Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 615, de 23/02/2015
cve: BOCG-10-D-615
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de febrero de 2015
Núm. 615
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la lucha contra el desahucio hídrico. Corrección de errores ... (Página6)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las inversiones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la ciudad de Alicante ... (Página7)
Comisión de Justicia
161/003436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la creación de un marco regulatorio para gestación subrogada ... (Página7)
Comisión de Interior
161/003433 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre plan de actuaciones urgentes para las zonas de la Comunidad Foral de Navarra afectadas por las inundaciones tras las intensas lluvias registradas en enero y
febrero de 2015 ... (Página10)
161/003450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas extraordinarias ante los daños producidos por el temporal de nieve y lluvia en determinadas provincias ... (Página11)
161/003454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la falta de información del Estado a la Ertzaintza y al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ... (Página12)
161/003461 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las inversiones del Ministerio del Interior en la ciudad de Alicante ... (Página13)
Comisión de Defensa
161/003463 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento en la ciudad de Huesca del Acuartelamiento Sancho Ramírez en su situación actual y de la Jefatura de Tropas de Montaña en Jaca (Huesca)
... (Página14)
Comisión de Economía y Competitividad
161/003440 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso de la reducción de la morosidad en las operaciones comerciales ... (Página15)
161/003456 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a promover un gran acuerdo sobre la deuda pública europea ... (Página16)
Comisión de Fomento
161/003439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de accesos a la segunda fase del Polígono Industrial Fuente del Jarro en Paterna (Valencia) ... (Página18)
161/003442 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a agilizar la construcción de la A-14 y a mejorar la N-230 ... (Página19)
161/003445 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adecuación urgente de la N-550 A Coruña-Santiago, específicamente en el Ayuntamiento de Ordes ... (Página20)
161/003452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la finalización de las obras de Agaete-La Aldea de San Nicolás. Tramo: La Aldea-El Risco ... (Página20)
Comisión de Educación y Deporte
161/003432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la acreditación de conocimientos del idioma español a los estudiantes del programa Erasmus en España ...
161/003465 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre agilización en la entrega de los Premios Nacionales Fin de Carrera ... (Página23)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003443 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a reconocer las enfermedades profesionales en el sector del taxi y a posibilitar la jubilación anticipada
para sus profesionales ... (Página24)
161/003453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas adoptadas para la empleabilidad de los colectivos más vulnerables ... (Página26)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003446 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre declaración del Entroido de Xinzo de Limia como de «Interés Turístico Internacional» ... (Página27)
161/003459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para luchar contra la pobreza energética ... (Página28)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003444 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección urgente de La Albufera de Valencia ... (Página30)
161/003449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de apoyo para paliar los daños causados por los temporales en Almería ... (Página31)
161/003455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas extraordinarias para los trabajadores y trabajadoras agrícolas de Andalucía ...
161/003458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la lucha contra el desahucio hídrico ... (Página33)
161/003462 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las inversiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la ciudad de Alicante ... (Página35)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la trasposición de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, en lo relativo a
las contrataciones de servicios sociales ... (Página36)
161/003451 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento del proyecto OHSCAR como Registro Español de Parada Cardíaca Extrahospitalaria ... (Página37)
161/003457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para fomentar una mayor y mejor coordinación entre todos los agentes implicados en la prestación de los servicios sociales ...
161/003464 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la investigación, protección y calidad de vida de los intoxicados de AZSA ... (Página39)
Comisión de Cultura
161/003448 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la conservación, protección y promoción de nuestros faros patrimoniales ... (Página40)
Comisión de Igualdad
161/003435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los procesos de discriminación social y homófoba que las Tarjetas de Identificación de Extranjeros (TIE) pueden producir ...
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/003437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas para la conservación y la protección del Ártico ... (Página44)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/003026 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre colaboración existente entre el Gobierno y la Xunta de Galicia para adaptar los programas informáticos de la Administración de Justicia para que puedan
operar en lengua gallega ... (Página46)
181/003027 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre valoración del uso de la lengua gallega en la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Galicia ... (Página46)
Comisión de Fomento
181/003024 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola (GS), sobre planes de coordinación y prevención que han existido con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria desde que se conocieron las
previsiones meteorológicas sobre el temporal de nieve que ha afectado a dicha Comunidad durante las primeras semanas del mes de febrero de 2015, así como recursos utilizados ... (Página46)
181/003028 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre confirmación de la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del «Proyecto Vilaboa-A Ermida. Autovía A-57» por defectos de gestión, así
como inicio del procedimiento de expropiación de los terrenos ... (Página47)
181/003029 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre motivo que ha hecho necesario la «Integración de la evaluación ambiental del proyecto Vilaboa-A Ermida. Autovía A-57», que incluye el estudio de
impacto ambiental cuando ya está iniciado el procedimiento de licitación ... (Página47)
181/003030 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre opinión del Ministerio de Fomento acerca de si la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental del «Proyecto Vilaboa-A Ermida. Autovía
A-57» ha sido la correcta, así como valoración de la posible inseguridad jurídica generada por el proceso de tramitación seguido en lo que se refiere a la evaluación medioambiental ... (Página47)
181/003031 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona (GS), sobre valoración del incremento del tráfico de mercancías del aeropuerto de Foronda/Vitoria y de su potencialidad para dar respuesta a la creciente
demanda de servicios ante un deseable escenario de crecimiento de la actividad económica ... (Página48)
181/003032 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona (GS), sobre nueva propuesta del Ministerio de Fomento para abordar la integración de la LAV en Vitoria-Gazteiz, así como calendario previsto para cumplir los
objetivos ... (Página48)
181/003033 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona (GS), sobre fecha prevista para licitar los tramos entre Burgos y Vitoria-Gazteiz para la línea de Alta Velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria ...
181/003034 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona (GS), sobre previsiones acerca de proceder a la reapertura del aeropuerto de Foronda durante 24 horas ... (Página49)
181/003035 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona (GS), sobre previsiones acerca de la reapertura del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del aeropuerto de Foronda ... (Página49)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/003023 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre explicación del hecho de que solo 77.980 personas se hayan inscrito en los servicios públicos de empleo durante el mes de enero de 2015, cuando la caída
en el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido de 199.902 ... (Página50)
Comisión de Cultura
181/003022 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre previsiones acerca de la puesta en marcha en el año 2015 de un nuevo modelo de financiación de la cinematografía española ...
181/003025 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre planes del Gobierno respecto a las inversiones de puesta en valor patrimonial, cultural, natural, turístico y etnográfico de la Vía de la Plata ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001153
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Corrección de error en su Proposición no de Ley sobre la lucha contra el desahucio hídrico.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 610, de 13 de febrero de 2015.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para subsanar el error advertido en la Proposición no de Ley presentada el día 5 de febrero, con número de registro 177806.
En el punto 2 de la parte dispositiva:
Donde dice:
«... contemplar la imposibilidad de interrupción del suministro de agua.»
Debe decir:
«2. ... contemplar la imposibilidad de interrupción del suministro de agua en determinadas circunstancias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2015.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre inversiones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la ciudad de Alicante, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Gobierno de España ha reducido drásticamente las inversiones en la Ciudad de Alicante desde 2011, ya que la inversión pasó de 243 millones de euros en 2011, 58 sin contar la inversión en la línea de alta velocidad, a 19,3 millones de
euros en 2015.
Y es que hay una clara discriminación de la provincia de Alicante por parte del Gobierno de España y con ello de la ciudad de Alicante, como demuestra no la reducción de la inversión en términos absolutos, que también, sino la inversión
media por habitante en 2015, que se sitúa 187,50 euros por habitante en la provincia, frente a una media nacional de 238,74 euros, pero que en 2012 y 2013 ha llegado a ser la mitad de lo que se invertía de media en el conjunto de España.
De hecho, la finalización de las obras previstas en la Casa Mediterráneo en la Ciudad de Alicante se ha postergado sin fecha para retomar las obras.
Recientemente hemos sabido que se iba a realizar una inversión en 2015 y que se decidiría en el Patronato el destino final de esa inversión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones oportunas en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 para dotar a Casa Mediterráneo de los fondos finalistas suficientes que permitan concluir en 2015 todas
las obras previstas en el proyecto inicial de la sede en la Ciudad de Alicante. Asimismo, se establecerá una financiación plurianual de inversiones para que Casa Mediterráneo cuente con una agenda estable de eventos y actividades que la conviertan
a ella y a la Ciudad de Alicante en un referente de crítica, debate y propuestas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Joaquín Francisco Puig Ferrer, Gabriel Echávarri Fernández, Herick Manuel Campos Arteseros, Federico Buyolo García y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/003436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para la creación de un marco regulatorio para gestación subrogada, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El concepto de familia en nuestro entorno ha sufrido una importante transformación en los últimos años paralela a la evolución social española. Al modelo basado en el tradicional de pareja heterosexual
con hijos se le han ido sumando de forma progresiva otras realidades sociales. Desde la regulación del divorcio, la progresiva incorporación de familias monoparentales, las llamadas familias reconstituidas (en las que cada miembro de la
pareja aporta hijos de relaciones anteriores) o la regulación del matrimonio igualitario han ido haciendo necesario acomodar el encaje jurídico relativo a las familias.
De forma paralela, los avances en biotecnología y medicina con relación a las técnicas de reproducción asistida constituyen permanentes nuevos retos de interpretación y valoración para la sociedad en general y para el legislador en
particular. En todas estas adaptaciones legislativas se lidia con realidades que por novedosas y con escasos referentes previos suscitan controversia y requieren las necesarias dosis de prudencia. Pero a la vez, no pueden ser excusa para la
inacción o la falta de diligencia para el establecimiento de un marco jurídico adecuado.
Como consecuencia de todo ello fue aprobada la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA), que supuso la regulación de las técnicas de reproducción humana asistida acreditadas científicamente y
clínicamente indicadas y la seguridad jurídica para los profesionales que intervienen en dichas técnicas pero, de forma muy especial, para quienes las utilizan como medio de acceso a la paternidad o maternidad y las personas cuya vida es fruto de la
aplicación de dichas técnicas. El espectro de personas que pudieron dar satisfacción a su legítima aspiración de formar una familia propia con hijos naturales se vio ampliada al ser posible superar barreras físicas, biológicas o médicas antes
insalvables.
En esta ley, en su artículo 10, se da cuenta de la existencia de la técnica de gestación por sustitución aunque parte de la nulidad de pleno derecho de contrato que tenga dicho fin, y por tanto de su invalidez jurídica a efectos de
reconocimiento de filiación por parte de quienes contraten la subrogación, manteniendo el antiguo precepto «mater semper certa est» propio de un periodo anterior al descubrimiento del ADN y de los avances técnicos y científicos asociados al mismo.
A pesar de la exclusión de la gestación subrogada en España, muchos ciudadanos han accedido en el pasado y siguen haciéndolo en el presente a este modo de paternidad y maternidad acudiendo a aquellos países en los que se realiza legalmente
la subrogación transfronteriza. La voluntad de muchas personas de alcanzar la paternidad no conoce de fronteras y se da la paradoja de que en países de la propia Unión Europea encuentran esta posibilidad con un encaje jurídico que en nuestro país
no existe.
Las familias formadas por ciudadanos españoles a través de la gestación subrogada legal en otros países enfrentaban graves problemas de filiación a su retorno a España por no verse reconocida la paternidad sobre sus hijos aquí. Más allá de
la paradoja jurídica, producía una enorme indefensión en las familias y en los niños afectados. La situación puede agravarse aún más cuando las normas sobre la paternidad legal en los dos países no coinciden. Por ejemplo, de conformidad con la
legislación ucraniana, rusa y californiana, la madre futura puede considerarse automáticamente la madre legal, mientras que para la mayoría de los Estados miembros de la UE la maternidad jurídica se atribuye sobre la base del parto,
independientemente del lugar donde tenga lugar el nacimiento. Pueden surgir dificultades similares en relación con la paternidad legal, así como con el reconocimiento de dos padres del mismo sexo. Potencialmente, esto puede dejar a un menor no
solo sin padres desde el punto de vista jurídico, sino también sin Estado y sin ciudadanía, ya que su documentación de registro de nacimiento no se reconoce fuera del país de nacimiento.
Por todo ello fue necesaria la Instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General del Registro y el Notariado (DGRN) que supuso la posibilidad de inscribir en el Registro Civil español una relación de filiación declarada por un
Tribunal extranjero y haciendo así factible, en palabras de la propia Instrucción, la continuidad transfronteriza de una relación que, obviamente, implica responsabilidades parentales. Y ello aunque esta relación de filiación sea fruto de una
gestación subrogada.
A pesar de su diferente nivel normativo esta, en todo caso necesaria, Instrucción pone en cuestión la exclusión de la gestación subrogada en España recogida en el artículo 10 de la LTRHA. De facto puede interpretarse una llamada a autorizar
la gestación subrogada para ciudadanos españoles pero siempre que se produzca fuera de nuestras fronteras. No solamente constituye un absurdo jurídico, sino que quiebra el principio de Igualdad al limitar el acceso a esta técnica de reproducción
asistida a las personas con suficientes recursos económicos y socioculturales para emprender esa vía de acceso al hecho parental fuera de nuestras fronteras. La consecuencia es la cada vez mayor frecuencia con la que ciudadanos españoles acuden a
gestaciones subrogadas realizadas en países en desarrollo que no garantizan derechos elementales para las mujeres gestantes, sin seguridad jurídica ni sanitaria para ellas ni para los subrogadores ni para los niños. Por tanto, se hace necesario
abordar la adecuada regulación de la gestación subrogada en territorio español para que cuente con todas las garantías jurídicas para los profesionales, para las personas que intervienen en el proceso y especialmente para los menores. A nadie
se le escapa que esta técnica presenta cuestiones bioéticas muy controvertidas, así como retos médicos y científicos. Pero no por ello el legislador puede dar la espalda a la realidad de los problemas de los ciudadanos e ir a remolque de la
misma con soluciones parciales e incompletas. Por el contrario, debe enfrentarlos y dar soluciones para los ciudadanos.
Es indudable que en la regulación de este proceso la salvaguarda de la dignidad de la mujer gestante debe estar blindada. La gestación no puede convertirse nunca en un modo de vida o un fenómeno comercial. El modelo al que debe encaminarse
España es al de gestante altruista con compensación de los gastos derivados de la gestación por parte de los subrogadores, sin que pueda haber compensación económica adicional, similar al de California. De igual modo, las madres gestantes deben
tener la suficiente madurez emocional y consciencia de su compromiso que no desvirtúe la naturaleza de este modo reproductivo. Por todo ello, el contrato de subrogación deberá ser irreversible.
La regulación de la gestación subrogada en España no debe postergarse más. La tradicional preocupación jurídica por la familia como manifestación social, y especialmente de su función como garante social del hecho reproductor tiene su
expresión en artículo 39 de la Constitución. El Derecho de Familia siempre ha tenido un trasfondo pragmático, traducido en garantizar Ia procreación, sin la cual no solo la propia familia, sino la especie humana se extinguiría. Y la necesaria
adaptación del mismo a la evolución social no puede verse frenada por la inacción política.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
La derogación del artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
Articular en el marco legislativo correspondiente la gestación subrogada entendida como la técnica por la que una mujer acepta ser la gestante mediante cualquiera de las técnicas de reproducción asistida contempladas por la ley y dar a luz
al hijo de otras personas o persona (progenitores subrogantes) como técnica reproductiva. Esta articulación tendrá los siguientes contenidos:
Mujer gestante por subrogación será la persona que, sin aportar material genético propio y mediante un contrato de gestación por subrogación, consiente y acepta someterse a técnicas de reproducción asistida humana con el objetivo de dar a
luz al hijo del progenitor o progenitores subrogantes, sin que en ningún momento se establezca vínculo de filiación alguno entre la mujer gestante por subrogación y el niño o niños que pudieran nacer como fruto de esta técnica.
La gestación por subrogación se realizará solamente cuando haya posibilidades razonables de éxito, no suponga riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer gestante por subrogación o la posible descendencia y previa aceptación
libre y consciente de su aplicación por parte de la mujer gestante, que deberá haber sido anterior y debidamente informada de los riesgos y de las condiciones de la técnica.
Solamente se podrá celebrar un acuerdo de subrogación gestacional cuando el progenitor o progenitores subrogantes hayan agotado o sean incompatibles con otras técnicas de reproducción humana asistida. Este acuerdo será irreversible a
efectos de filiación.
La mujer gestante por subrogación deberá tener más de 18 años, buen estado de salud psicofísica y plena capacidad de obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir las exigencias fijadas para los donantes en la Ley 14/2006, de 26 de mayo,
sobre técnicas de reproducción humana asistida. Deberá haber gestado al menos un hijo sano con anterioridad, que este esté vivo, disponer de una situación socioeconómica estable y haber residido en España durante los dos años inmediatamente
anteriores a la formalización del acuerdo de gestación por subrogación.
La gestación subrogada nunca tendrá carácter lucrativo o comercial y tendrá exclusivamente fines altruistas. La compensación económica resarcitoria que se pueda fijar solo podrá compensar los gastos de desplazamiento y laborales y el
lucro cesante inherentes al procedimiento, y proporcionar a la mujer gestante las condiciones idóneas durante los estudios y tratamiento pregestacional, la gestación y el posparto. La compensación económica será con cargo a los progenitores
subrogantes y a beneficio de la mujer gestante.
La persona o familias progenitores subrogantes, cuando hayan formalizado el contrato de gestación por subrogación y se haya producido la transferencia embrionaria a la mujer gestante por subrogación, no podrán impugnar la filiación del
hijo nacido como consecuencia de tal gestación.
Se establecerá un Registro Nacional de Gestación por Subrogación, adscrito al ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el que se inscribirán las mujeres que deseen ser gestantes por subrogación y conozcan el marco jurídico
de dicha gestación. El Registro, en una sección específica, registrará también los contratos de gestación por subrogación que se otorguen. En cualquier caso, para suscribir en calidad de mujer gestante por subrogación un contrato de gestación
subrogada será condición estar inscrita en el Registro.
Promover en el marco de la Unión Europea una regulación común de la maternidad subrogada y de los acuerdos de subrogación transfronterizos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Interior
161/003433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto, a instancia de la Diputada de Geroa Bai, doña Uxue Barkos, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un plan de
actuaciones urgentes para las zonas de la Comunidad Foral de Navarra afectadas por las inundaciones tras las intensas lluvias registradas en enero y febrero de 2015 para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El pasado 6 de febrero el Consejo de Ministros aprobaba el informe sobre la situación y los daños causados por el temporal en varias comunidades autónomas. En concreto, en la Comunidad Foral de Navarra, las intensas lluvias registradas los
pasados 31 de enero y 1 de febrero de 2015 causaron fuertes inundaciones en varios municipios de Navarra tras el desbordamiento de los ríos Ega y Ebro.
La riada acaecida hizo que cientos de hectáreas se vieran anegadas, siendo las infraestructuras agrícolas, en especial las motas y los caminos, las más dañadas, así como los cultivos de invierno y los frutales.
Alcaldes de los municipios afectados por las inundaciones han denunciado el mal estado de las motas lo cual ha provocado que los daños hayan sido mayores.
Así, es necesario intentar paliar lo antes posible los daños causados por la riada pero urge más, si cabe, actuar sobre las motas antes de que se produzcan nuevas y previsibles crecidas.
Por todo ello, es necesario un compromiso sólido por parte de las Administraciones públicas implicadas para intentar paliar, de la manera más urgente posible, los problemas generados en todas estas zonas. Los propios ayuntamientos afectados
ya han comenzado a llevar a cabo las pertinentes gestiones para intentar recabar las necesarias ayudas económicas y subvenciones con el objetivo de paliar los daños ocasionados por la riada.
De este modo se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Pleno del Congreso de los Diputados acuerda instar al Gobierno a:
1. Elaborar, de manera urgente, en el marco de las competencias de la Administración central y en colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, una cuantificación de todos los daños causados por las intensas lluvias caídas en enero y
febrero de 2015.
2. Actuar de manera inmediata sobre las motas que se han visto dañadas en la riada, así como reforzar las existentes como prevención ante nuevas crecidas.
3. Aprobar, con la mayor celeridad posible, un Programa integral de ayudas económicas para aquellos lugares que, en su momento y tras la evaluación de los daños efectuada previamente, se determinen como zona catastrófica, aquellas zonas
afectadas por las inundaciones, mediante el correspondiente Real Decreto-ley.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2015.Uxue Barkos Berruezo, Diputada.Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas
extraordinarias ante los daños producidos por el temporal de nieve y lluvia en determinadas provincias, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El fuerte temporal de nieve y lluvia sufrido en algunas provincias de la mitad norte de España ha provocado importantes daños en numerosos pueblos y municipios de estas provincias, cuya evaluación a día de hoy no puede ser realizada en su
integridad dado que aún existen áreas que sufren sus efectos y permanecen aisladas.
Como consecuencia de estos daños, los Ayuntamientos y Juntas Vecinales y otras administraciones han tenido que afrontar y asumir costes extraordinarios con el fin de poder desbloquear accesos a pueblos ante la escasez y ausencia de medios
por parte de las administraciones provinciales y autonómicas, aportar soluciones alternativas a vecinos ante los cortes de energía eléctrica, así como dar cobertura a cientos de vecinos de edad avanzada aislados en los pueblos de la montaña de esas
provincias o en otros, como los de las riberas del Ebro.
A ello hay que añadir los derrumbes y otros daños en explotaciones ganaderas e industriales como consecuencia de las acumulaciones de nieve en los tejados e inundaciones, así como las pérdidas provocadas en el pequeño comercio y
profesionales autónomos, aislados durante días como consecuencia de estar intransitables las carreteras.
Se trata, en todo caso, de daños y pérdidas económicas cuyo coste resulta inasumible para familias, autónomos y empresas, pero también para las administraciones rurales afectadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, de forma extraordinaria y con vigencia inmediata, las medidas necesarias para atender urgentemente la reparación y recuperación de los daños provocados por el temporal de nieve y
lluvia en las provincias de León, Burgos y Palencia, y en localidades de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón, así como en otras zonas afectadas por fenómenos meteorológicos similares, que deberán, al menos, contemplar el nivel de ayuda
previsto en los últimos decretos-leyes aprobados para compensar daños producidos por otras catástrofes naturales, y que, sin perjuicio de su evaluación detallada por las administraciones competentes, deben incluir:
La inmediata reparación de las infraestructuras de titularidad estatal (carreteras u ferrocarril) afectadas por el temporal, que incluya la construcción de dispositivos de defensa ante desprendimientos e inundaciones.
Ayudas directas por los daños personales sufridos y los materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados específicamente para hacer frente al
temporal.
Ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción, rehabilitación o reparación de locales y viviendas afectadas.
Ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción, rehabilitación o reparación de explotaciones ganaderas, industriales, etc., afectadas.
Establecimiento de ayudas y de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia
de los siniestros.
Indemnizaciones por daños y bajas producidas en explotaciones agrícolas o ganaderas.
Subvenciones para la reparación de los daños ocasionados en la red viaria, infraestructuras municipales y otras de titularidad pública.
Atribución de la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia a los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos, servicios, así como a las obras de reposición de bienes, específicamente las
relativas a la reconstrucción de obra pública que afecten a la seguridad de las personas.
Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas.
Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Habilitación de los créditos necesarios, con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, para dar cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003454
A la Mesa de la Comisión de Interior
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la falta de información del Estado a la Ertzaintza y al
Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El objeto de esta Proposición no de Ley no es nuevo. En numerosas ocasiones este Grupo Parlamentario ha reclamado al Gobierno del Estado español mayor coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a todos los niveles.
Una vez más nos vemos en la obligación de denunciar que el Ministerio del Interior no facilita a Euskadi datos importantes para la Seguridad, tanto desde el punto de vista operativo, como preventivo y estratégico.
Así podemos señalar que en relación a los operativos realizados contra los abogados de los presos de ETA, el Ministerio solo ha comunicado a la Ertzaintza la realización de registros y detenciones cuando ya estaban en marcha y a efectos de
que se estableciesen los cordones necesarios para garantizar la seguridad. Los medios de comunicación contaron con una información más amplia y con más antelación. Esto imposibilita hacer una planificación adecuada.
En cuanto al riesgo yihadista, igualmente los cambios de nivel de amenaza se han conocido antes por la prensa que oficialmente. Una vez comunicados estos cambios, octubre 2014 y enero 2015, no se ha aportado información sobre los motivos y
situaciones que han constituido la causa de estas decisiones.
Tampoco se cuenta con la información que los Cuerpos Policiales del Estado y sus servicios de inteligencia (CM) puedan tener y que afectan a Euskadi de forma específica.
En cuanto a información estratégica, no se informa sobre el Plan antiterrorista, la Ley de Seguridad Nacional, el Plan contra la radicalización, etc., ni tan siquiera se ha considerado la participación del Departamento de Seguridad del
Gobierno Vasco ni de la Ertzaintza en la redacción de estos Planes.
Es verdad que en el CNPA hay representantes de la Ertaintza, pero también ahí existen limitaciones al acceso de información.
En nuestra opinión, el Estado no comprende que la seguridad no es un monopolio del Gobierno del Estado español y que el Gobierno vasco, en el ejercicio de sus competencias, debe contar con la información que el Estado pueda aportar.
Por todo lo anterior se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado español:
1. A promover y hacer efectiva una eficaz comunicación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a todos los niveles y respetar las competencias del Gobierno Vasco y Ertzaintza proporcionando toda la información que el Estado
pueda aportar para el normal desarrollo de estas.
2. A garantizar el acceso de las Policías Integrales del Estado español en condiciones de igualdad a los Sistemas de Información Schengen, Interpol, Europol y Eurojust.
3. A respetar las competencias del Gobierno vasco en materia de Seguridad Ciudadana; Policía Judicial y Protección Civil tal y como establece el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/003461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre inversiones del Ministerio del Interior en la ciudad de Alicante, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Gobierno de España ha reducido drásticamente las inversiones en la Ciudad de Alicante desde 2011, ya que la inversión pasó de 243 millones de euros en 2011, 58 sin contar la inversión en la línea de alta velocidad, a 19,3 millones de
euros en 2015.
De hecho, en lo referente al Ministerio del Interior no se prevé ninguna inversión significativa en la ciudad de Alicante. Solo habrá meros arreglos en dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y eso que en 2013
apenas se invirtieron 300.000 euros en este concepto en toda la provincia de Alicante.
Y es que hay una clara discriminación de la provincia de Alicante por parte del Gobierno de España y con ello de la ciudad de Alicante, como demuestra no la reducción de la inversión en términos absolutos, que también, sino la inversión
media por habitante en 2015, que se sitúa 187,50 euros por habitante en la provincia, frente a una media nacional de 238,74 euros, pero que en 2012 y 2013 ha llegado a ser la mitad de lo que se invertía de media en el conjunto de España.
Tras la inversión realizada por el anterior Gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, en la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, tocaba abordar la remodelación del actual edificio de la Comandancia de la Guardia Civil
y estudiar también el traslado parcial o total a unas nuevas instalaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer en un mes una planificación y calendario de inversiones en la ciudad de Alicante para reestructurar las infraestructuras con las que cuenta la Guardia Civil y, de forma especial,
de la Comandancia de este Cuerpo. Realizada la propuesta, deberá acordar con el Ayuntamiento de Alicante las cesiones o compensaciones oportunas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Joaquín Francisco Puig Ferrer, Gabriel Echávarri Fernández, Herick Manuel Campos Arteseros, Federico Buyolo García y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/003463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
mantenimiento en la ciudad de Huesca del Acuartelamiento Sancho Ramírez en su situación actual y de la Jefatura de Tropas de Montaña en Jaca (Huesca), para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Con fecha 5 de noviembre último, el Ministerio de Defensa respondía a una pregunta escrita formulada por el Senador don José María Becana, en la que indicaba que «como consecuencia de la reorganización del Ejército de Tierra, las
instalaciones del Acuartelamiento Sancho Ramírez dejarían de ser necesarias para las necesidades del Ejército de Tierra a lo largo de 2016».
Esta decisión, que según se ha conocido con posterioridad, venía acompañada con la desaparición de la Jefatura de Tropas de Montaña de Jaca, ha provocado malestar y preocupación tanto en la ciudad de Huesca, donde desaparece toda presencia
del Ejército de Tierra, como en Jaca, que ve desaparecer el Cuartel General de la Jefatura de Tropas de Montaña.
Esta reorganización del Ejército de Tierra se ha llevado a cabo con absoluta opacidad y sin atender a otro tipo de aspectos y circunstancias que hubieran sido puestos de manifiesto, si se hubiera dado opción a ser presentada esta
reorganización del Ejército de Tierra en cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales, para ser debatida y para conocer las consecuencias que este tipo de decisiones tienen en las ciudades y localidades afectadas.
Resulta incomprensible que desaparezcan 250 militares de la ciudad de Huesca, para trasladarlos a escasos 70 kilómetros, a Zaragoza, cuando desde el punto de vista de las necesidades e intereses del Ejército de Tierra, el que unidades de
transporte se ubiquen en una distancia tan corta, como la que hay desde Huesca a Zaragoza, no es ningún problema irresoluble; y ello sin tener en cuenta las consecuencias que esta medida tiene para sus familias y para los intereses, de todo tipo,
de la propia Ciudad. La eficacia en la operatividad de este tipo de decisiones resulta cuando menos dudosa y de escasa justificación.
De igual forma, resulta inexplicable que desaparezca el Cuartel General de la Jefatura de Tropas de Montaña de Jaca, no se si por traslado del mismo, en cuyo caso no se entiende esta separación del Cuartel General de las unidades que
dependen de este, o si es por supresión del Cuartel General, en cuyo caso las tropas de montaña ven disminuida y relegada su importancia en la nueva reorganización del Ejército de Tierra.
No estando de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Ministerio de Defensa respecto a la reorganización del Ejército de Tierra respecto a la provincia de Huesca y desconociendo el contenido de la misma para el conjunto del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para que el Acuartelamiento del Ejército de Tierra Sancho Ramírez en Huesca, mantenga su actual funcionamiento y actividad en los próximos años y no
se produzca su cierre en 2016. De igual forma, se mantenga en Jaca la actual Jefatura de las Tropas de Montaña, incluido su Cuartel General, para los próximos años.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2015.Víctor Morlán Gracia, Diputado.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/003440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la reducción de la
morosidad en las operaciones comerciales, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
La situación de las finanzas públicas españolas al inicio de la legislatura ha exigido aplicar una política económica basada en dos ejes que se complementan: consolidación fiscal y reformas estructurales. Las medidas adoptadas empiezan a
dar sus frutos y la recuperación de nuestra economía es ya una realidad, por tanto es el momento de adoptar estrategias que faciliten que la mejora de las finanzas públicas se traslade a la economía real, a la vida cotidiana de los ciudadanos, de
las empresas y de las familias.
En definitiva, se trata de facilitar el proceso iniciado en nuestra economía de crecimiento y de generación de empleo de forma que se produzcan efectos positivos para toda la sociedad.
En este contexto tiene especial importancia el control de la morosidad, puesto que los impagos se transmiten con facilidad por la cadena de pagos con un efecto multiplicador negativo para la creación de riqueza y empleo. La morosidad
perjudica en especial a PYMES y autónomos, se estima que representa un coste adicional anual para el tejido productivo de 2.500 millones de euros y afecta a la mitad de las pymes españolas, provocando en ellas graves tensiones de tesorería que
acaban, en muchos casos, con reducciones de plantilla e incluso el cierre de la empresa.
El Gobierno de España ha mostrado un firme compromiso con el control de la morosidad, en especial de las AAPP, compromiso que se materializó, entre otros, con la puesta en marcha de las tres fases del Plan de Pago a Proveedores con el
objetivo de que entidades locales y comunidades autónomas pudieran cancelar las obligaciones de carácter comercial pendientes con sus proveedores y acreedores, inyectando en la economía de una forma directa más de 40.000 millones de euros. En el
campo normativo ha introducido diversas medidas para reducir la morosidad, destacando la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público para evitar una nueva acumulación de deuda por parte de las
administraciones públicas.
En cuanto a las normas que regulan las relaciones entre particulares, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que establece
nuevas medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales para dar una mayor seguridad jurídica y mejor protección de los proveedores. Recientemente, el Real Decreto-ley 4/2014 de refinanciación y reestructuración de la deuda
empresarial establece un sistema de refinanciaciones eficaz que facilita la continuidad de empresas viables y el pago de las deudas en base a esos esquemas de pago acordados.
Sin embargo, la morosidad comercial sigue estando presente, como queda reflejado en la encuesta de Indicadores de Confianza Empresarial del INE, en la que se recoge que las dos grandes preocupaciones de las empresas son la morosidad y la
disponibilidad de financiación; y sigue suponiendo una constante preocupación para el Gobierno, quien anunció el pasado mes de mayo nuevos cambios legislativos que podrían incluir sanciones para las grandes empresas que incumplan los plazos
previstos en la Ley.
Por todo ello, visto los efectos perniciosos que tiene la morosidad sobre la economía en general, y sobre PYMES y autónomos en particular, y sin perjuicio de las normas que deban dictarse para evitar el retraso en la cadena de pagos, debemos
concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales para un funcionamiento más eficiente de nuestra economía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer canales de difusión de información disponible en las organizaciones empresariales y a llevar a cabo campañas divulgativas específicas que pongan de manifiesto:
a) Los efectos nocivos de la morosidad para la sociedad en general y la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar social.
b) La necesidad de asumir un código de buenas prácticas, con el fin de fomentar cultura de pago en las relaciones comerciales y la resolución de los conflictos por vía extrajudiciales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover un gran acuerdo sobre la deuda pública europea, para su
debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
El reciente triunfo electoral del partido político SYRIZA en Grecia y la consiguiente formación de un nuevo Gobierno de izquierdas en el país heleno ha puesto de nuevo en la agenda política el debate sobre la deuda pública.
El Gobierno de don Alexis Tsipras ha iniciado una campaña pública a nivel europeo para poner en marcha un gran acuerdo sobre la deuda pública. El nivel de deuda pública griega era en el año 2007 del 103% del Producto Interior Bruto (PIB),
pero las políticas de austeridad de los últimos seis años han provocado un incremento espectacular del endeudamiento público. Actualmente, la deuda pública griega se encuentra en el 182,4% del PIB. Así, las políticas de ajuste no solo han
provocado un escenario de emergencia social, sino que han empeorado las condiciones macroeconómicas y dificultado, de esa forma, la devolución de la deuda.
Una circunstancia similar ha ocurrido en España, pero agravada por el hecho de que en nuestro país la deuda antes de la crisis estaba en un nivel mucho más bajo. En 2007, la deuda pública era del 35,5% del PIB, mientras que en noviembre de
2014 alcanzó un 96,8%. El gran problema de endeudamiento residía, y aún sigue haciéndolo, en el sector privado. Pero la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, filosofía que subyace a todos los rescates económicos
impulsados por la troika y los gobiernos de España y Grecia, así como las consecuencias derivadas de las políticas de ajuste, han empeorado todas las condiciones económicas.
Las políticas de austeridad y el enorme lastre que supone la deuda pública hacen inviable una recuperación económica compatible con el mantenimiento del Estado Social y la garantía de justicia social. Más al contrario, esa combinación es
fatal para tanto la población como para las expectativas de devolución de la deuda. El frágil crecimiento económico no es suficiente para contrarrestar ni la desigualdad creciente, ni la merma en el Estado Social ni tampoco para poder garantizar la
devolución de la deuda pública. Es importante tener en cuenta que el hecho de que este débil crecimiento económico se explique exclusivamente por el repunte de la demanda interna a costa fundamentalmente del ahorro de las familias evidencia que
este tipo de crecimiento no puede ser duradero (en el tercer trimestre de 2014 los hogares españoles redujeron intensamente su ahorro hasta el 4,4% de su renta disponible, el nivel más bajo desde el verano de 2007).
A todo ello debemos añadir que una parte de esa deuda ha sido contraída para financiar rescates financieros, mientras que las mismas entidades rescatadas han especulado contra el Estado a través de las facilidades financieras abiertas por el
Estado y por el Banco Central Europeo. Las ayudas al sistema financiero español han sido superiores al billón de euros en total, y la reciente política de barra libre del BCE es un
ejemplo paradigmático de cómo determinados sectores económicos son privilegiados frente al conjunto del Estado. Una sociedad democrática que aspire a proteger a sus ciudadanos no puede tolerar tal discriminación, más aún cuando se carece de
unos mínimos fundamentos para justificar tales políticas.
Ayudas públicas a la Banca a diciembre de 2014
Instrumento;Importe
(millones de euros)
Capital ;59.826
Capital aportado a SAREB ;540
Participaciones Preferentes Convertibles ;1.135
Deuda subordinada SAREB ;1.652
Pérdidas reconocidas en Esquemas de protección de activos ;6.506
Adquisición de acciones a preferentistas ;1.803
Avales del Estado emisión deuda bancaria (riesgo vivo) ;45.909
Avales del Estado a emisiones deuda sénior emitida por SAREB (riesgo vivo) ;48.997
Aval implícito del Estado a depósitos bancarios ;796.874
Créditos fiscales ;41.486
Préstamos del Banco Central Europeo a entidades bancarias (riesgo vivo) ;206.760
Garantías ofrecidas por el FROB en procesos de privatización ;2.600
Esquemas de protección de activos ;22.161
Total riesgos contingentes para el Estado Español ;1.236.309
Fuente: Banco de España, Eurostat, Ministerio de Hacienda, IGAE y FROB.
Si el Banco Central Europeo financiara directamente a los Estados permitiendo a los mismos acceder a un tipo de interés mucho más beneficioso que el que ofrecen los mercados la problemática de la deuda pública no sería tan destacada. Al fin
y al cabo, desde 2008 hasta noviembre de 2014 la cantidad de intereses pagados por el Estado español ha incrementado la deuda pública en un 17,9% del PIB. Una buena parte de ese incremento podría haber sido evitada fácilmente si la autoridad
monetaria hubiese actuado en consecuencia, financiando a los Estados directamente o interviniendo para mantener reducidas las primas de riesgo.
Por si fuera poco, el sistema financiero internacional que durante años prestó irresponsablemente al gobierno griego y a los bancos y a las empresas constructoras españolas ha aprovechado el diseño de las políticas de la troika para
deshacerse progresivamente del riesgo económico en perjuicio de las instituciones europeas. Así, la deuda que tenían como acreedores ha ido traspasándose al público en general, en lo que es una verdadera estafa tolerada y promovida por los
gobiernos y la Unión Europea El caso griego es paradigmático: en el año 2008 la inmensa mayoría de los acreedores de la deuda pública eran entidades financieras privadas, mientras que en septiembre de 2014 el 70,5% de los acreedores eran Estados,
fundamentalmente europeos. El resultado, que los grandes acreedores financieros han evitado importantes pérdidas que otros sujetos económicos hemos tenido que sostener.
La deuda pública de los países del sur no podrá ser pagada en las condiciones actuales. Se hace necesario llegar a un gran acuerdo europeo que permita reestructurar la deuda pública y privada de los países, especialmente del sur de Europa.
Dicho acuerdo debería conllevar, al menos, las siguientes medidas: el alargamiento de los plazos establecidos, la disminución de los tipos de interés, la condonación parcial correspondiente a la deuda ilegítima y la garantía de financiación
posterior por el BCE.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para promover un Gran Acuerdo sobre la Deuda Europea, basado en los siguientes puntos:
1. La derogación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y del Pacto por el Euro Plus.
2. La derogación de toda referencia institucional a la prioridad absoluta del pago de la deuda, que en el ámbito español se establece en las normativas derivadas de la reforma constitucional del artículo 135 y en la propia reforma
constitucional.
3. La puesta en marcha de una auditoría de la deuda pública en todos los países.
4. La reestructuración de las condiciones establecidas en los contratos de deuda pública, alargando los plazos de pago y reduciendo los tipos de interés correspondientes.
5. La puesta en marcha de un plan europeo de estímulo económico que permita superar la crisis social y económica y permita comenzar la corrección de los desequilibrios en las estructuras productivas de los países de la zona euro. La
financiación correrá a cargo del BCE, que, en condiciones de extraordinaria generosidad, priorizará la creación del empleo por encima de cualquier otro objetivo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Alberto Garzón Espinosa, Diputado.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Fomento
161/003439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre construcción de accesos a la segunda fase del Polígono Industrial Fuente del Jarro, en Paterna (Valencia), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El municipio de Paterna es conocido por tener un tejido empresarial rico, en el que destaca el Polígono Industrial Fuente del Jarro con cerca de 500 empresas y 9.000 trabajadores como uno de los parques empresariales más importantes de la
Comunidad Valenciana y de referencia en Europa.
Fuente del Jarro se construyó hace cuarenta años y desde entonces el Ministerio de Fomento, a pesar de haber construido diversas vías de circunvalación alrededor del Polígono como la V-30, como el by-pass o la N-220, ha obviado los accesos a
la segunda fase de este complejo empresarial.
Desde hace décadas, los empresarios del Polígono Industrial Fuente del Jarro llevan denunciando deficiencias en sus accesos y, sobre todo, en estos últimos años han centrado sus reivindicaciones en la necesidad de un acceso directo a la
segunda fase de este Polígono Industrial.
Actualmente, la única entrada a la segunda fase es un túnel que conecta con la primera fase del polígono y que presenta problemas de inundaciones cada vez que llueve, causando graves molestias para las empresas instaladas, tanto en el
Polígono Industrial Fuente del Jarro como en el Parque Empresarial Táctica, teniendo que lidiar diariamente con esta insostenible situación tanto proveedores como clientes y empresas dedicadas al transporte urgente.
En diciembre de 2013, la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento se comprometió con el Ayuntamiento de Paterna a crear una entrada y una salida de vehículos desde la V-30 a la segunda fase del Polígono Fuente del Jarro para dar
cobertura a las más de 200 empresas que tienen su sede en esta fase. A pesar de ello, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015 el Ministerio de Fomento solo ha destinado la irrisoria cantidad de 10.000 euros para el proyecto
de ampliación de la autovía desde Paterna hacia el aeropuerto, dejando fuera del presupuesto el acceso directo a la segunda fase del Polígono Fuente del Jarro al que se comprometió.
Por todo lo expuesto, y dado que se trata de una infraestructura imprescindible para favorecer el crecimiento, el desarrollo y la competitividad de las empresas que conforman el Polígono Industrial Fuente del Jarro y para mejorar la
movilidad en un lugar de gran interés estratégico, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar, en 2015, la ejecución de los accesos directos a la segunda fase del Polígono Industrial Fuente del Jarro, en Paterna (Valencia), como eslabón de apoyo al sector industrial.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.José Luis Ábalos Meco, Diputado.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para agilizar la construcción de la A-14 y la mejora de la N-230.
La actual carretera N-230 es la vía de comunicación más directa entre la cuenca del Ebro y el centro de Francia hasta París y el resto de Europa del norte. A poco menos de 40 km de la frontera se encuentra la A-64 (autopista transpirenaica
francesa), que enlazaría fácil y cómodamente con la A-62 (autopista hacia Burdeos) y con la A-20 (hacia París). Este hecho haría de este eje un gran corredor de tránsito de mercancías y un polo de especial atracción por su disposición logística de
primer orden en toda la llanura de Lleida. Cabe mencionar que según el estudio que hizo el Ministerio de Fomento, conjuntamente con el Ministerio de Transportes del Gobierno francés en 2004, el tráfico de vehículos pesados que pasaban a diario la
frontera francesa en ambas direcciones era de cerca de 18.000 camiones, de los cuales cerca de medio millar lo hacían por el Val dAran.
En el año 2012 entró en servicio el primer tramo de la A-14 entre Rosselló y Almenar (10,3 km). En la actualidad se está ejecutando el tramo de Lleida (variante de la A-2) hasta conectar con el tramo existente, dentro del término de
Rosselló (6 km). Está previsto que entre en funcionamiento en 2016.
Queda pendiente la licitación de las obras del tramo Almenar-Alfarrás hasta límite con la Franja (7,3 km) y que se ejecuten los proyectos ya en fase de redacción desde el límite de la demarcación hasta Sopeira. En cuanto a los tramos entre
Sopeira y la boca sur del túnel de Vielha y el de la boca norte hasta Canejan aún están pendientes de estudios informativos y de la posterior redacción de proyecto y licitación de obras.
La construcción de la A-14 y la mejora de la N-230 es una larga reivindicación del territorio. La última fue el pasado 28 de enero con la elaboración de un manifiesto signado por numerosos diputados, alcaldes y concejales en el municipio de
Almacellas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Licitar, lo antes posible, las obras correspondientes al tramo de la A-14 que va desde Almenar hasta Alfarrás (límite de provincia), cuyo proyecto ya se ha elaborado.
2. Agilizar al máximo la redacción de los proyectos ya adjudicados (algunos desde 2008) en los tramos de la A-14 que van desde el límite de provincia hasta Sopeira y que se puedan licitar las obras durante el 2016.
3. Agilizar los estudios informativos de los tramos pendientes (de Sopeira a la boca sur del túnel de Vielha y de la boca norte del túnel hasta Canejan y frontera francesa), a fin de que se puedan iniciar la redacción de los proyectos y
acto seguido de la licitación de las obras de los tramos precedentes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
adecuación urgente de la N-550 A Coruña-Santiago, específicamente en el Ayuntamiento de Ordes (Galicia), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera N-550 se inicia en la ciudad de A Coruña y transcurre por gran parte de las provincias de A Coruña y Pontevedra hasta finalizar en la entrada de la orilla española del puente internacional de Tuy-Valença do Miño.
A lo largo de la provincia de A Coruña, la carretera N-550 atraviesa un número importante de localidades constituyendo no solo una de las vías de tráfico rodado fundamentales en estas zonas, sino, en muchas ocasiones, el principal acceso de
peatones a las actividades sociales, mercantiles o educativas de estas poblaciones.
El estado lamentable en que se encuentra este vial fundamental en la provincia de A Coruña ha sido ya contestado por el Grupo Parlamentario Socialista en diversas ocasiones exigiendo las mejoras y las reformas necesarias para poder combinar
la seguridad vial en los desplazamientos a pie con la fluidez del tráfico.
Las actuaciones del Ministerio de Fomento en la N-550 se producen de forma aleatoria y descoordinada dotadas de escaso presupuesto y manifiestamente insuficientes para dar respuesta a las necesidades de las localidades por las que discurre.
En concreto, el tramo de esta carretera que une las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela presenta diversas deficiencias como el degradado del firme o la existencia de numerosos baches. Ante esta situación, el Ministerio de Fomento
ha procedido a rebachear algunas de las zonas más deficitarias de la carretera N-550 sin ultimar su mantenimiento y puesta a punto final.
En la actualidad destacan, entre las deficiencias que aún se encuentran en la N-550, que está despintado de las señales horizontales tras el rebacheo, así como el despintado de dichas señales debido a la falta de revisión y actualización del
mismo.
Debido a todo lo anterior, la población de diversas localidades se enfrenta a situaciones cotidianas de peligro, puesto que tanto los pasos peatonales como los bordes de las vías simplemente han desaparecido, incrementándose las situaciones
de peligro en momentos en que la visibilidad es reducida debido a la climatología o a la nocturnidad.
Concretamente, esta situación de peligro e inseguridad vial toma un cariz de gran importancia en el municipio de Ordes, pues la N-550 constituye la principal vía de comunicación intermunicipal siendo de tránsito obligado para la ciudadanía
de Ordes para la realización de cualquier actividad en su municipio ya que atraviesa el centro de la localidad y es el medio de comunicación y acceso a los servicios públicos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actuar de inmediato con objeto de garantizar la seguridad vial procediendo a la adecuación de forma urgente de la carretera N-550 entre A Coruña y Santiago, y específicamente en el
ayuntamiento de Ordes, llevando a cabo el pintado de la señalización horizontal de la misma con especial incidencia en los pasos peatonales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.María Paloma Rodríguez Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
la finalización de las obras de Agaete-La Aldea de San Nicolás. Tramo: La Aldea-El Risco, para su debate y votación en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El vigente Convenio de Carreteras entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento fue suscrito el 31 de enero de 2006 («BOE» de 4 de marzo). Posteriormente, el 17 de noviembre de 2009 se firmó una Adenda para potenciar la autonomía
administrativa de la administración Canaria («BOC» número 243, de 14 de diciembre).
El Convenio tiene por objeto establecer el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de infraestructuras de carreteras, a los efectos de lo establecido en los artículos 95 y 96 de
la Ley 20/1991, de 7 de junio, y en el artículo 12 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, ambas leyes de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Se trata de un convenio de tipo presupuestario por el cual la Administración General del
Estado se compromete, durante el periodo de su vigencia, a aportar los recursos económicos estipulados con cargo a las dotaciones que a este fin se le asignen por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
El Convenio contempla un total de 60 actuaciones en la red de interés regional, con una inversión prevista para el período 2006-2017 de 2.437 millones de euros, de los cuales 288 están destinados a expropiaciones, indicando las anualidades
hasta el año horizonte, las cuales fueron reajustadas en el año 2010, manteniéndose la misma fecha de vigencia del mismo. Dentro de las actuaciones previstas estaba la obra de Agaete-La Aldea de San Nicolás, tramo: La Aldea-El Risco.
Las obras de la carretera de La Aldea en su primer tramo La Aldea-El Risco, de unos 10 kilómetros de longitud y con un presupuesto de 83.735.110,66 euros, comenzaron el 2 de julio de 2009. Sin embargo, la política de recortes
presupuestarios llevados a cabo por el Ministerio de Fomento en los últimos años ha producido su paralización y el consecuente retraso en la fecha prevista para su finalización.
En el año 2012, el Gobierno debía haber transferido al Gobierno de Canarias, según el Convenio, 207 millones, y únicamente se recibieron 68,54; en 2013, la diferencia fue aún mayor, con 54,19 millones recibidos frente a los 207 que se
esperaban; en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 se transfirieron también 54,19 millones, cuando a esa anualidad correspondían 225, y para el 2015 está previsto que se reciba la misma cantidad de años anteriores, es decir, 54,19 millones
de euros, incumpliéndose nuevamente el Convenio.
En total, de 864 millones de euros firmados, el Gobierno de España solo habrá enviado 232 a finales de este año, un recorte desmesurado y en nada proporcionado al que se estableció para el conjunto de las comunidades autónomas, máxime cuando
este bloqueo financiero se ha ido consolidando en los sucesivos presupuestos estatales, hasta el punto de que en esta legislatura el recorte será de 632 millones de euros o, lo que es lo mismo, del 74% de todo el presupuesto previsto para las obras.
A la vista de todo ello, resulta ineludible instar al Ministerio de Fomento a reconducir la situación y a aportar, al menos, los recursos suficientes para seguir ejecutando a un ritmo adecuado de trabajo las cerca de 20 obras que están en
marcha con cargo al Convenio y, en particular, en la obra de la carretera de La Aldea.
El trazado actual de la carretera de acceso a La Aldea de San Nicolás por el norte corresponde a una vía de montaña, que trascurre a media ladera, adaptándose a la orografía del terreno. Está formada por una única calzada con dos carriles,
sin arcenes y con doble sentido de circulación. Tiene una plataforma de 5,90 m, lo que impide en algunas zonas el cruce de dos vehículos pesados, y elevadas pendientes.
La mayor peculiaridad que presenta esta carretera es la existencia de tramos que trascurren entre macizos rocosos, en particular entre los puntos kilométricos 8+000 al 10+350 (Risco Faneque) y entre el 19+400 al 21+350 (Andén Verde), donde
suelen producirse desprendimientos que producen daños en la vía y ponen en riesgo la seguridad de sus usuarios.
En relación a esta situación permanente de riesgos de desprendimientos en la citada vía, el cabildo de Gran Canaria, como responsable de la conservación y mantenimiento de la misma, viene realizando un esfuerzo considerable, dentro de sus
posibilidades, para garantizar las mejores condiciones de circulación posible y minimizar los efectos de los desprendimientos.
Pero la necesidad de una nueva vía no solo viene justificada por la peligrosidad de la actual sino, además, por el aislamiento que padece la población de La Aldea de San Nicolás, de 8.255 habitantes. El municipio solo dispone de Centro de
Salud, por lo que la atención hospitalaria se realiza en los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria, situados a 70 kilómetros. Además, resulta complicada la contratación de médicos y profesores estables que presten servicios en los centros
sanitarios y educacionales del municipio.
Igualmente, la agricultura, que es el motor económico, es una agricultura de exportación, con lo que le es imprescindible una vía de comunicación segura con el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente la distancia por el norte
entre La Aldea de San Nicolás es de 70 kilómetros y por el sur de 130, y el tiempo estimado en recorrer a través de la actual carretera el tramo Agaete-La Aldea de San Nicolás se estima, para un vehículo pesado, en más de 70 minutos. La nueva vía
permitirá una circulación fluida y segura, con un tiempo de recorrido muy inferior al que se realiza en la actual carretera. La distancia se reducirá un 50% y el tiempo de recorrido disminuirá en un 70%, aproximadamente.
Recientemente, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han llegado a un acuerdo para garantizar la apertura al tráfico, tras el verano de 2016, de 8,7 kilómetros de los 10,15 de la nueva vía entre La Aldea y El Risco,
invirtiendo para ello 32 millones de euros. Ese acuerdo se va a financiar en dos anualidades entre el año 2015 y el 2016. Queda aún pendiente la puesta en servicio del tramo entre La Aldea y el Andén Verde, y la del segundo túnel de los dos
incluye la vía (que hasta su apertura al tráfico solo podrá ser usado por vehículos de emergencia).
En consecuencia, una vez comprometidas las instituciones canarias, el Ministerio de Fomento debe cumplir también su parte, pues la terminación de la obra de la carretera de La Aldea es vital para la seguridad de los usuarios y para la
conectividad y la economía del municipio. Resulta necesario, pues, que se firme una adenda al Convenio de carreteras que incluya las operaciones financieras necesarias para garantizar la finalización de las obras de la carretera Agaete-La Aldea de
San Nicolás, tramo: La Aldea-El Risco.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que, en el marco del Convenio de carreteras Canarias-Estado, se firme una adenda por ambas partes en la que se prevean las operaciones financieras necesarias para dotar una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 destinada a
la finalización de las obras de la carretera Agaete-La Aldea de San Nicolás, tramo: La Aldea-El Risco.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Sebastián Franquis Vera, Diputado.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/003432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la acreditación de
conocimientos del idioma español a los estudiantes del programa Erasmus en España, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Desde el inicio de la presente Legislatura el Grupo Parlamentario Popular ha estado promoviendo distintas iniciativas en la Cámara a los efectos de poner en valor el peso de nuestra lengua y nuestro patrimonio histórico como componente
cultural de gran importancia en el conjunto de la cultura occidental.
Es claro que, por razones de distinta naturaleza, la expansión del español es una realidad reconocida y la proyección prevista para los próximos años hacen suponer un incremento de la demanda de aquellas personas que hoy quieren conocer
nuestra lengua común como lengua extranjera.
Según algunos datos, en el conjunto del mundo pueden existir 18 millones de personas que estudian español como lengua extranjera, lo que supone un reflejo de la importancia de nuestra lengua en los próximos años, de los cuales solo 150.000
acuden a España para aprender nuestra lengua.
Todo parece indicar que gran parte de estos visitantes corresponden a becas Erasmus, pues España es el primer destino de estudiantes que se acogen a este programa europeo de formación.
En algunos países de nuestro entorno, que han hecho de la enseñanza de su lengua un elemento fundamental para abrirse puertas en el mercado global generando así un auténtico sector económico, la importante demanda de aprendizaje y las
cualificaciones generales de conocimiento se canalizan a través de instituciones públicas similares a lo que en nuestro país es el Instituto Cervantes.
Por todo ello, y a los efectos de impulsar las distintas actividades para satisfacer en territorio español la demanda de nuestra lengua que existe en el mundo, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de que el Instituto Cervantes acredite, por medio de sus Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), el nivel de conocimiento de español al abandonar nuestro
país de los estudiantes extranjeros de curso de grado del programa Erasmus en España.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre agilización en la entrega de los Premios Nacionales Fin de
Carrera, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Desde que allá por junio de 2013 se realizase la entrega de los Premios Nacionales Fin de Carrera (del curso 2009-2010), y en torno a una docena de galardonados negasen el saludo al ministro de Educación, y reivindicasen con palabras y
camisetas verdes una educación pública «libre, gratuita, de calidad y para todos», los actos de entrega de estos premios han sufrido deliberadamente una merma en su proyección social, en su transparencia, en la información que reciben los
galardonados y en los derechos que deberían corresponder a los mejores estudiantes de las universidades públicas españolas.
Nos consta que en noviembre de 2014 varios de estos galardonados de la promoción 2010-2011 remitieron una comunicación al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, expresando lo que sigue:
«Los adjudicatarios de los Premios Nacionales Fin de Carrera correspondientes a la promoción 2010-2011 que suscriben este documento
EXPONEN
Primero. Habiéndose publicado en la página web del Ministerio el pasado 6 de mayo de 2014 la relación de premiados en todas las ramas y modalidades, los beneficiarios aún no han recibido notificación alguna para actuaciones atinentes al
acto de entrega de los premios y pago del importe de los mismos, en los términos dispuestos en la resolución de 25 de julio de 2013 de convocatoria de los meritados premios.
Segundo. El curso pasado, la relación de premiados (promoción 2009-2010) precedió únicamente en dos días a la convocatoria para el acto de entrega, y en pocas semanas a la concesión de la dotación económica de los premios. Este año
padecemos un retraso mayúsculo, agravado por la falta de transparencia con la que el Ministerio está gestionando la situación, la cual no hace sino extender la creencia, sustentada, de que la espera responde a una estrategia de penalización por
parte del Ministerio de Educación por las protestas llevadas a cabo por un sector importante de los premiados del año anterior.
Tercero. De acuerdo con la convocatoria de los premios, publicada en el «BOE» con fecha de 8 de agosto de 2013, el objetivo de estos galardones es recompensar la excelencia y ayudar al alumno a que siga desarrollando su carrera. Sin
embargo, la ineficacia del Ministerio provoca que, en la mayoría de los casos, el reconocimiento llegue demasiado tarde. Los premios se están fallando más de cuatro años
después de que los galardonados terminasen sus estudios de grado, diplomatura o licenciatura, concediéndose cuando ni el título ni la dotación económica sirven ya para conseguir becas de postgrado, completar la formación o facilitar el
acceso al mundo laboral.
Por estos y otros motivos, los abajo firmantes,
SOLICITAN
Que el Ministerio de Educación proceda, a la mayor brevedad posible, a ponerse en contacto con todos los adjudicatarios de los citados Premios Nacionales Fin de Carrera otorgados por Resolución de 6 de mayo de 2014, excusándose por esta
intolerable demora y, en consecuencia, dicte la resolución oportuna a los efectos de fijar una fecha oficial para la ceremonia de entrega de los premios otorgados y pago del importe de los mismos.
Asimismo solicitan que se depuren las responsabilidades oportunas y se proceda a la mejora del sistema de tramitación de dichos premios, a fin de evitar a los futuros premiados las incertidumbres e inconvenientes padecidos por esta promoción
y dotando de utilidad y sentido a los mismos.»
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que:
1. No se produzcan más demoras tanto en la comunicación a los beneficiarios de los Premios Nacionales Fin de Carrera correspondientes a la promoción 2010-2011 que aún no han recibido notificación alguna para actuaciones atinentes al acto de
entrega de estos premios, como al pago del importe de los mismos, en los términos dispuestos en la Resolución de 25 de julio de 2013 de convocatoria de los meritados premios.
2. Se proceda a la mejora del sistema de tramitación de dichos premios, a fin de evitar a los futuros premiados las incertidumbres e inconvenientes padecidos por esta promoción, dotando de utilidad y sentido a los mismos y corrigiendo las
consecuencias negativas que genera tal dilación en los ámbitos académico, laboral y económico para estos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2015.María Caridad García Álvarez, Diputada.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a reconocer las enfermedades profesionales en el Sector del Taxi y a posibilitar la jubilación anticipada para sus profesionales.
Antecedentes
El artículo 40.2 de la Constitución Española mandata a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo y, en cumplimiento de este mandato, la seguridad y la salud en el empleo han venido siendo objeto de una actuación
continua por parte del Estado y las comunidades autónomas, así como, en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, por parte de las organizaciones empresariales y los sindicatos, y de las entidades dedicadas profesionalmente a la prevención de
riesgos laborales.
Los derechos fundamentales implicados en la prevención de los riesgos laborales, que son: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a la salud, determinan que las actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad y la
salud en el trabajo constituyan un objetivo político de primer orden.
En este contexto se han establecido, de acuerdo con la normativa, conceptos como el de «enfermedad profesional». Definida esta en el artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, como la «enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada
por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse para la inclusión en dicho cuadro de nuevas enfermedades
profesionales que se estime deban ser incorporadas al mismo. Dicho procedimiento comprenderá, en todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad y Consumo».
Cabe destacar que la definición establecida se refiere a la enfermedad contraída como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena y, en consecuencia, deberíamos preguntarnos en qué situación se hallan los que contraen una enfermedad
profesional como consecuencia del trabajo autónomo o ejecutado por cuenta propia.
Evidentemente, el objetivo general o final de cobertura y protección podríamos considerar que es el mismo, tanto para las personas que ejercen una actividad económica o profesional por cuenta propia o autónoma que para los que la ejercen por
cuenta ajena: un régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia y las prestaciones en situaciones de necesidad. E incluso, cuando el marco normativo concreta el contenido de la acción protectora, se manifiesta cierta voluntad por
parte del legislador de regular la cobertura de las enfermedades profesionales también para los trabajadores autónomos.
Pero en la práctica, y a pesar de que en el objetivo de mejorar la protección de los trabajadores por cuenta propia se han logrado avances, como el materializado por la Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se aprueba el Estatuto del
Trabajo Autónomo, queda todavía mucho camino por recorrer y muchas cuestiones por resolver. Aún el grado de protección y cobertura de unos trabajadores dista mucho del dispensado a los otros.
Cabe, pues, que sigamos avanzando y lo hagamos, por ejemplo, reconociendo enfermedades profesionales específicas de los trabajadores autónomos en algunos sectores como el del Taxi, para poder atenderlas y prevenirlas, o en la necesidad de
posibilitar su jubilación anticipada.
Cuando hablamos de enfermedades profesionales debemos valorar dos conceptos muy importantes intrínsecamente relacionados, el de riesgos laborales y el de prevención.
Podemos definir riesgos laborales como lo hace el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que define el término como «la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivados del
trabajo». Y se puede definir la prevención de riesgos laborales, también tal y como establece la Ley 31/1995, como «el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o
disminuir los riesgos derivados del trabajo».
Si nos centramos en los factores de riesgo que podemos encontrar en el Sector del Taxi, podríamos citar riesgos físicos como: vibraciones del vehículo, manipulación de cargas, derivados de la postura sedente prolongada (cuello, hombros,
columna vertebral y enfermedades de tipo cardiovascular), derivados de la circulación en carretera (vista, oído), trabajo nocturno, trastornos digestivos; o riesgos psicosociales, como: fatiga crónica, estrés o violencia (expuestos a agresiones
físicas y verbales). Y solo reconociendo las enfermedades profesionales se pueden intentar prevenir los riesgos que las provocan.
El reconocimiento de las enfermedades profesionales, tal y como hemos apuntado al referirnos al artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social, o tal como determina el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, lo lleva a cabo el Gobierno a través de la modificación del cuadro de enfermedades profesionales, requiriendo
para ello un informe previo del Ministerio de Sanidad y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El informe científico que soporta la propuesta de modificación debe ser realizado por una comisión técnica conjunta de ambos
ministerios.
De igual modo, a instancias del Gobierno, la edad mínima para acceder a la jubilación puede ser rebajada por real decreto a propuesta del Ministerio de Empleo, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca y aplicándose
los correspondientes coeficientes reductores. La actividad en el Sector del Taxi podría, sin duda, considerarse como penosa y peligrosa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) insta al Gobierno a adoptar medidas para mejorar la protección y cobertura de los trabajadores autónomos, en concreto, reconociendo las enfermedades profesionales en el
Sector del Taxi y posibilitando la jubilación anticipada para sus profesionales, y presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Elaborar un informe científico relativo a las enfermedades profesionales en el Sector del Taxi con el objetivo de que avale la propuesta de modificación del cuadro de enfermedades profesionales y posibilite su reconocimiento.
Adoptar las actuaciones necesarias para posibilitar la jubilación anticipada para los trabajadores autónomos del Sector del Taxi cuando acrediten el mínimo de actividad requerida.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003453
A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
EL Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas adoptadas para la empleabilidad de los colectivos
más vulnerables, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Las distintas medidas instadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en relación a la empleabilidad de los colectivos más vulnerables afectados por el desempleo, están resultando en primer lugar ineficientes.
Ni la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016; ni el PREPARA; ni la legislación de emprendimiento; ni la ayuda del 80% del IPREM para los desempleados crónicos con cargas familiares; ni la ejecución del Plan de
Garantía Juvenil, etc., no están reduciendo el porcentaje de desempleados jóvenes menores de 25 años, que ha adquirido las características de un dramático porcentaje crónico y dramático que asciende al 53%. Tampoco se observa la mejora de la
situación del empleo de los desempleados mayores de 45 años a los que eufemísticamente se les califica como «colectivo de difícil empleabilidad».
Por otra parte, las medidas impulsadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social están provocando una recentralización y uniformación de las competencias autonómicas en materia de Promoción del Empleo y Ejecución de la Legislación
Laboral del Estado.
El procedimiento seguido consiste en oscurecer la naturaleza jurídica de las prestaciones que se regulan en las distintas normas, prestaciones que van anudadas a actividades de Formación Profesional, actividades de orientación para el
empleo, tutorías, etc., y en relación a las cuales es difícil determinar si estamos ante prestaciones cuya naturaleza es la de Seguridad Social, de actividades propias de las Políticas Activas de Empleo o de actividades cuyo título habilitante para
su regulación por la Administración General del Estado es la Asistencia Social.
Todas estas actuaciones centralizadoras, que van a adquirir su máxima dimensión a través de la generación de un mapa o cartera uniforme del desempleo para todo el Estado, vulnera las competencias autonómicas en materia de Ejecución de la
Legislación Laboral del Estado, en el ámbito de las competencias autonómicas en Políticas Activas de Empleo o en su caso en el ámbito de las Políticas de Acción Social.
No solo se vulneran las competencias autonómicas, sino que se desfigura el contenido de las mismas al subordinarlas a las competencias estatales mediante diversos procedimientos: determinación por el Estado de forma uniforme de los
itinerarios de inserción laboral; distribución arbitraria de los créditos presupuestarios cuando las actividades son financiadas por el Fondo Social Europeo; superposición del Servicio Público de Empleo Estatal a los Servicios Públicos de Empleo
Autonómicos; designación de los tutores que pretendidamente van a realizar el seguimiento de las trayectorias individuales de empleabilidad; exigencia a las Comunidades Autónomas de adelantar los fondos para la ejecución de las acciones para la
promoción del empleo que son objeto de recuperación si las actividades de las Comunidades Autónomas superan los exámenes de eficiencia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; y otras vulneraciones competenciales.
Todo lo anterior, acredita que se ha optado en el ámbito de la Política de Empleo por un diseño competencial distinto al prescrito por la propia Constitución española y en los Estatutos de Autonomía, que se ha optado por vulnerar el
principio dispositivo en el que se fundamenta la configuración autonómica del Estado y que se ha optado por la generación de un tipo nuevo de «competencia autonómica» subordinada a la estatal y tutelada por este.
Por todo lo anterior se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado español a replantear la totalidad de los distintos «Planes» previstos para mejorar la situación del desempleo de los dos colectivos más vulnerables en este ámbito: los jóvenes
menores de 25 años y los mayores desempleados de 45 años. Estableciendo «Planes» de actuación más eficientes, consensuados en términos bilaterales y de igualdad con las Comunidades Autónomas respetándose escrupulosamente el sistema competencial
previsto en el bloque de constitucionalidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
declaración del Entroido de Xinzo de Limia como de «Interés Turístico Internacional», para su debate en la Comisión de Industria,Turismo y Energía.
Exposición de motivos
Recientemente, en sede parlamentaria, el Ministro de Industria, Energía y Turismo a pregunta formulada por la diputada firmante de esta iniciativa respondía que el gobierno central apoyaría la declaración del Entroido (carnaval) de Laza para
que fuera declarado de Interés Turístico Nacional aunque reconocía no haber recibido ningún documento por parte del ayuntamiento de esa localidad, competente para impulsar dicha declaración.
Durante aquel debate, desde el Grupo Parlamentario Socialista se puso de relieve la importancia del conocido como «Triángulo Máxico do Entroido», en la provincia de Ourense, y que engloba los entroidos de Laza, Verín y Xinzo de Limia, tres
de los más antiguos y famosos de España y del mundo.
Los dos últimos ya poseen la declaración de «Interés Turístico Nacional», siendo el de Xinzo de Limia el que ya está en condiciones de recibir la categoría de «Interés Turístico Internacional».
El Entroido de Xinzo es una fiesta ancestral, popular, que se celebra básicamente en la calle, y que comienza con un domingo Fareleiro, sigue con el domingo Oleiro, llega al domingo Corredoiro hasta que desde el domingo Entroido hasta el de
Piñata celebra una fiesta única que tiene en el traje de la «Pantalla» su símbolo más reconocido e importante. Vistoso y bailarín, este personaje alegre se compone de una peculiar y única careta artesanal hecha de cartón, papel, fieltro harina,
agua y pintada con símbolos astrales o animales totémicos.
La máscara da nombre al personaje cuyo traje se completa con una capa con cintas, camisa y pantalón blanco, faja roja, polainas negras, zapatos negros y un cinturón de campañillas y pequeños cencerros. En las manos, las vejigas de vaca
secas e infladas con las que las máscaras bailan en grupo durante el día, porque al anochecer, estas máscaras se retiran.
Es sin duda una máscara rodeada de misterio, dueña y señora del Entroido de Xinzo de Limia que, junto al Peliqueiro y el Cigarrón, representa al Carnaval Galicia.
En este Entroido popular y único, la «Pantalla» está acompañada por miles de disfraces, por el humor y la crítica, por la música y por la gastronomía.
Actualmente los carnavales declarados de «Interés Turístico Nacional» son el de Badajoz, en 2011, el de La Bañeza en 2011, el de Verín, en 2009, el de Villarrobledo en 2011, el Carnaval del Toro (Ciudad Rodrigo) en 1980 y el de Xinzo de
Limia, que obtuvo esta declaración en el año 1997.
Desde que en el año 1980 las Fallas de Valencia, junto con otras fiestas como los San Fermines de Pamplona, el Misteri de Elche o la Semana Santa de Sevilla, obtuvieron esta declaración, han sido muchas las fiestas que se han sumado a este
selecto grupo de grandes fiestas en España.
En Xinzo de Limia se han empezado los trámites para que el Entroido sea declarado de «Interés Turístico Internacional», declaración con la que ya cuentan otros carnavales españoles como el de Cádiz o Santa Cruz de Tenerife.
Esta declaración de carácter honorífico daría un empujón a una de las fiestas más antiguas y simbólicas de Galicia al tiempo que supondría un revulsivo socioeconómico en una provincia que precisa de medidas de acción positiva en todos los
ámbitos y sectores de desarrollo.
La Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo del Ministerio de Industria, energía y Turismo, regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional y determina los requisitos para acceder a esta declaración.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados apoya la declaración del Entroido de Xinzo de Limia como de «Interés Turístico Internacional» e insta al Gobierno de España a que, una vez cumplidos los requisitos de la Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional, declare al Entroido de Xinzo de Limia como Fiesta de Interés Turístico Internacional, con la colaboración de
las administraciones implicadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de medidas
urgentes para luchar contra la pobreza energética, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
En España una de cada cinco personas vive por debajo de la pobreza, de los cuales dos millones son menores de edad. Una realidad insoportable, que puede ser calificada sin dudar de emergencia nacional, y que exige la implicación de todas
las fuerzas políticas, instituciones y agentes sociales.
En realidad, los hogares en pobreza energética en España no necesariamente están bajo la línea de pobreza monetaria (y viceversa), y según algunos estudios la duración temporal de ambos tipologías de pobreza es diferente. Sea como fuere, no
parece razonable que el Gobierno esté poniendo como excusa que la pobreza energética es una parte de un problema más amplio para evitar una actuación que tiene soluciones jurídicas y técnicas muy inmediatas: sólo es necesario el impulso de la
voluntad política para implantarlas.
Las políticas llevadas a cabo a este respecto por otros países por como Reino Unido, demuestran que las políticas especificas de lucha contra este problema pueden contribuir a la solución de la mayoría de los casos.
En el informe de situación elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales en marzo de 2014, estima en 7 millones de personas los que destinan más del diez por ciento de sus ingresos anuales al pago de la factura energética del hogar,
siendo la media el cinco por ciento. El 9% de los hogares, equivalente a 4 millones de personas, se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
En sus Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, la Unión Europea plantea desarrollar una política energética bajo el enfoque de la pobreza energética. Lamentablemente, España es uno de los países que no
ha realizado la transposición de ambas Directivas a la legislación nacional. Cuestión que fue puesta de manifiesto por el Comité Económico y Social Europeo en su Dictamen sobre la Pobreza energética en el contexto de la liberalización de la crisis
económica (2011/C44/2009), junto al resto de países, diez en concreto, que en aquel momento no habían realizado tal transposición.
La recién aprobada Ley del Sector Eléctrico ha demostrado ya su completa ineficacia para abordar las necesidades de dotar a dicho sector de la necesaria coherencia y capacidad para asegurar un suministro de calidad a precios razonables para
el conjunto de la población, pero además, ni aborda ni resuelve el problema de los consumidores más vulnerables que se encuentran en una situación de pobreza energética.
Las características del bono social hoy reguladas se han demostrado insuficientes para ofrecer las garantías de acceso a todos los usuarios. El bono social, de hecho, beneficia colectivos que hoy no están en situación de vulnerabilidad por
ingresos, pero además, la deficiente regulación conduce a que, mientras aumentan las personas y hogares vulnerables, disminuyen las cifras de los acogidos al bono social. Es un contrasentido que sólo viene provocado por un sistema perverso que ha
dejado de cumplir su función.
Por otro lado, al margen de la electricidad, no existe ningún tipo de ayuda para que las personas que estén en situación de vulnerabilidad puedan acceder a precios accesibles a la energía que más se utilizan para calefacción, como pueden ser
el gas natural, el butano o el propano.
Ante la falta de actuación del Gobierno y la persistencia de un problema que no hace sino enquistarse y agravarse, el Grupo Parlamentario socialista no tiene otro remedio que seguir presentando cuantas iniciativas políticas puedan contribuir
a solventar el problema de la pobreza energética.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular con carácter de urgencia la pobreza energética como la situación en la que las personas en situación de vulnerabilidad que no disponen de rentas suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas de energía.
2. Asegurar que las personas en situación de pobreza energética se les garantizarán el derecho a:
Acceder al suministro eléctrico y demás suministros necesarios para la satisfacción de un régimen térmico adecuado en su vivienda a precios asequibles según sus ingresos.
No ver interrumpidos los suministros energéticos cuando demuestren encontrarse en situación de pobreza energética, sin perjuicio de ofrecer las posibilidades para regularizar los pagos pendientes de conformidad a su situación.
3. Aprobar una estrategia para la erradicación de la pobreza energética con medidas a desarrollar tanto en la ciudad como en el mundo rural que incluyan:
priorizar la rehabilitación y eficiencia energética de los hogares,
fomentar el autoconsumo,
impulsar el sector de las energías renovables,
ampliar los supuestos susceptibles de ser incluidos en una tarifa social para la electricidad y extenderlo a otro tipo de energía doméstica como el gas natural, el propano y el butano.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2015.María Pilar Lucio Carrasco y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
protección urgente de La Albufera de Valencia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Albufera de Valencia se encuentra en un momento crítico y es preciso actuar para que su degradación no se convierta en irreversible.
Este Parque Natural es, desde el año 1991, una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y está incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar. Además, posee una población de especies recogidas en
la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Pese a ser una zona especialmente protegida, las decisiones sobre las aportaciones hídricas que deben llegarle están provocando una situación de peligro que se ha visto incrementada con la entrada en vigor del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, el pasado julio.
El plan fija las normas de gestión de la cuenca del río y en él se marcan los caudales que deben ir a La Albufera. En este caso, se establece que las aportaciones hídricas al Parque Natural serán como mínimo de 167 hectómetros cúbicos (hm3)
y no se asegura que sea agua de calidad. Así, su caudal se renovará sólo siete veces al año a través de las golas (canales) que actúan como salidas naturales al mar. Durante los años 70 recibía 500 hm3, lo que significaba que cada año sus aguas se
renovaban 20 veces.
El agua que llega al Parque Natural proviene de tres vías diferentes: el río Júcar, a través de barrancos y acequias; las precipitaciones y los retornos de riego de los cultivos que lo rodean. Los periodos de sequía que arrastra desde
hace años la Comunitat Valenciana y la modernización de la Real Acequia que impide los retornos de agua, hacen que el futuro del Parque Natural prácticamente dependa de las aportaciones que le lleguen del río Júcar.
Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en un informe elaborado por sus técnicos en 2004 y encargado por la Unión Europea para dar el visto bueno a la financiación del trasvase Júcar-Vinalopó, se establecían necesidades mínimas
de al menos 250 hm3 y con agua de calidad para que se renueve el caudal anualmente hasta 12 veces.
El estado de situación del entorno, los informes de las instituciones públicas y de las organizaciones ecologistas coinciden en que, de no actuarse a tiempo, podría ser el fin del espacio natural húmedo más importante para los valencianos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, conjuntamente con la Generalitat Valenciana, Ayuntamientos y entidades públicas afectadas, un Plan urgente de regeneración de La Albufera de Valencia, a fin de garantizar que recibe
agua de calidad y cantidad suficiente no sólo para mantenerse, sino para recuperar su situación previa al deterioro que hoy sufre.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.José Luis Ábalos Meco, Diputado.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley, sobre
medidas de apoyo para paliar los daños causados por los temporales en Almería, para su debate la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Durante la última semana de enero de 2015 y principio del mes de febrero se produjo en toda la Costa de Almería una intensa ciclogénesis que generó vientos superiores a los 130 km/h los más fuertes de toda España y olas de más de 7 metros
de altura, que afectaron gravemente a todo el litoral almeriense y produjeron daños y destrozos en prácticamente todas las playas de este litoral.
La repetición de estos temporales puede estar relacionada con el fenómeno del cambio climático, como está ocurriendo en otras regiones de la geografía española, pero, en todo caso, produce en las playas de Almería unos daños que se ven
agravados por los históricos problemas de erosión que tienen las playas de la provincia. Unos problemas que obligan a buscar, de forma inmediata, medidas que permitan la estabilización de las playas.
La Administración del Estado no puede quedar al margen de la adopción de medidas de compensación y reparación por los daños provocados y tampoco en lo que se refiere a medidas de prevención, mitigación y adaptación relativas al Cambio
Climático.
Ante este tipo de situaciones provocadas por catástrofes naturales, el Gobierno, en el marco del principio constitucional de solidaridad, con la mayor celeridad posible, debe actuar poniendo a disposición de los afectados y de las demás
administraciones competentes los medios necesarios para proceder a la reparación de los daños producidos y adoptando medidas extraordinarias que permitan paliar los mismos. Medidas que ya han venido siendo adoptadas con ocasión de otras catástrofes
precedentes y que deben adoptarse también en este caso.
Asimismo, se han producido, como consecuencia de este temporal de viento y frío, daños en las explotaciones agrícolas y ganaderas en relación con los cuales las organizaciones agrarias están recopilando datos para evaluarlos. Es también
absolutamente necesario reclamar ayudas que palien estos daños así como la recuperación de la aportación estatal al Plan Nacional de Seguros agrarios para garantizar el nivel de cobertura de las explotaciones ante las catástrofes naturales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que:
1. Ante los graves, diversos y sucesivos temporales que han afectado a la Costa de Almería, con fuertes vientos, lluvias torrenciales y fuerte oleaje, que han producido daños en paseos marítimos, playas turísticas y sus instalaciones,
además de una fuerte pérdida de arenas y tamaño de las playas:
a) Establezca, de forma extraordinaria y con vigencia inmediata, un conjunto de medidas urgentes de ayudas dirigidas a facilitar la recuperación de las instalaciones afectadas, mediante subvenciones para la reparación de los daños
ocasionados en la red viaria, en paseos marítimos, playas e infraestructuras municipales y otras de titularidad pública.
b) Presente, en el plazo de tres meses, un Informe evaluando las incidencias en el dominio público marítimo-terrestre de la Costa de Almería, en donde se especificarán evaluaciones de la vulnerabilidad y de los riesgos y se propondrán
medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a sus posibles efectos.
2. En relación con los daños producidos en explotaciones agrícolas y ganaderas, como consecuencia de estos temporales:
a) Actuar, de forma inmediata, para poner en marcha las ayudas que como mínimo serán las establecidas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, que permitan paliar los daños materiales producidos por las tormentas de granizo del 19 de enero en el
Poniente almeriense y recuperar la capacidad productiva
de esta zona. En especial, deberá arbitrar las medidas relativas a exenciones y otros beneficios fiscales y la moratoria en los pagos a la Seguridad Social por parte de los afectados por estos temporales.
b) Recuperar los niveles de aportación de la Administración General del Estado al Plan Nacional de Seguros Agrarios, que hagan viable el seguro agrario para todos los sectores del campo español.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas extraordinarias para los trabajadores y trabajadoras
agrícolas de Andalucía, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La superficie del olivar en Andalucía supera el millón y medio de hectáreas y el 61% se concentra en las provincias de Jaén y Córdoba. En Jaén se cultivan 510.598 hectáreas, un 88,5% de la tierra disponible para cultivos, y existen 65.960
explotaciones agrarias de pequeño tamaño y 108.000 olivareros, que producen 700.000 toneladas de aceite (el 20% de la producción mundial y el 45% de toda España). El olivar es el único sector que tiene capacidad para crear empleo en la provincia
debido a su monocultivo.
Para la campaña 2014-2015 todo indica que habrá una producción muy parecida a la de hace dos años, donde se obtuvieron 108.000 toneladas de aceite, la más baja de los últimos 25 años.
Una climatología marcada por la falta de lluvias y altas temperaturas durante la floración han causado un estrés hídrico en el olivo, al que sumar el agotamiento del árbol tras una excelente producción de la campaña anterior. Todo ello ha
provocado que el fruto no terminara de madurar quedándose en agracejo, no pudiéndose desarrollar el cultivo.
Los más perjudicadas por esta situación serán las 107.000 familias que dependen del cultivo del olivar en Jaén, más de 14 millones de jornales agrícolas en Andalucía que dejarán de realizarse en su mayoría, y el colectivo de mujeres que
suponen más del 60% del total de afiliados al Régimen Agrario en Andalucía, que junto con los emigrantes están siendo desplazadas por la vuelta de trabajadores de otros sectores. Además, la elevada mecanización que está experimentado el campo
andaluz en los últimos años disminuye la cantidad de jornales que se realizaban hace apenas unos años e imposibilita computar las jornadas reales necesarias para poder tener acceso al Subsidio Agrario. En el año 2013 fueran eliminadas de la
percepción 10.000 personas beneficiarias, que no pudieron reunir las peonadas mínimas.
En este contexto es necesaria la eliminación de las peonadas mínimas para cobrar el Subsidio Agrario o la Renta Agraria, el aumento de la partida destinada al Programa de Fomento de Empleo Agrario y la puesta en marcha de un plan
extraordinario de empleo para el mundo rural, junto a otras medidas que refuercen la capacidad protectora y de garantía de rentas que dichos programas tienen y eviten que la mayoría de las 132.400 personas beneficiarias en Andalucía el 4,35% del
total de trabajadores con prestaciones, de los que 15.900 son de Jaén entren en riesgo de exclusión social o en la indigencia. Es preciso recordar que la provincia de Jaén tiene una de las tasas de desempleo más altas de España, el 40%, y un paro
juvenil que alcanza el 64%.
El Subsidio Agrario y la Renta Agraria cuentan con una inversión de 700 millones de euros, el 2,3% del total del gasto en desempleo en España, y el Programa de Fomento de Empleo Agrario tiene un presupuesto de 215 millones de euros, de los
que 147 millones los aporta el Estado. Unos fondos que posibilitaron la puesta en marcha de 1.933 proyectos presentados en el total de los municipios andaluces y las diputaciones provinciales.
El Subsidio es ahora más necesario que nunca y el Gobierno debe dar una respuesta urgente ante las graves situaciones y circunstancias por las que están atravesando los trabajadores y las trabajadoras del campo. Es una prestación que solo
cobra el 23% de todos los eventuales agrarios y que asciende a 426 euros durante seis meses.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar el requisito de exigir un número de peonadas para tener acceso al Subsidio Agrario para los trabajadores y trabajadoras eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario.
2. Poner en marcha con carácter de urgencia y en coordinación con la Junta de Andalucía, un programa de fomento de empleo agrario especial con fondos extraordinarios, para ayudar al mundo rural a superar la crisis económica y la ausencia de
actividad agrícola.
3. Rebajar el módulo impositivo para olivar aplicable en el método de estimación objetiva del IRPF para ajustarlo a las previsiones de renta de los olivareros andaluces.
4. Potenciar el Programa de Fomento de Empleo Agrario con una mayor dotación económica.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Alberto Garzón Espinosa, Diputado.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación con la lucha contra el desahucio hídrico, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Con la crisis económica se está produciendo en este país, cada día con más frecuencia, el denominado «desahucio hídrico» que implica el corte en el suministro de agua potable a muchos hogares. Un tipo de desahucio invisible y que en muchos
casos se oculta porque afecta a la dignidad de las personas.
El agua no es solo un recurso esencial para la vida humana y de los ecosistemas, sino que se conforma como un elemento básico de cohesión social, que en tanto supone un bien común que deviene en Público, es generador de Derechos. Así lo
consideró la Asamblea de Naciones Unidas en julio de 2010, cuando reconoció el acceso al agua y al saneamiento como Derecho Humano, instando a todos los países a que incorporen en sus distintas normativas instrumentos específicos para hacer efectivo
este Derecho tan íntimamente relacionado con la propia naturaleza social del ser humano.
Sobre esta base, y en el propio hecho del agua como bien público, el Estado y sus instituciones autonómicas y locales, deben realizar en el ámbito de sus competencias, una estricta Regulación y Control que, blindando la titularidad pública
del agua, pudiera hacer efectivo el Derecho al agua de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Los cortes de agua por impago son cada día más frecuentes. Aunque no existen cifras oficiales (lo que este un evidente déficit a superar que demostraría la opacidad del sistema), se podría estimar en más de medio millón de hogares que han
sufrido anualmente avisos de cortes y cortes ejecutados en el suministro de agua. El número de personas que no disponen de suministro de agua en sus hogares, se ha multiplicado por cinco desde el inicio de la crisis.
Desahucios hídricos son un claro indicador de la enorme brecha de desigualdad que se está creando y de la pobreza en la que han caído muchas familias de este país. A esta realidad social, también está contribuyendo la privatización de los
servicios de abastecimiento de agua de muchos Ayuntamientos y la aplicación de unas Ordenanzas Fiscales que no contemplan este drama personal y familiar que cada día son más quienes lo sufren.
En algunos Ayuntamientos se han creado fondos sociales para pagar el suministro de agua de familias sin recursos. En otros se han aprobado una tarifa social, y exenciones o bonificaciones en sus ordenanzas fiscales para asegurar un mínimo
de suministro de agua a todos los hogares. Pero estas medidas además de ser voluntaristas, solo son paliativas y no resuelven el problema.
El objeto de esta proposición, reconociendo como punto de partida el Derecho Humano al agua, es que se considere un mínimo vital de suministro de agua potable, que cubra las necesidades básicas y que esté garantizado por las Administraciones
Públicas para todas las familias que no disponen de recursos para pagarlo. A la hora de determinar el mínimo vital hay que tener en consideración que el consumo de agua no está correlacionado con el nivel de ingresos de la familia o con su
capacidad adquisitiva.
Paradójicamente, la mayoría de los hogares de nivel medio cuentan con electrodomésticos de bajo consumo, con cisternas de doble descarga, detectores de fugas o con otros mecanismos de ahorro con los que no cuentan las familias sin recursos.
Con esta diferencia de partida, además de todas las medidas de ahorro y eficiencia dirigidas al conjunto de la población, deberían adoptarse,con apoyo de todas las Administraciones,medidas específicas dirigidas a los colectivos en riesgo de
exclusión o en situación de pobreza.
La propia Naciones Unidas, en una nueva Resolución en Septiembre de 2010 que daba continuidad y concretaba aspectos clave, de la anteriormente citada de Julio de 2010 en cuanto a que:
Se vele por la total transparencia del proceso de planificación y ejecución en el suministro de agua potable segura y servicios de saneamiento y la participación activa, libre y auténtica de las comunidades locales afectadas y los
interesados pertinentes.
Se preste especial atención a las personas que pertenecen a grupos vulnerables y marginados, dotando de un mínimo vital de agua potable.
Se aprueben y apliquen marcos reguladores eficaces para todos los proveedores de servicios (públicos y privados) conforme a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, y permita que las instituciones públicas
reguladoras ejerzan las necesarias labores de control y vigilancia.
Así pues porque el acceso al agua es un derecho de todas las personas, no puede ser considerado como mercancía o un servicio más que solo se preste a quien pueda pagarlo y del que se pueda excluir a las personas más desfavorecidas.
Es una responsabilidad pública el garantizar un mínimo vital a la población. Ninguna familia puede ser privada del suministro de agua y del servicio de saneamiento para cubrir sus necesidades vitales básicas por razones económicas. Hemos
de hacer viable en términos legales este compromiso, porque de poco sirve reconocer que el agua es un derecho, si no se ponen los medios precisos para hacerlo efectivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a luchar contra el Desahucio Hídrico adoptando las siguientes medidas:
1. Reconocer el derecho al agua y al saneamiento de conformidad con las recomendaciones de Naciones Unidas.
2. Determinar un mínimo vital de abastecimiento agua para consumo de calidad en todos los hogares de este país, garantizarlo para todas las personas, incluidas las que carecen de recursos económicos, y contemplar la imposibilidad de
interrupción del suministro de agua en determinadas circunstancias.
3. Definir en la Comisión Nacional de Administración Local los recursos económicos que requeriría la implantación de esta medida y su financiación.
4. Abordar los cambios normativos necesarios para la definición e implantación del mínimo vital de abastecimiento de agua de consumo de calidad. Asimismo esta nueva normativa debería atender al menos a la estricta regulación de los
actuales cánones concesionales (siempre destinados a la mejora del ciclo del agua), los mecanismos de control de eficiencia de los sistemas de gestión y sus operadores y los métodos de transparencia y rendición de cuentas de estos operadores.
5. Promover, conjuntamente con las Administraciones autonómicas y locales, medidas de eficiencia en el consumo de agua en toda la población y especialmente entre las familias y hogares en situación de mayor vulnerabilidad.
6. Establecer las bases para la creación de un Centro o Agencia Técnica del Agua Urbana de carácter Público con capacidad de definir criterios homogéneos en la gestión del ciclo del agua, determinación de
tarifas, concesiones de uso, etc. y establecer cifras oficiales en todos los aspectos ligados a la gestión y planificación del agua urbana.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2015.Antonio Hurtado Zurera y María Pilar Lucio Carrasco, Diputados.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre inversiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente en la ciudad de Alicante, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Gobierno de España ha reducido drásticamente las inversiones en la Ciudad de Alicante desde 2011, ya que la inversión pasó de 243 millones de euros en 2011, 58 sin contar la inversión en la línea de alta velocidad, a 19,3 millones de
euros en 2015.
De hecho, en lo referente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hay un claro abandono de la Ciudad de Alicante, pues no hay inversiones significativas previstas en la costa, ni se realizan las pertinentes obras de
acondicionamiento y limpieza de cauces y barrancos.
La Fachada Litoral de la ciudad de Alicante requiere fuertes inversiones que permitan mejorar la accesibilidad y, en algunos lugares la remodelación de paseos. Consideramos un error y un menoscabo de la capacidad de la ciudad de invertir en
otras materias que asuma inversiones que en otros municipios realiza el Gobierno de España.
En lo referente a la limpieza de cauces y la creación de rutas verdes, el Gobierno de España ha reducido su inversión en la provincia en más de un 87 % con respecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2011, por lo que la ciudad de
Alicante también sufre esta dejadez de funciones.
Estos dos aspectos, así como la mejora de los humedales, deberían ser un factor más que contribuya a la competitividad turística de la ciudad, además de la evidente necesidad medioambiental y de su repercusión de la mejora de la calidad de
vida de los vecinos.
Asimismo, las obras de mejora de las conducciones de agua de la Mancomunidad de los canales del Taibilla se han visto reducidas drásticamente y las obras de conexión de la Desaladora de Alacantí-Marina Baixa llevan 2 años de retraso, sin que
haya una fecha cierta para su conclusión, pese a que la Desaladora podría estar operativa hace un año.
Finalmente las modificaciones en el marco legal y normativo del trasvase Tajo-Segura han reducido el caudal trasvasable en el nivel 3 y han mermado la disponibilidad de este agua para consumo humano.
En definitiva, se constata una clara discriminación de la provincia de Alicante por parte del Gobierno de España y con ello de la ciudad de Alicante, como demuestra no la reducción de la inversión en términos absolutos, que también, sino la
inversión media por habitante en 2015, que se sitúa 187,50 euros por habitante en la provincia, frente a una media nacional de 238,74 euros, pero que en 2012 y 2013 ha llegado a ser la mitas de lo que se invertía de media en el conjunto de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar los cambios oportunos en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 para que se equipare la inversión media por habitante del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana a la media nacional, de tal forma que se puedan
retomar las obras previstas en 2011 y que se han paralizado, así
como acelerar las obras que se han visto retrasadas por falta de dotación presupuestaria para mantener el ritmo de ejecución establecido en la licitación.
2. Realizar los acuerdos oportunos con el Ayuntamiento de Alicante para establecer un plan de inversiones en Remodelación de toda la fachada litoral de la ciudad de Alicante y en Recuperación medioambiental de humedales y cauces de ríos y
barrancos, convirtiéndolos en un atractivo medioambiental de la ciudad.
3. Establecer un plan de actuación para evitar pérdidas de agua en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla que pudieran repercutir en el precio del agua, así como mejorar y concluir las conexiones con las desaladoras que abastecen a la
ciudad de Alicante.
4. Informar de la limpieza y adecuación de cauces y barrancos que se realizan por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la Ciudad de Alicante, realizando esta labor de forma periódica.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Joaquín Francisco Puig Ferrer, Gabriel Echávarri Fernández, Herick Manuel Campos Arteseros, Federico Buyolo García y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para trasponer la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, en lo relativo a las contrataciones de servicios sociales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales.
Exposición de motivos
La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE reconoce que el empleo y la ocupación contribuyen a la integración en la sociedad
y son elementos clave para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos. En este contexto, los talleres protegidos pueden desempeñar un importante papel. Lo mismo puede decirse de otras empresas sociales cuyo objetivo principal es
apoyar la integración social y profesional o la reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas, como los desempleados, los miembros de comunidades desfavorecidas u otros grupos que de algún modo están socialmente marginados. Sin embargo,
en condiciones normales de competencia, estos talleres o empresas pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, disponer que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres o empresas el derecho a participar en
los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido.
Por otra parte, la Directiva señala que determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos, siguen teniendo, por su propia
naturaleza, una dimensión transfronteriza limitada. Dichos servicios se prestan en un contexto particular que varía mucho de un Estado miembro a otro, debido a las diferentes tradiciones culturales. Por ello, se concluye que debe establecerse un
régimen específico para los contratos públicos relativos a tales servicios, con un umbral más elevado que el que se aplica a otros servicios.
Otra de las consideraciones destacables que contiene la citada Directiva se centra en el reconocimiento de que los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios u organizar los
servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones
previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.
Las particularidades que entrañan las contrataciones relativas a los servicios sociales son, por tanto, muy tenidas en cuenta por la Directiva sobre contratación pública. Nuestro ordenamiento jurídico debe también tomarlas en consideración
para lograr una adecuada gestión de tales servicios.
Si bien la Directiva establece que los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 18 de abril de
2016, sería deseable que, al menos en lo relativo a las contrataciones de servicios sociales, la transposición se realizara en el plazo más breve posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trasponer a nuestro ordenamiento jurídico, en el plazo más breve posible, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y
por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, al menos en los siguientes aspectos:
1. Disponer que se puedan reservar a las entidades de la economía social el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar su ejecución en el marco de
programas de empleo protegido.
2. Establecer un régimen específico para los contratos públicos relativos a servicios a las personas, servicios sociales, sanitarios y educativos, con un umbral más elevado que el que se aplica a otros servicios.
3. Garantizar a los poderes públicos libertad para prestar por sí mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos
servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y
se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.María Luisa Carcedo Roces, Diputada.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Partido Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre mantenimiento del
proyecto OHSCAR como Registro Español de Parada Cardiaca Extrahospitalaria, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La parada cardiaca extrahospitalaria (PCR) es uno de los procesos con mayor, impacto en la salud pública de Europa. Todas las Comunidades Autónomas de España cuentan con Servicios Extrahospitalarios de Emergencias (SEM), pero aunque hay
algunos datos parciales, no hay un registro común oficial, para poder tener constancia del impacto real de este problema y cuáles son los resultados finales en salud en nuestro país.
En junio de 2012, el Parlamento Europeo aprobó una declaración en la que insta a sus estados miembros a impulsar acciones para garantizar el acceso de todos sus ciudadanos a una reanimación de calidad. Una de las medidas clave es que «se
recopilen datos de forma sistemática para la evaluación y la gestión de la calidad de cada programa».
Durante los años 2010 y 2011, se establecieron acuerdos entre varios SEM para promover un proyecto de investigación conjunto sobre Parada Cardiorrespiratoria en nuestro país. Finalmente se consiguió el respaldo del Instituto de Salud Carlos
III en la convocatoria de 2012 para desarrollar un proyecto coordinado entre 11 SEM (2013-2015) se trata del Proyecto OHSCAR (Out-of-Hospital Spanish Cardiac Arrest Registry).
En estos años de proyecto, se han alcanzado los objetivos comprometidos y se ha conseguido extender el proyecto a los SEM de las 17 CC AA y a dos ayuntamientos (Madrid y Zaragoza). Es la primera vez que los SEM españoles trabajan en un
proyecto conjunto sobre resultados en salud con los mismos objetivos y la misma metodología. Ampliándose a la participación en otros proyectos como el proyecto EURECA-ONE primer registro europeo de PCR.
Una vez concluido el proyecto, en el que se han alcanzado los objetivos básicos, el proyecto OHSCAR, ya desarrollado, debería de consolidarse como el Registro Español de Parada Cardiaca Extrahospitalaria. Al igual que otros registros de
países europeos, puede convertirse en una herramienta de calidad, conocimiento y cohesión para la atención extrahospitalaria, que puede ofrecer información sobre la práctica clínica, las intervenciones y los resultados en salud de la atención a la
PCR en España posibilitando la evaluación y la mejora.
El proyecto se fortalece con los acuerdos con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y con el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP) para mejorar el tratamiento de la PCR desde todos los ángulos que afectan a este
proceso tan complejo.
Según este proyecto el Servicio de emergencias de cada administración sanitaria es propietaria de sus propios datos y utilizaría el registro como herramienta interna de calidad. El conjunto de todos ellos, coordinado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, debe servir para establecer los indicadores y las intervenciones adecuadas para mejorar los resultados finales en salud que afectan al conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a: llevar a cabo las medidas necesarias para rentabilizar los resultados del proyecto de investigación e institucionalizar y mantener por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, en coordinación con las Comunidades Autónomas, con los recursos necesarios, el registro desarrollado por el proyecto Europeo OHSCAR como registro de Parada Cardiorrespiratoria para el Sistema Nacional de Salud.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2015.Gracia Fernández Moya y José Martínez Olmos, Diputados. Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar una mayor y mejor
coordinación entre todos los agentes implicados en la prestación de los servicios sociales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La garantía al acceso a unos servicios sociales básicos en condiciones de igualdad debe ser prioritaria para cualquier sociedad que aspire a alcanzar el pleno bienestar social.
En este sentido, los artículos 139.1 y 149.1.1 de la Constitución Española consagran «los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado» y la «igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en
el cumplimiento de los deberes constitucionales», como principios garantes de las condiciones de igualdad en el acceso a los derechos y en la asunción de obligaciones por parte de todas las personas en cualquier parte del territorio del Estado.
Sin embargo, la distribución competencial en materia de servicios sociales que reconoce el artículo 148.1.20a de la Carta Magna, ha propiciado un panorama muy heterogéneo en cuanto a normas, prestaciones y servicios en el ámbito de las
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla, es decir, los ciudadanos españoles pueden recibir diferente trato en función de su lugar de residencia.
Reconociendo la diversidad existente fruto de la distribución competencial, y tratando de velar por la garantía del principio de igualdad en el acceso a los derechos en todo el territorio nacional, desde hace ya
años, el Estado consideró la necesidad de abrir vías de colaboración que posibilitasen cierta coherencia con el fin de asegurar la garantía de unos servicios mínimos en el Sistema de Servicios Sociales.
Un ejemplo de la optimización de resultados cuando se diseñan políticas basadas en la coordinación efectiva entre todos los actores implicados es el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) 2013-2016, una herramienta que
responde a la voluntad del Gobierno de avanzar en la defensa del Estado del Bienestar, que nace de su compromiso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y que para su confección ha contado con la participación de la Administración
General del Estado (a través de los Ministerios implicados), la Administración Autonómica, la Administración Local (a través de la Federación Estatal de Municipios y Provincias, FEMP), el Tercer Sector de Acción Social, el Consejo Económico y Social
(CES) y otras instituciones expertas en política e intervención social.
Por tanto, el sistema público de servicios sociales, además de ser una herramienta fundamental de integración y bienestar, es una cuestión en la que confluyen competencias de las distintas administraciones públicas y departamentos
ministeriales, por lo que la coordinación entre ellos es definitiva para lograr una máxima eficiencia de los recursos públicos y una mayor eficacia de los resultados.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fortalecer la coordinación entre Estado, Comunidades Autónomas, Entes Locales y entidades del Tercer Sector, en materia de servicios sociales, con el objetivo de garantizar una actuación
eficaz en la asistencia a personas y familias que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la investigación,
protección y calidad de vida de los intoxicados de AZSA, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Dos años después del más grave accidente e intoxicación laboral por mercurio del siglo XXI en España, las consecuencias en la salud de los afectados continúan, y en algunos casos se agravan, sin que por parte de las respectivas
administraciones se hayan adoptado medidas sanitarias y sociales para paliar el problema y para prevenir intoxicaciones futuras.
El perfil clínico de los afectados ha pasado de un cuadro agudo de astenia intensa, gingivoestomatitis severa (con pérdida de piezas dentales) y otros síntomas digestivos como algias generalizadas, a un cuadro crónico abigarrado, polimorfo y
en constante evolución, en algunos casos el empeoramiento en que destacan:
1) Eretismo Mercurial con astenia, irritabilidad patológica con agresividad, depresión, trastornos cognitivos e insomnio.
2) Neurológico con temblores, polineuropatía, cefalea, afectación vesical, pérdida de audición, zumbidos y extrapiramidalismo.
3) Oftalmológico: síntomas de ojo seco, alteraciones del nervio óptico y ERG alterado.
En consecuencia, es imprescindible adoptar medidas sociales y sanitarias, así como de seguimiento e investigación para mejorar la calidad de vida de los afectados y también para un mejor conocimiento de la intoxicación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A adoptar medidas urgentes en relación al tratamiento, protección social e investigación sobre los afectados por intoxicación laboral por mercurio en la empresa AZSA de Asturias.
2. A impulsar la investigación con los medios más modernos, junto al Instituto de Salud Carlos III, centro europeo de referencia en intoxicaciones por mercurio, el SESPA y el IOVA entre otros, de los efectos de la intoxicación sobre la
salud.
3. A facilitar de acuerdo con la AEMPS de forma ágil, los tratamientos sintomáticos o experimentales a los afectados como medicamentos de uso compasivo.
4. A garantizar la rehabilitación en su caso, así como las prestaciones y apoyos sociales necesarios a los trabajadores con intoxicación crónica con consecuencias incapacitantes para el trabajo y la vida cotidiana.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2015.Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Cultura
161/003448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupos Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley para la conservación,
protección y promoción de nuestros faros patrimoniales, para su debate en la Comisión de Cultura.
Según el rigor con que se aplique la definición técnica de faro: ayudas luminosas a la navegación cuyo alcance es mayor de diez millas náuticas, en España se encuentran operativos 233 faros y cuatro de ellos están ubicados en la costa
cantábrica que corresponde a la comarca oriental asturiana. Estos edificios, construidos en su mayoría en el siglo XIX, se están degradando y se han ido quedando vacíos. Los fareros, apenas unas decenas, son una especie profesional condenada a
desaparecer, tras declarar la Administración del Estado a extinguir el cuerpo de técnicos mecánicos de señales marítimas el 1 de enero de 1993. Con la modernización de las instalaciones, la automatización, el farero ha ido perdiendo protagonismo.
Y actualmente, gracias a un sistema de telecontrol, su funcionamiento puede supervisarse desde las autoridades portuarias, a las que están adscritos, o incluso desde una oficina del Ministerio de Fomento.
Nuestro país tiene una cultura marinera que merece ser valorada. Un faro es un símbolo de esperanza y de refugio de varias generaciones de marineros. Son parte integrante de la identidad, de la cultura y del patrimonio español, y presentan
una importancia histórica y estética indiscutible. Son construcciones que a nadie dejan indiferente y aparecen siempre en los lugares más agrestes del litoral. En 2010, en España, el Congreso aprobó una reforma de la Ley de Puertos que abrió la
posibilidad de dedicar parte de las instalaciones del faro a otros usos, bajo la autoridad de Puertos del Estado como propietario, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos correspondientes y con la tutela del entorno por la
dirección de Costas, de Medio Ambiente, que ha de velar por el dominio público del litoral, evitando que se desnaturalice o se privatice. Nuestra primera obligación, si queremos salvar un patrimonio, es la de conocerlo. Y este objetivo pasa por la
puesta en valor de archivos, la recolección de objetos y la memoria de los hombres. Detrás de cada uno de los faros han estado los torreros que han dado su trabajo, su sudor y, a veces, su vida, porque la luz de los faros no se extinguiera nunca.
Rescatar sus historias y entrever sus vidas, entregadas al servicio de la señalización marítima, es una obligación moral de los poderes públicos.
La iniciativa europea «At Ligth» (Atlantic Lighthouses) de puertos atlánticos, pretende establecer una red de faros visitables, desde Escocia a España, potenciando a través de los faros la tradición y la cultura de los pueblos ligados al
mar. Con la ayuda de este fondo el Faro del Pescador, en Santoña (Cantabria), se convirtió en un lugar que acoge exposiciones permanentes, visitadas cada año por más de 3.000 personas. Lo mismo ocurre con el faro de La Silla, en San Vicente de la
Barquera. El mencionado programa europeo se configuró con faros de Irlanda, Escocia, Inglaterra, Gales, Francia, y España. Se realizó un estudio técnico, una memoria de contenidos y un libro con imágenes de todos ellos. También se planteó, como
proyecto para el futuro, la posibilidad de establecer una promoción conjunta a escala europea y, en su caso, una comercialización colectiva de aquellos que destinaran sus instalaciones al uso de albergue o alojamiento rural. Y es que la idea de que
los faros puedan utilizarse como foco de atracción turística o actividad cultural, y no sólo como elementos vinculados a la navegación marítima, ha sido explorada ya, con éxito, en otros países de Europa.
Efectivamente, la cultura de los faros está aquí por nacer, pero en países como Francia, Canadá o Estados Unidos tiene una gran implantación. En Canadá y en Francia, por ejemplo rigen Leyes específicas de protección de los farios
patrimoniales. Hoy en Francia, cerca de la mitad de los 220 faros existentes están protegidos como monumentos históricos de las Costas de Francia, gracias al impulso de la Sociedad nacional del patrimonio de faros y balizas (SNPPB). Quizá el
ejemplo más característico sea el de la Bretaña francesa, donde faros como «Point du Raaz» o «Cap Frehel» reciben cada año la visita de miles de turistas. En 2008 Noruega fue el primer país del mundo que se dotó de un plan nacional de protección de
sus faros, clasificando un centenar como monumentos históricos y creando cuatro museos. En Galicia hay un caso sangrante. Se trata del faro de Estaca de Bares. Construido en 1850, fue el primero del Cantábrico y uno de los más importantes del
Plan General de Alumbrado Marítimo de España (1847), que propició la creación del sistema estatal. Su entorno podría tratarse como un conjunto histórico patrimonial: restos de un castro, infraestructuras del siglo XVIII de sistemas de alerta de la
Marina, molinos de mar o la base americana de radar de los años 50, sobre la que por cierto pesa o pesaba una orden de Costas de demolerla.
Visto lo que hacen en otros países, los usos culturales, patrimoniales y museísticos deben primarse frente a los hosteleros, un sector que hoy en día está cerca de la saturación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Traer al Parlamento un Proyecto de Ley específico de conservación, protección y promoción de nuestros faros patrimoniales.
2. En coordinación con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos correspondientes, poner en marcha un programa de medidas para la conservación, protección y promoción de nuestros faros patrimoniales, que contemple, entre otras, las
siguientes medidas:
a) la selección y reconocimiento de determinados faros como Bienes de Interés Cultural, Bienes de Interés Patrimonial o como bienes amparados por otras figuras de protección;
b) la prohibición de su privatización;
c) su rehabilitación y mantenimiento en una medida razonable;
d) la posibilidad de cesión temporal de uso para que sean utilizados con fines públicos.
3. Concertar convenios con Ayuntamientos o Comunidades Autónomas para la conservación de nuestros faros patrimoniales y la promoción de zonas museísticas, centros de interpretación, turismo farero y marítimo litoral, con el fin de acercar
este valioso y desconocido patrimonio a la sociedad, facilitando el acceso del público a sus instalaciones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015.Gaspar Llamazares Trigo y Ascensión de las Heras Ladera, Diputados.José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Igualdad
161/003435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada, doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre los procesos de discriminación social y homófoba que las Tarjetas de Identificación de Extranjeros (TIE) pueden producir, para su debate en Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La importancia que ha cobrado la protección de los datos personales y la intimidad, en relación a la aparición de nuevas tecnologías, en los últimos años está modificando el panorama normativo en relación a los derechos de la ciudadanía y
obligaciones de las administraciones y empresas para garantizar esta privacidad y protección de los datos.
Los derechos relativos a la privacidad de las personas gozan del rango de Derechos Humanos en el ámbito internacional, y de derechos fundamentales en el ámbito normativo nacional, encontrándose recogidos en el artículo 18 de la Constitución
de 1978. Este precepto normativo garantiza la protección de los derechos concernientes a la privacidad, ante cualquier injerencia por parte de los poderes públicos, organizaciones privadas o particulares, garantizando una esfera íntima a la
ciudadanía, legitimando a éstos para decidir qué información pertenece o no a su privacidad, por lo que cualquier intromisión en esta esfera, sin el consentimiento pertinente de sus titulares, podría considerarse como una vulneración del derecho a
la intimidad.
En el ámbito internacional, general y regional, así como en el ámbito comunitario, ya existen numerosas normas y recomendaciones, de primer nivel que tienen como objeto garantizar la esfera de la privacidad de las personas, sobre todo en
relación a los datos personales que puedan revelar características étnicas, opiniones políticas, convicciones religiosas, pertenencia a organizaciones políticas o sindicatos, así como información relativa a la salud o a la orientación sexual. Por
ejemplo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE o la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Sin embargo, nuestro país está incumpliendo la normativa nacional e internacional en relación a la protección de la privacidad de la ciudadanía permitiendo que se publiquen datos concretos sobre la orientación sexual de las personas, de
manera implícita y secundaria, en la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE).
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y deberes de los Extranjeros en España y su integración social establece en su artículo 4 la base del derecho a la documentación de personas extranjeras en nuestro Estado, que se
formaliza en la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE). Según la Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se regula la tarjeta de extranjero el contenido de la TIE, en su artículo sexto se prevé el contenido del documento personal que
debería contener la Tarjeta de Extranjero. Así pues toda tarjeta debe poseer un epígrafe denominado «observaciones», en el que «deberán figurar aquellas informaciones cuya reproducción viene exigida por el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica
7/1985, como la incorporación a su titular de los hijos menores de dieciocho años no emancipados o incapacitados que se encuentran a su cargo, con expresión del número identificador de extranjero (NIE), apellidos y nombre.», así como otras
informaciones relativas a la persona. Es en este apartado dónde la Administración General del Estado incluye datos altamente sensibles relativos a la privacidad de la persona, en la medida en que delatan su estado sentimental y orientación sexual y
que puede vulnerar las normas anteriormente nombradas. En no pocas ocasiones este epígrafe contiene, en el apartado «observaciones», los datos personales de la pareja civil o cónyuge, adjetivando, a veces, invariablemente como «cónyuge» la
relación, sea en forma de pareja de hecho o de matrimonio . Dada la importancia que puede tener esta relación a la hora de determinar la naturaleza de la relación que permite el reconocimiento del derecho de residencia legal por el que se expide la
TIE ya que existen casos en los que el extranjero
accede a virtud del matrimonio con un ciudadano/a de nacionalidad española o de otro Estado miembro de la UE, o por la unión de hecho con un ciudadano/a de nacionalidad española o de otro Estado miembro. Situaciones similares, pero que
pueden acarrear importantes consecuencias para la vida de las personas afectadas en la medida en que se divulgan en la TIE datos que indudablemente pertenecen a la esfera privada de la persona, como son aquellas informaciones que revelan las
relaciones afectivas y en consecuencia también la orientación sexual de las personas. Un ejemplo claro es el que representan las parejas homosexuales que obtienen una TIE, en régimen comunitario en la que aparecen los datos relativos al cónyuge.
Diferentes organizaciones que trabajan con inmigrantes señalan que la publicidad de los datos del cónyuge para las parejas homosexuales está suponiendo severos procesos de discriminación social y homófoba ya que se revela el nombre completo de la
pareja y su número de identificación en la TIE, con lo que en resumidas cuentas se impone la obligación a la persona extranjera de identificarse manifestando su situación sentimental y orientación sexual, y la de su pareja, frente a terceros, de
manera simultánea al acto de identificación personal mediante la TIE.
La publicidad de los datos del cónyuge en parejas de hecho o matrimonios, sea en el régimen comunitario, o general de extranjería, en los supuestos de reagrupación familiar conlleva la publicidad de la orientación sexual de la persona que
dispone de la TIE, expedida por (parte de) la Administración General del Estado, frente a terceras personas, de forma pública, incluso en casos de acciones cotidianas como pueda ser el pago con una tarjeta de crédito, celebrar contratos de cualquier
tipo o (incluso) acudir a entrevistas de trabajo, entre otros muchos supuestos. La vulneración de la privacidad de estas personas puede llegar al extremo en que la pareja decida viajar a un tercer Estado donde la homosexualidad esté tipificada como
ilícita en sus códigos jurídicos, sean penales o administrativos, pudiendo acarrear consecuencias importantes a los portadores de la TIE, por la publicidad indebida de datos que, según las normas españolas y comunitarias, deben estar especialmente
protegidos. Considérese, en este aspecto, que muchas de las personas extranjeras, titulares de las TIE, provienen precisamente de Estados donde las diversidad sexual está punida incluso penalmente y que también socialmente es impulsora de altas
cotas de discriminación.
La práctica común de la Administración General del Estado a la hora de elaborar las TIE, constituye en determinadas ocasiones, una vulneración de los derechos fundamentales a la protección de datos y a la intimidad personal y familiar, con
importantes consecuencias en la vida diaria de las personas que deben utilizar, por imposición la TIE como principal mecanismo de identificación, y también para las personas de las que parte el derecho (cónyuges y/o parejas) pues verán sus datos
personales tratados en un documento que queda por completo fuera de su capacidad de control. Carece totalmente de sentido que la TIE contenga la situación sentimental de la persona, independientemente de su naturaleza y al margen de la nacionalidad
de los miembros de la pareja. De igual manera que este tipo de información no queda reflejada en el Documento Nacional de Identidad de la ciudadanía española, tampoco debería aparecer en las TIE, evitando así cualquier tipo de potencial
discriminación motivada por la orientación sexual de la persona portadora de este documento y de la discriminación que en sí mima supone dar publicidad en el documento que las identifica. Máxime cuando la propia normativa española no prevé en
precepto alguno la posibilidad de tratar e incluir en la TIE tales informaciones.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Orden que regula la tarjeta de extranjero para que se imposibilite publicar cualquier tipo de dato o información personal que pueda suponer una vulneración del derecho
fundamental de la persona a la protección de datos y a la intimidad personal en el plazo más breve de tiempo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2015.Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/003437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas para la
conservación y la protección del Ártico, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
En septiembre de 1989, por iniciativa del Gobierno de Finlandia, ocho países árticos o circumpolares se reunieron en Rovaniemi, Finlandia, para discutir las medidas de cooperación para proteger el medio ambiente del Ártico. Tras varias
reuniones multilaterales, en junio de 1991, aprobaban la Declaración y Estrategia Ártica de Protección Medioambiental donde se identificaron los principales problemas ambientales de la región, en ese momento, y se comprometían a tomar medidas para
la implementación de la Estrategia. La toma en consideración de estos problemas supuso un gran avance y un cambio en la percepción de la región ártica.
A raíz de estas reuniones y de la Declaración de Ottawa de 1996, se constituyó el Consejo Ártico, un foro para promover la cooperación, coordinación e interacción entre los estados árticos y sus habitantes, donde discutir y abordar
cuestiones comunes. El Consejo Ártico lo forman ocho Estados miembros, los países circumpolares, (Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia) y seis organizaciones representantes de los pueblos indígenas, que
tienen carácter de Participantes Permanentes. En la actualidad doce países no árticos, entre los que se incluye España y varios países europeos, han sido admitidos como observadores, nueve organizaciones intergubernamentales y once organizaciones
no gubernamentales tienen estatus de observadores en el Consejo Ártico.
El Consejo Ártico se comprometía a supervisar y coordinar los cuatro programas establecidos, en ese momento, en las aplicaciones de la Estrategia Ártica para lo que estableció Grupos de Trabajo compuestos por expertos representantes de
diversos ministerios, agencias gubernamentales e investigadores. En la actualidad los programas científicos son seis: ACAP (Programa de Acción de Contaminantes del Ártico), AMAP (Programa de Vigilancia y Evaluación del Ártico), CAFF (Conservación
de la Flora y Fauna del Ártico), EPPR (Grupo de Prevención, preparación y respuesta), SDWG (Grupo de trabajo de Desarrollo Sostenible), PAME (Protección del Medio Marino Ártico).
Por otro lado, España también es Parte Contratante de otros organismos internacionales globales (Organización Marítima Internacional-OMI, o la Autoridad de los Fondos Marinos-ISA) y/o regional (convenio OSPAR, para la Protección del Medio
Ambiente Marino del Atlántico Nordeste-OSPAR o la Comisión Pesquera del Atlántico Nordeste-NEAFC) que están iniciando actuaciones, directa o indirectamente dirigidas al Ártico, en conformidad con sus competencias y mandatos. Y, por lo tanto, España
está cooperando activamente en esas acciones.
En el año 2008 la Comisión Europea, consciente de la incidencia de sus actuaciones sobre la región ártica y de la influencia que los cambios medioambientales producidos en el ártico están alterando y alterarán la vida de los ciudadanos
europeos, se plantea el desarrollo de una política de la UE para el Ártico. Así, la Comunicación «La Unión Europea y la Región Ártica» es el inicio formal de un proceso de actuación en el seno de la Unión Europea sobre la importancia de la cuestión
ártica, sentado las bases para una futura política ártica en el marco de la política marítima integrada de la Unión.
En la última contribución del Grupo de Trabajo I al 5.° Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se asevera que: «Es muy probable que la superficie media anual del hielo marino del
Ártico haya disminuido durante el período 1979-2012 en un rango del 3,5% y el 4,1% por decenio (lo cual corresponde a un rango de entre 0,45 y 0,51 millones de km2 por decenio), y es muy probable que el mínimo estival del hielo marino (hielo marino
permanente) haya disminuido en un rango del 9,4% al 13,6% por decenio (lo cual corresponde a un rango de entre 0,73 y 1,07 millones de km2 por decenio)».
En definitiva, la variación de la superficie helada del Ártico y las altas temperaturas afectan de manera directa la vida de los cuatro millones de personas que habitan en la región y también afectará al resto de habitantes del planeta,
porque el clima del planeta depende de las variaciones en el Ártico, como la
modificación de la circulación de las corrientes oceánica, la reducción de cantidad de energía solar reflejada en el hielo y devuelta al espacio que acentúa el calentamiento de la superficie, o el incremento de emisión de gases de efecto
invernadero almacenados en el permafrost, entre otros.
La inestabilidad de los ecosistemas, tanto en la capa de hielo como a los ecosistemas marinos, a causa de los cambios que se están produciendo, está afectando igualmente a la fauna y la flora. Pero, además, todos estos cambios están
replanteando la gestión de los recursos naturales, antes inaccesibles, que puede tener consecuencia sobre el delicado equilibrio del medio natural ártico.
La Unión Europea y sus estados miembros no han sido ajenos a las cuestiones árticas. Fruto de ello es la Comunicación titulada «desarrollo de una política de la Unión Europea para la región del Ártico: avances desde 2008 y próximos pasos»,
que estuvo en el origen de la resolución del Parlamento Europeo de 12 de marzo de 2014 y el documento «Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia de la UE para el Ártico», adoptado por la Comisión el 25 de Junio de 2014.
La Comisión Europea sigue trabajando para establecer una política unida de la UE para el Ártico, así como una estrategia coherente y un plan de acción concreto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir dando apoyo a las diversas iniciativas tendentes a la protección de las aguas internacionales y ecosistemas compatible con una gestión sostenible con base científica, en torno al Polo Norte fuera de las zonas de jurisdicción
nacional de los estados costeros.
2. Seguir participando como Estado observador del Consejo Ártico, de manera activa en los grupos de trabajo, prestando especial atención a las cuestiones socioeconómicas, la seguridad ambiental y conservación de la naturaleza, la
investigación científica y tecnológica, así como en otras iniciativas de los organismos relevantes globales, regionales y sectoriales con incidencia en el Ártico.
3. Intensificar la coordinación entre el Comité Polar Español y los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Economía y Competitividad, con otros departamentos implicados, para facilitar
la toma de decisiones y el flujo de información, especialmente en materias relativas a la gestión de los recursos naturales, incluidos los pesqueros, y a la protección del medio natural en el Ártico.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2015.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
181/003026
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Ha habido alguna colaboración del Gobierno de España con la Xunta de Galicia para adaptar los programas informáticos de la administración de Justicia y que estos puedan operar en lengua gallega?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/003027
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno de España el uso de la lengua gallega en la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Fomento
181/003024
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña María del Puerto Gallego Arriola
Texto:
El temporal de nieve está dejando aisladas poblaciones de Cantabria y bloqueando carreteras fundamentales de comunicación, como la A-67 o autovía Cantabria-Meseta, durante las primeras semanas del mes de febrero.
¿Qué planes de coordinación y prevención han existido entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Gobierno central desde que se conocen las previsiones meteorológicas sobre este temporal?
¿Qué recursos humanos e infraestructuras se están utilizando?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2015.María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.
181/003028
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Es cierto que durante el proceso de tramitación del «Proyecto Vilaboa-A Ermida Autovía A-57», el actual equipo de gobierno por defectos evidentes de gestión ha provocado que caducara la Declaración de Impacto Ambiental del citado proyecto?
¿Se inició el procedimiento de expropiación de los terrenos afectados por dicho proyecto sin la Declaración de Impacto Ambiental en regla? ¿Cuál ha sido el motivo de que en agosto de 2014 se iniciara y se expusiera al público una nueva Declaración
de Impacto Ambiental con las expropiaciones ya iniciadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2015.Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/003029
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Cuál es el motivo que ha hecho necesaria la «Integración de la evaluación ambiental del proyecto Vilaboa-A Ermida. Autovía A-57», publicada en el BOE y que incluye el estudio de impacto ambiental, cuando ya está iniciado el procedimiento
de licitación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2015.Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/003030
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Considera el Ministerio de Fomento que la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental del «Proyecto Vilaboa-A Ermida. Autovía A-57» ha sido la correcta? ¿Cómo valora el Ministerio de Fomento la posible inseguridad jurídica generada
por el proceso de tramitación seguido en el «Proyecto Vilaboa-A Ermida. Autovía A-57» en lo que se refiere a la evaluación medioambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2015.Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/003031
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona
Texto:
Durante el pasado año 2014 y pese a las limitaciones operativas y los recortes presupuestarios impuestos por ASNA, el Aeropuerto de Foronda ha batido su record en el tráfico de carga y la demanda de vuelos registrada ha hecho necesario
atender un importante número de operaciones no programadas con un alto porcentaje de ellas realizadas fuera del horario operativo, exclusivamente nocturno, establecido entre las 22.00 las 08.00 horas. ¿Cuál es la valoración actual del Ministerio de
Fomento sobre el incremento del tráfico de mercancías del Aeropuerto de Foronda/Vitoria y de su potencialidad para dar respuesta a la creciente demanda de servicios ante un, deseable, escenario de crecimiento de la actividad económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.María Teresa Rodríguez Barahona, Diputada.
181/003032
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona
Texto:
Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y 2014, incluían partidas específicas para la LAV Valladolid-Burgos-Vitoria incluyendo expresamente las estaciones de las ciudades. En el presupuesto del año 2015 dichas partidas han
desaparecido. Por otra parte, el previsto soterramiento del acceso a la ciudad y de la estación de Vitoria-Gasteiz parece darse por descartado definitivamente lo que modificará el trazado de integración de la LAV en la capital y , en consecuencia,
los costes del proyecto y los términos de los compromisos adquiridos por las instituciones participantes en su ejecución. ¿Cuál es la nueva propuesta, técnica y presupuestaria, del Ministerio de Fomento para abordar la integración de la LAV en
Vitoria-Gasteiz y cual el calendario previsto para cumplir los objetivos previstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.María Teresa Rodríguez Barahona, Diputada.
181/003033
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona
Texto:
La línea de Alta Velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria estaba incluida en la red de altas prestaciones del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte del Ministerio de Fomento para el periodo 2005-2020. A escala europea, forma parte
del Proyecto Prioritario n.° 3 del Eje Atlántico Ferroviario Europeo, dando continuidad en territorio español a la Línea Madrid-Valladolid-Vitoria-frontera francesa. Los Presupuestos
Generales del Estado de 2013 y 2014, incluían partidas específicas para la LAV en su tramo Valladolid Burgos-Vitoria . En el presupuesto de 2015 dichas partidas han desaparecido. ¿Cuándo y en que fases se tiene previsto licitar los tramos
entre Burgos y Vitoria-Gasteiz para la línea de Alta Velocidad cumpliendo los objetivos previstos por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.María Teresa Rodríguez Barahona, Diputada.
181/003034
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona
Texto:
En el año 2013 AENA formalizó el cambio de las características de actividad del aeropuerto de Foronda pasando de H24 a H12 y de una plantilla en torno a 130 personas a 28 que pasaron a trabajar en horario nocturno. Pese a las limitaciones
operativas y los recortes presupuestarios impuestos por AENA, el aeropuerto de Foronda ha batido sus records de tráfico de carga y la demanda de vuelos se ha incrementado sustancialmente, siendo necesario atender un importante número de operaciones
no programadas, un alto porcentaje de ellas fuera del horario operativo nocturno actual, establecido entre las 22:00 las 08:00 horas. ¿Cuándo se va a proceder a la reapertura del aeropuerto durante 24H?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.María Teresa Rodríguez Barahona, Diputada.
181/003035
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona
Texto:
En el año 2013 AENA formalizó el cambio de las características de actividad del aeropuerto de Foronda y con el objetivo de ahorrar costes el Gobierno también cerró el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) del mismo. Pese a las limitaciones
operativas y los recortes presupuestarios impuestos por AENA, el aeropuerto de Foronda ha batido sus records de carga y la demanda de vuelos se ha incrementado sustancialmente. ¿Cuándo va a cumplir el Gobierno el compromiso adquirido con las
Instituciones vascas, alavesas y la Cámara de Comercio de Álava para proceder a la reapertura del Puesto d Inspección Fronteriza (PIF)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.María Teresa Rodríguez Barahona, Diputada.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/003023
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué explicaciones tiene el Gobierno para el hecho de que solo 77.980 personas se hayan inscrito en los servicios públicos de empleo durante el mes de enero de 2015, cuando la caída en el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido de
199.902?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2015.Rafael Simancas Simancas, Diputado.
Comisión de Cultura
181/003022
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
¿Piensa el Sr. Ministro poner en marcha en 2015 un nuevo modelo de financiación de la cinematografía española, de acuerdo con los compromisos asumidos por el Gobierno en la Comisión Mixta con este sector de la industria cultural con peso en
la «marca» España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2015.Odón Elorza González, Diputado.
181/003025
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuáles son los planes del Gobierno respecto a las inversiones de puesta en valor patrimonial, cultural, natural, turístico y etnográfico de la Vía de la Plata?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.