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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 620, de 02/03/2015
cve: BOCG-10-D-620
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
2 de marzo de 2015
Núm. 620
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la prohibición de los llamados «sobresueldos» a los cargos públicos por parte de los partidos políticos y la mejora de la
transparencia (versión reformulada)... (Página5)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003469 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la detención del líder de la oposición de Bahrein, Sheikh Ali Salman ... (Página8)
161/003473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la Junta de reconstrucción de Kobane ... (Página9)
161/003476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Instituto Cervantes en Gibraltar ... (Página11)
Comisión de Defensa
161/003477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la cesión del cuartel del Bruc, en Barcelona, a las Administraciones Públicas catalanas ...
161/003478 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la efectiva cuantificación de los gastos destinados al programa especial de armamento y de misiones en el extranjero del
Ministerio de Defensa ... (Página13)
161/003480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los trabajadores de CLEANET ... (Página14)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003485 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la fiscalidad de pensiones de emigrantes retornados ... (Página16)
Comisión de Fomento
161/003466 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la limpieza y mantenimiento de los márgenes de la autovía A-8 a su paso por la localidad de Llaranes-Avilés ... (Página16)
161/003468 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora de la autovía A-2 y propuestas de futuro de su corredor ... (Página17)
161/003474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la unificación tarifaria y la modernización de la red de cercanías en el área central de Asturias ...
161/003479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los graves problemas de seguridad vial de la N-VI a su paso por el Ayuntamiento coruñés de Oleiros ... (Página19)
161/003482 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a ampliar a 24 horas el horario de operaciones del aeropuerto de Reus, la conversión en terminal de carga logística y a impulsar y a autorizar la
construcción de un puesto de Inspección Fronteriza de la Unión Europea ... (Página21)
Comisión de Educación y Deporte
161/003475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre cumplimiento y revisión de las condiciones del Préstamo Renta Universidad (PRU) ...
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003484 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la conversión de las horas extraordinarias en creación de empleo y en la mejora del empleo existente ...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003481 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre «open data» o datos abiertos ... (Página27)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003471 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al no reconocimiento de Noruega de los años trabajados por marineros gallegos en buques noruegos ... (Página28)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a definir un plan estratégico para el Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca ...
161/003472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre realización de un estudio epidemiológico nacional sobre la prevalencia e incidencia de silicosis por exposición a sílice cristalina ...
Comisión de Igualdad
161/003483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre acciones formativas dirigidas a la población reclusa femenina ... (Página33)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a garantizar el acceso a la neurorrehabilitación por daño cerebral sobrevenido con cargo al Sistema Nacional de Salud ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Fomento
181/003040 Pregunta formulada por el Diputado don Francesc Vallès Vives (GS), sobre previsiones acerca de la construcción de un apeadero de ferrocarril en la línea Reus-Tarragona, en la zona de Bellisens de Reus ...
181/003041 Pregunta formulada por el Diputado don Joan Ruiz i Carbonell (GS), sobre previsiones acerca de implantar bonificaciones para los vehículos pesados en los tramos de la autopista AP-7 en los que no hay una autovía gratuita
alternativa ... (Página36)
181/003042 Pregunta formulada por el Diputado don Joan Ruiz i Carbonell (GS), sobre previsiones para el tramo de la futura autovía A-27, entre Montblanc y Lleida ... (Página36)
181/003044 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre forma en la que se va a garantizar la conexión de los puertos de interés general del Estado radicados en Andalucía con los Corredores Mediterráneo y Atlántico
acordados por la Unión Europea ... (Página37)
181/003051 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre ejecución presupuestaria de las partidas consignadas para la provincia de Huelva en el año 2014 del Ministerio de Fomento ...
181/003052 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre ejecución presupuestaria de las partidas consignadas para la provincia de Huelva en los años 2012 y 2013 del Ministerio de Fomento ...
181/003055 Pregunta formulada por la Diputada doña Isabel Sánchez Robles (GV-EAJ-PNV), sobre plazo previsto para iniciar y establecer un diálogo bilateral con la Comunidad Autónoma de Euskadi para proceder a la transferencia sobre
ferrocarriles ... (Página38)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/003046 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inicio por la Xunta de Galicia de los trámites con el Gobierno para declarar el Entroido de Xinzo de Limia como fiesta de «Interés Turístico
Internacional» ... (Página38)
181/003047 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre valoración de la declaración del Entroido de Xinzo de Limia como fiesta de «Interés Turístico Internacional» ... (Página38)
181/003048 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de apoyar la declaración del Entroido de Xinzo de Limia como fiesta de «Interés Turístico Internacional» ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/003049 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre ejecución presupuestaria de cada una de las partidas consignadas para la provincia de Huelva en el año 2014 del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ... (Página39)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/003043 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola (GS), sobre opinión del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acerca de si la sanidad en España es universal y gratuita, tras la publicación de
la resolución de 30/09/2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se aprueba el modelo para suscribir el convenio especial regulado por Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, que recoge la prestación de asistencia sanitaria para las
personas que no tengan la condición de aseguradas, ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud ... (Página39)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/003037 Pregunta formulada por el Diputado don Federico Buyolo García (GS), sobre aportación económica prevista para hacer frente a las crisis humanitarias en Sud-Sudán, Siria, territorios ocupados de Palestina y República Centroafricana
... (Página39)
181/003038 Pregunta formulada por el Diputado don Federico Buyolo García (GS), sobre opinión del Gobierno sobre si es suficiente el presupuesto para acción humanitaria para el año 2015, ante la proliferación de crisis humanitarias que asolan
distintos países ... (Página40)
181/003039 Pregunta formulada por el Diputado don Federico Buyolo García (GS), sobre contribución de España a la crisis humanitaria, ante la próxima Conferencia Internacional del Ébola del 3 de marzo de 2015 ...
Comisión de Cultura
181/003045 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre colaboración prestada por el Gobierno al Museo del Entroido de Galicia de Xinzo de Limia en los tres últimos años ...
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
181/003036 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola (GS), sobre planes de coordinación y prevención entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Gobierno desde que se conocen las previsiones
meteorológicas sobre el temporal de nieve del mes de febrero de 2015, así como recursos que se están utilizando ... (Página41)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2015.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003356
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Reformulación de su Proposición no de Ley sobre la prohibición de los llamados «sobresueldos» a los cargos públicos por parte de los partidos políticos y la mejora de la transparencia.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la
Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2015.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, sustituye los textos de la Proposición no de Ley sobre la
prohibición de los llamados «sobresueldos» a los cargos públicos por parte de los partidos políticos y la mejora de la transparencia presentadas el 19 de enero de 2015 por el siguiente texto.
Exposición de motivos
No hace falta insistir en que la política y los políticos se encuentran en la actualidad en uno de los momentos de más baja valoración desde la instauración de la democracia y ello sin duda obedece a la infinidad de casos de corrupción
descubiertos, a los numerosos casos de nepotismo y amiguismo conocidos y a una falta de cultura de la transparencia, que transmiten la sensación de la llamada clase
política como una oligarquía privilegiada, eso que ahora se llaman «elites extractivas», que anteponen su propio lucro personal al interés general.
Una de las cuestiones que sin duda no contribuyen a mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la política son los llamados «sobresueldos», esto es, las cantidades económicas que los cargos públicos, especialmente diputados y senadores,
reciben por otras actividades de índole privada, y más específicamente de sus propios partidos políticos por el desempeño de cargos orgánicos, pagados por distintos conceptos, tales como «trabajos extraordinarios», «gastos de representación»,
«dietas» o cualquier otro sistema retributivo.
Como puede imaginarse tales «sobresueldos» pueden ser en principio legales (si están debidamente abonados y declarados ante las autoridades laborales y fiscales competentes) o pueden no serlo, si se pagan en metálico y provienen del cobro de
comisiones o de financiación ilegal de partidos políticos. En lo que se refiere a estos últimos procede aplicar con todo su rigor el peso de la ley, mejorar la supervisión y control del Tribunal de Cuentas, de la fiscalía y otras medidas que ya
hemos propuesto, como la tipificación, de una vez por todas, del delito de financiación ilegal de partidos políticos y el delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos.
Respecto a los sobresueldos «legales», esto es, aquellos debidamente declarados y provenientes en principio de fuentes legítimas, conviene tener presente que, en lo que se refiere a Diputados y Senadores, el artículo 157.1 de la Ley Orgánica
5/1985, de Régimen Electoral General (en adelante, la LOREG) establece que «el mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta». En el siguiente apartado de dicho artículo se precisa que dicha condición «será
incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma».
Por si lo anterior no fuera suficientemente claro, el último inciso del artículo 157.2 LOREG establece que «el régimen de dedicación absoluta y de incompatibilidades previsto en esta Ley será aplicable sin que en ningún caso se pueda optar
por percepciones o remuneraciones correspondientes a puestos o cargos incompatibles» y en el artículo 159 tajantemente se afirma que «de conformidad con lo establecido en el artículo 157 el mandato de los Diputados y Senadores es incompatible con el
desempeño de actividades privadas».
Parece por lo tanto evidente que el desempeño del cargo de diputado o senador es, con carácter general, incompatible con el ejercicio de actividades privadas, pero es especialmente incompatible con el cobro de cualquier tipo de retribución
derivado de las mismas. Las únicas excepciones a dicha norma general están contempladas en la propia LOREG y son básicamente las siguientes:
(i) La enseñanza realizada por profesores universitarios, a los que se les permite «colaborar» «en actividades de docencia e investigación de carácter extraordinario, que no afecten a la dirección y control de los servicios, pudiendo solo
percibir por tales actividades las indemnizaciones reglamentarias establecidas» (artículo 157.4 LOREG).
(ii) La mera administración del patrimonio personal o familiar, siempre que no se trata de participaciones superiores al 10 por 100 en empresas que trabajen para la Administración [artículo 159.3.a) LOREG].
(iii) La producción y creación literaria, científica, artística o técnica, así como las publicaciones derivadas de ellas [artículo 159.3.b) LOREG].
(iv) Las actividades privadas que no consten en la lista de incompatibilidades siempre que sean autorizadas por la respectiva Comisión de cada Cámara [artículo 159.3.c) LOREG].
Nos parece adecuado que Diputados y Senadores puedan compatibilizar su desempeño público con la labor docente o literaria (tales como la publicación de memorias o libros en general) o incluso la participación en medios de comunicación, pues
son actividades complementarias a sus responsabilidades públicas que, además, se pueden realizar de forma esporádica o a tiempo parcial, acercando de esta manera la política a los ciudadanos, pero sin menoscabar el régimen de dedicación absoluta a
las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1 de la LOREG.
Ahora bien, al margen de esas razonables excepciones, la indefinición del último supuesto comentado (el ejercicio de «actividades privadas que no consten en la lista de incompatibilidades, autorizadas por la respectiva Comisión de cada
Cámara»), ha llevado a una excesiva permisibilidad en la interpretación de
la norma por parte de la Comisión del Estatuto de los Diputados, a la que convendría poner coto, mediante una regulación más precisa.
Uno de los casos más claros en este sentido sería, en nuestra opinión, la supuesta compatibilidad del cargo de diputado y senador con el desempeño remunerado de puestos directivos internos en los partidos políticos, que provoca que muchas
veces algunos diputados y senadores cobren mucho más de sus propios partidos políticos que por sus responsabilidades públicas como diputados, senadores o miembros del Gobierno, a pesar de que estas últimas exigen un régimen de dedicación absoluta,
como hemos visto.
Consideramos que es razonable que los diputados y senadores puedan simultanear sus cargos con otros internos de los propios partidos políticos a los que pertenecen (no podemos olvidar que muchos de esos cargos públicos desempeñan también
importantes responsabilidades en sus formaciones políticas), pero lo que no nos parece admisible es que perciban un sueldo, dieta o remuneración de cualquier tipo por tales cargos, habida cuenta que la LOREG establece que el cargo de Diputado o
Senador es incompatible con cualquier puesto o actividad «retribuido mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma».
Pues bien, a pesar de la literalidad de la Ley, la Comisión del Estatuto de los Diputados no ha puesto reparo ni obstáculo alguno a que los diputados o senadores puedan cobrar simultáneamente cantidades de sus propios partidos. Así, por
ejemplo, si nos atenemos al último dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, podemos observar que se consideran compatibles ambas actividades (lo que creemos que es lógico), pero se omite hacer cualquier referencia a la imposibilidad de
que tales cargos orgánicos sean retribuidos:
«En relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos parlamentarios es criterio constante de la Comisión, aceptado por el Pleno de la Cámara su consideración de actividad compatible con la condición de Diputado, dada
la relación íntima entre el desempeño de unas y otras funciones».
Aunque nada diga al respecto el citado Dictamen es de sobra conocido que el cobro de cantidades por parte del propio partido es una práctica consentida y, en cierta medida, consolidada en el tiempo.
Así, por citar algunos ejemplos, podemos observar que el actual Presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy Brey, percibió según su «Declaración de bienes y rentas» publicada a fines de 2011, 98.225,90 euros en concepto de «dietas y gastos de
representación del Partido Popular en 2010». Desconocemos si esa cantidad la ha seguido cobrando cada año (pues incomprensiblemente las declaraciones de bienes no se actualizan durante toda la legislatura), pero en todo caso puede comprobarse que
su importe es bastante superior a la que cobra como Presidente del Gobierno.
Otros diputados declaran cobrar cantidades no directamente de sus partidos sino de sus Grupos Parlamentarios, como es el caso, por ejemplo, de la Vicepresidenta del Gobierno (Soraya Sáenz de Santamaría), que percibe, según su «Declaración de
bienes y rentas» publicadas al inicio de legislatura, 51.440,76 euros en concepto de portavoz de dicho Grupo, o de Alfonso Alonso, que bajo el concepto «Grupo Parlamentario Popular» hace constar un total 20.313,14 euros. Tales cantidades se
perciben supuestamente de sus propios Grupos, a pesar de que los portavoces o portavoces adjuntos de los mismos ya tienen asignado del Congreso un complemento específico por tal responsabilidad, por importe de 1.741,19 euros netos mensuales (en el
caso del Portavoz) o 1.424 euros (en el caso de Portavoz Adjunto), que se vienen a unir a su asignación oficial por ser miembros de las Cortes.
Dichas percepciones abonadas por sus responsabilidades en el seno de los Grupos Parlamentarios (doblemente abonadas, pues ya están compensadas a su vez por la propia Cámara, como vemos) son a veces incluso compatibles con retribuciones de
los propios partidos por otros conceptos, como sucede por ejemplo, con el caso del Diputado socialista Antonio Hernando Vera, en cuya «Declaración de bienes y rentas» presentada a fines del año 2011 se hace constar un importe de 13.564 euros como
miembro de Grupo Parlamentario Socialista y, adicionalmente, 9.884 euros percibidas del propio partido (PSOE), por un concepto no especificado.
Esta duplicidad retributiva también se produce, por ejemplo, en el caso del Portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, don Cayo Lara Moya, que además de su percepción como Diputado, hace constar como percepción del
partido en concepto de «Salario de coordinación federal de IU» la cantidad de 42.983,86 euros.
Los casos en que puede observarse de dobles o triples percepciones dinerarias son diversos (en algunos casos se limita a hacer constar la existencia de «retribuciones dinerarias», pero sin indicar el nombre del pagador ni el concepto), pero
en todo caso nos parecen perjudiciales por varias razones:
(i) En primer lugar, los sobresueldos constituyen un indudable elemento de control y presión sobre los cargos por parte de los partidos políticos, fomentando de esta manera la fidelidad del cargo por encima de cualquier otro tipo de
consideración.
(ii) La existencia de los sobresueldos no solo genera desigualdades entre los distintos Diputados, sino que además, al ir aparejada con una indudable falta de transparencia y opacidad, es una fuente constante de rumores que, tanto si son
falsos como si no, no hacen sino aumentar el descrédito de la política y de los políticos.
A lo anterior podemos añadir que la existencia de sobresueldos, que complementan las retribuciones de diputados, senadores y otros cargos públicos, impide abordar de una manera franca y transparente un debate importante, que es el de la
retribución justa de nuestros cargos públicos. Desde este Grupo defendemos una retribución digna, clara y transparente que vaya en línea de las retribuciones de los países de nuestro entorno, y que sirva para atraer talento a la política, desde los
principales ámbitos profesionales y empresariales de nuestro país.
Pero resulta que la existencia de «sobresueldos» impide totalmente abordar ese debate, pues seguimos manteniendo unos sueldos «oficiales» medios relativamente bajos (bastante por debajo de países de nuestro entorno), pero unas retribuciones
reales en ocasiones superiores, camufladas bajo una práctica, la del «sobresueldo», que no cuenta con la debida transparencia y que colabora al desprestigio de nuestras instituciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«En su virtud, el Congreso de los Diputados:
a) Insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas legislativas necesarias en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) a fin de que se impida que los partidos políticos y grupos parlamentarios puedan pagar «sobresueldos» a sus
Diputados y Senadores por el desempeño de cargos orgánicos, de tal manera que, incluso en el caso de que se consideren ambas actividades compatibles, se impida su carácter retribuido (reforma del capítulo II del título II de la LOREG).
b) Acuerda mejorar su propio régimen de transparencia, publicando las remuneraciones de todos los Diputados y Senadores en la página oficial de ambas Cámaras y adoptando las medidas necesarias para que la declaración de bienes y rentas de
los mismos se actualicen de forma anual, incluyendo las rentas percibidas en el ejercicio inmediatamente anterior y las modificaciones existentes respecto de bienes patrimoniales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la
Comisión de Asuntos Exteriores una Proposición no de Ley sobre la detención del líder de la oposición de Bahrein, Sheikh Ali Salman.
Sheikh Ali Salman, el Secretario General del principal partido de la oposición en Bahrein, fue detenido el 28 de diciembre de 2014 acusado de «incitar al odio contra el régimen y llamar a su derrocamiento por la fuerza». Sheij Salman, de 49
años, es el líder carismático de la oposición en Bahrein y está considerado, en realidad, un moderado que aboga por una monarquía constitucional a diferencia de otros grupos que piden el derrocamiento de la dinastía.
Bahrein, pequeño reino de mayoría chií, es escenario desde hace varios años de protestas populares para pedir reformas políticas que han sido reprimidas por la monarquía suní gobernante. Las protestas inspiradas por la primavera árabe
estallaron en Bahrein en febrero de 2011 y han continuado desde entonces reclamando un renovado sistema político equitativo, justo y democrático.
La detención del líder del movimiento de la oposición Al-Wefaq, Sheikh Ali Salman, ha provocado no solo indignación en el país sino también una rotunda reacción y el rechazo internacional. Al mismo tiempo distintas Organizaciones para la
Defensa de los Derechos Humanos han denunciado la actuación de la policía de Bahrein en sus enfrentamientos contra los manifestantes que a raíz del encarcelamiento de Ali Salman se han concentrado de forma reiterada para reclamar su liberación.
Paralelamente los llamamientos internacionales pidiendo su liberación han ido en aumento; tanto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estadounidense, que en un comunicado declaró que los partidos de la oposición, que critican al
gobierno, juegan un papel vital en los estados globales, pluralistas y las sociedades y que estaban preocupados, ya que esta acción contra un líder de la oposición solo empeoraría la situación en el país, como desde la UE cuyo mensaje es que el
arresto del jeque Salman «conlleva el riesgo de poner en peligro la situación política y de seguridad», o desde la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que ha pedido su «liberación inmediata».
Salman ha llamado reiteradamente a la protesta pacífica, ha condenado todas las formas de violencia y ha abogado por un sistema político justo, equitativo y democrático en Bahrein, mediante el establecimiento de una verdadera monarquía
constitucional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Expresar su rechazo por el encarcelamiento del líder de la oposición en Bahrein solicitando a las autoridades del país su puesta en libertad.
2. Trasladar esta resolución a las organizaciones internacionales relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2015.Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre Junta de reconstrucción de Kobane, para su debate en la Comisión
de Asuntos Exteriores.
El cantón de Kobane lleva casi dos años sometido a un bloqueo genocida y a encarnizados ataques terroristas por parte de grupos de provocadores representados por la organización terrorista Daesh (ISIS). Esta situación ha causado una
catástrofe humanitaria en la ciudad y la región adyacente.
Los ataques actuales, que llevan produciéndose más de cuatro meses, tienen como objetivo el desalojo de la zona mediante el uso de amenazas, asesinatos y bombardeos. Estas acciones reflejan el deseo de desplazar a los nativos con el fin y
objeto probable de realizar un cambio demográfico en la región que responda a sus intenciones ocultas y estrategia de lucha contra la diversidad.
El asedio en curso y los ataques anteriores han desbaratado el curso normal de la vida y han provocado una devastación y destrucción completas de prácticamente todas las infraestructuras. El centro y los alrededores del área de Kobane han
sido testigos de muchos episodios de vandalismo y pillaje. Esto nos sitúa ante una enorme responsabilidad humanitaria y nos fuerza a llamar lo antes posible la atención del mundo libre y de las organizaciones y cuerpos internacionales.
En primer lugar a las Naciones Unidas, para que presten atención a este desastre humanitario en nuestra región y cumplan con su obligación moral y humanitaria hacia el área afectada. Como preparación
para la reconstrucción de la región, debería abrirse en primer lugar un pasillo humanitario para permitir el acceso de los medios necesarios para evitar el sufrimiento y el hambre a la población afectada, así como refugio para los que
retomen a su hogar.
Respondiendo a su responsabilidad administrativa y humanitaria hacia la población de Kobane y a su diversidad, el Consejo Ejecutivo del cantón de Kobane, Siria, nos confía el establecimiento de la Junta de Reconstrucción de Kobane. Esta
junta está compuesta por profesionales capacitados para abordar la reconstrucción mediante estudios de población y situación y para documentar los daños. Además de preparar estos estudios, la Junta también se comunicará con aquellas organizaciones
que quieran proporcionar ayuda y asistencia para la reconstrucción y las tareas humanitarias, así como proporcionar fondos. También se encargará del seguimiento de las tareas de reconstrucción sobre el terreno y apoyará su puesta en práctica tras
la completa liberación de la ciudad y su región adyacente.
Dada la importancia capital de la Junta para la recuperación de la vida normal en nuestra región, es necesario concertar todos los esfuerzos y aunar todas las capacidades con el fin de conseguir una reconstrucción exitosa. La ayuda puede
prestarse mediante la participación directa u ofreciendo a la Junta sugerencias y opiniones para su mejor funcionamiento. Las personas más adecuadas de participar en este proceso son aquellos técnicos y académicos que sean expertos en este campo.
Se elegirá a los miembros del consejo de administración y se nombraran representantes en Europa, Turquía, Kurdistán, los Estados del Golfo y otros países del mundo.
La población de la ciudad es de 200.000 personas, más 250.000 más en la campiña del cantón de Kobane (unos 400 pueblos y granjas). Hay además unos 75.000 desplazados de otras poblaciones sirias que huyeron a Kobane durante la crisis siria.
La población total suma unas 525.000 personas.
Las necesidades más urgentes y esenciales en Kobane: Skgliclad:
Había cinco hospitales en Kobane (uno público y cuatro privados) pero los ataques en curso los han destruido todos. Así pues, la construcción de al menos un hospital para atender a los heridos y enfermos es una necesidad urgente.
Daños:
Aproximadamente el 80 % de la ciudad ha sido destruido y el 20 % dañado. En consecuencia, las infraestructuras también han quedado destruidas (agua potable, electricidad, alcantarillado,
Educación y sistema de enseñanza: Había 42.000 alumnos en 46 escuelas.
Trece de estas escuelas estaban en la ciudad. Tres de ellas han sido destruidas completamente y las demás han resultado dañadas.
Servicios municipales:
La ciudad se divide en 13 distritos (suburbios). No hay camiones para la recogida y transporte fuera de la ciudad de las basuras.
Alimentación:
Kobane sufre un asedio desde las tres direcciones que se corresponden a Siria (este, sur y oeste). El lado norte da a la frontera turca y está bloqueado. Las autoridades turcas solo permiten el paso de dos camiones diarios hacia Kobane con
artículos de primera necesidad. Así pues, hay escasez de todo.
Vivienda:
Es necesario construir con urgencia un campamento para las 10 mil personas cuyo hogar ha sido completamente destruido.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas necesarias tendentes a ayudar a la reconstrucción de Kobane.
2. La creación de un campamento de refugiados para 10.000 personas cuyo hogar ha sido completamente destruido.
3. Aportar toda la ayuda humanitaria disponible.
4. Se inicie las gestiones necesarias con el Gobierno turco, con el fin de facilitar un pasillo humanitario que permita el acceso de los medios necesarios para evitar el sufrimiento y el hambre a la población afectada, así como refugio para
los que retomen a su hogar.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2015.Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Instituto Cervantes en Gibraltar, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La instauración del Foro de Diálogo sobre Gibraltar, en diciembre del año 2004, tenía como principal objetivo la cooperación local y transfronteriza económica-social entre Gibraltar y el entorno campogibraltareño, sin menoscabar en ningún
momento !a posición de España sobre la cuestión de la soberanía de Gibraltar, territorio sometido al proceso de descolonización de Naciones Unidas, que debe ser descolonizado mediante negociaciones bilaterales hispano-británicas.
Distintas rondas formales de negociaciones del Foro de Diálogo dieron como resultado los Acuerdos de Córdoba de septiembre de 2006, un conjunto de acuerdos que pretendían encontrar soluciones prácticas a cuestiones que entorpecían una
relación transfronteriza normalizada
Entre las iniciativas incluidas en los Acuerdos de Córdoba figuraba la apertura en Gibraltar de una sede del Instituto Cervantes para difundir la lengua y la cultura españolas, siendo el Gobierno de Gibraltar el encargado de poner a
disposición del Instituto Cervantes un local adecuado.
Francisco Oda Ángel, nacido en La Línea de la Concepción, Doctor en Sociología y doctorado en Derecho, y jefe de Estudios de la Escuela Diplomática (Ministerio de Asuntos Exteriores) fue nombrado Director del Instituto Cervantes de
Gibraltar, cargo que sigue desempeñando en la actualidad.
El 4 de abril del año 2011 se abrió el Instituto Cervantes en Gibraltar en la céntrica Market Lane, en el Cloister Building, un edificio del siglo XIX cuyo uso no ha supuesto coste alguno para el Gobierno de España.
Desde su puesta en marcha, el Instituto Cervantes se ha convertido en un espacio académico y cultural para la difusión de la lengua y la cultura española que ha tenido una acogida muy positiva en Gibraltar.
En estos cuatro años de funcionamiento los cursos de español impartidos por el Instituto Cervantes han tenido una importante demanda entre los gibraltareños hasta el punto de que ha sido necesario ampliar la dotación de aulas destinadas a la
impartición de cursos de español aplicado a las finanzas y los negocios, al turismo, la sanidad, judicatura o sobre literatura española.
Desde su apertura, el Instituto Cervantes de Gibraltar ha registrado más de cuatro mil matrículas, de las que el 65 % corresponden a alumnos de entre 4 y 17 años. El hecho de que el grueso de los alumnos sean niños y adolescentes es
especialmente importante, porque si bien muchos adultos hablan español en Gibraltar, la lengua puede estar en peligro porque los más jóvenes, por internet o por las emisiones de televisión vía satélite, se comunican y trabajan fundamentalmente con
el inglés.
Junto a la enseñanza de la lengua, el Instituto Cervantes viene desarrollando un completo programa de actividades para difundir la cultura española a través de talleres, recitales, exposiciones y otras muchas iniciativas que tienen una
excelente acogida en la población gibraltareña.
El Instituto Cervantes, por tanto, es desde su apertura un elemento conciliador que está contribuyendo, sin lugar a dudas, a la normalización de las relaciones transfronterizas con Gibraltar, sin menoscabo alguno de la posición de España
sobre la cuestión de fondo de la soberanía de este territorio.
Pese a la importante labor que viene desarrollando el Instituto Cervantes, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, anunció en la Comisión de Asuntos Exteriores celebrada el 11 de febrero de 2014 que
el Instituto Cervantes está estudiando la posibilidad de cerrar la sede de Gibraltar y abrir otra en Singapur.
Minutos antes de la comparecencia del ministro en la Comisión de Asuntos Exteriores, en un medio digital se adelantaba que la decisión del cierre del centro de Gibraltar había sido aprobada una semana antes por el Consejo de Administración
del Instituto Cervantes, una decisión para la que no se ha ofrecido una fecha concreta y que en última instancia debe aprobarse en el Consejo de Ministros, tras ser analizada en el Consejo de Política Exterior.
El extemponáreo comentario del ministro García-Margallo según el cual en Gibraltar todo el mundo habla español salvo los simios y la argumentación de que la existencia del Instituto Cervantes se entiende como una contradictio in terminis
porque Gibraltar es un territorio español suponen un desconocimiento de la realidad y hacen difícil avanzar en una política de cooperación local que permita avanzar en el contencioso sobre la soberanía de este territorio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener abierta la sede del Instituto Cervantes en Gibraltar, habida cuenta de la importante labor que viene desarrollando para difundir la lengua y la cultura españolas, así como para el
fomento de la cooperación local y transfronteriza económica y social entre Gibraltar y el entorno campogibraltareño.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2015.Francisco González Cabaña, Diputado.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/003477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Defensa, una Proposición no de Ley relativa a la cesión del cuartel del Bruc, en Barcelona, a las Administraciones públicas catalanas.
Antecedentes
Desde unos años antes de la desaparición del servicio militar obligatorio, las necesidades cuantitativas y cualitativas del ejército español han variado sustancialmente. Los cambios en el modelo son evidentes en la última década, y nada
tiene que ver el papel del actual ejército con el que ha desarrollado durante buena parte del siglo XX. Por ello, los equipamientos necesarios son radicalmente diferentes a los que se necesitaban en aquella época. Actualmente las prioridades del
ejército están más vinculadas a la profesionalización y la tecnificación de sus efectivos.
Actualmente la presencia territorial del ejército ha adquirido nuevos parámetros de racionalidad y de simplificación adaptados a sus actuales necesidades y funciones entre las que resulta habitual y fundamental la colaboración con los
ejércitos de otros Estados miembros de la OTAN y la participación en misiones de paz bajo el control de las Naciones Unidas.
Buena parte de sus cuarteles e instalaciones logísticas han dejado de tener la utilidad para las que se habían concebido. Por otra parte, muchos cuarteles e instalaciones militares, como el cuartel del Bruc en Barcelona, han pasado de estar
situadas en las afueras de la ciudad a quedar englobadas en al propia trama urbana.
Por otro lado, la vivienda es una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía en la actualidad. Cada vez más existen mayores dificultades para acceder a una vivienda digna, ya sea en
régimen de propiedad o de alquiler, por parte de importantes colectivos: jóvenes, familias con rentas bajas o con ingresos irregulares, familias numerosas o gente mayor. Los precios del suelo y de la vivienda no han dejado de incrementarse
y el esfuerzo que debe realizarse es cada vez mayor. Facilitar el acceso a la vivienda debe ser, como prevé la Constitución, una prioridad para la totalidad de las Administraciones públicas implicadas. En el caso de la ciudad de Barcelona, es una
necesidad ampliamente reconocida.
Una de las posibilidades para dar respuesta a esta necesidad de vivienda social es la utilización del suelo Patrimonio del Estado para construcción de vivienda accesible. En los últimos años, el Ministerio de Defensa ha realizado diferentes
cesiones de su patrimonio para la construcción de equipamientos y viviendas. Estas cesiones se han producido sin un criterio homogéneo, especialmente en relación a las condiciones impuestas. Por ejemplo, en el año 2004 el Ministerio de Defensa
enajenó al Consorci de la Zona Franca una parcela de 110.000 m2 de los antiguos cuarteles de Sant Andreu por un importe de 83 millones de euros. En las mismas fechas, el mismo Ministerio cedió 9 millones de m2 a Madrid en la conocida «Operación
Campamento».
En la ciudad de Barcelona existen unas instalaciones que dependen del Ministerio de Defensa, el cuartel del Bruc, rodeado de sedes universitarias que podría constituir un importante espacio a ceder por parte de la Administración del Estado
para la construcción de viviendas sociales y nuevos equipamientos.
Ante esta realidad, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que deberían iniciarse los trámites con las Administraciones catalanas para conseguir la cesión del cuartel del Bruc con objeto de destinar el suelo al
desarrollo de políticas de vivienda y otras utilidades de carácter social y/o cultural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la cesión de la propiedad por un justo precio, acorde con sus posterior uso y explotación pública, del cuartel del Bruc a la Generalitat de Catalunya y/o al Ayuntamiento de
Barcelona con objeto de dedicar este espacio a la construcción de viviendas de régimen público de alquiler para jóvenes, equipamientos para la ciudad de Barcelona y equipamientos universitarios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2015.Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa a la efectiva cuantificación de los gastos destinados al programa especial de armamento y de misiones en el extranjero del Ministerio de Defensa.
Antecedentes
Desde el año 2008 al 2010, aún en etapa de Gobierno PSOE, vimos que el peso del gasto en Defensa se empezó a reducir. En el año 2011 aumentó de nuevo y desde la entrada del Gobierno del PP si bien es cierto que en la presentación de los PGE
se reduce,la necesidad de créditos extraordinarios hacen que el presupuesto inicial y el presupuesto final tenga una variación en 2012 de casi 3.000 millones y en el año 2013 de casi 2.000 millones de euros.
En el momento de presentar las cuentas no se incluyen nunca los organismos autónomos que suman en promedio de 1.000 millones de euros anuales. El Ministerio de Defensa ha externalizado bastantes servicios a estos organismos autónomos, tales
como Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) «Esteban Terradas», en el grupo 2 en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), en el Servicio Militar de Construcciones y el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas (ISFAS) y,
en el grupo 3, en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo ya Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.
El presupuesto del Ministerio de Defensa sufre innumerables alteraciones durante su ejecución que lo modifica substancialmente, de tal manera, que al finalizar el año puede haber sufrido un cambio radical sobre el inicialmente aprobado.
Cambios, que en los últimos diez años arroja una media anual de 1.500 millones de euros extras sobre la asignación inicial. Lo que demuestra que muchas de las partidas presupuestarias están infravaloradas, y que se completan a lo largo del
ejercicio con aportaciones extraordinarias.
El programa de las fuerzas armadas en el exterior por el mantenimiento de la paz es una de las partidas más maquilladas. Desde 2010 la dotación presupuestaria es de 14,36 millones de euros, pero en la realidad han sido 787,90 millones,
861,39 millones, 925,79 millones, y 514,42 millones de euros respectivamente gracias a los fondos de provisión aprobados en el Consejo de Ministros.
El PEA, el programa especial de armamento, iniciado en 1997, tenía una dotación en 2012 de 4.953.46 millones de euros y en el año 2013 de 6.842,50 millones de euros. La realidad fue 1.787.419,32 millones de euros y 884.177,10 millones de
euros respectivamente gracias a dos reales decretos-leyes para conceder créditos extraordinarios.
A finales del año 2014 se presentó por parte del Gobierno un nuevo Real Decreto Ley por valor de 883 millones de euros para poder hacer frente a la deuda del PEA. En ningún caso se ha planteado una reestructuración de la deuda de este
programa.
Esta técnica de maquillaje de las cuentas no hacen más vulnerar el espíritu de dos de las iniciativas legislativas más importantes: los Presupuestos Generales del Estado y los reales decretos-leyes.
El actual Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, justificó en la Comisión de Defensa del Congreso, que los PEA no estén contabilizados en los PGE, pues. dijo que el pago de estos programas se va acomodando según las variables
macroeconómicas y la negociación con el sector industrial. Así pues, el uso de la técnica legislativa del Real Decreto-ley para hacer frente al pago de esta deuda no debería ser válida ya que al ser previsible pierde una de sus principales
características: es dictada en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cuantificar adecuadamente el gasto en los Presupuestos Generales del Estado el programa especial de armamento y de las misiones de paz en el extranjero por parte del Ministerio de Defensa y
evitar así la necesidad de dictar reales decretos-leyes para hacer frente al pago de estas deudas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2015.Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
situación de los trabajadores de Cleanet, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Las trabajadoras y trabajadores de la empresa Cleanet, concesionaria del servicio de limpieza de las dependencias del Ministerio de Defensa en varias Comunidades Autónomas: Andalucía, Cantabria, Galicia, Euskadi, Castilla y León, Murcia,
Extremadura, Madrid. Continúan tras siete meses en una situación de impago de las nóminas que se les adeudan. Esta situación, denunciada reiteradamente tanto
por las propias trabajadoras como por el Grupo Parlamentario Socialista, debe solucionarse con urgencia con objeto de que dichas trabajadoras puedan ejercer sus derechos laborales, hoy hurtados.
Desde el Partido Socialista se han presentado varias iniciativas parlamentarias en defensa de los derechos laborales y salariales de las trabajadoras de Cleanet, así como se les ha prestado apoyo en los diversos municipios en que se ubican
las instalaciones objeto de su dedicación laboral.
La última de las iniciativas llevadas a cabo por el Grupo Parlamentario Socialista con respecto a este tema ha sido la pregunta oral en la sesión de control al Gobierno, del pasado día 11 de febrero, formulada por la diputada socialista de
Sevilla doña Silvia Oñate, coincidiendo con una concentración en Madrid de trabajadoras de la citada empresa llegadas de todos los puntos del Estado.
La pregunta versaba sobre las soluciones que va a ofrecer el Ministerio a los trabajadores y las trabajadoras de la empresa Cleanet que desarrollan su actividad en las instalaciones del Ministerio de Defensa y se han visto afectadas por el
impago de sus nóminas por parte de la empresa. Personas con familias a su cargo; hombres y mujeres que cada día limpian las dependencias del ministerio pese a llevar meses sin cobrar. Al tiempo, se puso de manifiesto el desinterés y la dejación
de funciones del Ministerio de Defensa en la solución a la problemática laboral que afecta a un número aproximado a 2.000 trabajadoras y trabajadores.
Por ello se exigió al Ministro de Defensa la toma de medidas de forma urgente, la garantía a presente y futuro de los puestos de trabajo y la asunción de responsabilidades ante la situación.
Ante esta pregunta el Ministro Defensa que afirmó tener una preocupación por el tema que desconocen las trabajadoras, anunció la rescisión del contrato con la empresa Cleanet durante el mes de marzo de 2015 y, sin concreción alguna, la
asunción del nuevo adjudicatario de la protección más exigente de los derechos de las trabajadoras.
Por todo lo expuesto, y ante la falta de concreción en la respuesta del Ministro de Defensa, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Tomar las medidas oportunas para evitar que la nueva adjudicación del servicio de limpieza de las dependencias del Ministerio de Defensa recaiga sobre empresas con antecedentes de incumplimiento de sus obligaciones con respecto al
personal.
Elaborar un listado con empresas de malas prácticas para evitar que sean adjudicatarias de cualquier otro contrato de servicio en los organismos públicos.
Tramitar de forma urgente el expediente de resolución por incumplimiento contractual de Cleanet por no atender sus obligaciones con los trabajadores.
Garantizar la subrogación de los contratos de los trabajadores y las trabajadoras que prestan sus servicios en la empresa Cleanet a la nueva empresa adjudicataria.
Garantizar el abono de los salarios y, en su caso, de los complementos que se adeudan a la plantilla de Cleanet, así como los intereses de demora derivados del impago que han sufrido las trabajadoras y trabajadores y el reconocimiento de
daños y perjuicios ocasionados por la situación descrita y la compensación correspondiente a que haya lugar.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2015.Silvia Oñate Moya, María Paloma Rodríguez Vázquez, María González Veracruz, Pedro Saura García, Guillermo Antonio Meijón Couselo, María Consuelo Rumí Ibáñez, Antonio Francisco
Pradas Torres, María Carmen Sánchez Díaz, Elvira Ramón Utrabo, Antonio Hurtado Zurera, Felipe Jesús Sicilia Alférez, Jaime Javier Barrero López, María Teresa Rodríguez Barahona, María del Puerto Gallego Arriola, Pedro José Muñoz González, Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, María Luisa González Santín, Juan Luis Gordo Pérez, Félix Lavilla Martínez, María Soraya Rodríguez Ramos, María del Mar Rominguera Salazar, Julio Villarrubia Mediavilla, Leire Iglesias Santiago, María Soledad Pérez
Domínguez, María del Mar Arnaiz García y María Virtudes Cediel Martínez, Diputados.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley en relación con la fiscalidad de pensiones de emigrantes retornados, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
Conforme a lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su artículo 7.f) se consideran rentas exentas las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o
por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Los emigrantes retornados que perciben pensiones públicas similares del extranjero no pueden aplicarse directamente la exención en su declaración del IRPF y se ven obligados a tributar y a presentar con posterioridad una solicitud de
rectificación de su autoliquidación alegando el carácter de invalidez total de su pensión.
En el escrito de rectificación deben solicitar la consideración de la pensión que cobran del extranjero como de invalidez absoluta, por lo que estaría exenta de tributar y no debería haberse incluido en la declaración, solicitando por tanto
la rectificación de su liquidación.
Para resolver estas solicitudes, la AEAT requiere al INSS un informe pericial sobre la correspondencia en grado de incapacidad laboral causa de la prestación económica para ver si es una invalidez total con derecho a exención. En caso
positivo se resuelve la rectificación de la declaración con la devolución y pago de intereses de demora.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un procedimiento de homologación de las pensiones públicas del extranjero para posibilitar que se pueda aplicar la exención directamente en la declaración del IRPF y evitar los
recursos a que se ven obligados en la actualidad a plantear por los emigrantes retornados con pensiones públicas de otros países.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2015.Antonio Hurtado Zurera y Gracia Fernández Moya, Diputados.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/003466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la limpieza y mantenimiento de los márgenes de la autovía A-8 a su paso por la localidad de Llaranes-Avilés, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La localidad de Llaranes, perteneciente al municipio de Avilés, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, viene sufriendo el ruido de la autovía A-8, que afecta directamente a los vecinos, incrementado no solo por la densidad del
tráfico, sino también por el tipo de pavimento de la autovía.
Asimismo, el estado de abandono del mantenimiento de la autovía a su paso por esta localidad, hace que la maleza acumulada se desborde por encima de la valla protectora, y esto junto con una acumulación de basura y el riesgo de caída que
puedan correr algunos árboles que se encuentran próximos a las calles Agreira y Arganza, tienen muy preocupados a los vecinos de la zona, como ha expresado en múltiples ocasiones el presidente de la Asociación de Vecinos Santa Bárbara de esta
localidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dentro de las actuaciones de mejora y conservación de las carreteras se incluya la instalación de pantallas acústicas en los márgenes del tramo de la autovía A-8, a su paso por la localidad de Llaranes.
2. Llevar a cabo la limpieza de la maleza acumulada y de los márgenes de la autovía en la localidad de Llaranes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2015.María Virtudes Monteserín Rodríguez, Antonio Ramón María Trevín Lombán y María Luisa Carcedo Roces, Diputados.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/003468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de mejora
de la autovía A-2 y propuestas de futuro de su corredor, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las políticas de mejora de las infraestructuras de transporte, así como de las políticas innovadoras en seguridad vial, son la garantía de tener un país competitivo y disponer de buenas y seguras infraestructuras al servicio de la sociedad .
Dentro de este marco de actuación, el Ministerio de Fomento promovió un programa de mejora de las autovías de primera generación en 2006. Las primeras autovías libres de peaje se construyeron a principios de los años ochenta, aprovechando
las carreteras existentes como una de las calzadas de la autovía, denominándose autovías «primera generación». El aumento de tráfico, velocidad de circulación y accidentalidad impuso la necesidad al Estado de acometer un plan de acondicionamiento,
modernización y mejora de las autovías que permita su adecuación a las nuevas exigencias de seguridad.
La necesidad de hacer frente al acondicionamiento en un corto espacio de tiempo y de su mantenimiento con altos estándares de calidad y servicio hicieron plantear el desarrollo del plan con la implantación de un sistema concesional por un
periodo de diecinueve años, desde el año 2006, inicio del plan con la gestación de los contratos concesionales. Concretamente, se trata del Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de noviembre de 2006, el cual y, de acuerdo con el artículo 47 de la
Ley 47/2003, General Presupuestaria, autoriza al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de gasto para ejercicios futuros con cargo al capítulo 6 «Inversiones reales» de la Dirección General de Carreteras.
El programa de adecuación contemplaba dos fases. En la primera de ellas se actúa sobre 1.525 km los corredores de las autovías A-1 (Madrid-Burgos), A-2 (Madrid-Zaragoza), A-3 y A-31 (Madrid-Alicante) y A-4 (Madrid-Sevilla), de los que ya
hay acondicionados 1.000 km. Una segunda fase contemplaba la actuación sobre 580 km de los corredores de las autovías A-2 (Igualada-Martorell), A-5 (Madrid-Badajoz) y A-6 (Adanero-Benavente).
En la actualidad, de la autovía A-2 solo resta la actuación en el tramo entre Igualada y Martorell, transitado diariamente por más de 40.000 vehículos diarios y que todavía conserva algunos aspectos de diseño que en la hoy en día no estarían
tolerados. Esto conlleva que no sea un tramo que esté a la altura de los niveles de seguridad requeridos, hecho que se traduce en continuados incidentes y accidentes.
Además, existen algunos trazados que obligan a reducir la velocidad de manera importante, restando competitividad a la infraestructura.
El estudio de las actuaciones a realizar en este tramo de la A-2 entre Igualada y Martorell se encontraba en 2010 en fase final de redacción, con el siguiente contenido:
El trazado propuesto tenía una longitud total de 32 km y 18 enlaces, basado en la autovía existente y mejorando la calidad del trazado.
Se proyectaron dos variantes de una longitud aproximada de 8 km con un trazado completamente nuevo. A lo largo de otros 12 km, el corredor discurría por el trazado actual únicamente ampliando su sección transversal. Y en los 12 km
restantes se mejoraron los parámetros de trazado, ampliando los radios en las curvas.
La sección transversal proyectada consta de una plataforma con dos calzadas separadas de tres carriles (3 × 3,50 m) por sentido y arcenes exteriores/interiores de 2,5/1,5 m con una mediana no inferior a 2 m.
Se analizaron: 10 viaductos, 20 pasos superiores y 19 pasos inferiores, además del estudio de acondicionamiento de los túneles del Bruc con 1.120 y 840 m cada tubo.
Pero desde 2012 no se han realizado actuaciones destacables, de manera que el problema es cada vez mayor y se puede agravar más en el futuro atendiendo a la previsión de crecimiento del tráfico y la puesta en servicio de varias de las
grandes infraestructuras generadoras de movilidad del entorno de la ciudad de Barcelona (ampliación del puerto de Barcelona, zonas de actividades logísticas,...).
Esto lleva a pensar no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Así, a la necesaria mejora de la autovía A-2 entre Igualada y Martorell, garantizando las mejores condiciones de seguridad y un trazado de 3+3 en todo el tramo, es preciso que
el Gobierno del Estado estudie alternativas a esta infraestructura. Esto pasa por un cambio modal, atendiendo a los diversos programas marco de infraestructuras de la Unión Europea y otras importantes instituciones.
Esta alternativa modal sería la construcción del proyecto «Eje Transversal ferroviario catalán», que seguiría en paralelo a la citada autovía entre Lleida y Barcelona. En Igualada tendría un bucle con un trazado que conectaría con Girona
pasando por Manresa, Vic y Santa Coloma de Farners. Este proyecto permitiría que el transporte de mercancías del centro peninsular que se dirija hacia Barcelona y/o hacia Europa central pueda tener una alternativa competitiva y, en el caso de
dirigirse hacia Europa central, se evitaría el paso por las infraestructuras ferroviarias del área de Barcelona, actualmente muy colapsadas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«Se insta al Gobierno a:
1. Llevar a término las obras incluidas en los estudios de mejora de la autovía A-2 entre Igualada y Martorell.
2. Que inicie los estudios para el diseño, construcción y puesta en servicio del proyecto del Eje transversal ferroviario catalán. Para la realización de este punto es importante la coordinación y el desarrollo con el Gobierno de la
Generalitat de Catalunya, ya que dispone de estudios realizados sobre el proyecto.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2015.Román Ruiz Llamas, Diputado.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupos Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley para la unificación tarifaria
y la modernización de la red de cercanías en el área central de Asturias, para su debate en la Comisión de Fomento.
En el área central de Asturias se concentran unos 800.000 habitantes, siendo la sexta área metropolitana de España por volumen de población. A su vez, este área cuenta con una densa red de transporte público, en la que los principales
operadores son ALSA, RENFE y FEVE.
La inversión en carreteras en el Principado de Asturias, tanto por parte del gobierno autonómico como por el Estado, ha sido muy fuerte en nuestra región.
Por el contrario, la inversión en la red ferroviaria de cercanías ha sido irrisoria, rozando casi la nulidad desde la llegada de la democracia. El desfase más agudo se nota en la malla ferroviaria de FEVE, ahora integrada en RENFE. Se
circula en trenes modernos con unas vías del siglo pasado, lo que ha provocado una caída considerable de pasajeros en la red de cercanías, sobre todo en FEVE. La infraestructura ferroviaria que se mantiene en Asturias básicamente pertenece al siglo
pasado. Está desfasada en el caso de RENFE y en el de FEVE es simplemente anacrónica, pues el 86 % funciona con vía única. Se hace necesario desdoblar vías con urgencia, si realmente se quiere fomentar el uso del transporte público, por todas las
ventajas que ello conlleva y para disminuir la dependencia del coche privado.
A esto hay que añadir la gestión conservadora que los operadores ferroviarios han llevado en varias de sus líneas. Un ejemplo se puede ver en el corredor Gijón-Pola de Siero, donde FEVE se ha suicidado, comercialmente hablando, lo que,
unido a unas inversiones, cuando menos erróneas, ha hecho que la caída de pasajeros haya sido espectacular en FEVE.
Ha llegado la hora de reconocer que se debe replantear el discurso de las grandes infraestructuras en Asturias y reforzar la red de cercanías, acercándose de verdad a las necesidades cotidianas del ciudadano.
Las propuestas de mejora del servicio ferroviario en la red de cercanías competen a dos niveles político/administrativos distintos: el Gobierno del Principado de Asturias y el Gobierno de España.
Varias de las propuestas que el colectivo «Asturias al Tren» ha planteado, y que se plasman en esta iniciativa, son de fácil ejecución y de coste moderado. Su ejecución generaría un importante beneficio social que redundaría en un mayor uso
del tren en nuestra región, modernizando y poniendo el servicio ferroviario de cercanías en pleno siglo XXI.
Por todo ello, recogiendo la moción aprobada el 7 de febrero de 2014 por unanimidad del Parlamento de Asturias. Se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Unificar el actual sistema tarifario, eliminando los abonos particulares de FEVE y RENFE, pasando dichas compañías a utilizar exclusivamente los abonos del Consorcio del Transporte en Asturias (CTA), integrándose con ello de una manera
real en dicho ente para favorecer una clarificación tarifaria que traerá consigo un aumento del uso del tren en Asturias.
2.º Establecer un servicio de trenes semidirecto entre Gijón y Pola de Siero, aprovechando las infraestructuras existentes, permitiendo una reducción a la mitad en el tiempo empleado en el trayecto y favoreciendo así el incremento del número
de usuarios.
3.º Ejecutar el desdoblamiento de vías entre Noreña y Gijón al objeto de modernizar y poner en pleno siglo XXI Ios corredores ferroviarios de FEVE Gijón-Pola de Siero y Gijón-Pola de Laviana.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2015.Gaspar Llamazares Trigo y Ascensión de las Heras Ladera, Diputados.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
los graves problemas de seguridad vial de la N-VI a su paso por el Ayuntamiento coruñés de Oleiros. Debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La N-VI a su paso por el Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) adolece de múltiples problemas de seguridad vial en varios puntos de su recorrido. Sus deficiencias en la planificación de la construcción, así como la falta de medidas para
corregir o mejorar sus defectos de ejecución, han sido los causantes de numerosos puntos negros a lo largo de su trayecto que llevan años pendientes de solución.
En esta iniciativa parlamentaria trataremos de aludir a las zonas más problemáticas debido a su alta concentración de accidentes.
En la parroquia de Nós (Oleiros) se sitúa otro de los peligros circulatorios de la N-VI. Se trata de la curva de A Fortaleza, o también conocida como de Biona por encontrarse allí una conocida fábrica de piensos. Es una curva de gran
riesgo para los conductores y para los vecinos cuyas casas están al pie de la carretera, así como para los peatones que caminan por esta área.
En febrero de este mismo año, el Ayuntamiento de Oleiros comunicó, basándose en una información por escrito remitida por el Ministerio de Fomento, que se procedería a la instalación de una «barrera en la acera» a la altura de las casas
ubicadas en la curva de Biona.
Aprovechando esta idea los habitantes de la zona demandaron que la barrera de hormigón sobre el viaducto en O Seixal, a la altura del Club de Tenis, se prolongue 40 metros, eliminando así los bolardos y como medida para evitar colisiones de
vehículos contra las casas.
Las obras de ampliación de la N-VI efectuadas en 2010 sólo contribuyeron a suavizar la curva de la vía en este punto pero siguen produciéndose accidentes porque el problema no se ha resuelto.
Los motivos de tanta colisión en este punto hay que buscarlos en varios factores. Por un lado, se cometen muchas infracciones en la incorporación de un carril a otro, sobre todo en dirección hacia A Coruña, a pesar de que hay líneas
continuas. Y también se señala como causa la existencia de un firme resbaladizo por la presencia de tierra procedente de la fábrica.
Requeriría de una solución que podría pasar por la instalación de una mediana hasta la altura del paso elevado como medida para proteger las viviendas y evitar así la realización de maniobras prohibidas.
En la misma parroquia de Pernio, en las zonas conocidas como Beiramar y O Seixo, el problema de seguridad vial afecta sobre todo a los peatones y a la conectividad entre las viviendas ubicadas en un margen y en otro de la N-VI. Se trata de
un área fundamentalmente industrial, con muchas naves y concesionarios de vehículos, aunque también hay viviendas y comercios.
Por allí los vehículos circulan a gran velocidad en ambos sentidos, lo que unido a la falta de lugares adecuados para cruzar lo convierten en un punto de elevado peligro. El paso de peatones y la pasarela elevada más cercanos están
alejados, lo que lleva a los peatones a cruzar aprovechando que una zona de la mediana es un jardín.
Otro de los problemas viarios se localiza en el semáforo de O Carballo, causante de retenciones kilométricas, sobre todo en sentido hacia A Coruña, así como en sentido Betanzos-Lugo. El cruce del semáforo de O Carballo es otro de los puntos
negros de la N-VI en el área metropolitana de A Coruña.
En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 se incluía una partida destinada a mejorar este tramo por un importe de 238.000 euros. Sin embargo nada se ha hecho. Para el presente año 2015 aparece una asignación presupuestaria
de 165.000 euros para la reordenación del tráfico en la N-VI a su paso por O Carballo, en Oleiros (A Coruña). Sería deseable que esta vez Fomento se decidiese a ejecutar la inversión y se cumpliesen los Presupuestos.
El proyecto analizado por el Ministerio y el Ayuntamiento contempla tres actuaciones básicas para mejorar la circulación: eliminar el semáforo del cruce, construir una rotonda y dirigir los tráficos procedentes del centro urbano de Oleiros
(de la avenida Miguel Hernández) hacia las glorietas para cambiar de sentido. La idea es eliminar los carriles centrales que permitían los giros a la izquierda y dedicar los carriles de los márgenes a incorporaciones a otras vías.
Los problemas de seguridad vial señalados en esta exposición de motivos son ya viejos conocidos del Ministerio de Fomento, independientemente del color del Gobierno central que predominase en ese momento. Sin embargo, nunca han sido objeto
de auténtica preocupación, ni han sido tratados como algo prioritario a resolver. Más allá de leves parches, ningún Ministerio de Fomento se ha tomado en serio la urgente necesidad de corregir las graves deficiencias de seguridad vial de la N-VI a
su paso por Oleiros.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
Aprobar un Plan integral de mejora de los graves problemas de seguridad vial de la N-VI en el área metropolitana de A Coruña.
En concreto:
Proceder a la mejora de la seguridad vial en la peligrosa curva de A Fortaleza (también conocida como curva de Biona) en la parroquia de Nós (Oleiros), con medidas como la instalación de barreras de protección en la acera, o la
prolongación de la barrera de hormigón sobre el viaducto de O Seixal, o la instalación de una mediana hasta la altura del paso elevado.
Mejorar la seguridad vial de los peatones y la conectividad entre los dos márgenes de la N-VI en las zonas conocidas como Beiramar y O Seixo.
Ejecutar cuanto antes la partida destinada a mejorar el cruce donde se sitúa el semáforo de O Carballo a fin de terminar con los kilométricos atascos y el elevado número de accidentes que se producen. A tal fin, proceder a la eliminación
del conflictivo semáforo construyendo una rotonda para dirigir los tráficos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2015.Rosana Pérez Fernández, Diputada.Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a ampliar a veinticuatro horas el horario de operaciones del aeropuerto de Reus, la conversión en terminal de carga logística y a impulsar y a autorizar la construcción de un puesto de Inspección Fronteriza de la Unión Europea, para
su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El aeropuerto de Reus es una infraestructura clave para el desarrollo económico y social de Reus y de toda la provincia de Tarragona.
En los últimos años ha descendido de forma alarmante el número de pasajeros que lo utilizan. Así, se ha pasado de recibir 1,7 millones de pasajeros en el año 2009 a menos de la mitad en 2014, solo 850 mil pasajeros.
Teniendo una capacidad operativa para recibir más de 4 millones de pasajeros al año y unas claras potencialidades para convertirse en terminal de carga logística, es necesario impulsar las medidas necesarias para aprovechar el máximo esta
infraestructura, hacerla competitiva y convertirla en un verdadero instrumento de dinamización del territorio.
En los próximos años hay previstos dos grandes eventos multitudinarios en la provincia de Tarragona, la apertura del parque temático de atracciones Ferrari Land en 2016 y la celebración de los Juegos del Mediterráneo en 2017. Es necesario
anticiparse y realizar todas las gestiones necesarias para reactivar el aeropuerto de Reus, y conseguir que sea lo suficientemente atractivo y competitivo para captar rutas con las compañías aéreas y para que los tour operadores lo incluyan en su
programación de destinos.
El aeropuerto de Reus tiene unas capacidades en sus infraestructuras y sistemas que le permitirían atender adecuadamente, con unos elevados niveles de seguridad y calidad en sus servicios, un horario continuo de veinticuatro horas de
funcionamiento operativo. El ajuste del horario operativo a H24 posibilitará e impulsará la captación de rutas de compañías aéreas e incluso la posible elección como base operativa por parte de alguna compañía aérea, como fue el caso de Raynair de
2008 a 2011.
Con el objetivo de impulsar la actividad industrial y comercial de la provincia y de su área de influencia, también proponemos que el aeropuerto de Reus se convierta en una terminal de carga logística con
capacidad para importar y exportar mercancías de grandes dimensiones e impulsar la autorización como Punto de Inspección Fronteriza de la Unión Europea que permita la realización de controles veterinarios oficiales de productos de origen
animal y animales procedentes de países terceros.
La ampliación del horario de operaciones a H24 y el impulso de la terminal de carga logística del aeropuerto de Reus favorecerá la generación de sinergias con el sector productivo, industrial y turístico del área de influencia de Reus y un
previsible impacto positivo en la creación de empleo directo e indirecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todas las acciones necesarias para:
1. La implantación en el aeropuerto de Reus de un horario continuo de operaciones de veinticuatro horas.
2. La ampliación del aeropuerto de Reus con una terminal de carga logística compatible con la actividad comercial de pasajeros.
3. La construcción y autorización de un Punto de Inspección Fronteriza de la Unión Europea.
4. Garantizar la plantilla de trabajadores y la capacidad de las infraestructuras necesarias para un adecuado funcionamiento operativo del aeropuerto de Reus de acuerdo con las nuevas medidas propuestas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2015.Francesc Vallès Vives, Diputado.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/003475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para el cumplimiento y revisión de las condiciones del Préstamo Renta
Universidad (PRU), para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
La tasa de paro juvenil en España se encuentra en torno al 53 por ciento del total del colectivo de jóvenes, situación que podríamos describir, sin complejo alguno, como uno de los problemas más urgentes e importantes de nuestro Estado de
Derecho Democrático y Social. Esto es lo que explica el resurgir de una justa reclamación por parte de los beneficiarios de la línea ICO-Préstamo Renta Universidad, que, al verse relegados a la precariedad social o a la exclusión del mercado
laboral, contemplan como la finalidad última de dicho préstamo se desvanece, en tanto en cuanto las titulaciones se tornan estériles e inútiles a la hora de poder emanciparse mediante un trabajo digno y decente acorde con el esfuerzo y el talento de
todos.
El Préstamo Renta Universidad (PRU) fue puesto en marcha por la Ministra Cabrera, aunque posteriormente fue desnaturalizado por la Ministra Garmendia que lo redujo a unos préstamos con un período inicial de carencia, cosa que ya nuestro
Grupo denunció en su día como falsos préstamos renta, y volvió a sufrir unos nuevos recortes con el gobierno del PP.
Este instrumento inicialmente fue ideado, por una parte, como una apuesta por la formación académica y el futuro laboral de los jóvenes españoles y, por otra, como un compromiso con el principio de la igualdad de oportunidades para el acceso
a programas avanzados en base a los méritos y las capacidades de cada cual. Tenían además la característica esencial de que se empezarían a devolver (a un 0 % de interés) cuando se obtuviera una renta anual superior a 22.000 euros anuales (renta
media) , y si en quince años no se hubiese podido devolver total o parcialmente la cantidad de esa «beca-préstamo», la deuda prescribiría y se eximiría de dicho pago a los receptores de los mismos.
Por todo ello, es absurdo exigir la devolución del préstamo cuando no se reciben ingresos, y que lo racional sería volver a la situación anterior de modo que no se exija tal devolución hasta que no se supere
la renta media, acompañando esta medida con la gratuidad de los estudios universitarios, priorizándola para el Grado, y de un sistema generalizado de becas-salario. Y todo ello porque el estudio es una actividad socialmente útil que debe
ser retribuida.
Resulta terrible y angustioso que existan miles de jóvenes frustrados y decepcionados por haber superado dichos cursos lo cual constituía la condición «sine qua non» del programa y ver, al mismo tiempo, como éstos se devalúan y se
desprestigian cual si «papel mojado» fueran, quedando sin efecto alguno e incluso suponiendo un lastre a la hora de ser contratados. Eso, por no mencionar el hecho de que, abierta o indirectamente, se haya tachado a estos estudiantes de parásitos
egoístas que no desean devolver el dinero prestado o que son unos dilapidadores del dinero recibido y lo han utilizado básicamente para cosas ajenas a la Universidad. Acusaciones que significan un atentado contra su honor como estudiantes y como
ciudadanos.
La tasa de paro juvenil en España debe considerarse una situación excepcional, y las instituciones financieras, educativas y políticas implicadas, tienen una responsabilidad mayor en todo este proceso, ya que se usó una propaganda falsa
desde que se convocó el Préstamo Renta Universidad, allá por el ejercicio 2007/2008. Muchos estudiantes se acogieron a este préstamo precisamente por la información que aparecía en la página web oficial. Estudiantes que ahora se ven obligados a
devolver el préstamo aun cuando estén en situación de paro o con ingresos insuficientes para afrontar tal problema.
La única justificación para la devolución de parte del dinero recibido, aunque ello pueda conseguirse también parcialmente a través del sistema tributario, es si los estudios sufragados han permitido obtener unas retribuciones elevadas,
superiores a la renta media. En ausencia de dichas retribuciones, carece de justificación pedir la devolución del dinero recibido para sufragar los estudios, lo cual, naturalmente, no incluye sólo la adquisición de libros u otro material de
estudio, sino también el mantenimiento en general de los y las estudiantes.
La educación, y menos aún los programas que permiten a jóvenes de familias de «clases medias», por llamarlas de alguna manera, poder realizar estudios superiores de máster, posgrado o doctorado, no deben estar sujetas a las reglas y
criterios de estricta rentabilidad. Entendemos que es una inversión que redundará en beneficio de la propia sociedad. Creemos que la modificación última del actual Gobierno de ampliar el plazo de carencia, no así el de amortización, fue una medida
aceptable. Sin embargo, lo único que hace es posponer su sufrimiento, ya que, atendiendo a los últimos datos es fácil comprobar que en uno, dos o tres años de ampliación de carencia, la tasa de paro juvenil, más allá de contratos temporales y
estacionales, es igual de nefasta y dramática.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas oportunas para que los beneficiarios de la línea ICO-Préstamo Renta Universidad puedan cumplir con lo pactado y devolver el préstamo recibido a través de unos plazos de carencia y amortización vinculados a la
superación de la renta media que les permita emanciparse y desarrollarse profesionalmente. Es decir poner en marcha unas medidas de renegociación de las cláusulas contractuales de este tipo de préstamos, para equipararlas a las existentes en la
convocatoria de 2007, de forma que la persona deudora solo tenga que hacer frente al pago cuando su renta anual sea superior a la renta media, paralizando mientras tanto el cobro de los préstamos o prorrogando el periodo de carencia mientras no se
sustancien estas modificaciones.
2. Hacer públicos los convenios de colaboración internos entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el ICO y las entidades bancarias correspondientes con el fin de aclarar de una vez por todas, el origen del dinero destinado a los
Préstamos Renta Universidad, y dilucidar de forma transparente dónde empiezan y dónde terminan las competencias de todas las entidades implicadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.María Caridad García Álvarez, Diputada.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la conversión de las horas extraordinarias en creación de empleo y
en la mejora del empleo existente, para su debate en la Comisión de Empleo.
La encuesta de población activa (EPA) refleja que durante los últimos años se está realizando un elevadísimo número de horas extraordinarias, que resulta escandaloso si lo observamos teniendo en cuenta que el desempleo afecta al 23,70 % de
los trabajadores y trabajadoras, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística.
Los dos últimos trimestres del año 2014 la Encuesta de Población activa refleja los siguientes datos sobre horas extraordinarias realizadas; el tercer trimestre del año 2014 se realizaron en España un total de 5.299,2 miles de horas
extraordinarias cada semana, de las cuales 2.748,8 miles ni tan siquiera fueron pagadas a los trabajadores que las realizaron, y el cuarto trimestre del mismo año se incrementó el número total, de forma que se realizaron 5.483,8 miles de horas
extraordinarias cada semana, de las cuales 2.967,1 no fueron retribuidas. Este número de horas extraordinarias se viene manteniendo más o menos estable durante los últimos tres años. Si este volumen total de horas extraordinarias de realizaran
como horas ordinarias serían necesarios más de 135.000 nuevos contratos de trabajo a tiempo completo.
Este ingente número de horas extraordinarias realizadas están fuera de cualquier control de legalidad; con toda seguridad, en la mayoría de las empresas en las que se realizan horas extraordinarias se vulnera el Estatuto de los Trabajadores
(ET) en materia de horas extraordinarias, de jornada de trabajo y de contrato a tiempo parcial, la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) estas horas extraordinarias no se cotizan, en su inmensa mayoría, a la Seguridad Social, y, finalmente,
se vulnera la Ley de Infracciones y Sanciones de la Seguridad Social (LISOS).
Del análisis de la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuya función es la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales durante el año 2013, se deducen datos muy preocupantes. Del total de sus actuaciones
durante ese año, un 57,89 % de las actuaciones se refirieron a Seguridad Social y economía irregular, frente a las actuaciones practicadas en el ámbito de las relaciones laborales (un 10,99 %) y prevención de riesgos laborales (un 27,27 %). De
forma más concreta, sólo el 1,13% de sus actuaciones (14.097) han tenido por objeto verificar el cumplimiento de la legalidad en materia de tiempo de trabajo, a pesar de que en el 39,67 % de los casos se han constatado incumplimientos empresariales;
mientras que a través de las actuaciones inspectoras en el ámbito de la Seguridad Social y el empleo irregular sólo han derivado en la detección de un número de trabajadores infractores, que compatibilizan trabajo con percepción de prestación de
desempleo, equivalente al 0,4 % del total de beneficiarios de las prestaciones por desempleo.
En definitiva, del total de actuaciones de la ITSS se puede concluir que su actividad está mediatizada por la política laboral del gobierno del Partido Popular, que impide que dedique su actividad a la función de vigilancia del cumplimiento
de la normativa laboral, función inspectora derivada de la cláusula constitucional del estado social y del Convenio de la Organización del Trabajo, y que supone la protección de los derechos de los trabajadores.
Estas horas extraordinarias, en muchísimos casos, son realizadas por trabajadores mayoritariamente mujeres con contrato a tiempo parcial, que son contratados para trabajar unos pocas horas a la semana, y en realidad acaban realizando
muchas más horas de las inicialmente contratadas, que incluso pueden que las empresas no paguen.
Esta realidad es mucho más grave si se tiene en cuenta que el número de contratos de trabajo a tiempo parcial se ha ido incrementando año tras año; así el contrato a tiempo parcial se ha convertido en el nuevo instrumento legal de
precarización y empobrecimiento de los trabajadores, y supone ya el 16 % de la totalidad de los contratos vigentes.
Esta realidad choca frontalmente con la necesidad de crear empleos y con la necesidad de que los empleos que se puedan crear no sean precarios. Una de las posibilidades de creación de empleo y de mejora del empleo ya existente es la
eliminación o reducción de las horas extraordinarias trabajadas.
Frente a esta situación el Gobierno mira hacia otro lado; así, en fecha 7 de enero de 2015, ha presentado al Congreso de Diputados el Informe de evaluación del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social,
derivado de la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
En el momento de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, planteó una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley por considerar, entre otras razones, en primer
lugar, que «identificar el fraude a la Seguridad Social con 'economía sumergida' o 'economía irregular' supone un grave error, puesto que esta expresión incorpora sobre todo la vertiente fiscal, que no corresponde en absoluto al ámbito de lo
laboral. Esta confusión no es neutral, porque sitúa automáticamente el conjunto del problema en la falta de alta de los trabajadores o en el fraude en la percepción de una prestación», en segundo, que «el proyecto olvida una parte importante del
fraude a la Seguridad Social. Este fraude tiene dos vertientes principales: en primer lugar, la falta de alta y, en segundo lugar, las diferencias de cotización (parte de salario indebidamente excluido de las bases de cotización)», y, finalmente,
porque «centrar la lucha contra el fraude sobre los perceptores de la prestación por desempleo» que parece ser una de las obsesiones de un gobierno que sigue estigmatizando a los millones de ciudadanos que quieren trabajar, y no pueden».
Las actuaciones del Gobierno, que el Informe presentado en enero de 2015 detalla, se han caracterizado exclusivamente por un afán recaudatorio en materia de cuotas a la Seguridad Social. Siendo positivo que el sistema de Seguridad Social
aumente sus ingresos a partir de la actuación de la Inspección de Trabajo, está no puede ser la única prioridad, ignorando que una de las funciones claves de la Inspección es la de la vigilancia y control de las condiciones de trabajo y el
cumplimiento empresarial de la normativa vigente. Funciones estas que, si se realizaran con plenos medios, supondrían no solo una mejora en las condiciones de trabajo, sino también un aumento de los ingresos de la Seguridad Social.
Por ello, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debería priorizar sus actuaciones de vigilancia y control en el cumplimiento de la legalidad en relación a todos los aspectos relacionados con el tiempo de trabajo y su distribución, y de
forma especial la realización por parte de los trabajadores de horas extraordinarias, y en la vigilancia y control en el cumplimiento, por parte de las empresas, de todas aquellas previsiones legales del contrato a tiempo parcial, tanto formales,
como de la propia ejecución de contrato.
En este sentido, por razones de solidaridad y también de eficiencia económica parece lógico que el objetivo de convertir una buena parte de estas horas extraordinarias en nuevos contratos debería formar parte de las prioridades del Gobierno.
Para ello, la Proposición no de Ley considera que deben adoptarse medidas de carácter legislativo, de carácter administrativo en el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la legislación en materia de tiempo
de trabajo, y, finalmente, medidas de carácter incentivador en la generación de empleo y de conversión de empleo precario en empleo de calidad.
Entre las medidas de carácter legislativo es imprescindible modificar la regulación legal de las horas extraordinarias con el objeto de reducir o evitar su realización, ya sea por la vía de la reducción del número de las que puedan
realizarse, ya sea por la vía de desincentivar de forma suficientemente disuasoria, su realización.
También en el ámbito de las medidas de carácter legislativo es obligatoria una reforma de la regulación legal del contrato a tiempo parcial con el objeto equilibrar los intereses de ambas partes del contrato; la empresa debe ajustar el
tiempo que contrata al tiempo que necesita y debe planificar su distribución, para que el trabajador tenga la seguridad de cuál es el tiempo contratado y cuando deberá realizarlo, y pueda planificar no sólo el trabajo sino también su vida personal y
familiar. Para ello resulta imprescindible que el contrato de trabajo inicial contenga el tiempo contratado y de distribución, y sólo existan las horas complementarias «obligatorias» reflejadas en el contrato, y que se establezca la obligación
empresarial de comunicar por escrito los cambios de horario al trabajador afectado, a los representantes de los trabajadores y al Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE).
Entre las medidas de vigilancia y control en el cumplimiento de la legalidad en relación con el tiempo de trabajo, la Proposición no de Ley pretende que se priorice la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en este ámbito,
y que se la dote de recursos para cumplir con tal cometido de forma eficiente.
Finalmente, las medidas de carácter incentivador en la generación de empleo y de conversión de empleo precario en empleo de calidad tienen como finalidad, primero, mejorar los contratos de trabajo a tiempo parcial incrementando el número de
horas contratadas como ordinarias en función del número de
horas extraordinarias realizadas en la empresa, y, segundo, convertir el número de horas extraordinarias realizadas por trabajadores a tiempo completo en nuevos puestos de trabajo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a llevar a cabo todas las reformas legislativas, las actuaciones de vigilancia y control del cumplimiento de la ley y las medidas incentivadoras de la conversión de contratos a tiempo parcial y de las horas
extraordinarias realizadas en contratos de trabajo a tiempo completo, siguientes:
Medidas de carácter legislativo
Primera. Modificación del Estatuto de los trabajadores al efecto de:
a) Reducir el número de horas extraordinarias que sea posible realizar durante un año.
b) Establecer que la compensación de las horas extraordinarias, ya sea en tiempo ya sea en retribución, no podrá ser inferior al 175 %.
c) Modificar la regulación legal del contrato a tiempo parcial en los siguientes términos:
1.º El contrato de trabajo inicial deberá contener la concreción del número de horas contratadas, tanto ordinarias como complementarias, así como los horarios en que van a ser realizadas. Estableciendo la obligación de la empresa de
comunicar el horario de trabajo y comunicar los posibles cambios de horario al trabajador afectado con tiempo suficiente de antelación, y comunicarlos también a los representantes de los trabajadores y al Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE).
2.º Se debe derogar la previsión legal de realización de horas complementarias voluntarias.
Segunda. Modificación de la normativa legal en materia de cotización a la Seguridad Social, de forma que la cotización por las horas extraordinarias se incremente en un 100% de su coste actual y su cuantía se incorpore a la base de
cotización por contingencias comunes.
Tercera. Modificación de la Ley de infracciones y sanciones del orden social del derecho al efecto de que en materia de horas extraordinarias deba considerarse la existencia de una infracción, y su correspondiente sanción, para cada uno de
los trabajadores.
Medidas de vigilancia y control del cumplimiento de la Ley
Primera. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en coordinación con las Consejerías de empleo de las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia vigilancia y control del cumplimiento de la legalidad en el ámbito de las
relaciones laborales, deberá poner en marcha, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para su realización durante el año 2015, una campaña con los siguientes objetivos:
1.º Vigilancia y control en el cumplimiento de la legalidad en relación a todos los aspectos relacionados con el tiempo de trabajo y su distribución, y de forma especial la realización por parte de los trabajadores de horas extraordinarias,
su retribución por parte de la empresa, en su caso, la compensación en tiempo de trabajo, y, finalmente, la cotización a la Seguridad Social de las horas extraordinarias.
2.º Vigilancia y control en el cumplimiento, por parte de las empresas, de todas aquellas previsiones legales del contrato a tiempo parcial, tanto formales (contrato escrito con expresión de las horas ordinarias y complementarias contratadas
y la forma de realizarlas, comunicación a los representantes de los trabajadores), como de la propia ejecución de contrato (horas efectivamente trabajadas y momento en que son realizadas).
Segunda. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social deberá dotar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los recursos materiales e incrementar los recursos humanos necesarios para poder desarrollar, con garantías de eficacia, su
labor inspectora.
Medidas incentivadoras de la conversión de contratos a tiempo parcial y de las horas extraordinarias realizadas en contratos de trabajo a tiempo completo
Primera. La realización, continúa y estructural, de horas extraordinarias cuando se está trabajando con un contrato a tiempo parcial debe comportar la conversión del contrato de trabajo a tiempo parcial en un contrato a tiempo completo, o,
en su caso, en un contrato a tiempo parcial cuya jornada corresponda a las horas realmente realizadas.
Segunda. La realización, continúa y estructural, de horas extraordinarias por un trabajador contratado a tiempo completo debe comportar la contratación de un trabajador o trabajadora en situación de desempleo, por cada 1826,27 horas
extraordinarias realizadas en el año inmediatamente anterior.
Tercera. El Gobierno, teniendo en cuenta el ingente volumen de horas extraordinarias que se realizan, tanto en las empresas privadas como en las administraciones y empresas públicas, deberá adoptar las decisiones necesarias para incentivar
a las empresas para el necesario incremento de la contratación y la mejora de la calidad de la contratación ya existente, en las condiciones indicadas en los dos apartados anteriores.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2015.Laia Ortiz Castellví, Diputada.Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre «open data» o datos abiertos, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Existe una serie de normativas aprobadas en los últimos años que han supuesto avances desde el punto de vista de la apertura de la información pública para su reutilización, como son la Ley 37/2007 de Reutilización de PSI transposición de
la Directiva 2003/98/EC, la Ley 11/2007 de Acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y Derecho a la calidad de los servicios, el Real Decreto 1495/2011 que desarrolla la Ley 37/2007, para el ámbito estatal, y la Norma Técnica de
Interoperabilidad (19/02/2013, BOE 4/3/2013).
Es el momento de ir más allá, el Gobierno debería impulsar una iniciativa de «datos abiertos» en el conjunto de la Administración General del Estado. Aplicándose así la filosofía de la gobernanza abierta que implica un compromiso con la
transparencia, apertura de procesos de participación y apertura de datos. Adoptando los compromisos del Open Government Partnertship (OGP), creado en 2011, y siguiendo la estela de las iniciativas estatales más avanzadas como las del Open Data
Institute en el Reino Unido.
El compromiso con el Gobierno abierto es básico para recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones, atendiendo las nuevas demandas ciudadanas a la vez que se adapta a la nueva sociedad red. Esta apertura del Gobierno supone
transparencia y el fomento de una democracia activa y participativa.
Los datos abiertos u «open data» se refieren a la exposición pública de información, siempre de una forma adecuada para su acceso y libre reutilización por la ciudadanía, empresas u otros organismos. Los datos abiertos, son los que pueden
ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen.
Las iniciativas de datos abiertos de las administraciones públicas producen un doble beneficio a la sociedad: social y económico. Desde el punto de vista social los datos abiertos significan una mejora democrática, ya que ponen al alcance
de toda la ciudadanía información útil y utilizable haciendo real el carácter público de ésta, y también son un excelente recurso para el desarrollo de aplicaciones y servicios
que con valor social, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y a abordar necesidades sociales tales como aplicaciones que faciliten el uso a personas con necesidades de soporte especiales. Desde la perspectiva económica, sin duda
la utilización de los datos abiertos está en la base de una gran cantidad de actividades innovadoras y de productos y servicios que se pueden crear, generando crecimiento económico y de empleo.
Las estrategias gubernamentales de datos abiertos generan oportunidades económicas de forma más equitativa, el hecho que las administraciones pongan los datos públicos a disposición universal en internet, la red abierta y colaborativa,
genera más equidad, ya que potencialmente permite que cualquier persona utilizando sus conocimientos e ingenio pueda desarrollar servicios o productos basados en estos datos.
La estrategia integral de «datos abiertos u open data» del Gobierno de España debe cumplir los siguientes criterios:
Open data por defecto: Toda la información pública de la que la Administración General del Estado debe ser expuesta públicamente por defecto, y permitir su reutilización, a excepción de la información personal o datos que vulneren la
seguridad.
La información debe publicarse con una descripción explícita sobre su calidad y la metodología seguida para la creación de los datos, para facilitar su reutilización. Así debe publicarse ofreciendo los datos primarios de forma oportuna
para ser útiles.
Optar por publicar la mayor cantidad y variedad de conjuntos de datos para posibilitar más opciones como potenciales recursos.
Datos usables de forma universal. La información debe ser accesible para cualquier persona o colectivo al que le sea de interés, permitiéndose el uso gratuito o al costo mínimo de reproducción de la misma, sin establecer barreras físicas,
administrativas ni burocráticas.
Datos sin restricciones de uso. Las formas de distribución no estarán sujetas a restricciones de uso, de forma que cualquier persona pueda interpretar y utilizar los recursos a través de herramientas gratuitas o de uso común.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplicar una política mucho más avanzada de apertura de la información pública, adoptando una estrategia integral de 'datos abiertos u open data' a toda la información de la Administración
General del Estado, publicando y tratando por defecto la información como open data, en formatos abiertos y reutilizables.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2015.Lourdes Muñoz Santamaría y María González Veracruz, Diputadas.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas doña Olaia Fernández Davila (BNG) y doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa al no reconocimiento de Noruega de los años trabajados por marineros gallegos en buques noruegos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El 8 de mayo de 2013 la Comisión de Trabajo aprobó, a instancias del BNG, instar al Gobierno a «intensificar las gestiones ante el Gobierno noruego para garantizar que se reconozcan los años trabajados
por marineros gallegos en barcos de bandera noruega». Un acuerdo negociado por el BNG con el Grupo popular y con el Grupo socialista.
Casi dos años más tarde, el Gobierno español nada ha hecho, lo que ha obligado a los afectados a continuar con su lucha.
Como bien sabe el Gobierno, se trata de un problema de Seguridad Social con el Gobierno noruego que tiene un largo recorrido. Los marineros afectados llevan años reivindicando que Noruega les reconozca el periodo de tiempo trabajado en
buques nórdicos.
Recordamos que en la década de 1960 y 1970, y en menor medida en 1980, muchos marineros gallegos se trasladaron a Noruega a trabajar en cargueros, rebocadores off-shore y otros muchos buques de la marina mercante noruega. Las relaciones
laborales formales estaban más que acreditadas. Son marineros que estuvieron embarcados en barcos de Noruega hasta el año 1994. Son más de 12.000 según cálculos de la asociación gallega Long Hope. Además, los marineros pagaron los
correspondientes impuestos de acuerdo con el tratado tributario vigente y según la ley tributaria interna de Noruega.
En numerosas ocasiones a lo largo de estos años, el BNG llevó este tema al Congreso de los Diputados, pero ninguno de los Ejecutivos a los que nos dirigimos se esforzó verdaderamente por defender a este importante colectivo de trabajadores
del mar.
El no reconocimiento de Noruega de los años trabajados en buques nórdicos, tiene unas repercusiones muy negativas para los marineros debido a su incidencia en el cálculo de las pensiones de jubilación. Los afectados, muchos de ellos en edad
de jubilación, necesitan del reconocimiento de los años trabajados en el país noruego y precisan que se les compute el tiempo trabajado allí. La desprotección se agrava por el hecho de que el Estado español no computa el tiempo de embarque en
dichos buques para el cálculo de prestaciones de Seguridad Social. Un grave problema de desamparo legal reconocido por la Comisión Europea, que se ha desentendido del asunto proponiendo un convenio bilateral de Seguridad Social entre el Estado
español y Noruega.
Los afectados llevan tiempo movilizándose en defensa de sus derechos ante distintas Administraciones, tanto ante el Gobierno noruego, como ante el Gobierno español o ante la UE. Pero nada se ha movido al respecto a pesar de los compromisos
de la UE, o del propio Gobierno español.
En el caso del Gobierno noruego, éste niega el reconocimiento de las pensiones de jubilación a trabajadores del mar gallego, por carecer de la condición de residentes mientras trabajaban allí. Y eso que pagaron sus impuestos
correspondientes.
Desde luego, la respuesta sería distinta si se analizase la residencia como requisito de afiliación al sistema noruego de Seguridad Social desde el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite calificar como condición excluyente y
discriminatoria haber exigido la residencia para tal inclusión también antes de 1994, vulnerando derechos fundamentales universalmente reconocidos, ya que hay diferencia de trato discriminatoria por razón de nacionalidad, al no exigirse la
residencia a los nacionales noruegos empleados en los mismos barcos sin que exista justificación objetiva y razonable para ello.
Concretamente, hay una desigualdad de trato en materia de Seguridad Social que supone una vulneración del artículo 14 del Convenio (relativo a la «prohibición de discriminación») en relación con lo establecido en el artículo 1 («protección
de la propiedad») del Protocolo 1 al citado Convenio.
El remedio jurídico a esta diferencia de trato discriminatoria por razón de la nacionalidad se puede observar en el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Convenio contempla un sistema específico de protección del conjunto de
derechos y libertades fundamentales que figura en su contenido, que está centrado en la figura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cuya actividad de control se activa a partir siempre de la interposición de demandas interestatales y de
demandas individuales.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos registra la presencia de este tipo de demandas. En el caso de nuestros trabajadores del mar embarcados en buques noruegos, cabe la posibilidad legal de que sea el Estado español
quien pueda denunciar a Noruega por vulneración de los derechos fundamentales de aquellos trabajadores discriminados por razón de su nacionalidad.
De igual manera se pueden presentar demandas individuales por parte de los propios trabajadores del mar, pero sus demandas contra Noruega deberían cumplir las «condiciones de admisibilidad» requeridas por el artículo 35 del Convenio. Es
decir, tendrían que haber agotado todas las vías judiciales internas del Estado demandado. Esto es, antes de demandar a Noruega ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tendrían que reclamar en los tribunales de dicho Estado hasta la última
instancia.
La vía procesal de las demandas individuales es, en comparación con la vía de las demandas interestatales, más dilatada en el tiempo. Y no debemos olvidar que estamos hablando de personas
mayores. Además, se añadiría el factor del alto coste económico para personas que son pensionistas y no pueden costear procesos como el descrito.
Es fácil concluir que de los dos remedios procesales que ofrece el Convenio, el más ventajoso desde todos los puntos de vista es el de la demanda interestatal. Por muchas razones: es más rápido y corto en el tiempo, y es menos costoso al
asumir el Estado el proceso judicial.
Los afectados demandan que sea el Estado español el que denuncie a Noruega ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asumiendo así la presentación de una «demanda interestatal».
Proposición no de Ley
«En conclusión, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Adoptar las medidas legales correspondientes para interponer una demanda contra el Estado noruego ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al amparo del artículo 33 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por incumplir el Convenio
Europeo de Derechos Humanos al vulnerar la prohibición de discriminación por nacionalidad por exigir la residencia a los marineros gallegos empleados en buques de Noruega, como requisito para incluirlos en el sistema de Seguridad Social. Requisito
que no se exigió a los marineros de nacionalidad noruegos empleados en los mismos buques noruegos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2015.Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para definir
un plan estratégico para el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca es un centro de investigación integral del cáncer establecido en 1997 que se caracteriza por integrar investigación competitiva y de excelencia sobre cáncer en tres niveles distintos:
básico, clínico y aplicado. En pocos años, por la relevancia de los resultados de las investigaciones desarrolladas en el mismo y el nivel de las publicaciones de sus científicos, se ha convertido en un centro de referencia internacional en la
búsqueda de tratamientos que permitan curar enfermedades oncológicas y hematológicas.
El CIC está constituido alrededor del Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC), que tiene carácter de Instituto Universitario Mixto, dependiente de la Universidad de Salamanca (USAL) y del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Está también reconocido como Centro Sanitario (N.° Registro 5-14-0001) por el Sistema de Salud de Castilla y León (SACYL). Por tanto, la Junta de Castilla y León tiene obligación de garantizar el sostenimiento
económico de este centro.
A pesar del nivel demostrado por los científicos del CIC, la falta de financiación por los recortes habidos en los últimos años en I+D+i está poniendo en riesgo la viabilidad futura de este centro, hasta el punto que dos de sus
investigadores más relevantes han decidido realizar su actividad científica en otros lugares de España. Así, el pasado mes de abril el Dr. Enrique de Álava, una de las referencias mundiales en la investigación en sarcoma, decidió aceptar la oferta
del Hospital Virgen del Rocío para trasladar allí todo el laboratorio de investigación en esta enfermedad. Y este mes de junio, el Dr. Jesús San Miguel, uno de los hematólogos más reconocidos a nivel internacional, con numerosos premios por su
trabajo durante
más de tres décadas, entre ellos el prestigioso Jaime I de investigación médica 2013, ha comunicado que a partir de septiembre de 2013 dirigirá un nuevo proyecto de investigación en Navarra.
A principios del año 2011, antes de las últimas elecciones autonómicas, la Junta de Castilla y León comprometió financiar anualmente el funcionamiento de este centro. Fruto de este compromiso el Consejo de Gobierno aprobó el 24 de marzo de
2011 una subvención de 1.083.035 euros para el año 2011. Sin embargo, ese año solamente recibió un 50 % de esa cantidad, un 25 % se le pagó en 2012 y el otro 25 % fue anulado y nunca fue transferido al CIC. En el año 2012 la Consejería de
Educación anunció una subvención directa de 325.000 euros, que se ha hecho efectiva el 28 de febrero de 2013. La promesa de dar periodicidad anual a la subvención de aproximadamente un millón de euros aprobada en la citada resolución del Consejo de
Gobierno de 24 de marzo de 2011 no se ha cumplido.
Como consecuencia de esta errónea política, el CIC corre riesgo de perder su capacidad para continuar siendo un centro pionero en su materia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a definir con el Gobierno de Castilla y León un plan estratégico para el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca que permita el retorno de investigadores y asegurar la adecuada dotación
económica, de recursos humanos y materiales para permitir el mejor nivel de excelencia en la investigación del cáncer, y que así se siga beneficiando el conjunto del sistema sanitario español.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2015.José Martínez Olmos y Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputados.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
realización de un estudio epidemiológico nacional sobre la prevalencia e incidencia de silicosis por exposición a sílice cristalina, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La silicosis es una enfermedad pulmonar resultante de la inhalación y acumulación de polvo inorgánico de sílice en el pulmón. El riesgo de enfermedad está relacionado con la exposición acumulada durante toda la vida y con la cantidad de
sílice libre cristalina inhalada que, a su vez, depende de la concentración y del tamaño de las partículas respirables (<5 µm), y de la propia susceptibilidad individual. La prevención de esta enfermedad se basa en el control del polvo respirable y
actualmente no existe tratamiento curativo. La silicosis crónica es la presentación clínica más común, que aparece clásicamente en los mineros tras la exposición a concentraciones bajas durante un largo período de tiempo (>15-20 años). Las formas
cristalinas más frecuentes de sílice en los puestos de trabajo son el cuarzo, la tridimita y la cristobalita.
En los últimos años, se han declarado agrupaciones de casos en relación con las nuevas exposiciones ocupacionales en varios países.
Algunas están relacionadas con los procedimientos de mecanización (corte, calibración y pulido) utilizados en la fabricación e instalación de encimeras de cocina elaboradas con aglomerado de cuarzo, material con alto contenido en sílice
libre cristalina.
En el caso de los aglomerados de cuarzo las concentraciones en el aire de sílice cristalina por oscilan entre 70-90 %, según colores y acabado, con mayor poder lesivo de estas partículas por su menor tamaño - < 3,5 µm, y de ellas un gran
porcentaje inferiores a 2 µm por ser fundamentalmente cristobalita, lo que las hace permanecer más tiempo en suspensión en el aire y ser respirables, llegando a lo más profundo de los alvéolos pulmonares donde generan no solo el demostrado efecto
cancerígeno en
humanos de estas formas cristalinas de sílice (cuarzo, cristobalita y tridimita) clasificadas dentro del grupo 1 según la International Agency of Research on Cancer (IARC), sino también un efecto irritativo, inflamatorio, sin tratamiento
alguno, que acaba un una fibrosis pulmonar con dificultades respiratoria, y en algunos casos la muerte; todo esto refleja las posibles complicaciones de esta nueva silicosis con el paso del tiempo. Tan pequeñas son las partículas y tan profundo
llegan que la realización de radiografías no sirve, en muchos casos, como medio de diagnóstico de la enfermedad, al existir una afectación tan difusa y generalizada de todo el pulmón, siendo precisa la realización de TAC de alta resolución para
diagnosticar la enfermedad en fases tempranas. Ello ha podido determinar el que no se diagnosticase la enfermedad en fases iniciales a muchos de estos enfermos y hayan seguido expuestos al riesgo hasta que la enfermedad ha avanzado. Esto ha dado
lugar a que durante largos a años, se han estado manipulando los aglomerados de cuarzo en condiciones claramente insalubres y de un gran riesgo para la salud, fruto del desconocimiento y la ignorancia del peligro que entrañaba esta actividad, de
manera que hasta los empresarios también enferman, téngase en cuenta que en su mayoría son pequeños empresarios trabajando a la par que sus empleados.
Por todo ello los trabajadores que están expuestos a altas concentraciones de sílice cristalina respirable, acaban enfermos de silicosis tras períodos de latencia relativamente cortos.
Esta nueva situación es muy grave pues más de tres millones de trabajadores europeos estaban expuestos a la sílice libre cristalina a comienzos de los noventa.
En España la incidencia de la silicosis parece ir en aumento. Los casos notificados al Instituto Nacional de Silicosis (INS) disminuyeron gradualmente desde 2003 (375 casos) a 2007 (115 casos), pero aumentaron desde entonces cada año hasta
256 casos en 2011. Otra fuente oficial, el Observatorio de Enfermedades Profesionales, declaró un incremento de 95 a 295 casos en el mismo período.
Aunque el INS reconoce un subregistro importante, un cambio de tendencia cualitativamente relevante se detectó en 2011 en relación con las exposiciones ocupacionales: por primera vez, el número de casos entre los trabajadores de la minería
del carbón fue menor que el del resto de profesiones, principalmente trabajadores de la piedra ornamental. Según el Observatorio, los trabajadores de la industria manufacturera representaron el 78 % de los casos.
Después de la aparición en 2009 de los primeros casos de silicosis relacionados con la fabricación de encimeras de cocina en el sur de España, se observó un número inesperadamente alto de casos en la zona.
En un reciente estudio publicado en el International Journal of Occupational and Environmental Health / 2014 VOL. 20 NO. 1/, en el que se analiza la mayor serie de casos de silicosis por sílice cristalina actualmente estudiada en España,
se describe una nueva forma de silicosis en trabajadores de los compactos o aglomerados de cuarzo, productos estos utilizados profusamente en la construcción, más frecuentemente en encimeras de cocina pero también usados, y cada vez más, en suelos,
baños, paramentos, etc. Una silicosis muy distinta de la tradicional sufrida por los mineros, tanto en su expresión clínica, periodo de incubación, evolución, y gravedad, así como en su modo de adquisición. En el citado artículo se establece un
corto periodo de incubación, si tenemos en cuenta la antigüedad laboral como tal, la mediana de fue de 11 años (media: 12,8; el 50 % entre 9-17 años), lo que condujo a que los casos fueran personas muy jóvenes, su mediana de edad en el momento del
diagnóstico fue de 33 años (el 50 % de ellos entre 29-37 años), y el 26 % de los trabajadores tenía menos de 30 años cuando fue diagnosticado. El diagnóstico fue de silicosis crónica simple en el 91,3 % de los casos y silicosis crónica complicada
en el 8,7 % restante, aun así su futuro es incierto pues sabemos que los casos aparecidos tras exposiciones intensas en muy poco tiempo a sílice cristalina tienen peor pronóstico. Si tenemos en cuenta el periodo de incubación para definir el tipo
de silicosis, nos encontraríamos con silicosis acelerada en la mayoría de los casos, que se define como «resultante del contacto con niveles más altos de sílice cristalina y se presenta 5 a 15 años después del contacto». Tan grave es que de los 72
casos censados a fecha de hoy solo en Cádiz a tres de ellos se les indicó trasplante pulmonar, y uno de estos ya ha fallecido a la edad de 32 años.
Obviamente estos casos son fruto de un evidente incumplimiento por todas las partes interesadas (fabricantes, servicios de prevención de riesgos laborales, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y empresarios), pero
también ha concurrido el hecho de que nos hallamos ante nuevos productos, con nuevas características, sometidos a nuevas tecnologías y procesos de producción, y nuevos entornos laborales, que generan una manifestación nueva de una enfermedad
tradicional.
Del mismo modo cabe pensar y contemplar la situación en canteras de granito o minas y explotaciones de pizarra.
Por todo ello debemos actuar de forma distinta, no solo acometiendo acciones preventivas a todos los niveles ya se han presentado en esta Cámara iniciativas en los aspectos de su prevención, etc., sino también y especialmente amortiguando
en los trabajadores afectados el daño generado, no solo con el reconocimiento de la enfermedad profesional que es, sino compensando en la medida de nuestras posibilidades la pérdida de su futuro laboral, personal, económico y social que supone esta
nueva enfermedad, muy agresiva, con alta mortalidad, y cuya evolución, que sabemos rápida, aún desconocemos con exactitud, generando en los afectados una angustiosa incertidumbre.
Actualmente estos trabajadores afectados de silicosis en sus distintos estadios están reclamando una situación de «incapacidad permanente total para su trabajo habitual» se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión
habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, aunque pueda dedicarse a otra distinta en coherencia con lo dictaminado por el Instituto Nacional de Silicosis, la Inspección de
Trabajo de la Seguridad Social, así como diversos servicios médicos, en especial de Neumología, que se han pronunciado señalando que estos pacientes no pueden continuar expuestos a ambientes pulvígenos, ni a sustancias irritativas respiratorias, es
decir, el cese absoluto de la exposición a estas sustancias asociadas a su trabajo habitual. En muchos casos se les está reconociendo como tal por el INSS, y es sistemáticamente impugnado ante los tribunales de Justicia por las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social MATEPSS que tienen que asumir tanto pago de pensiones como la atención sanitaria de estos casos, basándose en la Orden de 15 de abril de 1969 por la que se establecen normas para la
aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General de la Seguridad Social, y más concretamente en su artículo 45, en el que se establecen unas condiciones especiales de acceso a los distintos grados de incapacidad para
los casos de silicosis. En ocasiones los Tribunales dan la razón a los trabajadores y en otras a las MATEPSS.
La situación de estos trabajadores es desesperada tanto su nulo futuro profesional, como por las posibilidades de mantener a su familia en un momento laboral con millones de desempleados, con una enorme caída de la construcción su fuente de
trabajo habitual, y por su situación de salud, cuando ya son conocedores de la situación de fallecimiento o indicación de trasplante pulmonar de sus compañeros.
Es por eso que se hace necesario conocer la magnitud real de la silicosis en España a fin de poder definir la respuesta asistencial adecuada desde el sistema público de salud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la realización de un estudio epidemiológico nacional sobre la prevalencia e incidencia de silicosis por exposición a sílice cristalina que permita la elaboración de una estrategia asistencial
en el Sistema Nacional de Salud.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2015.José Martínez Olmos y Francisco González Cabaña, Diputados.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/003483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre acciones formativas dirigidas a la población
reclusa femenina, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Según los datos de Instituciones Penitenciarias, en los últimos treinta años, las mujeres en las cárceles españolas han pasado de 480 (1983) a 5.117, en abril de 2014, suponiendo un 7,6 % del total de las personas encarceladas en la
actualidad.
Las cifras relativas a la población penitenciaria femenina presentan una gran diferencia con la masculina, puesto que por cada mujer reclusa hay, aproximadamente, once varones en prisión. La explicación de esta brecha parece combinar
aspectos biológicos, psicológicos y sobre todo sociales, como el distinto rol que todavía hoy juegan mujeres y hombres y la importancia del control, formal e informal, que se sigue manteniendo sobre el comportamiento de las mujeres.
Las reglas penitenciarias europeas, en su tercera versión aprobada por el Consejo de Europa el 11 de enero de 2006, destacan la importancia de respetar las necesidades físicas, profesionales, sociales y psicológicas de las mujeres que
afecten a su encarcelamiento (regla 34.1) con una atención especial a las que hayan sido objeto de violencias psíquicas, mentales o sexuales (regla 34.2).
Varios estudios reflejan que más del 80 % de las mujeres presas han sido víctimas de violencia de género antes de su ingreso en prisión, en su familia de origen o en la adquirida en su relación sentimental. La ONU, en su informe «Violencia
y crisis entre muros» (2013), ha puesto de manifiesto que existe un fuerte vínculo entre la violencia contra la mujer y la encarcelación de las mismas, ya sea antes, durante o después de la reclusión.
Por ello, es fundamental que las mujeres reclusas reciban formación de prevención, detección y rechazo del maltrato antes de salir de las cárceles, algo similar a lo que ocurre con los condenados por violencia de género, que reciben
formación y reeducación para evitar que repitan conductas violentas contra las mujeres en posteriores relaciones. En concreto, para los condenados por delitos relacionados con la violencia de género, el apartado primero del artículo 42 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que la Administración penitenciaria realizará programas específicos para los internos condenados por dichos delitos.
Tenemos que ser conscientes de que si queremos romper la cadena del maltrato es necesario invertir todos nuestros esfuerzos en acciones encaminadas a formar a la población para que pueda identificar la violencia de género desde sus primeras
manifestaciones. Sólo de este modo caminaremos hacia una sociedad libre de violencia de género.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar acciones formativas dirigidas a todos los centros penitenciarios donde exista población reclusa femenina, con el fin de dotarla de los conocimientos necesarios para la prevención,
identificación y rechazo de la violencia de género.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley para garantizar el acceso a la neurorrehabilitación por daño cerebral sobrevenido con cargo al Sistema Nacional de Salud.
Antecedentes
Los pacientes, en especial los menores, con daño cerebral sobrevenido se encuentran con distintos obstáculos a la hora de poder acceder a la neurorrehabilitación con cargo al Sistema Nacional de Salud.
En primer lugar, a nivel de legislación estatal, la rehabilitación en los pacientes con déficit funcional recuperable forma parte de la Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, según se recoge en el punto 8 del Anexo III, de
atención especializada, del Real Decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. En concreto el citado punto 8 establece que:
«La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable comprende los procedimientos de diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de pacientes con déficit funcional, encaminados a facilitar, mantener o devolver el mayor
grado de capacidad funcional e independencia posible al paciente, con el fin de reintegrarlos en su medio habitual.
Se incluye la rehabilitación de las afecciones del sistema musculoesquelético, del sistema nervioso, del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio, a través....»
La actual redacción da pie a diversas interpretaciones cuando entra en juego la asistencia rehabilitadora y en particular la rehabilitación cognitiva, siendo en ocasiones los juzgados los que determinan si un paciente tiene derecho a la
asistencia rehabilitadora con cargo al Sistema Público de Salud. Este sería el ejemplo de los pacientes con daño cerebral sobrevenido que sufren por lo general alteraciones funcionales relevantes secundarias a este tipo de afectación.
Un mejor redactado del punto 8 incluyendo explícitamente los tratamientos de rehabilitación a nivel cognitivo, conductual y emocional, mediante el tratamiento transdisciplinar que sea necesario añadiendo la neuropsicología, psicología de
familia y psiquiatría, a los ya previstos en el Real Decreto sería un primer paso.
A lo anteriormente expuesto, entra en juego también la interpretación del concepto de situaciones de riesgo vital para aplicar la salvedad contemplada en el apartado 3 del artículo 4 de la Real Decreto 1030/2006, que regula:
«3. La cartera de servicios comunes únicamente se facilitará por centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud, propios o concertados, salvo en situaciones de riesgo-vital, cuando se justifique que no pudieron ser
utilizados los medios de aquél. En esos casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital que hayan sido atendidos fuera del Sistema Nacional de Salud, se reembolsarán los gastos de la misma, una vez comprobado que no se pudieron
utilizar oportunamente los servicios de aquél y que no constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción. (...)»
Actualmente la interpretación del término urgencia vital se ciñe al riesgo para la vida, sin contemplar posible riesgo funcional físico o psíquico que requiere de una intervención inaplazable por riesgo de pérdida de funcionalidad de órganos
esenciales para el desenvolvimiento de la persona.
Por último, a pesar que la normativa estatal no establece límites de edad en la rehabilitación en casos de daño cerebral sobrevenido la normativa autonómica es diversa y no todas cuentan con centros específicos de neurorrehabilitación
infantil.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, con la
finalidad de:
1. Incluir los tratamientos de rehabilitación a nivel cognitivo, conductual y emocional, mediante el tratamiento transdisciplinar que sea necesario añadiendo la neuropsicología, psicología de familia y psiquiatría en la rehabilitación en
pacientes con déficit funcional recuperable de la Cartera de servicios comunes de atención especializada.
2. Ampliar el concepto de urgencia vital recogido en el apartado 3 del artículo 4 a posible riesgo funcional físico o psíquico que requiere de una intervención inaplazable por riesgo de pérdida de funcionalidad de órganos esenciales para el
desenvolvimiento de la persona.
Todo ello, con una dotación presupuestaria suficiente destinada a las Comunidades Autónomas para garantizar la creación y continuidad de unidades de neurorrehabilitación infantil para casos de daño cerebral sobrevenido.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2015.Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2015.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Fomento
181/003040
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Francesc Vallès Vives
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno la construcción de un apeadero de ferrocarril en la línea Reus-Tarragona en la zona de Bellisens de Reus? ¿Cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.Francesc Vallès Vives, Diputado.
181/003041
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Joan Ruiz i Carbonell
Texto:
¿El Ministerio de Fomento implantará bonificaciones para los vehículos pesados en los tramos de la autopista AP-7 en los que no hay una autovía gratuita alternativa? ¿Cuándo? ¿Cuál será la cuantía de las bonificaciones en cada uno de los
tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
181/003042
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Joan Ruiz i Carbonell
Texto:
¿Qué proyecta llevar a cabo el Ministerio de Fomento en el tramo de la futura autovía A27 entre Montblanc y Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2015.Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
181/003044
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Manuel Pezzi Cereto
Texto:
¿Cómo va a garantizar el Gobierno la conexión de los puertos de interés general del Estado radicados en Andalucía con los Corredores Mediterráneo y Atlántico acordados por la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2015.Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
181/003051
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María José Rodríguez Ramírez
Texto:
¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria de cada una de las partidas consignadas para la provincia de Huelva en el año 2014 del Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
181/003052
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María José Rodríguez Ramírez
Texto:
¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria de cada una de las partidas consignadas para la provincia de Huelva en los años 2012 y 2013 del Ministerio de Fomento? ¿Cuál ha sido el porcentaje de ejecución total de cada año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
181/003055
A la Mesa de la Comisión de Fomento
Doña Isabel Sánchez Robles, Diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta oral en Comisión.
¿En qué plazo tiene previsto el Gobierno iniciar y establecer un diálogo bilateral con la Comunidad Autónoma de Euskadi para proceder la transferencia sobre ferrocarriles?
Palacio del Congreso de los Diputados,19 de febrero de 2015.Isabel Sánchez Robles, Diputada.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/003046
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Inició la Xunta de Galicia los trámites con el Gobierno de España para declarar el Entroido de Xinzo de Limia como fiesta de «Interés Turístico Internacional»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/003047
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno de España la declaración del Entroido de Xinzo de Limia como fiesta de «Interés Turístico Internacional»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/003048
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Apoyará el Gobierno de España la declaración del Entroido de Xinzo de Limia como fiesta de «Interés Turístico Internacional»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/003049
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña María José Rodríguez Ramírez
Texto:
¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria de cada una de las partidas consignadas para la provincia de Huelva en el año 2014 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/003043
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola
Texto:
Tras la publicación el 7 de octubre de 2014 de la Resolución de 30 de septiembre de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se aprueba el modelo para suscribir el convenio especial regulado por Orden SSI/1475/2014, de
29 de julio, donde se recoge la prestación de asistencia sanitaria para las personas que no tengan la condición de aseguradas, ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, ¿considera el Ministro que la sanidad en España es universal y gratuita?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2015.María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/003037
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputado don Federico Buyolo García
Texto:
¿Qué aportación económica tiene prevista el Gobierno para hacer frente a las crisis humanitarias en Sud-Sudán, Siria, territorios ocupados de Palestina y República Centroafricana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Federico Buyolo García, Diputado.
181/003038
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputado don Federico Buyolo García
Texto:
Ante la proliferación de crisis humanitarias que asolan distintos países, ¿considera el Gobierno suficiente el presupuesto para acción humanitaria para 2015 al que sólo se destinan 16,8 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Federico Buyolo García, Diputado.
181/003039
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputado don Federico Buyolo García
Texto:
Ante la próxima Conferencia Internacional del Ébola del 3 de marzo de 2015, ¿cuál va a ser la contribución de España a esta crisis humanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Federico Buyolo García, Diputado.
Comisión de Cultura
181/003045
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Qué colaboración ha prestado el Gobierno de España en los últimos tres años al Museo del Entroido de Galicia, situado en la localidad de Xinzo de Limia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
181/003036
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola
Texto:
El temporal de nieve está dejando aisladas poblaciones de Cantabria y bloqueando carreteras fundamentales de comunicación, como la A-67 o autovía Cantabria-Meseta, durante las primeras semanas del mes de febrero.
¿Qué planes de coordinación y prevención han existido entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Gobierno central desde que se conocen las previsiones meteorológicas sobre este temporal?
¿Qué recursos humanos e infraestructuras se están utilizando?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.