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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 514, de 12/09/2014
cve: BOCG-10-D-514
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de septiembre de 2014
Núm. 514
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página4)
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000009 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas ... (Página5)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para hacer posible la prejubilación a los 61 años ... (Página5)
162/001023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el Torneo del Toro de la Vega ... (Página7)
162/001024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la paralización de las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil que se está construyendo en Fitero (Navarra) y a la elaboración de un plan de lucha
contra el paro y el fomento del empleo en la zona ... (Página8)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002995 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de apoyo a la democracia palestina y medidas contra la persecución de parlamentarios y dirigentes políticos palestinos ...
Comisión de Interior
161/002997 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la firma entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior del convenio de colaboración para integrar la
aplicación telemática que sustenta el 'punto de coordinación de las órdenes de protección en Andalucía' con el 'sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género' ... (Página10)
161/003004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la paralización de las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil que se está construyendo en Fitero (Navarra) y a la elaboración de un plan de lucha
contra el paro y el fomento del empleo en la zona ... (Página12)
Comisión de Economía y Competitividad
161/002962 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación de la ley en materia hipotecaria tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la normativa actual vigente en el
Estado español. Corrección de errores ... (Página13)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adoptar actuaciones de cara al levantamiento del veto para la construcción naval civil que pesa sobre los astilleros públicos de
Navantia en la ría de Ferrol y que finaliza el día 1 de enero de 2015 ... (Página14)
Comisión de Fomento
161/003000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre construcción de las variantes viarias de la N-260 en las poblaciones de Olot, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses y Ribes de Freser, así como el
desdoblamiento del tramo Besalú-Figueres, y mejoras del tramo Portbou-frontera francesa de la N-260 ... (Página15)
Comisión de Educación y Deporte
161/002996 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas para paralizar la decisión del Gobierno de aplicar un canon a las bibliotecas por préstamo de libros y por usuarios/as ...
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002994 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para hacer posible la prejubilación a los 61 años ... (Página18)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el Torneo del Toro de la Vega ... (Página20)
Comisión de Cultura
161/003005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la devolución inmediata de los papeles de Salamanca ... (Página20)
Comisión de Igualdad
161/002998 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la firma entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior del convenio de colaboración para integrar la
aplicación telemática que sustenta el 'punto de coordinación de las órdenes de protección en Andalucía' con el 'sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género' ... (Página22)
161/003001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desarrollo del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género y la integración de su información con la de los puntos de
coordinación autonómicos de las órdenes de protección ... (Página23)
161/003002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento de la resolución del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, en relación con el caso de doña Ángeles González
Carreño ... (Página25)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Bajas:
CAMACHO VIZCAÍNO, Antonio 01-09-2014
GARRIDO VALENZUELA, Irene 01-09-2014
LANZUELA MARINA, Santiago 28-07-2014
PÉREZ RUBALCABA, Alfredo 02-09-2014
Altas:
HERRERO BONO, José Alberto 09-09-2014
ORDÓÑEZ PUIME, Gonzalo José 09-09-2014
ROMINGUERA SALAZAR, María del Mar 09-09-2014
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Pontevedra:
ORDÓÑEZ PUIME, Gonzalo José PP
Teruel:
HERRERO BONO, José Alberto PP
Zamora:
ROMINGUERA SALAZAR, María del Mar PSOE
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: HERRERO BONO, José Alberto
Circunscripción: Teruel
Número: 398
Fecha: 3 de septiembre de 2014
Formación electoral: PP-PAR
Nombre: ROMINGUERA SALAZAR, María del Mar
Circunscripción: Zamora
Número: 399
Fecha: 8 de septiembre de 2014
Formación electoral: PSOE
Nombre: ORDÓÑEZ PUIME, Gonzalo José
Circunscripción: Pontevedra
Número: 400
Fecha: 9 de septiembre de 2014
Formación electoral: PP
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000009
Grupo Parlamentario Socialista
(031/000003)
Portavoz:
HERNANDO VERA, Antonio
Portavoces sustitutos:
HEREDIA DÍAZ, Miguel Ángel
VALERIO CORDERO,Magdalena
VALLÈS VIVES, Francesc
HERNANZ COSTA, Sofía
RODRÍGUEZ GARCÍA, Isabel
ÁBALOS MECO, José Luis
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para hacer
posible la prejubilación a los 61 años, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Es conocido que las medidas emprendidas en el ámbito socio-laboral para atajar la crisis han sido tomadas desde una lógica economicista, por lo que muchas de ellas han sido tomadas sin considerar los efectos sociales que traían consigo.
Esta dinámica se concibe desde la percepción que el gasto público en políticas sociales es solo un gasto y no una inversión en capital social.
Más allá de esa consideración, en el ámbito de la prestaciones derivadas del Sistema de Seguridad Social, debemos tener en cuenta de que su base esencialmente contributiva obliga a que los cambios se lleven a cabo con enfoque transitorio y
de seguridad jurídica para los sujetos incluidos en el propio sistema. Y ello es así por cuanto la toma de decisiones de personas trabajadoras se llevan a cabo en orden a un determinado régimen de protección que, si bien nace de un sistema de
redistribución de riqueza de carácter público, lo hace desde una cobertura contributiva de aportaciones a un sistema que, a su vez, genera obligaciones jurídico públicas para los afiliados. Actuar en una lógica distinta puede provocar, como ya ha
ocurrido en otras ocasiones, cambios inesperados legales que provocan efectos irreparables en las expectativas de derechos para personas que, a su vez, a menudo no pueden modificar su régimen de derechos futuros por cuanto ya no son activos o no
pueden serlo.
Esta es la situación en la que se pueden encontrar hasta 35.000 personas que perdieron su trabajo antes del 1 de abril de 2013, y que no estuvieran incluidas en un despido colectivo y que a su vez mantienen convenios especiales individuales
de cotización con la Seguridad Social, que no podrán jubilarse anticipadamente con 61 años, sino con 63 años, de acuerdo con los cambios que el Gobierno introdujo en los retiros anticipados en el año 2013, pero fundamentalmente, por la aplicación de
un criterio que no venía considerándose hasta la fecha.
En efecto, el cambio legislativo producido en el año 2013 en el que se modifica la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada de los 61 a los 63 años, podía conllevar (aunque no obligatoriamente) un cambio de criterio administrativo
para interpretar a que personas podían acceder a la jubilación anticipada, especialmente en lo que a régimen transitorio se refiere. Y lo cierto es que apelando a una Orden del año 2003, en la que se consideraba que las personas que realizan
aportaciones a la Seguridad Social para mejorar sus cotizaciones, y con ello, el importe de su pensión, como trabajadores asimilados al alta a todos los efectos, ha traído consigo que a trabajadores no afectados por Despidos Colectivos ya no les sea
de aplicación el régimen transitorio que permite, para aquellos, que puedan acceder a la jubilación anticipada en los términos de la anterior regulación hasta el año 2019.
En este sentido, conviene a su vez destacar que el régimen transitorio se aplica, a su vez, a los trabajadores que hubieran sido despedidos antes del 1 de abril de 2013, y que con posterioridad, no hubieran sido dados de alta nuevamente.
La Circular emitida por la Dirección General de la Seguridad Social el pasado mes de junio, ha venido pues a reinstaurar un criterio administrativo que provoca un efecto inesperado para muchas personas (unas 35.000 aproximadamente) y es que
se les considera como dados de alta, y con ello, que no gozan del beneficio de estar protegidos por el referido régimen transitorio.
Más allá de las cuestiones estrictamente jurídicas y de lógica legislativa que envuelven este caso que podemos considerar singular, apelamos en esta Proposición no de Ley a un aspecto de índole social, como es el no dejar desprotegidos de
derecho durante dos o más años a las personas que, afectadas por un cambio o rigor de criterio, se quedarán sin derecho al percibo de prestaciones, y en algunos casos, a la irremediable pérdida de la misma si no pudieran prolongar el convenio
especial de cotización con la Seguridad Social.
Es conocido además que diferentes interpretaciones judiciales (incluido el Tribunal Supremo) han traído a colación el principio de interpretación flexbilizador de los criterios para el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, un
criterio que impone una interpretación humanizadora de las normas de seguridad social que atenúan o flexibilizan los requisitos que en un momento determinado pueden establecerse para generar el derecho activo a una pensión o prestación.
Pero a dicho criterio interpretativo de la jurisprudencia española que se introduce en esta proposición, debemos considerar los cánones clásicos y la tradición estatal e internacional en la materia de que los cambios en el ámbito de
protección social, sean progresivos y transitorios en su alcance, y que obligarían a que en dicha cuestión, se minimice el rigor normativo de la nueva interpretación que se ha venido a dar.
Conviene insistir además que se trata de colectivos de personas que tomaron decisiones sobre el régimen de protección social que les correspondería en un momento en que las circunstancias eran distintas, y que por ello, no pueden ya
modificar su estatus actual, puesto que, además, se trata de personas en unas franjas de edad en la que su situación laboral es altamente compleja como para generar nuevos o mejores derechos de seguridad social.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Proponga la adopción de un criterio de interpretación flexibilizador y humanizante con el colectivo de personas afectadas por la medida citada en esta proposición no de ley.
2. Remitir las instrucciones administrativas correspondientes a la Administración de la Seguridad Social, a la Dirección General de la misma, y a sus diferentes entidades gestoras, con el objetivo de que, a dicho colectivo de personas, es
decir, aquellas que habiendo sido despedidas con anterioridad a 1 de abril de 2013, y tengan suscrito un Convenio Especial de Cotización con la Seguridad Social y que no fueran despedidos mediante un Despido Colectivo o Expediente de Regulación de
Empleo, les sea aplicable el régimen transitorio de la reforma legal del acceso a la pensión de jubilación anticipada, y puedan seguir teniendo derecho a la misma, a los 61 años, hasta el año 2019.
3. Proceder a realizar los cambios legislativos que se consideren oportunos para que la aclaración o mejora de los fundamentos de dicha proposición no de ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2014.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
162/001023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Torneo del Toro de la Vega, para su debate en el Pleno de la
Cámara.
Exposición de motivos:
Un año más en el municipio de Tordesillas se celebrará el alanceamiento de un toro, en lo que se conoce como el Torneo del Toro de la Vega. Este ritual sangriento, que se escuda en el argumento de la 'tradición' y que en realidad es una
tortura lenta, vociferante y tumultuosa, con presencia de menores, y que acaba con la vida del animal, de la forma más cruel y sin sentido, dista mucho de un comportamiento ético, respetuoso con la vida y con el patrimonio cultural y la cultura
popular de los pueblos y naciones democráticas.
Este pretendido 'ritual' que se celebra en septiembre y en honor de la patrona de la población de Tordesillas está siendo cuestionado por una cada vez más amplia mayoría de ciudadanos y ciudadanas, organizaciones políticas y sociales, que se
manifiestan y promueven manifiestos de ámbito estatal y con gran repercusión en la opinión pública, en el Estado y también en el extranjero, exigiendo que se ponga fin a esta barbarie.
Durante varias legislaturas, este grupo parlamentario ha instado a los distintos gobiernos a establecer los mecanismos y desarrollos legales necesarios para que se eviten situaciones de maltrato animal y especialmente para que se aborde de
forma seria la celebración del Torneo del Toro de la Vega. Se han creado Grupos de Trabajo de Alto Nivel instados por esta Cámara con el objetivo de avanzar en el bienestar animal y abordar el maltrato. Los informes de estos grupos dejaron claro
que existía margen para legislar a nivel nacional sobre esta cuestión respetando las competencias de las Comunidades Autónomas. Pero todo ha sido en vano, porque un año más, el 16 de septiembre del 2014, Elegido, un toro, bello, que siente y sufre,
será perseguido y acosado, lanceado, acribillado y sacrificado públicamente en un acto de tortura pública y que supone una vergüenza, carente de valor cultural y tradicional para muchos ciudadanos y ciudadanas de este país que lo expresan de forma
pacífica y pedagógica.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los mecanismos y desarrollos legales necesarios para la abolición inmediata del alanceamiento de un toro, en el municipio de Tordesillas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/001024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sabino Cuadra Lasarte, Diputado de Amaiur (Grupo Parlamentario Mixto), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de Diputados/as, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de acordar la paralización de las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil que se está construyendo en Fitero (Navarra) y la elaboración de un plan de lucha contra el paro y el fomento del empleo en la zona, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En octubre de 2012, el Ministro de Interior, Sr. Fernández Díaz, anunció la construcción de un cuartel de la Guardia Civil en la localidad navarra de Fitero. Su inauguración, prevista para 2015, junto con la del cuartel de El Pedroso
(Sevilla), eran las únicas contempladas para ese año. Parecería así que la necesidad del mismo fuera imperiosa. Sin embargo, hay que recordar que hasta 1991 hubo un cuartel en Fitero que se cerró por inoperativo.
A tan solo tres y seis kilómetros de Fitero se encuentran los cuarteles de las localidades vecinas de Corella y Cintruénigo, respectivamente, y a menos de treinta los de Cascante, Castejón, Valtierra, Buñuel, Fustiñana, Villafranca, Milagro
y Tudela, entre otros, todos ellos sitos en la comarca de la Ribera, en Navarra. Lo anterior quiere decir que, caso de construirse finalmente el cuartel de Fitero y de acuerdo con los propios datos aportados por el Ministro de Interior, se
triplicaría en la zona el promedio de cuarteles/km2 existente a nivel estatal.
En el conjunto de Navarra, sin computar el contingente de la Policía Municipal, existe una tasa de policías/1.000 habitantes que alcanza la cifra de 6,5. Un porcentaje bastante superior, casi el doble, de la existente a nivel europeo, que
es de 3,37 policías/1.000 habitantes. Se puede concluir por ello que tanto el nivel policial como el de instalaciones policiales y militares existentes en la zona está ya sobredimensionado, y todo ello sin incluir el nuevo cuartel en construcción.
A todo lo anterior hay que añadir que tampoco puede ser el incremento poblacional una razón que justifique la instalación del nuevo cuartel, puesto que, si bien en el conjunto de Navarra la población se ha incrementado en algo más de un 22%
desde 1991 (año en que se cerró el anterior cuartel por inoperativo), en Fitero ha ocurrido lo contrario, pues esta ha disminuido casi un 3% ¿A qué se deben, pues, las razones existentes para construir el nuevo cuartel?
Es obligado también señalar que la nueva instalación se va a ubicar en los terrenos anteriormente destinados por el Ayuntamiento de Fitero y el Gobierno de Navarra a la construcción de un Centro de Salud que estaba previsto entrara en
funcionamiento durante el pasado año 2013. La razón que justificaba la construcción de un Centro de Salud era que la localidad solamente disponía de un pequeño consultorio y eran varios los servicios sanitarios (pediatría, servicio social, ...) que
tenía compartidos con las localidades vecinas de Castejón y Cintruénigo.
Por esta razón, el actual alcalde de Fitero, Sr. Pachi Yanguas, subrayó en su momento la importancia del nuevo Centro de Salud afirmando que el mismo 'era uno de los objetivos importantes de su programa electoral', pues el consultorio
existente 'se ha quedado pequeño para atender las necesidades y no reúne las condiciones necesarias...', por lo que 'cuanto antes se produzca el cambio, mejor'.
Las nuevas instalaciones sanitarias, previstas inicialmente para entrar en servicio en 2013, iban a contar con dos consultas de medicina, dos de enfermería, una de pediatría, otra de enfermería también
en pediatría, así como con el correspondiente espacio administrativo, corriendo su financiación íntegra -500.000 euros- con cargo al Gobierno de Navarra.
A pesar de los compromisos políticos y presupuestarios adoptados al efecto, el Gobierno de Navarra paralizó el citado proyecto como consecuencia de los recortes introducidos por el mismo en distintos capítulos sociales. La anulación
presupuestaria, curiosamente, coincidió con la nueva cesión de los terrenos al Ministerio de Interior para construir en el mismo espacio el cuartel de la Guardia Civil al que nos referimos.
En resumen, se anuló la construcción de un Centro de Salud para una población necesitada del mismo, tal como el Gobierno de Navarra y el propio Ayuntamiento de Fitero habían reconocido pública y oficialmente, y se aprobó la construcción en
el mismo lugar, previa cesión gratuita de los terrenos, de un cuartel de la Guardia Civil en una Navarra y concretamente en la Ribera navarra, que cuenta con unas tasas de presencia policial e instalaciones policiales muy por encima de los promedios
europeos, estatales y navarros y de cualquier tipo de necesidad concreta. Pues bien, repetimos, ¿a qué puede obedecer semejante despropósito político, social y económico?
Cuando fue anunciada la construcción del nuevo cuartel en Fitero, hasta la propia Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) expresó su opinión contraria al proyecto por entender que el mismo era completamente innecesario y bastaba con
proceder a una reestructuración de las unidades cercanas (Corella y Cintruénigo) para atender a las necesidades que se aducían en Fitero. No solo esto sino que la Asociación afirmó que las razones reales existentes para construir el nuevo cuartel
tenían que ver, sobre todo, con el hecho de que 'el señor ministro tenga familia y amistades en el pueblo, como el alcalde, ya que veranea ahí todos los años'.
A destacar por último que según los datos aprobados por la Seguridad Social en julio de 2014, la zona a la que nos referimos (Fitero, Cintruénigo, Corella) es una de las que mantienen la tasa de paro más alta de toda Navarra, rondando el 30%
(Fitero, 28,67), casi el doble de la existente en la Comunidad en esas mismas fechas, que era del 15,88%.
Por todo ello, Amaiur (Grupo Mixto) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de Diputados y Diputadas acuerda instar al Gobierno a:
1. Anular el proyecto de construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Fitero-Navarra y revertir a esa localidad los terrenos en su día cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento, así como lo edificado hasta la
fecha a fin de que pueda ser destinado todo ello a la realización del Centro de Salud aprobado en su momento por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de la localidad.
2. Destinar el importe de 1,9 millones de euros presupuestados para la construcción del nuevo cuartel a la creación de un Centro de Desarrollo Local y a la elaboración de un Plan de Lucha contra el Paro y de Fomento del Empleo en la Ribera
navarra, especialmente en las localidades de Fitero, Cintruénigo y Corella, en colaboración todo ello con los Ayuntamientos afectados y el Gobierno de Navarra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2014.-Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU,ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a la democracia palestina y medidas contra la persecución de
parlamentarios y dirigentes políticos palestinos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El 20 de agosto de 2014, las fuerzas de ocupación israelí entregaron a Khalida Jarrar, Parlamentaria Palestina legítimamente elegida por el pueblo palestino en las elecciones de 2006, una orden militar que ordena que Jarrar no debe abandonar
el distrito de Jericó durante los próximos seis meses y solo puede salir con la autorización expresa del comandante militar israelí en Cisjordania. Acompañando a la orden se encontraba un mapa delineando los límites del distrito de Jericó. La
orden establece que en base a información Jarrar es una amenaza para la seguridad de la zona. Le dieron 24 horas para abandonar Ramallah. Jarrar se negó a firmar la orden.
Actualmente Jarrar se encuentra en un encierro voluntario en el Consejo Legislativo Palestino (Parlamento), para evitar la ejecución de la orden militar israelí.
Esta orden de expulsión ha supuesto el inicio de una campaña dirigida contra militantes, miembros, cuadros y representantes del Frente Popular para la Liberación de Palestina y otros dirigentes políticos o representantes de movimientos
sociales.
Estas detenciones vienen a sumarse a otras detenciones de miembros del mismo grupo político desde la orden de expulsión de Khalida, algunas fuentes apuntan a un número de 25 miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina.
Conviene recordar que en julio de 2014, llegó a haber 34 miembros del parlamento detenidos en cárceles israelís.
Proposición no de Ley
'1) El Congreso de los Diputados expresa su apoyo a la democracia palestina, a sus instituciones democráticas y a sus representantes elegidos democráticamente.
2) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, tanto en el ámbito de las relaciones bilaterales como en la UE, para interceder ante el Gobierno de Israel con el fin de:
- Cancelar la orden militar contra la Diputada palestina, Khalida Jarrar.
- Liberar de forma inmediata a los parlamentarios palestinos en cárceles israelís.
- Cesar la persecución a los miembros de los diferentes partidos palestinos y el cumplimiento de las garantías procesales de acuerdo a la legislación internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Interior
161/002997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
firma entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior del convenio de colaboración para integrar la aplicación telemática
que sustenta el 'punto de coordinación de las órdenes de protección en Andalucía' con el 'sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género', para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Ministerio del Interior puso en marcha en 2007 el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género (Viogen), aplicación informática al que acceden las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de integrar en una sola
aplicación toda la información disponible sobre las víctimas para conseguir una protección más eficaz.
Por su parte, Andalucía puso en marcha en 2009 el Punto de Coordinación de Órdenes de Protección de violencia doméstica y de género para recibir comunicación de todas las órdenes de protección emitidas por los órganos judiciales, ya que
desde 2009, a través de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, los juzgados y tribunales tienen la obligación de notificar a las comunidades autónomas estas resoluciones.
El Punto de Coordinación, adscrito a la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior, desarrolla su actuación a través de un servicio telemático que garantiza la comunicación y
notificación inmediata de las órdenes de protección durante las 24 horas al día los 365 días del año.
El Punto de Coordinación se constituye como el canal único de notificación de estas resoluciones judiciales a los centros, unidades organismos e instituciones competentes para garantizar la protección social a las víctimas que sufren
violencia de género.
Mediante la aplicación electrónica Punto de Coordinación, la orden de protección se convierte en un expediente 100% electrónico, eliminando el papel en la gestión y garantizando la protección de los datos personales que contiene, ya que el
acceso a la aplicación es muy seguro al realizarse a través de certificado digital.
El Punto de Coordinación de Órdenes de Protección ha tramitado un total de 5.165 procedimientos judiciales durante 2013 en Andalucía.
Como consecuencia de los procedimientos tramitados por el Punto de Coordinación el pasado año fueron aplicadas un total de 7.542 medidas judiciales de protección de las víctimas y se dictaron 3.113 resoluciones condenatorias para los
agresores.
Desde su creación en el año 2009, el Punto de Coordinación ha tramitado un total de 31.602 procedimientos judiciales, de los cuales 16.268 -el 51,4%- son órdenes de protección, mientras que el 48,5% restante corresponde a medidas cautelares
de alejamiento de los agresores.
En estos cuatro años de funcionamiento han sido atendidas 7.780 víctimas de violencia de género, con las que se han llevado a cabo 24.717 actuaciones para hacer un seguimiento de su situación, realizadas por los dispositivos provinciales del
Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía y los Centros Provinciales de la Mujer.
La Junta de Andalucía lleva dos años trabajando en un convenio de colaboración entre la Administración Autonómica y Estatal.
Desde febrero de 2014 se está intentando firmar dicho convenio, llegando incluso a cerrar una fecha para firmar entre el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo.
Días antes de la firma, la Delegación del Gobierno suspendió el acto señalando que sería el Ministro del Interior el que firmaría dicho convenio en otra fecha que se acordase entre gabinetes.
La Consejería de Justicia e Interior, competente para la firma de dicho convenio, se ha puesto en varias ocasiones en contacto con el Ministerio del Interior, pero han ido atrasando la firma sin argumentos sólidos. En última instancia, el
Ministerio ha alegado que la firma se tiene que realizar en presencia de la presidenta de la Junta, por lo que parece que el interés del ministro no es otro que hacerse una foto con la presidenta de la Junta.
El Gobierno del Estado está dificultando y obstaculizando la integración de los sistemas de órdenes de protección. La firma supondría tener información mucho más completa de las víctimas y actuar de manera más eficaz.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de forma inmediata, se firme entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior el convenio de colaboración entre ambas administraciones
para integrar la aplicación telemática que sustenta el 'punto de coordinación de las órdenes de protección en Andalucía' con el 'sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sabino Cuadra Lasarte, Diputado de Amaiur (Grupo Parlamentario Mixto), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de Diputados/as, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de acordar la paralización de las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil que se está construyendo en Fitero (Navarra) y la elaboración de un plan de lucha contra el paro y el fomento del empleo en la zona, para su debate en Comisión
de Interior.
Exposición de motivos
En octubre de 2012, el Ministro de Interior, Sr. Fernández Díaz, anunció la construcción de un cuartel de la Guardia Civil en la localidad navarra de Fitero. Su inauguración, prevista para 2015, junto con la del cuartel de El Pedroso
(Sevilla), eran las únicas contempladas para ese año. Parecería así que la necesidad del mismo fuera imperiosa. Sin embargo, hay que recordar que hasta 1991 hubo un cuartel en Fitero que se cerró por inoperativo.
A tan solo tres y seis kilómetros de Fitero se encuentran los cuarteles de las localidades vecinas de Corella y Cintruénigo, respectivamente, y a menos de treinta los de Cascante, Castejón, Valtierra, Buñuel, Fustiñana, Villafranca, Milagro
y Tudela, entre otros, todos ellos sitos en la comarca de la Ribera, en Navarra. Lo anterior quiere decir que, caso de construirse finalmente el cuartel de Fitero y de acuerdo con los propios datos aportados por el Ministro de Interior, se
triplicaría en la zona el promedio de cuarteles/km2 existente a nivel estatal.
En el conjunto de Navarra, sin computar el contingente de la Policía Municipal, existe una tasa de policías/1.000 habitantes que alcanza la cifra de 6,5. Un porcentaje bastante superior, casi el doble, de la existente a nivel europeo, que
es de 3,37 policías/1.000 habitantes. Se puede concluir por ello que tanto el nivel policial como el de instalaciones policiales y militares existentes en la zona está ya sobredimensionado, y todo ello sin incluir el nuevo cuartel en construcción.
A todo lo anterior hay que añadir que tampoco puede ser el incremento poblacional una razón que justifique la instalación del nuevo cuartel, puesto que, si bien en el conjunto de Navarra la población se ha incrementado en algo más de un 22%
desde 1991 (año en que se cerró el anterior cuartel por inoperativo), en Fitero ha ocurrido lo contrario, pues esta ha disminuido casi un 3% ¿A qué se deben, pues, las razones existentes para construir el nuevo cuartel?
Es obligado también señalar que la nueva instalación se va a ubicar en los terrenos anteriormente destinados por el Ayuntamiento de Fitero y el Gobierno de Navarra a la construcción de un Centro de Salud que estaba previsto entrara en
funcionamiento durante el pasado año 2013. La razón que justificaba la construcción de un Centro de Salud era que la localidad solamente disponía de un pequeño consultorio y eran varios los servicios sanitarios (pediatría, servicio social, ...) que
tenía compartidos con las localidades vecinas de Castejón y Cintruénigo.
Por esta razón, el actual alcalde de Fitero, Sr. Pachi Yanguas, subrayó en su momento la importancia del nuevo Centro de Salud afirmando que el mismo 'era uno de los objetivos importantes de su programa electoral', pues el consultorio
existente 'se ha quedado pequeño para atender las necesidades y no reúne las condiciones necesarias...', por lo que 'cuanto antes se produzca el cambio, mejor'.
Las nuevas instalaciones sanitarias, previstas inicialmente para entrar en servicio en 2013, iban a contar con dos consultas de medicina, dos de enfermería, una de pediatría, otra de enfermería también en pediatría, así como con el
correspondiente espacio administrativo, corriendo su financiación íntegra -500.000 euros- con cargo al Gobierno de Navarra.
A pesar de los compromisos políticos y presupuestarios adoptados al efecto, el Gobierno de Navarra paralizó el citado proyecto como consecuencia de los recortes introducidos por el mismo en distintos capítulos sociales. La anulación
presupuestaria, curiosamente, coincidió con la nueva cesión de los terrenos al Ministerio de Interior para construir en el mismo espacio el cuartel de la Guardia Civil al que nos referimos.
En resumen, se anuló la construcción de un Centro de Salud para una población necesitada del mismo, tal como el Gobierno de Navarra y el propio Ayuntamiento de Fitero habían reconocido pública y oficialmente, y se aprobó la construcción en
el mismo lugar, previa cesión gratuita de los terrenos, de un cuartel de la Guardia Civil en una Navarra y concretamente en la Ribera navarra, que cuenta con unas tasas de presencia policial e instalaciones policiales muy por encima de los promedios
europeos, estatales y navarros y de cualquier tipo de necesidad concreta. Pues bien, repetimos, ¿a qué puede obedecer semejante despropósito político, social y económico?
Cuando fue anunciada la construcción del nuevo cuartel en Fitero, hasta la propia Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) expresó su opinión contraria al proyecto por entender que el mismo era completamente innecesario y bastaba con
proceder a una reestructuración de las unidades cercanas (Corella y Cintruénigo) para atender a las necesidades que se aducían en Fitero. No solo esto sino que la Asociación afirmó que las razones reales existentes para construir el nuevo cuartel
tenían que ver, sobre todo, con el hecho de que 'el señor ministro tenga familia y amistades en el pueblo, como el alcalde, ya que veranea ahí todos los años'.
A destacar por último que según los datos aprobados por la Seguridad Social en julio de 2014, la zona a la que nos referimos (Fitero, Cintruénigo, Corella) es una de las que mantienen la tasa de paro más alta de toda Navarra, rondando el 30%
(Fitero, 28,67), casi el doble de la existente en la Comunidad en esas mismas fechas, que era del 15,88%.
Por todo ello, Amaiur (Grupo Mixto) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de Diputados y Diputadas acuerda instar al Gobierno a:
1. Anular el proyecto de construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Fitero -Navarra y revertir a esa localidad los terrenos en su día cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento, así como lo edificado hasta la
fecha a fin de que pueda ser destinado todo ello a la realización del Centro de Salud aprobado en su momento por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de la localidad.
2. Destinar el importe de 1,9 millones de euros presupuestados para la construcción del nuevo cuartel a la creación de un Centro de Desarrollo Local y a la elaboración de un Plan de Lucha contra el Paro y de Fomento del Empleo en la Ribera
navarra, especialmente en las localidades de Fitero, Cintruénigo y Corella, en colaboración todo ello con los Ayuntamientos afectados y el Gobierno de Navarra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2014.-Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Economía y Competitividad
161/002962
En el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 511, de 9 de septiembre de 2014, pág. 2, dentro del índice, se ha producido un error en el título de la iniciativa, por lo que se reproduce a continuación el texto correcto:
'Proposición no de Ley relativa a la modificación de la ley en materia hipotecaria tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la normativa actual vigente en el Estado español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2014.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de adoptar actuaciones de cara al levantamiento del veto para la construcción naval civil que pesa sobre los astilleros públicos de Navantia en la Ría de Ferrol y que finaliza el 1 de enero de 2015. Debate en Comisión de Economía y
Competitividad.
Exposición de motivos
A comienzos del mes de septiembre del presente año, la Comisión Europea confirmaba que el 1 de enero de 2015 finalizará el veto que pesa sobre astilleros públicos como Navantia Fene para la construcción naval civil. Tal y como se recogía en
el acuerdo firmado, será el 1 de enero del 2015 cuando las antiguas Bazán y Astano quedarán libres de la limitación de diez años. El veto fue pactado en la reconversión del sector naval realizada en el 2004 y que dio lugar a la creación de Navantia
en el año 2005.
Una previsión marcada en la agenda desde que Bruselas impuso el veto, y que no constituye ninguna novedad, salvo que las pretensiones de la UE fuesen otras. La confirmación del Comisario Europeo de la Competencia supone únicamente un alivio
por si existía alguna duda al respecto. Un alivio que debe sustentarse en una inmediata actuación del Gobierno destinada a lograr carga de trabajo.
El BNG ha llevado en infinidad de ocasiones al Congreso de los Diputados iniciativas parlamentarias y debates sobre la preocupante situación del sector naval público ferrolano. Y desde el primer momento de la vigencia del veto, denunciamos
su injusticia y la necesidad de trabajar en la UE para levantarlo años atrás. Una reivindicación compartida por la sociedad ferrolana pero que no halló eco en ningún Ejecutivo español, que disciplinadamente ha dejado pasar el tiempo, cumpliéndose
así la lamentable imposición de la UE.
La preocupación social, política y económica por la grave depresión que sufre la comarca de Ferrolterra derivada de la crítica situación de los astilleros, ha estado siempre presente en el quehacer del BNG en todas las instituciones en las
que tenemos presencia. Mas no así en la labor de las instituciones gubernamentales.
Lamentablemente, hemos de señalar que ninguna de las formaciones políticas que han presidido el Gobierno central en la última década ha destacado por denunciar la injusticia que se estaba cometiendo con un astillero puntero como Navantia
Fene. La prohibición de construir barcos civiles, en un momento histórico en el que la demanda de buques civiles está en auge, ha asestado un golpe durísimo a la capacidad productiva de un centro brillante en cuanto a personal cualificado y
tecnología avanzada.
El veto de la UE a Navantia Fene limitando su capacidad de trabajo, ha supuesto un duro lastre para un astillero modelo a nivel mundial.
Nunca nos llevamos a engaño, sabedores de que detrás de este veto hay razones comerciales, intereses partidistas y una auténtica operación política destinada a favorecer a astilleros de otros estados europeos. No es ninguna novedad poner de
manifiesto que astilleros holandeses, franceses o belgas se han visto claramente beneficiados por el veto sobre Navantia Fene. Han absorbido una importante carga de trabajo civil que les ha reportado grandes beneficios, y sobre todo, les ha
otorgado una posición en el mercado mundial de la construcción naval que no poseían. Navantia Fene era un duro competidor, y no nos cabe duda de que desde Bruselas se diseñó una estrategia premeditada para rebajar la competitividad del astillero
ferrolano.
Una vez que la UE confirmó la caducidad del veto, se abre un nuevo horizonte de múltiples posibilidades de carga de trabajo que la SEPI y el Gobierno español deberían despejar. La fecha del fin del veto estaba
prevista en el acuerdo firmado, con lo cual, es de suponer que la Administración responsable llevará todo este año trabajando con dicha previsión.
Hasta ahora, y a pesar de las reiteradas preguntas del BNG, la SEPI fue incapaz de presentar en la Cámara un Plan de Viabilidad para los astilleros de Navantia en la Ría de Ferrol. Todas las respuestas sobre la carga de trabajo para los
centros ferrolanos se caracterizan por la ambigüedad, la inconcreción y la falta de contratos.
La inquietud sobre la inexistencia de un Plan para el sector naval público, se agranda después de conocer la decisión del Consejo de Ministros adoptada en el mes de julio de traspasar las políticas sobre planificación del sector industrial
al Ministerio de Defensa. Otra piedra en el camino que ha provocado una gran preocupación entre los trabajadores de Navantia porque añade interrogantes a la ya de por sí compleja situación. Somos muchos los que nos preguntamos si eso supondrá que
la carga de trabajo para el sector naval público se decantará únicamente por el lado de la construcción naval militar, a pesar del fin del veto. Cuestiones que convendría aclarar.
Afirmar, como lo ha hecho el partido en el Gobierno, que el fin del veto 'es una excelente noticia que abre un futuro para la comarca de Ferrolterra' es un brindis al sol que puede valer como titular mediático pero que nada aporta en lo
concreto. Estaba en las previsiones desde hace diez años, la cuestión es saber que está haciendo el Gobierno popular para lograr contratos comerciales en el campo de la construcción naval civil para zanjar por fin la grave crisis por la que
atraviesan los astilleros de la Ría de Ferrol.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
Ante el levantamiento del veto el próximo 1 de enero de 2015, impuesto por la UE a los astilleros públicos de Navantia para construir barcos civiles, se insta al Gobierno a:
- Adoptar medidas destinadas a la aprobación de actuaciones en los astilleros públicos de Navantia-Ferrol y Navantia-Fene, tanto en el terreno laboral como tecnológico y material, para preparar sus instalaciones de cara al fin del veto para
construir buques civiles a partir del 1 de enero de 2015.
- A tal efecto, contemplar una partida suficiente en los Presupuestos Generales para el ejercicio 2015 que permita al sector naval recuperar competitividad y posiciones en el mercado internacional.
- Aprobar antes de finalizar el año 2014, un Plan de Trabajo para Navantia que contemple una cartera de pedidos y contratos comerciales concretos y fiables, con horizontes temporales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/003000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para las
obras de construcción de las variantes viarias de la N-260 en las poblaciones de Olot, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses y Ribes de Freser, así como el desdoblamiento del tramo Besalú-Figueres, y mejoras del tramo Portbou-Frontera francesa de la
N-260, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera nacional 260 (N-260) enlaza la frontera francesa, desde el municipio de Portbou (Girona) hasta Sabiñánigo (Huesca). En la provincia de Girona desde Portbou continúa hacia el suroeste a través de las poblaciones de Colera,
Llançà, Garriguella y Figueres donde enlaza con la carretera nacional 2 (N-2) y la autopista AP-7. Continúa hacia el Oeste a través de las poblaciones de Navata y Besalú. Desde
Besalú a Olot la N-260 está desdoblada convertiéndose en la A-26. En Olot continúa la N-260 en dirección a la Vall de Bianya atravesando las poblaciones de La Canya, Llocalou, Ripoll, Ribes de Freser, Planoles, Toses y Puigcerdà. La
carretera que sigue su trazado por los Pirineos es conocida también como 'eje pirenaico'.
En la provincia de Girona, su mejora y acondicionamiento se han convertido en una de las prioridades reclamadas en las inversiones del Estado. Durante años han aparecido en los presupuestos generales del Estado pero no se ha ejecutado
ninguno de los tramos previstos. Siendo conscientes de la situación de contención presupuestaria, de la dificultad técnica y de costes de alguno de los tramos y de la necesidad de establecer prioridades, nos parece oportuno traer al debate
parlamentario la priorización de estas inversiones. Es razonable que la reivindicación y ejecución en torno a este eje viario se inicie con aquellos tramos que resultan más imprescindibles, y la definición de cuáles son puede y debe hacerse en sede
parlamentaria.
Una de las obras viarias más largamente reclamada en la provincia de Girona, y específicamente en la comarca de la Garrtoxa, es la variante viaria en la ciudad de Olot. Si bien la competencia para ejecutar esta obra es de la Generalitat de
Catalunya, es precisa también la conexión de esta circunvalación de Olot con la N-260 en un tramo de titularidad de la red de carreteras estatales. Por ello es necesario acometerlo al mismo tiempo y con el concurso de ambas administraciones
(Generalitat de Catalunya y Administración General del Estado) responsables de coordinar y ejecutar esta variante de Olot. Pese a que han existido distintas conversaciones entre los titulares de la consellería y del ministerio, lo cierto es que
todavía existe indefinición y falta de calendario.
El eje pirenaico (N-260) tiene tramos de ejecución muy costosos como el Túnel de Toses. Sin embargo, existen algunos tramos de menor coste pero de enorme beneficios para mejorar la circulación en este eje y que estimamos deberían abordarse
de manera preferente. En este sentido consideramos prioritaria la construcción de las variantes en los municipios de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses y de Ribes de Freser.
La N-260 está desdoblada desde Olot a Besalú, y queda pendiente el desdoblamiento de la carretera desde Besalú a Figueres. Un eje viario importante y que vertebra también a la provincia de Girona. Si bien la actual titular del Ministerio
de Fomento, Ana Pastor, estableció este desdoblamiento de la carretera como una de sus prioridades para esta legislatura, lo cierto es que en los presupuestos generales del Estado esta posibilidad se ha desvanecido y no parece que exista la más
mínima intención de mantenerla en sus prioridades.
Finalmente los últimos tramos de la N-260 que discurren por la población de Portbou precisan de un acondicionamiento urgente. Precisamente en este tramo, y a consecuencia de los incendios en l'Empordá del 22 de julio de 2012, que provocaron
cortes de circulación en la N-2 y en la AP-7 y el desvío de tráfico hacia esta N-260, se convirtió en una auténtica ratonera a consecuencia del fuego. Los conductores abandonaron sus vehículos y dos personas resultaron fallecidas. La mejora de
este tramo evitaría los peligros que conlleva la saturación de esta vía de entrada y salida de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. De manera coordinada con el Gobierno de la Generalitat acometa, en el período más breve posible, la variante viaria en el municipio de Olot (Girona) y la conexión de esta circunvalación con el tramo de la N-260 de competencia estatal.
2. Incorpore a sus prioridades en materia de mejoras de la red de carreteras la N-260 (eje pirenaico), en la provincia de Girona y que con carácter preferente acometa la construcción de las variantes de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses y
Ribes de Freser.
3. Incorpore a sus prioridades y ejecute, en el período más breve posible, el desdoblamiento de la N-260 entre Besalú y Figueres.
4. Acometa de inmediato la mejora del tramo de la N-260 Portbou-frontera francesa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2014.-Àlex Sáez Jubero, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/002996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de paralizar la decisión del Gobierno de aplicar un canon a las bibliotecas por préstamo de libros y por usuarios/as. Debate en Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El 1 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, que recoge la obligación de pagar por el préstamos de libros en bibliotecas, museos y archivos. El Real Decreto del Gobierno asume sin
rechistar una directiva de la UE que establece que en las bibliotecas de poblaciones de más de 5.000 habitantes, se deberá pagar un canon por los libros prestados.
Es una directiva pensada para países del norte de Europa, con una situación socio-cultural muy distinta a la del estado español. Son países que cuentan con un sistema bibliotecario ejemplar y considerado un paradigma de la gestión
bibliotecaria tanto por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios como por la UNESCO.
En principio, la normativa implica que los usuarios podrán continuar sacando libros prestados sin coste para sus bolsillos pero resulta que por cada libro que se preste o cada usuario registrado, la biblioteca pública tendrá que abonar a las
asociaciones de autores una cantidad determinada, que parte de los fondos públicos.
Se producirán situaciones tan kafkianas como que las bibliotecas que más libros prestan verán agotarse sus fondos económicos para poder renovar sus colecciones, lo que pone en entredicho su futuro porque se verán obligadas a optar por
prestar libros, pagar el canon y no actualizar sus fondos por falta de presupuesto, o por desistir de su función y dejar de prestar libros a fin de poder renovar sus fondos bibliográficos. Se mire por donde se mire, las consecuencias van a ser muy
negativas para la red de bibliotecas públicas, y por ende, para el conjunto de los ciudadanos.
El real decreto determina el pago de derechos de cada autor@ en base al pago de un canon por préstamo. Establece el cobro de 0,004 por préstamo realizado y 0,05 por persona usuaria de las bibliotecas. Además, señala que mientras no se
pueda aplicar el pago por préstamo, se establecerá un canon de 0,16 por obra adquirida por la biblioteca y disponible para ser prestada.
La norma del Gobierno obvia por completo situaciones específicas como la de Galicia, donde no existe un carnet de usuario único y donde muchos usuarios son socios de más de una biblioteca, con lo cual, por una misma persona se pagará varias
veces.
Consideramos la decisión del Gobierno un ataque sin precedentes a las bibliotecas públicas, a la cultura en definitiva. Se ataca a la ya de por sí maltrecha economía de los ayuntamientos que son los que más invierten en el sostenimiento de
la red de bibliotecas municipales, a través de la aplicación de tasas como hemos visto en la justicia y como se pretende en otros ámbitos.
Las bibliotecas municipales no atraviesan un buen momento debido a los severos recortes que se están aplicando. Sirva de ejemplo la eliminación del programa de cofinanciamiento para la adquisición de fondos del Ministerio de Educación.
El Real Decreto es asimismo un ataque flagrante al derecho de acceso universal a la cultura, puesto que se obstaculiza el acceso de los sectores sociales más desfavorecidos a la cultura, instalando un sistema que recuerda a épocas pasadas
cuando solo las élites podían consumir cultura.
De igual modo, el sector de la edición no va a ser ajeno a las consecuencias porque la normativa les perjudicará enormemente. Editores gallegos denunciaron ya en enero pasado que el sector de la edición gallega perdió desde 2008 el 38% de
su empleo directo, y alertaba de los perniciosos efectos por la reducción drástica de fondos destinados a la adquisición de novedades editoriales para bibliotecas públicas (un 64,8% menos) y de las ayudas para materiales didácticos en lengua galega
(un 75% menos).
Y en medio de un escenario en el que se aplicó un insoportable incremento del IVA del 21%.
Tampoco hay que olvidar los efectos que va a tener en autores y autoras puesto que alcanzan reconocimiento y difusión gracias a que sus obras son exhibidas en las bibliotecas.
Es injusto establecer un pago por ejercer una actividad tan necesaria como leer. Las bibliotecas son un espacio cultural a preservar y promover desde las administraciones públicas porque son centros fundamentales para facilitar el acceso de
todos los ciudadanos a la cultura, un eje básico para el desarrollo de las sociedades. Sin cultura no puede haber avance social. Es un derecho que no se puede detraer, debe incentivarse.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Suspender la decisión de aplicar un canon a las bibliotecas públicas por libro prestado y por usuario que deberán pagar a las asociaciones de editores.
- Recuperar el programa de cofinanciamiento del Ministerio de Educación para la adquisición de fondos bibliográficos.
- Destinar una partida específica a los ayuntamientos para la actualización de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas públicas municipales a fin de garantizar el acceso a la cultura a todos los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para hacer
posible la prejubilación a los 61 años, para su debate en la Comisión de Empleo.
Exposición de motivos
Es conocido que las medidas emprendidas en el ámbito socio-laboral para atajar la crisis han sido tomadas desde una lógica economicista, por lo que muchas de ellas han sido tomadas sin considerar los efectos sociales que traían consigo.
Esta dinámica se concibe desde la percepción que el gasto público en políticas sociales es solo un gasto y no una inversión en capital social.
Más allá de esa consideración, en el ámbito de la prestaciones derivadas del Sistema de Seguridad Social, debemos tener en cuenta de que su base esencialmente contributiva obliga a que los cambios se lleven a cabo con enfoque transitorio y
de seguridad jurídica para los sujetos incluidos en el propio sistema. Y ello es así por cuanto la toma de decisiones de personas trabajadoras se llevan a cabo en orden a un determinado régimen de protección que, si bien nace de un sistema de
redistribución de riqueza de carácter público, lo hace desde una cobertura contributiva de aportaciones a un sistema que, a su vez, genera obligaciones jurídico públicas para los afiliados. Actuar en una lógica distinta puede provocar, como ya ha
ocurrido en otras ocasiones, cambios inesperados legales que provocan efectos irreparables en las expectativas de derechos para personas que, a su vez, a menudo no pueden modificar su régimen de derechos futuros por cuanto ya no son activos o no
pueden serlo.
Esta es la situación en la que se pueden encontrar hasta 35.000 personas que perdieron su trabajo antes del 1 de abril de 2013, y que no estuvieran incluidas en un despido colectivo y que a su vez mantienen convenios especiales individuales
de cotización con la Seguridad Social, que no podrán jubilarse anticipadamente con 61 años, sino con 63 años, de acuerdo con los cambios que el Gobierno introdujo en los retiros anticipados en el año 2013, pero fundamentalmente, por la aplicación de
un criterio que no venía considerándose hasta la fecha.
En efecto, el cambio legislativo producido en el año 2013 en el que se modifica la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada de los 61 a los 63 años, podía conllevar (aunque no obligatoriamente) un cambio de criterio administrativo
para interpretar a qué personas podían acceder a la jubilación anticipada, especialmente en lo que a régimen transitorio se refiere. Y lo cierto es que apelando a una orden del año 2003, en la que se consideraba que las personas que realizan
aportaciones a la Seguridad Social para mejorar sus cotizaciones, y con ello, el importe de su pensión, como trabajadores asimilados al alta a todos los efectos, ha traído consigo que a trabajadores no afectados por Despidos Colectivos ya no les sea
de aplicación el régimen transitorio que permite, para aquellos, que puedan acceder a la jubilación anticipada en los términos de la anterior regulación hasta el año 2019.
En este sentido, conviene a su vez destacar que el régimen transitorio se aplica, a su vez, a los trabajadores que hubieran sido despedidos antes del 1 de abril de 2013, y que con posterioridad, no hubieran sido dados de alta nuevamente.
La Circular emitida por la Dirección General de la Seguridad Social el pasado mes de junio, ha venido pues a reinstaurar un criterio administrativo que provoca un efecto inesperado para muchas personas (unas 35.000 aproximadamente) y es que
se les considera como dados de alta, y con ello, que no gozan del beneficio de estar protegidos por el referido régimen transitorio.
Más allá de las cuestiones estrictamente jurídicas y de lógica legislativa que envuelven este caso que podemos considerar singular, apelamos en esta Proposición No de Ley a un aspecto de índole social, como es el no dejar desprotegidos de
derecho durante dos o más años a las personas que, afectadas por un cambio o rigor de criterio, se quedarán sin derecho al percibo de prestaciones, y en algunos casos, a la irremediable pérdida de la misma sino pudieran prolongar el convenio
especial de cotización con la seguridad social.
Es conocido además que diferentes interpretaciones judiciales (incluido el Tribunal Supremo) han traído a colación el principio de interpretación flexibilizador de los criterios para el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, un
criterio que impone una interpretación humanizadora de las normas de seguridad social que atenúan o flexibilizan los requisitos que en un momento determinado pueden establecerse para generar el derecho activo a una pensión o prestación.
Pero a dicho criterio interpretativo de la jurisprudencia española que se introduce en esta proposición, debemos considerar los cánones clásicos y la tradición estatal e internacional en la materia de que los cambios en el ámbito de
protección social, sean progresivos y transitorios en su alcance, y que obligarían a que en dicha cuestión se minimice el rigor normativo de la nueva interpretación que se ha venido a dar.
Conviene insistir además que se trata de colectivos de personas que tomaron decisiones sobre el régimen de protección social que les correspondería en un momento en que las circunstancias eran distintas, y que por ello, no pueden ya
modificar su estatus actual, puesto que, además, se trata de personas en unas franjas de edad en la que su situación laboral es altamente compleja como para generar nuevos o mejores derechos de seguridad social.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Proponga la adopción de un criterio de interpretación flexibilizador y humanizante con el colectivo de personas afectadas por la medida citada en esta proposición no de ley.
2. Remitir las instrucciones administrativas correspondientes a la Administración de la Seguridad Social, a la Dirección General de la misma, y a sus diferentes entidades gestoras, con el objetivo de que, a dicho colectivo de personas, es
decir, aquellas que habiendo sido despedidas con anterioridad a 1 de abril de 2013, y tengan suscrito un Convenio Especial de cotización con la Seguridad Social y que no fueran despedidos mediante un Despido Colectivo o Expediente de Regulación de
Empleo, les sea aplicable el régimen transitorio de la reforma legal del acceso a la pensión de jubilación anticipada, y puedan seguir teniendo derecho a la misma, a los 61 años, hasta el año 2019.
3. Proceder a realizar los cambios legislativos que se consideren oportunos para que la aclaración o mejora de los fundamentos de dicha proposición no de ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2014.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Torneo del Toro de la Vega, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Un año más en el municipio de Tordesillas se celebrará el alanceamiento de un toro, en lo que se conoce como el Torneo del Toro de la Vega. Este ritual sangriento, que se escuda en el argumento de la 'tradición' y que en realidad es una
tortura lenta, vociferante y tumultuosa, con presencia de menores, y que acaba con la vida del animal, de la forma más cruel y sin sentido, dista mucho de un comportamiento ético, respetuoso con la vida y con el patrimonio cultural y la cultura
popular de los pueblos y naciones democráticas.
Este pretendido 'ritual' que se celebra en septiembre y en honor de la patrona de la población de Tordesillas está siendo cuestionado por una cada vez más amplia mayoría de ciudadanos y ciudadanas, organizaciones políticas y sociales, que se
manifiestan y promueven manifiestos de ámbito estatal y con gran repercusión en la opinión pública, en el Estado y también en el extranjero, exigiendo que se ponga fin a esta barbarie.
Durante varias legislaturas, este grupo parlamentario ha instado a los distintos gobiernos a establecer los mecanismos y desarrollos legales necesarios para que se eviten situaciones de maltrato animal y especialmente para que se aborde de
forma seria la celebración del Torneo del Toro de la Vega. Se han creado Grupos de Trabajo de Alto Nivel instados por esta Cámara con el objetivo de avanzar en el bienestar animal y abordar el maltrato. Los informes de estos grupos dejaron claro
que existía margen para legislar a nivel nacional sobre esta cuestión respetando las competencias de las Comunidades Autónomas. Pero todo ha sido en vano, porque un año más, el 16 de septiembre del 2014, elegido, un toro, bello, que siente y sufre,
será perseguido y acosado, lanceado, acribillado y sacrificado públicamente en un acto de tortura pública y que supone una vergüenza, carente de valor cultural y tradicional para muchos ciudadanos y ciudadanas de este país que lo expresan de forma
pacífica y pedagógica.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los mecanismos y desarrollos legales necesarios para la abolición inmediata del alanceamiento de un toro, en el municipio de Tordesillas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Cultura
161/003005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Si, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
devolución inmediata de los papeles de Salamanca, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El pasado día 5 de julio se cumplieron 75 años de la partida de Barcelona del último tren con 35 toneladas de documentos requisados en Catalunya en dirección a Salamanca. Transcurridos más de siete decenios desde el robo y cuando todavía
son vivas las palabras 'es vuestro por derecho de conquista', pronunciadas por el escritor Torrente-Ballester desde el balcón del ayuntamiento de Salamanca en relación a los documentos, la devolución todavía no solamente no se ha llevado a cabo sino
que todo apunta a que existe la voluntad política de entorpecer, una vez más, el desarrollo y cumplimiento de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre. De hecho, la última entrega de documentación data del año 2011. Desde entonces a pesar de los
trabajos realizados por la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Catalunya no se ha llevado a cabo ninguna otra devolución.
Lo afirmado no es baladí y es constatable: el día 27 de febrero de 2013, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por 41 votos a favor y una abstención una Proposición no de Ley presentada por Esquerra
Republicana de Catalunya (161/1313) sobre la devolución de la documentación del Archivo General de la Guerra Civil Española incautada en Catalunya. El texto aprobado fue el siguiente: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a finalizar en
el plazo de seis meses el proceso de restitución, en colaboración con la Generalitat de Cataluña y en los términos previstos en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil que se encuentran en el
Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, y según la sentencia del Tribunal Constitucional 020/2013, de 30 de enero de 2013'.
La razón que hizo posible este acuerdo tan mayoritario, que incluso ponía fecha para la culminación el proceso de retorno, radicaba en la aceptación por parte del Gobierno que de forma recurrente se comprometía en plazos que, posteriormente,
no se cumplían. Prueba de ello es que el actual ministro había afirmado en el inicio de sus responsabilidades al frente del Ministerio de Cultura en una entrevista con el Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya que el día 20 de junio de
2012 ya habrían culminado todos los retornos de la documentación incautada y depositada en el Salamanca que por ley tenían que ser devueltos a sus propietarios vía Generalitat de Catalunya. Sin duda, el reconocimiento de los múltiples
incumplimientos hizo posible el acuerdo del día 27 de febrero de 2013 en sede parlamentaria.
A pesar que la ley fue aprobada en el año 2005 (Ley 21/2005, de 17 de noviembre), a pesar que las tareas de digitalización de la documentación concluyeron en el mes de julio de 2013 , a pesar de haberse celebrado ya en esta legislatura de
gobierno del Partido Popular la convocatoria de la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Catalunya encargada de la evaluación y aprobación de los fondos a retornar había acordado su transferencia, la cual debía ejecutarse en el plazo
de tres meses en la medida que son de carácter vinculante, han transcurrido diecinueve meses desde aquella aprobación y no se ha llevado a cabo los envíos.
Paralelamente, en Catalunya el inconcebible retraso ha ido intensificando la preocupación en la medida que, además de los documentos pertenecientes a instituciones, a sindicatos, a entidades sociales, etcétera, también buena parte de ellos
provienen de personas físicas, muchas de ellas en una edad muy avanzada. Preocupación y en buena medida indignación porque es evidente que el gobierno pretende blindar, mediante una actuación arbitraria y contraria a la ley, blindar la requisa y
mantener el oprobio de las víctimas. En este sentido, es importante reseñar que la ley mandata a la Generalitat de Catalunya ordenar y llevar a cabo el proceso de retorno y localización de los herederos de quienes fueron expoliados.
A pesar de todo ello, existe en Catalunya la constatación de uso político del retorno de la documentación por parte del PSOE y el PP. En este sentido, ya se denunciaron las presiones que en su día recibió la ministra de Cultura del PSOE,
González-Sinde, desde su mismo gobierno para que no ejecutara una parte del retorno de la documentación pocos meses antes de la celebración de las elecciones generales del mes de noviembre de 2011 ante el riesgo electoral que ello pudiera provocar o
las mismas declaraciones del ministro de Cultura, señor Wert, reconociendo que no era buen momento el llevar a cabo el traslado ante la celebración de las elecciones europeas.
Con posterioridad, el ministro manifestó a la prensa que tenía prevista la devolución de 238 cajas, 350 libros y otros elementos, una cantidad inferior a la reclamada por parte de la Generalitat de Catalunya consistente en 546 cajas, 4.139
libros, 259 carteles y otros documentos. El gobierno español aduce para no cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el mes de enero de 2013 que avalaba que la Generalitat de Catalunya percibiera la documentación para restituirla
a sus propietarios lícitos, que algunos de ellos ya no existen. Es evidente que deberá ser responsabilidad del gobierno catalán el llevar
a cabo el procedimiento de entrega de los documentos a sus propietarios cuando la devolución por parte del Ministerio de Cultura se haya completado.
De igual manera, tal como fue acordado por el Consell de l'Advocacia Catalana el 30 de junio de 2014, se reclama la restitución a Catalunya de la documentación de los tribunales catalanes y del Departamento de Justícia de la Generalitat
republicana que existen en el fondo de la Causa General atendiendo a la importancia que este fondo posee para la historia de la justicia catalana. Exigencia que debe hacerse extensible a los fondos relativos a la Conselleria d'Interior, que el
gobierno español se niega a devolver aduciendo que, a raíz de los hechos acaecidos en el mes de mayo de 1937 en Barcelona fue retirada esta competencia al gobierno de Catalunya, tal como resolvió en sentencia de 19 de diciembre de 2008 la Audiencia
Nacional.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Proceder a la devolución inmediata de la documentación identificada y digitalizada, en cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Catalunya de 2011 y 2013.
2. Promover un encuentro con el Gobierno de Catalunya para establecer el procedimiento adecuado para hacer efectiva la devolución de la documentación perteneciente al Departament de Justícia e Interior de la Generalitat de Catalunya.
3. Proceder a la devolución de la documentación requisada a los municipios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2014.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Igualdad
161/002998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
firma entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior del convenio de colaboración para integrar la aplicación telemática que sustenta el 'punto de coordinación de las órdenes de protección en
Andalucía' con el 'sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género', para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Ministerio del Interior puso en marcha en 2007 el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género (Viogen), aplicación informática al que acceden las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de integrar en una sola
aplicación toda la información disponible sobre las víctimas para conseguir una protección más eficaz.
Por su parte, Andalucía puso en marcha en 2009 el Punto de Coordinación de Órdenes de Protección de violencia doméstica y de género para recibir comunicación de todas las órdenes de protección emitidas por los órganos judiciales, ya que
desde 2009, a través de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, los juzgados y tribunales tienen la obligación de notificar a las comunidades autónomas estas resoluciones.
El Punto de Coordinación, adscrito a la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior, desarrolla su actuación a través de un servicio telemático que garantiza la comunicación y
notificación inmediata de las órdenes de protección durante las 24 horas al día los 365 días del año.
El Punto de Coordinación se constituye como el canal único de notificación de estas resoluciones judiciales a los centros, unidades organismos e instituciones competentes para garantizar la protección social a las víctimas que sufren
violencia de género.
Mediante la aplicación electrónica Punto de Coordinación, la orden de protección se convierte en un expediente 100% electrónico, eliminando el papel en la gestión y garantizando la protección de los datos personales que contiene, ya que el
acceso a la aplicación es muy seguro al realizarse a través de certificado digital.
El Punto de Coordinación de Órdenes de Protección ha tramitado un total de 5.165 procedimientos judiciales durante 2013 en Andalucía.
Como consecuencia de los procedimientos tramitados por el Punto de Coordinación el pasado año fueron aplicadas un total de 7.542 medidas judiciales de protección de las víctimas y se dictaron 3.113 resoluciones condenatorias para los
agresores.
Desde su creación en el año 2009, el Punto de Coordinación ha tramitado un total de 31.602 procedimientos judiciales, de los cuales 16.268 -el 51,4%- son órdenes de protección, mientras que el 48,5% restante corresponde a medidas cautelares
de alejamiento de los agresores.
En estos cuatro años de funcionamiento han sido atendidas 7.780 víctimas de violencia de género, con las que se han llevado a cabo 24.717 actuaciones para hacer un seguimiento de su situación, realizadas por los dispositivos provinciales del
Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía y los Centros Provinciales de la Mujer.
La Junta de Andalucía lleva dos años trabajando en un convenio de colaboración entre la Administración Autonómica y Estatal.
Desde febrero de 2014 se está intentando firmar dicho convenio, llegando incluso a cerrar una fecha para firmar entre el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo.
Días antes de la firma, la Delegación del Gobierno suspendió el acto señalando que sería el Ministro del Interior el que firmaría dicho convenio en otra fecha que se acordase entre gabinetes.
La Consejería de Justicia e Interior, competente para la firma de dicho convenio, se ha puesto en varias ocasiones en contacto con el Ministerio del Interior, pero han ido atrasando la firma sin argumentos sólidos. En última instancia, el
Ministerio ha alegado que la firma se tiene que realizar en presencia de la presidenta de la Junta, por lo que parece que el interés del ministro no es otro que hacerse una foto con la presidenta de la Junta.
El Gobierno del Estado está dificultando y obstaculizando la integración de los sistemas de órdenes de protección. La firma supondría tener información mucho más completa de las víctimas y actuar de manera más eficaz.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de forma inmediata, se firme entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior el convenio de colaboración entre ambas administraciones
para integrar la aplicación telemática que sustenta el 'punto de coordinación de las órdenes de protección en Andalucía' con el 'sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el
desarrollo del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género y la integración de su información con la de los puntos de coordinación autonómicos de las órdenes de protección, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Ministerio del Interior puso en marcha en 2007 el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (Viogen), con el fin de integrar en una sola aplicación toda la información disponible sobre las víctimas para conseguir
una protección más eficaz. Es una aplicación informática que integra la información y los recursos operativos para asistir a las mujeres víctimas. Sus objetivos son aglutinar a las instituciones que intervienen en la protección y seguridad de las
víctimas de violencia de género (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, Jueces y juezas, Instituciones Penitenciarias, Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer y Servicios Sociales); integrar en una sola base de datos
toda la información sobre las circunstancias que rodean a las víctimas de violencia de género; realizar valoraciones del riesgo de la víctima de sufrir una agresión y adoptar las medidas de protección necesarias; e implantar un sistema de avisos,
alertas y alarmas que permita, según los protocolos establecidos, reaccionar de una forma rápida y eficaz.
El desarrollo del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género puesto en marcha por el gobierno socialista no se ha seguido desarrollado y el actual Gobierno ha frenado uno de los objetivos esenciales: la
incorporación de los servicios sociales y sanitarios para que de una vez por todas se aglutine bajo un único sistema a todas las instituciones que, en España, intervienen en la protección y seguridad de las víctimas de Violencia de Género. La
incorporación de ambos es esencial para una buena aplicación de la valoración policial de riesgo y de la valoración policial de evolución del riesgo. Estos servicios deben dar apoyo a las víctimas que son 'detectadas' por los Centros de Salud o
Centros de la Mujer y que no quieren aun denunciar pero precisan ser acompañadas en el proceso para abandonar la relación violenta y hacerlo sin riesgo para su vida, previo estudio y gestión de las eventualidades de cada una de las víctimas.
Por otra parte, la disposición adicional primera del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, estableció la obligación de los juzgados y
tribunales de comunicar las órdenes de protección de las víctimas de violencia de género que se adopten y sus respectivas solicitudes, mediante testimonio íntegro, a aquel o aquellos puntos de coordinación designados por la comunidad autónoma
correspondiente, que constituirán el canal único de notificación de estas resoluciones a centros, unidades, organismos e instituciones competentes en materia de protección social en relación con estas víctimas. Dada la importancia de que esta
información llegue a su destino con la máxima celeridad, se establece que la comunicación se remitirá en un plazo nunca superior a 24 horas desde su adopción.
Por parte de las comunidades autónomas, se han han ido poniendo en marcha 'puntos de coordinación', mediante sus respectivos servicios telemáticos destinados a garantizar la comunicación y notificación inmediata de las órdenes de protección
durante las 24 horas al día los 365 días del año. Estos puntos de coordinación se constituyen como canales de notificación de estas resoluciones judiciales a los centros, unidades organismos e instituciones competentes para garantizar la protección
social a las víctimas que sufren violencia de género.
En los últimos cinco años el 23% de las mujeres asesinadas tenían órdenes de protección o habían interpuesto denuncias, es decir estaban, o debían haber estado, bajo la protección del Estado. Uno de los primeros objetivos de la lucha contra
la violencia de género debe ser llegar al porcentaje cero de muerte de mujeres que hayan interpuesto denuncia.
Para optimizar los resultados que en la lucha contra la violencia de género tienen por separado el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (Viogen) y los puntos de coordinación de órdenes de protección de las
víctimas de violencia de género designados por las comunidades autónomas es necesario avanzar hacia su efectiva coordinación, que debe materializarse mediante la firma de convenios de colaboración entre las administraciones autonómicas y la estatal.
La integración efectiva de ambos sistemas permitirá a centros, unidades, organismos e instituciones competentes en materia de protección social en relación con estas víctimas disponer de una información mucho más completa de las víctimas y
actuar de manera más eficaz.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con el desarrollo del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, incorporando plenamente a los servicios sociales y sanitarios.
Con el objetivo de mejorar la eficacia de los sistemas de protección, se realizarán todas las actuaciones necesarias para que, a la mayor brevedad, se firmen convenios de colaboración entre el Ministerio de Interior y todas las Comunidades
Autónomas para integrar la información del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género con la de los puntos de coordinación autonómicos de las órdenes de protección.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Carmen Montón Giménez, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para el
inmediato cumplimiento de la resolución del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, en relación con el caso de doña Ángeles González Carreño, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El 16 de julio de 2014 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitía Dictamen, en relación con la comunicación de Ángeles González Carreño contra España, estimando la infracción de sus derechos y los de su hija
fallecida, en virtud de los artículos 2 a), b), c), d), e) y f); 5 a); y 16, párrafo 1 d) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; leídos conjuntamente con el artículo 1 de la Convención y la
Recomendación General N.° 19 del Comité.
En la citada comunicación se pedía el examen de las decisiones adoptadas por las autoridades españolas en el ámbito de su competencia para determinar si tuvieron en cuenta las obligaciones que derivan de la Convención, respecto del asesinato
de la hija de la solicitante por parte de su ex marido y padre de la menor.
El referido asesinato se enmarcó en un contexto de violencia de género que se prolongó durante varios años y que tuvo lugar durante una visita no vigilada. El régimen de visitas no vigiladas se estableció tras un período de visitas
tuteladas, mediante una decisión judicial que fue adoptada sin las necesarias salvaguardas y sin tener en consideración el esquema de violencia doméstica que caracterizó las relaciones familiares durante años.
La separación definitiva de los esposos, que tuvo lugar en 2001, estuvo precedida de múltiples incidentes violentos dirigidos contra la mujer y de los que la menor fue con frecuencia testigo. Los tribunales emitieron órdenes de alejamiento
que eran vulneradas sin que ello generara ninguna consecuencia jurídica. A pesar de las solicitudes de la madre, las órdenes de alejamiento no incluyeron a la menor y una orden de alejamiento ordenada en 2000 en favor de esta fue posteriormente
dejada sin efecto, como resultado de un recurso planteado por el padre.
De manera sistemática y sin justificación razonable el padre incumplió desde el comienzo de la separación, su obligación de otorgar la pensión alimenticia. A pesar de que la madre denunció esta situación en repetidas ocasiones, señalando su
difícil situación económica, las autoridades judiciales solo tomaron medidas en febrero de 2003, encaminadas al embargo del sueldo. Igualmente, transcurrieron tres años hasta que el juzgado realizó una audiencia para resolver su solicitud de uso de
la vivienda familiar.
Los informes de los servicios sociales repetidamente subrayaron que el padre utilizaba a su hija para transmitir mensajes de animadversión hacia la madre. También señalaron sus dificultades para adaptarse a la corta edad de la menor. Un
informe psicológico observaba respecto de él 'un trastorno obsesivo-compulsivo, con rasgos celotípicos y una tendencia a distorsionar la realidad que podría degenerar a un trastorno similar al paranoide'.
Durante los meses que duraron las visitas no vigiladas varios informes de los servicios sociales señalaron la probabilidad de que existieran situaciones inadecuadas consistentes en reiteradas preguntas
del padre a la menor sobre la vida privada de la madre, así como la necesidad de mantener un seguimiento continuado del régimen de visitas.
La decisión mediante la cual se pasó a un régimen de visitas no vigiladas fue adoptada sin previa audición de la autora y su hija, y sin que el continuo e injustificado impago de la pensión de alimentos fuera tenido en consideración. Todos
estos elementos reflejan un patrón de actuación que obedece a una concepción estereotipada del derecho de visita basado en la igualdad formal que otorgó claras ventajas al padre a pesar de su conducta abusiva y minimizó la situación de madre e hija
como víctimas de violencia, colocándoles en una situación de vulnerabilidad.
El Comité observa que España ha adoptado un modelo amplio para hacer frente a la violencia doméstica que incluye legislación, concienciación, educación y capacitación. El principal referente de este modelo es la Ley de 2004 de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, posterior al caso de referencia. Sin embargo, para que la mujer víctima de violencia doméstica disfrute de la realización práctica del principio de no discriminación e igualdad sustantiva, y de sus
derechos humanos y libertades fundamentales, la voluntad política expresada en el modelo descrito debe contar con el apoyo de agentes estatales que respeten las obligaciones de diligencia debida. Estas obligaciones incluyen el deber de investigar
la existencia de fallos, negligencia u omisiones por parte de los poderes públicos que puedan haber ocasionado una situación de desprotección de las víctimas. El Comité considera que, en el presente caso, esta obligación no se cumplió.
En su dictamen el Comité formula al estado español recomendaciones tanto con respecto a la autora de la comunicación, relacionadas con una reparación adecuada y una investigación exhaustiva e imparcial; como de carácter general,
consistentes en una batería de medidas entre las que destacan que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, que el interés superior del niño y
su derecho a ser escuchado prevalezcan en todas las decisiones que se tomen en la materia; así como reforzar la aplicación del marco legal con miras a asegurar que las autoridades competentes ejerzan la debida diligencia para responder
adecuadamente a situaciones de violencia doméstica; y proporcionar formación obligatoria a los jueces y personal administrativo competente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar inmediato cumplimiento al Dictamen adoptado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer el 16 de julio de 2014, en su 58° período de sesiones, en relación con
la comunicación de doña Ángeles González Carreño contra España, estimando la infracción de sus derechos y los de su hija fallecida, en virtud de los artículos 2 a), b), c), d), e) y f); 5 a); y 16, párrafo 1 d) de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Para ello, tal y como ha dictaminado el Comité, el Gobierno adoptará de inmediato las medidas oportunas para otorgar a la Sra. González Carreño una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la
conculcación de sus derechos y para realizar una investigación exhaustiva e imparcial con miras a determinar la existencia de fallos en las estructuras y prácticas estatales que hayan ocasionado la falta de protección de ella y su hija.
Además, llevará a cabo urgentemente las actuaciones necesarias para cumplir las demás recomendaciones del Comité incluidas en el citado Dictamen, que se relacionan a continuación:
- 'i) Tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de
visita o custodia no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos. El interés superior del niño y el derecho del niño a ser escuchado deberán prevalecer en todas las decisiones que se tomen en la materia;
- ii) Reforzar la aplicación del marco legal con miras a asegurar que las autoridades competentes ejerzan la debida diligencia para responder adecuadamente a situaciones de violencia doméstica;
- iii) Proporcionar formación obligatoria a los jueces y personal administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en materia de lucha contra la violencia doméstica que incluya formación acerca de la definición de la violencia
doméstica y sobre los estereotipos de género, así como una formación
apropiada con respecto a la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité, en particular la Recomendación general núm. 19 (1992).?
Asimismo, el Gobierno informará al Congreso de los Diputados del cumplimiento de la presente resolución, así como de la información que en relación con este caso debe remitir por escrito al Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 7 del Protocolo Facultativo, de la que se remitirá copia a esta Cámara.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Carmen Montón Giménez, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.