Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 520, de 22/09/2014
cve: BOCG-10-D-520
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de septiembre de 2014
Núm. 520
ÍNDICE
Página
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a que no participe en las operaciones militares de la OTAN en relación al problema de Ucrania...
161/003019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a gestiones del Gobierno para promover que se convoque una Conferencia de las Altas Partes Contratantes por el incumplimiento por parte de Israel del IV
Convenio de Ginebra ... (Página6)
161/003026 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto,
sobre el proceso de paz en Colombia ... (Página7)
161/003029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Guinea Ecuatorial ... (Página8)
Comisión de Justicia
161/003025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la petición de indulto de Carlos Fabra ... (Página9)
Comisión de Interior
161/003008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de anular los expedientes sancionadores a personas integrantes de plataformas de afectados por la estafa de las participaciones preferentes
y subordinadas ... (Página10)
161/003014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la incorporación al Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VdG o VIOGÉN) a todas las Instituciones que
intervienen en la asistencia y protección de las víctimas de violencia de género ... (Página11)
Comisión de Defensa
161/003009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a que no participe en las operaciones militares de la OTAN en relación al problema de Ucrania ...
Comisión de Fomento
161/003027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para romper el aislamiento de Asturias por tierra, mar y aire ... (Página15)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la integración de los sindicatos en el proceso de negociación de la nueva orientación sobre el marco regulatorio que
regirá la fabricación y suministro de billetes Euro para el Eurosistema ... (Página18)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el futuro de los astilleros públicos de Navantia Ferrol ... (Página19)
161/003022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición 'antifracking' de la Comunidad Autónoma de Cantabria ... (Página20)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el veto ruso a las exportaciones de productos agroalimentarios ... (Página21)
161/003016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 'paquete lácteo' ... (Página24)
161/003017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la cunicultura en Galicia ... (Página25)
161/003024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las obras de regeneración y acondicionamiento de la playa de 'El Burrero', en el municipio de Ingenio (Gran Canaria) ...
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la puesta en marcha del Centro de Referencia Estatal para personas con graves discapacidades neurológicas 'Stephen
Hawking' en Barros (Langreo, Asturias) ... (Página27)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de Gaza tras los episodios de violencia vividos en las últimas semanas... (Página28)
Comisión de Igualdad
161/003015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la incorporación al Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VdG o VIOGÉN) a todas las Instituciones que
intervienen en la asistencia y protección de las víctimas de violencia de género ... (Página29)
161/003020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reponer los fondos para las campañas de prevención institucional y planificar una campaña que se sostenga a lo largo de todo el año para dar a
conocer diferentes comportamientos de los maltratadores que predicen riesgo ... (Página31)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/003021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición 'antifracking' de la Comunidad Autónoma de Cantabria ... (Página33)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/002036 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre previsiones acerca de anular los expedientes sancionadores abiertos a personas integrantes de plataformas de afectados por las participaciones
preferentes y subordinadas ... (Página35)
Comisión de Fomento
181/002037 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de regular legalmente el alquiler o el intercambio privado de viviendas ... (Página35)
181/002038 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de dar salida operativa a los aviones abandonados en los aeropuertos ... (Página35)
Comisión de Educación y Deporte
181/002039 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si es aceptable el nivel de competencias desarrollado por nuestros estudiantes universitarios en comparación con los de
otros países ... (Página35)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas Rosana Pérez Fernández (BNG) y M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para que el Gobierno español no participe en las operaciones militares de la OTAN en relación al problema de Ucrania, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 5 de septiembre pasado se celebró una cumbre de la OTAN en Gales cuyo tema principal se centró en el conflicto que se vive en Ucrania.
Con tal motivo, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se desplazó a Cardiff para participar en la reunión de la Alianza Atlántica, donde manifestó el apoyo del estado español a Ucrania frente a lo que se considera 'una agresión
de Rusia'.
Una cumbre que estuvo precedida por las amenazas de la UE de imponer sanciones a Rusia si no retira sus tropas de Crimea. Y EE.UU incluso ha amagado con suspender la cooperación militar con Rusia y paralizar las conversaciones para fomentar
el comercio y las inversiones.
La OTAN acordó un proyecto que supondrá la creación de una fuerza especial, denominada punta de lanza, que aglutine a varios miles de tropas para que puedan desplegarse en cualquier lugar donde surja una amenaza. Se trataría de contar con
unos 4.000 soldados que puedan desplazarse a 'la zona amenazada' en 48 horas. Además, de estos efectivos militares, se dispondría de uno o varios cuarteles (uno de ellos en Polonia) que sea el centro estratégico de unidades de tierra, mar y aire.
Los acuerdos adoptados por la OTAN en días pasados ponen de manifiesto el deseo de la Alianza Atlántica de situar efectivos cerca de la frontera de Rusia, con el objetivo de controlar la zona.
En el marco de la cumbre de la OTAN, el Presidente del Gobierno español mantuvo una reunión con el Presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, para abordar la situación y trasladarle el apoyo del estado español a 'la integridad territorial de
Ucrania'.
Previamente a esta reunión, el mandatario español mantuvo un encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso a quien parece haberle trasladado una posición que a nuestro modo de ver peca de partidista, poco neutral y que se posiciona a
las claras con el gobierno ucraniano, defendiendo 'la integridad territorial de Ucrania', una posición similar a la que sostiene en relación a la consulta por la soberanía de Catalunya.
Posiciones que se sitúan por encima del derecho de los pueblos a decidir. El Gobierno español aplica al conflicto de Ucrania la misma hoja de ruta que para Catalunya: alega que un referéndum de autodeterminación de Crimea vulneraría la
Constitución ucraniana y no sería reconocido por la UE. Algo
que hemos oído previamente en relación al proceso soberanista de Catalunya. Es fácil deducir el paralelismo en las explicaciones del Ejecutivo español.
En declaraciones públicas, el Gobierno español juega a una doble banda: por un lado, insista en la defensa de 'una solución dialogada y política a la crisis, y no militar', pero al mismo tiempo decide enviar material militar a Ucrania y
respalda los acuerdos de la OTAN que, básicamente, ha decidido un refuerzo de la presencia militar en el este.
Una política internacional contradictoria en la que no casan la teoría y la práctica, sobre todo porque sigue a piés juntillas los dictados de la OTAN, y los intereses de EE.UU, a los que la UE también se ha replegado.
Así, el Gobierno español sirve a los intereses económicos y geoestratégicos del viejo imperialismo norteamericano, incluso a costa de que se perjudiquen los intereses comerciales de sectores productivos del estado español, como el
agro-ganadero, cuando se puso en práctica la decisión de boicot comercial a Rusia.
Cualquier analista internacional y conocedor de la situación sabe que no se ha llegado a este punto de manera ingenua o inocente. No es un juego de ideologismos, es una apuesta fuerte por controlar una zona geoestratégica determinante en la
actualidad, tanto desde una perspectiva económica como estratégica y militar. En la génesis del conflicto ondea el intento de EE.UU de hacer prevalecer sus intereses económicos y comerciales, políticos y geoestratégicos en esa zona.
El golpe de estado perpetrado en febrero pasado que supuso el derrocamiento del gobierno legítimo, contó con el aplauso y el apoyo de la UE y de EE.UU. Una posición que evidenció los claros intereses económicos, comerciales y estratégicos
tanto comunitarios como norteamericanos. Prueba de ello es que cinco meses más tarde, se firmaba el acuerdo de asociación comercial UE-Ucrania.
El discurso doble que mantiene el Gobierno español se desdice cuando conocemos que ha decidido enviar material militar al ejército ucraniano: 300 cascos de combate y 500 chalecos antifragmentos, que fue transportado por un avión C-295 del
Ala 35 del Ejército del Aire al aeropuerto de Kiev. A tal fin el Ministerio de Defensa hizo entrega de este material militar a través de un alto cargo de las Fuerzas Armadas.
Una ayuda solicitada por el embajador en el estado español, Sehii Pogoreltsev, y que el Gobierno español ha atendido solícito con el objetivo de apoyar al ejército de Ucrania en el conflicto. Por otro lado, está sobre la mesa la intención
del Gobierno de enviar tropas bajo control de la OTAN a la zona, cumpliendo como alumno aventajado las recomendaciones de la Alianza Atlántica.
Es nuestro deber trasladar al Gobierno la posición del BNG, totalmente contraria al envío de tropas (inicialmente se ha hablado de una fragata y cuatro aviones de combate) bajo control de la OTAN a la zona de conflicto. Los esfuerzos deben
ir siempre encaminados al cese de las hostilidades como están tratando de hacer ambos actores de la crisis, y abrir un proceso negociador que tome como base el respeto más absoluto a la soberanía de los pueblos.
De nada valen los pronunciamientos grandilocuentes del Presidente Rajoy en favor de una solución dialogada cuando después se está dispuesto a seguir a piés juntillas el guión de la OTAN y enviar efectivos militares, decantándose claramente
por una de las partes.
La OTAN es una organización militar que nunca contribuye a la solución de los conflictos como hemos visto en los últimos años en Irak, en Afganistán o en otras zonas del planeta. Sus despliegues militares son en realidad ocupaciones
militares de territorios soberanos que siempre tienen un objetivo muy distinto al loable sentimiento humanitario. Allí donde se sitúa la OTAN existe siempre un trasfondo de intereses oscuros que sirven a determinados poderes.
Desde el BNG hemos insistido en muchas ocasiones en la necesidad de que la política internacional camine por senderos multilaterales y de cooperación, colaboración y solidaridad, abandonando las viejas relaciones internacionales que se han
movido bajo la batuta de un actor dominante que marca el paso según sus propios intereses. El imperialismo norteamericano o el colonialismo de nuevas formas que algunos estados de la UE siguen ejerciendo sólo han contribuido a conformar un mundo
pleno de conflictos, de guerras y deshumanizado. El ansia por dominar espacios geográficos estratégicos, como Ucrania, es una muestra más de que no se ha abandonado el militarismo como forma de solución de los conflictos. Al revés, en la
actualidad se está incentivando.
Lamentablemente la hoja de ruta es la de siempre: se provocan conflictos o se manipulan situaciones para finalmente poder derivar en una ocupación militar. Es una política internacional al servicio de los
intereses económicos de los poderosos, servil, y que de paso alimenta a la poderosa industria armamentística, un sector necesitados asimismo de aumentar sus beneficios.
Por todo ello, el BNG formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- No participar en las operaciones militares de la OTAN programadas en relación al conflicto de Ucrania, negándose a enviar efectivos militares (la anunciada fragata y cuatro aviones de combate) a territorio ucraniano.
- Redoblar los esfuerzos en el frente de la diplomacia a fin de contribuir desde el Gobierno español a colaborar y cooperar en el establecimiento de una vía pacífica como solución a la crisis de Ucrania, basada en el diálogo y en una
resolución constructiva del problema que tome como punto de partida el respeto a la soberanía y a la libre decisión de los pueblos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2014.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputadas M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) y Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
Proposición no de Ley, relativa a gestiones del Gobierno para promover que se convoque una Conferencia de las Altas Partes Contratantes por el incumplimiento por parte de Israel del IV Convenio de Ginebra, para su debate en Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
Los cruentos ataques del Estado de Israel a la población palestina de la franja de Gaza en el pasado mes de julio, dejaron un escenario de total destrucción, muertes y terror entre la población de Palestina indescriptible desde un punto de
vista humano.
El Estado de Israel actuó con total impunidad, vulnerando casi todos los artículos del Cuarto Convenio de Ginebra en la guerra que perpetró contra la franja de Gaza de manera incansable durante semanas desde el 8 de julio.
El saldo final en vidas humanas es escalofriante: han muerto más de dos mil personas, miles han resultado heridas o mutiladas. Israel ha llevado a cabo una destrucción masiva de viviendas, mezquitas, plantas de producción eléctrica,
escuelas e incluso hospitales, infraestructuras viarias. Se han contabilizado más de medio millón de desplazados internos.
Ante tamaña destrucción humana y material, es fácil concluir que los ataques del estado hebreo constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es una manifiesta violación del derecho internacional en materia humanitaria.
Sin embargo, esta cruenta labor por parte de Israel no parece tener ninguna consecuencia. La comunidad internacional ha dejado hacer, limitándose a mostrarse horrorizada pero sin adoptar ninguna medida contra el estado hebreo que se
permitió la licencia de incrementar su agresividad para con la población palestina en esas horribles semanas de julio.
La indiferencia de la comunidad internacional para con los crímenes de Israel provoca vergüenza, e indignación. Nada se hizo por parar cuanto antes y de manera inmediata los ataques del estado hebreo, permitiendo el río constante de muertes
y destrucción.
A estas alturas nada puede remediar lo sucedido, no tiene vuelta atrás, pero la comunidad internacional si puede hacer política preventiva y adoptar medidas que eviten que se repita una situación así en el futuro.
En este sentido, asociaciones de derechos humanos demandan la celebración de una Conferencia de las Altas Partes Contratantes con el objetivo de debatir y aprobar las medidas oportunas respecto al flagrante incumplimiento por parte de Israel
del IV Convenio de Ginebra.
Debemos recordar que en el año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Resolución A/Res/64/10, en la que se instaba al Gobierno de Suiza a convocar la Conferencia de Altas Partes Contratantes a fin de que se cumpla el
Cuarto Convenio de Ginebra en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental. Sin embargo, y como suele suceder con Israel, la resolución es papel mojado, no se ha aplicado.
La última ofensiva del mes de julio no puede quedar impune. Sería un fracaso absoluto desde el punto de vista humanitario. Asociaciones de derechos humanos englobadas en la Federación Internacional de Derechos Humanos, demandan la
celebración de la Conferencia de las Altas Partes Contratantes.
Desde el BNG consideramos que el Gobierno español no puede permanecer indiferente al terror que ha vivido y vive la población palestina de la franja de Gaza por los ataques sin cuartel del pasado mes de julio. Como estado parte en los
Convenios de Ginebra, sería deseable que el estado español realizase gestiones en aras a lograr que se pueda producir la Conferencia citada.
Este tipo de iniciativas tienen la intención de concienciar a la comunidad internacional para que se adopten políticas preventivas, para que se actúe desde el ámbito de la diplomacia en aras a evitar otra escalada de ataques como la
acontecida en julio. Especialmente, no sería positivo para la memoria de la humanidad que la crueldad que ha sufrido el pueblo palestino durante interminables semanas permaneciese en el ostracismo, y se olvidase sin más.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Realizar las gestiones necesarias en el ámbito internacional para que propiciar que se convoque una Conferencia de las Altas Partes Contratantes por el incumplimiento por parte de Israel del IV Convenio de Ginebra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2014.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes, al amparo de lo establecido en los artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores una Proposición no de Ley sobre el Proceso de paz
en Colombia.
Antecedentes
Las últimas negociaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que se fundamentan en un 'Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera', se iniciaron formalmente el 18 de octubre de 2012. Atrás quedan 50 años de confrontación y diversos procesos de negociación como los diálogos de Caguán, entre 1998 y 2002 o el proceso de paz que condujo a la
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), e importantes lecciones que parecen servir de base para un nuevo acercamiento entre las guerrillas y el gobierno que permita avanzar definitivamente hacia la paz en Colombia. El objetivo
es la finalización del conflicto y alcanzar la paz con justicia mediante el diálogo entre las partes y con la sociedad.
En noviembre de 2012, el Gobierno de Colombia y las FARC iniciaron conversaciones de paz en La Habana. La apuesta del presidente Santos intentó desde el inicio diferenciarse de los anteriores procesos de negociación estableciendo algunas
pautas.
Entre ellos, se limitó el número de actores invitados a la mesa de diálogo participando exclusivamente las comisiones de negociación y con solo dos países que han intervenido como mediadores de forma activa en el proceso. La elección de
estos países ha permitido avanzar los trabajos.
Asimismo, se creó además un marco legal anticipándose a posibles problemas legales para la implementación de lo que se acordase. Con ese fin se impulsó el Marco para la Paz que aseguraba una base legal para la negociación.
Con anterioridad a todo ello, ya en junio de 2011, con la aprobación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, se reconoce y regula el derecho a la verdad y reparación de las más de cinco millones de víctimas del conflicto y, de forma
muy relevante, se reconocen las víctimas de los agentes del Estado. A diferencia de otras negociaciones anteriores, las víctimas están ahora en el centro del proceso de paz.
No cabe duda de que los avances de las negociaciones han sido significativos, aunque todavía queden importantes temas pendientes. Se han alcanzado acuerdos parciales relevantes en puntos como el desarrollo agrario, el narcotráfico o la
participación de las FARC como movimiento político capaz de canalizar demandas sociales, estando en curso de negociación los derechos de las víctimas y la forma de cómo se llevará a cabo la reparación a las mismas. El punto sobre el fin del
conflicto también sigue pendiente. Son temas que siguen estando encima de la mesa y se les debe encontrar una solución y un punto de acuerdo que lleve a la culminación del proceso.
Por otra parte, un entorno político favorable para poder afrontar los desafíos que deriven de la implantación de los compromisos y por supuesto, el respaldo internacional al proceso, son precisos para que Colombia pueda construir su futuro
en paz.
Por ello los Grupos Parlamentarios firmantes presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir apoyando decididamente los Diálogos de Paz para Colombia que se están realizando y a mantener aquellas iniciativas que contribuyan al éxito de las negociaciones y a la culminación del
proceso de paz en este país, así como reconocer el papel desempeñado por el Presidente Santos en el impulso definitivo de dicho proceso.
Asimismo, insta al Gobierno a que, en un escenario de postconflicto, muestre su firme compromiso con el pueblo y el Gobierno de Colombia, para garantizar el éxito en la construcción de la paz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Gaspar Llamazares Trigo y
Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.
161/003029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
Guinea Ecuatorial, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La oposición de Guinea Ecuatorial lleva tiempo buscando abrir un nuevo marco de diálogo político con el gobierno de Teodoro Obiang, a través de una Mesa de Diálogo Nacional que agrupe a todos los partidos.
Algunos de los partidos que integran esta oposición, el legalizado CPDS por ejemplo, había solicitado en varias ocasiones al Gobierno, incluso formalmente, la creación de una Mesa de Diálogo Nacional.
El pasado 22 de marzo se reunió en Madrid la práctica totalidad de los grupos representantes de la sociedad civil y partidos opositores de Guinea Ecuatorial dando como resultado el denominado Manifiesto
de Madrid, en el que expresamente se pide la convocatoria de esa mesa de diálogo y las condiciones a que habrá de someterse dicho diálogo.
En este contexto, el 29 de agosto en un acto solemne el Presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, convocó a los partidos legalizados del país, al Gobierno y a los Presidentes de los órganos constitucionales para anunciar la
convocatoria de esa Mesa del Diálogo Nacional a partir de noviembre.
Esta Mesa de Diálogo Nacional tendrá por objetivo profundizar en los avances democráticos alcanzados y mantener un diálogo y negociación que se erijan en garantía de paz y estabilidad en el país. Con ello se pretende alcanzar una verdadera
reconciliación nacional que contribuya a mejorar la convivencia democrática en Guinea Ecuatorial.
Para alcanzar dicho fin, entre otras, se debatirán leyes como la de reunión y manifestación, de partidos políticos y de financiación de los mismos, la Ley Electoral y un Pacto Nacional Vinculante que incluirá las evaluaciones de la Mesa.
Sobre este 'paquete normativa' los participantes en la MDN deberán presentar sus aportaciones o modificaciones que se debatirán, ya constituida la Mesa, a partir de la primera quincena de noviembre.
A este diálogo se invita también a todos aquellos partidos que, aún sin legalizar, y tanto en el interior del país como en el exilio quieran proceder a su legalización en Guinea, antes del 31 de octubre.
Tanto los partidos que apoyan al Gobierno como la práctica totalidad de la oposición guineana han valorado favorablemente la oferta. Se produce con ello un hecho novedoso cuya trascendencia no debe pasar desapercibida. Por primera vez la
oposición parece confiar en la oferta del Gobierno. Por ello es necesario que desde nuestro país e, incluso, desde la Unión Europea se valore positivamente este proceso y se contribuya en la medida de lo posible a que el mismo llegue a buen
término.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, tanto en el ámbito de las relaciones bilaterales como en el ámbito de la Unión Europea, las medidas y acciones que contribuyan a favorecer el proceso de diálogo nacional en Guinea
Ecuatorial, permitiendo así a una evolución rápida y sólida de este país hacia una democracia pluralista consolidada y plenamente respetuosa con los derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2014.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/003025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
petición de indulto de Carlos Fabra, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El pasado 25 noviembre de 2013 la Audiencia de Castellón condenó al expresidente de la Diputación de Castelló y del PP en la provincia, Carlos Fabra, a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda casi 700.000 euros entre 1999 y 2003.
Una pena confirmada por el Tribunal Supremo que rechazó el recurso interpuesto por Carlos Fabra aduciendo que solo 'fuentes ocultas' explican 'razonablemente' las ganancias de Fabra. Durante el procedimiento, tanto la Fiscalía
Anticorrupción como la Abogacía del Estado reclamaron elevar la pena contra el dirigente del PP.
Una vez agotados todos los recursos legales, y por tanto siendo firme la Sentencia, el condenado procedió a solicitar el indulto, reclamando la suspensión de su entrada en prisión, prevista a principios del mes de septiembre, hasta que el
Gobierno decidiera sobre la concesión de tal gracia.
En fecha 10 de septiembre, la Audiencia Provincial suspendió su entrada en prisión hasta que el Gobierno se pronuncie, en el plazo máximo de un año, sobre la misma.
A nadie se le escapa la especial sensibilización de la sociedad española actual con los asuntos de corrupción, por lo que una concesión del indulto a un político ya condenado en sentencia firme por un delito de corrupción menoscabaría la ya
maltrecha confianza en las instituciones. Como el Grupo Socialista ha reiterado en distintas ocasiones, se debería denegar la concesión de indultos a políticos condenados por este tipo de delitos.
Asimismo una demora excesiva en la resolución del indulto haría parecer a la opinión pública que la misma tiene que ver con la persona solicitante, dado que estará en libertad hasta la resolución.
Por todo ello, y ante la alarma social creada, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a denegar la petición de indulto formulada por Carlos Fabra, así como a adoptar inmediatamente la decisión por la que se deniegue este indulto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2014.-Joaquín Francisco Puig Ferrer, Carmen Montón Giménez, Ciprià Císcar Casabán, Federico Buyolo García, José Luis Ábalos Meco, Herick Manuel Campos Arteseros, Susana Ros Martínez,
Gabriel Echávarri Fernández, Antoni Such Botella y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/003008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputadas M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) y Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de anular los expedientes sancionadores a personas integrantes de Plataformas de Afectados por la estafa de las participaciones preferentes y subordinadas, para su debate en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Plataforma de Afectados por las participaciones preferentes y subordinadas de la comarca de O Baixo Miño (Pontevedra) entregó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra alrededor de 21 demandas para continuar por la vía
judicial sus reclamaciones de retirada de las sanciones impuestas a muchos afectados durante diversos actos y manifestaciones reivindicativas por la grave estafa financiera de la que han sido objeto.
Debemos hacer memoria de lo sucedido en el último año, un periodo caracterizado por las movilizaciones y actos reivindicativos de afectados y afectadas en justa demanda de sus derechos. Miles de personas víctimas de una gran estafa bancaria
que no tuvieron más salida que organizarse y movilizarse frente a un abuso. Y gracias a eso, han conseguido recuperar parte o la totalidad de los ahorros invertidos en dichos productos financieros tóxicos.
Sin embargo, a pesar de lo loable de su lucha, también han sido objeto de persecución policial, han sido objeto de una extrema vigilancia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, hasta el punto de haber sido sancionados y
multados en numerosas ocasiones.
A los hechos nos remitimos para alegar que desde la Administración del Estado se intentó en todo momento rebajar el tono del problema, tratando de relegarlo a algo menor, a una simple cuestión de orden pública para destacar el conflicto en
lugar del engaño financiero.
Así, mientras las denuncias efectuadas por la vía judicial se están archivando al no apreciarse ningún indicio de comisión de faltas, se prosigue con la apertura de expedientes administrativos contra integrantes de estas Plataformas de
afectados.
Si nos limitamos a la provincia de Pontevedra, el conjunto de las sanciones impuestas alcanzan un total de 20.000 euros.
Multas que consideramos totalmente desmesuradas, desproporcionadas e injustas que perjudican fuertemente a personas que ya sufrieron un golpe económico a sus ahorros, labrados tras años de trabajo y esfuerzo.
Desde el BNG, creemos que con este tipo de expedientes administrativos, el Gobierno tan solo persigue amedrentar y coaccionar a un colectivo que está sirviendo de ejemplo de dignidad para muchas personas, y que debería contar en todo momento
con el apoyo de sus gobernantes.
Por todo ello, el BNG formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Interior a:
Anular los expedientes sancionadores impuestos a personas víctimas de la gran estafa financiera de las participaciones preferentes y subordinadas por participar y organizar movilizaciones, manifestaciones y actos reivindicativos en defensa
de sus legítimos derechos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2014.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la incorporación al Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VdG o VIOGÉN) a todas las Instituciones que intervienen en la asistencia y protección de las víctimas de violencia de género, para su
debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VdG o VIOGÉN) es una aplicación informática web de ámbito nacional, diseñada y desarrollada en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior,
que pretende mejorar la protección a las víctimas de violencia de género, mediante el seguimiento de las circunstancias de riesgo que concurren en ellas, alertando de su evolución y adoptando las medidas de protección adecuadas para prevenir y
evitar el riesgo a sufrir nuevas agresiones.
Sus objetivos van encaminados a:
- Garantizar el seguimiento y protección a las víctimas de violencia de género en cualquier parte del territorio nacional, sea cual sea el lugar en que resida la víctima dentro España, se garantiza su seguimiento y protección por un cuerpo
policial determinado;
- Aglutinar, bajo un único sistema, a todas las Instituciones que intervienen en la asistencia y protección de las víctimas de violencia de género (Fuerzas Policiales, Jueces, Fiscales, Instituciones Penitenciarias, Servicios Asistenciales,
etc.), para que todas vayan en la misma dirección;
- Integrar, en una sola base de datos, los hechos y circunstancias que rodean a las víctimas de violencia de género, de tal forma que, en un proceso de 'gestión del conocimiento', todas las Instituciones que intervienen puedan usar y
explotar la misma información,
- Realizar 'Valoración del Riesgo' para predecir el nivel de riesgo de la víctima a sufrir una nueva agresión (Extremo, Alto, Medio, Bajo). Esta predicción permite adoptar las medidas policiales de protección
y asistencia correspondientes, que se encuentran recogidas en la Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad
- Efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas a través del 'Subsistema de Notificaciones Automatizadas' cuando se detecte alguna incidencia, acontecimiento o circunstancia que pueda poner en peligro la integridad de la
víctima.
Desde la aprobación en el Consejo de Ministros, de 15 de diciembre de 2006, del Catálogo de Medidas Urgentes en la lucha contra la violencia de género, en que se inició el camino para la creación de la aplicación informática para el
seguimiento de los casos de violencia que unificó para todos los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el seguimiento de las circunstancias que concurren en cada caso de maltrato se han realizado actuaciones de implantación progresiva del sistema, que han
sufrido un inexplicable parón a partir de 2011.
Desde la puesta en marcha del sistema y con posterioridad a su utilización los profesionales han identificado la necesidad de diversificar las fuentes de información para una adecuada valoración del riesgo. También los anteriores
responsables del Ministerio del Interior pusieron de manifiesto la necesidad de que se trabajara en la incorporación de los servicios sociales municipales y autonómicos presentando esta acción como la asignatura pendiente de la cooperación
interinstitucional desde la puesta en marcha del sistema.
Algunos de los crímenes machistas del verano de 2014 han demostrado la urgencia de avanzar en este sentido:
Caso 1 / Málaga.
El crimen del pasado 28 de julio de 2014 donde la victima visitó el Hospital Provincial días antes del luctuoso suceso para ser atendida como consecuencia de una previa agresión machista. Los profesionales del centro sanitario que la
atendieron activaron el protocolo de violencia de género y emitieron y enviaron parte de lesiones al Juzgado (lo que supone activar causa de oficio). También se activo comunicación al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Desde este organismo fue
contactada y atendida, por el equipo de trabajo social y psicólogos que le ofreció hospedaje de seguridad, recurso que ella rechazó. Dicha institución no tiene competencia para realizar valoración de riesgo ni para activar medidas de seguridad o
introducir datos de alerta en el VIOGEM.
Caso 2 / Berja (Almería).
Los medios de comunicación informaron el 2 de agosto de 2014 de un apuñalamiento con resultado de muerte en Berja (Almería).
El crimen fue cometido presuntamente por su expareja sentimental, que había sido denunciada por violencia de género ante la Guardia Civil el pasado 25 de junio, lo que dio lugar a una orden de alejamiento de 200 metros para el supuesto
agresor y prohibición de comunicación.
El presunto homicida violó dicha orden de alejamiento, motivo por el que permaneció bajo arresto domiciliario, hasta el pasado 30 de julio, si bien la orden de alejamiento tenía vigencia hasta el 21 de octubre. Agredió mortalmente a la
víctima tan pronto finalizo el arresto domiciliario.
Si estos dos casos han puesto en evidencia la necesidad de revisión de los procedimientos de la valoración del riesgo, también la condena del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas en su
Comunicación N.° 47/2012 ONU contra España ha mostrado una realidad omnipresente de la vida cotidiana de aquellas víctimas de malos tratos que tienen hijos/as: que los estereotipos persisten en el sistema de justicia y en los equipos psicosociales
de los juzgados, los Servicios Sociales Comunitarios o los Puntos de Encuentro Familiar. Fueron sus erróneas creencias las que impidieron que se protegiera de manera adecuada a Ángela González y a su hija Andrea.
Los casos citados ponen en entredicho la garantía de los derechos y la protección de las mujeres que acudieron al sistema policial, judicial o social, para cesar su relación con el agresor y han manifestado de manera contundente la necesidad
de generalizar la Valoración Forense y de integrar a otros profesionales especializados de cara a completar la valoración que realizan actualmente los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Los informes de evaluación del riesgo de violencia, deben considerar no solo la realidad objetiva (lesiones físicas o psicológicas), también deben tener en cuenta los elementos de vulnerabilidad de las víctimas que les impide reaccionar o
anula su capacidad de identificar el riesgo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista para garantizar una mayor eficacia en los procedimientos y mejorar la capacidad predictiva en la valoración del riesgo para casos de violencia machista contra las mujeres y sus hijos/as,
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar los protocolos de valoración de riesgo establecidos hasta el momento para incorporar en las valoraciones remitidas a los juzgados las informaciones de la Asistencia Social a las víctimas, los Servicios de Urgencias
Hospitalarias, Medicina de Familia, organismos con Programas de Reparación del daño, Centros de Atención a la Mujer.
2. Realizar un estudio empírico sobre los 881 casos mortales por violencia de género habidos desde 2001 que asocie causas y consecuencias de la violencia de género con resultado de muerte de cara a identificar predictores de riesgo.
3. Acordar y apoyar a las Comunidades Autónomas para incluir en sus programas de atención social a las víctimas, ítems para recabar informaciones de interés que puedan incorporarse a la valoración de riesgo.
4. Establecer un sistema para una nueva revisión de la valoración de riesgo tras la finalización de las medidas establecidas judicialmente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2014.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/003009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputadas M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) y Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
Proposición no de Ley, para que el Gobierno español no participe en las operaciones militares de la OTAN en relación al problema de Ucrania. Para su debate en Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El 5 de septiembre pasado se celebró una cumbre de la OTAN en Gales cuyo tema principal se centró en el conflicto que se vive en Ucrania.
Con tal motivo, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se desplazó a Cardiff para participar en la reunión de la Alianza Atlántica, donde manifestó el apoyo del estado español a Ucrania frente a lo que se considera 'una agresión
de Rusia'.
Una cumbre que estuvo precedida por las amenazas de la UE de imponer sanciones a Rusia si no retira sus tropas de Crimea. Y EE.UU incluso ha amagado con suspender la cooperación militar con Rusia y paralizar las conversaciones para fomentar
el comercio y las inversiones.
La OTAN acordó un proyecto que supondrá la creación de una fuerza especial, denominada punta de lanza, que aglutine a varios miles de tropas para que puedan desplegarse en cualquier lugar donde surja una amenaza. Se trataría de contar con
unos 4.000 soldados que puedan desplazarse a 'la zona amenazada' en 48 horas. Además, de estos efectivos militares, se dispondría de uno o varios cuarteles (uno de ellos en Polonia) que sea el centro estratégico de unidades de tierra, mar y aire.
Los acuerdos adoptados por la OTAN en días pasados ponen de manifiesto el deseo de la Alianza Atlántica de situar efectivos cerca de la frontera de Rusia, con el objetivo de controlar la zona.
En el marco de la cumbre de la OTAN, el Presidente del Gobierno español mantuvo una reunión con el Presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, para abordar la situación y trasladarle el apoyo del estado español a 'la integridad territorial de
Ucrania'.
Previamente a esta reunión, el mandatario español mantuvo un encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso a quien parece haberle trasladado una posición que a nuestro modo de ver peca de partidista, poco neutral y que se posiciona a
las claras con el gobierno ucraniano, defendiendo 'la integridad territorial de Ucrania', una posición similar a la que sostiene en relación a la consulta por la soberanía de Catalunya.
Posiciones que se sitúan por encima del derecho de los pueblos a decidir. El Gobierno español aplica al conflicto de Ucrania la misma hoja de ruta que para Catalunya: alega que un referéndum de autodeterminación de Crimea vulneraría la
Constitución ucraniana y no sería reconocido por la UE. Algo que hemos oído previamente en relación al proceso soberanista de Catalunya. Es fácil deducir el paralelismo en las explicaciones del Ejecutivo español.
En declaraciones públicas, el Gobierno español juega a una doble banda: por un lado, insista en la defensa de 'una solución dialogada y política a la crisis, y no militar', pero al mismo tiempo decide enviar material militar a Ucrania y
respalda los acuerdos de la OTAN que, básicamente, ha decidido un refuerzo de la presencia militar en el este.
Una política internacional contradictoria en la que no casan la teoría y la práctica, sobre todo porque sigue a piés juntillas los dictados de la OTAN, y los intereses de EE.UU, a los que la UE también se ha replegado.
Así, el Gobierno español sirve a los intereses económicos y geoestratégicos del viejo imperialismo norteamericano, incluso a costa de que se perjudiquen los intereses comerciales de sectores productivos del estado español, como el
agro-ganadero, cuando se puso en práctica la decisión de boicot comercial a Rusia.
Cualquier analista internacional y conocedor de la situación sabe que no se ha llegado a este punto de manera ingenua o inocente. No es un juego de ideologismos, es una apuesta fuerte por controlar una zona geoestratégica determinante en la
actualidad, tanto desde una perspectiva económica como estratégica y militar. En la génesis del conflicto ondea el intento de EE.UU de hacer prevalecer sus intereses económicos y comerciales, políticos y geoestratégicos en esa zona.
El golpe de estado perpetrado en febrero pasado que supuso el derrocamiento del gobierno legítimo, contó con el aplauso y el apoyo de la UE y de EE.UU. Una posición que evidenció los claros intereses económicos, comerciales y estratégicos
tanto comunitarios como norteamericanos. Prueba de ello es que cinco meses más tarde, se firmaba el acuerdo de asociación comercial UEUcrania.
El discurso doble que mantiene el Gobierno español se desdice cuando conocemos que ha decidido enviar material militar al ejército ucraniano: 300 cascos de combate y 500 chalecos antifragmentos, que fue transportado por un avión C-295 del
Ala 35 del Ejército del Aire al aeropuerto de Kiev. A tal fin el Ministerio de Defensa hizo entrega de este material militar a través de un alto cargo de las Fuerzas Armadas.
Una ayuda solicitada por el embajador en el estado español, Sehii Pogoreltsev, y que el Gobierno español ha atendido solícito con el objetivo de apoyar al ejército de Ucrania en el conflicto. Por otro lado, está sobre la mesa la intención
del Gobierno de enviar tropas bajo control de la OTAN a la zona, cumpliendo como alumno aventajado las recomendaciones de la Alianza Atlántica.
Es nuestro deber trasladar al Gobierno la posición del BNG, totalmente contraria al envío de tropas (inicialmente se ha hablado de una fragata y cuatro aviones de combate) bajo control de la OTAN a la zona de conflicto. Los esfuerzos deben
ir siempre encaminados al cese de las hostilidades como están tratando de hacer ambos actores de la crisis, y abrir un proceso negociador que tome como base el respeto más absoluto a la soberanía de los pueblos.
De nada valen los pronunciamientos grandilocuentes del Presidente Rajoy en favor de una solución dialogada cuando después se está dispuesto a seguir a piés juntillas el guión de la OTAN y enviar efectivos militares, decantándose claramente
por una de las partes.
La OTAN es una organización militar que nunca contribuye a la solución de los conflictos como hemos visto en los últimos años en Irak, en Afganistán o en otras zonas del planeta. Sus despliegues militares son en realidad ocupaciones
militares de territorios soberanos que siempre tienen un objetivo muy distinto al loable sentimiento humanitario. Allí donde se sitúa la OTAN existe siempre un trasfondo de intereses oscuros que sirven a determinados poderes.
Desde el BNG hemos insistido en muchas ocasiones en la necesidad de que la política internacional camine por senderos multilaterales y de cooperación, colaboración y solidariedad, abandonando las viejas relaciones internacionales que se han
movido bajo la batuta de un actor dominante que marca el paso según sus propios intereses. El imperialismo norteamericano o el colonialismo de nuevas formas que algunos estados de la UE siguen ejerciendo sólo han contribuido a conformar un mundo
pleno de conflictos, de guerras y deshumanizado. El ansia por dominar espacios geográficos estratégicos, como Ucrania, es una muestra más de que no se ha abandonado el militarismo como forma de solución de los conflictos. Al revés, en la
actualidad se está incentivando.
Lamentablemente la hoja de ruta es la de siempre: se provocan conflictos o se manipulan situaciones para finalmente poder derivar en una ocupación militar. Es una política internacional al servicio de los intereses económicos de los
poderosos, servil, y que de paso alimenta a la poderosa industria armamentística, un sector necesitados asimismo de aumentar sus beneficios.
Por todo ello, el BNG formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- No participar en las operaciones militares de la OTAN programadas en relación al conflicto de Ucrania, negándose a enviar efectivos militares (la anunciada fragata y cuatro aviones de combate) a territorio ucraniano.
- Redoblar los esfuerzos en el frente de la diplomacia a fin de contribuir desde el Gobierno español a colaborar y cooperar en el establecimiento de una vía pacífica como solución a la crisis de Ucrania, basada en el diálogo y en una
resolución constructiva del problema que tome como punto de partida el respeto a la soberanía y a la libre decisión de los pueblos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2014.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/003027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley para romper el aislamiento
de Asturias por tierra, mar y aire, para su debate en la Comisión de Fomento.
Uno de los retos urgentes que tiene Asturias es el de acabar con el aislamiento secular y la falta de comunicaciones adecuadas debido a infraestructuras sin terminar. La fe de Jovellanos en las obras públicas y en el despegue del transporte
y las comunicaciones como eje vertebral del desarrollo de Asturias tiene como contrapunto el que, a pesar de que entre su tiempo y la actualidad hayan transcurrido nada menos que dos siglos, la realidad muestra hoy un panorama en el que la región
aún sigue lastrada por un aislamiento geográfico que constituye uno de los talones de Aquiles de su economía.
Asturias encara la próxima década con su enclavamiento aún en proceso de superación, y su futuro depende del provecho que sepamos sacar de unas comunicaciones en mejora y adaptación permanente. Bien es cierto que los últimos diez años han
sido testigos de la construcción y puesta en servicio de una serie de infraestructuras que han mejorado la comunicación interna de Asturias y su articulación con el resto de España y Europa. Este avance se ha plasmado, de forma inacabada aún, en
dos hitos: la conexión ferroviaria con la red española de alta velocidad, superando el obstáculo de Pajares y la autovía del Cantábrico. Ambos con más sombras que luces en su construcción: se está finalizando la variante de Pajares pero se ha
pospuesto la modernización del ferrocarril entre Pola de Lena y Gijón-Avilés; la tardanza en el inicio del proceso hará que, en una visión optimista, no esté terminado hasta dentro de
varios años. La autovía del Cantábrico debería estar ya en servicio pero poco se sabe de la autovía de La Espina, parada desde 2010, vital para la conexión de los ejes costero e interior, y que no concluirá, al menos, hasta 2018, con 9 años
de retraso. Mientras tanto, las poblaciones del suroccidente regional siguen incomunicadas.
Precisamente cuando la región, por su posición periférica, necesita más que otras unas buenas y rápidas comunicaciones y pese a los avances registrados en la última década, entre promesas incumplidas, paralizaciones y retrasos, Asturias
sigue casi aislada por tierra, mar y aire.
I. Por tierra.
A. Ferrocarril.
Asturias ha ido perdiendo el tren de la modernidad en su articulación en la red de infraestructuras de transporte española y europea. Y particularmente en lo que se refiere al ferrocarril. Asturias está hoy aislada de la moderna red
ferroviaria española y no dispone del ancho polivalente para viajeros y mercancías. Es hoy la única región española y también la única área metropolitana española de primer nivel que no está conectada a la red europea.
Cabe recordar que en 1997, fruto de una iniciativa de Izquierda Unida, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición de Ley declarando prioritario el corredor ferroviario Madrid-Gijón. Han pasado 17 años y entre Valladolid y Gijón no
hay ni un solo metro de vía operativo en Alta Velocidad, después de sucesivos gobiernos del PP y del PSOE. Aznar prometió inaugurar la Variante en 2010 y Zapatero rebajó la fecha a 2009. El 19 de septiembre de 2012, la ministra de Fomento afirmó
en el Parlamento que las obras de la variante de Pajares estarían finalizadas en 2014. Ahora la apertura está prevista para noviembre de 2015. No hay fecha para que el AVE llegue a Oviedo y a Gijón... ni la habrá. Muchos días el tren
Oviedo-Madrid cuelga el cartel de no hay billetes, pero Adif dice que no va a poner más trenes.
Mientras tanto, en Pajares no se ve la luz al final del túnel. Se disparan los sobrecostes y la Variante descarrila. Se aplaza continuamente la puesta en marcha de los tramos León-La Robla y Pola de Lena-Oviedo-Gijón; no se finaliza la
alta velocidad Valladolid-León y el Gobierno no elimina el fondo de saco de León, que provoca un retraso de 25 minutos a los trenes asturianos, y decide arbitrariamente poner en servicio un solo túnel de la Variante, y en ancho RENFE, que aísla aún
más a Asturias, haciendo oídos sordos a la exigencia de que el AVE Lena-Gijón tenga ancho polivalente para viajeros y mercancías.
Si se quiere salir hacia el Este o el Oeste por ferrocarril, sigue siendo un despropósito en tiempo e incomodidad. El Alvia a Madrid tarda 5 horas y cuarto (comparando, 2 horas emplea el AVE desde la capital a Sevilla, Málaga o Barcelona,
que están a la misma distancia kilométrica) y, además el Gobierno ha sustituido trenes modernos por otros de inferior gama, lo que implica más incomodidad y 500 plazas menos al día. Y si el tren presenta esas carencias para los viajeros, el
panorama es peor para el tráfico de mercancías, cuyos costes no son competitivos.
La red ferroviaria interna, en vez de culminar su integración y conversión de las cercanías de RENFE y FEVE en un verdadero ferrocarril metropolitano y regional, parece condenada a la extinción por la falta de inversiones y de apuesta
política. Una red que, integrada, permitiría responder a las necesidades metropolitanas, además de tener un papel renovado en las comunicaciones del oriente regional, por el surco interior Oviedo-Arriondas-Ribadesella y del occidente, a través de
Avilés-Vegadeo.
Tras la absorción de FEVE por RENFE esta compañía está cerrando por defunción y el Gobierno no para de cerrar estaciones, taquillas y apeaderos, privatizando lo poco que queda.
El 'metrotrén' y el plan de vías de Gijón, la eliminación de las barreras ferroviarias en Avilés o Langreo y los accesos a Oviedo a través de la 'Y' protegiendo la iglesia de Santullano son proyectos que recuerdan el 'cuento de la buena
pipa'. En el asunto de la más absoluta trascendencia para el futuro de Asturias la calificación que podemos darle a los gobiernos regional y nacional es bastante negativa.
La decisión del Gobierno de suprimir cinco de los seis trenes directos semanales entre Asturias y Madrid a partir del 21 de septiembre no ha hecho más que agravar la preocupación de los asturianos.
B. Carreteras.
Con respecto al resto de España, los dos grandes ejes de desplazamiento, hacia Madrid y Francia, están cubiertos por carretera, si exceptuamos el retraso de la autovía entre Unquera y Llanes.
Y la salida a León y Madrid es a través de la A-66, la autopista del Huerna, que tiene uno de los peajes más caros de Europa. Asturias es la única región de Europa que no está comunicada por autopista.
A lo largo de la década han surgido las primeras autovías de titularidad regional que, si no están captando los tráficos previstos, probablemente hayan evitado el colapso de la histórica 'Y'. El corredor entre Oviedo y Gijón es, con más de
100.000 vehículos al día, uno de los de mayor tráfico de España. Un eje muy dinámico pero cercano a la saturación, cuya solución deberá venir de las conexiones entre las nuevas autovías, formando una red que multiplique los posibles itinerarios y,
sobre todo, de un reparto modal más equilibrado, en detrimento del vehículo privado.
II. Por mar.
El anuncio de la inminente clausura de la autopista del mar Gijón-Nantes Saint Nazaire, ante la pasividad del Gobierno y Puertos del Estado -más interesados en la apertura de la línea Vigo-Nantes-, supone una renuncia a las conexiones
marítimas con Francia, Plymouth (Inglaterra) e Irlanda, y pone en riesgo las aspiraciones del Puerto de El Musel a una mayor diversificación de sus tráficos de mercancías y a su voluntad de competir en el segmento de contenedores y de mercancía
rodada, en un año en el que el puerto asturiano sufre un fuerte declive en la visita de cruceros turísticos.
III. Por aire.
La pérdida de conexiones aéreas de Asturias estrangula sus posibilidades de crecimiento. Mientras AENA le corta las alas a Asturias con el recorte de 150 metros de pista de su aeropuerto, con un derroche inexplicable de dinero público, las
conexiones por avión de Asturias son menguantes, mínimas, carísimas y aleatorias.
Ante la desidia del Gobierno de la Nación y del Ejecutivo del Principado, este año los vuelos estivales se han recortado a la mitad y bajará un 20% la oferta invernal. Air Berlín y Ryanair han dejado de operar en Asturias; Vueling ha
suprimido el primer vuelo de la mañana a Barcelona, y Air Nostrum ha cancelado los enlaces con Bruselas, Málaga y Alicante. Del mapa de salidas internacionales se han caído Ginebra, Londres, Roma, Túnez y Bruselas.
El aeropuerto constituye el hermano pobre de las comunicaciones asturianas. Desconectado del impulso turístico, lo que limita el crecimiento de la actividad, sigue sin resolver adecuadamente su conexión con la red de transporte público.
Las conexiones con los 'hubs' de Madrid o Barcelona resultan caras, hasta el punto de restar atractivo a Asturias como destino.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Detallar las medidas, inversiones y plazos que piensa poner en marcha para completar las infraestructuras de transporte internas y externas de Asturias tras la supresión de la autopista del mar Gijón-Nantes y la reducción de las
conexiones ferroviarias y aéreas.
2) Restablecer la frecuencia de trenes directos entre Gijón y Madrid.
3) Licitar en 2014, adjudicar y ejecutar la superestructura (vías, catenaria, electrificación, comunicaciones y seguridad) de la Variante Ferroviaria de Pajares entre La Robla y Pola de Lena, dotándola de ancho polivalente para viajeros y
mercancías.
4) Licitar y adjudicar en 2014 la redacción de los proyectos para garantizar la llegada de la Alta Velocidad ferroviaria desde Pola de Lena hasta Oviedo y Gijón.
5) Impulsar con urgencia los planes de integración del ferrocarril en Gijón y Avilés.
6) Resolver el problema del fondo de saco de Alta Velocidad en la estación de León.
7) Integrar y modernizar la red ferroviaria regional para convertirla en una red metropolitana de cercanías.
8) Concluir en 2014 la Autovía del Cantábrico en Oriente.
9) Terminar las obras paralizadas en la Autovía del Suroccidente, especialmente en torno a La Espina.
10) Desarrollar una enérgica negociación diplomática con el Gobierno de Francia para que mantenga los compromisos acordados con el Gobierno español para el mantenimiento de la autovía del mar Gijón-Nantes Saint Nazaire.
11) Promover el puerto de El Musel, tanto en tráfico turístico de cruceros como mediante la diversificación del tráfico de mercancías en contenedores y mercancía rodada.
12) Renunciar al recorte de la pista del aeropuerto de Asturias.
13) Promover una mayor frecuencia de las conexiones aéreas de Asturias con Madrid, la implantación de compañías aéreas y la diversificación de destinos desde y hacia el aeropuerto de Asturias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo y Ascensión de las Heras Ladera, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre necesidad de integración de los sindicatos en el proceso de
negociación de la nueva orientación sobre el marco regulatorio que regirá la fabricación y suministro de billetes Euro para el Eurosistema, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
En el seno del Banco Central Europeo se está produciendo un proceso de elaboración de una nueva orientación referente a la fabricación y suministro de billetes Euro para el Eurosistema, que modificará el proceso actual en vigor y que data
del año 2004. Al parecer las modificaciones que se pretenden introducir pueden producir un severo impacto sobre la fabricación de billetes en España, afectando de forma sustancial a la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), Ente Público
Empresarial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que lleva más de 100 años realizando la impresión y elaboración de billetes de circulación en el Estado español.
Con los pocos elementos de información existentes, especialmente conocidos a través de la información que la Dirección General de la FNMT y la Subsecretaría de Hacienda ha suministrado a los representantes sindicales de la FNMT, se dibuja un
escenario de cambios y modificaciones organizativas en algunas imprentas públicas europeas que pueden repercutir desfavorablemente sobre el empleo y las condiciones laborales.
Estos previsibles cambios y modificaciones en el actual sistema de fabricación de billetes por la FNMT, ni han sido informadas de forma legal y verificable a las representaciones sindicales, ni se ha aportado documentación alguna que pudiera
ser estudiada y analizada por los sindicatos de la empresa. La actuación de ocultismo y confusión que está presidiendo el proceso, puede producir indefensión a trabajadoras y trabajadores que finalmente puedan verse afectados, menoscabando su
posición y debilitando sus derechos laborales, viéndose reducidas las actuaciones sindicales a un permanente rastreo informativo para poder componer un escenario que se acerque a la realidad que se está fraguando entre el Banco Central Europeo, el
Banco de España y el Gobierno de la Nación.
La intención del Gobierno y el Banco de España de transferir la fabricación de billetes desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre hacia una empresa dependiente del Banco de España, se está realizado sin que el nuevo escenario, la
propuesta y el proyecto se hayan fundamentado en documentación técnica o regulatoria nueva, que permita establecer con claridad los fundamentos y desarrollos que hacen inevitable el nuevo marco.
Una modificación de esta magnitud, que afecta de forma sustancial a un proceso de alto valor técnico y social, en el complejo campo de la alta seguridad y la confianza de la ciudadanía en los medios de pago, no puede adoptarse por
insinuaciones, transferencias de informaciones orales y basadas en una cultura ágrafa que deja indefensos a los trabajadores afectados.
Ateniéndonos a la repetida voluntad manifestada por el Gobierno de respetar e impulsar el Dialogo Social, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a que transmita al Banco Central Europeo la solicitud de integración de los sindicatos en el proceso de negociación de la nueva Orientación sobre el marco regulatorio que regirá la
fabricación y suministro de billetes Euro para el Eurosistema.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2014.-José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el futuro de los astilleros públicos de Navantia Ferrol, para su
debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
La visita de la canciller Merkel a Galicia se salda con un abrumador fracaso en las cuestiones que son vitales para nuestro futuro como país, y el de algunas comunidades en particular como la Gallega al no tener claro aún si tendremos o no
la posibilidad de construir el dique flotante en Ferrol. La canciller se ha marchado sin sufrir las exigencias de los gobiernos del PP en este tema tan importante y central para un sector económico estratégico para Galicia y de vida o muerte para
Ferrolterra.
Mentiras y demoras interesadas llenan la historia de abandono, paro y bloqueo de los astilleros públicos radicados en la ría de Ferrol. Cuantas veces proclamaron los dirigentes del PP su decisión de construir el dique flotante en los
tiempos en que hacían oposición al gobierno central del PSOE se tornaron silencios y denegaciones ahora que hace dos años ocupan la Moncloa.
Esta demanda central, imprescindible para apuntalar el crecimiento de la división de reparaciones de la sociedad pública Navantia al realizar una actividad que repercute muy directamente en la economía de Ferrolterra, podría generar dos años
de ocupación para 900 operarios además de servir tanto para abrir nuevos mercados para el sector como para poder duplicar el número de buques que recalan en sus instalaciones, llegando a 120 al año y generar medio millar de puestos de trabajo más
una vez que estuviera en pleno rendimiento.
El problema existente es que la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea respondió negativamente a la consulta realizada por España acerca de la construcción de este dique flotante en Ferrol, aunque los servicios de esta
Dirección consideran que no se puede excluir la presencia de ayuda estatal en el proyecto de construcción de este dique flotante por Navantia, al señalar en varias ocasiones que existen aspectos no definidos del proyecto en lo relativo a su
financiación.
Pero a través de la respuesta ERES Y-006030/2014 de la Comisión Europea se abre una puerta a la esperanza al confirmar el levantamiento de los vetos a Navantia, lo que supone tanto la oportunidad esperada para Ferrolterra como una exigencia
para que los poderes públicos garanticen una respuesta que haga efectivo para el astillero público el levantamiento del veto. No hace falta recordar que Astano era referencia mundial en el mercado hasta que las imposiciones europeas y el mal hacer
de los gobiernos españoles lo dejaron sin apenas posibilidades de trabajo.
Tras esta respuesta oficial de la Comisión Europea el Gobierno central tiene que abrir un nuevo período de inversiones capaz de dotar de nueva carga de trabajo y creación de empleo a los astilleros de Ferrolterra para que los 30 años de
vetos y limitaciones queden atrás.
Ferrolterra necesita del ánimo industrial de los astilleros y nuestro país contar con un sector estratégico sin hipotecas que lesionan nuestros intereses nacionales. Pero para que los astilleros públicos de la ría de Ferrol y en particular
Astano ganen capacidad productiva y por lo tanto generen empleo y supongan un estímulo económico fundamental para Ferrolterra y de primera magnitud para Galicia, debe de haber un
compromiso presupuestario suficiente y que mejor momento que los próximos Presupuestos Generales del Estado.
De manera urgente el Gobierno central en colaboración con la Xunta de Galicia tienen que hacer efectivo el desarrollo de un plan industrial mediante las inversiones productivas necesarias para poder acometer con garantías encargos en un
mercado mundial en alza, de forma que suministre capacidades productivas a los astilleros de la ría de Ferrol, en particular la vieja Astano, de forma que las demandas que hace falta realizar para Astano se sumen con las que restan pendientes de
realización en Navantia Ferrol, como la construcción del dique flotante y dique seco cubierto.
Por todo ello, reclamamos la puesta en marcha de forma urgente de todas aquellas acciones y medidas necesarias dirigidas a la inmediata construcción del dique flotante y en su defecto un nuevo dique seco cubierto en la factoría de Navantia
Ferrol, de manera que sirva para suplementar a la división de reparaciones de Navantia que juega un papel de creciente protagonismo para el astillero y que de acuerdo con el balance económico del 2013 recientemente publicado por la SEPI, facturó 220
millones de euros no ofreciendo pérdidas.
La explicación de la necesidad de construcción de este dique atiende a la realidad meteorológica de la zona, que dificulta que ciertas reparaciones de chapa y pintura requieran de esta infraestructura productiva para poderse realizar. Ese
dique deberá tener la anchura suficiente para acoger a los gaseros de última generación cuya manga es de 65 metros cuando el dique mayor de Navantia queda en 51 metros.
Aunque el dique seco supondrá un impacto menor en el empleo respecto al dique flotante, supondrá un impulso en un tiempo en que Navantia necesita de todos los apoyos para superar el estrangulamiento provocado por la dejación de los gobiernos
central y de la Xunta de Galicia.
En suma, poner en marcha todas las medidas necesarias para que todos los anuncios y promesas de carga de trabajo hechas al calor de los procesos electorales tiendan a hacerse efectivas porque el fin del veto ya es un hecho que abre nuevas
posibilidades de trabajo y bienestar para los trabajadores y trabajadoras gallegos.
En atención a lo señalado se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reclamar ante la Unión Europea la aprobación por parte de la Dirección General de la Competencia de la construcción del dique flotante en Navantia-Ferrol en base a las 'Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para
2014-2020'.
2. Adoptar las medidas oportunas para, en colaboración con la Xunta de Galicia y contando con la participación de los representantes de los trabajadores:
- Elaborar un plan industrial para los astilleros públicos de la ría de Ferrol que recoja la nueva situación creada por el fin del veto y en particular que comprometa las inversiones productivas necesarias, nueva carga de trabajo y la
ampliación de la plantilla, en particular para la antigua Astano.
- Garantizar la financiación pública y la construcción inmediata de un dique seco cubierto en los astilleros de Navantia Ferrolterra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2014.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la posición 'antifracking' de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El pasado 24 de julio el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria junto con los alcaldes de la región, de diferentes opciones políticas, ha suscrito y firmado una Declaración Institucional cuyo texto dice así:
'La Fractura Hidráulica, como técnica para la extracción de gas de esquisto no convencional, comúnmente denominada fracking, plantea en la actualidad interrogantes, tanto desde el punto de vista de la salud como desde la perspectiva de la
protección ambiental.
Por todo ello, en Cantabria existe una importante preocupación por los riesgos que supone la puesta en marcha de esta técnica.
Ante este estado de cosas, las instituciones de nuestra Comunidad Autónoma, y en particular, el Gobierno y los Ayuntamientos de Cantabria, entendemos que expresamos la voluntad mayoritaria del pueblo Cántabro, oponiéndonos a esta técnica y
haciendo todo lo legalmente posible para que nuestra región sea un territorio libre de fracking.
Por todo ello, los abajo firmantes declaramos nuestra voluntad de adaptar todas aquellas medidas que, dentro del respeto al ordenamiento jurídico, permitan impedir en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la fractura
hidráulica o fracking como técnica para la investigación y extracción de gas de esquisto no convencional.'
Dicha declaración, ha sido asumida por el Partido Socialista de Cantabria, el Grupo Parlamentario Socialista y los alcaldes y alcaldesas socialistas, por coherencia con la postura del PSOE en este tema y porque existe otra alternativa, que
pasa por potenciar las energías limpias como la energía marina o la energía eólica, recursos muy abundantes en Cantabria estas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Asumir y aceptar el acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria firmado por los representantes legítimos de los ciudadanos.
2) Colaborar y apoyar en Cantabria, la investigación, la innovación y el desarrollo de energías alternativas y limpias como la energía marina y la energía eólica.
3) Paralizar la actividad de los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica (fracking), se
suspenderán las autorizaciones concedidas y se prohibirán nuevas actividades en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a esta actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2014.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
veto ruso a las exportaciones de productos agroalimentarios, para su debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Desde el pasado 7 de agosto y en base a un decreto firmado por el presidente Putin han quedado cerradas por un año las fronteras de Rusia a las exportaciones de productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos,
Canadá, Australia y Noruega.
Aun cuando algunos responsables del Gobierno de España están tratando de minimizar el problema, estamos ante una crisis alimentaria de grandes dimensiones que exigiría medidas más contundentes de las que se han tomado hasta ahora.
Rusia es el primer mercado de exportación de productos agroalimentarios para la Unión Europea. A él se destinan productos que representan más del 10% de la oferta exportadora total. La Unión Europea exportó a Rusia productos alimentarios
por valor de 12.000 millones de euros en 2013. Para algunos países miembros como Alemania, Holanda, Francia y Polonia, Rusia es el primer destino de sus exportaciones. España es el sexto país más afectado de la Unión.
España exportó alimentos a Rusia en 2012 por valor de 786,66 millones de euros, y en 2013 por valor de 581,4 millones de euros, El Gobierno siempre toma como referencia la cifra de 2013 que es 200 millones de euros inferior a la del 2012.
Los sectores más afectados por el denominado veto ruso a productos agroalimentarios son los de frutas y hortalizas (312 millones de euros en 2013), (37.000 Toneladas de tomates, 35.000 toneladas de melocotones, 35.000 toneladas de
mandarinas, etc.) y los cárnicos (112 millones de euros en 2013). Para el sector cárnico, Rusia es un importantísimo mercado al que se destinaban el 22% del total de exportaciones de la UE de carne de vacuno y el 25% de la de porcino. España
exportó a Rusia por valor de 279 millones de euros en 2012, en los seis primeros meses de este año solo 8,63 millones de euros.
La situación es muy preocupante y puede desestabilizar mercados que tradicionalmente funcionaban con normalidad.
El cierre de fronteras de Rusia pone automáticamente en el mercado unos volúmenes de producto difíciles de recolocar en otros destinos por lo que el desequilibrio entre oferta y demanda está servido. A partir de ahí la consecuente bajada de
precios, las actuaciones abusivas de los operadores de la cadena alimentaria y la caída de márgenes comerciales pueden llevar a la ruina de productores e industriales.
Es evidente que las medidas adoptadas hasta ahora no han tranquilizado ni a los mercados, que están en caída libre en algunos productos, ni a los productores que no paran de convocar manifestaciones.
El Gobierno español no ha tomado ninguna medida específica, se ha limitado a presentar las medidas que ha aprobado la Comisión Europea.
Las medidas adoptadas afectan solo a un grupo de productos de frutas y hortalizas, dejando fuera a una gran parte de la oferta exportadora española a Rusia. Los principales representantes del sector han criticado las medidas aprobadas
calificándolas de insuficientes y amenazan con continuar con las movilizaciones si no se aprueban nuevas y más contundentes medidas.
Hasta ahora lo único que sabemos es que la Comisión europea ha aprobado dos Reglamentos (Reglamento n.º 932/2014 que modifica el n.º 913/2014 publicado anteriormente. Contiene un paquete de medidas valoradas en 125 millones de euros, para
financiar la retirada de determinadas frutas y hortalizas (tomates, zanahorias, repollo, pimientos, coliflor, pepinos y pepinillos, setas, manzanas, peras, frutas rojas, fresas, frambuesa, uvas de mesa y kiwis), más las ayudas al melocotón y la
nectarina anunciadas anteriormente.
Es evidente que hay productos no incluidos en ese paquete de medidas para los que es necesario reclamar medidas específicas. Como ejemplo, puede servir el sector cárnico donde el impacto es obvio.
Además, este paquete de medidas son del todo insuficientes desde un punto de vista cuantitativo para reequilibrar el mercado. En el caso del melocotón y la nectarina, el presupuesto que el día 21 de agosto ha anunciado la Comisión es de
29,7 millones de euros para compensar retiradas y 3 millones de euros para promoción.
De los 32,7 millones de euros para el melocotón y la nectarina parece ser que a España le corresponden 1,13 millones de euros, cifra insignificante para resolver el problema.
La Comisión viene actuando más por presión de los sectores que por convicción, modificando las normas según se van confirmando unos daños que van a ser históricos y que será necesario compensar con la puesta en marcha de otras medidas como
las previstas en la nueva PAC (Fondo de Gestión de Crisis dotado con 423 millones de euros), además de otras medidas complementarias que puedan
aprobar el Gobierno español y las Comunidades Autónomas (ayudas fiscales, ayudas a la contratación de seguros, etc.).
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Desarrollar ante las Instituciones de la Unión Europea una estrategia política al máximo nivel para conseguir los siguientes objetivos:
- Incrementar los recursos económicos destinados a compensar las pérdidas del veto ruso, así como ampliar el listado de productos, incluyendo en su ámbito de aplicación a todos los productos afectados por la prohibición de la Federación Rusa
y establezca las compensaciones de forma que suplan las pérdidas de contratación y la caída de precios en origen.
- Asegurar el compromiso de la UE de usar todas las medidas que contempla la nueva OCM de productos agrarios y usar las medidas previstas en caso de perturbación grave del mercado.
- Articular otras medidas de actuación directa en los mercados, con apoyos específicos como restituciones a la exportación o para el almacenamiento privado.
- Establecer al más alto nivel una estrategia para la apertura de nuevos mercados implicando para ello a todas las instituciones europeas.
- Aprobar de forma inmediata una campaña de fomento del consumo de productos de la Unión Europea, tanto en el mercado interno, como en países terceros, incluyendo especialmente a los productos más afectados por la crisis.
- Asegurar un seguimiento minuciosos de la evolución de los mercados y articular medidas preventivas que permitan adelantarse a los problemas sin esperar a que se presenten.
2.º Adoptar medidas a nivel nacional que, en todo caso, deberán incluir las siguientes:
- Realizar un seguimiento minucioso de la evolución de precios y mercados afectados por el veto ruso, evaluando periódicamente las pérdidas ocasionadas.
- Perseguir a los especuladores y, en base a la evaluación a que se refiere el punto anterior, asumir la compensación de las pérdidas complementando las medidas europeas con otras nacionales.
- Realizar una apuesta clara y decidida por la apertura de nuevos mercados, movilizando todos nuestros recursos diplomáticos e incorporando a las agendas de los representantes del Estado la problemática del veto ruso.
- Establecer un Plan de Medidas para el fomento de exportaciones que incluya medidas específicas de promoción y de reducción de trabas administrativas.
- Poner en marcha medidas específicas, que complementen las adoptadas por la Unión Europea, a través de una ayuda de estado para cubrir las siguientes medidas en favor de la agricultura profesional:
- Articular créditos de capital circulante con intereses bonificados para sufragar los costes de producción hasta la próxima cosecha.
- Proceder a la reestructuración de la deuda y los intereses a pagar de las explotaciones, industrias agrarias y cooperativas. Esta medida se aplicará También a las explotaciones en crisis.
- Asumir los costes de los avales y del asesoramiento para las medidas financieras anteriores.
- Adecuar los módulos del IRPF a la pérdida de ingresos padecida.
- Rebajar las primas de seguros agrarios en los sectores afectados.
- Aprobar medidas de carácter sociolaboral para compensar las pérdidas de jornadas de trabajo en las zonas afectadas
- Dar cuenta periódicamente al Congreso de los Diputados del desarrollo de las medidas adoptadas y sus efectos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2014.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el 'paquete lácteo', para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los precios que se pagan a los productores de leche en Galicia vuelven a estar por debajo de la media después de unos meses en los que fueron equiparables a los pagados en el resto de España y Europa. Una vez más la volatilidad del mercado,
la falta de medidas estructurales que lo evitasen y la ausencia de acción política devuelve al sector a la situación de debilidad que tenía hace un año.
No se aprovechó el momento de precios equiparable al resto de Europa para tomar medidas políticas y normativas de cara a proteger a los productores en el momento en que las condiciones de mercado internacional no fueran tan favorables.
La falta de la figura del mediador, la ausencia de un régimen fuerte de sanciones para que las empresas lácteas no puedan incumplir la normativa vigente, la ausencia de un marco de negociación entre industrias y productores, la poca duración
de los contratos firmados o el inminente final del sistema de cuotas lácteas, eran claros indicadores de que el sector necesitaba que el Gobierno hubiera tomado iniciativas políticas de la misma forma que estaban haciendo otros gobiernos de nuestro
entorno europeo.
Desde el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se reconoce el fracaso del 'paquete lácteo' y la necesidad de dotar a la normativa de carácter sancionador real. El pasado mes de mayo, la nueva titular del Ministerio
anunció modificaciones en este sentido sin que se conozca todavía como se concretan dichas modificaciones.
La situación del sector en Galicia, comunidad determinante tanto en producción láctea como en número de explotaciones es muy preocupante. Una bajada de precios en origen, la amenaza del pago de supertasa por exceso de producción, más de
7.000 explotaciones que en este momento no tienen contrato y las que lo tienen con una duración que no supera los 3 meses, etc., da como resultado que los productores y productoras gallegos no tengan los mecanismos necesarios para poder competir en
igualdad de condiciones que sus vecinos europeos y por lo tanto hace que perciban un precio inferior por su producto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
- Que se modifique con urgencia el decreto que desarrolla el 'paquete lácteo' para convertirlo en un verdadero instrumento que regule las relaciones contractuales entre productores e industrias.
- Que se introduzca la figura del mediador con facultades operativas de arbitraje y con un régimen fuerte de sanciones que impidan el incumplimiento de la normativa.
- Que la duración mínima de los contratos sea de dos años para tener margen de adaptación al nuevo escenario sin cuota láctea.
- Armonizar desde el Ministerio la elaboración de un plan con las Comunidades Autónomas para la gestión de los últimos meses de vigencia del sistema de cuota láctea, evitando que la posible sobreproducción sea descontrolada, estableciendo un
parámetro de sobreproducción individual para evitar el pago de una multa millonaria, las retenciones a los ganaderos y ganaderas, una distribución equitativa de la sobreproducción y que los productores gallegos estén en una posición de competencia
ante el nuevo escenario de desaparición de cuotas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2014.-Margarita Pérez Herraiz, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la cunicultura en Galicia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El sector de la cunicultura en Galicia está sufriendo un descenso en los precios de venta que a veces no cubre los costes de producción.
Las asociaciones profesionales como ASEMUCE (estatal) y de cooperativas gallegas como CUNIGALICIA demandan a las administraciones medidas que buscan la modernización de la estructura de producción y comercialización en las explotaciones, y
concretamente la autorización de los mataderos en dichas explotaciones y el fomento de los mercados de proximidad como se está haciendo en países próximos como Francia e Italia.
El artículo 4.1 del Real Decreto 640/2006, del 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios
prohíbe estos mataderos, '... la carne procedente de aves de corral y lagomorfos sacrificados en explotación para la producción de alimentos solo podrá destinarse para consumo doméstico privado...'.
Sin embargo, la Directiva 91/495/CEE del Consejo, del 27 de noviembre de 1990, relativa a los problemas sanitarios y de policía sanitaria en materia de producción y puesta en el mercado de la carne de conejo y caza de cría, al fomentar el
acercamiento de los productores de conejos a los consumidores. Concretamente el artículo 4.1 de la citada directiva establece que los Estados miembros puedan autorizar la venta de carne fresca de conejo por parte de los agricultores que producen
conejos en pequeñas cantidades, realizándose dicha venta directamente al consumidor final en los mercados locales más próximos a su explotación, o bien a un detallista para la venta directa.
En consecuencia el citado reglamento no impone la prohibición que existe en España, más bien establece la obligación de regular este tipo de ventas con la condición de que adopten las medidas precisas para asegura la protección de la higiene
alimentaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifiquen el Real Decreto 640/2006, del 26 de mayo, en lo referido a la
prohibición en España de la venta directa de aves de corral y lagomorfos sacrificados en explotación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2014.-Margarita Pérez Herraiz, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a las Obras de Regeneración y Acondicionamiento de la Playa de 'El Burrero', en el municipio de Ingenio (Gran Canaria), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La playa de 'El Burrero', con una extensión de 500 metros, es la única playa del municipio grancanario de Ingenio. Con profundas raíces pesqueras, es también conocida popularmente por la práctica de deportes de vela como el windsurf o el
kitesurf, gracias a los fuertes vientos que predominan en la zona, especialmente en verano.
La playa se enmarca al norte por una roca de naturaleza volcánica denominada El Roque y al sur por el barranco de los Aromeros, de unos 20 metros de largo y unos 10 hasta el punto más alto. El Roque forma un dique natural, cuya función en
el tiempo ha sido la de retener la arena rubia originaria de la playa y minimizar el impacto del viento y las olas, manteniendo siempre en calma la zona más próxima a ella. Por esta razón, los bañistas suelen frecuentar sus alrededores e incluso
acceder a la roca a pie, sorteando las piedras cuando la marea está vacía o una pequeña piscina natural, al que los lugareños llaman El charco del Cura, que se forma cuando llena la marea.
En su historia reciente, la playa se ha ido transformando gracias a un proyecto de regeneración iniciado a mediados de los 90, que supuso la construcción de un dique artificial semisumergido en la cara norte y otro superficial en el extremo
sur. Además, se sustituyó el antiguo callao por arena negra y se construyó la parte central de la avenida marítima.
Desde el Ayuntamiento de Ingenio, en colaboración con la Demarcación de Costas de Las Palmas, se ha trabajo arduamente en la realización de un proyecto que culminara las obras iniciadas en la playa en 1993. El proyecto del Sendero Marítimo
de El Burrero Norte contempla la adecuación de un paseo marítimo de 2 o 3 metros de ancho que discurrirá hasta la Playa de San Agustín, proyecto que está redactado y aprobado y que llegó a tener una financiación de 1.154,42 por parte de la
Dirección General de Costas.
En enero de 2010, el Jefe de la Demarcación de Costas de Las Palmas informó, en su visita al Ayuntamiento de Ingenio, de que el proyecto de construcción del Sendero de El Burrero Norte ya estaba aprobado y la obra se licitaría ese mismo año.
En febrero de 2012, la Delegada del Gobierno en Canarias, junto al Alcalde de Ingenio, informaron a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar sobre la situación del proyecto, comprometiéndose entonces el Director General de
la Sostenibilidad 'a trabajar de forma coordinada con las distintas administraciones para dar una solución a las cuestiones planteadas'.
Sin embargo, han pasado más de 20 años y las obras siguen sin culminarse. En consecuencia, es necesario y urgente materializar de una vez por todas esta demanda histórica, haciendo realidad una reclamación de instituciones y ciudadanos,
pues no hay que olvidar que buena parte de las necesidades ciudadanas de ocio y esparcimiento gira en torno a esta playa, que es la única zona de costa del municipio y además es muy reducida por estar situada junto a la Base Aérea de Gando.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Reactivar a la mayor brevedad posible la financiación, licitación y ejecución de las obras del Sendero Marítimo de la Playa de El Burrero Norte, en el municipio de Ingenio (Gran Canaria).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2014.-Sebastián Franquis Vera y Pilar Grande Pesquero, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha
del Centro de Referencia Estatal para personas con graves discapacidades neurológicas 'Stephen Hawking' en Barros (Langreo, Asturias), para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El Centro de Referencia Estatal para personas con graves discapacidades neurológicas 'Stephen Hawking', promovido en su día por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-IMSERSO, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias y
el Ayuntamiento de Langreo, debería haber entrado en funciones en noviembre de 2010, por lo que lleva ya acumulados casi cuatro años de retraso, respecto a su anunciada inauguración. Cabe denunciar la falta de interés del Gobierno de la Nación y la
pasividad del resto de las Administraciones comprometidas, por la puesta en marcha del Centro, construido en Barros (Langreo, Asturias).
Fue la movilización ciudadana la que consiguió la construcción de este equipamiento, en respuesta gubernamental al clamor popular relanzado en 2007 en defensa de un hospital de Parapléjicos en Langreo. Si bien no se culminaron sus
aspiraciones, hoy está en riesgo el futuro del Centro 'Stephen Hawking', amenazado de deterioro y ruina si no se procede urgentemente a su dotación presupuestaria, equipamiento y puesta en marcha.
Se han invertido hasta ahora unos 12 millones de euros en su construcción, con el objetivo de instalar un centro de investigación y de enlace en la recuperación de los pacientes entre el hospital y su incorporación a la vida social, familiar
y laboral.
En un momento como el actual, en plena campaña mediática en favor de la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), consideramos que el verdadero compromiso sería la apertura sin más dilaciones del Centro público para personas
con graves discapacidades 'Stephen Hawking' en Langreo.
El Centro cuenta con un total de 90 plazas: 60 de residencia de larga duración (20 para lesiones medulares, 20 para daños cerebrales y 20 más para esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y el resto de plazas de atención diurna (10 para cada
especialidad). Se estima que puede generar 150 puestos de trabajo de manera directa, que en estos momentos de crisis económica y de desempleo, serían un balón de oxígeno para la maltrecha economía de la cuenca minera.
La incapacidad política para desbloquear el equipamiento es manifiesta. Aún no han sido capaces de finalizar las obras pese a contar con una partida económica de 400.000 euros presupuestada en el presente ejercicio 2014. Y es necesario que
en los presupuestos de 2015 se habilite una partida de 2 millones de euros que se necesitan para su equipamiento.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Ejecutar en 2014 la partida de 400.000 euros aprobada en el Presupuesto de 2014 para la finalización de la obra de construcción del Centro de Referencia Estatal para personas con graves discapacidades neurológicas 'Stephen Hawking' en
Langreo (Asturias);
2) Incluir en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015 una partida de 2 millones de euros, necesaria para dotar al Centro con su equipamiento;
3) Retomar de inmediato su colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias y con el Ayuntamiento de Langreo para el cumplimiento del compromiso adquirido por las tres instituciones para la puesta en marcha del Centro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la situación de Gaza tras los episodios de violencia vividos en las últimas semanas, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La tragedia vivida en Gaza en las últimas semanas nos muestra que estamos ante un desastre humanitario de unas magnitudes sin precedentes en el siglo XXI. En los últimos 7 años han vivido 3 guerras, siendo lo excepcional los tiempos de paz.
La escalada de la respuesta militar de Israel en los Territorios Ocupados Palestinos ha causado la muerte de 2.131 personas, entre los cuales hay 1.473 civiles, 501 son menores y 257 mujeres. 18.000 viviendas han sido destruidas o
gravemente dañadas, dejando aproximadamente 108.000 personas sin hogar y más de 200.000 palestinos han tenido que huir y refugiarse en los refugios de emergencia de UNRWA. Además, 450.000 personas no tienen acceso a agua debido a daños en la
infraestructura.
Hospitales, escuelas y edificios gestionados por Naciones Unidas en los que se refugiaba la población civil han sido atacados sin respetar las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario y las leyes básicas de protección a la
sociedad civil.
En base a estos acontecimientos, en un llamamiento de emergencia URNWA ha solicitado 187.600.000 de dólares para proporcionar asistencia de emergencia a 250.000 personas desplazadas durante los ataques y para comenzar actividades de
recuperación como reparaciones e instalaciones de refugios, casas, hospitales y escuelas.
Ahora toca trabajar para proporcionar asistencia alimentaria, artículos no alimentarios de primera necesidad, apoyo psicosocial o programas de efectivo por trabajo para hacer frente a las demandas crecientes en refugios y en el ámbito de la
protección física y mental derivado de los ataques directos a instalaciones para desplazados. Es necesario garantizar los servicios de agua, saneamiento e higiene para proporcionar acceso seguro a agua en los refugios y mejores servicios de
saneamiento. Entre otras acciones, los servicios de salud necesitan suministros adicionales para poder dar una respuesta rápida a los heridos, y se sigue necesitando recoger desechos sólidos de campamentos y refugios para prevenir la propagación de
enfermedades y se van a seguir distribuyendo cestas a familias que sufren inseguridad alimentaria.
La prioridad ahora es trabajar por la reconstrucción de Gaza para reparar y volver a construir los hogares de los refugiados y las instalaciones de UNRWA dañadas como consecuencia directa de este conflicto.
España no puede consentir que, ante una tragedia como la que se vive en Gaza ante la intervención militar israelí, nos quedemos cruzados de brazos limitándonos a buenas palabras.
Lo urgente es el envío de ayuda humanitaria y exigir el fin permanente del bloqueo en Gaza, y lo importante, es buscar una paz justa en un conflicto inhumano que necesariamente requiere el fin del bloqueo y de la ocupación israelí. La
comunidad internacional debe comprometerse con una paz duradera más allá de acuerdos militares y comerciales, debe comprometerse con los derechos humanos.
La Unión Europea no puede hacer oídos sordos a la violación constante del derecho internacional y humanitario y su impunidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Destinar inmediatamente una financiación suficiente a través de UNRWA que garantice el acceso de la ayuda humanitaria a las víctimas y contribuya a reconstruir Gaza.
2. Ante el Año Internacional declarado por Naciones Unidas de 'Solidaridad con el Pueblo Palestino', promover que la comunidad internacional se comprometa con el Derecho Internacional Humanitario impulsando las acciones necesarias para que
las partes implicadas trabajen unidas para cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad y alcanzar/buscar una paz justa y duradera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2014.-Rosa Delia Blanco Terán y María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputadas.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/003015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la incorporación al Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VdG o VIOGÉN) a todas las Instituciones que intervienen en la asistencia y protección de las víctimas de violencia de género, para su
debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VdG o VIOGÉN) es una aplicación informática web-1 de ámbito nacional, diseñada y desarrollada en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior, que pretende mejorar la protección a las víctimas de violencia de género, mediante el seguimiento de las circunstancias de riesgo que concurren en ellas, alertando de su evolución y adoptando las medidas de protección adecuadas para
prevenir y evitar el riesgo a sufrir nuevas agresiones.
Sus objetivos van encaminados a:
- Garantizar el seguimiento y protección a las víctimas de violencia de género en cualquier parte del territorio nacional, sea cual sea el lugar en que resida la víctima dentro España, se garantiza su seguimiento y protección por un cuerpo
policial determinado;
- Aglutinar, bajo un único sistema, a todas las Instituciones que intervienen en la asistencia y protección de las víctimas de violencia de género (Fuerzas Policiales, Jueces, Fiscales, Instituciones Penitenciarias, Servicios Asistenciales,
etc.), para que todas vayan en la misma dirección;
- Integrar, en una sola base de datos, los hechos y circunstancias que rodean a las víctimas de violencia de género, de tal forma que, en un proceso de 'gestión del conocimiento', todas las Instituciones que intervienen puedan usar y
explotar la misma información;
- Realizar 'Valoración del Riesgo' para predecir el nivel de riesgo de la víctima a sufrir una nueva agresión (Extremo, Alto, Medio, Bajo). Esta predicción permite adoptar las medidas policiales de protección y asistencia correspondientes,
que se encuentran recogidas en la Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad;
- Efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas a través del 'Subsistema de Notificaciones Automatizadas' cuando se detecte alguna incidencia, acontecimiento o circunstancia que pueda poner en peligro la integridad de la
víctima.
Desde la aprobación en el Consejo de Ministros, de 15 de diciembre de 2006, del Catálogo de Medidas Urgentes en la lucha contra la violencia de género, en que se inició el camino para la creación de la 'aplicación informática para el
seguimiento de los casos de violencia' que unificó para todos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el seguimiento de las circunstancias que concurren en cada caso de maltrato se han realizado actuaciones de implantación progresiva del sistema, que
han sufrido un inexplicable parón a partir de 2011.
Desde la puesta en marcha del sistema y con posterioridad a su utilización los profesionales han identificado la necesidad de diversificar las fuentes de información para una adecuada valoración del riesgo. También los anteriores
responsables del Ministerio del Interior pusieron de manifiesto la necesidad de que se trabajara en la incorporación de los servicios sociales municipales y autonómicos presentando esta acción como la asignatura pendiente de la cooperación
interinstitucional desde la puesta en marcha del sistema,
Algunos de los crímenes machistas del verano de 2014 han demostrado la urgencia de avanzar en este sentido:
Caso 1/Málaga.
El crimen del pasado 28 de julio de 2014 donde la víctima visitó el Hospital Provincial días antes del luctuoso suceso para ser atendida como consecuencia de una previa agresión machista. Los profesionales del centro sanitario que la
atendieron activaron el protocolo de violencia de género y emitieron y enviaron parte de lesiones al Juzgado (lo que supone activar causa de oficio). También se activo comunicación al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Desde este organismo fue
contactada y atendida, por el equipo de trabajo social y psicólogos que le ofreció hospedaje de seguridad, recurso que ella rechazó. Dicha institución no tiene competencia para realizar valoración de riesgo ni para activar medidas de seguridad o
introducir datos de alerta en el VIOGEM.
Caso 2/Berja (Almería).
Los medios de comunicación informaron el 02.08.2014 de un apuñalamiento con resultado de muerte en Berja (Almería).
El crimen fue cometido presuntamente por su expareja sentimental, que había sido denunciada por violencia de género ante la Guardia Civil el pasado 25 de junio, lo que dio lugar a una orden de alejamiento de 200 metros para el supuesto
agresor y prohibición de comunicación.
El presunto homicida violó dicha orden de alejamiento, motivo por el que permaneció bajo arresto domiciliario, hasta el pasado 30 de julio, si bien la orden de alejamiento tenía vigencia hasta el 21 de octubre. Agredió mortalmente a la
víctima tan pronto finalizó el arresto domiciliario.
Si estos dos casos han puesto en evidencia la necesidad de revisión de los procedimientos de la valoración del riesgo, también la condena del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas en su
Comunicación n.º 47/2012 ONU contra España ha mostrado una realidad omnipresente de la vida cotidiana de aquellas víctimas de malos tratos que tienen hijos/as: que los estereotipos persisten en el sistema de justicia y en los equipos psicosociales
de los juzgados, los Servicios Sociales Comunitarios o los Puntos de Encuentro Familiar.
Fueron sus erróneas creencias las que impidieron que se protegiera de manera adecuada a Ángela González y a su hija Andrea.
Los casos citados ponen en entredicho la garantía de los derechos y la protección de las mujeres que acudieron al sistema policial, judicial o social, para cesar su relación con el agresor y han manifestado de manera contundente la necesidad
de generalizar la Valoración Forense y de integrar a otros profesionales especializados de cara a completar la valoración que realizan actualmente los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Los informes de evaluación del riesgo de violencia, deben considerar no solo la realidad objetiva (lesiones físicas o psicológicas), también deben tener en cuenta los elementos de vulnerabilidad de las víctimas que les impide reaccionar o
anula su capacidad de identificar el riesgo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista para garantizar una mayor eficacia en los procedimientos y mejorar la capacidad predictiva en la valoración del riesgo para casos de violencia machista contra las mujeres y sus hijos/as,
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar los protocolos de valoración de riesgo establecidos hasta el momento para incorporar en las valoraciones remitidas a los juzgados las informaciones de la Asistencia Social a las víctimas, los
Servicios de Urgencias Hospitalarias, Medicina de Familia, organismos con Programas de Reparación del daño, Centros de Atención a la Mujer.
2. Realizar un estudio empírico sobre los 881 casos mortales por violencia de género habidos desde 2001 que asocie causas y consecuencias de la violencia de género con resultado de muerte de cara a identificar predictores de riesgo.
3. Acordar y apoyar a las Comunidades Autónomas para incluir en sus programas de atención social a las víctimas, ítems para recabar informaciones de interés que puedan incorporarse a la valoración de riesgo.
4. Establecer un sistema para una nueva revisión de la valoración de riesgo tras la finalización de las medidas establecidas judicialmente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2014.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a reponer los fondos para las campañas de prevención institucional y planificar una campaña que se sostenga a lo largo de todo el año para dar a conocer diferentes comportamientos de los maltratadores que predicen riesgo, para su
debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El principio de eficacia en la actuación administrativa recogido en el artículo 103 de la Constitución Española implica que las administraciones no solo deben proponer, sino hacer lo necesario para alcanzar los objetivos deseados o
propuestos.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tiene por objeto 'actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia'.
Entre sus principios rectores destaca la necesidad de 'fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario,
publicitario y mediático'.
Y es el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 1/2004 el que señala como una obligación de los poderes públicos, en el marco de sus competencias, el impulso además de campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la
violencia de género.
Por su parte, la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, estipula que 'las campañas institucionales de publicidad y de comunicación se desarrollarán exclusivamente cuando concurran razones de interés
público', y en su artículo 3 indica los requisitos que deben concurrir para promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación, entre los que destaca:
a) Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales.
d) Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias para su conocimiento general.
g) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural.
Es evidente que en el marco de las estrategias preventivas contra la violencia machista concurre la necesidad de dar a conocer los valores y principios constitucionales de igualdad, de dar a conocer las
consecuencias penales y derechos que asisten a las víctimas y la exigencia de anunciar medidas preventivas de los riesgos para contribuir a la eliminación de daños.
Cabe considerar que la prevención se define como el conjunto de acciones encaminadas a incidir en la progresión de esos riesgos, desde la asistencia individual a la colectiva, y se concreta en acciones dirigidas al total de la población,
articulando estrategias de modificación de conductas para las denominadas capas poblacionales 'afectables' por un determinado problema.
La planificación de la acción preventiva reclama partir del conocimiento y atribución adecuada de las múltiples causas que desencadenan el problema.
En los casos de violencia contra las mujeres, un análisis pormenorizado de las campañas institucionales ponen en evidencia una estrategia lineal que ha llevado, hasta el momento, a implementar campañas encaminadas a la toma de conciencia
social del problema, al llamamiento a romper el silencio y dar a conocer el compromiso del Estado en la erradicación del problema a través de recursos de apoyo y reparación para las víctimas y castigo a los culpables. Y han quedado excluidas las
definidas en el punto g) del artículo 3 de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.
La principal estrategia de la denominada prevención secundaria estriba en evitar recidivas y, por tanto, identificar las circunstancias que predicen situaciones de riesgo estableciendo con las víctimas líneas de actuación que les permitan no
minimizar y tomar conciencia del riesgo para acto seguido articular sistemas de protección. Las campañas institucionales se presentan pues como el elemento clave para la toma de conciencia de que determinados comportamientos suponen una advertencia
inequívoca de peligro. El Estado debe ayudar a identificarlos y dar a conocer las pautas y acciones que las mujeres deben emprender para garantizar su seguridad.
Es preciso avanzar en las campañas institucionales con la utilización de mensajes de difusión masiva de forma intensa y constante que contribuyan a la eliminación de daños. La estrategia no puede ser otra que detectar los comportamientos y
conductas de riesgo, catalogarlos y dar pautas de actuación para públicos más segmentados, como, por ejemplo, a las personas jóvenes. Y hacerlo desde criterios de eficacia, eficiencia, veracidad y transparencia como estipula la Ley 29/2005,
anteriormente mencionada.
En otro orden de cosas, y por lo que se refiere al desarrollo de estrategias de prevención encaminadas a disuadir al inculpado o condenado, el artículo 64.3 de la Ley integral prevé la utilización de instrumentos de tecnología adecuada para
verificar de inmediato el incumplimiento de las medidas de alejamiento.
Esta previsión de la Ley Integral hizo posible el control de las medidas de alejamiento impuestas con carácter cautelar en los procedimientos que se sigan por violencia de género, a través de mecanismos telemáticos que estaban previstos
inicialmente solo para penados.
El 21 de noviembre de 2008, el Consejo de Ministros acordó encomendar a la Ministra de Igualdad y a los Ministros de Justicia e Interior la adopción de las medidas necesarias para la implantación de los citados dispositivos. El 8 de julio
de 2009 se adoptó el Protocolo de Actuación para la implantación del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género, que tras cuatro años de aplicación fue modificado para
introducir en el sistema el seguimiento de las penas de alejamiento y algunas mejoras técnicas detectadas en el marco del trabajo realizado por la Comisión de seguimiento de dicho Protocolo a lo largo de este período.
No hay conocimiento de que se haya producido ningún incidente violento de gravedad o con resultado de muerte en casos con implantación de los dispositivos de seguimiento. Han sido dispositivos que han facilitado el control policial de las
órdenes de protección, pero, sobre todo, han actuado corno elemento disuasorio sobre el agresor, ya que este se sabe vigilado en todo momento.
El Boletín estadístico de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, de julio de 2014, indica que se encontraban activadas 648 parejas de dispositivos telemáticos, 66 menos que en el mismo periodo de 2013 y 132 menos que en el
mismo periodo de 2012. Estos datos alertan sobre una desafortunada tendencia de disminución del uso del principal elemento disuasorio con que cuenta la Administración de Justicia.
La protección de las víctimas reclama la revisión de la aplicación y uso de los elementos de prevención del delito que se han puesto a disposición de los jueces y la revisión de la situación cuando se modifican las medidas cautelares de cara
a garantizar más eficacia en la protección de las víctimas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar en los próximos 6 meses un análisis pormenorizado de los informes remitidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la Secretaría de Estado de Seguridad de todos los casos de violencia de género con resultado de
muerte, como obliga el Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia sobre la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para
identificar y sistematizar comportamientos que ayuden a predecir riesgo.
2. Desarrollar un catálogo de alertas de seguridad para las víctimas que les permitan percibir los comportamientos y conductas de riesgo y conocer las adecuadas pautas de comportamiento para su seguridad.
3. Reponer los fondos para las campañas de prevención institucional y planificar una campaña que se sostenga a lo largo de todo el año para dar a conocer diferentes comportamientos de los maltratadores que predicen riesgo y para enseñar los
adecuados comportamientos de respuesta de seguridad por parte de las mujeres víctimas.
4. Ejecutar y evaluar las campañas señaladas, para garantizar los principios de eficacia y coste-eficiencia, y el aprovechamiento de los recursos públicos mediante la profesionalización de la planificación.
5. Remitir a la Comisión de Igualdad del Parlamento, con una periodicidad cuatrimestral, la relación de las adjudicaciones de los contratos, y de las ayudas, subvenciones y convenios relacionados con la publicidad institucional relacionada
con la violencia de genero así como su target y distribución de impactos por medio y su correspondiente asignación económica para cada medio, para la consecución del objetivo relativo a la transparencia y veracidad en materia de publicidad y
comunicación institucional del Gobierno.
6. Adjudicar los contratos vinculados a las campañas con arreglo a su normativa aplicable, respetando estrictamente los principios de publicidad y concurrencia, y atendiendo siempre a criterios objetivos tales como el coste económico y la
eficaciá prevista del plan de medios. Estos mismos criterios objetivos deberán ser observados por los contratistas en los supuestos de subcontratación.
7. Planificar, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, actuaciones de formación para dar a conocer a los jueces la eficacia de los dispositivos de control telemático, de cara a fomentar su utilización no solo como sistema
de verificación del cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación a la víctima, sino como instrumento disuasorio de primer nivel.
8. Convocar con carácter extraordinario a la Comisión de seguimiento del Protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género, con el fin de
realizar una valoración sobre las resistencias a su implantación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2014.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/003021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la posición 'antifracking' de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para su debate en la Comisión para el estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
El pasado 24 de julio el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria junto con los alcaldes de la región, de diferentes opciones políticas, ha suscrito y firmado una Declaración Institucional cuyo texto dice así:
'La Fractura Hidráulica, como técnica para la extracción de gas de esquisto no convencional, comúnmente denominada fracking, plantea en la actualidad interrogantes, tanto desde el punto de vista de la salud como desde la perspectiva de la
protección ambiental.
Por todo ello, en Cantabria existe una importante preocupación por los riesgos que supone la puesta en marcha de esta técnica.
Ante este estado de cosas, las instituciones de nuestra Comunidad Autónoma, y en particular, el Gobierno y los Ayuntamientos de Cantabria, entendemos que expresamos la voluntad mayoritaria del pueblo Cántabro, oponiéndonos a esta técnica y
haciendo todo lo legalmente posible para que nuestra región sea un territorio libre de fracking.
Por todo ello, los abajo firmantes declaramos nuestra voluntad de adaptar todas aquellas medidas que, dentro del respeto al ordenamiento jurídico, permitan impedir en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la fractura
hidráulica o fracking como técnica para la investigación y extracción de gas de esquisto no convencional.'
Dicha declaración ha sido asumida por el Partido Socialista de Cantabria, el Grupo Parlamentario Socialista y los alcaldes y alcaldesas socialistas, por coherencia con la postura del PSOE en este tema y porque existe otra alternativa, que
pasa por potenciar las energías limpias como la energía marina o la energía eólica, recursos muy abundantes en Cantabria estas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Asumir y aceptar el acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria firmado por los representantes legítimos de los ciudadanos.
2) Colaborar y apoyar en Cantabria, la investigación, la innovación y el desarrollo de energías alternativas y limpias como la energía marina y la energía eólica.
3) Paralizar la actividad de los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica (fracking), se
suspenderán las autorizaciones concedidas y se prohibirán nuevas actividades en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a esta actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2014.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/002036
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila.
Texto:
¿Va el Ministerio del Interior a anular los expedientes sancionadores abiertos a personas integrantes de Plataformas de Afectados por las participaciones preferentes y subordinadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas.
Comisión de Fomento
181/002037
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán.
Texto:
¿Piensa regular legalmente el alquiler o intercambio privado de viviendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/002038
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán.
Texto:
¿Qué planes tiene el Gobierno para dar salida operativa a los aviones abandonados en los aeropuertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Educación y Deporte
181/002039
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Educación y Deporte
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán.
Texto:
¿Considera el Gobierno que es aceptable el nivel de competencias desarrollado por nuestros estudiantes universitarios en comparación con los de otros países, tal y como lo refleja el informe de la OCDE sobre el sistema universitario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
http://www.congreso.es Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
D. L.: M-12.580/1961 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Teléf.: 91 390 60 00
Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - http://boe.es