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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 525, de 29/09/2014
cve: BOCG-10-D-525
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de septiembre de 2014
Núm. 525
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, contra la confiscación de tierras por parte del Gobierno de Israel y el desmantelamiento de los asentamientos ilegales ...
161/003037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, contra los planes de transferencia forzosa de población palestina beduina en Cisjordania, la confiscación de tierras por parte
del Gobierno de Israel y los asentamientos ilegales en territorio ocupado ... (Página5)
Comisión de Economía y Competitividad
161/003036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para mejorar el funcionamiento del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de forma que no se repitan casos como el de Gowex ...
(Página7)
Comisión de Fomento
161/003032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la aprobación de descuentos del 50% en la autopista del Atlántico AP-9 para el sector del transporte ... (Página8)
161/003033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el arreglo de la N-634 y la N-642 ... (Página9)
161/003041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la paralización del proceso de privatización de los aeropuertos y la apertura de un debate para definir un modelo
de gestión pública de los mismos ... (Página10)
161/003042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre máxima prioridad nacional a la conexión ferroviaria del Puerto de Bahía de Algeciras-Bobadilla/Antequera ... (Página14)
161/003048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para garantizar la viabilidad del servicio postal público ... (Página15)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas en aguas canarias ... (Página16)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a un plan de uso del embalse de la Breña (Córdoba) ... (Página17)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la reactivación del pacto social por la no discriminación asociada al VIH y al Sida ... (Página18)
161/003044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de 2016 como Año de la Salud Mental en España ... (Página19)
161/003046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la calidad de la información que se otorga al consumidor ... (Página20)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003034 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la epidemia del Ébola ... (Página21)
Comisión de Cultura
161/003039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Biblioteca provincial de Barcelona ... (Página22)
161/003043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la Conmemoración del IV Centenario del nacimiento del pintor Juan Carreño de Miranda ... (Página23)
161/003045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la candidatura de La Seu d'Ègara de Terrassa como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco ... (Página24)
Comisión de Igualdad
161/003018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas destinadas a combatir las situaciones de violencia de género y mejora de medios (versión reformulada)... (Página24)
161/003047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la incidencia de los infartos de miocardio y la insuficiencia cardíaca entre la población femenina ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/002043 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de que exista en todas las unidades judiciales de la provincia de Ourense la figura de juez, secretario y funcionarios judiciales
con carácter fijo y permanente en el nuevo Proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ... (Página28)
181/002044 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca del mantenimiento en el nuevo Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de los ocho partidos judiciales
existentes en Ourense ... (Página28)
181/002045 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de la consideración en el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de las unidades judiciales como 'sedes
desplazadas' dependientes del Tribunal de Instancia o como unidades independientes ... (Página28)
181/002046 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre atribución de la facultad de decidir la desaparición de cualquiera de las unidades judiciales o partidos judiciales actualmente existentes en el nuevo
Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ... (Página29)
Comisión de Interior
181/002040 Pregunta formulada por el Diputado don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU), sobre medidas previstas con los ciudadanos que disponen de pasaporte español que han viajado a países extranjeros para unirse a milicias radicales
islamistas y pretenden volver a España ... (Página29)
Comisión de Fomento
181/002050 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre causas que han motivado la ralentización y paralización de las obras del Nuevo Acceso a Cádiz, así como grado de ejecución de las correspondientes
consignaciones contempladas para dicho Acceso en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y 2014, a fechas 31/12/2013 y 30/06/2014, y calendario previsto para la finalización de las citadas obras ... (Página29)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/002047 Pregunta formulada por la Diputada doña Ascensión de las Heras Ladera (GIP), sobre previsiones acerca de adoptar alguna medida para que los propietarios de las fincas cinegéticas situadas dentro del Parque Nacional de Cabañeros
puedan seguir practicando la caza deportiva o comercial más allá de 2017, en contra de lo que exige la ley actual ... (Página30)
181/002048 Pregunta formulada por la Diputada doña Ascensión de las Heras Ladera (GIP), sobre modalidades, calendarios, número de capturas, métodos e intensidad cinegética que se mantiene en las referidas fincas de las que tenga conocimiento
el Organismo Autónomo Parques Nacionales como gestor del referido Parque Nacional ... (Página30)
181/002049 Pregunta formulada por la Diputada doña Ascensión de las Heras Ladera (GIP), sobre fincas situadas dentro del Parque Nacional de Cabañeros que deberán cesar su actividad cinegética en 2017 ... (Página31)
Comisión de Igualdad
181/002051 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó (GC-CiU), sobre grado de cumplimiento del acuerdo sobre la elaboración de un código de actuación publicitario no sexista ... (Página31)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU,ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley contra la confiscación de tierras por parte del Gobierno de Israel y el
desmantelamiento de los asentamientos ilegales, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Tras la masacre sufrida por el pueblo palestino con la denominada Operación Margen Protector y cinco días después de que se acordara la tregua, el Gobierno de Israel ha confiscado 400 hectáreas de tierra en Cisjordania ubicadas a menos de 10
kilómetros al sur de Belén, en el área de Gush Etzion. El objetivo de esta confiscación de tierras, la más grave desde principios de los años 80, es ampliar otro asentamiento ilegal llamado Gvaot, en el que ahora mismo residen no más de 15
personas, pero que está muy próximo a Gush Eztion, donde ya hay 60.000 residentes ilegales. El Gobierno de Israel, nuevamente, vulnera la legalidad internacional anexionándose este territorio ante la pasividad y la complacencia de la Comunidad
Internacional.
No solo no se desmantelan los asentamientos ilegales, sino que el ritmo de construcción de nuevas casas en colonias se ha multiplicado, complicando la delimitación de fronteras y dificultando o impidiendo la movilidad de los palestinos en su
territorio.
Exigir al Gobierno de Israel el desmantelamiento de los asentamientos en territorio ocupado, de acuerdo al derecho internacional, tal y como recoge la 'Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el
territorio palestino ocupado de la Corte Internacional de Justicia' (CIJ) del 9 de julio de 2004, cuyo décimo aniversario nos recuerda el deber de todas las Altas Partes Contratantes de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la protección de
civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949, tienen la obligación adicional de respetar y garantizar el cumplimiento de Israel y otros Estados del derecho internacional humanitario incorporado en dicha Convención, y por lo tanto, el deber
del Estado Español de tomar medidas para que desmantelen dichos asentamientos.
Sin duda, asistimos a una nueva agresión del Gobierno de Israel al pueblo palestino, a la violación sistemática del derecho internacional y los derechos humanos por parte del Gobierno de Israel, que son incompatibles con la consecución de la
paz en la región. Consideramos que el Gobierno de España debe tomar posición y actuar tanto en el marco de las relaciones bilaterales como multilaterales para suspender esta nueva confiscación y la retirada de los asentamientos ilegales existentes.
El Gobierno debe tomar medidas para el desmantelamiento de dichos asentamientos en territorio ocupado, de acuerdo al derecho internacional, tal y como recoge la 'Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un
muro en el territorio palestino ocupado de la Corte Internacional de Justicia' (CIJ) del 9 de julio de 2004, cuyo décimo aniversario nos recuerda el deber de todas las Altas Partes Contratantes de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la
protección de civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949 tienen la obligación adicional de respetar y garantizar el
cumplimiento de Israel y otros Estados del derecho internacional humanitario incorporado en dicha Convención.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados manifiesta su condena a la orden de confiscación de 4.000 dunnums (400 hectáreas) de tierras palestinas en las zonas de Belén y Hebrón llevada a cabo cinco después de acordar la tregua con Palestina y
denuncia esta nueva anexión ilegal de territorio palestino, vulnerando el derecho internacional, violando los derechos del pueblo palestino y obstaculizando el proceso de paz.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Adoptar una posición activa, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, para exigir al Gobierno de Israel la cancelación inmediata de las órdenes de confiscación de 4.000 dunnums (400 hectáreas) de tierras palestinas en
las zonas de Belén y Hebrón.
- Adoptar una posición activa, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, para exigir al Gobierno de Israel el desmantelamiento de los asentamientos en territorio ocupado, de acuerdo al derecho internacional, tal y como
recoge la 'Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado de la Corte Internacional de Justicia' (CIJ) del 9 de julio de 2004.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley contra los planes de transferencia forzosa de población palestina
beduina en Cisjordania, la confiscación de tierras por parte del Gobierno de Israel y los asentamientos ilegales en territorio ocupado, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
En estos días, hemos tenido conocimiento de la campaña de denuncia que han puesto en marcha numerosas organizaciones palestinas, israelíes e internacionales demandando a la Comunidad Internacional que actúe con urgencia para detener los
planes de transferencia forzosa de miles de beduinos palestinos desde sus comunidades en la parte central de la Cisjordania ocupada.
Esta transferencia forzosa de la comunidad palestina beduina supone una grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra. Es una violación de los derechos, tanto individuales como colectivos, que niega el derecho de esta población a
permanecer en sus comunidades y a desarrollarse en las mismas.
Además, el Gobierno de Israel con esta transferencia forzosa pretende liberar nuevos territorios para la expansión de sus asentamientos ilegales, haciendo inviable el avance de la paz e inalcanzable la construcción de un Estado palestino.
Este llamamiento de las organizaciones palestinas, israelíes e internacionales surge como respuesta al reciente anuncio por parte del Gobierno de Israel de la puesta en marcha de seis planes de transferencia de beduinos palestinos de sus
comunidades a una zona en las inmediaciones de Jericó, Ramallah y Jerusalén. Dichos planes incluyen el traslado de los beduinos fuera del área políticamente sensible conocida como 'área periférica de Jerusalén o área E-1', en la que Israel ha
pretendido desde hace un tiempo demoler 23 comunidades beduinas para expandir e intercomunicar los asentamientos construidos violando el derecho internacional. La expansión de los asentamientos y carreteras en esta zona dividiría Cisjordania en dos
partes, además de complicar aún más el movimiento, las relaciones sociales y
económicas entre las principales ciudades palestinas y restringir el acceso de palestinos y palestinas desde Cisjordania a Jerusalén.
Todas las comunidades beduinas palestinas seleccionadas para la transferencia están localizadas en el área C, el cual constituye el 60% de Cisjordania, donde Israel mantiene total control militar y civil. En esta área habitan
aproximadamente 341.000 colonos lsraelíes distribuidos en más de 100 asentamientos. A pesar de que el área C está dentro de los límites del Territorio Palestino ocupado reconocidos internacionalmente desde 1967, Israel solo permite a ciudadanos
palestinos construir en un 1% del mismo. La restricción de autorizaciones para construir expone a la población palestina a demoliciones de viviendas, desplazamiento, transferencias forzadas y limita sus derechos de acceso al agua, vivienda digna,
educación, salud y medios de vida.
En los últimos meses, el Gobierno de Israel ha utilizado tácticas coercitivas para intensificar la presión sobre las comunidades beduinas palestinas, emitiendo órdenes de desalojo, demoliendo sus viviendas y otras infraestructuras. Israel
también ha obstaculizado que agencias de ayuda humanitaria brinden asistencia a estas comunidades decomisando y destruyendo viviendas de campaña provenientes de los donantes internacionales a familias cuyas viviendas fueron demolidas, más de 350
hogares palestinos o escuelas beduinas han sido demolidas en área C durante 2014, mientras que en la periferia de Jerusalén y en área E-1 el desplazamiento de la población beduina ha alcanzado su punto más alto en los últimos cinco años, 170
beduinos en total incluyendo 91 niños.
Estos planes del Gobierno de Israel no son acciones aisladas. Recientemente, tras la masacre sufrida por el pueblo palestino con la denominada Operación Margen Protector y cinco días después de que se acordara la tregua, el Gobierno de
Israel ha confiscado 400 hectáreas de tierra en Cisjordania ubicadas a menos de 10 kilómetros al sur de Belén, en el área de Gush Etzion. El objetivo de esta confiscación de tierras, la más grave desde principios de los años 80, es ampliar otro
asentamiento ilegal llamado Gvaot, en el que ahora mismo residen no más de 15 personas, pero que está muy próximo a Gush Eztion, donde ya hay 60.000 residentes ilegales. El Gobierno de Israel, nuevamente, vulnera la legalidad internacional
anexionándose este territorio ante la pasividad y la complacencia de la Comunidad Internacional.
Por último, el Gobierno de España no puede permanecer en la equidistancia y la pasividad ante la sistemática vulneración del derecho internacional por parte del Gobierno de Israel, debiendo tomar medidas necesarias para lograr cancelar los
planes de traslados forzosos de población palestina, la confiscación y anexión de tierras así como el desmantelamiento de los asentamientos ilegales en territorio ocupado. Tal y como recoge la 'Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas
de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado de la Corte Internacional de Justicia' (CIJ) del 9 de julio de 2004, cuyo décimo aniversario nos recuerda el deber de todas las Altas Partes Contratantes de la Cuarta Convención de
Ginebra relativa a la protección de civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949, tienen la obligación adicional de respetar y garantizar el cumplimiento de Israel y otros Estados del derecho internacional humanitario incorporado en dicha
Convención.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados condena los planes de desplazamientos forzosos de la comunidad palestina beduina en Cisjordania, la orden de confiscación de 400 hectáreas de tierras palestinas en las zonas de Belén y Hebrón, las
ampliaciones de los asentamientos ilegales existentes y las nuevas anexiones ilegales de territorio palestino, vulnerando el derecho internacional, violando los derechos del pueblo palestino y obstaculizando el proceso de paz.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Adoptar medidas y promover las sanciones oportunas, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, para exigir la cancelación inmediata de los planes del Gobierno de Israel para ejecutar la transferencia forzosa de miles de
beduinos palestinos desde sus comunidades en la parte central de la Cisjordania ocupada.
- Adoptar medidas y promover las sanciones oportunas, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, para exigir al Gobierno de Israel la cancelación inmediata de las órdenes de confiscación de 400 hectáreas de tierras
palestinas en las zonas de Belén y Hebrón.
- Adoptar una posición activa, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, para exigir al Gobierno de Israel el desmantelamiento de los asentamientos en territorio ocupado, de acuerdo al derecho internacional y el
cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, concretamente la Cuarta Convención de Ginebra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Economía y Competitividad
161/003036
A la Mesa de la Comisión de Economía y Competitividad
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para mejorar el funcionamiento del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de forma que no se repitan casos como el de Gowex, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Gowex, una empresa tecnológica española galardonada con diversos premios institucionales, fue analizada por la firma de análisis norteamericana Gotham City Research, que publicó un demoledor informe valorando la firma en cero. En su
opinión, las cuentas anuales contenían medias verdades, cuando no falsedades, conclusión a la que llegaron tras ocho meses de investigación.
El presidente de la compañía, don Jenaro García, presentó al poco tiempo su dimisión, tras admitir la falsedad de las cuentas durante, al menos, los últimos cuatro años, lo que llevó al Consejo de Administración a solicitar el concurso
voluntario de acreedores, 'ante la previsión de que la sociedad no pueda hacer frente a sus deudas corrientes a su vencimiento'.
Entre los principales acreedores de Gowex se encuentran organismos públicos, que financiaron con créditos en condiciones favorables la expansión del negocio. Destaca entre ellos el Instituto Oficial de Crédito (ICO). Según las
informaciones publicadas, hasta finales de 2013 el ICO había concedido créditos a Gowex por valor de 8,92 millones de euros. Otros créditos blandos, por valor de 4,8 millones, procedían del Ministerio de Industria y sus ayudas a proyectos de nuevas
tecnologías y sociedad de la información. También recibió ayudas del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones (3 millones cada uno), así como del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Resulta preocupante, tras siete años desde el inicio de la crisis financiera, este nuevo fallo en el funcionamiento de la CNMV, cuya primera reacción consistió en investigar al denunciante (Gotham) en vez de al denunciado (Gowex). No menos
preocupantes resultan las potenciales consecuencias negativas para el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en que esta empresa cotizaba. Los recientes hechos hacen necesario que se revisen en profundidad los mecanismos de funcionamiento de dicho
mercado, así como el papel que desempeñan en él organismos como la CNMV y el ICAC, con objeto de garantizar su propia supervivencia.
En un contexto de restricciones financieras, como el actual, en el que la financiación mayorista se ha encarecido considerablemente, un mercado como el MAB es importante para dotar de una fuente alternativa de financiación a nuestras pymes,
en línea con lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, que cuentan con mercados similares desde mucho antes de la creación de este en España.
El éxito de este mercado desde su creación ha sido bastante modesto, ya que solo cotizan en él en la actualidad unas 20 empresas, mientras que en el Alternext de Francia cotizan 184 y en el AIM del Reino Unido lo hacen más de 1.000.
Sería importante reforzar los mecanismos de supervisión en el momento de la incorporación de nuevas cotizadas, de forma que se dote a los potenciales inversores de mayores garantías respecto a la veracidad de la información financiera de las
empresas. Casos como el de Gowex, en el que la mayor parte de la
información financiera era falsa, merman la credibilidad de nuestros mercados de capitales y de nuestras instituciones supervisoras, generando gran desconfianza entre la comunidad inversora.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar medidas para:
1.º Revisar la figura del 'Asesor Registrado' (cuyo papel viene regulado en la Circular 10/2010, de 4 de enero, de Bolsas y Mercados BME, así como en la 'Guía de Buenas Prácticas' de marzo de 2014). En concreto, es preciso:
a) Establecer un régimen sancionador que se aplique en los casos en los que el Asesor no haya cumplido con su obligación de realizar todas las actuaciones necesarias para comprobar la situación real de la empresa y se demuestre que la
información suministrada era falsa.
b) Convertir en obligatorios los criterios fijados en la Guía de Buenas Prácticas, que en la actualidad constituyen una mera referencia a seguir.
2.º Acelerar la reforma de la Ley de Auditorías para:
a) Transponer la normativa comunitaria en esta materia.
b) Permitir a acreedores e inversores minoristas participar en la selección de la auditora, con objeto de garantizar que sea realmente independiente.
c) Establecer un régimen de garantías, o seguros de responsabilidad, para que las auditoras respondan en caso de que las cuentas aprobadas sean fraudulentas.
d) Revisar el sistema de supervisión y el régimen sancionador del ICAC respecto de las empresas de auditoría que supervisa.
e) Fijar unos criterios mínimos de tamaño y trayectoria en la auditora para poder auditar una empresa cotizada.
3.º Modificar la supervisión y regulación del MAB, de forma que recaigan de manera conjunta en la CNMV y en BME. En la actualidad, la CNMV no regula de forma directa el funcionamiento de este mercado, sino que se limita a supervisar que los
comportamientos de mercado sean los correctos y que no haya operaciones de abuso de mercado.
4.º Revisar los mecanismos y procedimientos de admisión a cotización en el MAB.
5.º Establecer un límite máximo de capitalización a las cotizadas en el MAB, rebasado el cual deberán pasar al mercado continuo ('Ley ascensor').'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Fomento
161/003032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de aprobar descuentos del 50% en la autopista del Atlántico AP-9 para el sector del transporte. Debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Ministerio de Fomento, a través de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, acaba de autorizar la aplicación de un descuento del 50% sobre el
peaje aplicado a los vehículos pesados, que realicen recorridos totales o parciales en el tramo Sagunto-Torreblanca de la autopista AP-7 Tarragona-Valencia, y que utilicen para el abono del peaje un dispositivo Vía-T.
El Ministerio alega que ha decidido adoptar esta decisión como medida complementaria a la restricción a la circulación de vehículos de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) en el tramo Oropesa-Nules de la carretera N-340,
en vigor desde el pasado mes de abril.
Un anuncio que hemos podido leer en la misma web del Ministerio de Fomento. En cuya nota también se señala que 'con la aplicación de esta bonificación se potencia la utilización de la autopista AP-7, de más fácil acceso y mejores
condiciones de circulación'.
Fomento también aprobó medidas similares el año pasado en la A-2 y la AP-68 en Aragón. Sin olvidar que distintas autopistas del estado ofrecen descuentos y tarifas ventajosas al sector del transporte según las horas de tránsito.
Desde el BNG celebramos este tipo de iniciativas pero no podemos dejar de preguntarnos por qué siempre queda excluida la AP-9 de iniciativas positivas como la mencionada. El Ministerio es conocedor de los graves problemas que la
concesionaria AUDASA provocó a miles de conductores este pasado verano, con monumentales atascos antes las cabinas de peajes y que deberían servir al Ministerio para establecer un antes y un después.
Una situación vergonzosa que solo ha provocado que el Ministerio abra uno de sus usuales expedientes a la concesionaria y a requerirle un refuerzo de las cabinas de pago. Pero sigue sin adoptar medidas determinantes y contundentes como la
retirada de la concesión a una empresa que cada vez ofrece un servicio peor, pero que no renuncia a cobrar unos peajes que están entre los más caros del estado.
Son muchas las ocasiones en las que hemos demandado al Ministerio que exija a la concesionaria la aplicación de un programa de descuentos como sucede en otras partes. Sin embargo, ni siquiera eso ha gestionado el Ministerio en relación a la
única vía que vertebra Galicia de norte a sur.
La decisión del Ministerio ha soliviantado al sector del transporte en Galicia que lleva tiempo reclamando un plan de descuentos en la AP-9 a los transportes pesados, con el objetivo de disminuir el tráfico pesado de las carreteras
convencionales, sobre todo de la N-550. Una medida así para la autopista del Atlántico permitiría asimismo mejorar la seguridad vial en carretas como la N-550, que asume cada vez más un mayor volumen de tráfico debido a los altos costes de los
peajes de la AP-9.
Además, conviene recordar al Ministerio que la única medida adoptada para la AP-9 que es objeto de presunción por parte de la Ministra, la gratuidad del tramo Pontevedra-Vigo, no se aplica al sector del transporte tampoco.
El sector del transporte en Galicia pide beneficiarse de los mismos descuentos que el Ministerio aprobó para Valencia y otras zonas del Estado. Sería pertinente que Fomento escuchase una demanda que es justa, especialmente después de lo
ocurrido con la AP-9 en la época estival.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Autorizar, a través de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, la aplicación de un descuento del 50% sobre el peaje aplicado a los vehículos pesados que realicen recorridos totales o
parciales por la Autopista del Atlántico, AP-9.
- Reclamar a AUDASA la aplicación de un programa de descuentos por el uso frecuente de la autopista, similar al existente en otras autopistas del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el arreglo de la N-634 y la N-642', para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Comarca de la Mariña Luguesa es uno de los territorios más poblados de la provincia de Lugo, y una de las zonas de Galicia que más población estacionaria recibe debido a su condición de marco turístico incomparable. Lugares como la Playa
de las Catedrales, que atrae miles de turistas al año, o la infinidad de enclaves donde disfrutar de las vacaciones, convierten a la Mariña Luguesa en un destino señalado a nivel nacional.
Pero además, la zona norte de la Provincia de Lugo es un lugar estratégico que conecta Galicia con el resto de la Cornisa Cantábrica, haciendo de la Mariña un lugar logísticamente trascendental. Debido a la necesaria descentralización de la
red viaria española y a la demandan de infraestructuras que conecten el territorio para el transporte de mercancías, los distintos gobiernos centrales impulsaron la construcción de la Autovía del Cantábrico, que une Galicia con Francia.
A pesar de la reciente inauguración de la totalidad de los tramos de la A-8 a su paso por Lugo, las Nacionales 634 y 642 siguen siendo unos viales imprescindibles para comunicar los diferentes concellos de la Mariña y esta con el sur de la
Provincia de Lugo.
Además, debido a la recurrente niebla que suele encontrarse en el tramo que une Abadín con Mondoñedo en numerosas ocasiones la autovía A-8 permanece cortada al tráfico, derivando el mismo hacia la nacional 634. Esta derivación del tráfico
hace que la nacional reciba más tráfico del previsto suponiendo un verdadero problema para los vecinos de los concellos afectados y sometiendo al vial a un desgaste mayor del previsto.
A pesar de la afluencia de tráfico que presentan las nacionales 634, que une Ribadeo con Mondoñedo, y 642, que une Foz con Xove, y del pésimo estado en que se encuentran, el Delegado del Gobierno para Galicia Samuel Juárez ha mantenido que
'no se contempla la necesidad urgente de hacer ningún tipo de arreglo'.
Sin embargo, la realidad es que el estado del firme de la Nacional 634 y nacional 642 son pésimos, destacando tramos especialmente deshonrosos como el de fazouro, famosos por sus retenciones en la época estival, o las señales viales
horizontales y el mínimo estado de conservación de las carreteras, cuyas líneas parecen el recuerdo de lo que debieron ser en su día, demuestran claramente la urgencia de inversión pública para su arreglo.
Por todo ello, y ante el deplorable estado de los viales N-634 y N-642, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a que inicie de inmediato el arreglo de la carretera nacional 634 y nacional 642 y, que habilite para los Presupuestos Generales del Estado de 2015, las partidas presupuestarias
que considere precisas para adecuar los viales al tráfico que soportan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2014.-Margarita Pérez Herraiz, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la paralización del proceso de privatización de los
aeropuertos y la apertura de un debate para definir un modelo de gestión pública de los mismos, para su debate en la Comisión de Fomento.
El Gobierno ha iniciado los trámites para la privatización de AENA, mediante un modelo que pone en cuestión el carácter estratégico de los aeropuertos como soportes fundamentales del derecho de toda la ciudadanía a la movilidad y al
desarrollo económico y social, mediante un proceso que sitúa los intereses
económicos privados por encima de los derechos y necesidades sociales y económicas colectivas y aleja los procesos de tomas de decisiones del conjunto de las instituciones.
Para la entrada del capital privado se ha encargado la gestión de la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones de AENA, entre otros a los bancos Bank of America (BofA), Goldman Sachs y Morgan Stanley. En conjunto, y en el planteamiento
inicial, gestionarán la colocación del 28% de las acciones en bolsa este mismo mes de noviembre. El otro 21% de las acciones se adjudicarán directamente durante el mes de septiembre a entre 2 y 4 grandes inversores que conformarán un núcleo estable
de referencia y a los que a cada uno de ellos se adjudicará entre en 5% y un 11% de acciones. En total, este proceso dará como resultado que el 49% de las acciones de AENA Aeropuertos pasarán a manos privadas. Y esto, en esta primera fase de la
privatización, para en un futuro inmediato enajenar una participación mayoritaria.
Aunque este planteamiento parece que está sufriendo cambios sobre la marcha, en un ejemplo más de la improvisación y falta de transparencia con que el Gobierno está llevando a cabo este proceso. El Ministerio se ha planteado reducir
considerablemente el tramo minorista de la OPV a favor de los inversores institucionales.
A la hora de elegir el núcleo estable de inversores de referencia, se han establecido unos criterios de valoración que ponen en cuestión la transparencia de este proceso. La exigencia anterior de permanencia de los grandes inversores que
conformarían el llamado grupo 'estable' de referencia ha pasado de ser tres años a solamente uno; se ha ampliado el capital máximo al que puede acceder cada accionista del 7% al 11%; el 20% de la valoración de la oferta vendrá determinado por algo
tan subjetivo como la 'credibilidad del inversor'; e incluso, la oferta económica que pongan sobre la mesa no será de obligado cumplimiento porque al margen de lo que ofrezcan por acción, las adjudicatarias solo estarán obligadas a pagar el precio
por acción que se haga efectivo en la OPV posterior. Es al menos controvertido, que una oferta que no es de obligado cumplimiento se lleve el 41% del valor del criterio de selección, mientras que el criterio de 'prima sobre el valor de bolsa', que
sí es de obligado cumplimiento en caso de ofertarse, solo puntúe el 10% en los méritos de adjudicación. Esto es, se puntúan prioritariamente criterios subjetivos y ofertas ficticias, a la vez que se dan facilidades a la especulación rápida
permitiendo periodos de permanencia de solo un año.
El objetivo es vender a quien el Gobierno quiera, como sea y al precio que sea, y sin importar lo que el Estado ingrese. Y todo ello dentro de un proceso opaco y caracterizado por la improvisación.
Toda esta operación económica para la venta de AENA está sustentada en un punto de partida que genera sospechas, como es la valoración que han dado a la red de aeropuertos.
En el año 2010, precedido por dos años con un importante porcentaje de descenso en número de pasajeros y operaciones, y en un contexto económico general marcado por la recesión, el Gobierno del Estado valoró a AENA en 30.000 millones de
euros. Y ahora, el valor de referencia de toda la red que utiliza el Gobierno del Estado para la privatización es por debajo de los 16.000 millones de euros. A esa cantidad han restado la deuda de AENA, y así el Gobierno ha situado el coste de
toda la red de aeropuertos para su venta entre 4.000 y 5.000 millones de euros. Con lo que después de vender prácticamente la mitad de las acciones, las arcas públicas solamente ingresarán una cantidad inferior a los 2.500 millones de euros.
Si comparamos los datos económicos de AENA que han sustentado estas valoraciones tan dispares -las cuentas del año 2009 y las del año 2013- esta diferencia del valor de los aeropuertos es inversamente proporcional a su rentabilidad. Resulta
que cuanto más rentable es la red de aeropuertos, menos vale.
El año 2013, AENA declaró una rentabilidad en la explotación de la red de 1.610 millones de euros, prácticamente el triple a la conseguida en el año 2009. Y comparando el resultado neto de las cuentas de ambos años, se ha pasado de un
resultado negativo de más 300 millones de euros a un beneficio neto de 715 millones de euros. Además, también hay que tener en cuenta que los datos del número de operaciones, pasajeros y mercancías de 2014, publicados hasta la fecha, fijan un
mantenido crecimiento, por lo que, en consecuencia, este año la rentabilidad en la explotación de la red de aeropuertos de AENA superará las cifras del año anterior.
No solo la rentabilidad de la red cuestiona el valor dado por el Gobierno a AENA. Desde al año 2000 en la red de aeropuertos se ha acometido la mayor inversión en la historia de los aeropuertos, con más de 20.000 millones de euros.
Recursos dedicados a la creación de nuevas instalaciones aeroportuarias, a la modernización de las ya existentes y a las inversiones necesarias para el proceso de certificación de aeropuertos. Estos datos contrastan con la valoración que se hace de
AENA, que apenas sobrepasará el 10% de ese descomunal esfuerzo inversor.
El ejemplo gráfico de la terminal T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas está ahí: el coste de su construcción fue muy superior a los 6.000 millones de euros; mientras ahora, con la valoración del Gobierno, si se vendiera el 100% de AENA el
Estado ingresaría menos de 5.000 millones de euros. Vender toda la red, no llegaría ni para recuperar lo invertido en la obra de la T4.
La deuda que soporta AENA es consecuencia en exclusiva del esfuerzo inversor que se ha realizado en este siglo. Durante ese periodo la rentabilidad de la Red -reflejada por el EBITDA de cada ejercicio- ha sido permanente, y ha ido creciendo
hasta llegar a los 1.610 millones de euros en el año 2013. También hay que aclarar que dicha deuda está siendo amortizada exclusivamente por la propia AENA, con los recursos que se generan por la continua rentabilidad en la explotación de la Red de
Aeropuertos, por lo que siempre se ha financiado con recursos propios -salvo los procedentes de los fondos europeos- y por lo tanto, en ningún momento ha supuesto coste alguno para el contribuyente. En contraposición a los aeropuertos de gestión
privada, como Castellón y Corvera en Murcia, que han supuesto un enorme agujero a las arcas públicas, además de demostrar su inviabilidad.
El Gobierno ha utilizado la deuda, contraída conscientemente, como un arma arrojadiza para implementar las medidas previas a la privatización e incluso como una justificación para la misma, mientras que el propio Ministerio asume que la
deuda es totalmente asumible y que los ingresos de la presumible privatización en ningún caso se destinarán a reducir el impacto de la deuda de AENA.
Además, el proceso de privatización retrasará la amortización de la deuda. El propio Vargas ha confirmado que después de la venta del 49% de AENA, el objetivo es renegociar la deuda para aliviar su presión sobre las cuentas de la entidad y
que eso permitirá repartir beneficios entre los accionistas. Esto es, alargar en el tiempo su amortización con el objetivo de que los futuros accionistas cobren más ganancias desde el primer momento.
Por tanto, las inversiones dedicadas a mejorar y ampliar la red de aeropuertos, la contrastada rentabilidad en su explotación y las positivas previsiones sustentadas en un considerable aumento del número de pasajeros y operaciones durante
este año, así como de los ingresos por las actividades comerciales en las terminales, sitúan el valor dado al 49% de AENA como un regalo a los inversores privados y más cuando se estima que las arcas del Estado no llegarán a ingresar ni 2.500
millones de euros a final del proceso privatizador. Un regalo de bienes públicos, de riqueza pública, de forma premeditada.
Además, ha de tenerse en cuenta que los aeropuertos son infraestructuras con una fuerte influencia en el entorno económico y social. Tanto la dimensión económica que genera su propia actividad, como la determinante repercusión sobre el
tejido industrial del entorno de cada instalación aeroportuaria y el hecho de que estas infraestructuras sean una de las bases fundamentales para garantizar el derecho a la movilidad y conectividad de todos y todas los ciudadanas, convierten a los
aeropuertos en elementos fundamentales para el desarrollo económico y social de sus áreas de influencia.
Según lo publicado en la memoria de AENA de 2012, el transporte aéreo supone el 7% del PIB del Estado y la actividad de AENA tiene un fuerte impacto en la generación de empleo: AENA Aeropuertos emplea directamente a unos 9.000 trabajadores
(más otros 4.600 que pertenecen a la parte de Navegación Aérea) y los aeropuertos generan 140.000 empleos directos y 440.000 empleos totales, lo que supone el 2% de la población activa. Como media, cada 1.000 nuevos pasajeros supone la creación de
un puesto de trabajo directo y casi tres empleos indirectos. Además, 6.200 empresas prestan sus servicios directos a los aeropuertos. Y no hay que olvidar, que el impacto del transporte aéreo sobre un sector como el turístico -que genera casi el
11% del PIB del Estado- es determinante, porque 4 de cada 5 turistas utilizan el avión. Estos datos son, de alguna forma, el impacto económico 'medible' de la actividad aeroportuaria. Aunque su repercusión económica es mucho más profunda, ya que
es fundamental para facilitar la conectividad de actividades industriales y económicas a nivel mundial.
En ese sentido, el derecho a la prosperidad económica y social basado en la actividad aeroportuaria debe de estar asentado en una gestión pública eficiente de los aeropuertos que garantice los derechos e intereses colectivos frente a los
intereses particulares.
En el contexto privatizador, el Gobierno ha establecido un nuevo marco de regulación y supervisión aeroportuaria, donde se establece que las tarifas aéreas no podrán subir al menos en una década, hasta el 2025. En los últimos tres años ha
habido un abrupto aumento de esas mismas tarifas que han ocasionado permanentes conflictos con las compañías aéreas y AENA ha defendido su posición afirmando que la normativa europea permite recuperar los costes operativos con las tasas aéreas. Y
ahora, cambiando completamente de discurso, dicen que en 10 años no las van a subir. Hace muy pocos meses el Ministerio
había llegado a un acuerdo con las compañías aéreas sobre las subidas de las tasas en los próximos años, por el que sumaban porcentajes fijos al IPC de cada año.
No es creíble que en pocos meses se tome una dirección diametralmente opuesta en un tema que es uno de los pilares económicos fundamentales de la actividad de AENA. Según los términos del acuerdo anterior con las compañías, AENA aplicaba
esas subidas para recuperar los costes operativos, y ahora renuncia a ello. Pero esta nueva política tarifaria no es creíble ni para los agentes económicos, ni los medios especializados, ni las instituciones nada sospechosas de tener posiciones
contra la privatización. Y además, de darse en un primer momento, será potencialmente generador de un déficit tarifario cuya consecuencia será la subida abrupta de las tasas aéreas.
Este anuncio de congelar las tarifas aéreas es una densa cortina de humo con la que quieren cubrir todo el proceso. Es otro elemento más para construir esa ficción con la que pretenden ocultar la verdadera cara del fraude a la sociedad y a
los agentes de la economía real vinculados al sector aéreo, tan víctimas de todo ello como la misma sociedad.
Además, este marco regulatorio, a la hora de establecer la política de fijación de precios de las tarifas aeroportuarias, implanta un modelo que solo toma en consideración los costes y los ingresos de las actividades estrictamente
aeroportuarias, sin tomar en consideración otras necesidades de carácter económico y social de los territorios afectados, impidiendo así establecer mecanismos de interrelación entre diferentes sectores económicos potencialmente beneficiarios de la
actividad aeroportuaria.
Ese nuevo marco regulatorio también abre la posibilidad para que, en algunas casos, la simple autorización de la Secretaría de Estado baste para decretar el cierre de aeropuertos. Así mismo, establece restricciones a las necesidades de
inversión. Y en cambio, a la hora de determinar aspectos como la calidad o la seguridad del servicio, lo hace de manera genérica y abstracta.
Las posibilidades de inversión que puedan plantear las diferentes instituciones quedan muy restringidas, se consolidará la progresiva reducción y la eliminación de la prestación de servicios de calidad ya implementada en la última etapa de
ajustes y nos situamos en un escenario donde hay un riesgo real de cierre de aeropuertos en base a criterios meramente economicistas fruto de las exigencias de rentabilidad de la inversión privada por encima de los intereses sociales y económicos de
la sociedad.
La privatización pone en riesgo gran parte de las necesidades de la sociedad en materia aeroportuaria, siendo incompatible con los objetivos institucionales, ya que la entrada de capital privado en un sector estratégico como el aeroportuario
-caracterizado por ser un monopolio natural- aleja la posibilidad de participación de las instituciones en su conjunto, en los procesos de toma de decisiones que afectan a la totalidad de la ciudadanía.
Para revertir la situación a la que han abocado a los aeropuertos y reivindicar las infraestructuras aeroportuarias como motores del desarrollo económico y social, y como fuertes polos de creación de empleo, es necesario apostar por un
modelo de gestión pública que, en sus diferentes expresiones, confieran los procesos de toma de decisiones de la gestión aeroportuaria a las diferentes instituciones y en donde prime el interés económico y social general, frente al modelo
privatizador que se aleja de esas metas, ya que este sitúa como objetivo central la rentabilidad del gestor privatizador, alejando cada vez más de las instituciones los procesos de toma de decisiones.
Por todo ello
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar de forma inmediata el proceso privatizador de los aeropuertos.
2. Abordar un debate social, político e institucional para definir un modelo de gestión pública aeroportuaria, que satisfaga las necesidades de la sociedad en su conjunto, al servicio del interés general, de los derechos ciudadanos, la
reactivación económica y la generación de empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
máxima prioridad nacional a la conexión ferroviaria del Puerto de Bahía de Algeciras-Bobadilla/Antequera, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Puerto Bahía de Algeciras lleva más de 20 años ininterrumpidos liderando el sistema portuario español en tráfico total de mercancías y en los últimos años es también líder absoluto de todos los puertos del Mediterráneo y el quinto entre
los 1.200 puertos comerciales de la UE, solamente superado por Róterdam, Hamburgo, Amberes y Ámsterdam. Canaliza más del 50% del tráfico comercial entre España y Marruecos y ha sido elegido como el único puerto español en el que recalarán los
grandes buques portacontenedores de más de 18.000 TEU,s. Además en el Campo de Gibraltar se localiza el primer polígono industrial de Andalucía por volumen de facturación. Esta actividad portuaria e industrial hace que el volumen de camiones con
mercancías que cada año de algún punto de la comarca esté próximo a los 575.000 camiones.
Esta enorme capacidad logística e industrial del Puerto Bahía de Algeciras y del Campo de Gibraltar en su conjunto hace que sea inexplicable que no cuente con una conexión ferroviaria de calidad que permita el transporte de mercancías hacía
Madrid y el Levante, para conectar con el resto de Europa. Esta tremenda anomalía ha sido reconocida por la Unión Europea, que en sus Directivas 'Conectar Europa' y de la 'Red Transeuropea de Transporte' aprobadas el pasado 11 de diciembre de 2013
por la Comisión y el Parlamento Europeo, dan un especial realce al puerto de la Bahía de Algeciras, incluyendo su conexión ferroviaria con Madrid en 2 de los 9 corredores prioritarios que constituyen la red básica de la Red Transeuropea de
Transporte, el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo, posición excepcional que viene a reconocer la trascendental importancia logística del Puerto Bahía de Algeciras, no solo para la economía de Andalucía sino de toda España y de Europa.
Este acuerdo de la Unión Europea debería ser la piedra de toque para priorizar los gastos en infraestructura ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla y poder de este modo cofinanciar la obra con los fondos del nuevo Marco Comunitario 2014-2020.
Sin embargo, el Gobierno de España no está programando económicamente con fondos significativos el adelanto de las obras previstas entre Algeciras y Bobadilla, sino que, al contrario, multiplican las excusas y dejan de invertir las
cantidades irrisorias previstas, primando por el contrario a otros territorios y puertos de España.
Aunque parezca increíble, la conexión ferroviaria existente ahora mismo es de una sola vía, de tráfico mixto, sin electrificar, con pendientes máximas de 25 milésimas, con enclavamientos manuales y sin duda con una de las menores
prestaciones de toda la red ferroviaria nacional. El único tramo ejecutado de la alternativa ferroviaria de futuro es la mejora del subtramo Ronda-San Pablo de Buceite, con 59,1 km de longitud, 1/3 aproximadamente de la totalidad del tramo
Algeciras-Bobadilla y lo acometió el anterior Gobierno socialista.
Los Presupuestos Generales del Estado de los años 2012, 2013 y 2014 se olvidan de este ramal central y se vuelcan con el ramal costero, de manera que se han programado 65 millones de euros en los tres Presupuestos para la conexión central,
que es la que necesita el Puerto Bahía de Algeciras frente a 3.363 millones para la costera, que es la que favorece a otros puertos como Valencia o Barcelona. Incluso en las ayudas solicitadas por el Ministerio de Fomento al Fondo Plurianual de la
Red Transeuropea de Transporte, de los 276 millones de euros que se solicitaron para ADIF, solo planificaron 2,8 millones para Algeciras-Bobadilla.
Ante esta evidente posición de discriminación y marginación de una infraestructura fundamental para España, como es la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, ahora el Gobierno, mediante el Real Decreto-ley 8/2014, de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, incorpora medidas para incrementar la inversión privada en los puertos y en las conexiones intermodales, creando un Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, al que cada puerto debería
aportar un 50% de sus beneficios anuales para financiar las obras de conectividad terrestre de las 28 autoridades portuarias del
sistema español, con lo que los cinco puertos con más beneficios: Algeciras, Barcelona, Baleares, Cartagena y Las Palmas, aportarían el 72% del nuevo fondo.
El sistema es sin duda perjudicial para los intereses del puerto Bahía de Algeciras y un nuevo agravio que sumar a la marginación a la que lo somete el Gobierno actual, porque los fondos, que algunas autoridades sostienen que están ociosos,
se tendrían que quitar de inversiones ya comprometidas o programadas, hundiendo las expectativas de desarrollo competitivo del Puerto, al dedicar sus recursos a obras de infraestructuras que le corresponde programar económicamente y llevar a cabo al
Gobierno de la Nación mediante los PGE, que es lo que se ha venido haciendo con otros puertos y no con Algeciras. Además el Gobierno de la Nación tiene que programar los fondos comunitarios del Nuevo Marco 2014-2020, y presentar su cofinanciación
de acuerdo con las Directivas europeas y no puede soslayar sus responsabilidades políticas y económicas llevándolas a los propios puertos mediante el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, y apartando a los puertos más competitivos
de seguir invirtiendo en ellos para poder ocupar mayor espacio de mercado en las redes logísticas mundiales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 aparezcan programadas las partidas presupuestarias necesarias para finalizar las obras de mejora de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla hasta su total electrificación en el
plazo más breve posible.
2. Que en la propuesta que realice el Gobierno de la Nación a las autoridades de la Unión Europea para la programación del Nuevo Marco Comunitario 2014-2020, se incluya prioritariamente al Puertos de la Bahía de Algeciras y su conexión
ferroviaria con Bobadilla/Antequera, en cumplimiento de las Directivas 'Conectar Europa' y 'Red Transeuropea de Transporte'.
3. Que retire el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuario, por estar planificado no como un instrumento para favorecer el crecimiento y la competitividad, en este caso del Puerto Bahía de Algeciras, sino para provocar una
disminución de los recursos propios de los puertos y favorecer desequilibrios evidentes en materia ferroviaria en puertos, favoreciendo a unos con el perjuicio de otros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2014.-Francisco González Cabaña y Manuel Pezzi Cereto, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para garantizar la viabilidad del servicio postal público.
Exposición de motivos
Correos presta un relevante servicio público a ciudadanos, empresas y administraciones de carácter universal, es decir, prestado en la totalidad de los núcleos de población.
Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros y oficinas) y más de 100.000
kilómetros diarios.
Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla mecanismos de financiación para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio público que, en amplias zonas, solo es atendido por la empresa
pública Correos y que, de no ser así, desaparecería, al no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación por parte del sector privado.
Ante la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector logístico, exigiendo al Estado la devolución de la financiación del Servicio Postal Universal desde 1998, preocupa más el papel del Estado como responsable de
garantizar la prestación del servicio postal público que los contenidos de la propia demanda.
El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que está sufriendo el operador, está conllevando un coste social muy alto: 8.000 puestos suprimidos, barrios sin repartos y zonas rurales descubiertas.
Todo ello puede afectar a medio plazo a la viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de los casi 55.000 trabajadores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar el servicio postal público a través de:
1. Garantizar los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales a todos los ciudadanos aprobados en la Cortes Generales.
2. Impulsar una regulación del mercado que no recorte el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal a los ciudadanos.
3. Asegurar que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea.
4. Desbloquear las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la transición de la carta, hoy en clara caída por el efecto sustitución, hacia nuevos mercados, sobre todo el de la paquetería.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003035
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Ana María Oramas González-Moro y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan para su debate en esa Comisión la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas en aguas canarias.
Exposición de motivos
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó el pasado día 4 de septiembre de 2014 un total de cuatro resoluciones a raíz de la comunicación presentada por el Gobierno autónomo sobre las prospecciones petrolíferas en aguas canarias.
El Parlamento de Canarias rechaza en dichas resoluciones 'la aprobación por parte del Gobierno de España de la autorización concedida a Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. para la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de
investigación de hidrocarburos 'Canarias 1' a 'Canarias 9', mediante la Resolución de 11 de agosto de 2014 de la Dirección General de Política Energética y Minas. Con esta autorización se desprecia la amplia contestación ciudadana manifestada en el
archipiélago en contra de dichas prospecciones y de los numerosos pronunciamientos de las instituciones democráticas canarias solicitando su paralización; entre otros, los realizados por este mismo Parlamento'.
El Parlamento de Canarias también expresa 'su reprobación a la actuación del Gobierno de España por la ausencia de respuesta a la solicitud de autorización de consulta popular vía referéndum sobre la
realización de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a nuestro archipiélago, trasladada por el Gobierno de Canarias tras la aprobación previa del Parlamento autonómico el pasado 27 de febrero. Una solicitud realizada siguiendo todos
los procedimientos establecidos en la legalidad vigente y cuya falta de respuesta por parte del Gobierno de España supone una deslealtad institucional y un agravio a las instituciones y a los ciudadanos y las ciudadanas de las Islas'.
Por otra parte, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno canario a 'que, en caso de persistir el silencio del Gobierno de España sobre la petición de un referéndum o si negara la autorización del mismo, a desarrollar la Ley 5/2010 canaria
de fomento de la participación ciudadana, buscando los mecanismos legales que permitan recabar la opinión de la ciudadanía canaria, a través de una consulta cuyo procedimiento de organización y la pregunta específica a contestar reúna el necesario
consenso de instituciones públicas, partidos políticos, organizaciones sociales y grupos ecologistas que cuestionan la realización de prospecciones petrolíferas'.
El Parlamento de Canarias acordó también solidarizarse con la posición unánime adoptada por el Parlamento de las Islas Baleares, contraria a las prospecciones petrolíferas, que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo proyecta autorizar
en el subsuelo marino de ese archipiélago.
Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que responda con carácter urgente, y ante el inminente inicio de las prospecciones autorizadas a Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, a la solicitud de
autorización de consulta popular vía referéndum solicitada por el Gobierno de Canarias, tras su aprobación por el Parlamento autonómico el 27 de febrero, para que los residentes en las Islas puedan pronunciarse sobre los sondeos petrolíferos.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que suspenda la autorización a la compañía Repsol para el inicio de los sondeos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura hasta que no exista un consenso con las
instituciones y los colectivos ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Canarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2014.-Ana María Oramas González-Moro y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
relación con un plan de uso del embalse de la Breña (Córdoba), para su debate para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Hornachuelos ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que elabore y ponga en marcha de un Plan de Usos y Actividades en el Embalse de la Breña II (Córdoba), porque parte de
su superficie está incluida en el Parque Natural.
El Embalse de la Breña II es un espacio de grandes potencialidades desde el punto de vista recreativo y turístico. También reúne las características óptimas para desarrollar actividades de educación ambiental. Es conveniente y necesario
aprovechar estas potencialidades por el bien de la comarca cordobesa, contribuyendo a la implantación de un turismo responsable desde el punto de vista ambiental y económico.
Para ello se requiere una adecuada ordenación de sus actividades y usos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Uso y Actividades del Embalse de la Breña II (Córdoba).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2014.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley para la reactivación del Pacto Social por la no discriminación asociada al VIH y al SIDA.
Antecedentes
El primer antecedente del Pacto Social por la no discriminación asociada al VIH y al SIDA lo encontramos en el año 2005, cuando la Fundación para la Investigación y la Prevención del SIDA en España (FIPSE) realizó una investigación muy
potente sobre discriminación y VIH siguiendo el protocolo de discriminación de ONUSIDA. En el informe FIPSE se constata que no se detecta discriminación en la legislación pero sí en protocolos, reglamentos y prácticas individuales. Sin embargo, no
es hasta el año 2008 cuando se plantea por primera vez la idea del Pacto Social por la no discriminación asociada al VIH y al SIDA dirigido a garantizar la no vulneración de los derechos de las personas con VIH. Entre los distintos elementos que
sirven de antecedentes para el diseño del citado Pacto y, en especial, entre los relacionados con el empleo, cabe destacar el Informe del Observatorio de Derechos Humanos y VIH correspondiente al año 2011, en el que se refleja que el 28% de las
consultas recibidas eran acerca del empleo.
Con la firme intención de elaborar y dotar de contenido el Pacto Social por la no discriminación asociada al VIH y al SIDA, se organizó un grupo de trabajo en el que participaron expertos en VIH y en discriminación que trabajaban en
distintos ámbitos: Administración General del Estado, Administraciones autonómicas y locales, ONGs, organizaciones sindicales y empresariales, medios de comunicación, sociedades científicas y universidades. El Grupo de trabajo elaboró un borrador
que fue sometido a valoración por 46 personas e instituciones cuyos comentarios y sugerencias fueron debatidos para dar forma definitiva al texto del Pacto. Una vez elaborado el Pacto, el siguiente paso consistía en solicitar las adhesiones y
someter el texto a la aprobación de las personas con la máxima responsabilidad en cada una de las organizaciones e instituciones firmantes para su posterior ratificación. Una vez el Pacto quedase ratificado, solo quedaba diseñar los planes de
acción multisectoriales para desarrollar las medidas propuestas por el mismo.
En cuanto al contenido del Pacto Social por la no discriminación asociada al VIH y al SIDA, este se centra en eliminar el estigma y la discriminación asociada al VIH y al SIDA, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no
discriminación y el pleno disfrute de los derechos fundamentales de las personas afectadas, con unos objetivos específicos agrupados en torno a tres grandes ámbitos dirigidos a: favorecer la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación
institucional, aumentar la normalización y aceptación social y reducir el impacto de la discriminación.
Con los primeros ajustes impuestos por el Gobierno ante la respuesta al VIH en el Estado español, quedo paralizada la aprobación del Pacto Social por la no discriminación asociada al VIH y al SIDA, juntamente con otras medidas como: la
drástica reducción de los fondos destinados a la convocatoria estatal de subvenciones para ONGs, fulminando proyectos pioneros de entidades históricas de las que
realmente se conoce su efectividad y su impacto en la comunidad del VIH, llegando, actualmente, a su práctica eliminación; o eliminar las transferencias específicas a las CCAA para la realización de acciones de prevención de VIH en el
ámbito autonómico y local, entre otras.
Transcurridos tres años desde la elaboración del Pacto Social por la no discriminación Asociada al VIH, nuestro Grupo Parlamentario, haciéndose eco de las reivindicaciones de la Federación Trabajando en Positivo, de la que forman parte 17
entidades presentes en 10 Comunidades Autónomas, reclama una mayor inversión desde las administraciones públicas y la reactivación del citado Pacto de 2011, dando así un nuevo impulso al proceso de inclusión laboral de las personas con VIH, entre
otras actuaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reactivar, a la mayor brevedad, el Pacto Social por la no discriminación asociada al VIH y al SIDA, así como a incrementar la inversión por parte de la Administración General del Estado en
medidas destinadas a garantizar la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación social e institucional a las personas afectadas por el VIH y el SIDA, en particular, en el ámbito laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración de 2016 como
Año de la Salud Mental en España, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La salud mental es un elemento fundamental para la calidad de vida, el bienestar y la felicidad de todas las personas. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud la define como 'un estado de bienestar en el cual el individuo es
consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y ser capaz de hacer una contribución a su comunidad'.
Así, según la estadística 'Defunciones según la causa de muerte' elaborada por el INE, la tasa bruta de mortalidad aumentó en 2012 un 3,8% respecto a 2011, su valor más elevado de los últimos siete años, registrándose el mayor incremento en
las muertes por trastornos mentales y del comportamiento, es decir, un 12,2% más que en 2011.
De este modo, el estado de la salud mental es un asunto de vital importancia para el ser humano, los poderes públicos y para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, consciente de su dimensión social, la Unión Europea, mediante el Comité
Económico y Social Europeo, aprobó a finales de 2012 un dictamen sobre la necesidad de un 'Año Europeo de la Salud Mental-Mejorar el trabajo y aumentar la calidad de vida'.
Se trata de una iniciativa que persigue fomentar la concienciación pública sobre la magnitud de esta materia. Según los datos recogidos en el antedicho dictamen, el 38% de los europeos padece una enfermedad mental, y muchos de ellos no
reciben a menudo el tratamiento requerido desde el punto de vista profesional, convirtiéndose en sujetos de estigmatización social.
Nuestro país se ha hecho eco de la importancia que supone disfrutar de una buena salud mental, tal y como demuestran algunas de las políticas puestas en marcha durante los últimos años, como, por ejemplo las Estrategias en Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud, o los objetivos de salud mental para los menores incluidos en el Plan Estratégico Nacional de la Infancia y Adolescencia 2013-2016.
Asimismo, uno de los principales compromisos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es continuar impulsando las medidas necesarias para garantizar una mejor salud mental en la población. Por ese motivo, y en consonancia
con la propuesta europea, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la declaración de 2016 como el año de la Salud Mental en España, teniendo en cuenta la opinión de los agentes interesados en promover esta celebración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la mejora de la calidad
de la información que se otorga al consumidor, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios sociales.
Exposición de motivos
El derecho a la libertad de información se consagra, en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 20 de la Constitución Española, en el que se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier
medio de difusión. Esta norma ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional como el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que
es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático.
La sociedad globalizada de la que hoy día formamos parte, incluye necesariamente el derecho de los consumidores a recibir información con la finalidad de que estos disciernan e identifiquen el abanico de ofertas que se les presentan. Este
derecho, también aparece recogido como uno de los principios rectores de la política social y económica en nuestra Carta Magna, cuyo artículo 51.2 establece que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y
usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca.
En materia de consumo, la obligación de información, y de que esta sea exacta, suficiente y completa, encuentra su fundamento en la asimetría y el desequilibrio de conocimientos entre las partes contratantes.
Pese al gran avance que se ha llevando a cabo sobre el reforzamiento de la información precontractual en el Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, es imprescindible tener en cuenta la importancia crucial que la información tiene en la expresión del consentimiento para el perfeccionamiento del negocio
jurídico.
De igual manera, los medios de comunicación no pueden, en ningún caso, actuar como medios de manipulación de datos, ya que esto deriva inevitablemente en una manipulación del receptor que hace acopio de la información que ha recibido como
suya y sin dudar de ella, interioriza las ideas como propias aceptando su influencia.
Los medios de comunicación deben ofrecer información veraz acerca de la calidad de un producto o servicio, los fines para los cuales puede ser usado y el material utilizado en su elaboración. Igualmente, el comprador debe tener a su
disposición la información necesaria acerca de los peligros inherentes al uso del producto o servicio.
Finalmente, la información ha de ser pertinente para que el público objetivo del producto pueda entenderla, ya que de una buena información depende un consentimiento libremente formado y exento de vicios.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando y para que la información sobre productos y servicios que contribuye a la formación del consumidor y le hace capaz de decidir, sea veraz, rigurosa y objetiva, evitando
así causar daños en la demanda de algunos productos de mayor sensibilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la epidemia del Ébola, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el desarrollo.
Exposición de motivos
Tras los últimos acontecimientos, es evidente que la actual epidemia de Ébola está suponiendo un reto a todos los niveles. Los sistemas de salud de Guinea, Liberia y Sierra Leona están completamente colapsados, son excesivamente débiles y
cuentan con unos precarios medios y recursos que apenas llegan a cubrir las necesidades más básicas de la población. El número de centros y profesionales sanitarios es extremadamente insuficiente, muchos de los centros no tienen ni agua ni luz,
otros han cerrado y apenas tocan a dos médicos por cada 100.000 habitantes, realidades con las que deben hacer frente a una epidemia sin precedentes en la historia.
Todo ello hace que la vigilancia de la enfermedad, el aislamiento y la atención de apoyo sea prácticamente imposible sin ayuda externa. Los altos niveles de temor y desconfianza ante la enfermedad también han provocado la huida de pacientes
de los hospitales y que las comunidades escondan a los enfermos.
Desde que el Ébola fue identificado por primera vez en 1976, han muerto alrededor de 2.400 personas. A mediados de agosto se han registrado 2.240 casos y 1.229 muertes en Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. Pero la Organización
Mundial de la Salud (OMS) cree que estas cifras pueden ser muy inferiores a las reales, ya que el número de muertes e infectados aumenta rápidamente.
La declaración del Ébola como una 'emergencia de salud pública de importancia internacional' por la OMS, muestra lo serio del asunto, pero 'ahora necesitamos que esa declaración se traduzca en acción inmediata', como dice Bart Janssens,
director de operaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF). 'Se requiere desesperadamente de una respuesta médica, epidemiológica y de salud pública masiva para evitar muertes y revertir el curso de la epidemia. Estamos perdiendo vidas porque la
respuesta ha sido demasiado lenta'.
Para poder parar la epidemia hacen falta materiales, fondos, personal cualificado y sobre todo un verdadero compromiso de la comunidad internacional ante el enorme problema de salud pública al que estamos haciendo frente. No se puede
esperar más.
La epidemia no se podrá contener sin un despliegue masivo de recursos y personal a los países afectados, donde las áreas más necesitadas de refuerzos son: el cuidado médico directo, la formación de
personal sanitario, el control de infección, el seguimiento de allegados, el seguimiento epidemiológico, la alerta, sistemas de referencia, movilización comunitaria, educación y la creación de hospitales de campaña.
¿Cuál está siendo la respuesta de los países desarrollados? Blindar nuestras fronteras y proteger nuestra sociedad de bienestar, pero no es la solución. Es necesario poner los medios necesarios aquí y ahora porque, además, tenemos en la
contra que la aprobación de nuevos fármacos para el Ébola podría dilatarse hasta dos años, y no podemos esperar a que esto ocurra.
Los Estados miembros y los donantes somos responsables también y no estamos actuando. El esfuerzo internacional para contener el brote es totalmente inadecuado y debemos ser conscientes de que es absolutamente necesaria la movilización
inmediata y masiva de recursos humanos y técnicos para la región, no solo para hacer frente a la epidemia, sino también para reconstruir los sistemas de salud que están colapsados. La comunidad internacional debe mostrar su compromiso colectivo y
la solidaridad mundial que han estado ausentes en el inicio de este brote para acabar con él.
Y España no se puede quedar atrás. Debemos enviar expertos y recursos de emergencia a la región, no solo aviones vacíos para recoger a 'los nuestros'. No solo hemos sufrido recortes drásticos en los fondos de Cooperación al Desarrollo, que
son los que contribuyen a mejorar a largo plazo las condiciones de vida de las poblaciones en los países empobrecidos, sino que parece que estas personas tampoco son prioritarias ni en situaciones de vulnerabilidad extrema. La crisis muestra la
importancia de mantener niveles suficientes de financiación multilateral para la OMS y para todos los países.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dé ejemplo a la comunidad internacional mostrando su compromiso ante el enorme problema de salud pública que supone la epidemia de Ébola y la solidaridad para hacerle frente contribuyendo
a acabar con él. Para ello destinará de forma inmediata los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para la región, con el objetivo de hacer frente tanto a la epidemia como a la reconstrucción de los sistemas de salud de Guinea, Liberia
y Sierra Leona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2014.-Delia Blanco Terán y María Guadalupe Martín González.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/003039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
Biblioteca provincial de Barcelona, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Biblioteca provincial de Barcelona estaba proyectada y estaba previsto su construcción en el antiguo Mercado del Born. El descubrimiento en el año 2006 de restos arqueológicos, en buena parte datados en 1714, hizo replantear el proyecto.
Como es conocido finalmente se decidió construir en dicho emplazamiento un equipamiento cultural, que tiene como hecho central un memorial sobre el asedio de las tropas borbónicas a la ciudad de Barcelona durante la guerra de sucesión. Este
equipamiento cultural ya en funcionamiento es 'El Born centre cultural'. Dicho centro permite tanto la visita a los yacimientos, como a la exposición permanente ('Barcelona 1700. De les pedres a les persones') y exposiciones temporales.
El ayuntamiento de Barcelona propuso una nueva ubicación de la biblioteca en el barrio de la Ribera, en un solar cercano a la estación de Francia. Existe una maqueta y planos del nuevo proyecto, sin embargo
el Ayuntamiento de Barcelona, no se ha reunido, ni por tanto alcanzado acuerdo con el Ministerio de Cultura y con la Generalitat de Catalunya para poder ejecutar el proyecto.
La Biblioteca provincial de Barcelona está pendiente de construcción en la ciudad desde hace más de 30 años, y el desacuerdo y la falta de diálogo entre las administraciones hacen que el proyecto de ubicarla en terrenos próximos a la
estación de Francia esté abandonado.
Por todo ello y con la finalidad de impulsar la ejecución de la Biblioteca provincial de Barcelona, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar de manera inmediata un proceso de diálogo con el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, a fin de que en el período más breve posible pueda ejecutarse el proyecto de
biblioteca provincial de Barcelona en los terrenos próximos a la estación de Francia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2014.-Álex Sáez Jubero, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Conmemoración del IV
Centenario del nacimiento del pintor Juan Carreño de Miranda, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En 2014 se conmemora el 400 aniversario del nacimiento del ilustre pintor asturiano Juan Carreño de Miranda (Avilés 1614-Madrid 1685), pintor de la Corte de Felipe IV y de Carlos II, y perteneciente a la escuela española del Siglo de Oro.
A lo largo de toda su trayectoria artística, Carreño de Miranda abarcó casi todos los campos, prestando especial interés al género religioso y al retrato. En 1669 fue nombrado pintor del Rey y llegó a ser, junto con Diego Velázquez, uno de
los mayores retratistas de la Corte española. Entre sus retratos sobresalen el del Duque de Pastrana y el del embajador ruso, Potemkin. El legado artístico de Carreño de Miranda se conserva en los principales museos del mundo. El Prado de Madrid,
el Louvre de París y L'Ermitage de San Petersburgo, son algunos. Sin embargo, la mayor parte de su obra puede encontrarse en el Museo Nacional del Prado, que cuenta con treinta y seis obras catalogadas como suyas o muy próximas a su estilo, de las
que catorce son dibujos y el resto pinturas.
Por todo ello, poniendo en valor el gran interés para la cultura española, especialmente para la asturiana y avilesina, y conmemorar el aniversario del nacimiento de tan insigne figura de la pintura española, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar en los actos conmemorativos del IV centenario del nacimiento del pintor asturiano Juan Carreño de Miranda, dentro del marco de la disponibilidad presupuestaria.
2. Estudiar la posibilidad de emitir un sello de Correos y un matasellos con motivo de esta efeméride en coordinación con la Comisión Filatélica del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la candidatura de La Seu
d'Égara de Terrassa como patrimonio de la Humanidad de la Unesco, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Referirse a la Seu d'Égara es hacerlo a un conjunto monumental situado en el municipio barcelonés de Terrassa y formado principalmente por las iglesias de San Pedro, Santa María y San Miguel.
Situadas entre los torrentes de Monner y Vallparadís, las iglesias fueron diseñadas y construidas bajo los cánones del Arte Románico y sobre los cimientos de edificios prerrománicos -concretamente de la época visigótica- situados en la
localidad de Égara.
Ya en el interior de los templos, merecen una especial mención los retablos góticos, así como otras obras -por ejemplo, pinturas, pedestales, esculturas, pinturas murales y baptisterios- correspondientes en mayor medida al primer arte
cristiano, al Renacimiento y al Barroco, que conforman una miscelánea de estilos artísticos y convierten a la Seu d'Égara en uno de los activos culturales más destacados y de mayor singularidad del patrimonio cultural de Cataluña y toda España.
Con el ánimo de garantizar su conservación y favorecer su reconocimiento social, el conjunto monumental de la Seu d'Égara fue sometido a un proceso de restauración e integración urbana entre 1995 y 2009, siendo entonces cuando se produjo su
reconocimiento como museo.
También se han llevado a la práctica en los últimos años análisis antropológicos pormenorizados de los restos humanos encontrados gracias a las excavaciones arqueológicas; estudios detallados de las condiciones climáticas de temperatura y
humedad relativa, así como de sus efectos en las iglesias; controles específicos sobre el estado de conservación de los edificios, y trabajos de documentación y contextualización histórica minuciosos sobre hallazgos como las 59 monedas del siglo V
localizadas en la iglesia de Santa María.
Son, todos ellos, componentes arqueológicos, espirituales, arquitectónicos, históricos y artísticos que hacen posible que la Seu d'Égara reúna los requisitos necesarios para que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco) lo declare Patrimonio de la Humanidad.
En consecuencia, y por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, previo acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo de Patrimonio Mundial, y una vez haya sido incluida en la 'lista indicativa', también con el acuerdo del Consejo de
Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo, apoyar y defender en las instancias internacionales oportunas, la candidatura de la Seu d'Égara de Terrassa como Patrimonio Mundial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/003018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
medidas destinadas a combatir las situaciones de violencia de género y mejora de medios. Debate en Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Aunque los balances de mujeres asesinadas por violencia de género son variables, lo cierto es que no podemos dejar de remarcar el terrible balance registrado en el pasado mes de agosto del presente año.
Un total de ocho mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el mes de agosto, que ya se erige como el peor de los últimos cinco años.
Las tristes noticias también agravan nuestro sentimiento de preocupación que nos llevan a reflexionar sobre las medidas que se están adoptando o se han dejado de adoptar, o sobre otras medidas que podrían ser convenientes.
En el contexto actual, es difícil olvidar que en los dos últimos años se han recortado de manera alarmante las partidas presupuestarias dedicadas a la lucha contra la lacra de la violencia de género. Podríamos decir que no se ha prestado la
atención debida y necesaria por parte de los poderes públicos a este problema, se ha relajado la vigilancia, los medios, los recursos e incluso las siempre importantes campañas de sensibilización social.
Se cumplen diez años de la aprobación y puesta en marcha de la Ley Integral de Violencia de Género, y no dudamos de que precise modificaciones o cambios para adaptarla a nuevas realidades, pero también es cierto que muchos de sus apartados y
artículos no se han desarrollado debidamente por falta de recursos. Podemos afirmar sin temor a engaño que su aplicación es deficiente en muchas áreas, cuestión que debe ser subsanada en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
A la luz de los últimos casos, emergen diversos vacíos que deben ser analizados y abordados. Así, es evidente que falla la coordinación entre las sedes judiciales y la policía. Hay denuncias que se presentan directamente en los juzgados,
cuya tramitación es desconocida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
No descubrimos nada nuevo puesto que la misma Ministra de Asuntos Sociales se refirió a esta cuestión a principios del mes de septiembre señalando que es un flanco débil, y que 'se impulsarán mecanismos de coordinación para que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado dispongan de aquellas denuncias y partes de lesiones que no hayan sido presentadas en dependencias policiales con el objetivo de conocer en el momento de valoración policial de riesgo todos los hechos o circunstancias
que puedan influir en su apreciación'.
Desde instancias judiciales especializadas en la materia se valora positivamente este aspecto, pero se insiste en otras medidas igualmente importantes, como la remisión directa a la policía de los partes que se reciban en los juzgados.
Aunque en lo concerniente a la evaluación del riesgo, se advierte de la necesidad de contar con la cualificación necesaria para poder realizar una valoración de calidad. En este sentido, desde el ámbito judicial se recuerda que en muchos
lugares no se han implantado las Unidades de Valoración Forense Integral previstas en la ley, que precisamente son para evaluar tanto a la mujer que denuncia como al denunciado y a sus hijos menores, en caso de que los hubiere. La función de estas
Unidades es la de elevar a un juez un informe detallado sobre la situación del riesgo.
Como se han apresurado a advertir destacadas expertas en violencia de género, estamos ante una buena ley pero faltan recursos económicos para que las medidas sean efectivas.
En este sentido, se han destacado dos flancos débiles: muchas de las medidas contempladas en la ley son previa existencia de denuncia. Se echa en falta quizá medidas destinadas a preparar a las mujeres en dicha situación para que
denuncien. Nos referimos con ellas a la asistencia psicológica, médica, de acogida o económica previa. Es muy importante trabajar con estas mujeres la recuperación de la autoestima, la confianza en sí mismas para afrontar la situación.
El otro flanco débil se observa una vez que las mujeres denuncian. Es clamorosa la falta de partidas presupuestarias para incrementar medidas de seguridad. Expertas ponen de relieve una observación muy inteligente al respecto cuando se
habla de que se han reducido las denuncias. Cuando las mujeres en situación de violencia de género escuchan que una mujer que había denunciado ha sido asesinada, eso funciona como elemento disuasorio.
En cuanto a la reducción de denuncias, resulta oportuno aludir a la Memoria de la Fiscalía del año 2013, donde muestra su preocupación por las cifras de mujeres asesinadas que no habían presentado denuncia previa en el año 2013. Observan
una disminución de denuncias respecto al año anterior.
Una de las conclusiones más llamativas es que en un elevado número las mujeres renunciaron a realizar acciones judiciales, y apuntan a la crisis económica como causa. La Fiscalía también destaca los
problemas derivados del uso del derecho de la dispensa de la obligación de declarar, del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Muchas se acogen a su derecho a no declarar en su contra, lo que lleva a sobreseimientos o sentencias absolutorias para evitar los efectos represivos del procedimiento penal.
La Memoria pone de manifiesto que los casos en los que el fiscal se ve obligado a retirar la acusación porque la mujer se niega a declarar contra su consorte maltratador se han incrementado en un 36,6% desde el año 2007, y suponen más de la
mitad (56,8%) de las causas de retirada de los cargos en este tipo de procedimientos. Redundando en el argumento anterior, queda claro que el derecho de dispensa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal plantea un grave problema.
Todas estas cuestiones son materia digna de ser revisada y analizada desde el siempre deseable consenso.
El BNG tiene disposición a abrir un debate sobre las debilidades de la actual ley con el objetivo de mejorarla, pero debemos dejar claro que cualquier paso en esa dirección no puede quedar relegado al ámbito teórico, debe estar sostenido por
un presupuesto suficiente y adecuado para aplicar de manera óptima la normativa. Pero debemos reseñar que cualquier modificación normativa debe contemplarse a nuestro modo de ver en la Ley Integral de Violencia de Género y no en otros proyectos de
ley como se intenta hacer con el proyecto de ley orgánica en tramitación de reforma del Código Penal.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales a:
- Incrementar las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio 2015, cuanto menos en un 40%, para desarrollar óptimamente la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género y luchar
eficazmente contra esta lacra social.
- Además de destinar recursos presupuestarios a:
a) Contemplar una partida presupuestaria destinada a los ayuntamientos con el objetivo de que puedan garantizar los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia de género.
b) Contemplar una partida presupuestaria específica para desarrollar el artículo 3 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, llevando a cabo campañas de sensibilización y prevención de la violencia
de género en los ámbitos educativos y sanitarios.
- Consensuar con todas las formaciones políticas y el ámbito judicial especializado en esta materia, las modificaciones normativas a realizar en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género.
- A la hora de abordar posibles modificaciones, tener en cuenta las recomendaciones y propuestas contenidas en la Memoria de la Fiscalía o en los informes del Consejo General del Poder Judicial para mejorar la protección a las mujeres en
situación de violencia de género, poniendo en marcha medidas ya contempladas en la ley u otras oportunas, como la implantación de las Unidades de Valoración Forense Integral previstas en la ley, o la necesidad de abordar los problemas que plantea el
derecho de dispensa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la incidencia de los infartos de miocardio y la insuficiencia cardiaca entre la población femenina.
Antecedentes
La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte en mujeres en España, incluso por delante del cáncer de mama. No obstante y por distintos motivos, en nuestra sociedad hay una tendencia generalizada a asociar el
infarto de miocardio a la población masculina y a generalizar la sintomatología que se manifiesta en estos casos a toda la población. Sin embargo, y como veremos más adelante, los síntomas que presenta un infarto de miocardio en un hombre y en una
mujer son diferentes, y en ocasiones en el caso de las mujeres estos síntomas son fácilmente extrapolables a otras enfermedades. Aunque los síntomas llevan tanto a los hombres como a las mujeres a acudir al médico antes de un ataque cardiaco, el
porcentaje de mujeres que hablan con el médico sobre una posible enfermedad coronaria es mucho menor que el de los hombres. Ellas en su mayoría achacan los síntomas a una indigestión, estrés o ansiedad.
La dificultad del diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres se debe a que, a menudo, manifiestan síntomas atípicos, como náuseas, dolor de espalda, malestar abdominal, ardor en la zona torácica o fatiga inusual y
ansiedad extrema. En concreto, para el infarto de miocardio, los signos en las mujeres pueden ser diferentes de los que describen los hombres (como el típico dolor en la mitad izquierda del pecho irradiado a brazo). Ellas refieren ardor en la
región superior del abdomen acompañado de mareo, malestar abdominal y sudoración. Es importante no pasar por alto estos síntomas. La similitud de algunos de estos síntomas con los causados por el estrés hace que en muchas ocasiones no se les
preste la atención necesaria.
Aunque al igual que ocurre en el resto de Estados miembros de la Unión Europea, las muertes por infarto en España son más frecuentes entre los hombres que entre las mujeres (según los datos publicados el 31 de enero de 2014 por el Instituto
Nacional de Estadística sobre la tasa de mortalidad en 2012 en el Estado español, el total de mujeres que fallecieron debido a una enfermedad isquémica del corazón fue de 14.912 frente a 19.925 hombres), muchas de las muertes entre la población
femenina podrían evitarse concienciando a la población de la necesidad de acudir a un centro de salud ante cualquier síntoma, por pequeño que sea, que pueda indicar la presencia de una enfermedad coronaria; para ello es preciso que la población
femenina sea capaz de identificar rápida y claramente esos síntomas.
En cuanto a la insuficiencia cardiaca, un trastorno que pone en riesgo la vida del paciente y en el que el corazón no bombea sangre suficiente a todo el cuerpo, de un total de 18.453 muertes en 2012, 6.412 correspondieron a hombres y 12.041
a mujeres.
Si bien es cierto que no se puede decir categóricamente que la insuficiencia cardiaca sea distinta en hombres y mujeres, sí que nos encontramos con que los factores de riesgo y los signos de alerta pueden variar entre unos y otras,
destacando el hecho de que las mujeres tardan más que los hombres en acudir a los Servicios de Urgencias, ya que suelen presentar una sintomatología más confusa. Por otra parte, los tratamientos para combatir la insuficiencia cardiaca podrían
actuar de forma distinta según el sexo del paciente e incluso algunos medicamentos podrían no ser tan efectivos en las mujeres.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar en el marco de sus competencias y en colaboración con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, campañas explicativas dirigidas principalmente a la población
femenina para informar sobre la sintomatología, la prevención y los factores de riesgo de las enfermedades coronarias, de los infartos de miocardio y la insuficiencia cardiaca en las mujeres y las diferencias con las que se presentan en los
hombres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su
conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
181/002043
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Contarán todas y cada una de las unidades judiciales existentes (actuales partidos judiciales) de la provincia de Ourense, con la figura de Juez/a, Secretario/a, y funcionarios y funcionarias judiciales con carácter fijo y permanente en el
nuevo Proyecto de Reforma de la LOPJ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002044
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Va a mantener el nuevo Proyecto de Ley de reforma de la LOPJ los ocho partidos judiciales (unidades judiciales) existentes actualmente en Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002045
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿En el Proyecto de Ley de Reforma de la LOPJ se considerarán las unidades judiciales como 'sedes desplazadas' dependientes del Tribunal de Instancia, o tendrán la independencia de que gozaban hasta ahora como partidos judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002046
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿A quién se pretende atribuir, en su caso, la facultad de decidir la desaparición de cualquiera de las unidades judiciales o partidos judiciales actualmente existentes en el nuevo Proyecto de Ley de Reforma de LOPJ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado. Diputada.
Comisión de Interior
181/002040
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols
Texto:
Al Ministro del Interior:
¿Qué medidas tomará el Gobierno, y en concreto el Ministerio del Interior, con aquellos ciudadanos que disponen de pasaporte español que han viajado a países extranjeros para unirse a milicias radicales islamistas y pretenden volver a
España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2014.-Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, Diputado.
Comisión de Fomento
181/002050
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Francisco González Cabaña
Texto:
En marzo de 2012, la Ministra de Fomento, Ana Pastor, visitó las obras del Nuevo Acceso a Cádiz y anunció públicamente que dicho proyecto estaría finalizado en el plazo de 15 meses.
El 13 de junio de 2013, a raíz de una pregunta parlamentaria formulada por este Diputado por los problemas surgidos ante el abandono de las obras por parte de una de las empresas subcontratadas, el Gobierno contestó por escrito en el
Congreso que 'durante el año 2013, conforme al programa actual de las obras, está previsto poner en servicio el nuevo puente sobre la Bahía de Cádiz'.
Los plazos no se han cumplido y las obras, lejos de estar terminadas, se han paralizado en el verano de 2014.
¿Cuáles son las causas reales que han motivado la ralentización y paralización de las obras del Nuevo Acceso a Cádiz?
Ante la falta de respuestas a las preguntas formuladas por este Diputado sobre el grado de ejecución de dicho proyecto, que han motivado la presentación de un recurso de amparo a la Presidencia del Congreso, reitero la siguiente pregunta.
¿Cuál es el grado de ejecución, a fechas de 31 de diciembre de 2013 y 30 de junio de 2014, de las correspondientes consignaciones contempladas para el Nuevo Acceso a Cádiz en los PGE de 2013 y 2014 y qué calendario contempla el Gobierno para
la finalización de las obras del Nuevo Acceso a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2014.-Francisco González Cabaña, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/002047
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Ascensión de las Heras Ladera
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno adoptar a lo largo de la legislatura alguna medida que permita a los propietarios de las fincas cinegéticas situadas dentro del Parque Nacional de Cabañeros seguir practicando la caza deportiva o comercial más
allá de 2017, en contra de lo que exige la ley actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.
181/002048
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Ascensión de las Heras Ladera
Texto:
¿Qué modalidades, calendarios, número de capturas, métodos e intensidad cinegética se mantiene actualmente en cada una de las referidas fincas de las que tenga conocimiento el Organismo Autónomo Parques Nacionales como gestor del referido
Parque Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.
181/002049
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Ascensión de las Heras Ladera
Texto:
¿Qué fincas situadas dentro del Parque Nacional de Cabañeros deberán cesar su actividad cinegética en 2017?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/002051
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó
Materia: Código de actuación publicitario no sexista
Texto:
A la Secretaria de Estado de Igualdad:
¿En qué grado de cumplimiento se halla el acuerdo adoptado por unanimidad sobre la elaboración de un código de actuación publicitario no sexista, resultado de la Proposición no de Ley de 29 de mayo de 2012, aprobada en sus propios términos
el 27 de febrero de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2014.-Lourdes Ciuró i Buldó, Diputada.