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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 547, de 28/10/2014
cve: BOCG-10-D-547
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de octubre de 2014
Núm. 547
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la persecución de cristianos en el mundo, y especialmente en Irak y Siria ... (Página4)
161/003110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en apoyo al pueblo kurdo ... (Página5)
161/003115 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre actuaciones para el fin de la ocupación y el reconocimiento del Estado Palestino como soberano ...
161/003116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento del Estado de Palestina ... (Página7)
Comisión de Defensa
161/003105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo y colaboración en las distintas actuaciones que se celebrarán en 2015 con motivo del centenario de la Base Aérea de Los
Alcázares ... (Página8)
161/003106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la conmemoración del centenario de la creación del arma submarina ... (Página9)
161/003118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la instauración de un protocolo para la prevención y protección de las víctimas que denuncien acoso en la actividad profesional de las Fuerzas Armadas
... (Página11)
Comisión de Economía y Competitividad
161/003117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las negociaciones de Estados Unidos-Unión Europea sobre el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Unión Europea y posición del Gobierno español ...
(Página13)
Comisión de Fomento
161/003102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la 'Plataforma Logística Intermodal Pasaia-Irún' en Gipuzkoa ... (Página14)
161/003109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las viviendas vacías de la estación ferroviaria de Sant Vicenç de Calders ... (Página16)
161/003114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de reforzar el personal en las cabinas de pago de la autopista AP-9 en Galicia por parte de la concesionaria AUDASA para atajar el problema
de los atascos ... (Página17)
Comisión de Educación y Deporte
161/003107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la equiparación del IVA de los materiales didácticos y libros de texto en formato digital y en formato de papel ...
161/003113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la actualización del profesorado de Formación Profesional ... (Página19)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la defensa de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en Andalucía ... (Página20)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reducción, recuperación y reutilización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ...
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre respuesta a la epidemia del ébola ... (Página22)
161/003103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la recuperación del Hospital Carlos III como Centro de Referencia Nacional para patologías infecciosas, tropicales y
enfermedades de carácter epidémico ... (Página24)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la revisión de la señalización ... (Página25)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/002079 Pregunta formulada por la Diputada doña Esperança Esteve Ortega (GS), sobre instrucciones o protocolos que determinan la forma de emplear el uso de la fuerza en las actuaciones de control de las fronteras de Ceuta y Melilla ...
(Página26)
181/002080 Pregunta formulada por la Diputada doña Esperança Esteve Ortega (GS), sobre explicación de la repatriación de una persona que cayó tras recibir varios golpes en estado de aparente inconsciencia al punto de origen ...
181/002081 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre tipo de imágenes que el Gobierno pretende sancionar como infracción grave previstas en la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana ...
(Página27)
181/002082 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre responsabilidad que va a asumir el Delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Melilla por la trasgresión de las normas exigidas en la
actuación de los agentes que controlan la frontera de Melilla ... (Página27)
181/002083 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre medidas para que cesen las prácticas inhumanas y la vulneración de derechos de los inmigrantes en la valla de Melilla ...
181/002084 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si se están cumpliendo adecuadamente los principios de proporcionalidad y otros que deben regir la actuación de
los responsables del control de las fronteras en Melilla ... (Página28)
Comisión de Fomento
181/002069 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre forma en la que se piensa maximizar y sincronizar la 'macro-inversión' del corredor ferroviario, con las infraestructuras de los puertos base del
Mediterráneo español, esencialmente Barcelona y Valencia ... (Página28)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la
Comisión de Asuntos Exteriores una Proposición no de Ley sobre la persecución de cristianos en el mundo, y especialmente en Irak y Siria.
Exposición de motivos
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, los estados se comprometieron a respetar y a hacer cumplir el conjunto de los derechos humanos, civiles, económicos, políticos, sociales y culturales, entre los
que se incluye el derecho de todas las personas a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
De acuerdo con esta Declaración, todo el mundo tiene los derechos y las libertades proclamadas sin ningún tipo de distinción de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión o de cualquier otro tipo, origen nacional o social, fortuna,
nacimiento o cualquier otra condición.
Ahora bien, los estudios de organizaciones internacionales independientes coinciden cuando destacan que las hostilidades sociales relacionadas con la religión, las restricciones gubernamentales en materia religiosa y el abuso de las minorías
religiosas crece año tras año. Esta situación se reproduce prácticamente en todas las grandes regiones del mundo. De entre las diferentes confesiones religiosas que sufren acoso, restricciones o persecución, las iglesias cristianas ocupan un lugar
preeminente. Los cristianos, efectivamente, son la confesión más afectada, sufriendo restricciones, hostilidades o acosos en 151 países de todo el mundo.
Últimamente, esta situación se ha agravado en algunos países de Oriente Medio. Cada vez más las minorías cristianas de estos países son perseguidas por el hecho de profesar su fe.
Desgraciadamente, las matanzas sistemáticas de etnias y pueblos también tienen mucho que ver con las creencias y la religión. No en vano, algunos de los episodios más dramáticos que se han vivido en los últimos meses en Irak y Siria han
sido calificados por historiadores y analistas internacionales como 'un crimen contra la civilización y contra la humanidad'.
Ante esta persecución, muchas han sido las voces que se han alzado para denunciar la situación y al mismo tiempo para hacer llamadas a favor de la paz, la convivencia y la reconciliación. Diferentes jefes de estado y de confesiones
religiosas así como muchas otras personalidades de otros ámbitos se han referido a ello en reiteradas ocasiones y han promovido personalmente actuaciones en esta línea.
Desde Convergència i Unió queremos hacernos eco de esas voces que han denunciado la persecución y el asesinato de cientos de personas y la consiguiente vulneración flagrante del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos. No se trata únicamente de una cuestión religiosa, sino de la garantía de una serie de libertades, como son la
libertad de creencia y no creencia y sobre todo se trata del respeto a la libertad de conciencia y del derecho a la vida cuando es conculcado, en este caso, por razones de religión.
Por todo ello, y al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Manifestar públicamente su apoyo a las iniciativas promovidas por parte de instituciones internacionales para condenar y detener las muertes y las persecuciones basadas en motivos religiosos que están sufriendo las comunidades cristianas
en algunos países de Oriente Medio.
- Mostrar ante las instituciones internacionales su denuncia y rechazo ante las persecuciones y crímenes de los que están siendo víctimas los cristianos en Irak y Siria, pero también en otros lugares del mundo.
- Liderar acciones para luchar contra estos crímenes con el fin de garantizar su derecho a la vida y a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, contemplados en la Declaración de los Derechos Humanos.
- Apoyar a las entidades y organizaciones internacionales que están realizando ayuda humanitaria a los desplazados con motivo de esta persecución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en apoyo al
pueblo kurdo, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Los ataques violentos en contra del Kurdistán iniciados hace dos años se han vuelto especialmente violentos en los últimos meses y sitúan hoy a la población de Kobane (Kurdistán bajo administración siria) ante la crónica de una muerte
anunciada. Dichos ataques llevados a cabo por el ISIS, buscan por un lado la limpieza étnica eliminando a la población kurda y por otro lado suprimir la experiencia multicultural laica y netamente democrática a través de la autonomía instaurada en
Rojava (Kurdistán sirio), modelo de convivencia en un entorno tan convulso.
Especialmente dramática es la situación de Kobane. Una ciudad sitiada por los ataques del ISIS, donde existe un riesgo real de masacre a gran escala de la población kurda.
De igual forma, los ataques del ISIS se han extendido ahora a la región del Kurdistán sur bajo la autoridad del Gobierno Regional de Kurdistán (KRG) donde además de los ataques se está produciendo un éxodo masivo a la región de Grupos
étnicos y religiosos que huyen de las regiones bajo control del ISIS en Irak.
Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'1. Mostrar la solidaridad y apoyo al pueblo kurdo, en especial a la población de Kobane y Rojava, en su lucha por la supervivencia y la libertad.
2. Denunciar la escalada militar, encabezada por el ISIS, que amenaza a este territorio kurdo y ha causado ya un gran éxodo de población civil.
3. Responder positivamente a las solicitudes de ayuda humanitaria por parte de las autoridades kurdas.
4. Solicitar a las autoridades turcas, que, en arreglo a la solicitud de la ONU, facilite el tránsito de armas y de personas que desean acudir a defender a la población kurda de Rojava.
5. Promover en el seno de las Naciones Unidas las medidas necesarias para impedir un genocidio de la población kurda tanto en el Kurdistán bajo administración siria como en el Kurdistán bajo administración irakí.
6. Respaldar el derecho de autodeterminación del pueblo kurdo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2014.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xabier Mikel Errekondo, Diputado de Amaiur; Joan Tardà i Coma, Diputado de ERC; doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del BNG, y don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Nueva Canaria, integrados en el Grupo Parlamentario Mixto; y don
Joan Josep Nuet Pujals, Diputado de La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley por el fin de la ocupación y el reconocimiento del
Estado Palestino como soberano, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Este verano el conjunto de la población mundial ha presenciado indignada cómo Gaza, una ciudad sitiada y bloqueada durante años, ha sido sometida a un ataque brutal por tierra, mar y aire que ha provocado la muerte de centenares de personas.
Desde la ocupación ilegal de 1967, Israel ha desarrollado acciones político-militares como la construcción de asentamientos en Cisjordania, el desplazamiento masivo de la población, la construcción del Muro de Separación y la anexión de
Jerusalén oriental, etc. Actuaciones todas ellas contrarias al derecho internacional.
Ante esta constante violación del derecho internacional es necesario establecer las bases para terminar con esta situación insostenible y para que tanto la ciudadanía palestina como la israelí puedan vivir en una situación de paz con
justicia.
Es necesario que se respeten las leyes y las resoluciones internacionales. Es preciso que, desde la comunidad internacional, se actúe para que Israel ponga fin a la ocupación.
Como ya señaló el presidente palestino, Abu Abbas, ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2012, 'la agresión israelí contra la franja de Gaza ha confirmado una vez más la necesidad urgente y apremiante de poner fin a la ocupación
israelí y de que Palestina pueda alcanzar su libertad e independencia. Esta agresión también confirma la continuación por parte del Gobierno de Israel de su política de ocupación, fuerza bruta y guerra, que a su vez obliga a la comunidad
internacional a asumir sus responsabilidades para con el pueblo palestino y la paz'.
Por ello, y desde la asunción de esta responsabilidad, es necesario adoptar medidas que conlleven al fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino en las fronteras previstas en las resoluciones de Naciones Unidas.
Es necesario asimismo responder de manera urgente a la crisis humanitaria derivada del brutal ataque contra la población de Gaza y a las necesidades de reconstrucción. Medidas todas ellas que exigen ir más allá de las declaraciones de
condena.
Por todo ello, el Congreso solicita al Gobierno de España a:
'1. Reconocer al Estado Palestino como Estado soberano.
2. Instar a las autoridades israelíes a retomar las negociaciones para alcanzar en el plazo más breve posible, y dentro de un cronograma definido, un acuerdo pacífico que ponga fin sin más demora a la ocupación de todos los territorios
palestinos ocupados desde 1967 -incluida Jerusalén Este- y que permita a ese Estado soberano palestino coexistir en paz con el actual Estado de Israel. El acuerdo debe incluir asimismo una solución justa en relación a los refugiados palestinos, así
como para las personas presas.
3. Exigir a Israel levantar completamente el bloqueo militar sobre el territorio de Gaza y abrir los pasos fronterizos.
4. Instar a los Estados miembros de la ONU a aumentar la ayuda humanitaria y participar en la reconstrucción y la recuperación económica de Gaza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2014.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Rosana Pérez Fernández, Pedro Quevedo Iturbe y Joan Tardà i Coma, Diputados.-Joan Josep Nuet Pujals, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
reconocimiento del Estado de Palestina, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El próximo 30 de octubre hará veintitrés años de la celebración de la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. Esa cumbre, en la que estuvieron presentes todos los actores implicados en el proceso, fue una reunión histórica porque, por primera
vez en el conflicto, israelíes y palestinos se sentaban en la misma Mesa para dialogar. La cumbre también fue un hito para el proceso de la cuestión palestina al fijar los parámetros para todas las futuras negociaciones, que llegaron en 1993 con
los Acuerdos de Oslo, que permitieron crear un autogobierno -aunque con limitaciones- para los palestinos. Así nació la Autoridad Nacional Palestina.
Más de veinte años después, podemos extraer dos consideraciones importantes. La primera es que la comunidad internacional ha alcanzado un alto grado de consenso sobre cómo alcanzar una paz global, justa y duradera en Oriente Medio. Esta
paz debe producirse a través del diálogo y la negociación entre las partes, con el objetivo de lograr la coexistencia de dos Estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina independiente, democrático, con continuidad territorial, soberano y
viable, que convivan en paz y seguridad, con fronteras definidas de acuerdo con las vigentes en 1967 con los intercambios de territorios que se acuerden.
La segunda consideración, que también es ampliamente compartida por la comunidad internacional, es que se ha extendido la sensación de que el proceso que se inició en Madrid en 1991 ha agotado sus posibilidades. En estas más de dos décadas
se ha avanzado poco en el proceso de paz y en la construcción de una vecindad segura. La última ofensiva militar de Israel sobre Gaza del pasado verano, que ha dejado un balance de más de 2.100 personas muertas, en su inmensa mayoría civiles
palestinos, incluyendo casi 500 niños y niñas, ha contribuido a generar este sentimiento de frustración, por un lado, ante la incapacidad de lograr una solución definitiva del conflicto y, por otro lado, un sentimiento de indignación ante el
desastre humanitario de una magnitud sin precedentes.
Existe, por tanto, un cierto consenso sobre la necesidad de ser más innovadores y superar la actual estrategia negociadora del Cuarteto. De hecho, con este ánimo en los últimos años se han dado pasos significativos en el reconocimiento del
Estado de Palestina. A finales de 2011, Palestina fue admitida como Estado miembro en la UNESCO y, un año más tarde, en 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas concedió a los Territorios Palestinos la condición de Estado 'observador'. Ambas
decisiones, en las que el Gobierno de España ha jugado un papel promotor entre sus socios europeos, han dado a los palestinos renovada legitimidad en su lucha contra la ocupación a la vez que han supuesto una llamada de atención mundial sobre la
urgente necesidad de poner fin a un problema que explica en gran medida el clima permanente de inestabilidad y violencia en Oriente Medio.
Asimismo, el Congreso de los Diputados ha debatido la cuestión del reconocimiento del Estado de Palestina en distintas ocasiones, lográndose un consenso de todas las fuerzas políticas para, por un lado, instar al Gobierno a apoyar los
esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, y especialmente en
el seno de la Unión Europea, con el objetivo de alcanzar, a través del diálogo y la negociación, una paz justa, global y duradera. Y, por otro lado, 'apoyar de manera coordinada con la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino,
como Estado soberano, contiguo, democrático e independiente que conviva en paz y seguridad con el Estado de Israel' (Resolución núm. 34 del Debate sobre el Estado de la Nación, aprobada el 30 de junio de 2011).
En esta misma línea asistimos al reconocimiento del Estado palestino en países de nuestro entorno europeo. Con anterioridad a su incorporación a la Unión Europea, reconocieron de hecho el Estado palestino países como Hungría, Polonia y
Eslovaquia. En este mismo sentido se acaba de pronunciar el nuevo gobierno sueco, encabezado por el socialdemócrata Stefan Lófven, asegurando que 'el conflicto entre Israel y Palestina solo puede resolverse con una solución negociada por dos
Estados, de acuerdo con las leyes internacionales' y, por ello, 'la solución requiere el reconocimiento mutuo y una coexistencia pacífica'.
Igualmente, el Parlamento británico, a raíz de una moción promovida por diputados laboristas, ha aprobado que el Gobierno debería proceder a reconocer el Estado de Palestina junto al Estado de Israel, como contribución para asegurar la
solución negociada de dos Estados.
España debe seguir este camino, manteniendo el liderazgo que ha tenido tradicionalmente en el impulso de una solución al conflicto palestino-israelí.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer a Palestina como Estado, sujeto de derecho internacional, en la convicción de que solo a partir de la coexistencia de los dos Estados, Israel y Palestina, pueden alcanzarse mediante el diálogo y la negociación los acuerdos que
garanticen la paz y la seguridad para ambos, el respeto a los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas y la estabilidad de la zona.
2. Promover de manera coordinada con la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino, como Estado soberano, contiguo, democrático e independiente que conviva en paz y seguridad con el Estado de Israel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2014.-Trinidad Jiménez García-Herrera, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/003105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo y colaboración en las distintas
actuaciones que se celebrarán en 2015 con motivo del centenario de la Base Aérea de Los Alcázares, para su debate en Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Se considera la fecha de nacimiento de la aviación moderna el año 1903, cuando los hermanos Wright realizan su ya legendario vuelo. Inmediatamente se aprecia un potencial como nuevo arma de combate, lo que da lugar al desarrollo de la
aeronáutica militar, principalmente ligada y como arma del Ejército de Tierra. En 1910 tiene lugar el vuelo del primer hidroavión, fechas en las que se realizan los primeros ensayos de despegues y aterrizajes en portaaviones, viéndose el hidroavión
como instrumento de combate principal, y de momento único, dentro de la aeronáutica naval, con espíritu de diferenciarse desde el principio de su hermana terrestre.
En España se esperaba que el hidroavión tuviera una gran importancia, al disponer de más de 3.000 kilómetros de costa y ante la necesidad de cooperar en las operaciones militares previstas en el norte de África.
A raíz del levantamiento de los rifeños, en noviembre de 1913, el Coronel de ingenieros, don Pedro Vives y Vich, Jefe del Cuerpo de Aerostación-Militar y creador e impulsor de la aviación española, recibió el encargo de buscar el lugar más
idóneo para la instalación de una base estratégica aeronaval, en principio, de hidroaviones. Después de visitar con un gran equipo de colaboradores diferentes lugares, Vives traslada a la superioridad que la opinión coincidente de todos los
miembros del equipo: 'Los Alcázares nos regala este pequeño mar, que aleja toda idea de accidente' añadiendo posteriormente en su estudio, a título personal que: 'El lugar más adecuado es Los Alcázares; todo en él son espléndidas notas
positivas'. El informe llega al Rey el 12 de mayo de 1915 y se inicia de inmediato la construcción de la base.
Un mes más tarde tiene lugar la primera exhibición de vuelo de un hidroavión tipo Curtiss, dando a conocer la base internacionalmente. Algunos de los delegados militares extranjeros que asistieron a la exhibición, como el General italiano
Balbo, afirmaron que Los Alcázares era el mejor puerto natural del mundo para hidroaviones.
La base tuvo su etapa más brillante a partir de los años veinte, con la llegada de escuadrillas de distintos puntos del país para hacer ejercicios de tiro y bombardeo aéreo. Fue el Comandante de Ingenieros, Alfredo Kindelán, arma de la cual
dependía la aviación del Ejército, quien estableció la Escuela de Combate y Bombardeos Aéreos en Los Alcázares.
Algunos de los profesores de esta escuela fueron los aviadores militares prestigiosos de la talla de Mariano Barberán, Emilio Herrera, Arias Salgado y de Cubas o Riera Peña. En la dirección de la Base estuvieron personalidades del prestigio
del Infante don Alfonso de Orleáns y Borbón, primer piloto militar español y jefe del aeródromo entre 1926 y 1927; Alfredo Kindelán, pionero de la aviación militar; Ramón Franco, el héroe del vuelo 'Plus Ultra' o el héroe de la guerra de
Marruecos, Ricardo Burguete Reparaz.
Tras la Guerra Civil, la base fue desmantelada ante la disminución de importancia de los hidroaviones, la insuficiencia del aeródromo terrestre y es transformada en un centro de enseñanza con distintas denominaciones, desde Academia de
Oficiales de Tropas de Aviación (denominación utilizada hasta 1947) al Centro de Adiestramiento de Seguridad y Defensa del Ejército del Aire (hasta 1995). Actualmente, se encuentra ubicada en estas instalaciones la primera residencia para la tropa
profesional, mientras que sus instalaciones se utilizan para el adiestramiento de unidades en combate en áreas urbanas, prácticas de supervivencia y rescate en el agua, así como para la realización de los campamentos juveniles de verano del Ejército
del Aire.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados apoya e insta al Gobierno a impulsar las distintas actuaciones que están previstas en 2015 para conmemorar el centenario de la Base Área de Los Alcázares y dar a conocer el nacimiento de la aviación militar con
hidroaviones en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
conmemoración del centenario de la creación del arma submarina, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Los primeros intentos serios de uso de naves submarinas llegaron en 1775 con el Turtle de David Bushnell o el Nautilus de Robert Fulton en 1797, ambos inventores de procedencia norteamericana, siendo el primero utilizado en la Guerra de
Independencia de los Estados Unidos contra la flota inglesa y logrando hundir una goleta en 1777. Ya, desde estos primeros balbuceos, se asocia el desarrollo de una nueva tecnología, la submarina, con la defensa, algo muy común y repetido a lo
largo de la Historia.
En todo este desarrollo, España participó con grandes aportaciones, principalmente a través de Narcis Monturiol e Isaac Peral. El primero, creador del Ictíneo o Barco Pez, botado en Barcelona el 28 de junio de 1859, llegó a elaborar en 1862
una memoria titulada 'A propósito de la construcción de un Ictíneo de Guerra'. El segundo, propuso en 1885 la creación de un barco torpedero submarino, botado en Cartagena el 8 de septiembre de 1888. Menos conocido es el gallego Sanjurjo Badía,
quien en 1898 realizó pruebas de un submarino de su invención llegando a detonar una mina en la ría de Vigo.
No mucho tiempo después apareció oficialmente la idea de desarrollar el arma submarina como parte de la Armada, concretamente en la Ley de 7 de enero de 1908 (D.O. n.° 5 de 8-1-1908), impulsada por Maura y Ferrándiz, aunque finalmente no se
construyeran.
En 1912 el entonces Presidente del Gobierno José Canalejas, dispuso en un anteproyecto naval y como parte de una elevada adquisición, la construcción de 6 sumergibles de 400 toneladas en superficie. Este proyecto tampoco llegó a
materializarse al ser asesinado Canalejas en 12 de diciembre.
Romanones y Amalio Gimeno intentaron, en sus respectivos gobiernos, llevar a cabo el programa naval anterior, siendo imposible por la brevedad de sus legislaturas.
El Almirante Augusto Miranda y Godoy, Ministro de Marina, formuló un programa de nuevas construcciones logró la aprobación de la Ley que luego sería conocida por Ley Miranda, el 17 de febrero de 1915, presentándose ante las Cortes el
Proyecto de Ley firmado por Miranda el 7 de mayo.
El 17 de febrero de 1915, como se ha dicho, el Rey Alfonso XIII estampó su firma al pie de la Ley que ha pasado a la historia de la Armada Española, cuyo artículo 1.° decía:
'Con el fin de dotar a la Nación en breve plazo de los elementos de defensa absolutamente indispensables para el mantenimiento de su autonomía y de la integridad de su territorio, se procederá por el Gobierno a contratar la ejecución de las
obras siguientes, sujetándose a los presupuestos contenidos en la Ley de siete de enero de mil novecientos ocho que no sean por la presente derogados.'
Entre los buques a construir estaban 28 sumergibles por un valor de 110.000.000 pesetas que serían contratados a medida que se fueran a construir en cuatro series de seis y una de cuatro.
Para acelerar la disponibilidad del arma submarina para la Armada Española, el Almirante Miranda, introdujo una disposición adicional en el texto de la Ley de 7 de febrero de 1915:
'Se autoriza al Ministro de Marina para adquirir por gestión directa con cargo a los créditos concedidos por esta ley, hasta cuatro sumergibles y el material necesario para las enseñanzas y prácticas de personal que ha de dotarlos y un buque
especial de salvamento. Se le autoriza asimismo para la organizar el servicio en los submarinos con oficiales del Cuerpo General de la Armada, y para reorganizar el Cuerpo de Maquinistas y los Contramaestres, Condestables y demás subalternos,
ajustando sus servicios y sus plantillas a las necesidades del mismo material, dentro de los créditos consignados para el personal en el actual presupuesto.'
El encargado de hacer realidad esta ley y verdadero impulsor del arma submarina fue Mateo García de los Reyes, que posteriormente llegaría a ser Ministro de Marina. La Escuela de Submarinos fue bautizada con su nombre en honor a su esfuerzo
y apoyo al arma submarina.
El primer submarino es comprado a Estados Unidos y bautizado Isaac Peral y el segundo, comprado a Italia, bautizado con el nombre de Narciso Monturiol A-1. El primer submarino construido en España, el B-1, entró en servicio en 1922 y en
mayo de ese mismo año se activaron las estaciones navales de Mahón (Menorca) y La Graña (El Ferrol) para el apoyo de submarinos. Entre 1927 y 1931 España contó con una flotilla de dieciséis unidades, cantidad que no se ha vuelto a alcanzar.
El primer submarino que tuvo la Armada española, que disponía de snorkel fue el 'Almirante García de los Reyes S-31', antiguo submarino de la Armada de los Estados Unidos, que había combatido en la Segunda Guerra Mundial con el nombre de USS
Kraken y que fue cedido a España el 24 de octubre de 1959.
Finalmente, en esta historia centenaria debe añadirse que el futuro del arma submarina en la Armada española viene representado por los nuevos submarinos S-80.
Es común que una nueva tecnología presente desafíos en su desarrollo y las tecnologías implicadas en el S-80 no han sido una excepción. Los requisitos para los nuevos S-80 son muy exigentes, igualando en algunos parámetros rendimientos muy
parecidos a los submarinos nucleares.
Las plantas de propulsión, sistemas de purificación ambiental, la precisión de fabricación del casco, necesaria para evitar elevadas tensiones hidrostáticas no uniformes que provocarían una fatiga del metal, nuevos materiales empleados,
electrónica y software, todo ello es un foco de progreso de la I+D+i con amplias aplicaciones no militares y ha llamado la atención de distintos países.
España ya ha firmado la compra de cuatro submarinos, con otros dos pendientes de ser aprobados en Consejo de Ministros, que sustituirían a los tres operativos en la actualidad, uno de ellos, el Tramontana soportando la gran revisión general
conocida como Gran Carena.
El arma submarina que sirve en la actualidad en labores de inteligencia, infiltración-exfiltración de tropas de operaciones especiales o vigilancia marina o de zonas en conflicto, es un arma flexible y eficaz que tiene un papel reservado en
la lucha contra el terrorismo, la piratería, las mafias y el narcotráfico, en solitario o integrada en grupos con fuerza aérea o de superficie que en la actualidad se desarrollan.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar en la difusión nacional de la conmemoración del primer centenario del arma submarina, especialmente a través de la Armada Española.
2. Divulgar, promover y facilitar aquellos actos que fomenten el conocimiento del primer centenario del arma submarina, su historia, valor e importancia actual.
3. Colaborar, dentro de los distintos ámbitos de competencia, con las instituciones autonómicas y Locales en aquellas iniciativas tendentes a la conmemoración del centenario del arma submarina.
4. Promover la colaboración público-privada, en especial de las industrias del ámbito de la defensa, en la conmemoración de este centenario.
5. Elaborar y emitir un sello conmemorativo del centenario del arma submarina.
6. Realizar todo ello sin que haya aumento de gasto de ningún tipo para las instituciones del Estado involucradas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre la instauración de un protocolo para la prevención y protección de las víctimas que denuncien acoso en la actividad profesional de las Fuerzas Armadas, para su debate ante la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El esfuerzo por la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres tiene un largo recorrido en nuestro país, que se manifiesta en múltiples actuaciones institucionales y sociales y se basa fundamentalmente en las consecutivas
modificaciones normativas que, al amparo de la Constitución Española, se han ido implantando por parte de los diferentes gobiernos socialistas.
Entre los retos actuales, y especialmente en el marco de crisis económica por el que atravesamos, cobra especial relevancia la desigualdad persistente en el ámbito laboral y profesional entre mujeres y hombres. Esta desigualdad se constata
a través de diversos indicadores relacionados con cuestiones
salariales, tasas de empleo y de actividad o temporalidad en el desarrollo de la actividad laboral. No menos importante es la presencia de situaciones que suponen la mayor manifestación de desigualdad como son las situaciones de acoso
sexual y acoso moral en el trabajo.
El acoso sexual es un fenómeno social de múltiples y diferentes dimensiones, denunciado por distintas organizaciones e instituciones y constatado por distintas investigaciones que han evidenciado la existencia, extensión y gravedad de este
fenómeno en el ámbito profesional y laboral.
A pesar de que el acoso sexual puede ser sufrido por hombres o mujeres, son estas últimas las que se convierten en principales víctimas de estas situaciones ya que su posición en el mercado laboral es claramente inferior a la de los hombres,
tanto en lo referente a la estabilidad laboral como en relación a la posición jerárquica en el ámbito del empleo.
Al déficit de igualdad anteriormente expuesto no es ajena la situación de las mujeres en las Fuerzas Armadas y si no cabe discusión sobre la deficitaria posición de las mujeres en el mercado laboral tiene especial relevancia en lo que
respecta al ámbito de las Fuerzas Armadas ya que, de forma generalizada, en el marco del desarrollo profesional, la presencia de las mujeres, aunque incrementándose, continúa siendo minoritaria tanto horizontal como verticalmente.
De la misma manera, en relación con las situaciones de acoso la singularidad del desarrollo profesional en las Fuerzas Armadas se presenta como un escenario que podría ser susceptible de opacidad en aquellos casos que pudiesen producirse con
la consecuente desprotección de las víctimas.
Es constatable la gravedad de las consecuencias del acoso sexual y moral para las víctimas del mismo y para las relaciones laborales y profesionales y así se califica en la normativa de referencia sobre el tema, especialmente en la Directiva
2006/54/CEE de 5 de julio de 2006 y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Así, el artículo 2.1.c) de la Directiva 2006/54/CEE establece en su artículo 25 que las situaciones de acoso se considerarán discriminatorias y, por tanto, se prohibirán y se sancionarán de forma adecuada, proporcional y disuasoria.
La LOI recoge este concepto, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, calificándolo en todo caso como discriminación en el ámbito profesional y laboral. También el Código Penal español introduce por primera vez en su articulado
el acoso sexual en 1995 (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre).
Y recientemente, y como consecuencia de diversas situaciones de acoso sexual que se han producido en el seno de las Fuerzas Armadas, el artículo 48 del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar establece las sanciones aplicables a
los miembros de las Fuerzas Armadas que adopten actitudes de acoso.
No obstante la normativa existente, es especialmente importante evitar la aparición de situaciones de acoso y proteger a las víctimas del mismo, en caso de que se produzca, especialmente en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Dada la especial
importancia y las graves consecuencias que se producen por motivo de acoso sexual en el ámbito profesional, se precisa de un procedimiento específico en esta materia que vele por la prevención de cualquier manifestación de violencia contra las
mujeres en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Para ello, las Fuerzas Armadas deben dotarse de un marco de actuación que permita concretar medidas para erradicar tal discriminación que constituye un obstáculo a la integración plena y con éxito de
mujeres y hombres en nuestros ejércitos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Instaurar un protocolo para la prevención y la protección de las víctimas que denuncien acoso sexual o acoso laboral en el marco de la actividad profesional de las Fuerzas Armadas.
- Realizar un seguimiento y evaluación periódicos de la eficacia de dicho protocolo.
- Aportar una formación específica en materia de acoso sexual y laboral a las personas intervinientes en el mismo.
- Divulgar la existencia del protocolo y los canales de acceso al mismo a través de cuantas instancias se consideren adecuadas y específicamente por medio del Observatorio Militar para la Igualdad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2014.-Paloma Rodríguez Vázquez y Carmen Montón Giménez, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/003117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas doña Olaia Fernández Davila (BNG) y doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a las negociaciones EE.UU.-UE sobre el Tratado de Libre Comercio EE.UU-UE y posición del Gobierno español, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Las oscuras negociaciones que están teniendo lugar en relación al Tratado de Libre Comercio EE.UU -UE, ha provocado la inquietud y la alarma de muchas organizaciones sociales, sindicales, medioambientales, sanitarias y de organizaciones
políticas como el BNG, porque parece que la única máxima que se persigue es el saldo total, la desregulación absoluta de las normas en materia económica, comercial, laboral, fitosanitaria, alimentaria y medioambiental.
La falta de transparencia con la que se están conduciendo las negociaciones delata las verdaderas intenciones de ambos gigantes económicos: otorgar 'el gratis total' a las grandes corporaciones y empresas multinacionales a fin de garantizar
sus inversiones y multiplicar sus ingresos a costa de los derechos laborales, sociales, sanitarios, de producción o medioambientales.
Las negociaciones del TTIP han alcanzado ya su séptima ronda y entran en la fase definitiva de medio de una absoluta falta de información. Las únicas informaciones que se poseen proceden de filtraciones. Causa alarma la auténtica cesión de
soberanía que pueden hacer los Gobiernos europeos en un ejercicio de entreguismo total a los intereses comerciales y económicos de los lobbys y multinacionales.
El Tratado de Libre Comercio EE.UU.-UE supondrá rebajas aduaneras, además de modificaciones en las normas regulatorias que influirán de manera muy importante en el ámbito de la producción y prestación de bienes y servicios, que pretenden
anular cualquier participación pública en aras a beneficiar intereses comerciales de grandes empresas e influyentes lobbies de multinacionales.
Otro flanco que consideramos censurable, es el referido al ámbito laboral. Es evidente que se pretende un empeoramiento de los derechos laborales y de la legislación en materia de trabajo, rebajando las condiciones de los trabajadores
siempre en beneficio de las empresas.
Como dato a tener en cuenta respecto a la agresividad laboral que se practica en EE.UU., sirva recordar que EE.UU. no ratificó seis de las ocho principales convenciones de la OIT, como las que conciernen a la libertad sindical y a la
negociación colectiva. Sin embargo, todos los países de la UE ratificaron los ocho Convenios aludidos.
El mismo relajo se pretende en cuanto a las normas fitosanitarias, en la alimentación o en servicios públicos.
Diversas organizaciones han dado la voz de alarma por los riesgos medioambientales, sanitarios o de seguridad que para los consumidores va a conllevar la rebaja de las normas que regulan la comercialización de bienes y servicios dentro de la
UE. Detrás del empeño por flexibilizar la regulación que protege a los ciudadanos europeos, se encuentran poderosos lobbies cuyo poder de influencia y presión es conocido en EE.UU., pero que pretende dar el salto a la UE, un gran mercado para el
apetito de estas corporaciones.
Una de las cláusulas que preocupa al BNG es la que contempla la denominada 'solución de controversias entre inversores y Estados', que permitirá que las corporaciones multinacionales tengan el derecho de demandar a los gobiernos si aprueban
leyes o reglamentos que les ocasionen una pérdida de beneficios, así como la posible revisión a la baja de las regulaciones europeas en materia de salud, medioambiente y derechos laborales. La intención de las multinacionales de bloquear y proteger
sus inversiones, de modo que puedan demandar a los estados en los que se han asentado si consideran que sus beneficios económicos o sus perspectivas de ganancias futuras se han visto afectados por normas o políticas que se hayan podido aprobar, es
como poner a los estados a los pies de los caballos.
Inquieta verdaderamente que se alegue que el 80 % de los beneficios económicos del Tratado dependen de la eliminación o la armonización de los reglamentos y normas. Lo que repercutirá
negativamente sobre las poblaciones europeas que verán mermados sus derechos sociales, laborales, económicos, sanitarios, así como garantías medioambientales.
En lo que respecta a la parte medioambiental, debe reseñarse que la UE suscribió una serie de compromisos en cuanto a la reducción de los niveles de CO2 y otro tipo de contaminantes. Lo que se traduce en la adopción de medidas de inversión
en el campo industrial y en la aprobación de normas de producción y calidades de los productos.
Organizaciones sociales y ecologistas ponen ejemplos concretos de lo que podría suceder de prosperar un Tratado de estas características. Recuerdan que en la UE está prohibido el uso de 1.300 sustancias en productos cosméticos mientras que
en EE.UU. solo se prohíben 11 de ellas. Casos como el mencionado revelan el objetivo último de desregulación total, que tendría el efecto perverso de sumir a la población europea en un desamparo y desprotección impropio de sociedades democráticas.
La UE parece estar dispuesta a adoptar el camino de la desregulación de las normas alimentarias y de seguridad para entregar un cheque en blanco a las grandes multinacionales.
Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y la UE comenzaron en julio de 2013 con la intención de que se pueda aplicar en el año 2016. Y aunque tenga que ser aprobado por el Parlamento Europeo, las ciudadanías de
los diversos Estados de la UE, como la del Estado español, no van a poder pronunciarse sobre un Tratado que afectará de manera directa a sus vidas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Realizar gestiones ante la UE para que se paralicen las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y UE, dada la falta de información veraz y transparente.
2. De continuar las negociaciones en curso:
- Demandar a la parte negociadora de la UE que anteponga la seguridad y protección de la población europea a los intereses comerciales de las grandes corporaciones y empresas multinacionales.
- Demandar la publicación de los documentos relacionados con las negociaciones sobre dicho Tratado de Libre Comercio a fin de cumplir la norma comunitaria 1049/2001, que establece que todos los documentos de las instituciones europeas deben
ser públicos.
- Posicionarse de manera contundente en contra de un Tratado de Libre Comercio que implique una desregulación total de las normas a las que están obligados los estados de la UE en materia económica, comercial, laboral, sanitaria, alimentaria
o medioambiental.
- Solicitar a la UE que haga pública su posición al respecto y explique qué objetivos persigue en las negociaciones de dicho Tratado.
- Rechazar cualquier Tratado de Libre Comercio con EE.UU que conlleve una rebaja de los derechos laborales o sociales, una cesión de soberanía, o riesgos medioambientales, sanitarios o de seguridad para los consumidores.
- Solicitar a la UE que un Tratado comercial de esta envergadura sea objeto de debate y votación en los Parlamentos de los distintos estados de la UE a fin de no incurrir en un déficit democrático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2014.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/003102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley en relación con la 'Plataforma Logística Intermodal Pasaia-Irún' en Gipuzkoa, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Territorio de Gipuzkoa es un enclave crucial para el paso del transporte de mercancías entre una buena parte de España y Europa. Cada día miles de toneladas atraviesan la 'frontera' de Irún con Francia y lo hacen principalmente por
carretera. El transporte de mercancías por carretera mantiene la supremacía sobre otros modos más económicos y sostenibles, como el tren o el barco.
La realidad se impone, de manera que el transporte de mercancías por carretera no cuenta, de momento, con competencia en otros sistemas modales. Es más, la diferencia de anchos de vía entre Francia y España ha supuesto un obstáculo para el
tráfico de mercancías por tren. Por otra parte, la limitada capacidad del puerto de Pasaia hace que una parte del tráfico de contenedores utilice otros puertos como origen y destino.
Sin embargo, el actual reparto modal del transporte de mercancías debería experimentar a medio y largo plazo un cambio sustancial mediante nuevas políticas que fomenten el transporte sostenible de mercancías. Para ello se necesitará
impulsar, con decisión, proyectos como la adaptación a corto plazo de la actual vía de Adif al ancho UIC mediante la instalación de un tercer hilo o raíl o como la finalización de la nueva red ferroviaria de la 'Y' vasca en alta velocidad.
Ambas son actuaciones inversoras del Ministerio de Fomento, de acuerdo con el Gobierno Vasco, que se complementarán con la creación de otra infraestructura de nivel estratégico como la Plataforma Logística Intermodal (PLI) en el corredor
gipuzkoano de Pasaia-Irún (antes denominada Lezo-Gaintxurizketa), que nacerá con el objetivo de convertirse en distribuidor de los flujos de transporte de mercancías. Una plataforma logística sobre el transporte de mercancías situada en un
territorio con vocación de profundizar su papel de corredor intermodal transfronterizo.
La Plataforma Logística Intermodal de Pasaia-lrún estará enclavada en el entorno de Gaintxurizketa, ocupará una superficie de alrededor de 15 hectáreas, en posición paralela a las vías de Adif y Euskotren y dispondrá de una estación
intermodal con una playa de 16 vías. Será un nodo logístico ferroportuario de mercancías que buscará sacar camiones de las carreteras y trasladar ese transporte de mercancías al barco y al tren.
Precisamente en el ámbito de Gaintxurizketa confluirán tres anchos de vía ferroviaria distintos: el actual de ancho ibérico, el del TAV de ancho UIC y Euskotren con su vía estrecha. Además, la plataforma estará conectada -por su gran
proximidad- con la carretera Madrid-París (antigua N-1) y la autopista a Francia, con el centro transfronterizo Zaisa de transportes por carretera en Irún y, cuestión importante, con el viejo puerto de Pasaia.
Es evidente la necesidad de modernizar la actual infraestructura portuaria, como motor de actividad económica al servicio de las empresas, que necesita de acciones inter-institucionales para regenerarla y fortalecerla mediante servicios de
logística y de transporte competitivo en sintonía con las directivas europeas. En particular, con el Libro Blanco de la Comisión Europea que define los criterios para abordar políticas de transporte (2014-2020) que mejoren sustancialmente su
calidad y eficacia, reduciendo los impactos medioambientales y la congestión de tráficos terrestres, fomentando el transporte marítimo, las nuevas autopistas ferroviarias, optimizando la intermodalidad y optando por políticas de sostenibilidad,
calidad e innovación.
El proyecto de la PLI Pasaia-lrún, ha estado 'en reposo' un tiempo, a la espera de la decisión sobre la propuesta de construcción de una gran dársena exterior para la ampliación del puerto de Pasaia. Pero tras la decisión de la Autoridad
Portuaria y de otras instituciones de no ejecutar la dársena exterior en las actuales circunstancias, es el momento de revitalizar, adecuar e impulsar el proyecto de la plataforma logística.
No obstante, recientemente el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, decidió incorporar un suelo de su propiedad, situado en el corredor de Gaintxurizketa, al 'fondo de suelo agrario' del Territorio
Histórico de Gipuzkoa para dificultar la operación de la PLI.
Lo cierto es que el diseño de la infraestructura de la PLI nació muy vinculado a la construcción del puerto exterior de Pasaia. Tanto es así que en el protocolo que firmaron el Ministerio de Fomento y el Gobierno Vasco para desarrollar la
plataforma, se aludía a que Fomento se encargaría de su ejecución y su conexión ferroviaria con el puerto exterior. Con el proyecto de la dársena exterior aparcado por desistimiento de las instituciones, el Gobierno Vasco quiere seguir dando valor
a la futura plataforma
porque todas las alternativas del llamado Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia la contemplan como un elemento de desarrollo muy importante para el actual puerto, aportándole eficacia y dotándole de una accesibilidad
ferroviaria adecuada al tener los tres anchos de vías muy próximos.
En la actualidad, la futura Plataforma Logística Intermodal para el transporte de mercancías Pasaia-lrún, sigue siendo un proyecto declarado de 'interés general ferroviario' y forma parte de la estrategia de centros logísticos presentada por
el Ministerio de Fomento a finales de noviembre de 2013, así como del PITVI.
Asimismo, hay que recordar que la futura PLI también forma parte de las infraestructuras que se contemplan en el desarrollo del Corredor Atlántico de la UE, uno de los proyectos prioritarios de la Unión Europea para el período 2014-2020, que
ofrece una cofinanciación del 40% para las infraestructuras que estén ejecutadas antes de 2030. Algo que el Gobierno del Estado no debiera olvidar a la hora de obtener financiación para la PLI.
La Plataforma Logística Pasaia-Irún está recogida en el Protocolo firmado en mayo de 2011 por el Gobierno Vasco y el Ministerio de Fomento, de acuerdo con el Plan Estratégico del Transporte Ferroviario de Mercancías (PEITFM). Según este
acuerdo, la construcción de la plataforma y su conexión con el puerto de Pasaia corresponderá al Ministerio de Fomento. Por su parte, el Gobierno Vasco coordinará el proyecto junto a Fomento y ejecutará la llegada de la vía estrecha de Euskotren.
Asimismo, el Ejecutivo vasco se encarga de los estudios relativos al 'encaje territorial y urbanístico' de la terminal logística, que incluye 'la dimensión, la localización y la operativa funcional'.
Esos trabajos de estudio ya están terminados y se entregaron en diciembre de 2013 al Ministerio de Fomento. En la actualidad, y es el objetivo de esta Proposición no de Ley, se trata de impulsar el desarrollo de la Plataforma Logística
Intermodal en base a los estudios de viabilidad económica de la PL1 a realizar por el Gobierno de España y que señalarán cómo se abordan las fases de redacción de proyectos constructivos, ejecución de obras, promoción y fórmulas de gestión.
En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista plantea la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir las previsiones y compromisos contemplados en el protocolo firmado en 2011 entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno Vasco para avanzar, por parte del Gobierno de España, en la
creación de la Plataforma Logística Intermodal Pasaia-lrún, antes denominada Lezo-Gaintxurizketa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las viviendas vacías de la estación ferroviaria de Sant Vicenç de
Calders, para su debate en la Comisión de Fomento.
El municipio de El Vendrell (Tarragona) sufre una evidente escasez de vivienda social. En un contexto de aumento de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios, es de suma importancia promover las condiciones necesarias para que
aquellas personas con más dificultades puedan acceder a una vivienda digna.
En este sentido, la estación de Renfe de Sant Vicenç de Calders cuenta con edificios vacíos y en desuso. Si Renfe acondicionara esas viviendas y cediera su uso al Ayuntamiento de El Vendrell con la finalidad de que se destinen a vivienda
social, podrían formar parte del parque de viviendas sociales y dar solución a un problema que sufren muchas personas del municipio.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Llevar a cabo todos los trámites necesarios para:
1. Contabilizar las viviendas vacías propiedad de Renfe en la estación de Sant Vicenç de Calders.
2. Acondicionar dichas viviendas para utilizarlas como vivienda social.
3. Cederlas al Ayuntamiento de El Vendrell en condición de vivienda social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2014.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural.
161/003114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de reforzar el personal en las cabinas de pago de la autopista AP-9 en Galicia por parte de la concesionaria AUDASA para atajar el problema de los atascos, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Según la información de la que dispone el BNG, la empresa concesionaria de la AP-9 estaría elaborando una reestructuración del sistema de pago en las cabinas de cobro de peajes en la autopista AP-9.
La intención de la concesionaria es la de automatizar por completo el sistema de pago, de modo que se suprima cualquier atención personal. De llevarse a cabo esta decisión se dejaría sin trabajo a una plantilla de 14 trabajadores, y se
dejarían en una auténtica desprotección a miles de usuarios que ya no tendrían a quien dirigirse en caso de problemas.
El BNG lleva años denunciando las deficiencias y carencias de la AP-9 que a pesar de sus pingües beneficios, no presupuesta inversiones ni para mejorar algunos tramos de la autopista ni para mejorar la calidad del servicio. En relación a
esto último, siempre debemos remitirnos a las tan denunciadas colas kilométricas delante de las cabinas de pago que vemos reiterarse en cada periodo estival. Baste con recordar los enormes atascos de este pasado verano, que en ningún momento
llevaron a la concesionaria a levantar las barreras.
Esta formación política ha llevado a debate en reiteradas ocasiones numerosas proposiciones no de ley en las que siempre hemos demandado la aplicación de un programa de descuentos, el rescate de la concesión de esta autopista suficientemente
explotada, su conversión en un vial libre de peaje, y la modificación del pliego de condiciones de la concesión de modo que sea obligatorio levantar las barreras en situaciones de atascos.
Bien es cierto que el Gobierno del PP siempre se ha opuesto a la liberación de esta importante vía que vertebra todo el territorio, pero las bochornosas situaciones del pasado verano llevaron a la propia Ministra de Fomento a anunciar
medidas y un expediente informativos por cuyas conclusiones todavía estamos esperando.
Mientras tanto y en cuanto al tema en concreto que se motivo de esta iniciativa parlamentaria, cabe decir que una de las soluciones para paliar los sucesivos atascos serían la de ampliar el personal disponible para atender las cabinas de
pago de peajes. Precisamente, una medida que va en la línea contraria de lo que pretende la empresa concesionaria.
Es fácil deducir que el único interés que persigue la empresa concesionaria es la que incrementar sus beneficios sin importarle el tipo de servicio que ofrezca a los usuarios. Con esta idea da otro paso al frente en esa deplorable política
comercial de limitarse a cobrar unos costes de peajes que se sitúan entre los más altos del Estado, pero sin ofrecer nunca ventajas, descuentos o mejoras en la calidad del servicio.
Desde el punto de vista del BNG, automatizar por completo el sistema de pago debería estar absolutamente prohibido, máxime si se trata de una infraestructura viaria o cualquier modo de transporte.
Resulta inadmisible dejar a los usuarios en una situación de desprotección frente a máquinas que la mayor parte de las ocasiones no resuelven problemas sino que los incrementan.
Desde luego, desproveer de atención personalizada a las cabinas de pago no es una solución a los atascos, al revés, agravará los problemas. Consideramos que el Ministerio de Fomento no debería permitir que se estableciese un sistema así,
sobre todo después de lo acontecido el verano pasado.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Realizar las pertinentes gestiones ante la concesionaria AUDASA a fin de paralizar la intención de la empresa concesionaria de implantar sistemas de pago automatizados en la AP-9, lo que supone la eliminación de la atención personalizada y
la supresión del personal que trabaja en las cabinas de cobro.
- Demandar a AUDASA un incremento del personal destinado a la gestión de cobro en las cabinas de peaje como medida para paliar las situaciones de atascos que se registran en los periodos estivales.
- Dirigirse a la empresa concesionaria de la AP-9 para solicitarle que revierta parte de sus beneficios multimillonarios en la mejora de diversos tramos de la autopista que presentan numerosas insuficiencias, y con el objetivo de ofrecer un
servicio óptimo a los usuarios de esta vía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación y Deporte
161/003107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa a la equiparación del IVA de los materiales didácticos y libros de texto en formato digital y en formato de papel.
Antecedentes
En la actualidad los libros se ofrecen frecuentemente en una versión electrónica. El E-book o libro electrónico abarca todos los campos de la literatura, incluso permite la descarga gratuita de obras de dominio público que han dejado de
estar protegidas por los derechos de autor, y por supuesto también el de los libros de texto de contenidos educativos.
El uso de las nuevas tecnologías forma parte del día a día de los niños y los adolescentes y son el medio en el que con mayor facilidad y soltura se desenvuelven. Los contenidos didácticos digitales tienen además la ventaja de ser más
atractivos para los niños y los jóvenes, al margen de que, por el tipo de soporte en el que pueden ser consultados, son más prácticos que los libros de texto tradicionales en papel y ocupan menos espacio. Resulta por ello un sinsentido que los
contenidos educativos tengan una fiscalidad diferente según el formato en que se publiquen y que precisamente sean los materiales digitales los que carguen con un mayor gravamen, cuando la tendencia general en toda Europa es avanzar cada vez más
hacia el desarrollo digital de las aulas y esta tendencia se acentuará en los próximos años.
A la cuestión económica y a la digitalización de las aulas hay que añadir un tema que no es baladí. Es preciso tener en cuenta el peso excesivo que la mayoría de escolares cargan en sus enormes mochilas y sobre sus hombros y que está
llevando a muchos niños a sufrir lesiones de espalda debido al sobreesfuerzo y a la fatiga muscular. La implantación del libro de texto digital reduciría considerablemente el peso que los alumnos cargan a sus espaldas, entre libros y material
escolar diverso, y evitaría problemas de salud a un buen número de niños y adolescentes.
La venta de libros digitales ha aumentado de forma considerable en los últimos años, estableciéndose numerosos portales cuya oferta aumenta rápidamente. El principal mercado actualmente son los Estados Unidos, donde la venta de libros en
formato electrónico pasó del 0,6 al 6 % en solo dos años. El libro electrónico en España ya representa el 3,2 % de la facturación del sector editorial.
Actualmente la normativa española grava la compra de libros con un tipo impositivo del 4 % en el Impuesto sobre el Valor Añadido, mientras que el libro electrónico está gravado con el 21 %. Esta diferencia de tipo impositivo supone una
incongruencia y un anacronismo, ya que el libro electrónico es un mercado en expansión que le puede reportar al mercado editorial beneficios que compensen las pérdidas del sector por la caída general de las ventas. Precisamente en la sección de los
materiales educativos, el formato digital supone ventajas tanto para las editoriales como para los alumnos.
Si bien es cierto que el tipo impositivo del IVA responde a lo establecido por la Comisión Europea en materia de legislación tributaria, según la cual los libros electrónicos tributan al tipo general, algunos países de la Unión Europea ya se
han desmarcado de esas líneas de actuación y así el 1 de enero de 2012 Francia redujo el tipo impositivo para libros electrónicos del 19,6 % al 7 % y Luxemburgo fue más allá con una rebaja del tipo impositivo del 15 al 3 %. No cabe duda de que es
el momento de que el asunto se lleve a la Comisión Europea y se debata la nueva regulación del IVA para los libros en este formato, especialmente en los libros de texto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Instar a la Comisión Europea a reformar la legislación tributaria común a fin de llegar a un acuerdo sobre la aplicación del tipo reducido del IVA a los libros digitales en todo el territorio de la Unión Europea.
- Aplicar los tipos impositivos reducidos del Impuesto sobre el Valor Añadido tanto a los contenidos digitales educativos como a los no educativos.
- Potenciar en colaboración con las comunidades autónomas la digitalización de las aulas.
- En colaboración con las comunidades autónomas y las entidades de gestión colectiva de derechos de autor realizar campañas de concienciación en los centros educativos sobre el valor de la propiedad intelectual haciendo hincapié
especialmente en el entorno digital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003113
A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte
Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
actualización del profesorado de Formación Profesional.
Exposición de motivos
La Proposición no de Ley que presentamos plantea uno de los problemas pendientes de nuestro sistema educativo, y responde a una pregunta que no es nueva: ¿qué hacemos con nuestra Formación Profesional en su carácter estructural?
¿En qué se ha fallado para que seamos líderes europeos en paro juvenil y colistas en porcentajes de graduados en Formación Profesional?
¿Tenemos la certeza de que la actualización de la Formación Profesional no pasa previamente o simultáneamente, con la actualización de todo orden de los profesores de Formación Profesional?
Esta iniciativa pretende advertir sobre la necesidad de reestructurar la FP de modo que los alumnos de los ciclos formativos de grado medio y superior realicen una formación simultánea en los centros educativos y en las empresas. Pero esa
formación siempre va a depender de los profesores que se disponga.
El modelo de FP dual, aplicado con éxito en países de nuestro entorno, tiene evidentes ventajas. La primera, la oportunidad que se le da al alumno de tomar contacto con el mundo real del trabajo en una empresa, a la vez que se está formando
en un centro docente.
El trabajo en el aula y en la empresa son totalmente complementarios, porque para resolver los problemas que se le presenten en el trabajo el alumno tendrá que aprender a solucionarlo también en el aprendizaje en el centro educativo.
Implantar el modelo de FP dual no es tarea sencilla. Ni universalizable. El modelo general será el preponderante en la FP desde la básica a los ciclos de grado superior y lo será por varios motivos.
El primer obstáculo es que haya empresas capaces de afrontar los distintos convenios.
En segundo lugar, la duración de tres años puede ser un plazo demasiado largo para la empresa y también para los alumnos.
En tercer lugar, la crisis económica que padecemos es un hándicap añadido, tanto para las empresas como para la Administración. Para las primeras, porque en algunos casos es posible que no puedan ofrecer remuneraciones a los alumnos. Y
para la Administración porque la dotación de nuevos equipos y máquinas supone un gran esfuerzo económico.
Por último, nos encontramos con un problema añadido de carácter estructural que es preciso acometer su solución de manera inaplazable. Me refiero al problema de formación y actualización de los profesores de FP en sus respectivas
especialidades, que corren el riesgo de ser los primeros inadaptados al mundo innovador de las empresas.
Pero en el impulso de una nueva Formación Profesional, sea dual o no, nosotros añadiríamos la necesidad de que se apoye este modelo de formación en su referencia a los profesores en las comunidades autónomas con instrumentos de financiación,
mediante programas de cooperación territorial del Ministerio de Educación, con la firma de convenios con las comunidades autónomas, que contemplen lo concerniente al perfeccionamiento del profesorado de FP. Porque esta cooperación en nuestro modelo
territorial resulta imprescindible y por tanto siempre potenciable.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un marco jurídico que contemple convenios de cooperación con las diferentes CC.AA. y los agentes sociales, entidades públicas y privadas en materia de Formación Profesional.
2. Impulsar un plan general sistemático e integral para que se defina un mapa de actualización de las necesidades de formación de profesores de FP, según familias y especialidades.
3. Crear un marco financiero trienal que dé soporte real a esta actuación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2014.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la defensa de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en Andalucía, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Nuestro país continúa sufriendo las graves consecuencias de la crisis económica y financiera global que afecta de manera directa a la destrucción de empleo y a la generación de pobreza. Estas consecuencias
de la crisis afectan a la práctica totalidad de los sectores productivos y, en particular, al sector agrario, el cual ha visto cómo se encarecen los costes energéticos, las materias primas y se disminuyen los jornales.
La creación de empleo ha de ser la principal actividad de cualquier Gobierno en una situación de crisis, máxime cuando el drama del desempleo afecta a casi 5 millones de parados en España, según las estadísticas oficiales. En la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y sobre el trasfondo de la crisis, la sequía del último año ha sacudido al sector agrario en general, y con mayor incidencia al olivar andaluz, el cual aún no se ha recuperado de campañas anteriores.
Por tanto, la situación de desempleo en la que está sumida nuestra tierra exige respuestas e impulsos de las Administraciones para solventar y superar las situaciones y dramas generados, haciendo especial mención a uno de los colectivos más
perjudicados por esta situación, como son los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo. Este colectivo, además de ver reducido el número de empleos, y si esta situación persiste, tendrá serias dificultades en reunir las peonadas
necesarias para el acceso al subsidio por desempleo.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reducir o en su caso eliminar las peonadas necesarias como requisito para acceder a la prestación del subsidio agrario y renta agraria por parte de las trabajadoras y los trabajadores eventuales del campo.
2. La inmediata puesta en marcha de un programa extraordinario de fomento del empleo agrario especial, que ayude a Andalucía y promueva jornales para los/las eventuales del campo.
3. Que, de forma extraordinaria y para este año, permita que los trabajos y jornales de los programas de Ayuntamientos y Diputaciones computen para percibir el subsidio y renta agraria de las trabajadoras y trabajadores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2014.-Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reducción, recuperación y reutilización de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
La nueva Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) debe implantarse a lo largo de este año en España. Distintas organizaciones de la sociedad civil han enviado sus alegaciones con el fin de incluir en la normativa
pertinente medidas adecuadas para proteger el medio ambiente y las personas.
La situación actual en la gestión de residuos electrónicos es insostenible; la escasa recogida de este tipo de residuos a través de los canales adecuados y el gran descontrol en el destino final de los mismos hacen necesario poner en marcha
sistemas más eficientes para su tratamiento. Priorizar la reducción de éstos, la reparación de los dispositivos eléctricos y electrónicos y la prohibición de la obsolescencia programada -tal y como ha sucedido en Francia recientemente-, deberían
ser, al menos, medidas a tener en cuenta.
Los materiales con los que se fabrican estos aparatos son en su mayoría escasos y valiosos, por lo que la falta de reparación, reutilización y reciclaje provoca un despilfarro de recursos naturales. Pero a su vez, son muy contaminantes, lo
que conlleva impactos muy graves tanto en las zonas donde se extraen los materiales como en aquellas donde se depositan sus residuos.
España ya cuenta con redes de reparación y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos, gran parte gestionadas por empresas sociales, que aportan un valor añadido a las mejoras ambientales evidentes. Actualmente la red de
recuperadores vinculada a la economía social da empleo a 1.746 personas en España, con un 47,5% de empleos de inserción de personas en riesgo o exclusión social. Si se gestionase más cantidad de material, se estima llegar a los 3.583 empleos. En
toda Europa la red de recuperadores sociales emplea a 40.000 trabajadores.
A pesar de la proliferación de estas nuevas alternativas, es indispensable el apoyo institucional y legislativo que asegure la reutilización a través de objetivos vinculantes entre fabricantes y distribuidores.
La reutilización junto con el desmontaje manual son el escenario con mayor potencial de generación de empleo, según se recoge en el estudio publicado por el Gremi de Recuperació de Catalunya que estima en más de 4.700 los empleos directos
que podrían generarse. Por otro lado fuentes del sector de la gestión de RAEE señalan que podrían crearse más de 9.000 puestos de trabajo directos si se realizara el tratamiento legalmente establecido.
Una gestión sostenible de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no solo beneficiará a la ciudadanía española, sino a las poblaciones de países empobrecidos; gran parte de las materias primas que se utilizan provienen de otros
países y en su extracción provocan problemas sociales y ambientales, como contaminación de agua y aire, desplazamiento de comunidades y violación de los derechos humanos. Además, un gran porcentaje de residuos también acaban en países no
industrializados, con proliferación de vertederos incontrolados.
Con la publicación de la próxima normativa se debería poner solución a todos los problemas mencionados, favoreciendo la reducción, reutilización, reparación y el reciclaje, con la creación de empleo asociada a estas medidas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas oportunas para que en la nueva normativa sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos se recojan medidas efectivas suficientes para que:
- Se reduzca la generación de residuos, a través del alargamiento de las garantías y la prohibición de la obsolescencia programada.
- El porcentaje mínimo de preparación de aparatos para la reutilización sea del 5%, asegurando la disponibilidad de residuos con las condiciones adecuadas para la reparación y reutilización en los centros especializados.
- Haya una financiación garantizada para la preparación de aparatos para la reutilización, en coherencia con la Responsabilidad Ampliada del Productor.
- Se produzca un control férreo por parte de las Administraciones públicas del destino de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para su tratamiento final.
- Exista un impulso a las empresas sociales para la reparación, reutilización y reciclaje de residuos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2014.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre respuesta a la
epidemia del ébola, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
A 1 de octubre de 2014 el brote de ébola que asola África Occidental había producido 7.470 casos declarados y 3.431 muertes, mientras que la propagación de la enfermedad continuaba. Naciones Unidas estima que las cifras reales son muy
superiores, y que el número de casos podría elevarse a 20.000 en noviembre si los esfuerzos para atajar la enfermedad no se multiplican de forma exponencial. Se trata del brote más mortífero del virus que se conoce. El país más afectado es
Liberia, pero la enfermedad golpea también a Sierra Leona y Guinea y, en menor medida, a Nigeria y Senegal. En la República Democrática del Congo también se han manifestado casos, aunque el brote en este país, sin embargo, es diferente al que
afecta al resto de Estados.
El impacto de la epidemia está siendo devastador. A la pérdida de vidas humanas de forma directa por la enfermedad se debe sumar el colapso de los sistemas de salud, que dejan de funcionar para otras necesidades vitales como, por ejemplo,
la atención de mujeres embarazadas en los partos o de los enfermos de malaria. Esto ha de producir un duro efecto socioeconómico sobre los países afectados, que se extenderá en el tiempo mucho más allá de la duración del estallido. La epidemia de
ébola impactará negativamente en el desarrollo de los países afectados, que verán revertidos los logros alcanzados en los últimos años.
La comunidad internacional ha reaccionado tarde y de forma insuficiente. En los países donde se está produciendo la epidemia la respuesta inicial ha estado en manos de organizaciones no gubernamentales. La gestión y el control de la
propagación del ébola sólo serán posibles si la comunidad internacional despliega una cantidad significativa de personal médico y técnico, además de recursos materiales y financieros: Se calcula que la presencia internacional debe multiplicarse por
tres o por cuatro para abordar el brote de forma efectiva. Es necesario incrementar el personal dedicado al manejo de las unidades de tratamiento de ébola, así como el encargado de transferir pacientes desde las comunidades a estas unidades para su
aislamiento y tratamiento. Además, los trabajadores médicos desplazados deben tener garantizado el acceso fiable a la evacuación médica inmediata en caso de sospecha de exposición al virus.
La rapidez con la que se ha extendido el actual brote de ébola pone de manifiesto que la salud, y especialmente las enfermedades infecciosas, no tienen fronteras. El contagio de la auxiliar sanitaria que trató a los enfermos repatriados a
España, que supone el primer caso de ébola contraído por contagio fuera de África, refuerza la evidencia de esta afirmación. Este contagio implica, además, un doble desafío para España, que no sólo tiene que dar respuesta a la enfermedad desde su
posición de miembro de la comunidad internacional, sino que tiene que descifrar los motivos de la infección en su territorio y mantenerla bajo control.
Una vez solventadas las carencias en el abordaje de la epidemia, es esencial replantear y fortalecer la contribución de los países donantes a los países receptores afectados por el brote. El fortalecimiento de los sistemas de salud es la
única solución al desafío del ébola a medio y largo plazo. Es, además, la única solución cuyos efectos serán sostenibles en el tiempo. También desde el ámbito de la inversión y el desarrollo (I+D) debe abordarse una respuesta sostenible al virus,
ya que la falta de tratamiento para esta enfermedad evidencia la falta de investigación adecuada.
España debe contribuir decididamente a la articulación de una respuesta global a la epidemia de ébola, asumiendo la responsabilidad que deriva de su papel en la comunidad internacional. Debe asimismo atajar la aparición de la enfermedad en
el país.
Para ello, y en la línea de lo expresado en la declaración institucional elaborada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 1 de octubre de 2014, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a emprender las siguientes acciones:
1. Impulsar el análisis, y en su caso la revisión, de los protocolos existentes. Esto debe hacerse siguiendo las recomendaciones de las directrices de la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, y teniendo en cuenta la
experiencia adquirida en los países altamente afectados para el tratamiento de pacientes infectados, a fin de garantizar que no se produzcan más contagios por esta vía.
2. Establecer un mecanismo de coordinación interterritorial y de expertos que garantice una respuesta multidisciplinar y efectiva a la aparición de casos en España.
3. Informar a la ciudadanía, adecuadamente y en todo momento, de la evolución de la situación de la enfermedad en el país.
4. Garantizar la información y formación pertinente a los trabajadores sanitarios competentes.
5. Sumarse a la lucha internacional contra el ébola dotándola de los recursos humanos y financieros necesarios.
6. Adoptar las medidas necesarias para facilitar el envío de personal médico y sanitario, a fin de contribuir a revertir la escasez de personal cualificado en los países afectados.
7. Adoptar las medidas necesarias para que la base logística de Gran Canaria (de uso para el Programa Mundial de Alimentos) se convierta en un puente aéreo con capacidad de evacuación, plataforma de escalas, de tránsito y de refuerzo
logístico.
8. Participar, en coordinación con la Unión Europea, en la evacuación de personal sanitario y cooperantes.
9. Adoptar las medidas presupuestarias necesarias para dotar de financiación al plan de respuesta humanitaria y de desarrollo a medio y largo plazo.
10. La respuesta a la epidemia de ébola debe ser gestionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), dada su capacidad de coordinar la acción humanitaria desplegada por España.
11. Estas acciones se implementarán bajo el auspicio de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que ejerce el liderazgo técnico de la respuesta de la comunidad internacional al virus, y en colaboración con las organizaciones
humanitarias españolas desplegadas en la zona.
12. AI mismo tiempo es esencial incrementar los recursos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Sólo así se pondrán las bases para prevenir situaciones futuras de carácter similar que pueden afectarnos a todos.
13. Aumentar los fondos destinados a la Investigación y Desarrollo de tratamientos para enfermedades infecciosas a las que hasta ahora no se ha prestado atención.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural.
161/003103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación del
Hospital Carlos III como Centro de Referencia Nacional para patologías infecciosas, tropicales y enfermedades de carácter epidémico para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
En relación a las repatriaciones y al primer caso de infección por el virus del ébola, se ha puesto en evidencia la carencia de un Centro de Referencia para este tipo de enfermedades en España, ante el desmantelamiento por la Comunidad de
Madrid del Hospital Carlos III.
Por otra parte, la Ley General de Salud Pública 33/2011 contemplaba en su capítulo XIII la sanidad exterior y la salud internacional, así como la coordinación y planificación en materia de salud pública con la creación del Centro Estatal de
Salud Pública, el Comité Consultivo y el Consejo Asesor, temas que no han sido desarrollados a lo largo de esta legislatura.
Lo mismo ha ocurrido con su artículo 13 sobre la vigilancia, los sistemas de alerta y la respuesta rápida en salud pública, así como sobre su coordinación con la salud pública de las Fuerzas Armadas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recuperar el Hospital Carlos III como Centro de Referencia Nacional para patologías infecciosas, tropicales y enfermedades de carácter epidémico.
2. Garantizar la coordinación necesaria con los centros de epidemiología, medicina tropical y microbiología del Instituto de Investigación Carlos III, así como de la Escuela Nacional de Sanidad y su dependencia del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
3. Desarrollar los contenidos y organismos de vigilancia, alerta, planificación, coordinación y participación en salud pública previstos en la Ley 33/2011, General de Salud Pública.
4. Poner en marcha la planta para casos de NBQ, prevista en el Hospital Gómez Ulla, a la mayor brevedad y en el marco de coordinación prevista en la Ley General de Salud Pública.
5. Destituir a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por su responsabilidad en la improvisación, negligencia y falta de transparencia en relación a la crisis del ébola.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural.
Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la revisión de la señalización, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Sin duda la solución a los problemas de la siniestralidad vial no puede abordarse exclusivamente desde un punto legislativo y debe buscarse soluciones parciales y pluridisciplinarias.
Siendo la velocidad un elemento que afecta de manera fundamental en la siniestralidad vial es preciso adoptar todas aquellas medidas que incidiendo en este elemento disminuyan la siniestralidad de manera significativa.
El pasado 5 de abril, el Ministerio de Fomento, mediante su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado' ('BOE'), dio a conocer la nueva norma 8.1-IC 'Señalización vertical', que regula los criterios de instalación en la Red de Carreteras
del Estado, tanto de señales de código de circulación (prohibiciones, obligaciones, restricciones, advertencia de peligro, etc.) como de carteles de orientación (señalización y preseñalización de salidas, confirmación de itinerarios, etc.). Dicha
norma, en su disposición transitoria única fija un plazo de veinticuatro meses para la revisión de las señales de velocidad recomendada en curvas posponiendo la aplicación de esta Orden hasta que sea necesaria la reposición de las señales
instaladas.
La Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial, en su disposición adicional preveía que el Gobierno impulsara, de acuerdo con las
administraciones competentes, una revisión de la señalización vial y de la normativa reguladora de los límites de velocidad, para adecuar los mismos a las exigencias derivadas de una mayor seguridad vial.
Ese mismo año la Dirección General de Tráfico (DGT) también solicitó a los titulares de carreteras, autovías y autopistas que realizaran una revisión de la señalización existente en los tramos donde hubiera instalados o fueran a instalar
radares fijos.
Si bien el Gobierno realiza auditorías de seguridad vial en las carreteras, el parlamento carece de información alguna al respecto ya que aunque ha sido solicitado por el Grupo Socialista nunca el Gobierno ha remitido dicha información.
Entendiendo que la adecuación de la velocidad al estado de las vías debe ser especial y continuamente evaluado, de dicha evaluación se deriva la exigencia de una adecuación continua de las señales a las necesidades que emanen de los
resultados obtenidos, procediendo a su modificación y adecuación si así resulta necesario, con independencia del estado en que se encuentre la conservación de dichas señales.
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo una revisión de la señalización existente en las carreteras, autovías y autopistas de su titularidad para adecuar la señalización de los límites de velocidad a las
características de la vía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2014.-Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/002079
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior.
Diputada doña Esperança Esteve Ortega.
Texto:
El 17 de octubre se ha hecho pública la grabación de un suceso fechado dos días antes, cuando un grupo de personas intentó saltar la valla que separa España y Marruecos en Melilla. Una de las personas, tras recibir varios golpes, cayó y fue
conducida en estado de aparente inconsciencia al punto de origen.
¿Qué instrucciones o protocolos determinan la forma de emplear el uso de la fuerza en las actuaciones de control de las fronteras de Ceuta y Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2014.-Esperança Esteve Ortega, Diputada.
181/002080
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior.
Diputada doña Esperança Esteve Ortega.
Texto:
El 17 de octubre se ha hecho pública la grabación de un suceso fechado dos días antes, cuando un grupo de personas intentó saltar la valla que separa España y Marruecos en Melilla. Una de las personas, tras recibir varios golpes, cayó y fue
conducida en estado de aparente inconsciencia al punto de origen.
¿Cómo explica el Gobierno la repatriación de dicha persona sin atender a lo dispuesto en la legalidad española y los convenios internacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2014.-Esperança Esteve Ortega, Diputada.
181/002081
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior.
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán.
Texto:
En el día de ayer pudimos ver a través de los medios de comunicación las imágenes tomadas por la ONG melillense Prodein tras el último intento de salto en grupo de la valla. En las imágenes se comprueba que un inmigrante, forzado a
descender por la escalinata instalada por la Guardia Civil, fue golpeado en varias ocasiones por agentes hasta quedar, al parecer, en estado de inconsciencia. No obstante, en lugar de ser conducido para ser asistido médicamente y cumplir los
trámites legales, es entregado a fuerzas marroquíes incumpliendo la legislación en la materia y los compromisos internacionales suscritos por España.
¿Es este tipo de toma de imágenes las que el Gobierno pretende sancionar como infracción grave, tal y como prevé la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana remitida por el Gobierno al Congreso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2014.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/002082
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior.
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán.
Texto:
En el día de ayer pudimos ver a través de los medios de comunicación las imágenes tomadas por la ONG melillense Prodein tras el último intento de salto en grupo de la valla. En las imágenes se comprueba que un inmigrante, forzado a
descender por la escalinata instalada por la Guardia Civil, fue golpeado en varias ocasiones por agentes hasta quedar, al parecer, en estado de inconsciencia. No obstante, en lugar de ser conducido para ser asistido médicamente y cumplir los
trámites legales, es entregado a fuerzas marroquíes incumpliendo la legislación en la materia y los compromisos internacionales suscritos por España.
¿Qué responsabilidades va a asumir el Delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Melilla por la trasgresión de las normas mínimas exigidas en este tipo de actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2014.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/002083
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior.
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán.
Texto:
En el día de ayer pudimos ver a través de los medios de comunicación las imágenes tomadas por la ONG melillense Prodein tras el último intento de salto en grupo de la valla. En las imágenes se comprueba que un inmigrante, forzado a
descender por la escalinata instalada por la Guardia Civil, fue golpeado en varias ocasiones por agentes hasta quedar, al parecer, en estado de inconsciencia. No obstante, en lugar de ser conducido para ser asistido médicamente y cumplir los
trámites legales, es entregado a fuerzas marroquíes incumpliendo la legislación en la materia y los compromisos internacionales suscritos por España.
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para que cesen estas prácticas inhumanas, además de ilegales, con la vulneración de derechos que suponen para los inmigrantes y las consecuencias personales y jurídicas que conllevan para los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2014.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/002084
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior.
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán.
Texto:
En el día de ayer pudimos ver a través de los medios de comunicación las imágenes tomadas por la ONG melillense Prodein tras el último intento de salto en grupo de la valla. En las imágenes se comprueba que un inmigrante, forzado a
descender por la escalinata instalada por la Guardia Civil, fue golpeado en varias ocasiones por agentes hasta quedar, al parecer, en estado de inconsciencia. No obstante, en lugar de ser conducido para ser asistido médicamente y cumplir los
trámites legales, es entregado a fuerzas marroquíes incumpliendo la legislación en la materia y los compromisos internacionales suscritos por España.
¿Considera el Gobierno que se están cumpliendo adecuadamente los principios de proporcionalidad y otros que deben regir la actuación de los responsables del control de las fronteras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2014.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
Comisión de Fomento
181/002069
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán.
Texto:
¿Cómo piensa el Gobierno maximizar y sincronizar la 'macro-inversión' del corredor ferroviario, con las infraestructuras de los puertos base del Mediterráneo español, esencialmente Barcelona y Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.