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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 570, de 02/12/2014
cve: BOCG-10-D-570
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
2 de diciembre de 2014
Núm. 570
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Justicia
161/003208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de la plaza de quinto magistrado para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sala situada en Vigo...
161/003219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a presentar de manera inmediata una iniciativa legislativa para derogar la Ley de Tasas Judiciales...
Comisión de Interior
161/003216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la correcta aplicación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo... (Página8)
Comisión de Economía y Competitividad
161/003215 Proposición no de Ley presentada por el Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (Convergència i Unió), relativa a la reforma del sistema de valoración para las indemnizaciones de los
daños y perjuicios causados a las víctimas en accidentes de circulación... (Página9)
161/003218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a permitir el aumento del tonelaje de los camiones que circulan por las carreteras, como vía de mejora de la competitividad
industrial y del ahorro energético... (Página10)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el tipo de gravamen en el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles de naturaleza rústica... (Página11)
161/003234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la revisión de la consideración de municipios turísticos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales...
161/003239 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la inclusión, como objeto de desgravación del denominado 'mínimo personal y familiar', de quienes ostenten la patria potestad de menores...
Comisión de Fomento
161/003227 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la electrificación del tramo Medina del Campo-Salamanca-Frontera portuguesa... (Página15)
161/003228 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reducción de los gastos corrientes del Ministerio de Fomento... (Página16)
161/003229 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso a la variante de Talavera de la Reina... (Página16)
161/003230 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la finalización de las obras de la autovía A-8 en Asturias... (Página17)
161/003231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en servicio de la autovía A-7 en el tramo Polopos-Albuñol... (Página18)
161/003235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adoptar un plan de mejora integral de los servicios ferroviarios de vía estrecha en Galicia... (Página19)
161/003236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a permitir el aumento del tonelaje de los camiones que circulan por las carreteras, como vía de mejora de la competitividad
industrial y del ahorro energético... (Página21)
Comisión de Educación y Deporte
161/003222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un Plan Específico de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género en el ámbito educativo...
161/003224 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar el acceso al juguete didáctico como un elemento fundamental de aprendizaje de los niños y las niñas...
161/003240 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a incluir al profesorado de Formación y Orientación Laboral en la docencia de los ciclos formativos de FPB... (Página25)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la defensa de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en Extremadura... (Página26)
161/003217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre readmisión de los 55 trabajadores despedidos en la fábrica de armas de General Dynamics en Trubia (Asturias)...
161/003226 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral... (Página28)
161/003233 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre incumplimiento de la disposición adicional cuadragésima segunda de la Ley 27/2011...
161/003243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a apoyar a los trabajadores y a la empresa Campofrío, así como a sus proveedores, para superar el grave impacto
económico y social del incendio sufrido el 16 de noviembre de 2014 en su fábrica de Burgos (Castilla y León) y conseguir la rápida recuperación del pleno empleo... (Página31)
161/003244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación de la reforma laboral y de apoyo a los empleados públicos afectados, especialmente a los expedientados por el Ayuntamiento de
Estepona... (Página33)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el inicio de las obras de la remodelación de la fachada litoral de Altea y las medidas para paliar las consecuencias de las obras...
161/003242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a que el Gobierno demande a la Comisión Europea la restitución de la normativa anterior sobre aletas de tiburón... (Página36)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la modificación de la Ley Concursal, a los efectos de incluir una sección específica que regule el concurso de la persona
física, con el fin de evitar las situaciones crónicas de sobreendeudamiento de personas y familias... (Página37)
161/003225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cumplimiento de los compromisos y recomendaciones internacionales sobre atención y protección a la infancia...
Comisión de Cultura
161/003237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial... (Página41)
161/003238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la celebración del VIII centenario de la Universidad de Salamanca en el año 2018... (Página42)
Comisión de Igualdad
161/003210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la inclusión de indicadores sobre víctimas indirectas de la violencia de género en la base de datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia
de Género... (Página44)
161/003211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover una mayor eficacia en los procedimientos predictivos y de valoración del riesgo para casos de violencia machista contra las mujeres y sus
hijos... (Página46)
161/003212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración de un plan específico de acción contra la violencia padecida por mujeres mayores... (Página47)
161/003213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos en zonas rurales y municipios pequeños... (Página48)
161/003214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre formación en prevención, detección precoz, valoración de riesgo, asistencia y recuperación ante la violencia de género...
161/003223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un plan específico de sensibilización y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo...
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el incremento de plazas destinadas a viajeros que no abandonan su silla de ruedas en los trenes de alta velocidad...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/002404 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre razones del retraso en la construcción de la nueva cárcel en Zubieta-San Sebastián... (Página54)
181/002405 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GIP), sobre medidas que está llevando a cabo el Gobierno para paliar la situación de violencia que está sufriendo el colectivo LGTBI y grado de efectividad de los
protocolos que está utilizando la Policía ante estas agresiones, así como su conocimiento por parte de esta... (Página55)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
161/003208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
que el Ministerio de Justicia proceda a la creación de la plaza de quinto magistrado para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sala situada en Vigo, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
De manera sorpresiva, el Ministerio de Justicia decidió no incluir en la relación de nuevas plazas de jueces la esperada plaza de quinto magistrado para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (sección con sede en Vigo), a
pesar de haber sido solicitada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Consejo General del Poder Judicial argumentó en un informe previo dos variables que hacen aconsejable dicha plaza: uno porque los nuevos asuntos que registra la sala civil viguesa de la Audiencia Provincial de Pontevedra superan el
indicador de entrada, que ascendió en un 10 % en el primer trimestre de 2014, y en segundo lugar, debido a su 'elevada pendencia' en relación a los casos que se acumulan a la espera de ser resueltos.
En su informe, el CGPJ señalaba que en Vigo, además de un nuevo magistrado para la Sección Quinta penal, plaza que sí se ha contemplado, también era pertinente una plaza de juez para la Sección Sexta debido al volumen de asuntos que supera
con creces el indicador de entrada. El Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado 31 de octubre obvia la plaza de quinto juez para la Sección Sexta, y solo incluye un nuevo magistrado para la Sección Quinta penal.
Así, las estadísticas del CGPJ relativas a los tres primeros trimestres del presente año 2014 ponen sobre la mesa la existencia de 818 asuntos pendientes de tramitación, lo que sitúa a la sala viguesa en el puesto 19 de un total de 101
secciones civiles del Estado en cuanto a pendencia.
Las críticas no se han hecho esperar, especialmente desde el ámbito judicial. El propio Presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra y otros magistrados titulares de dicha sala con sede en Vigo, han emitido un
comunicado muy crítico con esta decisión. Advierten además de que esta sala pueda volver a liderar la lista de salas más colapsadas del Estado como ya sucedió otrora. Recuerdan que la Sección Sexta llegó a acumular 1.600 casos pendientes. Los
magistrados titulares de estas Sección Sexta muestran su malestar por la decisión del Ministerio de no crear la quinta plaza de juez, y su preocupación por la posibilidad de que en diciembre se suprima el juez de refuerzo que existe actualmente, con
lo cual la situación empeoraría.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lleva años reivindicando esta plaza. También el Colegio de Abogados de Vigo ha criticado el abandono del Ministerio de la Sección Sexta y el hecho de haberse
limitado a distribuir las 112 plazas por comunidades autónomas, sin seguir criterios basados en las necesidades y carencias.
De igual modo, desde el ámbito judicial se pone de manifiesto que se van a crear plazas de magistrados en audiencias con una carga de trabajo y pendencia mucho menor que la existente en la sala viguesa.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Justicia a:
- Aprobar la creación de la quinta plaza de magistrado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, situada en Vigo, debido a que los nuevos asuntos que registra la sala civil viguesa superan el indicador de entrada y debido
a su elevada pendencia, razones esgrimidas por el Consejo General del Poder Judicial en su informe.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Justicia, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a presentar de manera inmediata una iniciativa legislativa para derogar la Ley de tasas judiciales.
Exposicion de motivos
A tenor de las declaraciones en varias comparecencias del anterior Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (conocida como Ley de tasas judiciales), fue impulsada con el objetivo de reducir la litigiosidad y mejorar la financiación del sistema judicial, concretamente, garantizar el coste real de la
asistencia jurídica gratuita.
Para ello, dicha Ley establecía la derogación del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que hasta ahora regulaba la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en
los órdenes civil y contencioso administrativo e introducía, principalmente, las siguientes novedades:
- Ampliación tanto de los hechos imponibles como de los sujetos pasivos de la tasa (que ahora, además de todas las personas jurídicas, también afectan a las personas físicas).
- Aumento considerable de las cuantías de las tasas judiciales.
- Extensión de la exigibilidad de las tasas en el orden social respecto a los recursos de suplicación y casación. Salvo algunas exenciones, aplicación de la tasa en todos los órdenes jurisdiccionales a excepción del orden penal.
- Vinculación de la tasa a la financiación del sistema de justicia gratuita.
A pesar del amplio rechazo social (según la encuesta publicada por Metroscopia en diciembre de 2012, el 84 % de los encuestados consideraba que era una ley que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva y que debía ser recurrida ante
el Tribunal Constitucional lo antes posible), judicial (por parte de todo el sector judicial incluido el CGPJ) y político (todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, rechazaron su aprobación en el Congreso), la citada Ley
entró en vigor el 24 de febrero de 2013.
Tras más de 20 meses desde su entrada en vigor, en los que se ha podido analizar el impacto de su aplicación, varios organismos e instituciones del ámbito judicial han puesto en evidencia la ineficiencia y fracaso de esta Ley respecto a los
objetivos por los cuales fue aprobada, así como respecto a los perjuicios
ocasionados a los ciudadanos y empresas que han visto mermado notablemente su derecho a la tutela judicial efectiva y restringido el uso de la justicia por motivos económicos.
En este sentido, se han pronunciado las asociaciones de jueces (Jueces para la Democracia, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Asociación Profesional de la Magistratura), el Consejo General de la Abogacía y las asociaciones de
fiscales (Unión Progresista de Fiscales y Asociación de Fiscales), los cuales denuncian el efectivo fracaso de la actual Ley de tasas y abogan, directamente, por su derogación o bien por una profunda modificación de la misma. Asimismo, las mismas
respaldan el consenso político para enmendar las consecuencias de la actual Ley y legislar a favor de una normativa que conlleve una adecuación real y coherente del acceso a los juzgados y tribunales con la necesidad de recaudación para financiar
los gastos incurridos en materia de Justicia.
Cabe destacar, además, que en la actualidad dicha Ley está pendiente de resolución de cinco recursos de inconstitucionalidad presentados por las Comunidades Autónomas de Canarias, Aragón, Cataluña y Andalucía, así como por parte de 50
diputados y de varias cuestiones de inconstitucionalidad en cuanto supone un impedimento desproporcionado para el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos ya que comportan una quiebra importante del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario considera necesario derogar las tasas judiciales contenidas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por los siguientes motivos:
- No se han cumplido los objetivos propuestos que justificaban su aprobación. En primer lugar, la reducción de la tasa de litigiosidad, según los expertos, ha afectado a los sectores más vulnerables de la sociedad y a aquellos más afectados
por la actual crisis económica.
En segundo lugar, tampoco se ha cumplido con el objetivo de financiar la ampliada justicia gratuita con los recursos recaudados por las nuevas tasas judiciales. En la actualidad, el Estado no ha abonado aún la cantidad ingresada por tasas
judiciales correspondiente a su ámbito territorial a las comunidades autónomas que tienen transferidas competencias en materia de administración de la Administración de Justicia. Según la Agencia Tributaria, en 2013 se recaudaron 149 millones de
euros de tasas judiciales, pero ninguna de las Comunidades Autónomas que tienen atribuidas las competencias en materia de justicia, Cataluña, el País Vasco, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria, Aragón y La
Rioja, han recibido transferencia alguna por este concepto.
- Las elevadas cuantías de las tasas vigentes, que van de 100 a 1.200 euros en las tasas fijas y del 0,1 % de lo reclamado con un tope de 2.000 euros en las variables, suponen un elemento evidentemente disuasorio y un obstáculo para el
acceso de los ciudadanos a la justicia, así como un grave impedimento para el ejercicio del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva. Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en defensa de sus legítimos derechos,
intereses y pretensiones, tal y como recoge la Constitución y, aunque es del todo necesario arbitrar y potenciar sistemas alternativos para la resolución de conflictos y también racionalizar la administración de justicia, no puede impedirse el
acceso a la misma imponiendo un sistema de tasas manifiestamente excesivo.
Cabe recordar que respecto a este punto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, establece que la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias
propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia.
Resulta, por tanto, necesario rebajar los importes de las tasas exigidas así como el alcance de los hechos imponibles y los sujetos pasivos, para evitar el efecto obstaculizador de esta medida en el acceso a los tribunales por parte de los
ciudadanos y pequeñas empresas, los cuales son los más perjudicados por estas nuevas tasas. En este sentido, parece conveniente reintroducir el sistema de tasas judiciales previstos en el anterior artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, derogada por la Ley 12/2012, de 20 de noviembre, el cual suponía un sistema más justo y adecuado a la protección del derecho a la tutela judicial efectiva. Así lo avalaba el propio Tribunal
Constitucional (STC 20/2012).
- No ha tenido en cuenta la duplicidad de tasas estatales que se superponen a las tasas autonómicas ya existentes en algunos ámbitos. Esto supone que algunos ciudadanos puedan verse abocados al pago de dos tasas destinadas a cubrir los
costes de un servicio que en algunos territorios es prestado por dos administraciones en concurrencia. No parece lógico que el Ministerio cobre una misma tasa en las comunidades en las que se presta el servicio de provisión de medios materiales y
personales a los Juzgados y Tribunales, que en aquellas donde no lo presta, ya que la tasa tiene el límite del coste del
servicio que se presta. Es absolutamente imperativo, para que esto no sea así, o bien reducir o eliminar la tasa estatal en aquellos territorios donde estén transferidas estas competencias, o bien territorializar y en su caso transferir
parcialmente la recaudación que se obtenga, en proporción a lo obtenido en cada comunidad autónoma, por aquellos conceptos a los que se aplique la misma, por ejemplo, justicia gratuita.
Por todo ello, el Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, de forma inmediata, un Proyecto de Ley con la finalidad de:
1. Derogar el Titulo I que regula la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y sociales (artículos 1-11) y las disposiciones finales primera y segunda de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como el artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se
modifica el régimen de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.
2. Recuperar las tasas reguladas en el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (actualmente derogada por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre).
3. Establecer los mecanismos que permitan la transferencia a cada comunidad autónoma con competencias en materia de justicia del 80 % de las tasas judiciales ingresadas en su territorio en 2013, 2014 y hasta la derogación prevista en el
apartado 1 de esta Proposición, para destinarlas a cubrir los gastos que estas comunidades autónomas han sufragado y tienen que sufragar en asistencia jurídica gratuita.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Interior
161/003216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
relación con la correcta aplicación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Nos encontrarnos ante la decisión reciente del Ministro del Interior de denegar varias solicitudes de actualización de ayudas e indemnizaciones a personas que ya habían sido reconocidas previamente como víctimas del terrorismo y que ya
habían recibido una indemnización por ello.
Estas personas, al igual que otras a las que sí se ha concedido la actualización de la ayuda, solicitaban que se les incrementase la indemnización inicial, dado que la cuantía de este tipo de ayudas se vio acrecentada por un cambio
legislativo operado con la aprobación de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
A lo largo de 2014, el Gobierno del Presidente Rajoy, y según declaró al Congreso el Ministro del Interior con ocasión del Pleno de 9 de abril de 2014, viene denegando cuantías de indemnizaciones a determinadas víctimas: las del GAL, BVE y
otras organizaciones similares por entender que se trata de personas que pertenecen al mundo de ETA. Lo cierto es que el Gobierno español señala que al denegar las solicitudes de indemnización 'no entra a valorar la condición de víctima del
terrorismo o no de los
solicitantes' -algo que, por otra parte, ya la tienen legalmente reconocida- sino 'al cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos'.
Para justificarse, el Ministerio del Interior se apoya en un Convenio europeo sobre 'indemnizaciones a las víctimas de delitos violentos' que ha sido incorporado posteriormente a la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas
del Terrorismo. Dicho Convenio apunta que 'se podrá reducir o suprimir (...) la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos'.
Pues bien, la referencia al Convenio se introduce en la ley, en diciembre de 2012, a través de una modificación a los Presupuestos Generales del Estado para 2013, vulnerándose el carácter no retroactivo de las leyes. Y se produce, además,
una flagrante violación de la presunción de inocencia y del principio de legalidad cuando se adoptan decisiones, al parecer en base a meros informes policiales, sin que exista una sentencia judicial.
En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta al Pleno para su aprobación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como expresión de solidaridad, reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo, insta al Gobierno a:
1. Adoptar, en cumplimiento del derecho de las víctimas del terrorismo a la Memoria, Verdad, Justicia y Reparación que les corresponde en el marco de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, las
medidas legales oportunas para corregir la denegación de ayudas e indemnizaciones a determinadas víctimas del terrorismo que tienen reconocida legalmente su condición.
2. Continuar prestando apoyo a todas las víctimas del terrorismo sin discriminaciones ni exclusiones de ninguna clase.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/003215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la reforma del sistema de
valoración para las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados a las víctimas en accidentes de circulación, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor en 1995 del sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que figura actualmente como anexo en el texto refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, así como el conjunto de reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del
automóvil y los trabajos realizados por la Comisión de expertos creada por Orden conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia en 2011, tendentes todas ellas a incrementar la protección a las víctimas mediante la garantía de una
indemnización suficiente, justifican la conveniencia de estudiar la revisión del sistema legal valorativo a fin de introducir, si procedieran, las modificaciones pertinentes.
El sistema legal valorativo del anexo de la ley requiere una actualización de sus normas de aplicación y reglas de valoración para superar las dudas y dificultades interpretativas que en determinados perjuicios
se han venido suscitando, o bien, por no estar contemplados en el actual sistema, o bien por no adaptarse convenientemente a la realidad social actual.
La reforma debe inspirarse y respetar los principios básicos de la indemnización del daño corporal; básicamente el de la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos para situar a la víctima en una posición lo más parecida posible a
la que tendría de no haberse producido el accidente; el de vertebración que requiere que se valoren por separado los daños patrimoniales de los no patrimoniales, y dentro de cada clase, separar los diferentes subconceptos de daño, sin solapamientos
ni lagunas, superando el recurso a la valoración global del daño moral y los perjuicios económicos.
También, con el objeto de conseguir un sistema legal valorativo que sirva como instrumento eficaz para facilitar una cuantificación ágil y cierta de la indemnización y una consecución rápida de acuerdos extrajudiciales entre las partes, es
necesario tener en cuenta la objetivación del daño, de tal forma que todos los daños y perjuicios se hallen comprendidos dentro del sistema y que la valoración de todos ellos se realice conforme a las reglas y limites contemplados en el mismo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar en el próximo periodo de sesiones un Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de valoración para las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados a las víctimas en accidentes de circulación.
2. Marcarse como objetivos en dicho Proyecto de Ley los siguientes aspectos:
- Adaptar el sistema a los principios de indemnidad, vertebración y objetivación del sistema, manteniendo una estructura de tablas de fácil aplicación en aras a fomentar una rápida resolución de los conflictos para incrementar las
transacciones extrajudiciales.
- Conseguir una mejora en la individualización del daño, mediante la revisión de los diferentes perjuicios que pueda sufrir una víctima, atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y económicas.
- Respecto a las indemnizaciones por fallecimiento, conseguir una mejora de la percepción de las mismas mediante su individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares.
- Respecto de las indemnizaciones por secuelas, reforzar especialmente la reparación del gran lesionado que queda con discapacidades que requieren de apoyos intensos para su autonomía personal, indemnizando los perjuicios y los daños
emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales futuros.
- Incorporar un sistema objetivo de indemnizaciones de lucro cesante.
- Revisión del baremo médico de secuelas con el objeto de adaptarlo al estado actual de la ciencia.
- Tener en cuenta el gasto futuro de las víctimas con graves secuelas de por vida y el derecho a indemnización de las amas de casa por el perjuicio económico sufrido en función de su desempeño de las tareas del hogar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Aitor Esteban Bravo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003218
A la Mesa de la Comisión de Economía y Competitividad
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Economía y Competitividad, una Proposición no de Ley para permitir el aumento del tonelaje de los camiones que circulan por las carreteras, como vía de mejora de la competitividad industrial y del ahorro energético.
Antecedentes
Europa avanza y marca pautas a los Estados miembros sea a través de directivas, sea a través de la fijación de objetivos y recomendaciones a políticas comunes.
En el ámbito de la política energética e industrial, el nuevo marco climático y energético acordado en el Consejo Europeo del pasado 23 y 24 de octubre para el periodo 2020-2030, dio continuidad al triple objetivo que ya se fijó para 2020
(20 % de recorte de emisiones, 20 % de renovables, y 20 % de ahorro energético), reafirmando a su vez la estrategia de futuro que existe en Europa en el ámbito energético, sustentada en la sostenibilidad del sector, la seguridad del suministro y la
mejora de la competitividad.
Por otro lado, es necesario recordar el impulso que desde las instancias comunitarias se propugna hacia el sector industrial como vía para una pronta y sólida recuperación económica. En este sentido, la estrategia europea 20/20 marca un
objetivo del 20 % del PIB industrial para los Estados miembros a alcanzar en el horizonte temporal de 2020.
El Gobierno necesita ser coherente con estos objetivos que consensúa a nivel europeo y reflejar tanto en la política energética como en la política industrial que implementa, medidas orientadas a la consecución de los mismos.
En este sentido, una propuesta muy específica que concilia un progreso hacia ambos retos es el aumento progresivo de la carga permitida en los camiones, es decir, aumentar hasta las 44 toneladas de la masa admitida para camiones articulados
de cinco ejes. Esta es una medida efectiva para reducir el coste logístico y de transporte, permitiendo un ahorro energético y fortaleciendo a su vez, al sector industrial.
Este aumento de las toneladas máximas permitidas está avalado por estudios realizados por INECO (perteneciente al Ministerio de Fomento) y la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), que han estimado un impacto económico positivo sobre la
economía española entre 278 y 471 millones de euros. Adicionalmente, la prueba piloto realizada en Catalunya durante dos años ha demostrado los beneficios en la seguridad vial. El origen de este impacto positivo es la reducción del consumo total
de combustible y del número de vehículos en la carretera. Otro aspecto clave es que no es necesario que los actores del sector realicen inversiones adicionales, lo cual supone una medida de apoyo al tejido industrial, muy preciada bajo la actual
coyuntura.
Es significativo que en la Europa de los Veintinueve ya hay 15 países que admiten la carga de 44 toneladas o más, entre ellos nuestros vecinos Francia y Portugal. Esta situación, de no adaptarse por parte del Gobierno, no solo aleja a
España de los objetivos europeos, sino que lastra además la competitividad de ciertas industrias que compiten internacionalmente frente a empresas establecidas en estos países.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar a 44 toneladas la masa máxima admitida en la circulación del conjunto de vehículos de cinco ejes, de acuerdo con las medidas ya adoptadas en una mayoría de los Estados miembros de la
Unión Europea y como instrumento de mejora de la eficiencia energética y de impulso de la competitividad industrial, de acuerdo con los objetivos de la Agenda Europea en materia Energética e Industrial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre el tipo de gravamen en el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
Actualmente la fiscalidad en la administración local descansa, entre otros impuestos sobre el impuesto sobre los bienes inmuebles. Este impuesto distingue como hecho imponible tres tipos de bienes: los de naturaleza urbana, los inmuebles
de características especiales y los rústicos.
El impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica grava el valor de los bienes directamente relacionados con las explotaciones agrarias. De hecho, uno de los motivos de bonificación es el régimen de explotación de las mismas; los
bienes adscritos a las cooperativas gozan de una bonificación del 95 %, por ejemplo.
La base imponible de este impuesto es el valor catastral de estos bienes. Sin embargo, el catastro reconoce y clasifica los valores catastrales de los bienes rústicos en tres niveles: bienes rústicos en régimen de explotación, bienes
rústicos en estado de abandono, bienes de tipo urbano situados sobre terrenos rústicos y asigna un valor catastral en función de los mismos.
La Ley de Haciendas Locales, en su artículo 72, posibilita a las entidades locales a establecer unos tipos de gravamen, dentro de unos límites, para este tipo de bienes. Sin embargo, y a pesar de existir diferentes niveles de valoración
catastral, el tipo de gravamen para los bienes de naturaleza rústica es único. Con ello, deben convivir en un mismo tipo de gravamen, actividades de muy diferente índole: no es lo mismo una explotación agraria, que un uso residencial en terreno
rústico y se produce la paradoja que, si se equipara el tipo de gravamen a un uso urbano, los terrenos rústicos pueden sufrir mayor carga fiscal, mientras que el fenómeno inverso puede favorecer una fiscalidad menor para los inmuebles de usos
residencial en terreno rústico.
En aras a que la fiscalidad sobre los terrenos rústicos esté relacionada con la explotación de los mismos y se regule en función de estos, sin la influencia de las construcciones de naturaleza urbana que en ellos se pudieran ubicar, en aras
también de gravar estas edificaciones y equipararlas a los bienes de naturaleza urbana, se hace necesario distinguir el tipo de gravamen de los terrenos de naturaleza rústica en base a dos criterios, si albergan construcciones de uso residencial o
no.
Es más, en la actualidad la actividad agrícola sufre una crisis sistémica que merece la acción y la intervención de la administración pública en todos sus frentes para favorecerla, también desde la administración local. La estructura de
este impuesto, debido a la convivencia de dos tipos de bienes de naturaleza distinta, dificulta establecer una fiscalidad para los agricultores que favorezca el mantenimiento de las explotaciones y no su abandono.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar y/o corregir a través del mecanismo que considere oportuno, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de tipo rústico de la Ley de Haciendas Locales, de modo que se
distingan los diferentes tipos de bienes que se ubican en terreno rústico: explotación agraria, no explotación y edificación de uso residencial en terreno rústico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la revisión de la consideración de municipios turísticos en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
La financiación extraordinaria de los municipios turísticos está regulada por el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Para que un municipio pueda ser considerado como turístico es necesario que en la localidad solicitante el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales, pero la Ley no contempla, sea cual sea su
ocupación anual, las plazas hoteleras, los apartamentos turísticos o las plazas de camping.
Por estos motivos, la ciudad de Benidorm (Alicante) nunca ha podido ser reconocida como municipio turístico y percibir así la porción que cede el Estado a los municipios turísticos procedente de los impuestos sobre hidrocarburos y sobre las
labores del tabaco.
Hay que considerar que Benidorm cuenta con 75.000 habitantes empadronados y que puede llegar a una media de 150.000 todo el año, con franjas en verano de 400.000 habitantes y visitantes. Con el sistema de financiación actual no se podrían
mantener los servicios que una ciudad como Benidorm tiene que soportar. Benidorm recibe del Estado una aportación en base a los 75.000 habitantes de derecho que tiene y no en base a toda esa población de hecho que pasa por la ciudad y a la que
también se le prestan servicios como los de seguridad ciudadana, limpieza y sanidad, entre otros.
Por poner un ejemplo, con una población de derecho como la de Benidorm serían suficientes alrededor de 90 policías locales y en la actualidad existen 270 para cubrir las necesidades básicas de la ciudad.
La Ley actual establece que los 21 municipios con la categoría de 'turísticos' que existen en la actualidad según el Estado, deben recibir cada año un porcentaje de los rendimientos que genera la venta de tabacos e hidrocarburos en su
término municipal, que es algo más del 2 %.
Durante los años de bonanza, cuando entraba dinero a espuertas procedente de la construcción, a nadie parecía acabar de importarle que Benidorm no estuviera reconocido como municipio turístico. La normativa establecía que municipios
turísticos serían aquellos de más de 20.000 habitantes que tuvieran más segundas residencias que primeras. Se premiaba así al turismo residencial y se daba un puntapié a ciudades como Benidorm que basan parte de su modelo en el alojamiento. Las
cerca de 40.000 plazas hoteleras de Benidorm no cuentan a estas efectos para el Estado, como tampoco, por ejemplo, las más de 10.000 de camping.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para modificar la normativa reguladora de las Haciendas Locales contemplando la inclusión en la categoría de municipios turísticos a aquellos que, como Benidorm,
basan buena parte de su modelo turístico en el alojamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Ricardo Sixto Iglesias y Alberto Garzón Espinosa, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, relativa a la inclusión, como objeto de desgravación del denominado 'mínimo personal y familiar', de quienes ostenten la patria potestad de menores, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
Las desgravaciones por hijos en la declaración de la renta quedan condicionadas a través del denominado 'mínimo personal y familiar'. Bajo este nombre, Hacienda denomina la cantidad de dinero que el contribuyente y su familia necesita para
satisfacer sus necesidades básicas y que, por tanto, no está sujeta a tributación.
Para la desgravación por hijos, la Agencia Tributaria considera 'descendiente' a los hijos, nietos y bisnietos (por línea de consanguinidad o adopción) y permite aplicar el mínimo por descendientes si el
contribuyente tiene a un menor en tutela o acogimiento. En cambio, Hacienda no considera descendientes a los que tengan vínculo de parentesco en línea colateral (sobrinos) o de otro tipo, como hijastros.
Para poder recurrir a esta figura fiscal, deben además cumplir los siguientes requisitos:
- El hijo o descendiente debe ser menor de 25 años, salvo en el caso de descendientes discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.
- Debe vivir en la misma casa que el contribuyente.
- El descendiente no debe haber ganado más de 8.000 euros anuales.
- El hijo en cuestión por el que se quiere aplicar el mínimo por descendiente no debe haber presentado declaración del IRPF si tiene rentas superiores a 1.800 euros (aunque existen una serie de excepciones).
La Agencia Tributaria extiende la posibilidad de desgravación del mínimo por descendiente para dos formas de guarda legal:
1. Si el contribuyente tiene a un menor en tutela.
2. Si el contribuyente tiene a un menor en acogimiento.
Ambas figuras implican la obligación de cuidar de los menores tutelados o acogidos ya que atribuyen el cuidado y protección 'integral' de la persona. Cuando el contribuyente tiene a un menor en tutela o acogimiento, está obligado a velar
por el tutelado y, en particular, a procurarle alimentos, educarle y una formación integral.
Los gastos que genera por tanto una tutela son idénticos a los que los que pudieran tener los padres para atender las necesidades de cualquiera de sus hijos.
En la legislación española el conjunto de derechos y obligaciones existentes entre madres y padres, e hijas o hijos, queda definida a través de la figura de la patria potestad que confiere la obligación de velar por las hijas e hijos,
tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurar su formación integral. Es la figura legal que otorga mayor responsabilidad para con los menores no emancipados.
La patria potestad puede perderse en caso de condena penal, relacionada con el abandono, el maltrato o los abusos sexuales y son los tribunales de justicia quienes pueden concederla a terceros de manera provisional o definitiva.
La Agencia Tributaria, en una lectura rígida de la normativa recogida en el artículo 58 de la 'Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio', viene denegando la aplicación del mínimo por descendiente a quienes ostentan la patria potestad de menores huérfanos de madre (o madre y padre) en casos de violencia de género.
En consulta a dicha Agencia, esta ha emitido informes negativos sobre la base de que las figuras jurídicas que recoge la citada Ley se limitan a la custodia y acogimiento dejando fuera situaciones de similar o mayor rango como puede ser la
patria potestad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, para garantizar el acceso al derecho de los contribuyentes que hayan asumido la obligación de satisfacer las necesidades básicas de menores, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para que la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, de impuesto sobre la renta de las personas físicas, y de modificación parcial de las leyes de los
impuestos sobre Sociedades sobre la renta de No Residentes y sobre el Patrimonio incluyan como objeto de desgravación del denominado 'mínimo personal y familiar' a quienes ostenten la patria potestad de menores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/003227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la electrificación del tramo
Medina del Campo-Salamanca-Frontera portuguesa, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La electrificación del tramo Medina del Campo-Salamanca permitirá dar continuidad a la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid a partir de Olmedo y desde Medina del Campo hasta Salamanca, haciendo posible que las circulaciones que cubran
la conexión con Madrid aumenten su calidad y prestaciones.
El ahorro estimado en los tiempos de viaje entre Salamanca y Madrid con la puesta en marcha de este trayecto puede ser considerable, incluso superior a una hora.
Además de elevar la calidad del servicio y reducir significativamente los tiempos de viaje, esta actuación contribuirá a mejorar la interoperabilidad con la red portuguesa y favorecerá el aumento del tráfico de mercancías internacional por
el Corredor 4 de Mercancías impulsado por la Unión Europea para mejorar la competitividad del tráfico ferroviario que enlazará Sines/Lisboa con la red ferroviaria francesa a través de Salamanca e Irún.
El conjunto de las actuaciones previstas beneficiarán a un total de 76,9 km de infraestructura. Estos trabajos se han impulsado en la presente Legislatura. En concreto:
- El 31 de mayo de 2013, ADIF aprobó la adjudicación del contrato de electrificación del tramo Medina del Campo-Salamanca a 25 kV, inscrito en la línea férrea de ancho convencional Medina del Campo-Fuentes de Oñoro.
- El 25 de octubre de 2013, ADIF adjudicó las obras de construcción de una subestación eléctrica de tracción, así como de cuatro centros de autotransformación asociados, para suministrar energía a la línea férrea convencional
Medina-Salamanca.
- También se encuentra en ejecución el enlace puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes. Nueva estación de alta velocidad de Medina del Campo con la línea férrea de ancho convencional Medina-Salamanca.
- Actualmente se encuentra en redacción el proyecto de la nueva estación de Medina del Campo.
Asimismo, está prevista la instalación de un cambiador de anchos dual dentro del ramal de conexión con la vía 4 del puesto de adelantamiento de Medina del Campo.
Por otra parte, entre Salamanca y la frontera portuguesa, se está trabajando en la redacción de los proyectos. El pasado 11 de octubre se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' el documento técnico del proyecto y el estudio de impacto
ambiental complementario de la electrificación de la línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro. Tramo: Salamanca-Fuentes de Oñoro, necesario al haberse cambiado el sistema de electrificación previsto de 1×25 a 2×25 kV, empezando así el
periodo de información pública.
Actualmente se ha finalizado la redacción del proyecto constructivo de línea de contacto e instalaciones de seguridad y del proyecto de subestaciones, acometidas, centros de autotransformación y telemando de energía.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar ejecutando las actuaciones que el Gobierno ha impulsado en la presente Legislatura para:
1. Permitir que Salamanca quede conectada lo antes posible con la línea de alta velocidad Madrid-Galicia mediante una línea electrificada que permita reducir los tiempos de viaje con Madrid.
2. Continuar los trabajos y trámites en marcha para extender la electrificación desde Salamanca hasta la frontera portuguesa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reducción de los gastos
corrientes del Ministerio de Fomento, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Tras la llegada al Gobierno del Partido Popular, se pudo comprobar las complicadas circunstancias económicas en que se encontraba la Administración Pública. En particular, era palpable el incremento en los gastos corrientes de los distintos
departamentos ministeriales.
Era necesario dar un ejemplo de austeridad, en un contexto de circunstancias económicas difíciles, mediante la contención del gasto y el rigor en el empleo de los recursos presupuestarios.
De hecho, el Partido Popular planteaba en su programa electoral un mejor gobierno, propugnando al sector público como el motor del cambio. Para ello, se proponía una Administración más austera y centrada en la prestación de servicios y la
mejora de la eficiencia y la productividad.
Entre las medidas que planteamos en nuestro programa se quería una mejora en la transparencia en los procedimientos de contratación, reforzando la competencia y la publicidad de todas las actuaciones. También planteábamos un debate sobre el
tamaño del sector público, suprimiendo todos aquellos entes que no respondiesen a una racionalidad económica o administrativa y cuya actividad puede ser realizada por la Administración con sus medios actuales. Y la reforma de la propia
Administración, más orientada hacia los resultados, siendo más moderna y eficaz y estableciendo prioridades dentro de la austeridad.
Por ello se creó la Comisión para la Reforma de la Administración Pública y se han adoptado en estos tres años medidas de austeridad y racionalización del gasto en todos los departamentos ministeriales.
En concreto, en el caso del Ministerio de Fomento, se ha implantado una cultura de control del gasto en sintonía con las circunstancias económicas, optimizando el uso y la gestión de los espacios e inmuebles disponibles, reduciendo los
gastos en telefonía y trabajando por la centralización de los suministros eléctricos y de combustibles. Asimismo, se ha gestionado el parque automovilístico con reducciones de vehículos y, finalmente, se ha impulsado la publicidad en la
contratación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando medidas que permitan la reducción de gastos operativos poco eficientes en el Ministerio de Fomento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso a la variante de
Talavera de la Reina, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera N-502, que va de Ávila a Córdoba, a su paso por Talavera de la Reina, se ha convertido actualmente en una travesía urbana, que obliga a todo el tráfico de largo recorrido a penetrar en el núcleo urbano para poder cruzar el río
Tajo, puesto que no existe otro itinerario que cruce el río hasta el embalse de Azután por carreteras locales o hasta el Puente del Arzobispo por autonómicas, alargando el tiempo de recorrido y las condiciones de seguridad.
En base a ello, se puso en marcha la actuación para llevar a cabo la variante suroeste de Talavera de la Reina, redactándose los correspondientes estudio informativo y proyecto constructivo y licitándose las obras en 2008, que actualmente se
encuentran en ejecución.
La citada actuación se desarrolla en la carretera N-502, donde, a su paso por Talavera de la Reina se va a sustituir la actual travesía de unos 10 km de longitud y con un tráfico predominantemente urbano, por una variante de unos 6,0 km de
longitud que separará el tráfico de largo recorrido.
La alternativa seleccionada discurre por el suroeste de Talavera de la Reina, conectando con la N-502 en el entorno del enlace de dicha carretera con la autovía A-5 y en las proximidades del p.k. 120 de la propia N-502 al sur de Talavera.
La obra ha sufrido las sucesivas reprogramaciones del Ministerio de Fomento con motivo de la crisis económica, por lo que el plazo y el ritmo de ejecución se han ido adaptando a las mismas.
Durante la presente legislatura se han realizado las correspondientes dotaciones presupuestarias para conseguir avanzar en la ejecución de esta obra. Con ello se ha conseguido un notable avance durante la presente legislatura, a pesar de
presentar un grado de ejecución bajo, concretamente del 12,9 %, al inicio de la misma y tras tres años de obras.
No obstante, y dada la importancia de la pronta puesta en servicio de esta variante tanto para la población de Talavera de la Reina como para el tráfico de la N-502, es necesario continuar impulsando las obras para su finalización en el
plazo más breve posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las obras de la variante suroeste de Talavera de la Reina de la carretera N-502, de forma que se consiga su puesta en servicio en el plazo más breve posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la finalización de las obras de
la autovía A-8 en Asturias, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Es sabido que para el Gobierno es prioritario el desarrollo de la autovía A-8, por tratarse de una infraestructura fundamental para la vertebración de la cornisa cantábrica y su conexión con Europa central.
Desde el inicio de la legislatura el Ministerio de Fomento está realizando una apuesta sin precedentes por esta infraestructura.
En lo que se refiere a su desarrollo en el Principado de Asturias, en 1996 ninguno de los tramos asturianos de este importante eje vertebrador de la cornisa cantábrica había sido iniciado, a excepción de la 'Y' asturiana, que se concluyó en
1975 y posteriormente pasó a formar parte de esta autovía.
De los 206,4 km que forman la autovía del Cantábrico a su paso por esta comunidad autónoma, entre 1996 y 2004, durante Gobiernos del Partido Popular se iniciaron y finalizaron las obras de 75,7 km, lo que supone casi el 37 % del recorrido.
Además, se licitaron, adjudicaron o iniciaron obras en 62,6 km (30,3 %) y se avanzaron los estudios de todos los tramos restantes, 68,1 km (33 %).
Entre 2004 y finales de 2011, hubiese bastado con continuar el esfuerzo iniciado en la etapa anterior. Sin embargo, pasaron casi ocho años y a principios de la presente legislatura, en Asturias, faltaban por poner en servicio cinco tramos
de esta infraestructura, que suponen 52 kilómetros de autovía.
A la vista de esta situación, una de las primeras decisiones que adoptó el Gobierno fue la de priorizar la autovía A-8 del Cantábrico.
Desde entonces, esta voluntad se ha puesto de manifiesto con un notable impulso de las actuaciones.
Desde finales de 2011 se han invertido 283,28 millones de euros en su ejecución en Asturias, dando un impulso decisivo que ha permitido:
- Poner en servicio un total de 47,8 kilómetros de la autovía a su paso por el Principado, que corresponden a los siguientes tramos:
Pendueles-Llanes.
Muros de Nalón-Las Dueñas.
Otur-Villapedre.
Variante de Navia-Tapia de Casariego.
Y el subtramo La Franca-Pendueles, de 7,6 km de longitud, perteneciente al tramo Unquera-Pendueles, actualmente en ejecución.
De este modo, a día de hoy solo resta por finalizar el subtramo La Franca-Unquera, de 4,2 kilómetros de longitud, que podrá entrar en servicio en los próximos meses, lo que supondrá culminar la ejecución de la autovía del Cantábrico en
Asturias.
En definitiva, la autovía A-8 en Asturias es una infraestructura prioritaria para el Gobierno, que no ha escatimado recursos para su finalización a pesar de la complicada situación económica.
Gracias a ello, a la voluntad política y a una gestión rigurosa durante la presente legislatura, la construcción de la autovía del Cantábrico afronta hoy su recta final con un horizonte despejado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando la ejecución de la autovía A-8, manteniendo el elevado ritmo de ejecución en esta legislatura, de forma que la finalización de esta infraestructura en Asturias pueda ser una
realidad a la mayor brevedad posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en servicio de la
autovía A-7 en el tramo Polopos-Albuñol, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La A-7 constituye un eje prioritario de vital importancia en la costa de Andalucía oriental.
Para terminar de conectar las provincias de Málaga, Granada y Almería con esta autovía quedaba pendiente el cierre de la misma entre Tamaray y Abuñol, un tramo de casi 60 km en el que al inicio de la
legislatura solo se encontraban en servicio los tramos Guadalfeo-La Gorgoracha, de 8 km, y Castell de Ferro-Popolos, de 3,6 km. El resto de los tramos fueron víctima de la crisis y no solo se encontraban en obras al inicio de la
legislatura, sino que se estas se encontraban suspendidas o muy ralentizadas en el mejor de los casos.
En la presente legislatura se ha dado un importante impulso a la autovía y las obras de la A-7 en Granada no solo no están paralizadas, sino que se han producido importantes avances en esta legislatura y las obras actualmente continúan a
buen ritmo.
Ello ha permitido la puesta en servicio dentro de la presente legislatura de los tramos Tamaray-Lobres, Lobres-Guadalfeo y El Puntalón-Carchuna.
Asimismo, se han producido notables avances en la ejecución de las obras que aún quedan pendientes.
Por tanto, actualmente solo quedan en ejecución los tramos La Gorgoracha-EI Puntalón, Carchuna-Castell de Ferro y Polopos-Abuñol.
Hay que destacar las grandes complicaciones que estas obras han presentado en su ejecución: las dificultades geotécnicas del terreno, la orografía accidentada y los sobrecostes necesarios para hacer frente a estos problemas. A pesar de
ello, se ha conseguido impulsar su ejecución al mayor ritmo posible.
Otro esfuerzo muy importante en esta legislatura en lo que concierne a esta autovía es el presupuestario, ya que cuatro de estas seis obras que había en ejecución al inicio de la legislatura fueron contratadas en la legislatura anterior por
el método alemán, consistente en que el pago de las mismas no se realiza hasta que se produce su finalización. Por ello, estas obras ejecutadas por el método alemán no supusieron inversiones significativas en la legislatura anterior y sin embargo
al resultar finalizadas ahora se ha de hacer frente al total de su pago, lo que supone un esfuerzo inversor que supera los 600 millones de euros.
No obstante, es preciso finalizar estos tres tramos que quedan pendientes, y en especial el tramo Polopos-Abuñol, que presenta un grado de ejecución muy avanzado y permitirá por fin dar continuidad a la autovía con el tramo ya en servicio
desde 2005 entre Castell de Ferro y Popolos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las obras del tramo Polopos-Albuñol para su puesta en servicio a la mayor brevedad posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de adoptar un plan de mejora integral de los servicios ferroviarios de vía estrecha en Galicia, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En innumerables ocasiones el BNG se ha dirigido al Ministerio de Fomento para poner de manifiesto el deterioro y el abandono que sufren los servicios de FEVE en Galicia, y para demandar mejoras en los servicios ferroviarios de vía estrecha.
Los antiguos servicios de FEVE están ahora integrados en Renfe Viajeros.
Los servicios ferroviarios de vía estrecha comunican Ferrol con la comarca do Ortegal e A Mariña hasta Asturias, y presentan importantes deficiencias en cuanto a la calidad del servicio, especialmente continuos retrasos. Si escaso era el
interés en mejorar estos servicios hace años, podríamos concluir que nulo es el interés actual.
Vecinos de la comarca coruñesa de Ortegal y que son usuarios de este tren, han trasladado al Ministerio de Fomento sus quejas y demandas, especialmente por los constantes retrasos, por la falta de
mantenimiento de la línea (que depende del ADIF) o los numerosos fallos en el funcionamiento de los tornos, como los que se producen en la estación de Ferrol. Las demoras se dan tanto en la salida como en la llegada de trenes, lo que
ocasiona importantes problemas a los usuarios como retrasarse en sus trabajos o en sus clases en el campus de Ferrol. Son usuarios habituales las personas de la comarca que van a trabajar a Ferrol o asisten a clases al campus ferrolano.
Respecto al estado del material, debemos señalar que es igualmente lamentable. Hay unidades que llevan años averiadas, otras presentan importantes carencias de mantenimiento, que es una de las causas de los retrasos antes señalados. De los
92 servicios realizados durante el pasado verano solo uno llegó a la hora establecida.
Otro aspecto que contribuye a los retrasos es el mal estado de las trincheras adyacentes que son pasto de la falta de conservación. Están totalmente abandonadas desde hace diez años y prácticamente cubiertas de maleza. Las vías son también
otra de las infraestructuras en estado de abandono.
Hay que sumar asimismo al círculo de problemas el hecho de que la mayor parte de los viajes se realizan sin interventores, lo que obliga a parar en todas las estaciones. Si hubiese interventores en todos los trayectos se ganaría en
agilidad, no habría necesidad de parar en todas las estaciones y solo se haría en los apeaderos donde hay solicitudes de parada.
Un tema que no podría quedar al margen es el relativo a las frecuencias de los servicios, que precisarían de un estudio para adecuarse a las necesidades sociales y laborales de los habitantes de la zona, y para conectar adecuadamente con los
servicios de Renfe
Nos preocupa también que todas las decisiones sobre los servicios se adoptan desde el territorio asturiano, donde está situado el centro directivo de la empresa, una circunstancia que probablemente influye en el desconocimiento existente en
relación a la situación, los problemas y las carencias en la línea a su paso por el territorio gallego.
Desde el BNG consideramos que el Ministerio de Fomento debe abordar con decisión toda la problemática por la que atraviesan los servicios ferroviarios de vía estrecha. Los usuarios y usuarias de esta línea de las comarcas de Ortegal y de A
Mariña tienen derecho a recibir un servicio de calidad y no a viajar en trenes antediluvianos, con constantes problemas e incumplimientos flagrantes de los horarios y de los tiempos de duración de los viajes. Es ya una situación insostenible para
los usuarios de las comarcas de Ferrolterra, Ortegal y A Mariña, porque no saben con lo que se van a encontrar cada día que emprenden un viaje en Feve y dependen únicamente del factor suerte porque los medios están en un estado verdaderamente
penoso.
No se comprende que se relegue al absoluto olvido una línea necesaria, que podría funcionar como un servicio de proximidad si hubiese auténtica voluntad política porque no depende de grandes inversiones económicas. Lo hemos dicho en
numerosas ocasiones, Galicia es de las pocas comunidades autónomas que carecen de servicios ferroviarios de cercanías, y solo Feve y los denominados regionales de media distancia podrían suplir levemente ese cometido, pero no en las condiciones
actuales de enorme retraso. Se necesitan inversiones para actualizar estas infraestructuras ferroviarias y voluntad política para acometer un plan de mejora que comprendiese también las frecuencias horarias. De lo contrario, tenemos que concluir
que se está dejando morir una línea ferroviaria muy necesaria, especialmente en la comarca de Ferrolterra, deficitaria en servicios de tren, excluida del Eixo Atlántico y con un prehistórico servicio ferroviario entre Ferrol y A Coruña.
Consideramos desde el BNG que el Gobierno tiene una deuda pendiente con Ferrol en materia de infraestructuras ferroviarias que debe solventar porque son ya muchas las deudas pendientes para con una comarca que sufre el destierro del sector
naval y un índice de desempleo inasumible.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Aprobar un plan de mejora Integral de los servicios ferroviarios de vía estrecha a su paso por el territorio gallego (Ferrolterra, Ortegal y A Marina) debido al alarmante estado de deterioro y abandono de esta línea, del material rodante,
de la infraestructura en general y la falta de mantenimiento de las trincheras adyacentes para terminar con los continuos problemas que se registran en estos servicios.
- Proceder a la realización de un estudio sobre las necesidades horarias y de frecuencias para adecuar los servicios ferroviarios a las necesidades laborales o sociales de la población de estas comarcas, y para poder conectarlos
adecuadamente con los servicios de Renfe.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003236
A la Mesa de la Comisión de Fomento
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Fomento, una Proposición no de Ley para permitir el aumento del tonelaje de los camiones que circulan por las carreteras, como vía de mejora de la competitividad industrial y del ahorro energético.
Antecedentes
Europa avanza y marca pautas a los Estados miembros, sea a través de directivas, sea a través de la fijación de objetivos y recomendaciones a políticas comunes.
En el ámbito de la política energética e industrial, el nuevo marco climático y energético acordado en el Consejo Europeo del pasado 23 y 24 de octubre para el periodo 2020-2030, dio continuidad al triple objetivo que ya se fijó para 2020
(20 % de recorte de emisiones, 20 % de renovables y 20 % de ahorro energético), reafirmando a su vez la estrategia de futuro que existe en Europa en el ámbito energético, sustentada en la sostenibilidad del sector, la seguridad del suministro y la
mejora de la competitividad.
Por otro lado, es necesario recordar el impulso que desde las instancias comunitarias se propugna hacia el sector industrial como vía para una pronta y sólida recuperación económica. En este sentido, la Estrategia Europea 20/20 marca un
objetivo del 20 % del PIB industrial para los Estados miembros a alcanzar en el horizonte temporal de 2020.
El Gobierno necesita ser coherente con estos objetivos que consensúa a nivel europeo y reflejar, tanto en la política energética como en la política industrial que implementa, medidas orientadas a la consecución de los mismos.
En este sentido, una propuesta muy específica que concilia un progreso hacia ambos retos es el aumento progresivo de la carga permitida en los camiones, es decir, aumentar hasta las 44 toneladas de la masa admitida para camiones articulados
de cinco ejes. Esta es una medida efectiva para reducir el coste logístico y de transporte, permitiendo un ahorro energético y fortaleciendo, a su vez, al sector industrial.
Este aumento de las toneladas máximas permitidas está avalado por estudios realizados por INECO (perteneciente al Ministerio de Fomento) y la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), que han estimado un impacto económico positivo sobre la
economía española entre 278 y 471 millones de euros. Adicionalmente, la prueba piloto realizada en Catalunya durante dos años ha demostrado los beneficios en la seguridad vial. El origen de este impacto positivo es la reducción del consumo total
de combustible y del número de vehículos en la carretera. Otro aspecto clave es que no es necesario que los actores del sector realicen inversiones adicionales, lo cual supone una medida de apoyo al tejido industrial, muy preciada bajo la actual
coyuntura.
Es significativo que en la Europa de los Veintinueve ya hay 15 países que admiten la carga de 44 toneladas o más, entre ellos nuestros vecinos Francia y Portugal. Esta situación, de no adaptarse por parte del Gobierno, no solo aleja a
España de los objetivos europeos, sino que lastra además la competitividad de ciertas industrias que compiten internacionalmente frente a empresas establecidas en estos países.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar a 44 toneladas la masa máxima admitida en la circulación del conjunto de vehículos de cinco ejes, de acuerdo con las medidas ya adoptadas en una mayoría de los estados miembros de la
Unión Europea y como instrumento de mejora de la eficiencia energética y de impulso de la competitividad industrial, de acuerdo con los objetivos de la agenda europea en materia energética e industrial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Educación y Deporte
161/003222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
creación de un plan específico de sensibilización y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La violencia de género es fruto de la desigualdad que todavía sufren las mujeres. No se puede construir una sociedad igualitaria si hay hombres que puedan pensar que, vinculados a las relaciones afectivas está el sometimiento, el miedo y el
maltrato de las mujeres.
La violencia machista mata año tras año a muchas, demasiadas mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres. Las mujeres víctimas merecen que tomemos medidas que les permitan sentirse seguras y protegidas, amparadas y defendidas por las
administraciones públicas.
Luchar contra la violencia de género, combatirla hasta que desaparezca de nuestras vidas, debe convertirse en un compromiso político y social de la máxima prioridad. Se trata de una cuestión de derechos humanos y de disfrute de libertades
fundamentales.
La prevención y la sensibilización son fundamentales para conseguir la complicidad de la sociedad y del entorno, como son imprescindibles para que las mujeres puedan reunir fuerzas suficientes y afrontar la denuncia de la violencia que
sufren. El papel de las Administraciones Públicas es esencial para poner en marcha todos los recursos necesarios para proteger y apoyar su decisión.
La educación es, también, un eje fundamental e imprescindible. Debemos educar desde la escuela a que se aprenda a vivir en igualdad y a que la violencia no debe formar parte de nuestras vidas. La coeducación o educación en y para la
igualdad de oportunidades es una de las bases sobre las que se puede prevenir la violencia.
El sistema educativo es uno de los marcos idóneos para acabar con la desigualdad. Los centros educativos deben ser espacios de libertad, igualdad, respeto y convivencia. La educación es una herramienta eficaz para abordar desigualdades:
la mejor educación es la que se hace en igualdad. El aprendizaje debe ser significativo, profundo y transformador: más educación frente a la Violencia de Género.
Los centros escolares son, sin duda, uno de los espacios privilegiados para aprender a relacionarnos en igualdad. Cada día, durante varias horas, los niños y niñas, los más jóvenes, comparten nuevas experiencias que les llevan a conocerse
un poco mejor, a relacionarse desde el respeto mutuo o a comunicarse desde la complicidad. Aprender cuáles son los derechos que tenemos corno mujeres y como hombres.
La eliminación de la asignatura 'Educación para la Ciudadanía' ha supuesto un vacío importante para abordar desde las edades más tempranas la prevención en comportamientos que generan la violencia machista.
El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La ley integral contra la violencia contempla tres claros objetivos: apoyar a las víctimas, perseguir a los agresores y alertar a la sociedad española de la necesidad de combatirla, dejando atrás siglos de opresión y de silencio cómplice.
Pero para lograr estos fines tiene que ir acompañada de campañas de sensibilización, prevención, información y protección efectiva para que no tengamos que seguir lamentando muertes y agresiones. La Ley nos da un mensaje positivo: la violencia de
género no queda impune, las víctimas no están solas.
Asimismo, es evidente que la Ley debe dotarse de los recursos suficientes para su aplicación, pero los recortes presupuestarios se han vuelto a cebar también contra esta lacra social sufriendo una reducción de más del 22 % desde la llegada
del PP al Gobierno. Prácticamente han eliminado las campañas de sensibilización y prevención.
Todas estas razones ponen en evidencia que es urgente y necesario redoblar esfuerzos contra la violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y
todos los recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La creación de un Plan Específico de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género en el ámbito educativo. Dicho Plan contará con la financiación necesaria dentro de los Presupuestos Generales del Estado y estará coordinado
entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas, la comunidad escolar, los agentes sociales, la FEMP, y las organizaciones de mujeres.
2. A través de dicho Plan, el Gobierno establecerá un programa específico de atención psicopedagógica para los hijos e hijas de las víctimas de la violencia de género, mediante la designación, cuando sea necesario, tanto de profesores de
apoyo educativo como de psicólogos y psicopedagogos para un acompañamiento psicológico y emocional.
3. Recuperar las asignaturas de 'Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos' y 'Educación Ético-cívica' y con ello, entre otros, restablecer el currículum sobre género, específicamente, el análisis y la reflexión sobre la igualdad
entre hombres y mujeres y la violencia de género, tal y como recomendó el Consejo de Estado en su Dictamen de 18 de abril de 2013.
Asimismo, adoptará, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Universidades, las medidas necesarias que permitan implantar estudios superiores en igualdad de género.
4. Impulsar el cumplimiento de la disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para que las universidades cuenten entre sus
estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2014.-Susana Ros Martínez, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
garantizar el acceso al juguete didáctico corno un elemento
fundamental del aprendizaje de los niños y las niñas, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Hoy, 20 de noviembre, Naciones Unidas celebra este Día Internacional del Niño en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el tratado internacional más
ratificado de la historia.
El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y por tanto que más sufre las crisis y los problemas del mundo.
Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, asI como el derecho fundamental al juego y al juguete, independientemente del lugar del mundo en el que haya nacido.
Es necesario emprender acciones para garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a los juguetes, pero la situación económica actual impide que el juego se desarrolle libremente.
Los niños y niñas a través del juego se convierten en un ser social y adaptado, a través del juguete y el juego se desarrollan estimulando su socialización, por tanto, el juguete debe ser un elemento nuclear dentro de la educación tanto
formal, como no formal e informal del niño.
Existen muchas experiencias donde el juguete se ha convertido en un elemento dinamizador del aula, al mismo tiempo que existe una amplia literatura científica y pedagógica relacionada con la necesidad de utilizar el juguete y el juego dentro
del aula: el juguete como elemento didáctico fomenta una actitud creativa, intelectual y social que enriquecen la formación integral del niño y las niñas.
La industria del juguete constituye un motor económico importante para zonas geográficas como la Comunidad Valenciana y Cataluña, las cuales de manera agregada, representan más del 69 % de la actividad de fabricación de juguetes en España.
La realidad de esta industria es que se dedica a una actividad que se va orientando, cada vez más, hacia un producto de alto diseño, calidad y valores pedagógicos, en un mercado internacional altamente competitivo donde el factor precio es
decisivo y en un mercado español con un carácter muy estacional.
La industria juguetera española ha contribuido a extender el juguete como un elemento no sólo lúdico, sino que además, ha favorecido la investigación y la innovación pedagógica. Estas circunstancias hacen necesario emprender medidas
concretas que garanticen el derecho de la infancia al acceso y disfrute del juguete como elemento pedagógico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar el juguete como bien de interés cultural, así como a la industria juguetera como industria de interés cultural, por ser elementos esenciales del patrimonio cultural y por su potencial pedagógico.
2. Establecer campañas de información, divulgación y fomento del juguete educativo como elemento fundamental del desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas.
3. Impulsar un programa de formación del profesorado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en materia de juego, juguete y aprendizaje.
4. Garantizar, a través de las escuelas, el derecho de los niños al acceso de los juguetes.
5. Establecer un programa de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, para la creación de ludotecas en los centros educativos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Federico Buyolo García y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
incluir al profesorado de Formación y Orientación Laboral en la docencia de los Ciclos Formativos de FPB, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La LOMCE incluye como parte de la Formación Profesional del sistema educativo el Ciclo de Formación Profesional Básica (FPB), dirigido al alumnado de 15 años cuando el grado de adquisición de las competencias así lo aconseje.
Igualmente la LOMCE establece que la Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan:
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacifica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de
la violencia de género.
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.
Por otra parte el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece en su artículo 7 que los
títulos profesionales básicos tendrán la misma estructura que el resto de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, e incluirán además las competencias del aprendizaje permanente.
Sin embargo, los títulos de Formación Profesional Básica no incluyen el Módulo de Formación y Orientación Laboral que sí incluyen todos los Títulos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior, en los que asigna dicha formación al
profesorado de Formación y Orientación Laboral, un profesorado especialmente preparado para tratar esa materia en los distintos sectores profesionales y que cuentan con una larga experiencia profesional.
En su lugar el Real Decreto 127/2014 contempla que 'todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a
la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil
profesional del título y las de la realidad productiva', pero no ofrece la competencia para estos aprendizajes al profesorado que está especialmente formado para impartir estas competencias.
Este hecho, junto con otros aspectos relacionados con la FPB, demuestra una deficiente atención a un alumnado que requiere los mayores apoyos para su inserción en el mercado de trabajo, para su progreso profesional y educativo y que, por el
contrario, se les priva de las atenciones de máxima calidad requeridas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer al profesorado de Formación y Orientación Laboral la competencia directa para impartir los módulos de integración de las Competencias, incluidos en los nuevos títulos de Formación
Profesional Básica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-María José Vázquez Morillo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artIculo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a la defensa de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en Extremadura, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Los recortes indiscriminados llevados a cabo por el Gobierno de España y la Junta de Extremadura en lo que respecta a políticas públicas de generación de empleo y de protección de los parados, junto a las consecuencias, ya de por si graves,
que la crisis económica ha generado en lo referido al empleo y al aumento de la desigualdad y la pobreza, han deteriorado enormemente el sistema productivo en Extremadura y en consecuencia el empleo.
La subida del paro en septiembre de este año en Extremadura, triplica el fuerte incremento que ya se produjo en 2013. Un mal dato para todos los sectores productivos, que en el sector agrícola se ha visto acrecentado, elevando el número de
parados y paradas a 14.866, es decir 2.189 más que el mes anterior.
Una situación general que se ve agravada en el caso de los y las trabajadoras temporales del campo extremeño debido a que a estas condiciones, se han sumado:
- La caída de un 40 %, en los jornales según las Organizaciones Agrarias, por la escasez de producción de un cultivo eminentemente social como el olivar.
- La alta repercusión que el Veto por la Crisis con Rusia ha tenido en el sector de la fruta, sometiéndolo a una fuerte tensión que ha provocado no sólo bajadas de precios, sino también una importante reducción de la actividad de recolección
en el campo y en las centrales hortofrutícolas.
- La repercusión en la producción y en el empleo como consecuencia de las adversidades climatológicas, con la consiguiente disminución de jornales.
Menos producciones y menores precios que han provocado que el mercado laboral agrario se deprima, tal y como se refleja en las estadísticas de paro registrado señaladas anteriormente.
Esta situación de crisis estructural y de precios necesita del compromiso de la Administración con actuaciones concretas y extraordinarias, al objeto de evitar lo que a todas luces es ya una realidad: la pérdida de jornales y reducción
generalizada de empleos en el sector y por tanto la imposibilidad en muchos casos de reunir las peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo, y con ello el aumento de la desigualdad y la pérdida de renta en el medio rural.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reducir o, en su caso, eliminar las peonadas necesarias como requisito para acceder a la prestación del subsidio agrario y renta agraria por parte de las trabajadoras y trabajadores eventuales del campo extremeño.
2. La inmediata puesta en marcha de un programa extraordinario de fomento del empleo agrario especial, que ayude a Extremadura y promueva jornales para los/las eventuales del campo.
3. Que, de forma extraordinaria y para este año, permita que los trabajos y jornales de los programas de empleo de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales computen para percibir el subsidio y renta agraria de las trabajadoras y
trabajadores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2014.-María Soledad Pérez Domínguez y Leire Iglesias Santiago, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre readmisión de los 55
trabajadores despedidos en la fábrica de armas de General Dynamics en Trubia (Asturias), para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El 10 de mayo de 2013, la dirección de la fábrica de armas de Trubia (Santa Bárbara Sistemas, S.A.) entregó las cartas de despido a 55 de sus trabajadores, pese al compromiso suscrito en 2001 con el Gobierno Aznar de mantener la plantilla y
la producción, cuando en 2001 la Empresa Nacional Santa Bárbara fue vendida a la multinacional General Dynamics.
Tanto los despedidos, con el apoyo de los sindicatos y del pleno de la Junta General del Principado de Asturias en una iniciativa conjunta de Foro, PP, IU y UPyD, respaldada también por el PSOE, y aprobada por unanimidad el 23 de octubre de
2014, reclaman su readmisión, máxime ante las noticias de nuevos pedidos y de una supuesta reactivación económica de la empresa.
Concretamente, la noticia de la adjudicación a General Dynamics UK de un contrato para construir 589 blindados, de los que al menos una primera fase de 100 se producirán en Asturias, ha despertado la esperanza de readmisión de los
despedidos, debido a que este y otros contratos justificarían una ampliación de plantilla durante al menos varios años.
Para conseguirlo, es necesario que los poderes públicos ejerzan su responsabilidad, tanto la SEPI como el Ministerio de Defensa, uno de los clientes principales de la empresa.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, a través del Ministerio de Defensa y con la mediación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, requiera a la empresa General Dynamics, propietaria de la fábrica de
armas de Trubia (Asturias) que proceda a la readmisión inmediata en la fábrica de Trubia de los 55 trabajadores despedidos en 2013.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Coscubiela Conesa, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El Estatuto de los Trabajadores, después de establecer en su artículo 34, apartado 1, que la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo y que no podrá exceder el máximo de 40 horas
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, limita en su artículo 35, apartado 2, el número de horas extraordinarias, que no podrá ser superior a ochenta al año.
A pesar de estas previsiones legales, a partir de 2012 las estadísticas nos muestran una prolongación del tiempo de trabajo, con un claro incremento de las horas extraordinarias, fundamentalmente en los contratos a tiempo parcial, que además
se corresponden con horas extras no pagadas, hecho que choca no sólo con la atonía de nuestra actividad productiva sino con la naturaleza de un contrato definido por su menor jornada.
Según la Encuesta de Población Activa, en el tercer trimestre de 2014 en el sector privado 1.321.070 personas trabajadoras asalariadas declararon alrededor de 408 millones de horas realizadas habitualmente a la semana, de las cuales más de
10 millones de horas podrían encontrarse por encima del máximo legal. Cifra que, aun descontando el número de horas extraordinarias compensadas con descanso, resulta sorprendente e invita a la reflexión. Sobre todo teniendo en cuenta que en los
países de nuestro entorno la jornada ha descendido durante la crisis. Así, si en 2012 la jornada en España fue de 1.680 horas por persona trabajadora al año, en la Eurozona se sitúa en 1.574 horas.
Sin lugar a duda la explicación de este incremento encuentra su respuesta en la reforma laboral llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, -Ley 3/2012, de 6 de julio-. Reforma que produjo una desregulación del mercado
laboral que, entre otros efectos, provocó una ruptura del equilibrio de las relaciones laborales, aumentando la potestad discrecional y unilateral del empleador en la fijación de las condiciones laborales, incluidas las salariales, y desarticuló la
negociación colectiva, tan importante en la determinación del tiempo de trabajo.
Fue esta reforma laboral la que permitió la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial; horas extraordinarias posteriormente prohibidas por el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre. Real Decreto-ley que,
sin embargo, articuló dos vías para prolongar la duración de la jornada parcial: las horas complementarias pactadas y las horas complementarias voluntarias, cuyo cúmulo permite que se pueda alcanzar una jornada de hasta el 90 % de la jornada
ordinaria. Esta permisibilidad en la amplitud horaria, unida a la posibilidad de distribución irregular de la jornada de hasta el 10 %, también modificada por dicho Real Decreto-ley, y a la mayor discrecionalidad del empresario en la concreción de
los tiempos para su realización, pone las bases para la sustitución del contrato indefinido a tiempo completo, sometido a un control más estricto de la normativa laboral, por un contrato parcial, fuera de control legal. El contrato a tiempo parcial
pierde su naturaleza y su función básica: la ordenación de un tiempo de trabajo que posibilite una conciliación real y efectiva de la vida personal, familiar y laboral de la persona trabajadora y las necesidades productivas de la empresa.
De este modo, la extralimitación de la duración de la jornada se convierte en regla general y en el trabajo a tiempo parcial, por mandato legal, se convierte en un tiempo completo. Un tiempo completo que, además, queda fuera de los
estándares generales de la regulación del tiempo de trabajo, relegado a la esfera de los contratos individuales de trabajo y sometido casi en exclusiva a los dictados del empresario.
Y si la desregulación y la individualización del contrato de trabajo a tiempo parcial impide el control de las irregularidades que en su desarrollo se cometan, lo mismo cabe decir de las irregularidades y fraude en el uso de las horas
extraordinarias, también facilitadas por la desregulación y desarticulación de los mecanismos de protección de la persona trabajadora frente al poder unilateral del empresario. Irregularidades que suponen una lesión a los derechos laborales y
fraude en las arcas de la Seguridad Social al dejar de ingresar las cotizaciones sociales devengadas por su realización.
En definitiva, desde la reforma laboral de 2012, y posteriores, se aprecia una clara voluntad de prolongación de la jornada laboral, mediante la desregulación de los mecanismos que favorecen una ordenación equilibrada y pactada del tiempo de
trabajo y con una incentivación legal expresa en el trabajo a tiempo parcial, que no encuentra contrapeso en la regulación colectiva y en la acción representativa, pues es la misma reforma la que quiso que el tiempo de trabajo se individualizase y
la negociación colectiva se debilitase. Y es esta desregulación la que permite franquear la legalidad laboral.
A mayor abundamiento, la degradación de las condiciones laborales, elevada a partir de la reforma laboral a problema estructural de nuestro mercado de trabajo, encuentra su máxima expresión en la extralimitación de la jornada de trabajo,
mediante la realización de horas extraordinarias y en el trabajo a tiempo parcial, fuera de control por la combinación de desregulación, erosión de la negociación colectiva y debilitamiento de la acción sindical, elementos que sitúan a la persona
trabajadora al albur de los dictados del empresario.
Una extralimitación horaria que, además, confluye e incide en una mayor devaluación salarial, también componente inescindible de la pérdida de calidad de nuestro mercado de trabajo. Bajos salarios que, a su vez, obligan a la persona
trabajadora a realizar horas extras, la cual se ve sumergida en un círculo vicioso de precariedad laboral de difícil salida.
El Gobierno ha renunciado a combatir el fraude que puede suponer esta extralimitación. Ha optado, también por disposición legal, por mirar hacia las personas en situación de desempleo, y el supuesto fraude que pudieran acarrear para las
arcas de la Seguridad Social; fraude, sin lugar a dudas, mucho menor que los derivados de la extensión descontrolada de la jornada laboral.
El Gobierno, a través de la desregulación del tiempo de trabajo y del tiempo de trabajo parcial, también renuncia a la mejora del empleo a través de la racionalización de la organización del trabajo. Ha optado por favorecer la realización
de un tiempo completo encubierto a través de la utilización de una modalidad contractual diseñada para atender las necesidades objetivas de ordenación del tiempo de trabajo, favoreciendo la discrecionalidad empresarial. Ha optado, pues, por
desregulación en vez de adaptabilidad, por fraude en vez de por seguridad jurídica.
Este uso perverso del trabajo a tiempo parcial y, en general, de la desregulación del tiempo de trabajo, tiene un impacto negativo en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y en la igualdad efectiva entre hombre y mujeres;
mujeres que no sólo tienen menos disposición para la realización de las horas extraordinarias sino que están siendo expulsadas del mercado laboral por la imposibilidad de adaptación a estos nuevos tiempos de trabajo. El Gobierno, pues, al
desaprovechar la oportunidad de llevar a cabo una reforma equilibrada del trabajo a tiempo parcial e incentivar legalmente una desordenación del tiempo de trabajo, ha actuado en contra de un tiempo de trabajo favorecedor de la conciliación y la
igualdad.
Una ordenación equilibrada del tiempo de trabajo hubiera supuesto también una apuesta decidida por la mejora de la productividad, ante la constatación de la escasa relación entre los buenos resultados económicos y más horas de trabajo y sí
de los daños derivados para la productividad del exceso de horas de trabajo; y para el trabajador, en su salud y seguridad. Al respecto se señala que, según datos del Observatorio Europeo de Relaciones Laborales países como Dinamarca, Suecia,
Finlandia, Holanda, Noruega, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Chipre e Italia tienen mejores resultados económicos que España y la duración de su jornada laboral es inferior a la española.
Por estas razones es necesario actuar urgentemente en una doble dirección, con acciones específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la de lucha contra esta explotación laboral, que frenen los daños derivados de las reformas
acometidas en el ámbito socio-laboral desde 2012, y cambiando esa regulación, única forma eficaz de eliminar la fuente del daño.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que la jornada de trabajo se efectúe respetando los límites legales o pactados, bien en el convenio colectivo bien en el contrato de trabajo, y promoverá, previo diálogo con los
interlocutores sociales, las medidas que posibiliten que las necesidades adicionales de producción de las empresas se atiendan haciendo una utilización racional del tiempo de trabajo, compatible con la conciliación personal, familiar y personal, y
favoreciendo la creación de nuevos puestos de trabajo.
A tal efecto, y entre otras medidas,
- En primer lugar, y con objeto de combatir los excesos de jornada, y reforzar de forma efectiva y real la vigilancia del cumplimiento de las normas sobre tiempo de trabajo, promoverá un Plan Contra la Explotación Laboral que se centrará en
los siguientes ejes:
La modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) con el objeto de:
a) Considerar una infracción por cada trabajador afectado en caso de transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada y horas extraordinarias. Actualizando las cuantías establecidas en la LISOS.
b) Tipificar expresamente como infracción grave realizar una jornada de trabajo superior o fuera del horario pactado en los contratos a tiempo parcial, considerando una infracción por cada trabajador afectado, equiparándose la misma, a la
falta de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
Establecer el horario en el contrato de trabajo a tiempo parcial y en su comunicación a través de Contrat@ y de Seguridad Social. Las modificaciones del horario deberán realizarse de la misma forma. Su no concreción (salvo prueba en
contrario) supondrá su conversión automática en tiempo completo.
Suprimir temporalmente la posibilidad de compensación de las horas extraordinarias por descansos en los cuatro meses siguientes a su realización.
Esta supresión dejará de tener efecto cuando la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15 por ciento.
Incrementar sustancialmente las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el control del cumplimiento de la normativa sobre jornada de trabajo, así como los medios humanos y materiales necesarios al efecto. En
particular, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá poner en práctica dos planes de actuación específicos, uno destinado al control de la contratación temporal y otro al control de la contratación a tiempo parcial. Para ello, se dotará
también a la Inspección de Trabajo de un personal administrativo específico en el análisis de bases de datos, con el objetivo de preparar las actuaciones planificadas a desarrollar.
- En segundo lugar, promover la simplificación de la regulación del contrato a tiempo parcial y efectuar una nueva regulación del mismo que corrija la situación creada por la desregulación efectuada por la Ley 3/2012, y continuada en 2013,
para lo que se insta a que se adopten las siguientes medidas:
Derogar la desregulación del trabajo a tiempo parcial contenida en la Ley 3/2012 y en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 16/2013, que convierte a este contrato en el contrato de inserción en el mercado laboral tal y como
reflejan los datos de contratación, constituyendo una nueva forma de precarización de las condiciones de trabajo y que tiene especial incidencia sobre las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, desarticulando por completo las medidas
que con este fin han sido promovidas en los últimos diez años.
Abordar en diálogo con los interlocutores sociales una nueva regulación del trabajo a tiempo parcial homologable con la existente en otros países europeos y que recupere su vocación de elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de
trabajo, compatible con las responsabilidades familiares y laborales, incluidas las formativas. Para ello se reformará la regulación del pacto de horas complementarias, y se eliminará el ofrecimiento de realización de horas complementarias
establecidas en la actual regulación.
Los contratos a tiempo parcial deberán contener el horario del trabajador, pudiendo modificarse por acuerdo entre las partes y notificándose de forma previa a través de los sistemas telemáticos existentes al efecto (sistema RED y
Contrat@).
- En tercer lugar, se insta al Gobierno a modificar el Real Decreto-ley 20/2012 para evitar que los subsidios por desempleo puedan tener carácter parcial. La actual regulación laboral consolida salarios de pobreza y cuando se extingue la
relación laboral: subsidios de miseria.
- Finalmente, se insta igualmente al Gobierno a que, previo diálogo con los interlocutores sociales, adopte una regulación del tiempo de trabajo, incluido el trabajo a tiempo parcial, que permita recuperar el equilibrio en las relaciones
laborales individuales y colectivas y la racionalización en su organización, en atención a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador así como a las necesidades productivas de la empresa.
En la regulación del tiempo de trabajo se integrará plenamente la perspectiva de género, con el fin de avanzar en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y aumentar las oportunidades de empleo de las mujeres, removiendo aquellos
aspectos que afectan negativamente a su promoción salarial y profesional y resto de condiciones de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre incumplimiento de la disposición adicional cuadragésima segunda
de la Ley 27/2011, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en su disposición adicional cuadragésima segunda, respecto a las cotizaciones efectuadas por personal saharaui de empresas
españolas, antes de la retirada del Sahara Occidental, recogía que el Gobierno, en el plazo de dos meses, presentará a la Comisión de Trabajo e Inmigración un informe que recoja una relación de las personas saharauis que trabajaban en empresas
españolas el 26 de febrero de 1976, momento en el que España se retiró del Sahara Occidental. Por extensión aparte de las personas trabajadoras afectadas, este informe incluiría el coste, su fórmula de articulación y los plazos.
Toda vez que los plazos establecidos por la Ley no se estaban cumpliendo, los afectados se dirigieron al Secretario de Estado de la Seguridad Social, señor Tomás de Burgos, a los efectos de ser informados del motivo de la tardanza en la
aplicación de la Ley, manifestando el Secretario las dificultades para el cumplimiento de los plazos, pero si la voluntad de cumplirlos.
De fecha 2013 se volvió a reiterar esta vez a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, señora Fátima Bañez, la necesidad del cumplimiento y desarrollo de la citada Ley, recordándole que han transcurrido más de veintisiete meses desde la
publicación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Gobierno tome las medidas necesarias para el inmediato cumplimiento de la disposición adicional cuadragésima segunda de la Ley 27/2011, respecto de Ias Cotizaciones efectuadas por personal saharaui antes de la retirada del Sahara
Occidental y así hacer efectivos los derechos inherentes a las mismas de manera inmediata.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a los trabajadores y a la empresa
Campofrío, así como a sus proveedores, para superar el grave impacto económico y social del incendio sufrido el 16 de noviembre de 2014 en su fábrica de Burgos
(Castilla y León) y conseguir la rápida recuperación del pleno empleo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Dentro de la industria agroalimentaria, que es el sector más relevante de toda la industria de Castilla y León, el subsector cárnico es, a su vez, el más importante, tanto por volumen de facturación, como en términos de empleo.
Protagonista de este sector, la empresa Campofrío ha sido, desde su creación en la década de los años cuarenta del pasado siglo, una empresa agroalimentaria castellana y leonesa que, por méritos propios, se ha colocado entre las primeras de
España, aunque la composición accionarial ha cambiado recientemente con la presencia de capital chino. Cabe igualmente recordar que desde hace meses la empresa barajaba la presentación de un ERE que afectaría a unos 400 empleos y de un ERTE que
afectaría también a buena parte de la plantilla actual.
Es la industria agroalimentaria con mayor volumen de facturación de Castilla y León. Campofrío Food Group facturó en 2013 más de 1.900 millones de euros. La actividad productiva del grupo en España se realiza en ocho fábricas, cuatro de
las cuales están situadas en Castilla y León (tres ubicadas en Burgos, y una en Ólvega en la provincia de Soria). La misma empresa, a través de su filial Carnes Selectas 2000, S.A., explota un matadero de porcino y una planta de productos
semi-elaborados en Burgos para abastecer de materia prima a las otras factorías, nutriéndose de un volumen importante de cabezas de porcino procedentes de explotaciones ganaderas de Castilla y León.
De un total de 7.326 empleados en todo el mundo en el año 2013, 2.866 se encuentran en España, de los que 1.638 empleos directos y 500 indirectos están en Castilla y León.
El 16 de noviembre de 2014, un incendio arrasó una de las plantas de Campofrío en Burgos, sin que se hayan producido heridos. La fábrica, ubicada en el Polígono de Villafría de la capital burgalesa y en la que trabajan más de un millar de
personas, ha quedado calcinada por completo.
Tantas familias afectadas exigen de toda la sociedad en conjunto un esfuerzo común para amortiguar en lo posible los efectos de esta catástrofe industrial. Por eso creemos necesario apoyar las medidas adecuadas para que se recupere cuanto
antes la capacidad de producción de la planta y que todos los trabajadores de la misma puedan volver a trabajar de inmediato.
La propia empresa ha expresado, desde el primer momento, su intención de reconstruir en Burgos la factoría en tan breve plazo como sea posible; pero es evidente que habrá que hacer un gran esfuerzo para alcanzar este objetivo.
Siendo por tanto un objetivo común de todos cuantos abogan por el empleo como elemento esencial de la actividad económica, para garantizar la operatividad de la nueva planta de Campofrío en Burgos, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con la Junta de Castilla y León, a:
1. Apoyar a Campofrío con todos los medios necesarios, administrativos, técnicos, económicos y financieros, para facilitar a la empresa el mantenimiento al máximo posible de su capacidad productiva en Castilla y León y la recuperación de su
plena actividad al mismo nivel que antes del incendio, en el menor tiempo posible, mediante la construcción de la nueva planta anunciada en Burgos.
2. Con la misma concreción de respaldo que se dispense a la empresa, apoyar a los trabajadores para que, mientras se recupera la actividad normal de la empresa con la construcción de la nueva fábrica, puedan conseguir empleos sustitutivos
para todos y el impacto de esta crisis sobre su situación económica, personal y familiar, sea el menor posible.
3. Buscar fórmulas cooperativas de apoyo a los proveedores de materias primas y auxiliares, especialmente en materia de sostenimiento de precios y ayudas a la exportación de sus productos al extranjero durante el tiempo que dure la
reconstrucción de la nueva planta en Burgos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Coscubiela Conesa, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA; CHA: La Izquierda Plural.
161/003244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley de derogación de la reforma laboral y de apoyo a los empleados públicos afectados, especialmente a los expedientados por el Ayuntamiento de Estepona, para su debate en la Comisión de Empelo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La reforma laboral del Partido Popular llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero -Ley 3/2012, de 6 de julio-, entre otros aspectos, también facilita y abarata el despido en el sector público.
Así, reconoce expresamente el despido colectivo (artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores) y el despido objetivo (artículo 52 c) en todo el sector público, incluidas las Administraciones Públicas. Por primera vez, una norma con rango de
ley permite en las Administraciones Públicas medidas de ajuste del personal laboral a su servicio. Es más, sobre la dificultad de aplicar el concepto de causas económicas que justifiquen el despido colectivo en el sector público, adopta el concepto
de 'una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes', que además, aclara, debe darse durante tres trimestres consecutivos. La ambigüedad y amplitud de esta
causa genera inseguridad jurídica y permite amparar multitud de despidos sin tener en cuenta las necesidades de los servicios públicos.
Es más, esta admisión del despido colectivo es aún más llamativa cuando la misma reforma laboral prohíbe la suspensión o reducción de jornadas, medidas menos drásticas que el despido y que permiten un ajuste de plantilla.
A mayor abundamiento, esta reforma no regula los aspectos que deberían modular la regulación de los despidos colectivos y objetivos en la Administración como consecuencia de los principios constitucionales que rigen su actuación: la
eficacia, la no arbitrariedad y el sometimiento pleno al Derecho.
Esta falta de elementos de determinación de la oportunidad de la adopción de un despido colectivo por parte de las Administraciones está provocando un aumento de la litigiosidad frente a despidos que son calificados de arbitrarios,
encontrándose la causa de su adopción en un posible desmantelamiento de los servicios públicos municipales para que su asunción se efectúe desde el ámbito privado.
En el expediente de regulación de empleo (ERE) llevado a cabo por el Ayuntamiento de Estepona parecen concurrir los elementos anteriormente denunciados y propiciados por la reforma laboral. Se trata de un ERE que, fundado en causas
económicas de difícil determinación, afecta a 174 trabajadores municipales, algunos de los cuales han visto como los servicios que prestaban han sido privatizados. Es más, se cuestiona le forma de selección de los trabajadores afectados. Estas
circunstancias han llevado a los representantes de los trabajadores a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, toda vez que sus pretensiones no fueron atendidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El Grupo Parlamentario Socialista continúa denunciando la ambigüedad de una legislación, la reforma laboral, que cuestiona los principios por los que se rige las actuaciones llevadas a cabo por las Administraciones Públicas, ya que genera
inseguridad jurídica y pudiera permitir amparar decisiones discrecionales, con aumento de la litigiosidad, en aspectos tan importantes para los empleados públicas como su despido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados reconoce el trabajo que los empleados públicos realizan en la consecución del interés general y en la prestación de los servicios públicos y manifiesta su solidaridad con todos los empleados que pudieran estar
sometidos a un expediente de regulación de empleo amparados en una legislación que genera una grave inseguridad jurídica.
Especialmente rechaza el expediente de regulación de empleo del Ayuntamiento de Estepona y respalda la solicitud de restitución a sus empleos públicos de los 174 empleados municipales afectados, que denuncian padecer esa grave inseguridad
jurídica.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar urgentemente la reforma laboral, entre las que se incluyen las disposiciones relativas a los despidos colectivos llevados a cabo en todo el sector público, incluidas las
Administraciones Públicas, pues es la causa de la inseguridad jurídica manifestada y, en consecuencia, de un aumento de la Iitigiosidad, aspectos que contravienen principios constitucionales y que actúan en contra de la eficiente prestación de
servicios públicos a la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2014.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el inicio de las obras de la remodelación de la fachada litoral de Altea y las medidas para paliar las consecuencias de las obras, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
Exposición de motivos
Después de diez años, los alteanos y alteanas han visto arrancar, por fin, las obras del proyecto de remodelación del Frente Litoral. Más allá de la circunstancia de la rebaja sustancial de la inversión o de la idoneidad del proyecto
aprobado, lo que es cierto es que la degradación de la zona a lo largo de estos años ha sido evidente, tanto por los habitantes de nuestro pueblo como por las personas que nos visitan.
La fachada marítima de Altea es, junto con el casco antiguo, uno de los reclamos turIsticos más importantes y motor de este sector de nuestra economía. Por esta razón, una vez iniciadas las obras en el mes de enero, la prioridad era que se
cumplieran los términos de ejecución de veinticuatro meses.
Preocupa la disminución del ritmo de las obras y la cada vez más fina lámina de agua de la zona del charco, con una insuficiente circulación del agua causada por los movimientos de tierra que impiden su adecuada regeneración. Esto provoca
efectos muy negativos, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico y turístico: proliferación de mosquitos, peces muertos y malos olores.
Esta situación, intolerable en cualquier momento del año pero especialmente en mitad del período estival, da una imagen de abandono que las administraciones públicas no debemos consentir, ni cara a los vecinos y vecinas de Altea ni a los
visitantes.
Ni el pueblo de Altea, ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni la Unión Europea -que cofinancia el proyecto- podemos permitir que esta situación se alargue al mes de agosto.
Esto es lo que afirmaba la moción aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Altea el pasado mes de agosto, una vez se conoció por los medios de comunicación la quiebra de la empresa adjudicataria.
La moción también incluía los siguientes acuerdos:
1. Transmitir la preocupación de toda las corporación municipal, como representantes de la ciudadanía alteana, por los efectos negativos económicos, turísticos y medioambientales de la situación en que se encuentran las obras en el período
estival
2. Que se tomen las medidas oportunas y que se asegure la correcta regeneración de las aguas.
3. Que se mantenga el ritmo de actuaciones acordado con tal de no poner en riesgo el calendario previsto para la ejecución de las obras.
4. Elevar esta petición a la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
Cabe recordar algunos precedentes a la paralización de las obras ei pasado mes de agosto:
1. El 'BOE' del 31 de enero de 2013 daba anuncio de la renuncia a la celebración del contrato con la empresa a la que se le adjudico el proyecto anterior, publicada la licitación en el 'BOE' del 20 de mayo de 2011, por un importe de 13,6
millones de euros. Así mismo, se anunciaba la renuncia al contrato de servicios para la asistencia técnica para la obra.
2. El 'BOE' del 2 de enero de 2014 anuncia la formalización del contrato de obra con la empresa CYES Infraestructuras, S.A. por un importe total de 4,4 millones de euros. El plazo de ejecución era de 24 meses.
3. La evolución de lo presupuestado para la Remodelación de la Fachada Litoral de Altea ha sido la siguiente:
;Coste Total;Inversión 2011;Inversión 2012;Inversión 2013;Inversión 2014;Inversión 2015;Inversión 2016
PGE 2011;15.600;2.900;2.900;6.400;3.400;;
PGE 2012;13.631,62;;3.804,99;5.703,32;4.123,31;;
PGE 2013;12.755,70;;;643,68;7.002,70;5.000;
PGE 2014;6.400;;;;1.500;4.000;1.000
PGE 2015;4.458;;;;;2.658,10;1.800
Fuente: Proyecto de presupuestos de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Datos en miles de euros.
Dado que era evidente el retraso de las obras a 28 de abril, el Grupo Socialista solicita información por escrito al Gobierno sobre la ejecución presupuestaria y compromisos de pago, formulando las siguientes preguntas:
'¿Qué inversión se ha realizado a la fecha de la presentación y contestación de esta pregunta?
¿Qué inversión tiene previsto realizar en 2014? ¿Y en 2015? ¿Y en 2016? ¿Se cumplirá el plazo de veinticuatro meses para la ejecución de la obra?
¿Ha habido algún acuerdo posterior a la formalización del contrato con la empresa para ampliar los de ejecución o postergar pagos de la misma?
¿Han previsto alguna medida para evitar las molestias, especialmente en Semana Santa y verano?'
El 12 de junio de 2014 se obtiene por escrito la siguiente respuesta:
'La inversión realizada en la ejecución de la obra 'Rehabilitación medioambiental de la fachada costera del casco urbano de Altea (parte marítima), t.m. de Altea (Alicante)' hasta la fecha es de 15.841,03 euros.
Las anualidades previstas para este proyecto son:
- Anualidad 2014: 3.187.029,02
- Anualidad 2015: 4.783.344,41
El plazo de ejecución de la obra es de veinticuatro meses y está previsto cumplir con el mismo.
No se ha presentado ninguna solicitud de prórroga por parte de la empresa para ampliar el plazo de la ejecución de la misma ni ningún tipo de reajuste de anualidades.'
En el programa de trabajos se contemplan las paradas estivales para evitar molestias a los ciudadanos.
Pese a ello, en julio se constata la paralización de las obras y en agosto que la empresa ha quebrado.
El 22 de agosto el PSPV-PSOE solicita públicamente al Gobierno que se retomen las obras, bien con la empresa adjudicataria, o bien con la intervención de la empresa pública TRAGSA.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar cumplimiento a lo solicitado por el Ayuntamiento de Altea en el acuerdo, tomado por unanimidad, por su pleno:
a) Que se tomen las medidas oportunas y que se asegure la correcta regeneración de las aguas.
b) Que se mantenga el ritmo de actuaciones acordado con tal de no poner en riesgo el calendario previsto para la ejecución de las obras.
2. Que si se dan las condiciones legales para la resolución del contrato con la empresa adjudicataria, con el objeto de garantizar que las obras concluyan conforme al calendario inicialmente previsto, se proceda con la máxima celeridad a
una nueva contratación pública y se realice a través de la empresa pública TRAGSA o por quien garantice el cumplimiento de las obras en el menor plazo de tiempo.
3. Que facilite al Ayuntamiento de Altea y al Congreso de los Diputados un calendario cierto de las obras e inversiones.
4. Que se garantice un calendario para retomar las inversiones y actuaciones recogidas en la licitación inicial de mayo de 2011, y que se excluyeron en la firma del nuevo contrato del 2 de enero de 2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Herick Manuel Campos Arteseros y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el
Gobierno demande a la Comisión Europea la restitución de la normativa anterior sobre aletas de tiburón. Comisión de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
Exposición de motivos
El desarrollo del ICCAT 2014 que obliga a las flotas comunitarias a descargar las aletas de tiburón adheridas al cuerpo de estas especies, sin poder cortarlas, está provocando ya nefastas consecuencias en el sector del palangre gallego.
Su malestar por lo que consideran un pésimo papel de la Comisión Europea, que afirman, ha sido incapaz de defender los intereses de las flotas europeas en relación al reglamento de las aletas adheridas.
Desde el inicio reivindican que se aplique la misma regulación a todas las flotas pesqueras a nivel internacional, sin diferencias. La diferencia para las flotas comunitarias llevará a discriminaciones y a graves problemas económicos como
estamos viendo porque se deja a la pesca europea en inferioridad de condiciones. Defienden que la misma norma sea obligatoria para las demás flotas internacionales con las que se comparten caladeros y mercados. Así, mientras las flotas de China,
Corea o Japón mutilan a los tiburones a bordo y tiran el resto del escualo por la borda, la flota comunitaria tiene que someterse a un reglamento muy estricto, cuando la norma anterior funcionaba perfectamente.
Critican el papel desempeñado por la Comisión Europea porque no ha defendido los intereses de las flotas comunitarias. Consideran que la Comisión Europea tenía que haber promovido la norma para todas las partes contratantes de la ICCAT2014
(la Organización Internacional que regula las capturas de túnidos y especies afines como el pez espada o los tiburones en el Atlántico y en otras ORPs).
La flota de palangre de superficie gallega, en su mayoría de Vigo y de A Guarda, no está en su mejor momento económico. La norma de aletas adheridas a bordo les supone más costes. La propuesta de
prohibir el cercenamiento a bordo de los barcos y mantener las aletas adheridas al cuerpo de los tiburones supondrá un incremento de los gastos anuales de la flota de más de 9,5 millones de euros y afecta a aproximadamente 2.775 tripulantes,
así como a más de 11.000 puestos de trabajo en tierra.
De momento, quince palangreros de superficie de Vigo se encuentran en la lista para ser desguazados. Forman parte de una flota compuesta por doscientos barcos pesqueros gallegos que se dedican fundamentalmente a la pesca de tiburón y pez
espada. Una flota de gran peso, que da empleo directo a más de dos mil personas y sostienen la economía local de muchas poblaciones costeras de Galicia.
El palangre de A Guarda y de Vigo critica que en la votación la Comisión Europea adoptase un papel pasivo, y ante la falta de consenso con China, Corea y Japón, no forzase la votación al resto de las flotas. Sobre todo, a sabiendas de que
se podría haber ganado la votación.
Piden la vuelta al reglamento anterior, dejando claro que están en contra del finning, es decir, la práctica de cortar las aletas de tiburón en el barco y tirar el resto del cuerpo por la borda. La normativa comunitaria anterior permitía
trocear en el barco las aletas por un lado y el cuerpo del tiburón por otro lado. Ambas partes se congelaban y se descargaban al llegar a puerto, donde se comprobaba que la proporción entre aletas y cuerpos coincidía como medida de control para
vigilar que no se había practicado finning.
La normativa actual que obliga a almacenar en la bodega el escualo entero conlleva sobre costes inasumibles para el sector de palangre. El sector no comprende por qué se ha optado por una normativa más estricta cuando la anterior funcionaba
sin ningún problema, de hecho, no se recogió ninguna denuncia entre el 2003 y el 2013 contra barcos europeos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Presionar ante la Comisión Europea para que se restituya el reglamento anterior sobre aletas de tiburón, procediendo asi a la anulación de la nueva normativa sobre aletas de tiburón adheridas que está provocando consecuencias muy negativas
para la flota pesquera de palangre, con barcos que ya se han visto obligados al desguace en Vigo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación de la Ley concursal, a los efectos de incluir una sección específica que regule el concurso de la persona física, con el fin de evitar las
situaciones crónicas de sobreendeudamiento de personas y familias.
Antecedentes
Desde el inicio de la crisis se han afrontado diversas reformas de la Ley concursal con el fin de mejorar la ordenación de procesos de liquidación de deudas por parte de las empresas; pero en ninguno de ellos se ha abordado el problema del
sobreendeudamiento de las personas físicas o de las familias y la necesidad de regular también unos procedimientos ordenados de liquidación de sus deudas, orientadas a evitar las situaciones de cronificación del sobreendeudamiento.
Desde la perspectiva de las empresas, en la pasada legislatura, en 2009 se aprobó el Real Decreto- ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, posteriormente fue la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre, de reforma de la legislación procesal, para la implantación de la
nueva oficina judicial y por último se aprobó la conocida Ley 38/2011, de 10 de octubre de 2012, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal.
En la presente legislatura, a su vez, se han aprobado tres reformas más: la primera fue la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; posteriormente, la Ley 17/2014, de materias fiscales en
materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial; y finalmente, el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, actualmente en tramitación como proyecto de ley.
El principal objetivo de todas ellas ha sido, de forma genérica, el de 'agilizar y flexibilizar estos procesos y de garantizar la supervivencia de sociedades que han acumulado una carga financiera excesiva, pero que son viables desde un
punto de vista operativo, mediante un sistema ordenado y equilibrado de acuerdos con los acreedores y un abanico más amplío de fórmulas de refinanciación'.
Por su parte, el nuevo Ministro de Justicia, recientemente ha manifestado que la voluntad del Gobierno es 'la conclusión esta legislatura de un Derecho Concursal a la altura de las necesidades del sector económico español y de la sociedad
española'.
Pues bien, si el derecho concursal ha de estar a la altura de las necesidades de la sociedad es preciso abordar también la ordenación de las situaciones concursales de personas físicas y familias, cuando actúan como consumidores y no como
empresarios.
El problema del sobreendeudamiento de las familias dista mucho aún de estar en cauces de ser solucionado a pesar de las reformas enumeradas, introducidas en el ordenamiento jurídico.
Así, en muchas economías domésticas, el pasivo exigible sigue siendo muy superior a su activo y ante esta situación de endeudamiento al límite, los consumidores se quedan sin margen de maniobra para reaccionar ante situaciones adversas no
previstas.
Las reformas abordadas orientadas a las familias afectan, básicamente, a la legislación y al endeudamiento hipotecario, pero son claramente insuficientes. Un ejemplo que se está produciendo cada vez con mayor virulencia son los llamados
'desahucios de segunda generación'; personas que sufrieron el lanzamiento de su vivienda en propiedad por impago hipotecario y ahora ven como no pueden hacer frente a las cuotas de alquiler o personas que perdieron su vivienda y ahora ven como
también la pierden otros familiares próximos que les avalaron.
En los desahucios por impago de las rentas de alquiler, además, los arrendatarios suelen ser propietarios privados, los cuales, muchas veces precisan de las rentas de alquiler de la vivienda de su propiedad para poder seguir costeando otros
gastos que les permiten su propia subsistencia. En estos casos pues, están afectadas tanto a las personas que no pueden pagar, como a las que necesitan cobrar para subsistir.
Y todo ello se refleja en una realidad social que no cesa y es que muchas personas siguen perdiendo su vivienda habitual y familiar y acumulan unos endeudamientos que les impiden afrontar una segunda oportunidad.
De hecho, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios practicados aumentaron un 3,7 % durante el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2013, hasta un total de 18.749, de los que el 53,2 %
fueron alquileres, el 44,2 % de ejecuciones hipotecarias y el 4,6 % restante obedecieron a otras causas.
Además según las mismas fuentes, durante el segundo trimestre de 2014 han incrementado las ejecuciones hipotecarias. Así se iniciaron 21.178 ejecuciones hipotecarias, un 4,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.
Recientemente, Cáritas ha presentado su informe y revela que uno de cada cuatro españoles está en riesgo de exclusión social debido a los efectos de la crisis. En un modelo como el actual, guiado por políticas de ajuste, se está generando
una importante desigualdad entre los hogares y casi un 50 % de ellos se encuentran afectados de forma simultánea por problemas de privación material y pobreza monetaria.
A la vista de esta cruda realidad, desde CiU consideramos que además de dotarnos de una legislación concursal que dé respuesta a las necesidades económicas de las empresas, también debemos dar respuesta a las necesidades económicas de los
particulares y por lo tanto estamos convencidos de la necesidad de adecuar la legislación vigente, para que el concurso de la persona física sea posible realmente y no únicamente legalmente.
Entendemos pues necesario adecuar el sistema de concurso de persona física vigente para que realmente constituya un instrumento útil para articular un sistema legal de segunda oportunidad para aquellas personas, que de buena fe, puntualmente
se encuentren sobreendeudadas y a la par, puedan demostrar una viabilidad futura.
En este mismo periodo han sido miles las familias afectadas por procesos de sobreendeudamiento sobrevenido que, en muchos casos han debido abandonar sus viviendas, sin poder hallar el amparo en una legislación concursal que pudiera
facilitarles una liquidación más ordenada de sus deudas.
Se trata de evitar que los pasivos que afectan a las personas físicas no les convierta en deudores de por vida y habilitar un mecanismo que permita su recuperación económica. En definitiva se pretende que la futura norma favorezca la
refinanciación y el nuevo comienzo de estas personas que actuando de buena fe se ven afectadas por deudas, especialmente, hipotecarias y de alquiler de su vivienda habitual como consecuencia de un empeoramiento sobrevenido de su situación económica.
Se trata de contribuir a evitar que la exclusión social que denuncia Cáritas en su último informe, siga creciendo. Según dicho informe, en los últimos años ha aumentado la exclusión social y el núcleo central de la sociedad considerado en
situación de integración social plena, ha quedado en estricta minoría, tan solo un 34,3 % mientras que antes de la crisis, superaba el 50 %.
Entendemos imperativo ante esta realidad que el legislador actúe y regule un ámbito contractual con positivas consecuencias para la economía y muy especialmente para la estabilidad social y para la minoración de las desigualdades. Adaptar
la legislación concursal a las necesidades específicas que requieren las personas físicas y las familias, para la liquidación ordenada de sus deudas, constituye una asignatura pendiente para el legislador. Lo hemos necesitado en los años de crisis
y lo necesitaremos también cuando vuelva el crecimiento, porque es un instrumento de estabilidad social y de seguridad legal.
En definitiva, la presente Proposición no de Ley propone modificar de nuevo la Ley Concursal con el propósito de incorporar unos procedimientos ordenados de liquidación de las deudas contraídas por personas físicas y familias en situación de
sobreendeudamiento.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aprobar en la presente legislatura un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que contemple las medidas necesarias para que el procedimiento de concurso de la persona física sea un instrumento realmente
al servicio de la reestructuración de la deuda y de la viabilidad de los consumidores.
- Articular el concurso de las personas físicas como un auténtico sistema de segunda oportunidad, similar al que ya contemplan los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, que permita el diseño de un plan de pagos efectivo en beneficio de
acreedor y deudor, con o sin exoneración de deudas pendientes, que permita una satisfacción a los acreedores sin conducir a la exclusión económica del deudor y orientado principalmente a evitar el desahucio o el lanzamiento de la que es vivienda
habitual y familiar.
- Regular, junto a la declaración de concurso y para este tipo de deudores, la garantía del derecho constitucional a una vivienda adecuada a las necesidades familiares del deudor, contando para ello con el existente parque de viviendas
actualmente en manos de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria.
- Adecuar en paralelo la legislación hipotecaria, a los efectos de hacer verdaderamente efectivo el mecanismo del Concurso de la Persona Física, para permitir que el sistema de garantías reales operativo en nuestro ordenamiento jurídico
continúe funcionando y a su vez se permita un funcionamiento eficiente del Concurso Persona Física.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para el cumplimiento de los compromisos y recomendaciones internacionales sobre atención y protección a la infancia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En los últimos años, la crisis económica ha multiplicado exponencialmente sus devastadores efectos en la sociedad española como consecuencia de las políticas de austeridad y el desmantelamiento de los servicios públicos. Especialmente
preocupante es la situación de la infancia en nuestro país.
Los retrocesos en el sistema de protección social; el incremento del desempleo, el recorte a la prestación por desempleo; la precariedad laboral; la quiebra de la universalidad en el acceso a la sanidad; los recortes en educación y en
los servicios sociales, han empobrecido a miles de familias. Cuando en ellas conviven menores, son ellos los que más sufren, ya que a los padecimientos inmediatos hay que añadir las secuelas que soportarán en el futuro como consecuencia de haber
vivido una infancia con privaciones.
Numerosos organismos internacionales han llamado la atención sobre la situación de la infancia en estos momentos de recesión económica, y muchos de ellos han mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo en España.
En noviembre de 2010, el Comité de los Derechos del Niño presentó el examen de los informes periódicos tercero y cuarto presentados por España sobre las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos de la infancia. Entre otras
cuestiones, el Comité recomendaba que se protegieran las partidas presupuestarias prioritarias destinadas a la infancia frente a los cambios de niveles de recursos en las prioridades del presupuesto general y, de manera más específica, las partidas
presupuestarias relativas a las medidas sociales en favor de los niños que las necesiten, incluso en épocas de crisis.
En mayo de 2012 se conocieron las Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre Examen de los informes presentados por los Estados partes. Buena parte de las recomendaciones que este Comité hace a
España se dirigen a la protección de los niños y niñas.
La Comisión Europea publicó en febrero del 2013 un documento con Recomendaciones titulado 'Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas' (C 2013/778). Entre otras cuestiones se recomienda a los estados miembros combatir la
pobreza y la exclusión social de los niños mediante estrategias integradas que vayan más allá de garantizar la seguridad material de los niños y promover la igualdad de oportunidades para que todos los niños puedan aprovechar todo su potencial, así
como mantener una inversión en los niños y las familias que permita la continuidad de las políticas y la planificación a largo plazo; evaluar cómo afectan las reformas políticas a los más desfavorecidos y adoptar medidas para reducir sus posibles
efectos negativos.
En octubre de 2013 el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa publicó un informe que contiene importantes reclamaciones a nuestro país relativas a la mejora de la atención a la infancia.
Recientemente, la recomendación del Consejo de la Unión Europea relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España pone el acento en la limitada eficacia de la protección social para reducir la pobreza y la exclusión social, a las
que están especialmente expuestos los niños y niñas.
Nuestra Constitución establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (artículo 10.2). Además, respecto de la infancia, el texto constitucional señala que gozará de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos
(artículo 39.4).
Atender los compromisos y recomendaciones internacionales es una obligación. Cuando éstos afectan a los derechos de la infancia deberían ser una prioridad para el Gobierno y para el país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a emprender, de manera urgente, las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos y recomendaciones internacionales sobre atención y protección a la infancia, entre ellas:
1. Utilizar un enfoque basado en los derechos del niño en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, aplicando un sistema de seguimiento a la asignación y el uso de los recursos destinados a los niños en todo el presupuesto,
de manera que se ponga de relieve la inversión en la infancia.
2. Proteger las partidas presupuestarias prioritarias destinadas a la infancia frente a los cambios de niveles de recursos en las prioridades del presupuesto general y, de manera más específica, las relativas a las medidas sociales en favor
de los niños que las necesiten.
3. Revisar el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia para incluir los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para mejorar la aplicación efectiva del plan; y comprender una selección más estratégica de propósitos
y medidas, definición de los objetivos, indicadores de los efectos sujetos a plazos, y mejores procesos para la participación de los niños y la sociedad civil en la elaboración, supervisión y evaluación del plan.
4. Mejorar la orientación de los programas de apoyo a las familias y los servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos, para garantizar la eficacia y la progresividad de las transferencias sociales. Redoblar
los esfuerzos por prestar la asistencia adecuada a los padres y tutores legales, en particular a los de familias en situaciones de crisis, debido a la pobreza, la falta de vivienda adecuada o la separación. Velar por que se satisfagan las
necesidades de todos los niños y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que ningún grupo de niños viva por debajo del umbral de la pobreza.
5. Reforzar el sistema de prestaciones familiares y por hijo para apoyar a los padres y los niños en general y prestar apoyo adicional a las familias monoparentales, las que tienen muchos hijos y aquellas cuyos padres están desempleados.
6. Garantizar que el Salario Mínimo lnterprofesional permita a todos los trabajadores y a sus familias gozar de condiciones de existencia dignas y que se ajuste periódicamente al costo de la vida.
7. Asegurar una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente en educación, que sirva para garantizar la calidad y las condiciones de igualdad para todos los niños y niñas. Llevar a cabo una evaluación de los efectos de las
restricciones presupuestarias en el ámbito de la educación sobre la igualdad de oportunidades y la inclusión de alumnos que pertenecen a grupos sociales vulnerables.
8. Asegurar un alojamiento alternativo, adecuado y asequible en casos de desahucios de familias con hijos.
9. Asegurar que no se excluya a ningún niño del acceso a la atención sanitaria, independientemente de la situación legal de sus padres.
10. Encargar a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios un informe de evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos y recomendaciones internacionales sobre atención y protección a la
infancia, que se remitirá a las Cortes Generales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-María Luisa Carcedo Roces, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/003237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 11 de marzo de 2014, aprobó una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular que instaba, y se cita textualmente, 'al Gobierno a, previo acuerdo del Consejo
de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo de Patrimonio Mundial y una vez haya sido incluida en la Lista Indicativa, también con el acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo, apoyar y defender en las instancias
internacionales oportunas, la candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial'.
En respuesta escrita de 11 de noviembre de 2013, el Gobierno apuntó que esta candidatura ya estaba incluida en la lista de Patrimonio Mundial desde el año 1996. De nuevo, el 11 de junio de 2014, corroboró en otra respuesta escrita lo que ya
el Grupo Socialista había advertido en varias ocasiones. Además, en esta segunda respuesta el Gobierno, que es el interlocutor ante la UNESCO, afirmó que no se habían empezado a desarrollar las gestiones para la declaración de la Ribeira Sacra como
Patrimonio Mundial.
Hay un consenso social y político en torno a esta declaración, que se ha vuelto a impulsar recientemente, pero sobre la que el Gobierno de España no ha dado en absoluto los pasos precisos ni ha tomado la iniciativa. Es verdad que, una vez
que una candidatura está incluida en la Lista Indicativa (como es el caso que nos ocupa), es la Comunidad Autónoma la que debe presentarla ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que se envíe al Grupo I de Patrimonio Mundial con la
finalidad de analizarla conforme a los criterios acordados por el Consejo de Patrimonio Histórico. En función de las observaciones técnicas, de nuevo la Comunidad Autónoma presentará el proyecto final que el Gobierno enviará al Centro de Patrimonio
Mundial. A partir de este momento, se inicia el 'proceso o ciclo' de la declaración, incluyendo diversas fases (informes de organismos consultivos, información complementaria, etc.) antes de que el Comité de Patrimonio Mundial estudie las
propuestas y tome la decisión.
La próxima reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO se celebrará entre el 28 de junio y el 8 de julio de 2015 en Bonn por lo que será imposible la declaración de Patrimonio Mundial de la Ribeira Sacra en esas fechas. No
obstante, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que se deben dar todos los pasos con la máxima celeridad y rigor al tiempo que, más allá de los necesarios trámites, se lleven a cabo las acciones políticas necesarias para priorizar esta
candidatura en su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a priorizar, entre las diversas candidaturas ya incluidas en la Lista Indicativa de la UNESCO, la candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Margarita Pérez Herraiz y José Andrés Torres Mora, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley acerca de
la celebración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca en el año 2018, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Universidad de Salamanca conmemora en 2018 su octavo centenario, que supone también el del nacimiento de la Universidad española. Su fundación anticipó asimismo la globalización de este modelo con la creación en 1551, a imagen y
semejanza del Estudio salmantino, de las primeras universidades americanas. El octavo centenario de la Universidad de Salamanca se ha convertido en un acontecimiento
de Estado. El Consejo de Ministros así lo acordó en su reunión de 1 de febrero de 2008, por ser esta universidad 'la más antigua de España y una de las más antiguas del mundo', con cátedras que 'alcanzaron notable prestigio desde su
creación, dinamizaron el saber y la cultura en toda España, fueron un referente inexcusable en la Europa del Renacimiento y, desde entonces, han mantenido una relevante proyección en el mundo, especialmente en el ámbito latinoamericano'. Aquella
decisión se vio reforzada con la aprobación del Real Decreto 1980/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la conmemoración de este octavo centenario (Boletín Oficial del Estado de 8 de diciembre de 2008).
Esta Comisión Interinstitucional se adscribe al Ministerio de la Presidencia y tiene por objeto impulsar, canalizar y coordinar las actividades que lleven a cabo, en relación con tal fin, las administraciones públicas y las entidades públicas o
privadas, así como los particulares que participen en la celebración. Se estructura sobre tres órganos fundamentales, la Presidencia, el Pleno y la Comisión Ejecutiva.
En Salamanca encuentra la Universidad como tal, esta institución de origen europeo y medieval, un lugar idóneo para crecer y consolidarse, para dibujar el primer espacio europeo universitario, para viajar con fortuna a otros continentes,
para alcanzar el Renacimiento y el Barroco dorados, para impulsar la Ilustración e iluminar los siglos venideros, para releer críticamente la historia y construir permanentemente el presente y el futuro, exigentes y cambiantes, con la plena
dedicación en libertad a la creación, el debate, la reflexión, el estudio, el pensamiento, la didáctica, el esfuerzo, el inconformismo, la innovación, la investigación y el espíritu de servicio a la persona y a la sociedad.
El octavo centenario de la Universidad de Salamanca debe abrir nuevas líneas de trabajo universitario y ciudadano, con infraestructuras adecuadas e implicación esencial de la sociedad para el desarrollo de actividades empresariales de
vanguardia, dinamizadoras de la economía y generadoras de empleo directo e indirecto, con resultados previsibles de alto valor añadido. Ha de contribuir asimismo al reconocimiento de las aportaciones salmanticenses históricas y presentes y a la
celebración del saber, del conocimiento, del progreso, de la libertad, de la igualdad efectiva y del derecho y la justicia.
La Comisión Interinstitucional quedó constituida el 21 de julio de 2009. La última reunión plenaria tuvo lugar el 18 de octubre del 2011, sesión en la que se aprobó un documento especialmente relevante denominado 'Estrategia del VIII
Centenario de la Universidad de Salamanca, 2018'. La Oficina del VIII Centenario creada por la Universidad de Salamanca ha venido realizando un trabajo sobresaliente para la puesta en valor de este acontecimiento y su relevancia para la Universidad
y la ciudad de Salamanca, así como para todos los campus salmanticenses y los municipios que los albergan, lo que ha de ofrecer una oportunidad extraordinaria es su consideración como proyecto de Estado. Preocupa por ello la paralización en estos
tres últimos años de la actividad de la Comisión Interinstitucional (ni siquiera ha sido nombrada aún por la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia la persona que ha de presidir la Comisión Ejecutiva), que debe adaptarse a
la estructura actual del Gobierno de España y reanudar su labor inmediatamente.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A nombrar de inmediato, dada la proximidad de la conmemoración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca en 2018 al Presidente/a de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional para la conmemoración del VIII
Centenario de la Universidad de Salamanca.
2. Una vez realizado dicho nombramiento, a elaborar el programa de actividades a desarrollar para celebrar dicha conmemoración, que recoja la participación de entidades públicas y privadas, así como particulares, en la celebración de la
misma.
3. A convocar, en el plazo de tres meses, a la Comisión Interinstitucional, adscrita al Ministerio de la Presidencia, para impulsar y canalizar el programa de actividades que debe preparar la Comisión Ejecutiva, dado que la Comisión
Interinstitucional no se reúne desde el 18 de octubre de 2011.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2014.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/003210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
la inclusión de indicadores sobre víctimas indirectas de la violencia de género en la base de datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue respaldada unánimemente por todos los Grupos Parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, y entró en vigor el pasado
29 de enero de 2005. Con esta norma legal se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia y prestar asistencia a las víctimas.
La mencionada Ley Orgánica 1/2004 tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
El artículo 29 de la Ley Orgánica 1/2004 creaba la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Dicho precepto la configura como un órgano al que corresponde la formulación de las políticas públicas en relación con la violencia de
género, la coordinación e impulso de las acciones que se desarrollen en esta materia, trabajando en colaboración y coordinación con las Administraciones con competencia en la materia y el seguimiento y evaluación de las actuaciones llevadas a cabo.
Para que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género pueda cumplir con el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas legalmente, es necesario que disponga de la información real sobre esta materia en términos de variables
estadísticas que permitan conocer el impacto real de esta violencia.
El artículo 30.1 de la Ley Orgánica 1/2004 creó el ya mencionado Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Dicho ente público, según el artículo 2 del Real Decreto 253/2006, es un órgano colegiado interministerial, al que
corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género.
Este organismo, se sirve del apoyo de la Delegación del Gobierno como órgano de recogida, análisis y difusión de información relativa a la violencia de género, procedente de las Administraciones Públicas.
El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer publicó en junio de 2007 el 'Sistema de Indicadores y Variables sobre Violencia de Género sobre el que construir la Base de Datos del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer'.
Este trabajo, avanzó una compilación de indicadores o variables estadísticas para estructurar una futura base de datos sobre violencia de género que permita analizar el fenómeno y adoptar medidas para atajarlo.
Muchos de ellos se han comenzado a incorporar en los informes anuales, aunque no se ha estructurado aún una Base de Datos sobre violencia de género, oficial y pública, que recoja la totalidad de los indicadores propuestos en el citado
documento.
Existen incluso referencias que no apareciendo en la propuesta inicial han mostrado importancia para evaluar la necesidad de implementar políticas públicas. Un caso que ejemplifica la necesidad de ampliar los indicadores quedó recogido en
el punto primero de la Proposición no de Ley sobre medidas para el apoyo y asistencia a los hijos e hijas de las víctimas mortales de la violencia de género, en particular cuando son menores (núm. expediente 162/000463). Esta iniciativa presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista ha llevado a la incorporación de información estadística sobre el número de huérfanos que han pasado a ser contabilizados desde 2013.
Un repaso detallado a los casos con resultado de muerte aparecidos en los medios de comunicación ponen en evidencia que desde 2006, no menos de 22 personas murieron en ataques por violencia sexista sin ser estas contabilizadas en las
estadísticas oficiales.
Los informes de la Fiscalía vienen recopilando en una reseña específica denominada 'Otras víctimas de violencia de género' para referir a victimas indirectas. A modo de ejemplo, la Ref. 136/11. 23/05/2011, describe un caso acaecido en
Asturias, donde S.B. 'entra en la vivienda donde residía su ex pareja derribando la puerta de acceso. En el interior se encontraban Silvia, su padre, su hermano y su actual pareja. Golpeó a Silvia y a su actual pareja, bajó de nuevo, pinchó las
ruedas de los coches, subió a la vivienda donde mató a los tres varones. Silvia resultó con heridas. No se habían interpuesto denuncias'.
Sin contabilizar las muertes de hijos/as, cuando son ocasionadas simultáneamente a la de la madre, existen desde 2006, en los cómputos seguidos a través de los medios de comunicación:
- 11 casos en el que fueron también asesinados las nuevas parejas de las mujeres acosadas.
- 7 padres o hermanos de la mujer victimizada.
- 4 fueron asesinados al intermediar en defensa de las víctimas aun sin tener ningún tipo de relación.
Estas personas que podemos denominar 'víctimas indirectas' de la violencia machista no aparecen en los datos oficiales de la Delegación del Gobierno a diferencia del procedimiento seguido para el balance estadístico en los casos de
terrorismo. Esta situación minimiza la dimensión real de la violencia contra las mujeres.
Para poder cumplir con la finalidad de dar a conocer el impacto real, es necesario tener en cuenta, estadísticamente, el número de víctimas indirectas (u 'otras víctimas' como también se las denomina en los informes de la Fiscal de Sala
Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer). Limitar la estadística al número de asesinatos obstaculiza la formulación de la respuesta técnica y política.
En otro sentido, parece razonable que para mejorar la información, sobre las consecuencias sociales y sanitarias de la violencia, más allá de los informes sobre fallecimientos se incluya, igualmente, el número de ingresos hospitalarios,
lesiones y bajas sanitarias como consecuencia de los daños producidos por la violencia de género.
Todas estas mejoras permiten la difusión del alcance real, el carácter y las consecuencias de la violencia contra las mujeres.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir, a partir del 1 de enero de 2015, en las BBDD del Ministerio del Interior, indicadores para categorizar a 'otras víctimas mortales' en casos de violencia de género, que incluyan la relación con el victimario o la víctima.
2. Que la Delegación del Gobierno incorpore para su difusión el número de víctimas mortales catalogadas en dichos informes cotejados con los informes de la Fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer como 'otras
víctimas' y que incluya en los datos estadísticos anuales un indicador específico que permita conocer los casos de personas que hayan fallecido en el marco de una agresión por violencia de género, sea 'objetivo' directo o indirecto de la agresión.
3. Realizar un proceso de revisión de los casos registrados en la BBDD del Ministerio del Interior desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para
identificar otras víctimas no cuantificadas hasta la fecha, haciendo públicos los resultados en el marco de la evaluación de los diez años de aplicación de dicha Ley.
4. Que la Delegación del Gobierno incorpore para su difusión como información relevante el número de ingresos hospitalarios por casos relacionados con la violencia de género e identifique estadísticamente el tipo de lesiones producidas por
agresiones relacionadas con ese tipo de violencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2014.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a promover una mayor eficacia en los procedimientos predictivos y de valoración del riesgo para casos de violencia machista contra las mujeres y sus hijos/as, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Desde la aprobación en el Consejo de Ministros, de 15 de diciembre de 2006, del Catálogo de Medidas Urgentes en la lucha contra la violencia de género, en que se inició el camino para la creación de la aplicación informática para el
seguimiento de los casos de violencia que unificó para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el seguimiento de las circunstancias que concurren en cada caso de maltrato se han realizado actuaciones de implantación progresiva del
sistema, que han sufrido un inexplicable parón a partir de 2011.
Los casos activos en el Sistema de Seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VdG o VIOGÉN), se les aplican más o menos medidas de seguridad (tanto obligatorias como complementarias) atendiendo a los niveles de
protección que se habilitan tras las valoraciones de riesgo. Estas medidas se adecuan a cada nivel de riesgo apreciado, protocolizando la actuación policial según los parámetros recogidos en la Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de
Seguridad.
Las valoraciones para predecir el nivel de riesgo de la víctima de sufrir una nueva agresión ('extremo', 'alto', 'medio', 'bajo' y 'no apreciado'), permiten adoptar las medidas policiales de protección y asistencia correspondientes a cada
nivel de riesgo.
Para los casos de valoración de riesgo 'bajo' y 'medio', el catálogo de medidas obligatorias y complementarias supone limitarse a informar sobre teléfonos para contactos 24 horas o mantener contactos esporádicos con las víctimas, mientras
que para los casos de riesgo 'alto' y 'extremo', supone la vigilancia permanente de la víctima y el control intensivo de los movimientos del agresor.
A lo largo de los años, la eficacia de la protección a las mujeres víctimas de la violencia de género aumentó considerablemente como consecuencia del empeño de la sociedad española de aunar esfuerzos contra la violencia machista.
Corresponde al Gobierno impulsar la mejora de los instrumentos de concienciación social, detección, prevención y protección. Se ha tratado de impulsar un mensaje claro de intolerancia social que acompañado de recursos han hecho posible
destapar la bolsa oculta de maltrato.
Hoy cada una de las 31.699 mujeres que denunciaron violencia de género en el segundo trimestre de 2014 muestra la confianza en el sistema y reclaman al Estado protección y seguridad.
Pero no todas las que denuncian consiguen una protección eficaz. A lo largo de 2013, once de las 54 mujeres muertas por violencia machista habían interpuesto denuncia. En los últimos 5 años un 23 % de las mujeres asesinadas habían
reclamado protección al Estado.
La capacidad para proteger y proteger mejor, también implica la obligación de conocer las disfunciones de los instrumentos que se habilitan para garantizar la seguridad y avanzar en la mejora de aplicación de los mismos.
La propia Ley 1/2004, en su artículo 19, impele a las administraciones públicas a 'valorar los programas y acciones' que se lleven a cabo y 'emitir recomendaciones para su mejora'.
Más del 75 % de las denuncias por violencia de género que llegan a los Juzgados, lo hacen a través de atestados policiales y son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado quienes tienen la competencia para realizar las valoraciones de
riesgo. Que esta valoración sea adecuada y se haga en tiempo, reduce la vulnerabilidad de la víctima.
Como hemos alertado en anteriores proposiciones, son demasiados los casos que apuntan a la necesidad de una urgente revisión de los sistemas de valoración, tanto del VIOGEM como del VPER, modificando no sólo los tiempos de las revisiones
periódicas de valoración, sino incorporando elementos de juicio que hasta ahora no se tienen en cuenta y realizando nuevas valoraciones de cada caso siempre que se modifiquen las circunstancias de víctima y victimario, así como del Subsistema de
Notificaciones Automatizadas.
A modo de ejemplo el caso de Almería ha puesto en evidencia que la herramienta VIOGEM -o en su defecto el uso de la misma- adoleció de capacidad predictiva adecuada, aun cuando los indicios de peligrosidad del victimario eran evidentes.
Cada uno de los casos en que la víctima reclama protección al Estado y no consigue que esta se haga efectiva, es un fracaso que no podemos permitirnos, no sólo porque se rompe la confianza en la eficacia de la denuncia, sino porque como ya nos ha
indicado Naciones Unidas 'los Estados tienen la obligación de impedir, investigar y castigar los delitos inherentes a la violencia contra la mujer'. Debemos pues no sólo tomar medidas para reprimir los actos de violencia contra la mujer, sino hacer
que estas sean eficaces.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, para garantizar una mayor eficacia en los procedimientos y mejorar la capacidad predictiva en la valoración del riesgo para casos de violencia machista contra las mujeres y sus hijos/as,
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Introducir en el protocolo de actuación la sistematización de la valoración de riesgo a la finalización de las medidas establecidas judicialmente y/o siempre que concurran modificación de las circunstancias personales de víctima o
victimario.
2. Realizar un estudio que permita analizar todos los casos con resultado de muerte en que las víctimas habían demandado protección al Estado, a fin de conocer cuándo han existido errores de apreciación y errores de cálculo para introducir
mejoras en los sistemas de protección.
3. Modificar los protocolos de valoración de riesgo establecidos hasta el momento para incorporar al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género (Sistema VdG o VIOGÉN), informaciones relevantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2014.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la elaboración de un Plan específico de acción contra la violencia padecida por mujeres mayores, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En el ámbito de la violencia de género existen colectivos especialmente vulnerables e invisibilizados. Las mujeres mayores constituyen el mejor ejemplo de esta situación. La normalización a lo largo de años de conductas violentas, el temor
a la reacción del entorno social y familiar, la dependencia económica y frecuentemente psico-física y un cúmulo añadido de factores dificultan cuando no impiden desvelar en toda su magnitud la violencia machista que se ejerce contra las mujeres de
la tercera edad.
Las mujeres mayores, tras largos periodos de sufrir situaciones de violencia, con frecuencia han normalizado los malos tratos y apenas son conscientes de que estas conductas no se adecuan a la legalidad ni a la 'normalidad' en las relaciones
interpersonales. La inercia y la dependencia económica y emocional juegan un factor fundamental, junto con la falta de información y el desconocimiento de los procedimientos y recursos a los que pueden optar, en la pervivencia de las situaciones de
violencia de género que sufren las mujeres de la tercera edad.
Son las mujeres mayores, en un 66 %, la mayoría de las víctimas en situaciones de malos tratos inferidos a las personas ancianas según un estudio del Centro Reina Sofía. Las agresiones machistas provienen no sólo de su pareja, sino, en
buena parte de las personas dedicadas a los cuidados de estas mujeres. Los malos tratos físicos, psíquicos o sexuales presentan un cariz de extrema gravedad al
producirse sobre víctimas cuya indefensión es manifiesta tanto en lo que concierne a su situación psicofísica como a la dependencia económica, emocional y de cuidados.
Según datos reflejados en la Estrategia Nacional contra la violencia de género, las mujeres mayores de sesenta y cinco años constituyen el colectivo que significativamente menos denuncia. Según la macroencuesta de 2011, el 6,7 % de las
mujeres de esta edad encuestadas afirman haber sido víctimas de violencia alguna vez en la vida, frente a la media del 10,9 % en el total de encuestadas. Esta misma proporción se recoge en macroencuestas de años anteriores constatando así el escaso
reconocimiento de la violencia de género por parte de las mujeres mayores.
De entre las víctimas de violencia de género mayores de 65 años, el 87,7 % presentan un nivel formativo muy bajo, sin estudios o con estudios primarios, casi un 8 % más que la media del total de mujeres encuestadas, de lo cual se puede
deducir la dificultad en el reconocimiento de la gravedad de la situación y en la búsqueda de soluciones. Así se constata ya que durante el periodo comprendido entre 2003 y 2012, el 12,9 % de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas
contaban con 65 años o más.
Maltratadas por ser mujeres, por ser mayores o por ambas características simultáneamente, estas encuestas ponen el punto de mira en que ser mujer y mayor es un factor de alto riesgo en relación con la violencia machista.
A esta violencia se une la violencia intrafamiliar perpetrada, en ocasiones, por hijos, nietos u otros familiares evidenciando un efecto multiplicador y perpetuador de conductas machistas aprendidas e interiorizadas a lo largo de
generaciones.
Esta violencia de género encubierta y silenciada precisa de visibilización para erradicar situaciones extremadamente graves que sufren multitud de mujeres en la última etapa de sus vidas.
Teniendo en cuenta las tasas de esperanza de vida de las mujeres que indican que la población femenina aumenta desproporcionadamente respecto a la masculina conforme la población en general va envejeciendo, nos encontramos con una población
susceptible de sufrir violencia machista en edades tardías en las que los malos tratos están 'naturalizados', asumidos e incluso perpetuados.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un plan específico de prevención y atención de la violencia de género de las mujeres de la tercera edad, que incluya a todos los actores relacionados con la convivencia, el cuidado
y la atención de este colectivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
situación de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos en zonas rurales y municipios pequeños, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Casi cualquier problema que analicemos y de cualquier materia, si lo extrapolamos a las zonas rurales y sobre todo a municipios pequeños, las dimensiones del problema se ven incrementadas y agravadas, a veces, hasta de forma dramática. Esto
es lo que sucede en materia de la atención a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos en las zonas rurales.
En municipios pequeños de la zona rural, los ayuntamientos no disponen de recursos suficientes para la prevención, atención y acogimiento de víctimas de violencia machista. No existen en la mayoría de los pueblos de referencia, campañas de
prevención, ni mecanismo de detección, no disponen de personal
especializado, los servicios sociales son prácticamente inexistentes, en muchas ocasiones mancomunados, con servicio fuera del municipio en el que residen, y sin opciones de transporte público que conecten los núcleos con el Centro que
ofrece los servicios.
La falta de recursos sociales suficientes, se une a la falta de asistencia sanitaria en horarios de tarde/noche en la mayoría de pueblos, el resultado es de una gran indefensión para las víctimas y sus hijos, y para los responsables locales,
o asociaciones de mujeres, que viven con angustia la falta de recursos disponibles a su alcance, para ofrecer una solución cuando se plantea un problema grave.
En lo referente a los responsables políticos locales y las directivas de las Asociaciones de Mujeres, tenemos que resaltar, la falta en la mayoría de los casos de formación específica suficiente, que sus profesiones y trabajos les mantienen
fuera del municipio una parte importante del día, no cuentan con Técnicos especializados, en muchos casos no disponen de policía local y toda institución pública local y servicio asistencial, por insuficiente que estos sean en horario de mañana, es
nulo a partir de las 15.00 horas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales,
1. Promueva campañas de concienciación específicas para zonas rurales y municipios pequeños.
2. Dote de personal técnico especializado a las distintas áreas de intervención frente a la violencia de género, sin olvidar la prevención, especialmente en el ámbito educativo, y la persecución del agresor. Y de los recursos materiales
que permitan una correcta detección y atención de la mujer que padece esta violencia machista. A estos efectos, se incrementarán los recursos sociosanitarios encaminados a la detección y asistencia en el maltrato de mujeres y menores víctimas de
esta violencia.
Con el fin de hacer real estas dotaciones, para los pequeños municipios se podrán articular fórmulas mancomunadas.
3. Derogue la reforma local en aquellos aspectos que impiden o dificultan la asunción por los Ayuntamientos de competencias sustanciales en la atención de las mujeres víctimas de violencia de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2014.-María Virtudes Cediel Martínez, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
formación en prevención, detección precoz, valoración de riesgo, asistencia y recuperación ante la violencia de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La violencia de género es la manifestación extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres, y es además en el ámbito de las relaciones de pareja donde ésta tiene su máxima expresión. En este espacio, la magnitud del fenómeno violento
cuestiona día a día los derechos fundamentales de muchas mujeres -derecho a la vida, a su integridad física y psíquica, a su salud, a su dignidad y libertad-, que constituyen valores inviolables de la persona.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, en su artículo 1, recoge: 'La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones
similares de afectividad, aun sin convivencia'.
En dicha Ley se establece la necesidad de una actuación integral, integrada, coordinada y rápida, que detecte a las mujeres que sufren la violencia y les dé atención, seguridad y apoyo posterior para su recuperación.
Siguiendo la Ley, se diseñó un Plan Nacional de sensibilización y prevención para combatir la violencia de género, en el cual todas las personas implicadas en la lucha contra la violencia de género comparten conceptos y directrices básicas
con las que orientar su labor.
Los profesionales que atienden en cada uno de los eslabones de la cadena, en la atención integral de la violencia de género, deben de tener las competencias, en términos de especialización, necesarias para hacer su trabajo lo mejor posible.
Para conseguir estas habilidades y aptitudes profesionales, además de unos protocolos adecuados -algunos de los cuales deberían ser revisados tras su previa evaluación-, se necesita una formación específica inicial y permanente relativa a la
igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género de todo el personal profesional que interviene frente a este fenómeno violento, desde ámbito educativo, sanitario, judicial, servicios sociales, fuerzas de seguridad, sin
olvidar los medios de comunicación social.
En concreto en el ámbito sanitario, en atención primaria, pero también en otras especialidades como ginecología, pediatría, urgencias y salud mental, entre otros, esta formación es especialmente necesaria, por ser su singular importancia en
detección, y, por ende, por tratarse de una de las puertas de entrada al sistema integral de protección.
La especialización es un principio de la Ley Integral por tratarse de una pieza fundamental para encarar el problema desde sus primeras manifestaciones. Gracias a esta especialización, todas las personas que intervienen frente a esta
violencia machista están capacitados para desempeñar un papel crucial en su detección, ya que la mayoría entran en contacto con las mujeres que la padecen en algún momento de su vida. Sirviéndonos nuevamente como ejemplo el ámbito sanitario, a
través de consultas a demanda y preventivas, embarazo, parto, cuidado médico de los hijos o hijas, cuidado de las personas mayores. Además, las mujeres que sufren cualquier forma de violencia de género acudirán con mayor frecuencia a los servicios
sanitarios, en particular a Atención Primaria, Urgencias, Obstetricia y Ginecología y Salud Mental.
El Plan Nacional recoge como objetivo estratégico que se mejore la respuesta frente a la violencia de género, para ello se marcan ejes estratégicos en justicia, seguridad, salud, servicios sociales, información educación, comunicación.
Entre los Ejes transversales, que establece dicho Plan se incluye la Investigación y el estudio, y la formación y especialización de profesionales, estableciendo medidas de formación continuada en los ámbitos de justicia, seguridad, salud, servicios
sociales, educación, comunicación. Asimismo, se establece la formación y especialización inicial de profesionales, con la introducción de formación en igualdad en todas las diplomaturas y para que en los programas de especialización de las
profesiones sociosanitarias se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta forma de violencia.
Las competencias para esta formación se desarrollan entre los distintos agentes responsables, Comunidades Autónomas y Estado (Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado, Consejo General del Poder judicial, Ministerio de Interior,
Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, etc.).
Los profesionales de todas las categorías, de los ámbitos de la salud, justicia, educación, seguridad, etc. tienen un papel fundamental en todo el proceso que sufre una mujer que es víctima de la violencia machista y son un eslabón
fundamental en toda la cadena que tiene que prestar una atención global, integrada y coordinada. Una cadena que debe de ser muy fuerte para que no haya fallos, porque eso puede significar una mujer que sufre en silencio durante toda su vida, o una
mujer más en la suma de asesinatos por violencia machista.
Los datos sobre la violencia de género, siguen siendo alarmantes, a 11 de noviembre de 2014, son ya 43 las mujeres que han sido asesinadas por ser mujeres. Hasta junio habían denunciado 62.110 mujeres. De las mujeres asesinadas, habían
denunciado solo 13, un 30 %, y de ellas dos habían retirado la denuncia. Una situación muy preocupante. Nos cuesta detectarlas, nos cuesta que se atrevan a ponerse en contacto con las personas que le pueden ayudar y, cuando lo hacen, le fallamos.
Ante esta situación es urgente, revisar todos los eslabones de la cadena, para detectar las áreas de mejora y tomar todas las medidas para corregirlas.
Al respecto, es importante señalar que el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención fue evaluado por última vez en 2009, desconociendo cuáles serían las áreas de mejora en la actualidad.
Esta evaluación continua de las actuaciones emprendidas tiene que ser una tarea de todos los agentes implicados, incluido el nivel político, el nivel institucional, centros operativos y sociedad en general.
El grupo parlamentario socialista junto con organizaciones, instituciones y profesionales han planteado en reiteradas ocasiones un gran pacto social y político por la seguridad de las mujeres y contra la violencia de género, pacto que no ha
sido aceptado por el Gobierno. Fruto de reuniones a nivel nacional y europeo, se plantearon propuestas para hacer frente a la situación de emergencia que vivimos, entre estas propuestas se incluían 'garantizar la educación, sensibilización y
prevención en la familia, en el sistema de salud, el sistema educativo, medios de comunicación y redes sociales'.
El Gobierno plantea una estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer (2013-2016) en la que se recoge la formación como un eje transversal, la formación y sensibilización de agentes. Ahora bien, en este punto no
se plantean medidas para garantizar una formación en la que se establezcan criterios comunes, ni la elaboración de materiales formativos comunes que, por ejemplo, evite las desigualdades en el territorio. Asimismo, no se establecen calendarios para
la formación de todos los profesionales ni los indicadores para poder auditar o evaluar las actuaciones formativas en todo el Estado. Y de todos es sabido que las actuaciones que no se evalúan con unos indicadores determinados previamente no
permiten detectar las áreas de mejora para tomar medidas que las corrijan.
En el ámbito sanitario, por ejemplo, el Ministerio solo sería responsable de actualizar los criterios de calidad para la formación básica de los profesionales sanitarios. Consideramos que, aunque las competencias sanitarias estén
transferidas a las Comunidades Autónomas, el Ministerio no puede hacer dejación de sus funciones en un tema tan importante, en el que tendría que garantizar en coordinación con las Comunidades Autónomas, una formación común y suficiente para que
todos los profesionales tengan las competencias necesarias en atención a la violencia de género. Aparte del presupuesto suficiente para que las Comunidades Autónomas puedan asumir sus competencias.
En la Estrategia referida, no se hace referencia a un área específica que debe de ser prioritaria en la formación: la valoración del riesgo. La valoración del riesgo es una herramienta clave para la prevención de esta violencia. Hay que
ser conscientes de que a la hora de enfrentarse a la valoración del riesgo en violencia de género la percepción y las circunstancias de estas mujeres tienden a minimizado, desde la idea de que es algo que ha estado siempre en las relaciones de
pareja, hasta el futuro incierto tras abandonar la relación, que también se percibe como un riesgo. Por ello, es especialmente prioritario capacitar a todos los profesionales en esta valoración para garantizar la seguridad de las mujeres, habida
cuenta del círculo de maltrato en que se encuentran inmersas estas mujeres -agresión, perdón, rehabilitación del maltratador-, y de la creencia de que se conoce muy bien la realidad en que se vive dentro de la relación violenta y se piensa que se
puede controlar si no se superan ciertos límites e imposiciones. Estas percepciones también forman parte del riesgo en la violencia de género, por lo que hay que conocerlas, para desactivarlas, y el mejor camino es la formación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, adopte, entre otras, las siguientes medidas para avanzar en la necesaria especialización del personal profesional que interviene frente a
la violencia de género:
- Evaluar la formación realizada en cada ámbito de actuación en relación con la violencia de género.
- Establecer de forma urgente un plan de formación específica inicial y permanente, en todos los ámbitos de actuación en violencia de género, en el que se establezcan objetivos de la formación, con criterios comunes y de calidad en todo el
territorio, con un cronograma de implantación y sistema de evaluación, con los indicadores de estructura, proceso y, sobre todo, resultados. Con dotación presupuestaria suficiente.
- Que dicho plan incluya de forma específica la formación adecuada en la valoración de riesgo que compete sobre todo a los profesionales que intervienen en el ámbito de la justicia, sanidad y seguridad.
- Evaluar los protocolos de actuación ante la violencia de género en cada uno de los ámbitos de actuación frente a este fenómeno violento, y la necesaria formación para su correcto desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2014.-Gracia Fernández Moya, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
creación de un Plan Específico de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género en el ámbito educativo para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La violencia de género es fruto de la desigualdad que todavía sufren las mujeres. No se puede construir una sociedad igualitaria si hay hombres que puedan pensar que, vinculados a las relaciones afectivas está el sometimiento, el miedo y el
maltrato de las mujeres.
La violencia machista mata año tras año a muchas, demasiadas mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres. Las mujeres víctimas merecen que tomemos medidas que les permitan sentirse seguras y protegidas, amparadas y defendidas por las
administraciones públicas.
Luchar contra la Violencia de Género, combatirla hasta que desaparezca de nuestras vidas, debe convertirse en un compromiso político y social de la máxima prioridad. Se trata de una cuestión de derechos humanos y de disfrute de libertades
fundamentales.
La prevención y la sensibilización son fundamentales para conseguir la complicidad de la sociedad y del entorno, como son imprescindibles para que las mujeres puedan reunir fuerzas suficientes y afrontar la denuncia de la violencia que
sufren. El papel de las Administraciones Públicas es esencial para poner en marcha todos los recursos necesarios para proteger y apoyar su decisión.
La educación es, también, un eje fundamental e imprescindible. Debemos educar desde la escuela a que se aprenda a vivir en igualdad y a que la violencia no debe formar parte de nuestras vidas. La coeducación o educación en y para la
igualdad de oportunidades es una de las bases sobre las que se puede prevenir la violencia.
El sistema educativo es uno de los marcos idóneos para acabar con la desigualdad. Los centros educativos deben ser espacios de libertad, igualdad, respeto y convivencia. La educación es una herramienta eficaz para abordar desigualdades:
la mejor educación es la que se hace en igualdad. El aprendizaje debe ser significativo, profundo y transformador: más educación frente a la Violencia de Género.
Los centros escolares son, sin duda, uno de los espacios privilegiados para aprender a relacionarnos en igualdad. Cada día, durante varias horas, los niños y niñas, los más jóvenes, comparten nuevas experiencias que les llevan a conocerse
un poco mejor, a relacionarse desde el respeto mutuo o a comunicarse desde la complicidad. Aprender cuáles son los derechos que tenemos como mujeres y como hombres.
La eliminación de la asignatura 'Educación para la Ciudadanía' ha supuesto un vacío importante para abordar desde las edades más tempranas la prevención en comportamientos que generan la violencia machista.
El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La ley integral contra la violencia contempla tres claros objetivos: apoyar a las víctimas, perseguir a los agresores y alertar a la sociedad española de la necesidad de combatirla, dejando atrás siglos de opresión y de silencio cómplice.
Pero para lograr estos fines tiene que ir acompañada de campañas de sensibilización, prevención, información y protección efectiva para que no tengamos que seguir lamentando muertes y agresiones. La Ley nos da un mensaje positivo: la violencia de
género no queda impune, las víctimas no están solas.
Asimismo, es evidente que la Ley debe dotarse de los recursos suficientes para su aplicación, pero los recortes presupuestarios se han vuelto a cebar también contra esta lacra social sufriendo una reducción de más del 22 % desde la llegada
del PP al Gobierno. Prácticamente han eliminado las campañas de sensibilización y prevención.
Todas estas razones ponen en evidencia que es urgente y necesario redoblar esfuerzos contra la violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y
todos los recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años.
Por todo ello, el Grupo Parlamentaro Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La creación de un Plan Específico de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género en el ámbito educativo. Dicho Plan contará con la financiación necesaria dentro de los Presupuestos Generales del Estado y estará coordinado
entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas, la comunidad escolar, los agentes sociales, la FEMP, y las Organizaciones de Mujeres.
2. A través de dicho Plan, el Gobierno establecerá un programa específico de atención psicopedagógica para los hijos e hijas de las víctimas de la violencia de género, mediante la designación, cuando sea necesario, tanto de profesores de
apoyo educativo como de psicólogos y psicopedagogos para un acompañamiento psicológico y emocional.
3. Recuperar las asignaturas de 'Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos' y 'Educación Ético-cívica' y con ello, entre otros, restablecer el currículum sobre Género, específicamente, el análisis y la reflexión sobre la Igualdad
entre hombres y mujeres y la violencia de género, tal y como recomendó el Consejo de Estado en su Dictamen de 18 de abril de 2013.
Asimismo, adoptará, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Universidades, las medidas necesarias que permitan implantar estudios superiores en Igualdad de Género.
4. Impulsar el cumplimiento de la Disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para que las universidades cuenten entre sus
estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2014.-Susana Ros Martínez, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley para el incremento de plazas destinadas a viajeros que no abandonan su silla de ruedas en los trenes de alta velocidad.
Antecedentes
A lo largo de la anterior legislatura nuestro Grupo Parlamentario registró diversas iniciativas relacionadas con las plazas reservadas para sillas de ruedas autónomas en los trenes de alta velocidad, entre otras reivindicaciones como: la
gratuidad de los billetes para los asistentes personales.
En concreto, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 28 de abril de 2010, aprobó con modificaciones una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno a estudiar esta posible ampliación de
plazas y una modificación de las tarifas de los asistentes personales para aquellos casos estrictamente necesarios.
Los objetivos de la Proposición no de Ley se basaban en modificar el decreto por el que se rige el número de plazas para personas con discapacidad que se mueven con sillas autónomas en los trenes, en especial de alta velocidad, teniendo en
cuenta que las plazas se determinan de acuerdo a la longitud del tren. En el caso de los trenes de alta velocidad al medir 200 metros de largo les corresponde dos plazas. El hecho de que un tren, como es el caso de un AVE, disponga únicamente de
dos plazas dificulta que estas personas puedan moverse en grupo -no pueden ir más de dos- para dirigirse por ejemplo a una convención. Muchas veces se ven obligadas a escoger horarios que les hacen perder todo el día, o bien, desplazarse el día
anterior. Es decir, las personas que tienen que desplazarse con su propia silla no pueden elegir el horario que más les
conviene o que más necesitan cuando quieren viajar en AVE. En este sentido, nuestro Grupo Parlamentario sugirió que de las ocho sillas que se encuentran situadas detrás de la cabina del conductor, que normalmente permanecen vacías, dos de
ellas se habilitasen para personas discapacitadas que se desplazan en sillas autónomas. Además de la modificación del citado Decreto, se pretendía que se estableciera el billete gratuito de tren para el asistente personal con discapacidad igual o
superior al 65 por ciento.
Los argumentos expuestos en el párrafo anterior siguen siendo válidos puesto que trascurrido el tiempo no hay ningún indicio de cambio en relación a las plazas disponibles para personas que viajan en sillas de ruedas autónomas, dato
fácilmente verificable en la página web de RENFE. Es por ello que nuestro Grupo Parlamentario considera pertinente volver a insistir en la reivindicación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad, con la finalidad de incrementar las plazas destinadas a viajeros que no abandonan su silla de ruedas, independientemente de la longitud del tren.
Asimismo, insta al Gobierno a establecer el billete de tren gratuito para el asistente personal que ha de acompañar en sus desplazamientos a las personas con discapacidad igual o superior al 65 %.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/002404
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
'¿Cuáles son las razones del retraso en la construcción de la nueva cárcel en Zubieta-San Sebastián, cuyo inicio se aplazaría como poco hasta el año 2017 cuando el compromiso inicial fijaba la adjudicación de las obras a finales de este año
2014?'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.
181/002405
Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ricardo Sixto Iglesias
Texto:
¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno para paliar la situación de violencia que está sufriendo el colectivo LGTBI y grado de efectividad de los protocolos que está utilizando la policía ante estas agresiones así como su conocimiento
por parte de ésta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2014.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.