menores tutelados por la
Administración. Igualmente, es fundamental que la nueva legislación tenga en cuenta el papel esencial de los servicios sociales.
- El refuerzo de la coordinación y cooperación de los servicios sociales, sanitarios, educativos, de seguridad y otras áreas.
Esta tarea debería permitir el intercambio de buenas prácticas en materia de protección a la infancia y adolescencia, conforme a unos niveles de calidad previamente establecidos para todo el Estado. En este orden de consideraciones, el
sistema de recogida de datos debería ser adecuado para conocer el alcance del problema, compartiéndose esta información por todos los servicios intervinientes, contando con la coordinación estrecha de los servicios sociales y sanitarios de los
distintos ámbitos de las Administraciones Públicas.
- La prevención y la sensibilización contra la violencia resultan fundamentales, siendo necesaria la priorización de la prevención frente a acciones de recuperación.
- En cuanto a los profesionales debería fomentarse su naturaleza interdisciplinar, jurídica, social y psicológica en los equipos de mediación familiar, frente a una generalización del aspecto jurídico en exclusiva.
- Se debe potenciar la intervención desde la proximidad y la prevención con medidas de transversalidad, en coordinación con los servicios sociales. La acogida familiar tendría que prevalecer sobre la acción institucionalizada. La
Administración Local, por su cercanía, debería ostentar un papel protagonista.
D. Enrique Rodríguez Nuño, Director General de Políticas Sociales del Principado de Asturias. Comparecencia 212/002187, celebrada el 18 de marzo de 2015.
La política del Principado de Asturias, señala el compareciente, se dirige a paliar los efectos y los orígenes de la violencia contra la infancia.
La educación es la base de las acciones contra la violencia infantil y para su diseño están empleando como referente el documento 'Violencia contra la infancia', elaborado por Unicef Internacional en 2006 y que se basa en ocho puntos:
1. Compromiso de los Gobiernos para poner en marcha políticas integrales contra el maltrato y la violencia y a favor del buen trato a la infancia.
A tal fin se ha elaborado un protocolo conjunto entre las Consejerías de Educación, Sanidad y Bienestar Social para la detección del maltrato en la infancia. Colaboran con el Observatorio de Infancia estatal, dependiente del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en un grupo de trabajo para la elaboración de un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia. Han participado en la elaboración del I y II Planes Estratégicos Nacionales de Infancia y Adolescencia.
También han participado en la elaboración del Módulo de Referencia para el Desarrollo de un Protocolo de Actuación en casos de maltrato infantil, aprobado por el Pleno del Observatorio de la Infancia de 22 de noviembre de 2007.
Durante la presente Legislatura, el Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado el III Plan Integral de Infancia de Asturias 2013/2016 para combatir el maltrato infantil y juvenil.
2. Promulgación y aplicación de leyes efectivas contra la violencia.
El Principado de Asturias cuenta desde 1995 con una ley específica de protección del menor, la Ley 1/1995. En esta norma se incluye la figura del Letrado Defensor del Menor. Se han adoptado medidas de prevención del maltrato infantil, con
un sistema de vigilancia entre los servicios sociales especializados, los servicios de salud, los educativos y los servicios sociales municipales, contando además con las entidades de iniciativa social. Desde octubre de 2014 se dispone del I
Programa Operativo de Centros de Menores del Principado de Asturias para el cual la detección e intervención ante casos de violencia que afecten a menores son fundamentales.
3. Desmontar tradiciones y costumbres sociales permisivas con la violencia y el maltrato de la infancia.
La erradicación de este fenómeno requiere una intensa participación social y la educación de la ciudadanía frente a éste. Se debe combatir toda forma de violencia o maltrato de menores: descuido o trato negligente, violencia mental,
violencia física, castigos corporales, abuso y explotación sexual, tortura y tratos o penas inhumanas o degradantes, violencia entre niños, autolesiones, prácticas perjudiciales, violencia en los medios de comunicación, violencia a través de
tecnologías de la información y las comunicaciones y violaciones de los derechos del niño en las instituciones y en el sistema.
Se incluyen situaciones basadas en tradiciones y costumbres sociales, como son ritos, castigos, ablaciones o matrimonios forzados.
4. Involucrar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia infantil o juvenil.
La violencia contra la infancia debe enfocarse como un problema de todos. De ahí que los programas educativos y de sensibilización de la población acerca de esta lacra cobren un valor fundamental. Trabajan estrechamente con la Fundación
ANAR y desde su gobierno realizan periódicamente campañas de difusión sobre la importancia de la prevención del maltrato.
5. Capacitar a la población menor de edad en el conocimiento de sus derechos y en la prevención de la violencia que se ejerce sobre ella.
El fomento de la capacitación social de la población infantil y juvenil resulta esencial para que vayan adquiriendo habilidades sociales que les permitan conocer sus derechos, adquirir conocimientos sobre los problemas que más les afecten y
cómo buscar soluciones. En Asturias se ha optado por difundir un
programa de UNICEF, denominado Ciudades Amigas de la Infancia en el que se ha implicado a los municipios del Principado.
6. Importancia de la función de la familia y de la comunidad, como agentes en la detección y denuncia de los casos de maltrato infantil.
El fomento de la participación social, el intercambio de información, la participación de entidades de iniciativa social, así como de los políticos locales y autonómicos, incluyendo las áreas de Salud, Educación y Bienestar Social, hace que
el entorno de los menores se involucre en la detección y denuncia de los casos de maltrato infantil y juvenil. El fomento de la formación de las familias para la adquisición de habilidades parentales juega también un papel decisivo. Asturias
promueve programas de parentalidad positiva.
7. Dotación de servicios para la prevención, recuperación y reintegración de niños maltratados.
Se están aplicando programas y servicios para apoyar a los menores y a las familias, con realización de prácticas de atención especializada que atienden la problemática concreta de estos menores.
8. Garantizar el seguimiento y la información sobre los casos de violencia contra la infancia.
Para el seguimiento y la información, en Asturias se aplican los criterios generales de casos de desprotección, aunque se pretende mejorar el sistema de información de sistemas de desprotección a través de una potenciación de seguimiento de
casos de maltrato.
En conclusión, el Gobierno del Principado de Asturias se ha implicado a fondo en la lucha contra la violencia infantil. La acción de los poderes públicos juega un papel protagonista en esta tarea.
D.ª Ana María Rey Merino, Secretaria General de Políticas Sociales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Comparecencia 212/002188, celebrada el 18 de marzo de 2015:
Doña Ana María Rey comienza su intervención señalando que la prevención de la violencia contra los niños y las niñas no se debe limitar a la acción de las instituciones sino que debe considerarse como una preocupación del conjunto de la
sociedad.
Destaca que el maltrato infantil constituye una realidad social de gran complejidad que se ha abordado desde diferentes áreas y disciplinas para su análisis e investigación. Según los datos de los que dispone los casos de violencia aumentan
progresivamente. El fenómeno del maltrato existe en nuestro estado de bienestar. La protección a la infancia integra tanto la acción protectora en sentido estricto como la totalidad de actuaciones que, desde las distintas instancias sociales,
aseguran el bienestar infantil, esencialmente la promoción y la prevención. En Andalucía existe un sistema articulado de atención a la infancia, regulado de manera principal por la Ley 1/1998 de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor.
En ese marco, las instituciones atienden a la infancia y a las familias, de acuerdo a su nivel de competencias y en función de la situación de riesgo o desprotección que presentan los menores. Las entidades locales son competentes para el
desarrollo de actuaciones de prevención, información y reinserción social en materia de menores, así como para la detección de menores en situación de desprotección y la intervención en los casos que requieran actuaciones en el propio medio. De la
misma manera son competentes para apreciar e intervenir y aplicar las medidas oportunas en las situaciones de riesgo.
Los servicios sociales, dependientes de dichas entidades locales, configuran una red con funciones y recursos de gran diversidad, entre los que destacan, por su relevancia, los servicios sociales comunitarios, regulados mediante Decreto
11/1992. Su cercanía y el desarrollo de su labor en el contexto habitual de convivencia de los ciudadanos les permiten actuar con conocimiento de la realidad social de la zona donde trabajan.
El Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), desde 2004, tiene por objeto proteger a los menores a través del adecuado tratamiento epidemiológico de los casos en los que éstos sean objeto de malos tratos, su
seguimiento y la coordinación de actuaciones entre las Administraciones Públicas competentes en esta materia. Conviene destacar que los servicios sociales detectaron en 2014 el 84 % de los casos de maltrato. Los restantes se detectaron por los
servicios sanitarios, educativos, así como por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Asimismo, cuenta con programas de apoyo a las familias e infancia en situación de vulnerabilidad o dificultad social, con programas de ayudas económicas, familiares,
mediación familiar e intergeneracional, al amparo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. También existen programas de apoyo a las familias con menores en situación de
dificultad y vulnerabilidad. Se pretende que, en la medida de lo posible, se mantenga a los menores con sus familias, con la colaboración de equipos de apoyo.
En conclusión, debe reconocerse el trabajo de los servicios comunitarios, la coordinación de los servicios públicos, así como la labor de sensibilización y difusión de los problemas del maltrato infantil. De la misma manera, se fomenta la
parentalidad positiva.
D.ª Silvia Valmaña Ochaíta, Directora General de la Familia, Menores y Promoción Social de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha. Comparecencia 212/002189, celebrada el 18 de marzo de 2015.
La definición de violencia contra los menores es fundamental para abordar esta materia. Supone una situación de maltrato activo concretado en diversos actos de abuso físico, sexual, o psicológico. Algunos de ellos pueden ser constitutivos
de delito. Los más comunes son los delitos de malos tratos de los artículos 153 y 173.2 del Código Penal, así como las agresiones y abusos sexuales, delitos contra la vida, amenazas, coacciones, violencia de género y, en general, todos los que
expresan de la forma más descarnada la dominación y el sometimiento de la personas más vulnerable.
Las fuentes de detección del maltrato infantil suelen provenir de los servicios sociales de atención primaria, los técnicos de protección de menores, los centros de cumplimiento de medidas judiciales, los Juzgados de Menores y sus oficinas
de atención a la víctima, la Fiscalía de Menores, los equipos de salud mental, el personal sanitario y docente, los centros de la mujer, el teléfono del menor de Castilla-La Mancha y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo demás, en Castilla-La
Mancha no hay indicadores especialmente graves de maltrato infantil. Se abordan problemas derivados de las actuaciones de bandas juveniles y de la utilización de nuevas tecnologías como formas de maltrato en la actualidad.
En cuanto a los instrumentos para la prevención y la intervención, interesa destacar que Castilla-La Mancha ha aprobado en esta Legislatura la Ley 5/2014, de 9 de octubre, de protección social y jurídica de la infancia y la adolescencia, así
como la Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar. La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha impulsado la elaboración de un Protocolo unificado de intervención con niños y adolescentes de Castilla-La
Mancha.
En Castilla-La Mancha se han ido implantando programas preventivos y de intervención con los menores y sus familias. Destaca entre ellos el Programa de Centros de Mediación e Intervención Familiar, integrado por cinco Centros uno en cada
una de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha. En la práctica, resulta de gran utilidad para prevenir y evitar que situaciones de conflicto en el seno de la familia puedan desencadenar la violencia entre sus miembros. En casos de
extraordinaria conflictividad, o que comportan el cumplimiento de una medida de alejamiento, el programa de puntos de encuentro familiar desempeña una importante labor para atender e informar la evolución de la situación de conflictividad desde la
neutralidad y la objetividad. La línea telefónica de atención a la infancia y adolescencia también supone otra herramienta importante para la detección de casos de maltrato a menores y de atención y orientación inmediata a los niños. Finalmente,
habría que destacar el Programa de prevención e intervención en abuso sexual infantil.
Don Pablo Rodríguez Hoyos, Director Técnico de Atención a la Infancia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Comparecencia 212/002190, celebrada el 18 de marzo de 2015.
El señor Rodríguez Hoyos apunta las características de la violencia contra menores y destaca algunas de las soluciones que se están implantando en su Comunidad Autónoma.
En este sentido, indica que en Castilla y León ya se reconocía a los hijos e hijas de víctimas de violencia de género como víctimas, algo que ahora se contempla en los proyectos de ley de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia. Asimismo, se refiere a las distintas formas de violencia en relación a los menores. Existe violencia de género e intrafamiliar y/o social. La violencia puede ejercerse entre iguales, en la escuela o a través de redes
sociales. Finalmente, existe la violencia filio-parental.
En la violencia ejercida sobre los menores existe una gran diversidad de factores que influyen, como la personalidad de los padres, la personalidad del menor, y factores económicos, culturales, o sociales.
Las consecuencias de la violencia son variadas y conducen a la desprotección del menor, a la producción de desórdenes psicológicos en las personas, al carácter asocial de las personalidades, a generar futuros maltratadores, a producir
violencia filio-parental o al maltrato entre iguales.
Los maltratos no solo se producen por agresiones físicas sino también por negligencias. De hecho, con frecuencia la causa de desprotección de los menores se origina por tal negligencia, esto es, por no prestarles los cuidados, afectos y la
estimulación tan necesaria para su desarrollo. La negligencia se produce por una diversidad de causas: falta de tiempo para interactuar sobre los hijos, ideas erróneas sobre la educación y el desarrollo de los hijos (sobreprotección), crisis de
valores de la sociedad, valores mal transmitidos, inmersión en una continua exposición de nuevas tecnologías, situaciones familiares conflictivas o estresantes (desempleo, divorcios, violencia de género, etc.).
La prevención y reparación de daños requiere intervenciones. La educación en familia es fundamental para prevenir tales situaciones.
Por último, muestra su acuerdo con los proyectos de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que se están tramitando en el Congreso ya que además de avanzar en muchas de las cuestiones tratadas durante
la jornada, responde a la realidad actual.
Doña María Salomé Adroher Biosca, Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Comparecencia 212/002191, celebrada el 18 de marzo de 2015.
En primer lugar, la señora Adroher Biosca establece cuáles son las competencias de su Dirección General en el marco de la Administración General del Estado, que básicamente están referidas a la elaboración de la legislación estatal en el
ámbito de la infancia y al análisis, elaboración, coordinación y seguimiento de los programas de actuación en materia infantil. Su trabajo es transversal con otros ministerios, con las CCAA, la FEMP y las organizaciones no gubernamentales.
Por otro lado, realiza un análisis de la situación, a partir del concepto de violencia contenido en el artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño. Abarca, por tanto, todas las manifestaciones que se deducen de tal norma.
Además señala que el RUMI indicaba que en 2013 se habían denunciado más de 16.000 casos de violencia contra los niños y las niñas. Los malos tratos son de una índole muy variada: físicos, emocionales, psíquicos, sexuales o meras
negligencias. En general, la violencia se produce en el ámbito familiar. El ciberacoso y la ciberviolencia son fenómenos que van en aumento. También resulta preocupante la violencia, la trata de menores y la explotación sexual infantil.
La política de su Departamento se funda en las recomendaciones de 2010 de Naciones Unidas, en las que se llama la atención sobre:
- La necesidad de incrementar la vigilancia por la utilización de internet.
- La aprobación de una ley integral para la protección del menor.
- La elaboración de campañas de concienciación y programas de educación de padres para que utilicen formas de disciplina positivas, no violentas.
- Priorizar la prevención, promover valores no violentos, la concienciación del problema y prestar servicios de recuperación e integración social.
- Elaborar normas y protocolos para los centros con niños con problemas.
- Atender la violencia contra niños con discapacidad.
- Luchar contra el acoso escolar, mejorar los datos de registros, explotación y abusos sexuales.
Las respuestas de España se han basado en la formulación del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013/2016 como marco para acotar las actuaciones contra la violencia infantil. La prevención de la violencia hacia la
infancia ha llevado a formular protocolos de actuación en el ámbito familiar potenciando la parentalidad positiva. Se han mejorado los sistemas de información como el RUMI y el Boletín de Medidas de Protección de la Infancia. Asimismo, se ha
apoyado al tercer sector con programas frente al maltrato infantil. En 2014 se aprobó el Protocolo contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. Se ha mejorado la formación de los profesionales que trabajan en este terreno. Desde la
perspectiva de reformas legales, se han presentado en esta Cámara los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. La nueva regulación, todavía en proyecto, define un nuevo marco de
derechos de la infancia. Promueve la protección, la prevención y sensibilización contra la violencia como nuevo principio rector de la actuación de los poderes públicos. Afronta el maltrato y el desamparo y establece una mayor protección frente a
los delitos contra la indemnidad sexual. También previene la violencia en internet y entre iguales. De la misma manera, se
contemplan los deberes de los menores, con frecuencia olvidados. Finalmente, será necesario modificar el Código Penal y la promulgación de una Ley sobre el Estatuto de la Víctima.
La materia requiere un abordaje integral contra la violencia infantil. Un mejor conocimiento de la realidad resulta ineludible, así como la prevención, la planificación y la mejora de los profesionales. El apoyo al tercer sector es un
pilar fundamental. Todo ello acompañado de las medidas legislativas imprescindibles.
Doña Blanca Hernández Oliver, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Comparecencia 212/002192 celebrada el 18 de marzo de 2015.
En primer lugar, la señora Hernández Oliver pone de relieve la complejidad del fenómeno. Existe violencia contra menores y contra adolescentes. En su exposición se refiere a los hijos de mujeres víctimas del maltrato y a los hijos de
víctimas de la violencia de género. Asimismo, aborda el problema de la trata de menores.
En cuanto a la violencia de género, recuerda que la Delegación del Gobierno se creó hace diez años. Su tarea ha sido la de afrontar el problema, teniendo como objetivo básico la erradicación de este fenómeno. A tal fin, ha dado visibilidad
a este problema y ha trabajado en la línea señalada. Se han observado casos terribles de hijos de mujeres maltratadas, víctimas de violencia de género. En particular, recuerda el caso reciente del asesinato de dos niños, para dañar a la madre
maltratada.
En la macroencuesta encargada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género cada cuatro años se aprecia que un 63 % de las mujeres víctimas de la violencia afirma que sus hijos oyeron o vieron expresiones de esos malos tratos.
Las secuelas para los menores en tales situaciones son muy graves. Se han detectado cuadros de ansiedad, problemas de sueño, estrés postraumático, trastornos sociales y retraso en el crecimiento, entre otros. Igualmente, persiste el miedo y la
vergüenza a la formulación de denuncias de este tipo de situaciones. De ahí que uno de los objetivos de la Delegación sea visibilizar el problema, sacar a la luz este tipo de violencia. Asimismo, se persigue la protección y la asistencia de las
víctimas. El proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, así como el proyecto de Ley ordinaria con la misma denominación, pretenden reforzar la protección de los menores. Ambos ya se han
presentado en el Congreso de los Diputados.
En todo caso, se considera prioritario que los menores continúen viviendo con la madre maltratada y no con el maltratador. Otro de los objetivos es dar a conocer el problema de los menores como víctimas de la violencia de género. En este
sentido, la formación y especialización de los equipos al servicio de la Administración de Justicia resulta clave para abordar el problema con un personal competente.
Desde la perspectiva del Estatuto de la Víctima, todas las actuaciones han de orientarse a la protección del interés superior del menor. La Fundación ANAR está desarrollando una tarea de gran utilidad con su teléfono de asistencia.
La mutilación genital femenina constituye un grave problema que debe ser erradicado. La práctica tiene sus fundamentos no tanto de índole religioso sino cultural. Causa daños físicos y morales. Afecta a 125 millones de mujeres en el
mundo. En España se han detectado casos en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid.
La mutilación y la trata son problemas serios y deben de abordarse, especialmente, a través de la prevención. En cuanto a la trata, se dispone de muy pocos datos, a diferencia de la violencia de género. En la actualidad, en España existen
unas 13.000 personas en situación de riesgo. El proyecto de Ley de Estatuto de las Víctimas del Delito incluye los casos de trata para proteger a sus víctimas. Se presume la minoría de edad hasta que se determine la edad precisa. La política de
subvenciones a asociaciones privadas resulta de utilidad para afrontar el problema de la trata de menores.
Existen datos preocupantes de las nuevas generaciones respecto del control ejercido por parte de sus parejas. De los estudios realizados se desprenden datos sobre la desigualdad entre varón y mujer. Una tercera parte de las personas
jóvenes no aprecia la existencia de fórmulas de control por parte de los varones. Una cuarta parte de los jóvenes padece control por parte de los varones y generalmente estas conductas son aceptadas. Por su parte, la utilización de nuevas
tecnologías posibilita el ciberacoso como fórmula adicional de violencia de género, con el agravante de sus efectos multiplicadores al extenderse por las redes sociales. En cambio, hay una baja percepción del riesgo por la utilización de nuevas
tecnologías y la difusión de aspectos que atañen a la intimidad de las personas. Además, se mantiene la creencia de que los celos son una expresión de amor. Para romper este conjunto de creencias, las
campañas de sensibilización desempeñan un papel relevante, en particular, a través de la utilización de nuevas tecnologías.
La reforma del Código Penal tipifica el hostigamiento a través de las redes sociales. El sistema educativo está llamado a desempeñar un papel esencial en la prevención de la violencia. Se debe trabajar en tal sentido.
En relación a la pensión de viudedad que reciben en ocasiones los maltratadores, a su juicio, cuando hay un delito doloso parece razonable que se suspenda la percepción de la pensión de viudedad y se incremente la de orfandad del hijo de la
víctima.
Respecto del proxenetismo, el Código Penal rechaza todo género de explotación. Se intentará modificar las dificultades de aplicación del artículo 311 del actual Código Penal que, en realidad, queda vacío de contenido porque es un tipo de
imposible aplicación al considerarse que se entendía referido únicamente a la explotación laboral, no a la sexual.
En cuanto a la financiación, en los últimos tiempos se ha aplicado una política de eficiencia del gasto público, lo cual ha incidido en el desempeño de las competencias de la Delegación que dirige. Con todo, los servicios se siguen
prestando.
En la práctica, se reconocen las formas más extremas de violencia pero no las más sutiles. Se deben identificar las señales de maltrato desde el primer momento. Interesa romper el silencio. Se debe denunciar.
2.3 Documentación facilitada por los comparecientes.
Doña Ana Sastre Campo, Directora de Sensibilización y políticas de Infancia de Save the Children (29 de octubre de 2014):
- Violencia contra la infancia. Hacia una estrategia integral.
- Más allá de los golpes, ¿por qué es necesaria una Ley?
Doña Marta Arias Robles, Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF (29 de octubre de 2014):
- Ending Violence Against Children: Six Strategies for Action.
Doña Elena Arce Jiménez, Técnica Jefe del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo (26 de noviembre de 2014):
- Dictamen 2/2012 sobre tratamiento a dar a menores extranjeros acompañados cuya filiación no resulte acreditada. Fiscalía General del Estado.
- Instrucción 2/2013 sobre actuaciones a realizar ante la detección de menores extranjeros no acompañados o que se encuentren en situación de riesgo.
- La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles. Fiscalía General del Estado. Defensor del Pueblo.
- Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados.
- Jornada de trabajo relativa a seguir avanzando en la mejora de filiación e identificación de los menores extranjeros que llegan a España acompañados de adultos.
Doña Juana María López Calero, Presidenta de FAPMI-ECPAT España (26 de noviembre de 2014):
- Algunas ideas y propuestas para la construcción de políticas para la prevención de la violencia contra la infancia basadas en el buen trato.
Don Jesús García Pérez, Presidente de la Asociación Española de Pediatría Social y jefe de la Unidad de Pediatría Social del Hospital Universitario Niño Jesús (26 de noviembre de 2014):
- Aportaciones Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) (dos documentos)
- Atención a menores víctimas de malos tratos.
- Propuesta de anteproyecto de ley de protección a la infancia.
- Preguntas sobre maltrato infantil.
- Situación actual de la salud de la infancia en España desde la SEPS.
- Guía Práctica del Buen Trato al niño. Coordinadores: Jesús Pérez García y Venancio Martínez Suárez, Madrid, IMC, 2012.
Don Jorge Cardona Llorens, miembro del Comité de Naciones Unidas (10 de diciembre de 2014):
- Una estrategia integral contra la violencia. Directrices del Consejo de Europa sobre las estrategias nacionales integrales para la protección de los niños contra la violencia.
- Estrategia Nacional para combatir la violencia y abusos sexuales contra los niños y la juventud (2014-2017) (Ministerio noruego de los niños, igualdad e inclusión social).
- Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia (Convención sobre los Derechos del Niño, Observación n.º 13 - 2011).
Doña Lourdes Gaitán Muñoz, Presidenta del Grupo de Trabajo de Sociología de la Infancia y Adolescencia (GSIA) (10 de diciembre de 2014):
- Sociología de la infancia.
- La infancia en cifras - 2009.
- Ser niño en el siglo XXI.
Doña Leticia Mata Mayrand, Directora del Teléfono ANAR (4 de marzo de 2015):
- Memoria 2013 de la Fundación ANAR.
- La Fundación ANAR protege los 42 Derechos del Niño.
Doña Ana María Rey Merino, Secretaria General de Políticas Sociales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía (18 de marzo de 2015):
- Protocolo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las actuaciones y derivación al programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual.
- Violencia contra los niños y las niñas. Comunidad Autónoma de Andalucía.
Don Enrique Rodríguez Nuño, Director General de Políticas Sociales del Principado de Asturias (14 documentos)
- Guía de maltrato infantil en centros educativos de Asturias.
- Guía de maltrato infantil en servicio sanitarios de Asturias.
- Guía-manual desprotección infantil.
- Guía metodológica disposiciones normativas.
- Guía pautas de actuación para los profesionales de los centros de menores ante situaciones de abuso.
- Historia de la vida y preparación del niño y de la niña para la adopción.
- III Plan Integral de Infancia de Asturias 2013-2016.
- Parentalidad positiva en Asturias.
- Programa de educación sexual para los Centros de menores de Asturias.
- Programa Operativo de Centros de Menores.
- Protocolo de intervención en drogodependientes.
- Anexo I Drogas.
- Anexo II Drogas.
- Anexo III Drogas.
3. Consideraciones generales sobre la violencia contra los niños y las niñas.
La violencia contra la infancia es una realidad de enormes proporciones que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo y que, además de incidir muy negativamente en su bienestar y desarrollo, es la principal manifestación de
desprecio y negación de la dignidad de los niños y niñas como titulares de derechos.
Para abordar adecuadamente este problema es necesario partir de la definición de violencia contra los niños y las niñas que establece Naciones Unidas y que va más allá de la idea tradicional del maltrato
infantil: 'toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o abuso sexual'. Es decir, toda acción u omisión que afecte de manera dañina al normal desarrollo del niño y a su bienestar físico y
psicológico.
La violencia contra la infancia puede adoptar múltiples y cambiantes formas. Puede ser ejercida por los adultos o por otros niños, en el seno de la familia, en la escuela, en la comunidad o en los centros o instituciones encargados de la
protección de los menores de edad, así como en ámbito judicial o incluso por parte de los medios de comunicación y a través de las tecnologías de la información.
Nunca es justificable, independientemente de la gravedad de las lesiones producidas, ni de las consecuencias sobre el desarrollo de los niños y las niñas, ni tampoco de la persistencia, la duración o la aceptación social de la forma concreta
de violencia.
La violencia contra los niños y las niñas en sus diferentes manifestaciones conlleva numerosos efectos negativos para su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Además, la ampliación de la investigación en las ciencias
neurobiológicas, sociales y del comportamiento ha generado una comprensión mucho más profunda de la importancia que tienen las experiencias vividas durante la niñez para el desarrollo saludable del cerebro y para el proceso de maduración del
individuo.
La violencia genera violencia y en ningún caso es una consecuencia inevitable de la condición humana. Prevenirla y combatirla es una de las maneras más eficaces de eliminar las distintas formas de violencia de la sociedad. La prevención de
la violencia en una generación reduce la probabilidad de que se genere en la siguiente.
En España la violencia contra la infancia ha permanecido oculta como una realidad poco documentada y poco denunciada y no ha sido abordada de una manera global. No se ha percibido como un problema social grave de grandes proporciones que
requiere una respuesta urgente por parte de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad. Uno de los principales obstáculos es que no existen datos oficiales globales ni estudios relevantes que aborden de manera integral las distintas formas
de violencia que afectan a los niños y niñas. Esto se debe a que los más pequeños carecen de capacidad de denuncia y a la ausencia de mecanismos oficiales para la recogida de datos eficaces que permitan un conocimiento fiel de la realidad de la
violencia contra la infancia.
No obstante, mediante las distintas comparecencias y los informes que nos han sido entregados, hemos conocido algunos datos, de entre los que destacamos los siguientes: según la estadística oficial del Ministerio del Interior, en el año
2013, en España, 38.495 personas menores de edad fueron víctimas de algún delito o falta penal. La distribución de los delitos que sufren es distinta en las víctimas menores de edad respecto al total de víctimas. En los menores los porcentajes más
elevados se distribuyen en tres grupos: los delitos contra las personas que suponen el 22,39 % de las víctimas menores; contra la libertad e indemnidad sexual, con el 18,69 %; y los robos con fuerza e intimidación con un 30,32 %.
Los delitos que sufren los menores son más graves, más violentos y por tanto, les afectan en mayor medida, tanto a nivel personal, siendo una fuente frecuente de trauma, como a nivel social y relacional.
- 3.062 menores fueron víctimas de malos tratos en el ámbito familiar.
- 40 menores fueron víctimas de intentos de homicidios/asesinatos, de los que lamentablemente, 18 fallecieron.
- 3.364 menores de edad fueron víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual en 2013. Las víctimas menores suponen el 42,69 % de todas las víctimas, cifra por sí suficientemente grave, más si tenemos en cuenta la gravedad y
lesividad de estos delitos.
Estos datos, basados en estadísticas oficiales, pueden ser solo la punta de un iceberg, pues están basados en hechos denunciados. No obstante, solo estas constataciones exigen la adopción urgente de más acciones dirigidas a la visibilidad
de esta problemática a nivel social, a la concienciación de los ciudadanos, a la prevención de nuevos casos y en la necesidad de dar una óptima respuesta institucional a las situaciones de violencia que sufren los niños.
Por ello, es necesario continuar avanzando hacia un modelo de protección integral de los niños contra la violencia.
La Ley Orgánica 1/1996 define el marco jurídico de intervención de las autoridades públicas solo ante algunas situaciones de violencia que pueden afectar a los menores de edad en todo el Estado. Esta ley solamente contempla medidas para
intervenir ante la desprotección del menor de edad en situaciones de riesgo o desamparo, para las cuales establece una serie de actuaciones de protección que, por un lado,
no siempre son adecuadas o suficientes para responder a ciertas realidades sociales y, por otro, no dan respuesta a todas las formas de violencia contra la infancia reconocidas en la normativa internacional.
Si bien es cierto que se han puesto en marcha importantes políticas, planes y programas (como el PENIA o el RUMI), estas iniciativas responden al enfoque fragmentado con que se aborda el problema, no a un objetivo común formulado a partir de
un diagnóstico global de la realidad de la violencia contra la infancia en España.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en sus últimas Observaciones de 2010, mostró su preocupación sobre este tema e instó al Estado español a aprobar una ley integral sobre la violencia contra los niños para combatirla en
todas sus formas.
La violencia contra los niños y las niñas es una violación grave de los derechos humanos que requiere una respuesta urgente y decidida por parte de los poderes públicos en España.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 26 de junio de 2014, acordó la creación de esta Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas. Los objetivos compartidos por todos han sido
realizar una radiografía de la situación a partir de las comparecencias de veinticinco expertos en la materia 2 y del análisis de la documentación aportada por los mismos; y realizar, en consecuencia, una serie de propuestas a los poderes públicos,
con incidencia en todos los ámbitos de intervención y dirigidas a todos los agentes, que orienten las diferentes políticas públicas.
Concluimos que es necesario hacer frente a la violencia contra la infancia y como premisa previa, hacer un diagnóstico preciso que permita visibilizar esta lacra con el propósito de abordarla con eficacia.
La violencia contra los niños y las niñas es una vulneración grave de sus derechos humanos y puede ocasionarles daños irreparables en su desarrollo.
Estamos convencidos de que una correcta aplicación del principio del interés superior del niño, como dicta la observación general número 14 del Comité de Derechos del Niño, garantizará el éxito de una estrategia integral frente a todas las
formas de violencia contra la infancia.
En el marco de esta estrategia integral frente a la violencia contra la infancia, proponemos trabajar en la prevención, en la sensibilización, en la reparación de las víctimas, en la coordinación de las instituciones y en la participación de
los niños como actores fundamentales en la lucha contra la violencia.
En este sentido, como eje vertebrador de la estrategia, es necesario proteger el derecho a la integridad física y moral del niño a través del desarrollo integral del derecho a la protección frente a la violencia.
En definitiva, debemos poner al niño en el centro de las políticas y garantizar su derecho a vivir libre de violencia. Esto redundará en beneficio de las generaciones futuras pues, como dijo Pitágoras hace veinticinco siglos, 'educad a los
niños y no será necesario castigar a los hombres'.
4. Conclusiones y propuestas de la Subcomisión de estudio para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas
MARCO GENERAL
1. Definir en el ordenamiento jurídico español la violencia contra la infancia, tomando como referencia la definición que, a tal efecto, recoge el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño.
2. Reforzar la visibilidad del problema de la violencia contra la infancia para implicar a toda la sociedad en la lucha contra esta lacra.
3. Incorporar en nuestra legislación la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo, como derecho sustantivo y como norma de procedimiento.
4. Reconocer al menor como titular de derechos, tal y como contempla la Observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño.
5. Reconocer el derecho del niño a ser protegido frente a cualquier forma de violencia.
6. Fomentar el buen trato.
7. Reivindicar el derecho de los niños y de las niñas a vivir libres de violencia.
8. Garantizar el derecho de los niños y las niñas a ser oídos y escuchados. Para ello, se establecerán los mecanismos necesarios para su efectivo ejercicio.
2 Además, todos los Grupos Parlamentarios han mantenido reuniones paralelas con otros expertos en el objeto de estudio de la Subcomisión, ya que debido a la caducidad de la Subcomisión no era posible recibirlos en el marco de este órgano
parlamentario.
9. Garantizar el derecho del menor extranjero no acompañado a ser oído y escuchado en todos los procedimientos que le afecten. Para ello, se establecerán los mecanismos necesarios para su efectivo ejercicio.
10. Garantizar a los menores extranjeros que se encuentren en territorio español el derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles,
independientemente de la situación administrativa de sus padres. Las administraciones públicas velarán porque los procedimientos y actuaciones administrativas garanticen el ejercicio de dichos derechos y el acceso a los servicios y prestaciones.
11. Potenciar la participación de los niños y las niñas en todos los asuntos que les afectan.
12. Sustituir la denominación de pornografía infantil por 'imágenes de abuso sexual infantil' 3.
13. Sustituir la denominación de la tipología de abuso sexual infantil por maltrato sexual infantil.
14. Promover que se incluya la lucha contra la violencia en la infancia como Objetivo de Desarrollo del Milenio, en el marco de la Agenda de Desarrollo Post-2015.
15. Profundizar en el diseño del Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) para mejorar la investigación de los casos de violencia contra los niños y las niñas.
16. Mejorar los sistemas de recopilación de información estadística sobre la violencia en la infancia para su posterior evaluación y publicación.
17. Corregir la excesiva fragmentación en la recogida de datos sobre violencia contra la infancia estableciendo mecanismos comunes de evaluación.
18. Impulsar la recopilación homogénea de datos sobre violencia en la infancia.
19. Realizar un registro de supuestos de malos tratos contra la infancia, a fin de poder hacer un seguimiento exhaustivo.
20. Mejorar e impulsar el seguimiento estadístico de los casos de maltrato infantil.
21. Mejorar los sistemas de seguimiento estadístico de los casos de violencia contra los niños y las niñas.
22. Elaborar una estadística oficial sobre violencia infantil.
23. Mejorar los sistemas de información que permitan la prevención y un adecuado seguimiento de las situaciones de violencia que afectan a los niños y las niñas en España, poniendo especial atención en los menores en situación de mayor
vulnerabilidad.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
1. Coordinar la acción de todos los agentes de protección de la infancia.
2. Establecer mecanismos de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para la asistencia de los menores víctimas de violencia en los ámbitos sanitario, educativo, judicial, policial y en los servicios sociales.
3. Reforzar la coordinación entre municipios y Comunidades Autónomas para la mejor prevención de casos de maltrato infantil.
4. Promover la unificación de los protocolos autonómicos de detección, notificación y atención a menores víctimas para que la respuesta a esta lacra sea más rápida y eficaz.
5. Impulsar la aplicación del protocolo nacional básico de intervención para responder a los casos de maltrato infantil en el ámbito familiar.
6. Mejorar la comunicación entre todos los agentes de protección de la infancia (trabajadores sociales, educadores sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, etc.) en las tareas de prevención y asistencia a los menores
víctimas de violencia.
7. Fortalecer el Observatorio de la Infancia como espacio real de colaboración interinstitucional e interautonómico y promoverlo como un referente técnico para los profesionales y las administraciones que trabajan en la protección de
menores.
3 En el ámbito de la Unión Europea se considera que el término de pornografía infantil no refleja la gravedad de estas conductas, siendo sustituido por otros más apropiados, como imágenes de abuso sexual infantil.
JUSTICIA, LEYES Y ESTRATEGIAS
1. Prohibir en el ordenamiento jurídico español todas las formas de violencia contra la infancia.
2. Introducir un análisis de impacto en la infancia de todos los proyectos legislativos que impulse el Ejecutivo.
3. Establecer un mecanismo obligatorio de evaluación de las políticas de protección contra la violencia infantil y de rendición de cuentas ante el Parlamento español.
4. Impulsar la normativa básica y común existente en materia de violencia contra la infancia.
5. Desarrollar una estrategia integral sobre la violencia contra los niños y las niñas.
6. Impulsar dentro de la futura estrategia integral sobre la violencia contra los niños y las niñas, una ley específica contra la violencia infantil.
7. Aprobar los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de modificación del sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia.
8. Dar mayor publicidad a la reforma de la Ley de la Infancia.
9. Aprobar en esta legislatura los proyectos de ley donde se prevé elevar la edad para el consentimiento sexual y para contraer matrimonio, la reforma del Código Penal y el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria.
10. Constituir juzgados especializados en violencia contra los niños y las niñas.
11. Formar y especializar a jueces, fiscales y abogados en la lucha contra la violencia infantil.
12. Promover procedimientos especializados para menores en los juzgados de instrucción y salas de audiencia provinciales.
13. Crear un escenario jurídico del menor como víctima con la finalidad de evitar la revictimización.
14. Promover que el pediatra de cabecera del niño o su psicólogo habitual le acompañe durante la comparecencia y declaración que deba prestar durante la instrucción de procedimientos judiciales.
15. Agilizar las causas judiciales cuando hay menores implicados, especialmente cuando se trate de víctimas de violencia.
16. Fortalecer el papel de la Fiscalía como garante del interés superior del menor.
17. Contemplar en la reforma del sistema de protección a la infancia y adolescencia que los agresores sexuales no puedan continuar trabajando o volver a trabajar con menores, incluso después del cumplimiento de la condena.
18. Promover que los condenados por delitos sexuales contra la infancia o violencia de género reciban cursos de formación y/o terapias.
19. Establecer como requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños y niñas no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación.
20. Disponer de herramientas legales que permitan un control efectivo de la movilidad en territorio europeo de las personas condenadas por delitos sexuales contra menores, incluso después de cumplida su reclusión.
21. Trabajar en el IV Plan de acción contra la explotación sexual de la infancia y la adolescencia.
22. Garantizar la confidencialidad de los datos de los denunciantes.
23. Reforzar la protección de datos, el derecho al honor, a la intimidad y la integridad moral de los niños y niñas.
24. Asegurar que se preserve la identidad de los niños y de las niñas que hayan sido objeto de maltrato o hayan sufrido cualquier tipo de violencia.
25. Promover el desarrollo normativo sobre mediación familiar a nivel estatal que refuerce su práctica como forma de resolución de conflictos, salvo en aquellos supuestos en que esté prohibida normativamente, como en los casos de violencia
de género.
26. Mejorar las medidas de conciliación.
PREVENCIÓN
Sensibilización
1. Sensibilizar sobre la importancia de la denuncia de casos de maltrato infantil.
2. Reforzar el respaldo social a la infancia y la adolescencia mediante el compromiso por parte de los partidos políticos.
3. Reforzar el respaldo social a la infancia y la adolescencia mediante el compromiso de los grupos parlamentarios contra la violencia infantil.
4. Fomentar un compromiso público por parte de los medios de comunicación para la difusión de una imagen positiva de la infancia.
5. Apoyar y difundir las líneas de atención a la infancia.
6. Promover la tolerancia cero con el castigo físico y/o psicológico.
7. Priorizar el enfoque de prevención y detección temprana como piedra angular de la intervención de los poderes públicos.
8. Prevenir y abordar las nuevas formas de violencia contra los niños y las niñas.
9. Promover a todos los niveles la prevención de la violencia contra la infancia.
10. Realizar estudios periódicos que permitan identificar la evolución de la percepción social de la infancia y adolescencia, con muestras de adultos, niños y adolescentes.
Detección y atención temprana
1. Dotar de instrumentos a los profesionales para la detección y atención temprana del maltrato.
2. Promover los servicios sociales de proximidad para la atención de menores víctimas de maltrato.
3. Fomentar que los equipos de mediación sean interdisciplinares.
4. Implementar medidas para la adecuada asistencia y protección de los menores más vulnerables.
5. Garantizar la atención integral y multidisciplinar para la recuperación del niño, la reparación de sus derechos y evitar la revictimización.
Formación de profesionales
1. Establecer la obligatoriedad de una formación especializada en el análisis de la violencia contra la infancia en determinados ámbitos profesionales que trabajan directamente con menores.
2. Potenciar la formación previa y obligatoria de los profesionales que trabajan con menores víctimas de maltrato y de las personas encargadas de los servicios de seguimiento y atención posteriores.
3. Crear módulos formativos de posgrado sobre lucha contra violencia infantil.
4. Mejorar la capacitación y potenciar la formación continua de todos los que trabajan con y para los niños.
5. Facilitar la formación en el uso adecuado de la tecnología en el colegio, formar a los profesores.
6. Informar y sensibilizar a los padres, cuidadores y familiares sobre la importancia de la prevención de la violencia contra la infancia.
7. Fomentar la parentalidad positiva.
PROTECCIÓN
Acogida, residencia y tutela
1. Refrendar en la legislación española el vínculo que debe haber entre el interés superior del menor y el derecho a vivir en una familia.
2. Priorizar el acogimiento familiar frente al residencial apoyando económica y técnicamente a las familias acogedoras durante todo el proceso.
3. Fomentar la formación previa obligatoria y los servicios de seguimiento y atención posterior para asesorar y orientar en los casos de acogimiento y adopción.
4. Protocolizar los criterios de funcionamiento de los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta.
5. Revisar los estándares de calidad para los servicios y los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta.
6. Evaluar el actual sistema de gestión de los centros de acogimiento residencial aumentando el control y la responsabilidad de la Administraciones Públicas.
7. Mejorar los sistemas de control de los niños bajo tutela administrativa.
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
1. Fortalecer, por las CCAA, los servicios de protección dependientes de éstas y completar la red de servicios sociales especializados en protección a la infancia.
2. Promover la existencia de protocolos con pautas claras de actuación ante la sospecha de una situación de violencia contra la infancia en todos los ámbitos y especialmente, en el educativo, sanitario, de servicios sociales, deportivo y de
ocio.
La educación como herramienta decisiva
1. Prevenir la violencia contra los niños y las niñas en el ámbito educativo.
2. Fomentar la educación familiar en derechos humanos y en valores cívicos, colaborativos, de convivencia y de resolución dialogada de conflictos.
3. Promover la lucha contra el abandono escolar, fundamental para el desarrollo y el futuro de los niños y niñas, así como herramienta de prevención de la violencia contra los niños y las niñas.
4. Promover la escolarización temprana en la etapa de educación infantil para que, además de sus efectos beneficiosos en los menores y en las familias, sirva para posibilitar la rápida detección de casos de violencia contra la infancia.
5. Impulsar en el ámbito escolar el desarrollo de habilidades para identificar situaciones de riesgo y resolver conflictos sin recurrir a la violencia.
6. Educar a los niños y promover la formación de sus familias para que sean capaces de detectar y denunciar las situaciones de violencia.
7. Potenciar la figura del alumno colaborador, entendida como mediador de conflictos entre iguales en la escuela.
8. Elaborar material didáctico sobre los derechos y deberes de la infancia empleando un lenguaje adecuado a los niños para que puedan comprenderlo.
9. Desarrollar acciones formativas en centros escolares para prevenir el sexteo (sexting) así como cualquier tipo de acoso (acoso escolar -bulliyng-, grooming...) a través de las TIC.
10. Fomentar el uso positivo de los medios tecnológicos y virtuales en los centros educativos.
11. Promover una educación preventiva sobre la privacidad en las redes sociales e internet.
Redes e internet
1. Facilitar a las instituciones que trabajan con menores los mecanismos de denuncia de abuso sexual online.
2. Reforzar la colaboración de padres y educadores sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías para mejorar la concienciación de los riesgos que comportan las actividades online de los niños (el grooming, el sexting...).
3. Educar a la sociedad sobre la necesidad de que los niños y las niñas hagan un buen uso de internet.
4. Sensibilizar a la población de los riesgos asociados al uso de las TIC.
5. Fomentar un mayor papel del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ONTSI en la detección de casos de violencia online.
Reforzar la seguridad
1. Mejorar los mecanismos de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad (FFCCSS) para unificar las líneas de actuación en la investigación y la lucha contra la violencia en la infancia.
2. Estudiar la posibilidad de realizar el volcado de datos en INTERPOL y EUROPOL sobre casos de violencia infantil, así como de víctimas de trata y explotación sexual.
3. Actualizar y mejorar el protocolo de actuación contra la violencia infantil de las FFCCSS.
4. Estudiar la conveniencia de la regulación de la figura del agente encubierto cuyas actuaciones, en todo caso, deberán realizarse bajo control judicial, y de acuerdo con los principios de proporcionalidad y necesidad, definiendo con
claridad los límites de su actuación, para reforzar la actuación de las FFCCSS en la lucha y prevención de la violencia infantil.
5. Implicar a las FFCCSS en el estudio y elaboración de herramientas legislativas para prevenir y evitar el abuso sexual a menores.
6. Implantar procedimientos más ágiles en la concesión y tramitación de comisiones rogatorias internacionales.
7. Potenciar que las FFCCSS, a nivel internacional, reciban formación sobre procedimientos de investigación de casos de abuso sexual online.
8. Intensificar la formación especializada continua de los funcionarios de las FFCCSS.
9. Establecer las líneas maestras de cooperación entre la institución policial y otras instituciones públicas y privadas.
10. Desarrollar campañas públicas, como el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, de apoyo a la seguridad de los menores.
11. Reforzar e intensificar la colaboración de las FFCCSS y la Fiscalía con las ONG que trabajan con inmigrantes menores, especialmente con los más vulnerables.
12. Incrementar la cooperación internacional para la lucha contra el abuso sexual e 'imágenes de abuso sexual infantil' (pornografía infantil).
GRUPOS ESPECIALMENTE VULNERABLES
Discapacidad
1. Dotar de herramientas de protección ante posibles agresiones a los niños con discapacidad y sus familias.
2. Diseñar procedimientos y respuestas adecuadas que eviten la doble victimización a los niños y niñas con discapacidad que hayan sido víctimas de episodios de violencia.
3. Mejorar el acceso a los datos existentes sobre discapacidad para poder adoptar medidas orientadas a la lucha contra la violencia ejercida contra los niños y las niñas con discapacidad.
4. Incorporar en los sistemas de recopilación de información estadística variables que permitan determinar el número de niños y niñas con discapacidad entre 0-6 años víctimas de violencia.
Violencia de género
1. Reconocer a los menores que se encuentran en un entorno de violencia de género como víctimas de este tipo de violencia.
2. Diseñar medidas de prevención de la violencia de género entre iguales.
3. Fomentar la puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre la violencia de género entre menores en las redes sociales y en los colegios.
4. Promover la atención temprana especializada de los menores de edad víctimas de violencia de género.
5. Establecer como principio fundamental la permanencia junto a las madres víctimas de violencia de género de los menores a su cargo.
6. Visibilizar como víctimas de violencia de género a los hijos e hijas de las mujeres víctimas, así como a los menores acogidos, tutelados o en situación de guarda de hecho de la mujer víctima.
7. Acelerar el pronunciamiento de los órganos judiciales sobre las órdenes de protección o, en su caso, las medidas cautelares referentes a la situación de los menores para garantizar su seguridad e integridad.
8. Visibilizar la mutilación genital femenina como forma de violencia contra las niñas.
Lucha contra la trata
1. Establecer un protocolo de coordinación para que la identificación y registro de los datos de los menores acompañantes o víctimas de trata sean inmediatos.
2. Mejorar la identificación de los menores especialmente vulnerables en los operativos de control fronterizo.
3. Estudiar la realización de nuevas prácticas médico-forenses para la determinación de la edad real de los menores inmigrantes no identificados.
4. Elaborar un catálogo común de indicios de trata de personas adaptado a las especiales circunstancias de los menores de edad.
5. Promover la creación de una base de datos europea de menores potenciales víctimas de trata.
6. Intensificar la conciencia social en la importancia de prevención de trata y explotación sexual de menores, incrementando las campañas de sensibilización.
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA
1. Promover, desde los ámbitos competentes, actuaciones dirigidas a prevenir y abordar las situaciones de violencia contra sí mismos ejercidas por los menores.
2. Poner en marcha acciones para combatir situaciones de violencia contra los niños y las niñas basadas en tradiciones y costumbres sociales.
3. Abordar el problema de las bandas juveniles como foco de propagación de las conductas violentas.
4. Visibilizar y tratar la violencia por negligencia.
5. Evitar las sustracciones parentales.
6. Tener en cuenta la violencia ejercida sobre los menores en las situaciones de separación y divorcio, en divorcios difíciles o divorcios contenciosos que pueden constituir un contexto de riesgo para su salud mental y emocional.
7. Articular medidas para tratar la violencia filio-parental.
En definitiva, el objetivo de esta Subcomisión es extraer y aprobar propuestas que orienten las políticas públicas para luchar por la erradicación de todos los tipos de violencia contra la infancia.
Estas políticas públicas de defensa de la infancia afectan a todos y preocupan a todos, no solo a este Parlamento y al Gobierno de la Nación sino también a todas las comunidades autónomas y ayuntamientos en el ámbito de sus competencias.
Paralelamente a los trabajos de esta Subcomisión, las Cortes Generales han tramitado y están tramitando un conjunto de leyes que ayudarán a lograr este objetivo. En este sentido cabe destacar los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de
modificación del sistema de Protección de la Infancia y Adolescencia. Junto a ellos contribuirán a este fin la reforma del Código Penal y la Ley del Estatuto de la víctima del delito, así como el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria y la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta el siguiente voto particular al informe de la Subcomisión de estudio para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas.
Voto particular núm. 1
Se propone la supresión de los puntos 7, 8 y 9 del epígrafe Justicia, Leyes y Estrategias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2015.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta, mediante el presente escrito, el siguiente voto particular al Informe de la Subcomisión para abordar el problema de
la violencia contra los niños y las niñas.
El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) considera que las conclusiones y propuestas recogidas en el informe de la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas no tienen en cuenta las competencias exclusivas
que ostentan las comunidades autónomas en materia de infancia y en derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, según se desprende de sus respectivos
Estatutos de Autonomía. Asimismo, pretendemos incorporar propuestas que a nuestro entender son prioritarias para abordar el problema de la violencia contra los niños y niñas, como garantizar unos recursos suficientes para la efectiva
consecución de las medidas recogidas en el informe.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) propone el siguiente
Voto particular núm. 2
Se propone adicionar una serie de propuestas al apartado 'Marco general' del informe de la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas, con el siguiente redactado:
- Las propuestas contenidas en el presente informe deben ser desarrolladas principalmente por las Comunidades Autónomas como Administraciones competentes en materia de infancia, cuando corresponda según sus respectivos Estatutos de
Autonomía.
- Es imprescindible que la Administración General del Estado refuerce las transferencias a las comunidades autónomas destinadas a políticas de infancia para la efectiva consecución de las medidas recogidas en el presente informe.
- Garantizar el cumplimiento efectivo del principio del interés superior del menor, para ello se exige transitar hacia un modelo de prestación universal por hijo a cargo de la Seguridad Social y que deberá ser gestionado por las comunidades
autónomas.
- Asegurar que el extranjero de cuyo pasaporte o documento válido equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de
su edad.
- En el supuesto de que alguna de las medidas contempladas en el presente informe requiera de una modificación o desarrollo normativo del Derecho civil, éste se efectuará sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las
Comunidades Autónomas de los Derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para presentar los votos particulares al Informe aprobado por la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas.
Voto particular núm. 3
Se incorporan dos nuevos párrafos al apartado 3, 'consideraciones generales sobre la violencia contra los niños y las niñas', a continuación del párrafo 'Concluimos que es necesario hacer frente a la violencia contra la infancia y como
premisa previa, la necesidad hacer un diagnóstico preciso que permita visibilizar esta lacra con el propósito de abordarla con eficacia.'.
Los dos nuevos párrafos tendrán el siguiente contenido:
'La pobreza y las consecuencias de la crisis inciden en un aumento de la violencia a causa de la degradación del ambiente familiar, de la desestructuración social, del estrés por falta de trabajo o por la falta de recursos.
Además, esta crisis ha puesto de manifiesto la pobreza como una forma de violencia institucional, limitadora de derechos. Existe maltrato institucional cuando las instituciones y los organismos encargados de habilitar recursos y servicios
de protección para los niños o sus familias, no disponen de esos recursos.'
Voto particular núm. 4
Se incorporan dos nuevos párrafos al apartado 4, 'conclusiones y propuestas de la Subcomisión de estudio para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas', dentro del epígrafe 'Marco general', con el siguiente contenido:
'(Nuevo) Desarrollar políticas públicas contra la pobreza infantil.
(Nuevo) Incorporar en los Presupuestos de las distintas Administraciones la dotación suficiente de recursos para atender adecuadamente las necesidades de la infancia y abordar la lucha contra cualquier forma de violencia en la infancia.'
Voto particular núm. 5
Se modifica, en el apartado 4, 'conclusiones y propuestas de la Subcomisión de estudio para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas, epígrafe 'Prevención', subepígrafe 'Detección y atención temprana', cuyo párrafo
número 2 pasa a tener el siguiente contenido:
'2. Promover los servicios sociales de proximidad, imprescindibles para la prevención, detección y atención a menores víctimas de violencia, reforzando las competencias municipales en este ámbito y dotando de recursos a los municipios.'
Voto particular núm. 6
Se incorpora un nuevo párrafo al apartado 4, 'conclusiones y propuestas de la Subcomisión de estudio para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas', dentro del epígrafe 'Ámbitos de intervención', subepígrafe 'la
educación como herramienta decisiva', con el siguiente contenido:
'(Nuevo) Revitalizar Observatorio Estatal de la Convivencia e impulsar sus funciones.'
Voto particular núm. 7
Se incorpora un nuevo párrafo al apartado 3, 'consideraciones generales sobre la violencia contra los niños y las niñas', antes del párrafo 'La violencia contra los niños y las niñas es una vulneración grave de sus derechos humanos y puede
ocasionarles daños irreparables en su desarrollo.'
El nuevo párrafo tendrá el siguiente contenido:
'Especial atención requieren todos aquellos menores que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, dado que los factores y circunstancias que los rodean pueden suponer un incremento de la violencia o un empeoramiento de las
consecuencias de sufrirla. Se entienden como situaciones de especial vulnerabilidad, las señaladas por el Consejo de Europa, entre otras: menores con discapacidad, los que están o han estado bajo la guarda de las entidades de protección,
extranjeros no acompañados, refugiados o solicitantes de asilo, pertenecientes a minorías, los que trabajan y/o viven en la calle, los que viven en la pobreza extrema y en zonas desfavorecidas o marginadas, menores en conflicto con la ley y las
niñas.'
Voto particular núm. 8
Se incorporan tres nuevos párrafos al apartado 4, 'conclusiones y propuestas de la Subcomisión de estudio para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas', dentro del epígrafe 'Grupos especialmente vulnerables', que se
incluyen en un nuevo subepígrafe, denominado 'Menores extranjeros no acompañados', con el siguiente contenido:
'(Nuevo) Incorporar la información que recoge Cruz Roja en costa a los servicios de protección de menores.
(Nuevo) Modificar el procedimiento de determinación de la edad para garantizar que se lleve a cabo con métodos seguros y científicos, respetando la sensibilidad de los niños y las niñas y de manera justa, evitando todo riesgo de violación de
la integridad física del niño.
(Nuevo) Elaborar, de acuerdo con las fuerzas políticas y las organizaciones que trabajan por la infancia, un Estatuto Protector del menor extranjero no acompañado.'
Voto particular núm. 9
Se incorpora un nuevo párrafo al apartado 3, 'consideraciones generales sobre la violencia contra los niños y las niñas', después del párrafo introducido por el voto particular número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
El nuevo párrafo tendrá el siguiente contenido:
'Es necesario intensificar los esfuerzos para identificar y combatir las nuevas formas de violencia contra la infancia: la provocada por la insuficiencia de los recursos y servicios de protección que las Administraciones Públicas deben
proporcionar; por sobreexigencia, sobreprotección, o conductas negligentes por parte de sus figuras de referencia adultas; la no aceptación de la orientación y la identidad sexual; negar o prohibir la educación afectivo-sexual; sustracciones
parentales; bandas juveniles; determinadas tradiciones o costumbres sociales, la violencia que ejercen los niños sobre sí mismos.'
Voto particular núm. 10
Se añaden tres nuevos párrafos al final del informe, con el siguiente contenido:
'No obstante, las propuestas recogidas en este informe van más allá de las modificaciones tramitadas o en tramitación por el Parlamento, que hacen referencia a dos ámbitos como son el sistema de protección y el penal. La lucha contra la
violencia ejercida contra los niños y niñas exige un abordaje integral.
Además, en lo que se refiere al sistema de protección, observamos que las medidas se articulan en torno a las figuras de riesgo y desamparo, que no atienden específicamente a los factores de riesgo particulares de las situaciones de
violencia, ni a las actuaciones de detección, prevención, protección y recuperación adecuadas a las mismas.
Por lo que respecta al ámbito penal, se centra en un enfoque punitivo respecto del agresor, la prohibición de una conducta se identifica con su tipificación en el Código Penal, pero no todas las formas de violencia se recogen en el Código
Penal o en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2015.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.