BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


X LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


5 de mayo de 2015

Núm. 658

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión de Interior


161/003662 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre investigación de la supuesta trama de compra de votos en la Ciudad de Melilla ... (Página4)


161/003670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para abordar urgentemente las deficiencias en materia de búsqueda y salvamento de personas en el mar ... href='#(Página5)'>(Página5)


Comisión de Fomento


161/003653 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de sustituir los peligrosos guardarraíles de bionda simple por los sistemas de protección para motoristas ... href='#(Página7)'>(Página7)


161/003654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la nueva configuración del enlace de la autovía A-32 Linares-Albacete, con la N-322 y la A-316 y nuevo acceso a Baeza ... href='#(Página8)'>(Página8)


161/003663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proyecto esencial en la Avenida de Compostela de O Carballiño ... (Página9)


161/003666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ejecución de una glorieta en la intersección de la antigua N-I con la BU-945 en el término municipal de Fuentespina (Burgos) ... href='#(Página10)'>(Página10)


161/003667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de mejorar la seguridad vial en la N-634 a su paso por los Ayuntamientos de Curtis y Vilasantar (A Coruña) ... href='#(Página11)'>(Página11)


161/003669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre inversiones en la línea férrea Valencia-Zaragoza, del Corredor Cantábrico-Me- diterráneo ... (Página12)


Comisión de Educación y Deporte


161/003665 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de paralizar el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las pruebas de evaluación final de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato, las denominadas reválidas ... (Página13)

Página 2

161/003671 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso del movimiento liderado por las organizaciones y mujeres deportistas en todas las esferas del espacio deportivo de España y conseguir la
igualdad de derechos en el deporte femenino profesional ... (Página15)


Comisión de Empleo y Seguridad Social


161/003664 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación de precariedad de los miles de trabajadores de las contratas y subcontratas de grandes empresas de telefonía ... href='#(Página16)'>(Página16)


Comisión de Industria, Energía y Turismo


161/003657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre inversiones de ENDESA en la central térmica de Teruel ... (Página18)


Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


161/003652 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020 ... (Página19)


161/003672 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la defensa de la almadraba ... (Página20)


Comisión de Sanidad y Servicios Sociales


161/003655 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la devolución a las Entidades Locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social ... href='#(Página21)'>(Página21)


Comisión de Cultura


161/003658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la colaboración internacional con los países del Máshreq para emprender proyectos y acciones culturales conjuntas ... href='#(Página23)'>(Página23)


161/003659 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre impulso de la actividad de la Real Academia de Gastronomía ... (Página24)


161/003660 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Francisco Álvarez de Toledo (Oropesa, 1515 - Escalona, 1582), Virrey Toledo, quinto
Virrey del Perú ... (Página25)


161/003661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad a la Sima de la Higuera en Pliego (Murcia) ... href='#(Página26)'>(Página26)


Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible


161/003668 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la seguridad vial en el currículo escolar ... (Página27)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Fomento


181/003151 Pregunta formulada por la Diputada doña Leire Iglesias Santiago (GS), sobre previsiones acerca de modificar la propuesta del «plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020» para recuperar las cuatro
subestaciones de transformación a 400 kilovoltios que permitan la circulación del AVE en la línea Madrid–Extremadura ... (Página28)

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181/003152 Pregunta formulada por la Diputada doña Leire Iglesias Santiago (GS), sobre mes del año 2015 en el que se cumplirá el anuncio, que la Ministra de Fomento lleva haciendo desde el año 2012, de que el trayecto Madrid-Badajoz en tren
se realizará en tres horas y treinta minutos ... (Página28)


181/003153 Pregunta formulada por la Diputada doña Leire Iglesias Santiago (GS), sobre opinión del Ministerio de Fomento acerca de la posibilidad de que un tren eléctrico pueda hacer la ruta Madrid-Extremadura sin electricidad ... href='#(Página28)'>(Página28)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Interior


161/003662


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre investigación de supuesta trama de compra de votos en la Ciudad de Melilla, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Desde el año 1995 los procesos electorales de la ciudad de Melilla están envueltos en escándalos de compra de votos en torno a ciudadanos de confesión musulmana residentes en los distritos electorales con mayoría de población de esta
religión.


Las noticias sobre compra de votos surgen en procesos electorales municipales y en algún comicio general, siendo los procesos europeos y referéndum inexistentes, contando estos últimos con una altísima tasa de abstención.


Las primeras alertas saltaron en el 1995, cuando el PP de Melilla usó fondos públicos en provecho de su campaña en las elecciones municipales. A este hecho se le llamó «operación ladrillo», donde se acusaba al Partido Popular con la compra
de votos a cambio de materiales de construcción para los barrios de mayoría musulmana, en los que la autoconstrucción de viviendas se realizaba de forma generalizada.


Las elecciones de 1999 y 2003 también se vieron salpicadas de rumores y acusaciones sobre compra de votos de diferentes formas, pero entraron en juego otros partidos en la supuesta trama. Al haber diferentes tramas organizadas, entra en
juego una manera nueva de compra de voto: la compra del voto por correo. Esta fórmula garantiza el éxito de la transacción, ya que si bien de la otra forma no se puede asegurar qué papeleta se introduce en la urna, de esta forma el comprador del
voto puede asegurar que la papeleta introducida en el sobre que se deposita posteriormente en correos es el apalabrado.


En el año 2007 la Guardia Civil de Melilla destapó un supuesto fraude en la captación de votos por parte del Gobierno melillense, del PP, que pagaría a vecinos de la ciudad autónoma vales de alimentos de 60 euros a cambio de que votasen por
correo a favor de la candidatura popular en las elecciones locales de aquel año. La Guardia Civil también destapó una supuesta trama de falsificación de impresos de voto por correo por parte de una imprenta por encargo del PP.


Tras las elecciones generales de 2008 comienza un proceso judicial sobre la trama de compra de voto por correo de la coalición PSOE y CpM, que es investigada por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de la ciudad. En esos meses coinciden con la
oferta de hasta 2.500 puestos de trabajo en los planes de empleo de Melilla de la Delegación de Gobierno, y la investigación judicial trata de relacionar estas ofertas con la

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trama de la compra de votos por correo. Según los autos judiciales «El desarrollo de la misión era encargarse de la movilización de los barrios periféricos, barrios musulmanes básicamente y concretamente era la de ofrecer a las familias de
estos barrios la concesión de un puesto de trabajo de los planes de empleo públicos a un miembro de cada familia. Todo ello a cambio de las solicitudes del voto por correo de todos los componentes de cada una de ellas».


En un simple repaso a los datos de la Oficina del Censo Electoral con respecto al voto por correo, se comprueba que los votantes residentes en Melilla y que eligen votar por correo en Melilla en las elecciones locales de 1999 ascendieron a
672, cifras similares a las generales de 2000 y 2004. En las locales de 2003 hubo un repunte llegando a los 1.046 votos; sin embargo, en las locales de 2007 subieron hasta los 1.662 votos, más del doble de lo habitual, si descartamos el 2003,
donde pudo haberse iniciado esta trama.


En el año 2008, elecciones generales, alcanza la exorbitante cifra de 3.082 votos por correo, casi el 10 % de los residentes en Melilla votan por este método en la propia ciudad. Los datos nacionales rondan una media de poco más de un 2%.


De las cuatro elecciones posteriores, solo las locales de 2011 se han envuelto en la sospecha de compra de votos, habiendo denuncias y declaraciones que apuntan a estos hechos. Esas sospechas coinciden con la alta participación del voto por
correo, llegando a una cifra de casi 2.000 votantes, muy superior a las de ese mismo año en las generales (742).


Tal vez, la maquinaria de las tramas de compra de votos se estén perfeccionando para eludir los controles, antes que debilitándose y desapareciendo como debiera de ocurrir.


La conexión de diferentes casos judiciales de corrupción política podría tener conexión con esto o incluso la decisión de trasladar la sede del partido de CpM justo frente a la oficina de correos.


A pesar de todo, a nivel de la calle se da por hecho que una parte de la población censada, en su mayoría de los distritos 4° y 5° de mayoría musulmana y en riesgo de exclusión social vende su voto a algún partido.


Es imprescindible tomar medidas para atajar un problema que puede extenderse y que puede ser de riesgo en un territorio con problemas geoestratégicos.


Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que efectúe un control efectivo de todo el proceso electoral del 24 de mayo de 2015, que extreme la vigilancia y que atienda con premura todas las denuncias que se produzcan en todo el
proceso, y que ordene a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la búsqueda de pruebas que pudieran ser indicios de la presencia de una maquinaria de trama de voto por correo.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2015.—Joan Baldoví Roda, Diputado.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/003670


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para abordar urgentemente las deficiencias en materia de
búsqueda y salvamento de personas en el mar, para su debate en la Comisión de Interior.


El pasado 20 de abril, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE se reunió en Luxemburgo y anunció, en un giro respecto de la política anterior, un plan de acción sobre migración de diez puntos en el que se reconoce por fin la
necesidad de abordar urgentemente las deficiencias en materia de búsqueda y salvamento reforzando las mismas. Hoy 23 de abril se está celebrando una cumbre extraordinaria urgente del Consejo Europeo en Bruselas sobre migración a la que asistirán
los jefes de gobierno de la UE.


En vísperas de esta cumbre extraordinaria Amnistía Internacional ha hecho público el informe «La vergüenza de Europa, a pique. Omisión de socorro a refugiados y migrantes en el mar», en el que

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documenta testimonios de sobrevivientes de naufragios, detalla las dificultades y limitaciones de las operaciones actuales de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central y expone formas en las que puede resolverse a través de un Plan de
Acción en el que pide a los gobiernos europeos el lanzamiento inmediato de una operación humanitaria para salvar vidas en el mar, dotada de buques adecuados, aviones y otros recursos, que patrulle donde haya vidas en peligro con el fin de evitar la
muerte de miles de personas migrantes y refugiadas.


El informe muestra que la decisión, al final de 2014, de poner fin a Mare Nostrum, —la operación humanitaria de la Marina italiana—, ha contribuido a un dramático aumento de las muertes de migrantes y refugiados en el mar. Si se confirman
las cifras de los últimos incidentes, este año habrán perdido la vida 1.700 personas, 100 veces más que durante el mismo periodo de 2014.


El mito de que Mare Nostrum tuvo un «efecto llamada» queda también desmentido por las cifras, que muestran que desde que terminó la operación, el número de refugiados y migrantes que intentan entrar en Europa por mar ha aumentado. De hecho,
en 2015 ya han tratado de llegar a Europa por esta vía más refugiados y migrantes que nunca, de los que más de 24.000 llegaron a Italia.


Tras la finalización de Mare Nostrum, los gobiernos europeos dieron instrucciones a la agencia encargada de gestionar las fronteras de la UE, Frontex, de establecer la Operación Tritón.


Tritón no es una operación de búsqueda y salvamento. A diferencia de Mare Nostrum, cuyos barcos tenían un área de operaciones que se extendía al sur de Lampedusa alrededor de 100 millas náuticas, Tritón se limita a una patrulla fronteriza a
30 millas náuticas de las costas de Italia y Malta, lejos de donde la inmensa mayoría de los barcos tiene problemas.


La propia Frontex ha admitido que sus recursos son «adecuados para su mandato, que es controlar las fronteras de la UE, no para vigilar los 2,5 millones de kilómetros cuadrados del Mediterráneo». En cambio, las operaciones de búsqueda y
salvamento se encomiendan en su mayoría a barcos guardacostas que ni están preparados adecuadamente para atender las necesidades de las personas rescatadas, ni tienen capacidad para rescatar a todas las personas que puedan tener problemas en una
travesía de esas características.


Aunque también los barcos mercantes desempeñan un importante papel en las operaciones de salvamento actuales, habiendo salvado decenas de miles de vidas este año, pese a que no están diseñados, equipados ni entrenados para realizar este tipo
de operaciones, no cabe esperar que puedan hacerse cargo de toda la magnitud de la actual crisis humanitaria. Además y tal como ha reconocido el sector del transporte marítimo, los salvamentos en gran escala a cargo de barcos mercantes conllevan
muchos más riesgos, lo que subraya la necesidad de una operación humanitaria profesional. Como ejemplo podríamos poner el trágico accidente sucedido el pasado 18 de abril en el que según distintos cálculos se ahogaron más de 800 migrantes y
refugiados durante un intento de salvamento realizado por un barco mercante. Según la guardia costera, la embarcación en la que viajaban volcó cuando los pasajeros se agolparon en un costado.


El 31 de marzo de 2015, representantes de las principales asociaciones de transporte marítimo y sindicatos de marinos mundiales y europeos calificaron la situación actual de «insostenible» y pidieron a los Estados que aumentaran los recursos
y el apoyo destinados a las operaciones de búsqueda y salvamento. En una declaración conjunta afirmaron: «[...] es inaceptable que la comunidad internacional dependa cada vez más de barcos mercantes y de marinos para llevar a cabo más salvamentos
a mayor escala.»


Opinión más relevante si cabe cuando desde los poderes públicos europeos se puede organizar una operación humanitaria en cuestión de pocos días si se recibe una orden en ese sentido dada la experiencia, preparación y procedimientos
existentes en manos de los profesionales de las fuerzas armadas de los distintos países europeos afectados por este tipo de movimientos migratorios.


El quedarse por debajo de lo que proporcionaba la operación Mare Nostrum, como centrarse solo en patrullar las fronteras europeas, ampliando, por ejemplo, la Operación Tritón e ignorar la necesidad urgente de salvar a quienes se están
ahogando es un insulto a las miles de personas que han fallecido y una cruel afrenta a quienes no tienen más opción que emprender este peligroso viaje.


Es indudable que el ámbito completo del área de operaciones, los recursos y activos que se asignen a las operaciones de búsqueda y salvamento, y el calendario de implementación serán cruciales para determinar si la Unión Europea apuesta o no
por salvar más vidas en el mar. Unas medidas insuficientes e inadecuadas solo constituirán una respuesta vergonzosa a la crisis del Mediterráneo y no servirán para

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poner fin a la espiral de muertes que se está produciendo. Los dirigentes europeos tienen hoy la oportunidad y la responsabilidad de enmendar sus colosales errores.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas, para:


— Apoyar operaciones humanitarias que establezcan de forma inmediata medidas efectivas que aborden la corrección de las deficiencias existentes en materia de búsqueda y salvamento en el mar, con el fin de intentar salvar el mayor número de
vidas posible ante accidentes que se puedan originar en este entorno. Esta operación deberá contar con recursos suficientes y un mandato operativo claro de salvamento.


— Autorizar el despliegue inmediato de recursos navales y aéreos suficientes a lo largo de las principales rutas de migración para rescatar a personas. Mientras este despliegue se pone en marcha se deberá proporcionar urgentemente a Italia
y Malta, el apoyo económico y logístico que les permita redoblar su capacidad de búsqueda y salvamento.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2015.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.—José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Comisión de Fomento


161/003653


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de sustituir los peligrosos guardarraíles de bionda simple por los sistemas de protección para motoristas, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


En anteriores legislaturas, el BNG se dirigió al Ministerio de Fomento por el problema de los denominados «guardarraíles asesinos», los guardarraíles de bionda, tan denostados por los motoristas debido a su alta peligrosidad.


Precisamente el domingo 19 de abril, las asociaciones de motoristas de Galicia convocaron una marcha en la que participaron 3.000 moteros gallegos que recorrieron las carreteras de titularidad estatal de las cuatro provincias de Galicia para
demandar la sustitución de este tipo de guardarraíles bautizados como «asesinos» por otros sistemas de protección y para reivindicar asimismo la mejora del firme.


Estos peligrosos sistemas son la causa de muchas muertes y amputaciones cada año. Su existencia duplica el riesgo de lesiones graves al impactar contra ellos. Cabe recordar que ya en el año 1995 fueron declarados como peligrosos.


Las muertes de motoristas se incrementaron de manera preocupante al terminar el descanso de la festividad de Semana Santa pasada. Se contabilizaron 11 motoristas fallecidos desde el 3 de marzo y hasta el 4 de abril en las carreteras del
Estado. Uno de ellos perdió la vida en la parroquia de San Mamede de Guillarei, en Tui (Pontevedra) en la noche del 4 de abril.


Las asociaciones de moteros y de ciclistas solicitan que los guardarraíles se sustituyan por los sistemas de protección para motoristas (SPM).


Además, los motoristas también piden la rehabilitación del firme de las carreteras, muchas de ellas con grietas, baches y roturas en el pavimento o con la pintura desdibujada. Deficiencias que constituyen un elevado riesgo para conductores
pero es todavía mayor para los motoristas.


Otro elemento de gran peligro son las señales verticales al borde de la carretera. Un impacto contra estas señales es objeto de graves heridas, amputaciones o incluso la muerte.

Página 8

En noviembre de 2008, el Ministerio de Fomento señalaba en una respuesta al BNG que se había emprendido un Programa de Licitación para la colocación de lineales de barreras de contención para protección de motocicletas, e indicaba la
cantidad de metros instalados en la A-8 y en el AP-9. Sin embargo, permanecían en previsión otras muchas carreteras de titularidad estatal como la N-550, la N-525, N-540, la N-541, la N-120 o la N-VI, entre otras muchas. Desconocemos si esta
asignatura pendiente figura en el programa de actuaciones de Fomento a desarrollar cada año a fin de lograr que todos los kilómetros de carreteras cuenten con sistemas de protección más seguros.


Dadas las protestas de los motoristas, mucho nos tememos que nada o poco se haya avanzado en esta necesidad.


Consideramos que esta vieja demanda debería ser objeto de interés y de prioridad por parte de Fomento a fin de evitar que este tipo de guardarraíles se cobren más vidas o provoquen graves lesiones.


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:


— Aprobar un Plan, dotado de suficiente partida económica, de sustitución de los peligrosos guardarraíles de bionda simple por sistemas de protección para motoristas en las carreteras estatales en Galicia y en el resto del Estado, a fin de
evitar que provoquen más muertes, amputaciones o graves lesiones en motoristas y ciclistas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2015.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/003654


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre nueva configuración del enlace de la autovía A-32 Linares-Albacete, con la N-322 y la A-316 y nuevo acceso a Baeza, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


Resulta indiscutible que unas adecuadas vías de comunicación contribuyen al desarrollo socioeconómico de cualquier territorio.


Los diferentes instrumentos de planificación, a lo largo de los últimos años, han ido definiendo las prioridades y estableciendo la secuencia de las actuaciones que habrían de conducir a un territorio mejor articulado y unas ciudades mejor
comunicadas.


Si para todos los municipios es determinante en sus perspectivas de desarrollo la calidad de sus comunicaciones por carretera, para aquellos cuya renta y empleo depende de manera importante del sector turístico lo es en mayor medida. Tal es
el caso de las ciudades de Úbeda y Baeza, un privilegiado enclave del Renacimiento catalogadas como Patrimonio de la humanidad, y del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.


Es por ello que la autovía A-32 Linares-Albacete, que trascurre por los enclaves antes mencionados, es de suma importancia para estos municipios ya no solo para su desarrollo económico, también para posibilitar una mejor comunicación de
aquellos pueblos que tradicionalmente han tenido una peor comunicación al estar enclavados en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.


Por otra parte hemos de mencionar que la Dirección General de Carreteras, con fecha 16 de octubre de 2009, aprobó provisionalmente el Proyecto de Trazado de «Nueva Configuración del enlace de la Autovía A-32 Linares Albacete, con la N-322 y
la A-316 y nuevo acceso a Baeza, provincia de Jaén». El proyecto, con un presupuesto de licitación estimado de 2.005.568,10 euros consiste en la construcción de un semienlace de conexión con la carretera provincial JA-4109 que permite la
comunicación de la localidad de Baeza con la A-32 hacia Linares.

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Con fecha 2 de noviembre de 2011 se aprueba definitivamente el expediente de información pública y el Proyecto de Trazado; pero la realidad es que la tramitación administrativa no se ha traducido en la ejecución de la obra.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. La inmediata ejecución del Proyecto «Nueva configuración del enlace de la autovía A-32 Linares-Albacete, con la N-322 y la A-316 y nuevo acceso a Baeza.


2. Impulsar las obras del tramo entre Úbeda y Torreperogil, para que se finalice en el año 2015.


3. Impulsar las obras del tramo Linares-Ibros para que finalice en el año 2015.


4. Reanudar las obras de los tramos Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo.


5. Licitar las obras de los tramos restantes que trascurren por la provincia de Jaén hasta el límite con la provincia de Albacete en el año 2015.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2015.—Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputado.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003663


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
proyecto esencial en la Avenida de Compostela de O Carballiño, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


El anterior Gobierno dejó previsto y comprometido un proyecto esencial para la localidad de O Carballiño, en Ourense.


Se trataba de la construcción de un túnel artificial sobre la línea férrea Zamora-O Carballiño, y que se acabaría convirtiendo en una continuación del existente en el barrio de Rapariz. El proyecto consistía en incrementar espacio sobre el
túnel en 25 metros de largo y 35 metros de ancho.


La reivindicación del proyecto viene de años atrás, en concreto de 2008, y lo que pretende es la ampliación de la zona verde a ambos lados de la Avenida de Compostela, hasta aproximadamente unos 6.000 metros cuadrados, creando además de
zonas deportivas y recreativas, con un parque y jardines al tiempo que supondría más espacio para aparcamiento en una zona ya saturada.


Por otro lado, la ejecución de esta ampliación contribuiría a mejorar la circulación vial en la calle Testeiro.


La actuación se haría en una zona muy próxima a la estación de ferrocarril y con ello se podría estudiar la ampliación de dicha estación así como llevar a cabo trabajos en el muro perimetral de la vía del tren y de solución de los problemas
de filtraciones y desprendimientos del muro de Adif.


Durante los últimos ejercicios y debates presupuestarios celebrados en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista presentó las correspondientes enmiendas para que esta actuación fuera una realidad. El voto del PP fue siempre
desfavorable.


Por otro lado, en las respuestas recibidas a preguntas formuladas por la Diputada que firma esta iniciativa, el Gobierno, con fecha de 19 de marzo de 2013 afirmó «La Avenida de Compostela en O Carballiño (Ourense) no forma parte de la Red de
Carreteras del Estado. Se trata, por tanto, de un tramo de carretera del que no es titular el Ministerio de Fomento». Esa es la respuesta que ofreció cuando lo que estábamos preguntando era realmente si esa actuación la iba a mantener. Por todo
lo expuesto, y dado que el Gobierno de España no ofrece ningún tipo de dato respecto a la actuación referida en iniciativa, presentamos la siguiente

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Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a llevar a cabo el proyecto descrito en la Avenida de Compostela de O Carballiño, construyendo un túnel artificial sobre la línea férrea Zamora-O Carballiño, urbanizando la zona e
integrándola en el entorno, tal y como consta en el proyecto inicial.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2015.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003666


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre ejecución de una glorieta en la intersección de la antigua N-I con la BU-945 en el término municipal de Fuentespina (Burgos), para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


El acceso por carretera para entrar en Fuentespina es la carretera BU-945, a la que se accede por la antigua N-I. Los vehículos que circulan en dirección a Madrid que se quieren incorporar a la BU-945, tienen que detenerse para realizar
esta incorporación, incrementando el riesgo de accidente por alcance u obligando a otros vehículos a realizar una maniobra, para salvar el obstáculo de los vehículos detenidos, que les obliga a ocupar el arcén derecho de la calzada, arcén que es
habitual que esté transitado por viandantes. En muchas ocasiones la realización de esta maniobra de incorporación provoca auténticas retenciones de vehículos detenidos en la calzada a la espera de poder realizar el giro de incorporación a la
BU-945.


Muchos vehículos que circulan en dirección a Irún con intención de incorporarse a la BU-945, ante la situación en que se encuentra la calzada, tienen que aminorar su velocidad lo suficiente para no forzar un giro a la derecha. De no
aminorarse la velocidad, el vehículo ocupa, al realizar el giro, el carril izquierdo de la BU-945 con el consiguiente riesgo de colisión con los vehículos que se encuentran detenidos en el stop.


En la incorporación a la N-I desde la BU-945 a la salida de Fuentespina, existen también importantes riesgos para la seguridad. La escasa visibilidad del stop desde la línea que señaliza la obligación de parada de los vehículos, provoca que
los conductores deban traspasarla, introduciendo parte del vehículo en la N-I para poder mejorar la visibilidad, incrementándose con ello el riesgo de colisión con los vehículos en circulación.


Por otro lado, debe de tenerse en cuenta que el tramo donde se produce la citada intersección tiene una importante afluencia de tráfico proveniente de la vecina Aranda de Duero (30.000 habitantes) y de los polígonos de Allendeduero y
Milagros.


Esta intersección no es utilizada únicamente por los vecinos de Fuentespina con una población residente de 800 habitantes, sino que también da servicio a otros núcleos de población de la zona, como Fuentelcésped o Santa Cruz de la Salceda,
además de ser la vía de acceso a lugares de interés natural como el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega, el pantano de Linares o el Cañón del Riaza.


El proyecto constructivo de dicha actuación ya está redactado por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Demarcación de Castilla y León Oriental.


Técnicos de dicha Demarcación han podido comprobar y constatar recientemente la efectividad de la instalación de la glorieta en dicha zona, como elemento singular ordenador del tráfico, garantizando una mayor seguridad a los vehículos que
circulan pero también a las personas que cruzan en esa zona para acceder a las zonas verdes y al entorno de la Ermita del Padre Eterno.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

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Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a licitar y ejecutar, en el plazo más breve posible, la construcción de una glorieta en la intersección de la antigua N-I con la BU-945 en el término municipal de Fuentespina (Burgos),
complementando las actuaciones que se están llevando a cabo en la A-1, N-I y A-11 en el entorno de dicho término municipal.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2015.—María del Mar Arnaiz García, Diputada.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003667


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de mejorar la seguridad vial en la N-634 a su paso por los Ayuntamientos de Curtis y Vilasantar (A Coruña), para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


En la anterior legislatura, el BNG se dirigió al Ministerio de Fomento para demandar mejoras en la N-634 a su paso por los Ayuntamientos de Vilasantar, Mesía y Curtis por los problemas de inseguridad vial existentes.


En abril de 2010, el Gobierno indicaba en una respuesta parlamentaria al BNG que «el proyecto de mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso por dichos municipios estaba en fase de redacción».


Sin embargo, la N-634 sigue adoleciendo de una serie de graves deficiencias y problemas de seguridad vial. No hay que olvidar que hablamos de una carretera por la que circula un gran número de vehículos de todo tipo, sobre todo vehículos
pesados, que van o vienen hacia la Autovía del Noroeste, la A-6 Galiza-Madrid, y también hacia la A-8, Galiza-Asturias.


En concreto, en el municipio de Curtis existen una serie de cruces mal acondicionados, con falta de señalización y que revisten un gran peligro para la circulación de vehículos y personas. De hecho, todos ellos han registrado múltiples
accidentes con el resultado trágico de víctimas mortales y heridos.


A fin de ilustrar estas afirmaciones, relacionamos los cruces más peligrosos de la N-634 en el término municipal de Curtis: El cruce de Santaia-Vilarullo, donde se pueden ver carteles instalados por los propios vecinos que dicen: «No
queremos morir», leyenda indicativa de los accidentes ocurridos en la zona y más que ilustrativa del pánico de sus habitantes a circular, tanto en vehículo como a pie.


El cruce de la Illana o el que se dirige a la aldea de Formigueiro, situado en pleno cambio de rasante, donde ya se han producido también varios accidentes en los, últimos años. O el cruce situado en el lugar de Teixeiro, donde la N-634
atraviesa el núcleo del mismo nombre y donde, a pesar de estar limitada la velocidad 50 km, los atropellos y las víctimas, incluso mortales, son numerosas en los últimos años.


En el límite de la provincia de A Coruña con la de Lugo, todavía en el Ayuntamiento de Curtis pero muy cercano al lucense de Guitiriz, están ubicados los cruces de Estraviz y del Vilar, ambos también en cambios de rasante.


Por otro lado, las vías de servicio que existen a lo largo de toda esta carretera, tanto en Curtis como en Vilasantar, están inacabadas, lo que constituye un serio problema en zonas eminentemente agrícolas como estas. Principalmente en el
Ayuntamiento de Curtis, la mayor parte de las vías de servicio en la N-634 sólo pueden ser utilizadas para acceder a las fincas de cultivo pero su trazado inacabado impide que, desde ellas, tanto los vehículos dedicados a la actividad agraria como
el resto, puedan incorporarse a la propia N-634.


El remate de estas vías es una vieja demanda de los vecinos y vecinas de la zona, que nunca han visto atendida su petición a pesar del peligro que reviste para ellos y para los propios conductores de la N-634 que circulan a una velocidad
alta, ya que el límite, en su mayor parte, es de 100 km.


Tampoco se han ejecutado, ni en los cruces ni en ningún otro punto de la N-634 pasos subterráneos que pudiesen mejorar la seguridad, a pesar de la alta siniestralidad y la insistente demanda vecinal.

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Especialmente necesarios son los pasos subterráneos de Teixeiro y Santaia-Vilarullo para poder eludir la N-634.


Como último aspecto, no podemos olvidar las deficiencias de la glorieta de Teixeiro, uno de los principales núcleos del Ayuntamiento de Curtis, que precisa de mejoras urgentes ya que, por ejemplo, su firme nunca ha sido reparado en
condiciones y se deteriora con facilidad.


A fin de solventar todos estos problemas que repercuten muy negativamente en la seguridad vial, consideramos necesario que el Ministerio de Fomento adopte las medidas pertinentes.


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:


1. Realizar las actuaciones pertinentes para mejorar la seguridad vial en la N-634 a su paso por el Ayuntamiento de Curtis y Vilasantar (A Coruña) para solucionar las graves deficiencias y problemas existentes que son la causa de multitud
de accidentes, adoptando las siguientes medidas:


a) Mejorar la señalización y el estado de los siguientes cruces en el término municipal de Curtis: el cruce de Santaia-Vilarullo, el cruce de Illana o el que se dirige a la aldea de Formigueiro, el cruce situado en el lugar de Teixeiro, y
los cruces de Estraviz y de Vilar, situados estos últimos en el límite de la provincia coruñesa con la de Lugo, cerca del municipio de Guitiriz.


b) Proceder al remate de las vías de servicio existentes a lo largo de la N-634, tanto en Curtis como en Vilasantar, que están inacabadas y constituyen un riesgo, sobre todo para las personas que manejan a diario maquinaria y vehículos
agrícolas y que circulan por ellos para acceder a las fincas de cultivo pero no pueden hacerlo para incorporarse a la N-634.


c) Construir pasos subterráneos a lo largo de la N-634, especialmente en Teixeiro y en el cruce de Santaia-Vilarullo, que eviten la siniestralidad y mejoren la seguridad.


d) Mejorar las deficiencias existentes en la glorieta de Teixeiro, reparando el firme en condiciones para evitar su fácil y continuo deterioro.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2015.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/003669


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
inversiones en la línea férrea Valencia-Zaragoza, del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


El Corredor Cantábrico-Mediterráneo constituye uno de los ejes transversales incluidos en el PEIT que pretendía conectar mediante una línea ferroviaria de altas prestaciones y tráfico mixto el Corredor Mediterráneo con el Corredor Cantábrico
a través de Teruel, el eje del Ebro, La Rioja, Navarra, el País Vasco y Cantabria.


Este Corredor iba a constituir, dentro de la red ferroviaria de altas prestaciones, el primer eje transversal que permitirá unir Valencia y Bilbao en menos de 4 horas, reduciendo en más de 5 las que se emplean en el trayecto actualmente.


En la anterior legislatura se realizaron obras en los tramos Zaragoza-Teruel y se avanzó en la tramitación del tramo Zaragoza-Castejón-Logroño-Miranda de Ebro así como en el tramo Castejón-Pamplona.


El abandono de este Corredor por parte del Gobierno del PP es evidente. En tres ejercicios presupuestarios no han avanzado nada en los tramos entre Sagunto y Teruel, en la electrificación del tramo entre Teruel y Zaragoza o en el tramo
Zaragoza-Miranda de Ebro. Es más, tal es la desidia del Gobierno con estos tramos que se pretende firmar un Convenio con el Gobierno de Aragón por importe de

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4,5 millones de euros para invertir en el tramo Sagunto-Teruel, una actuación a todas luces insuficiente y que deja la línea en una situación de completo abandono. Si a esto le añadimos la pérdida de frecuencias entre Valencia y Zaragoza o
la implantación de los trenes más obsoletos del mercado, tenemos la descripción exacta de la voluntad del Gobierno con este Corredor.


A la vez contemplamos cómo las quejas de los sectores económicos y empresariales de Castellón y Valencia son notables, toda vez que las mercancías que pudieran pasar por esta línea tienen que continuar hasta Tarragona para derivarlas a la
Plataforma Logística de Zaragoza o desde allí, llegar a los puertos del Cantábrico. Más caro el transporte, más tiempo para las cargas y por tanto menor competitividad para las empresas.


Es paradójico que el Gobierno siga insistiendo con la Travesía Central del Pirineo, una infraestructura esencial para Aragón a la que ayudaría, sin duda, un eje transversal potente como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.


Todavía más incomprensible parece que, habiéndose incluido el eje BilbaoPamplona-Zaragoza-Sagunto entre los Corredores financiados por la Unión Europea en la red básica con unos porcentajes del 50% para Estudios y hasta el 40% para obras, el
Gobierno no muestre ningún interés por este eje ferroviario.


Quienes impulsamos y seguimos defendiendo la importancia de este Corredor tenemos más argumentos, si cabe, para su defensa. El impulso de las Autopistas del Mar en las que se han incluido los puertos de Bilbao y Valencia es un elemento de
especial transcendencia para que el transporte de «containers» entre los dos mares se viese incrementado de contar con unas infraestructuras ferroviarias a la altura del siglo XXI.


Hace pocos días los empresarios valencianos hicieron público un Estudio realizado por la Universidad de Valencia en las que señalan las deficiencias de esta línea y las alternativas para un uso adecuado para el transporte de mercancías,
fijando en 360 millones de euros la inversión necesaria para un uso asumible por las empresas necesitadas de mover sus productos a través del ferrocarril, en el tramo entre Valencia y Zaragoza.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de forma inmediata y durante el año 2015, inicie las obras necesarias para adecuar la línea ferroviaria entre Zaragoza y Valencia con el fin de que se pueda disponer de un transporte
ferroviario, eficaz y competitivo para el transporte de mercancías.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2015.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Educación y Deporte


161/003665


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de paralizar el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las pruebas de evaluación final de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, las denominadas reválidas, para su debate en la Comisión de
Educación y Deporte.


Exposición de motivos


El malestar y la rotunda oposición que causó la LOMCE no se terminó el día que el PP impuso su mayoría absoluta en el Congreso para proceder a su aprobación. A partir de ahí se evidenciaron los problemas y el conflicto constante que el
desarrollo de esta norma, fuertemente contestada por la comunidad educativa, provoca.

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El martes 21 de abril se reunía la Conferencia Sectorial para tratar el tema de las reválidas de ESO y bachillerato. Una reunión donde CC.AA. como Catalunya, Euskadi, Asturias, Canarias y Andalucía se ausentaron de dicho encuentro debido
al contenido del decreto que regula las denominadas reválidas de ESO y bachillerato, necesarias para obtener el título que certifique los estudios.


En la Conferencia Sectorial se realizaron dos críticas fundamentales: la necesidad de replantear la política de becas para ampliar el universo de beneficiarios, y una severa crítica a los test que contienen cientos de preguntas que redundan
en un objetivo centralizador y excluyente.


Desde el BNG consideramos que dicho Real Decreto debería paralizarse debido a diversas cuestiones. Las reválidas son elementos verdaderamente nocivos y retrógrados. La LOMCE establece que para obtener la titulación en la ESO y en el
Bachillerato, resulta imprescindible superar dichas pruebas. Es una rémora, un obstáculo para la continuación de los estudios y que responde a una concepción clasista y elitista de la educación, que tendrá como consecuencia la exclusión y la
marginación de los estudiantes más desfavorecidos.


Son pruebas que avanzan en el camino de la desigualdad por el que este Gobierno apostó desde el inicio. Son pruebas que traerán una nueva discriminación social porque solo pretenden medir resultados, sin tener en cuenta el contexto y las
circunstancias económicas, culturales y familiares, ni tampoco las carencias y necesidades. Las dificultades serán mayores para el alumnado que necesite apoyo o refuerzo en diferentes materias y no pueda solventarlo mediante el pago de clases
particulares.


Las reválidas también suponen un claro menosprecio de la profesionalidad del profesorado porque se cuestiona su trabajo en la medida en que el resultado de la evaluación continua deja de tener valor ante los exámenes de reválida. De nada
servirá la evaluación continua y la opinión del equipo docente, el directo conocedor de la situación del alumno o alumna.


Además, se echará por tierra todo el trabajo pedagógico, didáctico y de desarrollo curricular, puesto que todo se centrará en la preparación del alumnado para superar la reválida. Una imposición que ignora por completo que en el proceso
educativo interfieren diversos factores.


Otro aspecto importante que no debemos obviar es que el Real Decreto invade de manera flagrante las competencias de las CC.AA., ya que se centraliza la elaboración y el contenido de la prueba, sin que ni siquiera se facilite la posibilidad
de evaluar los contenidos que les corresponde fijar a las diferentes Administraciones educativas. Es claramente una norma centralista y uniformizadora que supone que el estudio de la cultura, de la historia, de la geografía y de la economía de
Galicia deja de formar parte del currículum, o que pase a ser algo meramente secundario en el mejor de los casos.


Es más, incluso las pruebas se disertan y se traducen en Madrid sin contar para nada con la Administración competente ni con el profesorado gallego.


Es evidente que para el BNG este Real Decreto es totalmente inasumible. Las cosas no se pueden hacer peor desde el Ministerio de Educación, que insiste y persiste en un modus operandi carente de diálogo, inquisitorial e impositivo. Es el
camino escogido por el Ministerio pero es el camino que más le aleja de la comunidad educativa. Un camino en solitario que conduce directamente al abismo del fracaso como es evidente. No se puede gobernar siempre a la contra y a golpe de Real
Decreto, es algo que pasa factura tarde o temprano.


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Educación a:


— Paralizar el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las pruebas de evaluación final de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, las denominadas reválidas, por su carácter centralista y de invasión de
competencias autonómicas, y por atentar contra el principio de igualdad en el acceso a la educación e introducir elementos de discriminación social.


— Abrir un proceso de diálogo franco y abierto con toda la comunidad educativa, con las CC.AA. y todos los agentes implicados sobre el tema de las reválidas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2015.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para
impulsar el movimiento liderado por las organizaciones y mujeres deportistas en todas las esferas del espacio deportivo de España y conseguir la igualdad de derechos en el deporte femenino profesional, para su debate en la Comisión de Educación y
Deporte.


Exposición de motivos


La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, señala: «la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos,
entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983». Aún más, la igualdad es,
asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea, reconocido en el Tratado de Amsterdam, —el 1 de mayo de 1997— «La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse
en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros».


Somos conscientes del hecho de que son muchas las mujeres que practican deporte, como actividad profesional, pero permanecen invisibles para sus estructuras deportivas, asociativas y para la propia Administración Pública.


Aún más, las ligas en las que participan no están consideradas como profesionales, según la Ley del Deporte, o son consideradas como asimiladas a las profesionales masculinas, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005.


Consensuado está por la doctrina y la jurisprudencia que ni la calificación federativa, ni la cualificación que las partes hacen de su relación laboral, constituyen criterios decisivos para fundamentar una decisión sobre la condición de un
deportista como profesional o aficionado. Esto es lo que afirma de manera explícita el artículo 1.2 Real Decreto 1006/1985 cuando señala que son deportistas profesionales los que se dedican a la práctica del deporte «por cuenta y dentro del ámbito
de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución». Hoy por hoy, con una Ley del Deporte de 1990 y un Real Decreto que regula la relación de los deportistas profesionales, de 1985, toca promover un cambio, capaz
de reconocer la entidad que representan en el deporte de nuestro país las mujeres que se dedican a él como profesionales.


En este contexto, el pasado 5 de marzo de 2015, se celebró en la sede del Comité Olímpico Español unas Jornadas de Deporte femenino, en las que participaron junto a la Defensora del Pueblo y al Presidente del COE, relevantes profesionales y
expertos del deporte y específicamente del deporte femenino, junto a deportistas de numerosas modalidades (fútbol, baloncesto, golf, tiro con arco, salvamento y socorrismo, judo, lucha, halterofilia, etc.). Al término de las jornadas se aprobó un
decálogo de conclusiones que nacen de la legitimidad y profesionalidad de los participantes y de las instituciones que le daban respaldo. El Grupo Parlamentario Socialista hace suyas estas conclusiones y quiere darle respaldo con acuerdos
parlamentarios.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados, consciente de la existencia de un marco jurídico del deporte que se ha quedado obsoleto, y cuya permanencia está propiciando una discriminación de derecho de la mujer deportista por la ausencia de convenios
colectivos, la ausencia de regulación desde el ámbito del derecho deportivo y las cláusulas de suspensión en temas tan específicos, como el embarazo, la inexistencia de ligas profesionales, la cotización a la seguridad social, o la falta de
regulación contractual que produce la precariedad laboral más absoluta, insta al Gobierno a:


1. Diseñar y presentar, en colaboración con las asociaciones de deportistas, un marco regulatorio que contemple la figura del deportista profesional hombre y mujer donde, entre otras cosas:

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— Se defina que un deportista profesional es aquel que entrena habitualmente siete u ocho horas diarias y dedica entre doce a quince años de su vida al deporte, no teniendo ningún tipo de remuneración como ejerciente de una actividad que
ocupa toda una jornada laboral.


— Se establezca la importancia de organizaciones como el Comité Olímpico Español, como el verdadero motor del deporte y del deportista en nuestro país, y básico como institución para el desarrollo del modelo de deporte.


— Se conceptúe y valore, administrativamente, el tiempo que los deportistas dedican a su deporte y los éxitos deportivos obtenidos, calificando esa experiencia con un reconocimiento oficial que implique una certificación de cara a su
incorporación al mundo laboral.


— Se solucione la precariedad en la que están inmersa muchos deportistas en relación a su nula cobertura de cotización a la seguridad social de cara a su incorporación al ámbito laboral.


2. Asimismo, presentará un marco normativo específico que contemple la existencia de un capítulo dedicado al deporte femenino profesional que defina, entre otras cosas, el tipo de competición, la regulación laboral y la conciliación con la
vida familiar.


3. Propiciar acuerdos específicos con las Federaciones para impulsar la formación de técnicas, entrenadoras, arbitras y gestoras deportivas, con el objetivo de crear una masa activa en el ámbito del deporte de nuestro país.


4. Establecer un plan de idoneidad de medidas que den respuesta a las demandas de las deportistas, que cuente con un marco de financiación para el deporte femenino, destinado a las organizaciones representativas de las asociaciones de
deportistas y de mujeres deportistas, con programas específicos y evitando la tutela intervencionista del Gobierno Central, ya que en España existe una representación legítima y representativa de las deportistas.


5. Cumplir las iniciativas parlamentarias aprobadas en las Cortes, y asumidas por el Estado, de apoyo a los eventos femeninos en las televisiones públicas del país, tal y como exige el mandato de las Cortes Generales.


6. Diseñar, en colaboración con las asociaciones que las representan, la carrera de la mujer deportista, que cuente con programas específicos que consoliden, por un lado, su carrera como deportista y, por otro, la incorporación al mundo
laboral de las mismas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2015.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Empleo y Seguridad Social


161/003664


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la situación de precariedad de los miles de trabajadores de las contratas y subcontratas de grandes empresas de telefonía, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.


Exposición de motivos


Las tecnologías de la información y de la comunicación son uno de los factores más influyentes en el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Su irrupción supuso una modificación substancial en la concepción del mundo y del modo de
vida. La difusión de los conocimientos de modo universal o conocer los hechos al instante es parte de los aspectos positivos de la era de las nuevas tecnologías.


Unos beneficios sociales a los que debieran acceder todas las personas si se primase el interés general y público sobre los beneficios económicos. Se extenderían los efectos de la evolución tecnológica al conjunto de la sociedad,
representando un salto cualitativo en el camino hacia la igualdad.

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Los efectos benefactores de las nuevas tecnologías son posibles gracias a la expansión de las infraestructuras de las telecomunicaciones y gracias a los avances técnicos, pero sobre todo, gracias al trabajo realizado por miles de personas
que contribuyen a que funcione la cadena: desde la investigación, hasta el desarrollo e innovación y la instalación de las tecnologías.


A pesar de todo ello, el desarrollo del trabajo en el sector de las telecomunicaciones es un gran desconocido y se presta de manera desigual, y en distintas circunstancias dando lugar a un amplio espectro de desigualdades, muchas de ellas
presentes en el enorme retroceso de las condiciones laborales y en la precariedad laboral por jornadas sin límite horario, por requerir disponibilidad permanente, bajas retribuciones económicas, incumplimientos de los convenios colectivos,
descuentos arbitrarios como pago del combustible o los EPI’s pagados por el propio trabajador o trabajadora, la no dotación de medidas de protección para la seguridad y la salud laboral, entre otros muchos retrocesos.


La especulación en esta actividad se instaló desde el primer momento, pero ha ido avanzando progresivamente hasta el momento actual. La prioridad del beneficio económico inmediato sobre la prestación del servicio, es el motor del desarrollo
del sistema de subcontratación como la modalidad más extendida, sistema del que se ha hecho un abuso y un uso sistemático permanente que influye en las condiciones de trabajo, y también en la calidad del servicio que se presta.


Dicho grado de deterioro ha provocado situaciones insostenibles tanto en los trabajadores de las operadoras de primer nivel, como en el personal que trabaja en las subcontratas de dichas compañías. Frente a los importantes beneficios de las
grandes compañías, se contrapone una explotación laboral miserable. Una situación a la que no pueden ser ajenas las Administraciones públicas.


Las pésimas condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas de empresas de nuevas tecnologías, como es el caso de Telefónica Movistar, demandan a voces que se pare esta desesperante situación que les ha llevado a
secundar una huelga general de carácter indefinido como acto de protesta y para llamar la atención sobre la salvaje precarización de la que son objeto.


Entre sus demandas se hayan el cumplimiento de los convenios colectivos, la limitación de la subcontratación en cadena y el reconocimiento del derecho a la subrogación del personal.


El problema de la precarización laboral afecta a miles de trabajadores de diversos sectores, pero en este caso queremos sensibilizamos especialmente con las subcontratas y contratas que trabajan para grandes compañías como Telefónica
Movistar puesto que se han visto obligados a secundar una huelga de carácter indefinido.


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:


1. En colaboración con las CC.AA, se efectúen las actuaciones precisas destinadas a garantizar que las contratas y subcontratas de telefonía:


a) Cumplan las condiciones de trabajo establecidas en los Convenios Colectivos del sector aplicadas en cada caso: retribuciones salariales.


b) Jornadas, descansos, y se erradiquen prácticas abusivas y habituales en el sector como sanciones económicas.


c) Cumplan con la normativa laboral relacionada con la prevención y la protección de la salud laboral, así como se doten de los recursos preventivos pertinentes para eliminar las potenciales situaciones de riesgo.


2. Se realice un estudio en un plazo no superior a tres meses, de las condiciones de trabajo de estos trabajadores a fin de que aflore la auténtica situación del sector, y se adopten las medidas de corrección necesarias para terminar con la
explotación de estos trabajadores.


3. Se pongan en marcha actuaciones para evitar la utilización fraudulenta de la modalidad de contratación de «falsos autónomos» como un modo de prestación laboral.


4. Se introduzcan en las bases de las subvenciones y pliegos de contrataciones para la prestación de servicios o la realización de obras, la condición de no permitir la subcontratación descendiente más allá del primer nivel.


5. Se establezcan cláusulas de subrogación del personal en aquellas obras o servicios relacionados con las telecomunicaciones y las tecnologías de la información que tengan un carácter de permanencia en el tiempo, aunque sea mediante
concursos distintos.

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6. Se adopten las medidas correctoras adecuadas que permitan rebajar la brecha digital existente en función del lugar de residencia.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2015.—M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Industria, Energía y Turismo


161/003657


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
Inversiones de ENDESA en la central térmica de Teruel, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.


Exposición de motivos


El carbón que se explotaba en la cuenca minera de Andorra entre los años 1950 y 1970 se consumía principalmente en la central térmica de Escatrón (Zaragoza). Debido al aumento de la demanda de energía eléctrica en la década de los setenta y
lo obsoletas que estaban algunas centrales como la de Aliaga y Escatrón surgió la necesidad de nuevos centros productores que abasteciesen de energía el sistema eléctrico nacional.


Después de numerosos estudios se optó por construir una central térmica en Andorra (Teruel), para consumir el lignito (hulla subituminosa) de las cuencas mineras turolenses, que es la reserva de carbón de mayor potencial y vida útil de
España. Las obras tuvieron una duración de 40 meses y el Grupo 1 se acopló a la red eléctrica en marzo de 1979, el Grupo 2 en diciembre del mismo año y el Grupo 3 en abril de 1980. Se inauguró oficialmente el día 18 de noviembre de 1981 con el
nombre de Central Térmica Teruel.


Pues bien, para cumplir la normativa ambiental referente a la composición de los gases emitidos que en cada momento fija la Administración, a lo largo de los años se han realizado obras para el parque de homogeneización de carbones, donde se
mezclan para conseguir una calidad constantes, la mejora en la toma de muestras del carbón que llega a la Central, el lavadero de carbón, que funcionó durante diez años y donde se separaba el 33% de azufre del carbón explotado por ENDESA, la planta
de desulfuración de gases de combustión, donde se produce una reacción química entre el dióxido de azufre de los gases con carbonato cálcico formando yeso hidratado etc. Simultáneamente se ha ido mezclando el carbón de la zona con hulla importada
de mayor poder calorífico y menor contenido en azufre.


La central, propiedad de ENDESA Generación S. A, y que ha sido vendida a ENEL, ha sido un elemento fundamental en el desarrollo económico de la comarca, incluso de la provincia de Teruel. Las grandes cantidades de materia prima que necesita
para su funcionamiento, 14.000 toneladas de carbón y 2.000 toneladas de caliza cada día, implican una considerable cantidad de puestos de trabajo para su producción y transporte, además de los puestos de trabajo directos y de las empresas auxiliares
relacionadas que genera. Todo ello hace que la Central Térmica Teruel, en Andorra, sea una fuente de riqueza para toda su zona de influencia.


Como quiera que el Gobierno ha incumplido todos los plazos recogidos en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018 para regular el sector y terminar con la incertidumbre de las empresas mineras y de las Centrales térmicas,
después de que finiquitara el Real Decreto 134/2010, de Resolución de restricciones por garantía de suministro, elaborado por el anterior Gobierno socialista, todo el sector viene reclamando un nuevo Decreto que no termina de sustanciarse.


En ese Decreto se deberían regular la participación de las térmicas en el mix energético nacional (7,5%), un nuevo sistema regulatorio que fije el cumplimiento de las medidas medioambientales a las que tienen que acogerse las empresas
térmicas o las inversiones que estas empresas tienen que realizar en sus instalaciones.

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De estas inversiones depende el futuro de la Central Térmica Teruel, una empresa que fue pública pero que ahora está en manos de la iniciativa privada (ENEL). Hasta ahora lo único constatable es que la empresa se ha acogido al
funcionamiento de 17.500 horas, cumplidas las cuales cerraría sus instalaciones. Es decir, no más allá de 2023 la Central Térmica Teruel terminaría su vida útil si no se hacen las inversiones que requiere la instalación. El plazo máximo para que
la Empresa tome la decisión finaliza el 30 de septiembre de 2015.


Por este motivo la incertidumbre de los trabajadores de la empresa o de las empresas auxiliares es máxima, sin que vean que por parte de las diferentes Instituciones, en especial del Gobierno de España, se haga un marco legal que posibilite
despejar el futuro del carbón y de las empresas productoras de energía, a través de las Centrales Térmicas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Publicar, previas negociaciones oportunas con los agentes implicados, el Decreto que regula el sector del carbón en España y, en especial, fijar el porcentaje en el mix energético.


2. Negociar con las empresas térmicas las ayudas a la inversión que tienen que realizar para adecuarse a la normativa medioambiental europea.


3. Reclamar a ENDESA, propietaria de la Central Térmica Teruel, que rectifique su decisión de excluir las centrales de Andorra y Compostilla (que funcionan con mineral nacional) del Plan de inversiones de 2014-2016, así como de la decisión
de acogerse a las 17.500 horas, lo que supondría de no rectificar antes del 30 de septiembre de 2015, la posibilidad de cierre de ambas centrales.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2015.—Vicente Guillén Izquierdo y María Luisa González Santín, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Exposición de motivos


Con la aprobación en el mes de noviembre, de los Reglamentos básicos que conforman el paquete legislativo de la UE, se pone en marcha el modelo de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020.


Este nuevo modelo de aplicación de la PAC en lo referente a la arquitectura del primer pilar, permite a los Estados miembros, dentro de un marco general, adoptar a nivel interno un amplio conjunto de decisiones, de forma que se conformaron a
nivel de la UE diferentes modelos nacionales de aplicación.


En España los Reales Decretos 1075,1076, 1077,1078 /2014 son el paquete legislativo que define el modelo de aplicación del primer pilar, determinado al 100% por el MAGRAMA. Los mismos establecen, entre otras, las siguientes decisiones:


— Reducir el pago básico a los ganaderos que perciban más de 150.000 E.


— Adoptar una definición de agricultor activo, en función de una excepción contemplada en la reglamentación de la UE.

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— Establecer, sobre la referencia histórica de los importes cobrados y de la superficie declarada por nuestros agricultores, el pago básico.


— No aplicar el pago redistributivo que permitiría incrementar los fondos que las primeras hectáreas de nuestras explotaciones podrían percibir.


— No se aplica el pago para las zonas con limitaciones naturales lo que podría haber permitido que estas zonas hubiesen recibido fondos complementarios.


El modelo español de aplicación de la PAC tiene grandes diferencias con los modelos adoptados por los países europeos en los que los agricultura tiene una gran importancia, tanto económicamente como socialmente (Francia, Alemania,
Dinamarca... etc.), En ellos se reasignan los fondos a los agricultores que realmente realizan actividades productivas y se aplican medidas redistributivas que favorecen las explotaciones de menor tamaño frente a las grandes explotaciones
cerealistas.


El modelo español consolida los derechos históricos, sin tener en cuenta la realidad productiva actual de los distintos sectores sociales y productivos que conforman nuestra agricultura, y no dan respuesta a muchas de las legítimas
aspiraciones que nuestros agricultores esperaban ver satisfechas con la nueva PAC. Se adoptaron además, decisiones legislativas a nivel español, no contempladas en el acervo legislativo europeo, que desde el punto de vista agrario nada aportan pero
sí complican y hacen más engorrosa la gestión de esta nueva PAC para nuestros agricultores y ganaderos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Iniciar los trabajos necesarios para modificar el modelo de aplicación del primer pilar de la PAC en España, de forma que en la prevista revisión, en los Reglamentos de la UE, del modelo en el año 2016 se dé respuesta a la realidad
productiva y social de los distintos sectores agrarios españoles.


2. Se deroguen las decisiones legislativas nacionales no contempladas en el acervo legislativo europeo, con especial referencia a las exigencias que sobre el régimen de tenencia de la tierra se establecieron.


3. Que se adopten medidas tendentes a hacer más justa y homogénea la aplicación de la PAC a nivel nacional.


4. Que se establezcan criterios para que las zonas con limitaciones naturales, reciban fondos complementarios, especialmente las zonas de montaña de la Cornisa Cantábrica y Castilla y León.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2015.—María Virtudes Monteserín Rodríguez, Antonio Ramón María Trevín Lombán y María Luisa Carcedo Roces, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.


161/003672


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en defensa
de la almadraba, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Exposición de motivos


La almadraba es un arte de pesca tradicional —sus primeras noticias se remontan al tiempo de los fenicios—, fijo —el atún rojo se captura a través de un complejo sistema cercano a la costa, lo que limita las capturas pues pocos ejemplares
llegan hasta ahí— y especialmente respetuoso con el medio ambiente —los propios almadraberos, y así se les ha reconocido, se preocupan de garantizar el ejercicio racional y sostenible de la pesca , de hacer cumplir la normativa de la UE (PPC) sobre
la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros—. No por casualidad las almadrabas tenían hasta el año 2013 la

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condición de «Observatorio científico» para realizar sus estudios sobre la evolución y abundancia del recurso, condición que les fue retirada por el Gobierno.


Asimismo, el producto que pescan es reconocido por su calidad. El atún rojo de Almadraba tiene un alto valor nutricional y es reconocido como uno de los mejores manjares del mar, demandado por los mejores restaurantes y cocineros y
especialmente por los consumidores del mercado japonés. En el mismo sentido, la Marca de Calidad Certificada «Atún Salvaje de Almadraba del Sur de España», otorgada por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, distingue el
atún procedente de las almadrabas del resto de atunes capturados y producidos mediante otras técnicas y artes de pesca.


Habiendo desaparecido las almadrabas de la costa onubense, las del litoral almeriense, malagueño, y la de Bolonia se mantienen, no sin dificultades, cuatro en la provincia de Cádiz (Conil, Barbate, Zahara y Tarifa), que tienen, en términos
de desarrollo económico y de creación de empleo estable —en torno a 500 empleos directos y otros 200 de manera indirecta—, una importancia evidente para estas poblaciones costeras, especialmente azotadas por la crisis económica y el paro.


A pesar de todo ello, la situación de las almadrabas es francamente crítica.


En virtud del Plan de Recuperación, adoptado en junio de 2007, se han reducido drásticamente el número de capturas posibles. Aunque en la última reunión del ICCAT se incrementó dicha cuota, no se han conseguido las 5.000 toneladas de
incremento que podían obtenerse con apoyo en los datos científicos sobre mejoría del stock. La cuota para 2015 se ha fijado en 19.298 para el Atlántico y el Mediterráneo, de las cuales corresponden a España en torno a 3.000.


Asimismo, la pesca desmesurada e incontrolada de atún rojo en el Mediterráneo por parte de las grandes flotas industriales está mermando aún más las posibilidades de pesca de las almadrabas.


A esta situación crítica se une ahora un reparto del Fondo de Maniobra (el 5% de la cuota asignada a España, un total de 24,77 Tm) que se ha repartido entre varias flotas y operadores, no siendo ninguno de ellos las almadrabas.


La almadraba de Tarifa tiene asignado para este año 2015 un cupo de 162,5 toneladas, la menor asignación de todas las almadrabas. El hecho de que se les prive de ampliar esa cantidad en otras 20 toneladas del Fondo de Maniobra, está
poniendo en peligro los 61 puestos de trabajo de la almadraba Lances de Tarifa que, ante las exiguas posibilidades de pesca que se le han asignado, ha optado, tras dos años de pérdidas en la empresa, por no suscribir el convenio provincial con sus
trabajadores. Todo ello pone en entredicho la pervivencia de las almadrabas y, especialmente, de la de Tarifa. Las almadrabas necesitan cuotas para poder mantener su actividad puesto que son pesquerías fijas que no cuentan con especies
alternativas.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconsiderar su decisión en relación con el reparto del Fondo de Maniobra, en atención a la excepcional situación que sufre la almadraba de Tarifa, garantizando su pervivencia y, en su
defecto, a proponer a las almadrabas soluciones alternativas que garanticen el futuro de las empresas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2015.—Francisco González Cabaña y María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Sanidad y Servicios Sociales


161/003655


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para devolver a las entidades locales las competencias en

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materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


Exposición de motivos


La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local vino a reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, poniendo en jaque la base del municipalismo y del
modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos treinta años.


La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas activas de
empleo, etc.


Ello supone un cambio profundo en la organización del sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus
facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios.


Con ello se crea una situación crítica para la continuidad del sistema público de Servicios Sociales en España que se ha ido construyendo desde los años ochenta, sobre la base del marco constitucional, y de los Estatutos de Autonomía. Un
Sistema Público de Servicios Sociales que reconoce derechos sociales de la ciudadanía ante «situaciones específicas de necesidad social», definiendo dichos derechos a través de las correspondientes prestaciones básicas.


Esta reforma limita extraordinariamente las funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social de los consistorios a la mera «evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social», desnaturalizando por completo el sistema actual. Ello supone un desprecio tanto a la trayectoria histórica del sistema de servicios sociales, como la legislación sectorial que los
concreta y desarrolla en el conjunto de las Comunidades Autónomas a lo largo de los últimos veinticinco años, pasando por encima de esta realidad consolidada en las actuales 17 Leyes de Servicios Sociales autonómicas, elaboradas con el impulso y la
aprobación parlamentaria de prácticamente todas las fuerzas políticas.


Se lleva a cabo, además, en un momento en que las cifras de pobreza en España son cada día más dramáticas. En la actualidad, una de cada cinco personas viven en nuestro país por debajo del umbral de pobreza. 2,8 millones de niños, el 33,8
por ciento de la población menor de edad está en riesgo de pobreza. La tasa de cobertura por desempleo ha bajado hasta dejar desatendidas a la mitad de las personas en paro, mientras que tener un trabajo, ya no garantiza salir de la pobreza en
España.


En un contexto como el actual, es necesario potenciar los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral. Y esta primera atención se realiza de manera habitual en los servicios
sociales municipales.


La reforma implica el cierre de muchos servicios y el despido del personal cualificado que hasta ahora trabajaba en los ayuntamientos. Según la última Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de
Corporaciones Locales publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondiente al año 2011, un 98% de la población española tiene disponibilidad de acceso a los servicios sociales de proximidad. La creación de puestos
de trabajo ha sido realmente significativa, afectando, actualmente, a más de 50.000 personas, y con este esfuerzo presupuestario y de recursos humanos se ha podido atender a casi 7 millones de personas.


También se margina a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio social de los pueblos con menos de 20.000 vecinos (incluso los servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser de carácter obligatorio en
los municipios pequeños) en aras de una pretendida mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias directamente a las diputaciones provinciales.


Todo ello, provocará un deterioro en la prestación de los servicios sociales y un aumento de la ineficiencia e ineficacia al pretender la estandarización de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, burocratizada y
asistencialista que es la única posible si se hace desde el alejamiento del entorno más cercano al ciudadano, perdiendo la proximidad que hasta ahora es una seña de identidad y garantía de calidad.


La nueva Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que

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debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones públicas en vez de situar la atención a los ciudadanos/as y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma.


A ello hay que añadir que ni siquiera es cierto que se vaya a producir un ahorro. Según un informe del Tribunal de Cuentas, los servicios prestados por manos privadas son más caros en los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que los
prestados por el sector público y se ejecutan con menos calidad.


Desde el principio, el PSOE se ha opuesto frontalmente a esta reforma porque ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios
sociales que prestan los ayuntamientos. El texto es, además, un ataque a la Carta Europea de Autonomía Local. También se han opuesto el resto de los grupos de la oposición y alcaldes de toda España, incluidos muchos del Partido Popular.


Por ello, los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia, y Mixto (BNG, CC-NC-PNC y Compromís-Q) presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley. Lo mismo hicieron algunas Comunidades
Autónomas. Igualmente, más de 3.000 ayuntamientos de toda España, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, plantearon un conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local constitucionalmente
garantizada. Tanto los recursos presentados como el conflicto planteado fueron admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional y están pendientes de tramitación y sentencia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, reafirmando en todo caso el compromiso del PSOE de derogar desde el Gobierno la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LARSAL), formula la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tramitar, de forma inmediata, una modificación legislativa que devuelva urgentemente a las Entidades Locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción
y reinserción social, y reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre
administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2015.—María Luisa Carcedo Roces, Diputada.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Cultura


161/003658


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa, a la colaboración internacional con los
países del Máshreq para emprender proyectos y acciones culturales conjuntas, para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


España conserva un legado patrimonial único del arte islámico: La mezquita de Córdoba, edificio cumbre del islam hispánico; la Alhambra de Granada; la Aljafería de Zaragoza o el castillejo de Monteagudo en Murcia, son grandes ejemplos
entre otros muchos. Las piezas de talleres andalusíes son comparables con las de Egipto, Siria, Mesopotamia o Irán; las lozas doradas nazaríes, los tejidos de seda o marfiles de la escuela califal que se conservan hoy en diferentes museos de
España son otras muestras de lo que este arte representa en nuestro país.


Fruto de este patrimonio único y del gran interés mundial que despierta fue el encuentro, en la sede de la Casa Árabe en Córdoba, de la delegación de alcaldes, gobernadores y representantes de Oficinas

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de Patrimonio Histórico de Arabia Saudí, con el objetivo de conocer la experiencia cordobesa en materia de recuperación y gestión del patrimonio arqueológico de la ciudad.


Es importante, por un lado, continuar trabajando en reforzar los instrumentos de cooperación cultural entre las diferentes administraciones públicas y otras instituciones, para promover un uso eficiente de los recursos, y por otro lado,
alcanzar convenios bilaterales de cooperación cultural.


Es importante reforzar estos lazos culturales que favorecen nuevos proyectos e inversiones que redundan en beneficio de nuestra economía española. El capital árabe apuesta por nuestro país y ve a España como un país de oportunidades. La
redefinición de las estrategias de inversión de los fondos soberanos y privados árabes convierten a estos países en potenciales socios que pueden encontrar en la experiencia, especialización y presencia internacional de España, sus empresas e
instituciones, un socio valioso para el desarrollo de proyectos de diferente índole.


Estas relaciones deberían incrementarse y trasladarse al ámbito cultural, con países como Catar que tiene como proyecto transformar su país en un centro cultural mundial. Su Museo de Arte Islámico de Doha, abierto en 2008, es un magnífico
ejemplo de ello.


Ningún país como España y su riqueza en arte islámico cuenta con los especialistas, profesionales y técnicos más cualificados en este patrimonio, para convertirse en la plataforma de entrada de otros países.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar, junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Casa Árabe, entre otras entidades públicas y privadas, la
colaboración internacional con los países del Máshreq para emprender proyectos y acciones culturales conjuntas que incluyan las siguientes actuaciones:


— Establecer un programa de colaboración cultural a cuatros años con los países interesados mediante la celebración de publicaciones conjuntas, proyectos determinados, Exposiciónes e intercambio de expertos.


— Estudiar fórmulas adecuadas para el intercambio de expertos y responsables en museos e instituciones culturales.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003659


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la actividad de la
Real Academia de Gastronomía, para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


La Real Academia de Gastronomía es una entidad de derecho público que recoge en sus estatutos como objetivo la difusión y promoción del arte culinario y actividades gastronómicas de España, la mejora de la calidad de la alimentación entre la
población a través de la educación dietética y la cultura gastronómica a todos los niveles.


Definido así el objetivo de su actividad parece conveniente animar a los poderes públicos para una colaboración efectiva con la Academia que haga posible alcanzar buenos niveles de difusión y promoción del arte culinario y de la gastronomía
de España.


Tampoco es ajeno al interés del Gobierno el impulso de la calidad de la alimentación y para ello es necesario divulgar e incrementar la educación dietética entre la población y puede ser oportuno contar con el apoyo de la Real Academia de la
Gastronomía.

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Según datos conocidos, hoy ocupamos una muy destacada posición en el sector turístico como primer destino en el año 2014 con buenas perspectivas para continuar creciendo.


Las buenas expectativas de este sector responden al potencial de nuestra rica oferta cultural, nuestras tradiciones, condiciones climatológicas y otros factores que nos convierten en país de atractivo mundial y nuestra gastronomía, rica y
plural, forma parte incuestionable de nuestra oferta turística singular.


Por todo ello, y ante la importancia que damos al impulso de distintos factores que puedan contribuir al aumento de nuestra cuota de mercado internacional como destino turístico, se formula la siguiente


Proposición no de Ley


«1. El Congreso de los Diputados considera a nuestra gastronomía como parte de nuestra tradición y como factor decisivo para poner en valor nuestros productos naturales y enriquecer nuestra oferta como destino turístico.


2. El Congreso de los Diputados entiende necesario mantener la colaboración del Gobierno con la Real Academia de Gastronomía tanto en lo que significa su actividad divulgadora con repercusión en nuestra oferta turística, como su
contribución a la mejora de la educación dietética y por ello de la calidad de la alimentación.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003660


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del V
Centenario del nacimiento de Francisco Álvarez de Toledo (Oropesa, 1515-Escalona, 1582), Virrey Toledo, quinto Virrey del Perú, para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


En 2015 se cumple el V Centenario del nacimiento de Francisco Álvarez de Toledo (Oropesa, 1515-Escalona, 1582). Conocido también como El Solón Virreinal, aristócrata y militar del Reino de España, hijo del Conde de Oropesa (Toledo) y quinto
Virrey del Perú, (que comprendía los territorios actuales de Panamá hasta el extremo sur de Argentina, incluyendo las Audiencias de Panamá, Bogotá, Quito, Lima, Chile y Charcas).


Fue considerado el más importante de los virreyes del Perú por su labor con la adopción de una nueva estructura política y social, que afianzaría importantes instituciones indianas, en torno a las cuales giró la administración del país
durante doscientos años.


Entre otras actuaciones, dirigió la recolección de informaciones sobre el Imperio Incaico y encargó confeccionar unos lienzos y tapices donde se fijasen los hechos más importantes de la historia de los incas: sus ídolos, la traza de sus
templos y otros datos de interés; trabajo que se encomendó a los artífices indios más expertos. Estos lienzos, junto con el «Informe» del virrey y la segunda parte de la Historia Índica de Sarmiento —referente a la historia de los incas—, fueron
enviados al entonces rey de España, Felipe II, en 1572, habiendo resultado de gran valor para los historiadores del estudio del imperio Inca.


Francisco Álvarez de Toledo se retiró a la villa de Escalona, donde falleció el 21 de abril de 1582. Oropesa, su ciudad natal y en la que descansan sus restos mortales, le debe la construcción del Convento de San Bernardo y el Colegio de
los Jesuitas, de 1590. En 1605, acabada la edificación de la Iglesia de San Bernardo —planificada por el arquitecto Francisco de Mora, discípulo de Juan de Herrera, de estilo barroco clasicista— se trasladaron sus restos y fueron depositados al pie
del altar mayor.


Con ocasión de la efeméride, se están preparando diferentes actos conmemorativos que comprenderán Exposiciónes, congresos, edición divulgativa de estudios de la figura y de la localidad de Oropesa. Todo ello contará con la colaboración de
las administraciones públicas, las instituciones públicas y privadas y las universidades españolas y/o americanas que quieran participar.

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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Apoyar la difusión y promoción de los actos de conmemoración del V Centenario del nacimiento de Francisco Álvarez de Toledo que lleve a cabo la Junta de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Oropesa y cuantas entidades públicas y
privadas participen, sin que ello suponga un coste presupuestario adicional. Actos que, entre otros, incluirán la promoción de la Ruta turística «Virrey Toledo: Oropesa-Yuste-Arenas de San Pedro-Escalona», y la divulgación de la obra del Virrey
Toledo y de su época.


2. Promover la cooperación con los actuales países que conformaron el Virreinato de Perú a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional.


3. Emitir un sello conmemorativo del V Centenario del nacimiento de Francisco Álvarez de Toledo.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003661


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración de Patrimonio Natural Mundial de la
Humanidad a la Sima de la Higuera en Pliego (Murcia), para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


La Región de Murcia cuenta con simas y cuevas de gran valor natural. De ellas, la Sima de la Higuera surge como uno de los lugares más singulares y de mayor belleza del mundo subterráneo en la Región de Murcia. Esta sima constituye una
compleja red de salas y galerías de más de 5.000 metros que la convierten en la más extensa de la Región.


El origen kárstico y la circulación interna del agua a lo largo del tiempo han hecho de la Sima de la Higuera un espacio único y singular que atrae a investigadores y expertos en geología y espeleología así como a fotógrafos de prestigio
internacional que no solo han contribuido a la divulgación de la excepcionalidad de la cueva, por la abundancia y rareza de sus formaciones geomorfológicas, sino que hacen de la sima un enclave patrimonial de primer orden a nivel mundial.


De la deslumbrante Sala de los Corales, con sus blancas cortinas de estalactitas que tapizan las paredes de la sala, se alcanzan lagos colgantes que conducen a salas inferiores, como !a extraordinaria Sala Paraíso, donde los pináculos del
suelo y las «cebollas» de las paredes y techos, esferas anaranjadas y aterciopeladas, inundan la cavidad para ofrecer una visión sorprendente e irreal.


Todas estas características naturales de la Sima de la Higuera, nos lleva a reconocer su valor como monumento de !a naturaleza y a mantener este espacio en las mejores condiciones de conservación y uso sostenible, evitando con ello cualquier
actuación que devalúe este patrimonio natural.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, previo acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo de Patrimonio Mundial, y una vez haya sido incluida en la «lista indicativa», también con el acuerdo del Consejo de
Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo, apoyar y defender en las instancias internacionales oportunas, la candidatura de la ?Sima de la Higuera? de Pliego (Murcia) como Patrimonio Mundial.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible


161/003668


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para impulsar
la seguridad vial en el currículo escolar, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.


Exposición de motivos


La implantación del permiso por puntos y la tipificación en la Ley Orgánica 15/2007, de nuevas conductas que hasta entonces no estaban previstas en el Código Penal, así como el endureciendo las penas que dio un mayor relieve a los delitos
contra la seguridad vial al ayudar a que dejaran de ser considerados como un tipo de delincuencia menor, contribuyeron decididamente a una mayor conciencia vial en la ciudadanía.


A ello debemos sumar la creación de la figura de Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial en 2005, el incremento de las plantillas de esta fiscalía de manera sostenida en el tiempo por el Gobierno socialista, la creación en el Parlamento
en 2004 de una Comisión específica para trabajar en lo referido seguridad vial, la inclusión de un módulo específico en seguridad vial en el sistema educativo dentro de la asignatura educación por la ciudadanía, —módulo que ha eliminado la reforma
de la LOMCE—, las campañas de la Dirección General de Tráfico y de los medios de comunicación, y también la actuación decidida de los poderes públicos desde el punto de vista administrativo y el apoyo de los colectivos sociales, plataformas,
fundaciones, asociaciones.


El compromiso político y social con la mejora de la seguridad vial tuvo su primera traducción en la puesta en marcha del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008 que supuso un avance con respecto a la dinámica de actuación de los
distintos niveles competenciales implicados.


Pues si todos juntos hemos sumado y llevado a los accidentes de tráfico a las cuotas más bajas que se recuerdan en España, no podemos ahora, más allá de continuar con la aplicación de las normas penales, desatender una herramienta tan
potente como la formación vial previa, que juega un papel decisivo en la prevención de accidentes.


Consideramos así esencial y en línea con la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, impulsar la seguridad vial en el currículo escolar y para ello es necesario introducir la educación vial como objetivo y principio pedagógico en todas las
etapas educativas y no sólo en la educación primaria, sino también desde la educación infantil y hasta la educación secundaria. Y ello con la finalidad de dotar a los menores de unos conocimientos adecuados en materia vial y enseñarles a adoptar
las medidas de prevención necesarias para evitar que resulten afectados por los accidentes de tráfico.


Ya en las Memorias de la Fiscalía en materia de seguridad vial de los años 2010, 2011 y 2012, se destacaba la importancia de reforzar la educación vial en los ciclos de educación infantil, primaria y secundaria, cristalizando en la propuesta
de reforma legislativa en la Memoria del año 2011 sobre la educación vial en los Colegios.


Estamos convencidos de que la educación vial no sólo contribuye a la adquisición de competencias, sino también ayuda a asentar actitudes de respeto que inciden decisivamente en la prevención de los accidentes, e incorporan la competencia
social y ciudadana y para el conocimiento y la interacción con el mundo físico, a la vez que contribuyen a desarrollar algunos aspectos destacados de otras competencias.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la seguridad vial en el currículo escolar, especialmente, a lo largo de la educación infantil y primaria.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2015.—Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Fomento


181/003151


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


Diputada doña Leire Iglesias Santiago


Texto:


¿Va el Gobierno a modificar la propuesta del «plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020» para recuperar las cuatro subestaciones de transformación a 400 kilovoltios que permitan la circulación del AVE en la
línea Madrid Extremadura?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2015.—Leire Iglesias Santiago, Diputada.


181/003152


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


Diputada doña Leire Iglesias Santiago


Texto:


¿En qué mes del año 2015 se cumplirá el anuncio, que la Ministra Ana Pastor lleva haciendo desde el año 2012, en el que el trayecto Madrid-Badajoz en tren se realizará en tres horas y treinta minutos?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2015.—Leire Iglesias Santiago, Diputada.


181/003153


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


Diputada doña Leire Iglesias Santiago

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Texto:


¿Cree el Ministerio de Fomento posible que un tren eléctrico puede hacer la ruta Madrid-Extremadura sin electricidad?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2015.—Leire Iglesias Santiago, Diputada.