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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 577, de 12/12/2014
cve: BOCG-10-D-577
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de diciembre de 2014
Núm. 577
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000052 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para abordar el estudio de la reforma de la Constitución, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ... (Página2)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los grandes consumidores de energía ... (Página4)
162/001110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para erradicar la violencia en los estadios y en su vecindad inmediata ... (Página5)
162/001111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la suspensión del ERE de Alcoa en Avilés y A Coruña y sobre la necesidad de un marco regulador estable de las tarifas
eléctricas para la industria ... (Página7)
162/001112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un plan de fomento del uso de medios tecnológicos para las personas con discapacidad ... (Página8)
162/001113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al sistema de interrumpibilidad basado en subastas eléctricas y consecuencias negativas para industrias como Alcoa A Coruña y Avilés o Megasa Siderúrgica
(Narón, Ferrolterra) ... (Página9)
Comisión de Fomento
161/002763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de la gratuidad de la AP-7 en los tramos de la demarcación de Tarragona en los que la autovía A-7 no está construida.
Corrección de errores ... (Página11)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000052
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para abordar el estudio de la reforma de la Constitución.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Constitucional, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de
creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presentar la siguiente propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para abordar el estudio de la reforma de
la Constitución.
Exposición de motivos
Durante 36 años la Constitución de 1978 ha constituido un adecuado marco de convivencia, en democracia y en paz, para la sociedad española y un mecanismo eficaz para el progreso y la cohesión social y territorial. Por primera vez en nuestra
historia político-constitucional, una ley fundamental no impuesta por unos a otros, sino consensuada, ha permitido una experiencia democrática estable durante más de treinta años.
Desde su aprobación, la Constitución de 1978 ha garantizado un marco de estabilidad que ha permitido el desarrollo económico, político y social de España y, en definitiva, la modernización de nuestro país. Con ella, se ha consolidado un
Estado social acorde con el de los países de nuestro entorno, se ha construido el Estado de las Autonomías, se ha asegurado un sistema de derechos y libertades -incluidos derechos sociales- que constituye, en muchos casos, un ejemplo para otros
países, se ha facilitado la incorporación de nuestro país a la Unión Europea y se han conseguido muchos otros logros que no podemos desconocer.
Entre estos logros se encuentra, sin duda, la construcción de un modelo de organización territorial, el conocido como Estado de las autonomías, cuyo éxito se asienta esencialmente en su origen dialogado y pactado. El pacto territorial que,
dentro del gran pacto político de la transición democrática, se plasmó en el título VIII de la Constitución, ha hecho posible la vertebración de las nacionalidades históricas con el resto de los territorios en un proyecto que ha garantizado la
unidad, respetando la diversidad territorial, cultural y social de España.
En la actualidad, España sufre la mayor crisis institucional desde aquella instauración de la democracia. Una crisis favorecida por diferentes factores: la respuesta de la política conservadora a la crisis, que provoca el malestar de la
ciudadanía ante el retroceso en sus derechos, el deterioro de los servicios públicos y el empobrecimiento de las clases medias trabajadoras, las tensiones territoriales, en las que se
ha exhibido la incapacidad para el diálogo de algunos responsables institucionales, y el deterioro de la consideración de la ciudadanía hacia las principales instituciones democráticas como consecuencia de los escándalos de corrupción.
En este escenario es más necesario que nunca renovar el compromiso de todos con el sistema constitucional y democrático. Para ello es imprescindible abordar su actualización mediante un nuevo pacto ciudadano que lo dote de mayor legitimidad
y lo prepare para afrontar los nuevos desafíos de nuestra época. Y este nuevo pacto solo puede plasmarse mediante una reforma parcial de la Constitución.
Los socialistas consideramos que esta reforma debe afrontar tres retos esenciales:
1. Completar el sistema de derechos y libertades reconocidos por la Constitución, ampliando el ámbito del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación, dotando del máximo reconocimiento y nivel de protección a derechos de contenido
social relevantes prestados por los grandes servicios públicos como son el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, convirtiendo en derecho ciudadano el derecho a pensiones suficientes y a un sistema de servicios sociales,
garantizando el acceso a la educación en condiciones de igualdad y estableciendo un sistema que asegure la dotación presupuestaria suficiente para hacerlos reales y efectivos para todos.
2. Modernizar nuestra democracia, ampliando los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones, mejorando la representatividad de las Cámaras legislativas, eliminando privilegios injustificados como los aforamientos,
asegurando la transparencia en el funcionamiento de las instituciones y en los partidos e incrementando los mecanismos contra la corrupción.
3. Revisar el modelo de Estado con una perspectiva federal, delimitando la atribución de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, consagrando en el texto constitucional los principios del sistema de financiación y los
instrumentos concretos de cooperación y lealtad institucional; redefiniendo las funciones y la composición del Senado, reconociendo las singularidades y hechos diferenciales de algunas Comunidades Autónomas y determinando la financiación y las
competencias de las Entidades Locales, de forma que se garantice la prestación de los servicios públicos básicos a todos los ciudadanos y ciudadanas.
En todo caso, una revisión acordada de nuestras normas de convivencia requiere, con carácter previo a la convocatoria de la correspondiente Ponencia Constitucional, un proceso de diálogo y negociación que permita buscar el consenso sobre
propuestas concretas en momentos como este, de especial trascendencia para el futuro del proyecto constitucional, y esta tarea ha de realizarse en sede parlamentaria, en la sede de la soberanía popular, con la participación de las distintas
instituciones y la colaboración y el asesoramiento de expertos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la creación, en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, de una Subcomisión para abordar el estudio de la reforma de la Constitución, en la que iniciar con
carácter inmediato un proceso de diálogo y búsqueda de los acuerdos necesarios para delimitar los aspectos de esa reforma, tras la comparecencia de expertos y la petición de informes a los órganos constitucionales que se determinen, a las
Comunidades Autónomas y a las Ciudades con Estatuto de Autonomía, elaborando un informe a tal efecto.
Las reglas de funcionamiento de la Subcomisión serán las establecidas con carácter general en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento
de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, con las siguientes especialidades:
- La Subcomisión se compondrá de diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió);
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; de Unión Progreso y Democracia; Vasco (EAJ-PNV) y Mixto. Los grupos parlamentarios podrán asimismo designar otros tantos miembros suplentes.
- Atendiendo a la relevancia de sus trabajos, las sesiones en las que se celebren comparecencias y las destinadas a la aprobación del informe de la Subcomisión serán públicas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2014.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre grandes consumidores de energía, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Alcoa es una empresa fundamental en la economía de la provincia de Lugo, de su factoría en Genio dependen 1.200 empleos directos y otros 600 indirectos, tiene también una factoría en A Coruña, en la que trabajan 400 personas, y cuya
actividad está relacionada con la de Cervo, ya que esta le suministra la alúmina para la producción de aluminio. La misma empresa también tiene una factoría en Avilés de la que dependen 500 empleos directos.
En Alcoa y otras factorías de Galicia, como Ferroatlántica, Megasa, Celsa y SLG Carbón, el coste de energía es una parte muy importante del coste final.
La evolución de los costes del mercado eléctrico en los últimos meses superó las previsiones hechas por el Gobierno, la fórmula de la subasta ideada por el Gobierno no cubrió las necesidades de las fábricas de aluminio y alúmina en Galicia y
genera incertidumbre e imposibilidad de planificar la actividad y la inversión a medio plazo con el correspondiente riesgo de deslocalización de la actividad.
La semana pasada Red Eléctrica de España (REE) puso en el mercado nueve bloques de 90 MW interrumpibles y 238 paquetes de 5 MW. El objetivo de este nuevo sistema de asignación era abaratar el coste.
A partir del precio de salida y mediante pujas presenciales, el importe va bajando en cada ronda a un precio previamente establecido. La prestación del servicio se asigna al último competidor que queda en la puja sin retirarse, y por tanto,
está dispuesto a prestarlo al precio más bajo. Esto hizo que el valor económico de los bloques de 90 MW bajase de los 350.000 euros por MW y año de salida a los 300.000 finales. En el caso de los paquetes de 5 MW se pasó de un precio inicial de
260.000 euros por MW a solo 100.000 euros. De este modo, con los MW captados para interrumpibilidad REE gastará el próximo año unos 350 millones de euros en este concepto, frente a los 550 euros del ejercicio en curso.
En este proceso Alcoa solo obtuvo tres de los cuatro bloques de 90 MW que solicitara para su factoría en Cervo y ninguno de los solicitados para la de A Coruña. Esto provoca que la empresa no va a obtener los servicios de interrumpibilidad
suficientes. Hasta ahora la energía suponía un 35 % de los costes de la compañía, y sin las retribuciones por la interrumpibilidad la factura aumentará considerablemente y dejará a la empresa fuera del mercado mundial.
Esta situación se agrava y requiere un tratamiento urgente ya que ayer Alcoa anunció la extinción de los contratos de los trabajadores de las factorías de Avilés y A Coruña.
Esto pone en evidencia la necesidad de que las empresas dispongan de electricidad a un precio que les permita mantener la competitividad de sus productos y la estabilidad de sus empleos.
Es necesario que las factorías de Alcoa puedan planificar su actividad con una cierta estabilidad relativa a los costes de la energía.
La empresa solo está haciendo mantenimiento y no aborda inversiones más importantes por la imposibilidad de planificar la actividad a medio plazo.
El Gobierno está obligado a solucionar el problema de las empresas con gran consumo de energía para encontrar soluciones a la incertidumbre recurrente.
Es necesario actuar para evitar el lamento posterior cuando el problema ya no tenga solución.
Por todo ello, y ante el deplorable estado de los viales N-634 y N-642, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que establezca una fórmula para que las factorías con alto consumo de energía puedan acceder al mercado de energía en condiciones razonables y que estén en relación con las de otros países de
la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2014.-Margarita Pérez Herraiz, María Paloma Rodríguez Vázquez y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para erradicar la violencia en
los estadios y en su vecindad inmediata, para su debate en el Pleno.
La muerte del coruñés Francisco Javier Romero Taboada, asesinado en una multitudinaria pelea entre aficionados radicales del Atlético y del Deportivo, entre miembros del Frente Atlético y Los Suaves de Riazor Blues, cerca del estadio Vicente
Calderón, ha relanzado el debate sobre la violencia en torno al fútbol. En la pelea participaron, además, miembros de los Bukaneros del Rayo Vallecano, de los Alkor Hooligans del Alcorcón y de los Ultras Boys del Sporting de Gijón, registrándose
numerosos heridos y una veintena de detenciones, con la incautación de barras de hierro, palos de madera y puñales, entre otras armas de ataque.
A mediados de la década de los años 80 del siglo pasado, una serie de sucesos luctuosos marcan el punto máximo de tensión generado en Europa por manifestaciones violentas en el deporte. En el estadio Heysel de Bruselas, en 1985, la final de
la copa de Europa que jugaban los equipos de la Juventus y el Liverpool acabó en tragedia. Pero el fenómeno vive periódicamente repuntes furibundos. Y en España no han cesado de producirse enfrentamientos violentos dentro y fuera de los estadios,
como la muerte de un niño golpeado por una bengala o los asesinatos de Fréderic Rouquier por los Boixos Nois en 1991, el del coruñés Emiliano López Prada en 1994 por un ultra del Atlético de Madrid, el de Aitor Zabaleta en 1998 por un
ultraderechista del Atlético de Madrid, el de Manuel Ríos en 2003 por un miembro del Riazor Blues o el de Íñigo Cabacas Liceranzu, en 2012, tras resultar herido en la cabeza por una bola de goma de la policía en los altercados que siguieron al
partido del Athletic contra el Schalke 04.
La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte reconoce en su Memoria 2012/2013 que 'En la temporada 2012/2013, el número de personas que se han desplazado formando parte de los citados
grupos en 1.ª División ha sido de 17.224, que frente a los 11.171 que se desplazaron la temporada 2011/2012, representa un ascenso del 54,18 %'. La violencia en el fútbol español ha saltado fuera de los estadios debido a las mayores medidas de
seguridad y vigilancia instaladas por los clubes. Las broncas entre hinchas en el exterior de los recintos deportivos se han disparado en los
últimos años: entre la temporada 2002-2003 y la 2012-2013, la última de la que se han dado a conocer datos, las propuestas de sanción de la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte por altercados fuera de los campos se han
quintuplicado, al pasar de 50 a 250.
El Instrumento de ratificación del Convenio Europeo sobre la Violencia en el Deporte, suscrito por España en 1987, señala en su artículo 3.1 que '1. Las Partes se comprometen a asegurar la elaboración y aplicación de medidas para prevenir y
sofocar la violencia y las invasiones de los espectadores, y en especial a:
a) Procurar que se movilicen servicios de orden suficientes para afrontar las manifestaciones de violencia y las invasiones de campo, tanto en los estadios como en su vecindad inmediata y a lo largo de las vías de tránsito utilizadas por los
espectadores...
d) Excluir de los estadios o de los partidos y prohibir su acceso, en la medida en que sea jurídicamente posible, a los promotores de disturbios conocidos o potenciales...'.
Entre los grupos violentos más destacados figuran los Ultra Sur del Real Madrid, el Frente Atlético del Atlético de Madrid, los Bukaneros del Rayo Vallecano, los Alkor Hooligans del Alcorcón, los Biris Norte de Sevilla, Herri Norte Taldea
del Athletic de Bilbao, los Celtarras del Celta, la peña Mujika Taldea de la Real Sociedad, las Brigadas Blanquiazules del Español, los Ultra Boys del Sporting de Gijón o el Kolectivo Sur del Xerez. Algunos de estos grupos podrían estar vinculados
a organizaciones registradas como asociaciones políticas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un conjunto de medidas eficaces y contundentes para la erradicación de la violencia en los estadios y en su vecindad inmediata.
2. Promover la ilegalización y disolución de las Peñas y Grupos violentos de 'hinchas', negándoles el estatuto de asociaciones.
3. Crear, en colaboración con los clubes, un Registro Estatal de Violentos, que conlleve la retirada de carné de socios abonados, la prohibición definitiva de entrada en todos los estadios del país y medidas de alejamiento de los mismos,
promoviendo los cambios jurídicos adecuados para su aplicación.
4. Asignar un agente policial Observador del Público en cada partido de fútbol de Primera División, encargado de redactar un informe sobre las incidencias violentas que se desarrollen en las gradas por parte de asistentes al espectáculo.
5. Asignar los recursos adecuados a la Policía Nacional para prevenir y perseguir los comportamientos violentos en los acontecimientos deportivos.
6. Tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto del Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre la Violencia en el Deporte, suscrito por España en 1987, que obliga a erradicar la violencia dentro y fuera de los
estadios.
7. Obligar a los clubes de Primera División a instalar sistemas de cámaras que abarquen todas las gradas y a mantener las grabaciones a disposición de la Policía durante el tiempo legalmente establecido.
8. Impulsar fuertes sanciones a las directivas de los clubes, tanto económicas como deportivas, incluido el cierre de los estadios y el descenso de categoría.
a) Si se demuestra cualquier tipo de apoyo a los grupos organizados de 'hinchas' violentos, tales como la entrega de entradas privilegiadas, espacios acotados en las gradas, colaboración en la financiación u organización de viajes, locales o
mercadotecnia;
b) Si siguen reconociendo como Peñas oficiales a los grupos violentos
c) Si no toman las medidas organizativas adecuadas para evitar la entrada de grupos violentos en los estadios y la introducción de armas, bengalas, recipientes de vidrio y demás objetos potenciales de agresión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre 2014.-Gaspar Llamazares Trigo y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/001111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la suspensión del ERE de Alcoa en Avilés
y A Coruña y sobre la necesidad de un marco regulador estable de las tarifas eléctricas para la industria, para su debate en Pleno.
Tras la celebración en noviembre de 2014 de la subasta para la adjudicación de paquetes de interrumpibilidad eléctrica, entre las empresas denominadas como grandes consumidores o consumidores intensivos, el resultado de la misma ha puesto en
grave peligro las expectativas de futuro de las plantas que la multinacional Alcoa tiene en Avilés (Asturias) y en A Coruña. Prueba de ello es el ERE de extinción de 500 empleos que la empresa presentó el 1 de diciembre para su planta de Avilés y
300 en A Coruña; unos ERE a los que se oponen tanto el Principado de Asturias como los Alcaldes de las zonas afectadas, los sindicatos y partidos políticos.
El motivo de la grave situación ocasionada tras el resultado de la subasta es que Alcoa no ha podido optar a los imprescindibles paquetes de 90 Megawatios, y por tanto a las correspondientes bonificaciones en concepto de interrumpibilidad,
que le son absolutamente imprescindibles para poder continuar con su actividad en unas mínimas condiciones de igualdad con sus más directos competidores, que son, por otra parte, países con unos costes energéticos sustancialmente inferiores. De
hecho, la multinacional solo ha podido optar a tres de dichos paquetes, siendo por tanto las plantas de Avilés y A Coruña las directamente afectadas. La importancia del coste de la energía en este caso se cifra en un 40 % de los costes de
producción del aluminio.
La situación puede afectar, además, al conjunto de la producción de aluminio primario en España, y supone un factor de inestabilidad para la gran industria en su conjunto, tan necesitada de un marco estable en el cual poder desarrollar su
actividad.
En la planta avilesina, un referente mundial en cuanto a la calidad de su producción de aluminio, trabajan actualmente en torno a 600 personas, entre trabajadores de la empresa matriz y de la industria auxiliar. Asturias, además, tiene una
tradición histórica y una experiencia contrastada en la producción de aluminio, que en el caso de la planta de Avilés viene sosteniéndose de manera ininterrumpida durante casi 60 años. No en vano en Asturias se da el mayor conglomerado de empresas
de las denominadas de consumo intensivo de electricidad en España, y que son una de las bases fundamentales de la economía de la región e incluso una de sus señas de identidad histórica y que la definen como región, en torno especialmente a la
metalurgia.
La Junta General de Asturias aprobó de inmediato una declaración institucional en la que se reclaman del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que revierta y despeje las incertidumbres que pesan sobre la planta de Alcoa en Avilés tras
la mencionada subasta y se pide la definición de un marco regulador estable para las tarifas eléctricas industriales, a la vez que se apoya y se apela a la multinacional Alcoa para que mantenga su compromiso con Asturias.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar de la empresa multinacional Alcoa la suspensión del ERE de extinción de empleo que afecta a las factorías de Avilés y A Coruña.
2. Adoptar de forma inmediata y urgente las medidas necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, y a través de la Secretaría de Estado de Energía, para revertir y despejar las incertidumbres que afectan gravemente a las plantas de
Alcoa en Avilés y A Coruña.
3. Definir un marco regulador estable y competitivo con la industria europea para el conjunto de la industria en cuanto a lo que a costes de energía eléctrica se refiere.
4. Apelar a la multinacional Alcoa para que siga demostrando, más allá del momento actual, su compromiso con Asturias y, especialmente, con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en las plantas de Avilés y A
Coruña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/001112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre un plan de fomento del uso de medios tecnológicos para las personas con discapacidad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Según nuestro ordenamiento jurídico, 'accesibilidad universal' es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
En muchas ocasiones, la situación de dependencia es consecuencia directa de la falta de accesibilidad. La promoción de la accesibilidad integral es esencial para la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
Las nuevas tecnologías cobran una importancia esencial para impulsar soluciones de diseño accesibles que fomenten la autonomía e independencia de las personas con discapacidad y reduzcan las situaciones de dependencia.
Los dispositivos y las tecnologías de apoyo como, entre otras muchas, sillas de ruedas, prótesis, ayudas para la movilidad, audífonos, dispositivos de ayuda visual y equipos y programas informáticos especializados, aumentan la movilidad, la
audición, la visión y las capacidades de comunicación.
Con la ayuda de estas tecnologías, las personas con discapacidad pueden mejorar sus habilidades y, por tanto, están más capacitadas para vivir de forma autónoma y participar en sus sociedades.
En los artículos 20 y 26 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la resolución WHA58.23 de la Asamblea Mundial de la Salud y las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, se subraya la importancia de los dispositivos de apoyo. Se pide a los Estados que promuevan el acceso a los dispositivos y las tecnologías de apoyo a un costo asequible y que proporcionen capacitación a las personas con discapacidad y
a los profesionales y el personal que trabajan en los servicios de habilitación y rehabilitación.
En España es destacable la labor desempeñada por el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). Este centro fue creado mediante Orden Ministerial de 7 de abril de 1989, como centro dependiente del IMSERSO.
En 2006, entró a formar parte de la red de Centros de Referencia Estatal (CRE), establecida por la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
El CEAPAT ofrece apoyos para el análisis, sistematización y difusión de información y conocimiento; el fomento de la investigación y el desarrollo e innovación de métodos y técnicas de intervención; la formación de profesionales y
colaboración en la elaboración y aplicación de normas técnicas, y el apoyo, asesoramiento y asistencia técnica a instituciones y otros recursos del sector.
El trabajo llevado a cabo por el CEAPAT ha contribuido a que nuestra sociedad avance en esta materia. Sin embargo, son necesarias actuaciones adicionales que movilicen los recursos suficientes para llegar a las miles de personas que podrían
mejorar sus capacidades mediante el acceso a medios tecnológicos y su situación económica no se lo permite.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, un Plan de fomento del uso de medios tecnológicos para las personas con discapacidad, con la finalidad de garantizar su acceso a los dispositivos y las tecnologías de apoyo que
contribuyan a la eliminación de barreras de todo tipo y, por tanto, a la promoción de la accesibilidad universal, como medio para garantizar su derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por
parte de las personas
con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas. Este Plan contará con la dotación económica suficiente.
2. Impulsar y financiar actuaciones de I+D+i dirigidas a avanzar en soluciones de diseño accesibles y a eliminar barreras físicas, psíquicas y sensoriales para fomentar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado y María Luisa Carcedo Roces, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas doña Rosana Pérez Fernández (BNG) y doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente Proposición no de Ley, relativa al sistema de interrumpibilidad basado en subastas eléctricas y consecuencias negativas para industrias como Alcoa A Coruña y Avilés o Megasa Siderúrgica (Narón, Ferrolterra), para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Ministerio de Industria decidió implantar un nuevo sistema para regular el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, un mecanismo para en momentos de gran demanda eléctrica compensar económicamente a los grandes consumidores
industriales que se desconectan de la red.
El establecimiento del nuevo procedimiento por subasta ya se conocía desde el 1 de noviembre del pasado año por la publicación de la orden en el 'BOE', pero la publicación de las reglas que rigen el proceso y el modelo de adhesión para
participar en las pujas no se hicieron públicas hasta fechas recientes.
Un importante número de empresas potencialmente beneficiarias de esta retribución -son algo menos de 150 en el conjunto del Estado- han anunciado la decisión de recurrir la citada orden por mantener la discriminación en función de la
potencia instalada y de la disposición de producto interrumpible.
La pérdida de las bonificaciones por interrumpibilidad -que cobran los grandes consumidores industriales a cambio de reducir o cesar su consumo eléctrico en caso de emergencia- perjudica a muchas empresas, entre ellas muchas asentadas en
Galicia.
El nuevo sistema afecta negativamente a factorías de gran importancia en Galicia como es la planta de Megasa Siderúrgica (Narón, Ferrolterra) y las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, entre otras. Ambos centros han anunciado
recientemente la intención de proceder a despidos colectivos, lo que es un duro golpe tanto para las economías de las comarcas donde desarrollan su actividad como para las numerosas plantillas de trabajadores.
La primera puja para regular el nuevo sistema de adjudicación de la interrumpibilidad se celebró en la última semana de noviembre y generó muchas dificultades en las empresas de gran consumo eléctrico como Megasa, Alcoa, Ferroatlántica,
Celsa o SLG Gabón. Falta por celebrar la segunda subasta.
Consideramos de importancia destacar algunos aspectos de las fábricas que en Galicia están perjudicadas por el nuevo sistema de interrumpibilidad.
Alcoa en A Coruña y Avilés son similares: tienen en torno a 400 trabajadores y un volumen de producción muy similar. Hasta el año pasado las dos estaban integradas en una única sociedad, Alcoa Inespal S.A., que cerró el año con un
beneficio de 53 millones de euros.
Alcoa era una de las grandes beneficiarias, pero en la primera subasta no logró incentivos para las plantas de A Coruña y Avilés, en cambio, sí para la factoría de A Mariña (Lugo). Afirman desde la empresa que a partir del 1 de enero el
coste de producción de aluminio costará un 20 % más que en la actualidad, pasando de los 1.770 euros actuales a los 2.120 euros por tonelada.
Sin embargo, a propios y extraños sorprende sobremanera que Alcoa no esperase a la celebración de la segunda subasta. Especialmente porque la multinacional indicó en su momento que condicionaría cualquier medida al resultado de la segunda
subasta. De momento, el Ministerio de Industria ha encargado un informe a Red Eléctrica para convocar una segunda subasta de bonificaciones antes de fin de año,
pero no se tiene fecha. En la primera puja se adjudicaron 300 millones de los 500 presupuestados en el 2015. Así que restan 200 por conceder.
En relación a Megasa Siderúrgica, ubicada en Narón (Ferrolterra), llegó a facturar, en 2011, 1.000 millones de euros y cerró el año pasado con unos beneficios de 593.511 euros, un 67 % por debajo de los obtenidos en 2012 (1,8 millones). Sus
ventas alcanzaron los 254,3 millones, un 74 % menos que las del ejercicio anterior.
Igual de preocupante es el anuncio de esta empresa siderometalúrgica al comité de empresa sobre su intención de iniciar los trámites para un despido colectivo para parte de sus 169 trabajadores, así como una modificación sustancial de las
condiciones de trabajo para el resto.
Las críticas sobre el oscurantismo con el que se está conduciendo la subasta de la interrumpibilidad se reparten por igual tanto al Gobierno como a las empresas.
La gestión de la energía por parte de este Gobierno, así como de otros anteriores, deja mucho que desear porque se ha permitido comerciar con lo que debería ser considerado un bien básico para la industrialización de un territorio y también
para evitar situaciones penosas como la pobreza energética. Parte de esa pésima gestión interesada es el hecho de que el Estado español tenga los precios eléctricos más caros de la UE.
En el caso actual del nuevo sistema de interrumpibilidad confluyen varias circunstancias que pueden ser perversas para nuestra industria, como hemos puesto de manifiesto. En primer lugar, la falta de unos precios de referencia y el hecho de
ir a una subasta anual afecta a las necesarias inversiones para las modernizaciones de las instalaciones.
En segundo lugar, al ser una subasta a ciegas, de la que se desconocen los precios alcanzados por otros posibles competidores, va a provocar que empresas del mismo sector productivo tengan precios diferentes de electricidad.
Desde el BNG consideramos que el Ministerio debería retirar este tipo de sistema basado en subastas para la adjudicación de la interrumpibilidad, y volver al sistema anterior mediante el cual se establecía un precio por consumo, y todas las
empresas que estuviesen interesadas y que cumplían los requisitos técnicos podían ser consumidores.
Esto sería a corto plazo porque a medio plazo debería abordarse una reformulación de todo el sistema eléctrico que admita tarifas más bajas en los territorios como Galicia que son netamente productoras, que limpie la tarifa eléctrica de
retribuciones y se contemple en los Presupuestos Generales del Estado.
Galicia es exportadora de energía y, a pesar de soportar los costes sociales y ambientales por la explotación de sus recursos naturales, no recibe ningún tipo de compensación a cambio. Ser excedentaria en energía no le reporta ningún
beneficio. Con el añadido de que industrias asentadas en el territorio gallego puedan cerrar debido precisamente a los altos costes de la electricidad.
En esencia, debería cambiarse el sistema de pago a las empresas de generación por un modelo de retribución de costes según la tecnología empleada.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Industria a:
- Suspender el nuevo sistema de interrumpibilidad eléctrico basado en subastas que está perjudicando a industrias de gran importancia como Alcoa A Coruña y Alcoa Avilés o Megasa en Narón (Ferrolterra), entre otras empresas, y que resta
capacidad industrial a los territorios en los que están ubicadas y pone en peligro cientos de puestos de trabajo.
- Temporalmente, volver al sistema anterior mediante el cual se establecía un precio según potencia contratada para los grandes consumidores de energía.
- Promover un diálogo con la multinacional Alcoa y con la dirección de Megasa Siderúrgica, para evitar que se materialicen los despidos colectivos anunciados por ambas empresas y se mantengan los puestos de trabajo, así como la actividad
industrial, muy relevante para la economía de las comarcas en las que están asentadas.
- Establecer una regulación justa y equitativa en relación al consumo de energía eléctrica por parte de las grandes empresas.
- Proceder a una reformulación de todo el sistema eléctrico que tenga en cuenta normativamente la condición de territorios como Galicia que son excedentarios en producción de energía eléctrica, y en
consecuencia, contemplar las medidas que le permitan tener una tarifa eléctrica propia, con precios de electricidad más bajos como compensación por la explotación de los recursos naturales y los consiguientes daños sociales y
medioambientales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre 2014.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/002763
Advertidos errores en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 461, de 20 de mayo de 2014, páginas 40 y 41, se subsanan a continuación:
En el segundo párrafo de la exposición de motivos, las menciones a las localidades de Creixeli y L'Arbog deben entenderse como hechas a Creixell y L'Arboç, respectivamente.
En el quinto párrafo, la mención a l'Arbog debe entenderse como I'Arboç.
En el punto 2 de la parte dispositiva, las referencias a l'Arbm y a Vendreli deben ser l'Arboç y Vendrell.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2014.