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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 504, de 29/07/2014
cve: BOCG-10-D-504
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de julio de 2014
Núm. 504
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000008 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Interior
161/002944 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para garantizar la protección de menores en el CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes) de Melilla
... (Página4)
Comisión de Economía y Competitividad
161/002946 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la adaptación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
para la garantía de tutela judicial efectiva de los deudores hipotecarios ... (Página4)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002933 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la clasificación a efectos catastrales como suelo urbano de las fincas rústicas de Monte Liñares, afectados por su inclusión en el proyecto sectorial de
la Ciudad del Mueble A Estrada ... (Página5)
161/002934 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de corregir la clasificación como terrenos urbanos de la denominada cuarta fase de Lalín 2000 (Pontevedra) ...
161/002940 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para realizar un Plan Industrial, Financiero y Laboral para Navantia ... (Página8)
Comisión de Fomento
161/002935 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la ampliación del aparcamiento de la estación ferroviaria de Sant Vicenç de Calders ...
161/002937 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de rebajar los peajes en la AP-9 y otras propuestas. ... (Página9)
161/002939 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al aeropuerto de Córdoba ... (Página11)
Comisión de Educación y Deporte
161/002932 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la autonomía escolar ... (Página13)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002931 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los policías locales ...
161/002947 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la rehabilitación y construcción del nuevo edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en la ciudad de Vigo (Pontevedra) ...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002938 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la resolución del contrato del Proyecto Castor ... (Página16)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002942 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los daños en la agricultura de la comarca de Almazán (Soria) por incidencias climatológicas ... (Página17)
161/002943 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la paralización de las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra) que se vienen realizando, y a la apertura de una moratoria que permita la
elaboración de un Informe técnico independiente relativo a la viabilidad y seguridad de las citadas obras ... (Página18)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002941 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos ... (Página19)
Comisión de Cultura
161/002945 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración y puesta en marcha del Proyecto Museístico del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago ... (Página20)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Economía y Competitividad
181/002012 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre actuaciones que el Gobierno prevé realizar antes del día 15/05/2015 para evitar que al menos 8.000 familias sean desalojadas de las viviendas al
quedar sin efecto la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables ... (Página22)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000300 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1756/2003, interpuesto por 85 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social ... (Página23)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara:
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000008
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
(061/000006)
Suplentes:
COSCUBIELA CONESA, Joan
Baja: 21-07-2014
Alta: 24-07-2014
NUET PUJALS, Joan Josep
Alta: 21-07-2014
Baja: 24-07-2014
Grupo Parlamentario Mixto
(061/000001)
Titulares:
IÑARRITU GARCÍA, Jon
Baja: 17-07-2014
Alta: 24-07-2014
LARREINA VALDERRAMA, Rafael
Alta: 17-07-2014
Baja: 24-07-2014
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
161/002944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la protección de menores en el CETI de Melilla para su
debate en la Comisión de Interior.
El CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes) de Melilla está desbordado y no es un lugar apropiado para garantizar la protección de los menores de edad, ni siquiera de los que están allí con sus familias. En un espacio pensado
para menos de 500 personas están viviendo más de 1500.
El hacinamiento provoca tensiones, protestas y peleas. También hay muchos problemas sanitarios. Los menores, especialmente si están solos o los que vienen huyendo de un conflicto, necesitan atención especializada y mayor protección que los
adultos, pues son muy vulnerables a sufrir abusos y daños que afecten a su desarrollo. Los niños y niñas requieren cuidados especiales y la mayor protección.
Además ha de tenerse en consideración las circunstancias difíciles que vienen padeciendo. De los 470 menores, según ACNUR, algunos menores vienen huyendo del conflicto sirio u otros menores de edad no acompañados, provienen de Mali. Además
de peligroso para ellos, esto es contrario a las normas internacionales de derechos humanos. El CETI no es lugar para menores por eso es urgente asegurarles protección y la atención adecuadas por parte de especialistas en infancia.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y el respeto a la legislación estatal e internacional de protección de menores en el CETI de Melilla.
- Garantizar, conforme a la legislación estatal e internacional, la debida protección a los menores no acompañados que residen en la Ciudad Autónoma de Melilla, para erradicar las situaciones de desamparo, no asunción de tutela o
irregularidades administrativas que tienen como consecuencias la falta de escolarización o abandono paulatino de ésta, desasistencia sanitaria básica o exposición a las violencias asociadas a la situación de calle.
- Resolver a la mayor brevedad el problema de alojamiento de los menores no acompañados y de las familias con hijos e hijas menores que estén actualmente en el CETI de Melilla, garantizando su seguridad, facilitando unas condiciones dignas
de habitabilidad y espacios propicios para el bienestar de los menores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2014.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Economía y Competitividad
161/002946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adaptación de la LEC a la sentencia del TJUE para la garantía
de tutela judicial efectiva de los deudores hipotecarios, para su debate en la Comisión de Economía.
El pasado 17 de julio se hizo pública la sentencia con asunto C-169/14 del TJUE ante la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Castellón en el caso de ejecución hipotecaria del BBVA.
La sentencia establece que la legislación española viola el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos y contradice la Directiva
93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993. Así, según el TJUE la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios reestructuración de deuda y alquiler social y Ley de Enjuiciamiento Civil, dejan en
inferioridad de condiciones a las personas afectadas frente a las entidades financieras, ya que los afectados no pueden recurrir ante determinadas resoluciones desfavorables, mientras que las entidades sí pueden hacerlo.
La Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 en materia de ejecución hipotecaria. En el caso de que un
juzgado de lo mercantil de la razón a la persona hipotecada frente a la entidad por la aplicación de cláusula abusiva y se suspenda la ejecución de una hipoteca, el banco puede recurrir. Sin embargo, si el juez sentencia a favor del banco, el
deudor no puede recurrir en segunda instancia para solicitar esa suspensión de la ejecución hipotecaria, e incluso finalmente la razón, perderá su vivienda. Tanto desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, como desde diferentes grupos
parlamentarios como la Izquierda Plural, se criticó la reforma que suponía la ley 1/2013 por no resolver esta situación, entre muchas otras denuncias.
EL TJUE considera que de esta manera la legislación española contradice el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 que establece que 'los estados miembros velarán porque, en interés de los
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en contratos celebrados entre profesionales y consumidores'.
El resultado de esta sentencia es doble. En primer lugar, a partir de ahora el Juez competente puede suspender la ejecución hipotecaria, en base a esta sentencia del TJUE con independencia de lo que diga la legislación española.
En segundo lugar, la aplicación de la doctrina de la Sentencia C-169/14 del TJUE supone que el gobierno deberá proceder a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar a los deudores hipotecarios los mismos recursos de
que disponen los acreedores. Cabe recordar que en marzo de 2013 el TJUE ya declaró abusiva la legislación española era 'abusiva', en respuesta a una cuestión de un juzgado de Barcelona por el caso de un ciudadano de Barcelona desahuciado, cosa que
obligó al gobierno a llevar a cabo algunas modificaciones en la citada ley 1/2013, totalmente insuficientes a la vista de la nueva sentencia.
Todo ello se da después de que las malas prácticas bancarias llevaran al colapso del conjunto de la economía, después de un rescate bancario del 8,4% del PIB sin exigir a las entidades financieras ninguna contrapartida, de los que como
mínimo una cuarta parte no se devolverán nunca y en un contexto en el que la banca sigue recibiendo aportaciones millonarias de dinero público.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000 para adaptarla plenamente al cumplimiento de la sentencia con asunto C-169/14 del TJUE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2014.-M.ª Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la clasificación a efectos catastrales como suelo urbano de las fincas rústicas de Monte Lañares, afectados por su inclusión en el Proyecto sectorial de la Ciudad del Mueble A Estrada. Debate Comisión de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
En su sentencia 2159/2014 de 30 de mayo de 2014, el Tribunal Supremo da la razón a los propietaríos de terrenos situados en la conocida como Ciudad del Mueble en A Estrada (Pontevedra), por la consideración a efectos catastrales como
terrenos de naturaleza urbana cuando son realmente suelos rústicos.
Esta consideración se debe al hecho de haber sido clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana de Badajoz como suelo urbanizable.
Se trata de fincas rústicas, pero que a raíz de ser incluidas en el plan sectorial de la Ciudad del Mueble, se pasó a considerarlas a efectos catastrales como suelo de naturaleza urbana.
Debemos señalar que la denominada Ciudad del Mueble de A Estrada está totalmente parada desde febrero de 2011, sin que exista previsión de inicio de su ejecución como parque empresarial.
Las parcelas con suelo sin edificar de Monte Liñares tienen en la actualidad un uso agrícola o forestal, pero sufren el agravante de que se les repercute una carga tributaria que no les corresponde. Además, pierden todo valor de mercado al
estar inmovilizadas por un polígono que les afecta y que igualmente está parado.
La propia sentencia del Supremo indica que no pueden existir valores catastrales por encima del valor de mercado, tal y como sucede con las parcelas situadas en la Ciudad del Mueble.
Los afectados solicitaron ante la Dirección General del Catastro, en su Gerencia Territorial de Pontevedra, la nulidad de la calificación de estos terrenos como suelo de naturaleza urbana a efectos catastrales. En coherencia con dicha
demanda, piden la devolución del IBI correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013 y la paralización del IBI para el 2014. En definitiva, se trataría de aplicar la sentencia del Tribunal Supremo.
Bajo criterios de justicia, los vecinos y vecinas demandan a la Administración la devolución de las cantidades injustamente cobradas, puesto que consideran que no procede gravar una contribución sobre un uso que no se puede efectuar dado que
el polígono está paralizado.
Debe quedar claro por parte de la Administración que estas propiedades deben tributar como suelo rústico mientras no se ejecute la Ciudad del Mueble. La tributación catastral debe ajustarse a su condición de uso actual que no es urbano.
Hay base legal para proceder a la revocación de los tributos emitidos en base al artículo 216 de la Ley General Tributaria (procedimientos generales de revisión), que permite en determinadas circunstancias la revocación de tributos emitidos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno-Ministerio de Hacienda a:
- En cumplimiento con la sentencia 2159/2014 de 30 de mayo de 2014, del Tribunal Supremo, modificar la calificación de los terrenos situados en la Ciudad del Mueble de A Estrada (Pontevedra) que, a efectos catastrales se han considerados
como suelo de naturaleza urbana cuando se trata de suelo rústico.
- A tal efecto, revocar los recibos del IBI correspondientes al ejercicio 2014 de dichas parcelas.
- Proceder a la devolución a los afectados de las cantidades injustamente cobradas en relación al IBI de los años 2012 y 2013, debido a que se tributaron como suelos de naturaleza urbana.
- Realizar las modificaciones precisas para establecer una armonización de las clasificaciones catastrales para evitar desajustes como los descritos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de Ley relativa
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de corregir la clasificación como terrenos urbanos de la denominada cuarta fase de Lalín 2000 (Pontevedra) puesto que se trata de terrenos rústicos. Debate Comisión Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
En su sentencia 2159/2014 de 30 de mayo de 2014, el Tribunal Supremo da la razón a los propietarios de terrenos situados en la conocida como Ciudad del Mueble en A Estrada (Pontevedra), por la consideración a efectos catastrales como
terrenos de naturaleza urbana cuando son realmente suelos rústicos.
A raíz de la sentencia, el pleno de la corporación local de A Estrada (Pontevedra) aprobó por unanimidad demandar la paralización del cobro del IBI como terrenos urbanos a los propietarios de terrenos en la conocida como Ciudad del Mueble.
Se trata realmente de terrenos rústicos.
Un caso similar se da en la localidad de Lalín, también perteneciente a la comarca de Deza. La sentencia aludida también le ha servido al ayuntamiento de Lalín para anunciar su intención de solicitar a la Dirección General del Catastro que
los suelos de la denominada cuarta fase de Lalin 2000 coticen como rústicos. Suelos que todavía están pendientes de urbanización.
Para la corporación local de Lalín queda claro que hay un desajuste entre las clasificaciones urbanísticas de suelo y las definiciones catastrales.
Estamos ante un suelo que a efectos de tributación catastral se considera de naturaleza urbana con independencia de que cuente o no con los servicios necesarios para que sea considerado urbano.
En el caso de los suelos urbanizables, desde el punto de vista catastral, y en línea con la sentencia del Tribunal Supremo, se entiende que deben tributar de modo urbano aquellos que cuentan con los instrumentos de desarrollo definitivamente
aprobados o que está incorporado en el Planeamiento General con ordenación detallada.
Ante lo dicho, queda claro que los suelos clasificados como urbanizables que no se desarrollaron urbanísticamente ni tienen los servicios necesarios, deben ser considerados a efectos catastrales como rústicos.
Bajo esta línea argumental, las parcelas incluidas en la cuarta fase del polígono Lalín 2000 no deberían tributar como suelos urbanos porque no están desarrollados urbanísticamente. Son parcelas que se deberían declarar como rústicas. Una
situación que es injusta para los afectados del parque empresarial.
Este tipo de casos, como el que acabamos de describir de Lalín, deberían llevar a la Administración General del Estado a realizar una armonización de las clasificaciones catastrales para evitar desajustes como los explicados.
Existe base legal para proceder a la revocación de los tributos emitidos en base al artículo 216 de la Ley General Tributaria (procedimientos generales de revisión), que permite en determinadas circunstancias la revocación de tributos
emitidos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno-Ministerio de Hacienda a:
- Anular, a efectos catastrales, la calificación de terrenos urbanos de la denominada cuarta fase de Lalin 2000 para que tributen como terrenos rústicos, dado que todavía están pendientes de urbanización, y no cuentan con los servicios
necesarios para ser considerados urbanos.
- A tal efecto, paralizar el cobro del IBI hasta resolver el desajuste existente entre las clasificaciones urbanísticas de suelo y las definiciones catastrales.
- Proceder a la devolución a los afectados de las cantidades injustamente cobradas en relación al IBI de años anteriores, debido a que se tributaron como suelos de naturaleza urbana.
- Realizar las modificaciones precisas para establecer una armonización de las clasificaciones catastrales que eviten desajustes como los descritos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
realizar, con carácter de urgencia, un Plan Industrial, Financiero y Laboral, para Navantia para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La actual situación en relación con la carga de trabajo de la empresa pública Navantla es dramáticamente deficitaria. Los últimos anuncios y encargos realizados para la construcción de buques en los astilleros de Ferrol-Fene no cubren
mínimamente la ocupación de la plantilla ni las expectativas de revitalización económica creadas en la comarca de Ferrolterra.
Navantia como empresa pública puntera, de reconocido prestigio internacional, está siendo abocada a la inactividad o, a la subactividad por cuanto sólo una parte de su plantilla tendrá ocupación en la construcción del flote! y el BAM en el
caso de Ferrol-Fene y del prometido gasero en el caso de la bahía de Cádiz.
En este sentido no supone un problema menor la constante fuga de tecnología de nuestra empresa pública a terceros países a la que asistimos que aboca a la industria naval española a reducir sus posibilidades de competitividad internacional y
de optar en peores condiciones a los diferentes concursos y contratos a los que pueda concurrir.
La desidia del Gobierno ha conducido a una situación lamentable de la empresa con un nivel de desatención significativo que ni siquiera ha tenido en cuenta la posibilidad de solicitar apoyo a la Unión Europea a través de los Fondos de
Innovación u otros similares para el óptimo mantenimiento de Navantia.
Si a esto se añade la situación de la industria auxiliar del naval que se ha visto abocada a cerrar definitivamente en un gran número de empresas o a mantenerse bajo mínimos en las restantes, la conclusión es que el tema de la construcción
naval pública no forma parte de la agenda política del actual Gobierno.
La situación de Navantia debe ser tratada con el rigor y seriedad querequieren los problemas de Estado ya que la incidencia en las comarcas enque se ubica determina la supervivencia económica, social y poblacional de muchas localidades que
hasta ahora han constituido una parte fundamental de la economía del país.
Para ello es imprescindible contemplar una dotación suficiente en los consecutivos Presupuestos Generales del Estado que garantice la carga de trabajo y la continuidad de la empresa evitando la improvisación y la utilización electoral que
con tanta frecuencia se ha venido haciendo por parte de los diferentes Gobiernos del Partido Popular.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplicar un tratamiento como problema de Estado a la empresa pública Navantia realizando con carácter de urgencia un Plan Industrial, un Plan Financiero, un Plan Laboral y todas aquellas
acciones necesarias que refuercen la situación de la industria auxiliar del sector naval'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2014.-Paloma Rodríguez Vázquez, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Pedro Saura García, María González Veracruz, Francisco González Cabaña y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.-María
Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/002935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ampliación del aparcamiento de la estación ferroviaria de Sant
Vicenç de Calders para su debate en la Comisión de Fomento.
La estación de Sant Vicenç de Calders, que pertenece al término municipal de Vendrell (Tarragona) es un punto neurálgico de conexión ferroviario que une las líneas de tren de costa e interior por la que pasan trenes que unen por ambos
corredores las poblaciones de Tarragona y Barcelona.
Teniendo en cuenta que la fisionomía de la población de Vendrell está compuesta por 29 urbanizaciones que albergan un censo de ciudadanos de 40.000 habitantes, y que muchos de los usuarios de los servicios ferroviarios, utilizan este medio
de transporte para poder llegar a su puesto de trabajo, centros de estudios u otros destinos, uno de los problemas con los que se encuentra los usuarios del tren es que el actual parking está dotado de 65 plazas, lo que les obliga a aparcar fuera de
la zona habilitada para ello.
Estos viajeros acaban aparcando su vehículo en una explanada de tierra y recorriendo un camino y unas escaleras que no están en condiciones de seguridad, accesibilidad y conservación.
Por otra parte, hay un par de edificios en desuso junto a la estación que se encuentran en ruinas y en desuso (el antiguo taller de mantenimiento de vagones y un antiguo almacén), y que si se derribaran y se acondicionara esta zona podría
convertirse todo este espacio en el parking de la estación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Llevar a cabo todos los trámites necesarios para:
1. Ampliar el parking de la estación mediante el derribo del antiguo taller de mantenimiento de vagones y el antiguo almacén, el acondicionamiento de la explanada que hay tras este edificio, y la supresión de las vías de tren en desuso.
2. Acondicionar el camino hacia las escaleras que dan acceso a la estación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda Plural.
161/002937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la
necesidad de rebajar los peajes en la AP-9 y otras propuestas. Debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Cada vez que comienza la temporada estival, los gallegos y gallegas que optan por circular por la AP-9, especialmente durante los fines de semana, comprueban en persona las graves deficiencias de una autopista que cobra elevados peajes.
Sirva de ejemplo lo sucedido el domingo 13 de junio cuando miles de personas se vieron atrapadas en un enorme atasco en la AP-9 a la altura de Santiago de Compostela, a cuatro kilómetros de las cabinas de cobro de peaje.
A pesar de la situación generada de auténtica parálisis circulatoria, la concesionaria AUDASA en ningún momento adoptó la medida de levantar las barreras pese a las quejas de los usuarios.
No estamos planteando nada estrambótico o extravagante porque otras concesionarias en otros territorios autonómicos si lo han hecho en circunstancias similares. AUDASA se limitó a reforzar las cabinas de peajes pero no a resolver el
problema que mantuvo a miles de conductores paralizados ante las cabinas de cobro.
Es evidente que la empresa concesionaria no está ofreciendo un servicio óptimo por el cual pueda exigir el pago de costosísimos peajes. Y desde nuestro punto de vista, debería ser sancionada por no haber adoptado medidas como el
levantamiento de las barreras o la exención de los peajes debido a un desastroso servicio.
Este problema no es nuevo, se repite una y otra vez en temporadas de vacaciones. El BNG lleva años trasladando esta problemática al Congreso a través de numerosas iniciativas parlamentarias, y lleva años llevando a debate y votación
proposiciones no de ley sobre la AP-9 que siempre reciben el voto en contra del PP. En este sentido, es curioso que por fin el Presidente de la Xunta de Galicia haya asumido las propuestas del BNG, y mismamente se haya decidido a demandar a Fomento
'medidas excepcionales para evitar episodios que son previsibles', en alusión al atasco aludido.
La Administración gallega del PP, que siempre ha sido tan favorable a los peajes, ha cambiado incluso de tercio y pide ahora una revisión de los peajes porque considera que 'no es justo que en Galicia se pague más por el uso de la AP-9 que
en otras partes del estado'. Resulta satisfactorio comprobar que a medida que se acercan distintos procesos electorales, el partido en el Gobierno de la Xunta da por buenas las propuestas ya históricas que hacemos otras formaciones políticas y las
asume, a pesar de que su misma formación política en el Congreso haya votado en el pasado mes de marzo en contra de una proposición no de ley de esta diputada que demandaba la anulación de cualquier subida en los peajes de la AP-9, pedía el rescate
de la autopista para que sea gratuita, demandaba un programa descuentos similar al existente en otras autopistas del estado, y solicitaba también un Plan Integral de reforma de la N-550.
A todo esto el PP, que también preside el Gobierno central, dijo un rotundo no bajo argumentos tan peregrinos como el aumento de los peajes 'es una obligación de la Administración y de la concesionaria', se desentendió del programa
descuentos señalando que 'es una responsabilidad de la concesionaria' y rechazó la recuperación del estado de la AP-9 para que sea gratuita porque se indicó que 'habría que indemnizar a la concesionaria'.
Deseamos por el bien de los conductores gallegos y gallegas y por el bien común de Galicia, que el cambio de rumbo del Gobierno gallego en relación a los peajes de la AP-9 y sus deficiencias no sea el típico cartel propagandístico que
después no tiene reflejo ni eco de ningún tipo en el Gobierno central, en este caso nos referimos al Ministerio de Fomento.
Desde el Inicio de esta grave crisis económica, el BNG demandó que se paralicen los precios de los peajes en la autopista del Atlántico, AP-9 pero sin ninguna fortuna. El Ministerio de Fomento ha hecho oídos sordos a las reiteradas
peticiones del BNG.
Resulta curioso que el gasto en peajes al viajar entre Madrid y Ferrol sea menor (16,20 euros) que entre Ferrol y Vigo (17,65 euros).
La gestión privada de la AP-9 en manos de la concesionaria AUDASA fue ampliada hasta el año 2048 bajo el Gobierno presidido por el señor Aznar, una explotación que otorga grandes beneficios económicos a esta empresa. AUDASA incrementó en un
50% las tarifas desde el año 2003 entre A Coruña y Vigo, pasando de 10,28 a 15,35 euros. Un tramo más que amortizado, como demuestran los multimillonarios beneficios de la empresa concesionaria que ascendió a 275 millones de euros desde el año
2008. Unos beneficios que además ni siquiera repercuten en la mejora del servicio, que sigue siendo muy deficiente como hemos descrito.
Además, los clientes habituales de la AP-9 ni siquiera pueden beneficiarse de los descuentos por el uso frecuente de la autopista que si existe en otras autopistas del estado.
Con todos estos precedentes, consideramos que es hora de superar la vieja política de los peajes, abusiva y contraproducente paras los intereses de los usuarios gallegos y gallegas. Es un modelo agotado que la sociedad no comparte, sobre
todo en un contexto de graves problemas económicos. Prueba de ello es el hecho de que cada vez más conductores toman la alternativa de circular por la N-550, a pesar de su enorme deterioro.
La AP-9 es la única vía que vertebra todo el territorio gallego. En lenguaje viario podríamos definirla como la columna vertebral de Galicia, razón de más por lo que debería ser un servicio público gratuito.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Sancionar a la empresa concesionaria AUDASA por comportamiento abusivo al cobrar a los usuarios de la AP-9 sus excesivos peajes cuando no ofrece un servicio de calidad y a la altura de sus elevados precios, especialmente en circunstancias
de enormes atascos de tráfico antes las cabinas de pago.
- Renegociar con la concesionaria, y fijar en el pliego de condiciones la obligatoriedad de levantar las barreras de las cabinas antes atascos que superen los dos kilómetros como se establece en otros territorios del estado.
- Gestionar con la concesionaria de la autopista del Atlántico, AP-9, la rebaja de los precios de los peajes, ajustándolos a la grave situación económica que padecen los habitantes de Galicia.
- Reclamar a AUDASA la aplicación de un programa de descuentos por el uso frecuente de la autopista, análogo al que aplica en otras autopistas del Estado.
- Exigir a la empresa concesionaria que repercuta sus multimillonarios beneficios en la mejora de la autopista que adolece de deficiencias en muchos de sus tramos, y en la mejora de la calidad del servicio que ha experimentado un
empeoramiento significativo.
- Proceder al rescate de la AP-9 finalizando la explotación privada en manos de AUDASA a fin de convertirla en una autopista gratuita, puesto que se trata de la única infraestructura viaria que vertebra el territorio gallego.
- Traspasar a la Xunta de Galicia la gestión de la autopista AP-9.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación con el Aeropuerto de Córdoba, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El aeropuerto de Córdoba está situado dentro de un espacio aéreo controlado, el TMA (área terminal) de Sevilla. El centro de control y aproximación de Sevilla controla, da información y alerta a todas las aeronaves que presentan un plan de
vuelo dentro de su área definida.
Desde 1993, el aeropuerto no tiene servicio de control. Las aeronaves que operan en Córdoba se comunican entre ellas con una frecuencia aire/aire (118.300 mhz). El aeródromo tiene un espacio aéreo definido en un radio de 8 km desde el
centro de la pista y una altura de 3000 pies (900 metros) denominado ATZ (Aerodrome Transit Zone).
A su vez, el aeropuerto de Córdoba es un aeropuerto VFR. Esto significa que las aeronaves que aterricen o despeguen del aeropuerto de Córdoba, deben de hacerlo en condiciones VFR, es decir condiciones de vuelo visual. No obstante, el
aeropuerto cuenta con 2 radio-ayudas, un NDB y un VOR que ayudan al piloto en los aterrizajes. Asimismo cuenta con un conjunto de ayudas visuales para la aproximación de las aeronaves: el sistema PAPAl (precisión aproach path indicator) que
permite a las aeronaves asegurar la pendiente de descenso correcta para cada aeronave. Pero el hecho de ser un aeropuerto VFR, no impide que los aviones lleguen controlados por Sevilla control hasta entrar en el ATZ del aeropuerto, donde pasan a
reglas de vuelo visuales y al despegar, lo hacen al contrario: despegan en VFR para pasar posteriormente a reglas de vuelo 1FR al estar controlados por Sevilla control. De hecho, muchas compañías de bajo coste cambian a reglas de vuelo visual al
aterrizar en muchos aeropuertos para ahorrar costes de eurocontrol con sólo comunicárselo al controlador del aeropuerto.
Además, el aeropuerto de Córdoba cuenta con un sistema duplicado de balizamiento de pista para la iluminación nocturna o en condiciones de escasa visibilidad. Acoge numerosos vuelos de trasplante, la mayoría en horario nocturno.
A día de hoy, el aeropuerto cuenta con las dependencias y servicios mínimos necesarios para prestar servicio a operaciones de aviación comercial de acuerdo con los estándares y procedimientos oficiales de la Organización Internacional de
Aviación -OACI-.
Tras la ampliación en longitud y anchura de la pista y de su área de seguridad, por dimensiones, es adecuada para la operación de aeronaves comerciales de tamaño medio; Airbus 320 o Boeing 737, las aeronaves de tamaño medio más utilizadas
por las compañías aéreas.
El Real Decreto 1133/2010 regulaba la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS), un sistema pensado para sustituir a los controladores en aeropuertos con poco volumen de tráfico. En este Real Decreto, a propuesta
del gestor del aeródromo (ASNA), se debían concretar el tipo de servicios de tránsito aéreo (controladores o técnicos AFIS) para cada aeropuerto. Se daba un plazo de 2 años para hacer los estudios de seguridad pertinentes para cada aeropuerto.
Generalmente, en este plazo, a los aeropuertos con menor tráfico aéreo se les ha cambiado el servicio de control por el de AFAlS, de menor coste.
Uno de los problemas con los que nos encontramos en Córdoba es que al no tener control, no se ha contemplado como posible aeropuerto AFIS. Hasta la conclusión del plazo que se establecía en el Real Decreto 1133/2010, los aerotaxis y
charters que operaban en nuestro aeropuerto lo hacían sin ningún problema controlados por el centro de control de Sevilla hasta la entrada en el ATZ de nuestro aeropuerto a una altura de 4.000 pies donde pasaban a frecuencia aire/aire de Córdoba
para el aterrizaje. El despegue lo hacían coordinando en frecuencia aire/aire de Córdoba hasta alcanzar 4.000 pies de altura y pasar a estar controlados por el centro de control de Sevilla. Al cumplirse los 2 años de plazo que imponía el Real
Decreto, a pesar que se ha ampliado el plazo para el estudio de seguridad hasta junio de 2015 en el Real Decreto 217/2014, el aeropuerto rechaza todos los vuelos comerciales.
El actual AIP del aeropuerto de Córdoba, en el punto 22, dice lo siguiente:
Los vuelos lFR que por razones humanitarias o de Estado deban operar en el aeródromo de Córdoba, lo harán de acuerdo con los procedimientos siguientes:
1. Aeronaves que llegan: ACC Sevilla las autorizará a proceder al VOR/DME CDB a 5.000 ft o al NDB COR a 4.000 ft. E informará de la pista en uso y de los datos meteorológicos relevantes.
2. Aeronaves que salen: Deberán obtener autorización del ACC Sevilla por los medios de comunicación que le facilite el aeropuerto. La información sobre las condiciones del aeródromo se proporcionará en el aeropuerto.
Por debajo de 4.000 ft. los pilotos decidirán las medidas a adoptar para garantizar la separación con respecto a las demás aeronaves, vehículos y obstáculos por no prestarse Servicio de Control de Tránsito Aéreo.
En estos momentos, a efectos prácticos, el aeropuerto de Córdoba sólo puede acoger vuelos privados, de instrucción y turísticos con menos de 6 pasajeros, es decir, los mismos tipos de vuelo que cualquier pista privada en cualquier finca,
después de la inversión realizada en prolongar la pista y adecuarla en anchura para cumplir con las normas de seguridad internacionales que marca aviación civil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
- De forma transitoria y con garantías de seguridad, como ocurre en otros aeropuertos, permitir a aeronaves comerciales tipo aerotaxis o charters seguir los mismos procedimientos que las aeronaves de Estado que operan en el aeropuerto de
Córdoba o los vuelos humanitarios o de trasplante hasta que se realice el estudio definitivo que permita la instauración del sistema AFIS.
- Instauración inmediata del servicio AFlS en el aeropuerto de Córdoba, a tiempo total o a tiempo parcial, cuando operen vuelos comerciales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2014.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/002932
A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte
Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la autonomía
escolar.
Exposición de motivos
El traspaso de nuevas competencias a los centros escolares ya no se enmarca en un proceso global de renovación de estructuras orgánicas y administrativas, sino que se concibe principalmente como una herramienta al servicio de la mejora de la
calidad de la educación, tanto en los países que continúan el proceso comenzado en décadas anteriores, como en los que han iniciado más recientemente su andadura en este campo, como el nuestro.
En la Lomce, los títulos VI, VII y VIII hacen referencia a los centros escolares y al campo de la participación, autonomía y gobierno de los centros escolar y la evaluación del sistema escolar.
La enmienda 209, que yo presenté en el trámite parlamentario, resultaba clave en este modelo organizativo. Significaba una nueva redacción, que pretende impulsar de manera decidida la autonomía de los centros escolares, en detrimento del
área de decisiones de las Administraciones Educativas.
¿Se logrará esto algún día? Es la pregunta que nos formulábamos y yo me sigo formulando.
Es cierto que en la ley está incluida como área de calidad, pero de manera tímida y farragosa, sin darle la importancia que merece. O sea, de tapadillo. Como muchas otras cosas, pero en todo caso, se hace preciso regular este modelo tan
trascendente para todo el sistema escolar.
Diferentes informes y análisis internacionales de reciente publicación coinciden en señalar, basándose en los resultados de PISA 2013 y anteriores, la incidencia que una mayor autonomía de los centros tiene sobre la mejora de la eficacia y
eficiencia de la gestión educativa.
En la misma línea, en el informe español correspondiente al estudio anual llevado a cabo por la OCDE -Panorama de la Educación 2012- se sugiere que una mayor autonomía de los centros educativos, en la definición y elaboración del currículo y
de las políticas de evaluación, influye de forma provechosa en el rendimiento del alumnado.
Avanzar en la dirección de facilitar las mayores cotas posibles de autonomía escolar debiera ser un objetivo claro e irrenunciable. Traducido a un lenguaje comprensible, supone que en vez de ser los alumnos quienes deben adaptarse al
currículo, es el currículo y la estructura del centro lo que se adapta a los alumnos. Se trata así de que los centros dispongan de un poderoso recurso para dar respuesta a las necesidades educativas de su alumnado y conseguir la mejora del
aprendizaje de todos y cada uno de ellos.
Apenas existen discrepancias -ya que es un hecho constatable, también a través de distintos estudios y evaluaciones transnacionales- sobre la escasa eficiencia de nuestro sistema escolar cuando se establece la relación entre el nivel de
rendimiento académico del alumnado y el esfuerzo inversor que en materia educativa se ha venido realizando desde hace bastantes años. No podemos seguir haciendo lo mismo a la espera de éxitos futuros. Tenemos la certeza de que no llegarán.
Por eso, el desafío de mejorar la eficiencia y la calidad de nuestro sistema hace imprescindible, entre otras transformaciones que se deben promover, una nueva concepción educativa que facilite la flexibilidad y la adaptación de nuevas
organizaciones escolares, de nuevos perfiles profesionales y directivos -que también serán susceptibles de reflexión-, que lleva aparejado necesariamente la concesión de un espacio propio de autonomía a los centros.
Una autonomía real y no retórica de los centros escolares.
En todas las leyes orgánicas, desde la LODE y la LOGSE hasta la actual LOE, pasando por la LOPEGCE y la LOCE, se ha incidido formalmente en este principio y factor de calidad educativa, sin concretar normas de desarrollo al respecto. Casi
podría decirse que ha venido desempeñando desde siempre el papel de 'sospechoso habitual' y al mancebo que hay que invitar a la fiesta de las reformas, pero que no se confía en él. Ha llegado el momento de dar el salto cualitativo hacia una
autonomía efectiva del centro escolar que convierta el modelo centralista, gestionado por el Ministerio de Educación antes y por las Consejerías de Educación ahora, en un modelo del pasado.
Es un camino difícil, que debería tener forma de programa educativo, no universal, con requisitos de voluntariedad y publicidad en el proyecto educativo y curricular, amén de otros requisitos específicos.
El camino de la autonomía escolar debe andarse con prudencia y por el sistema de ensayo/error a tenor de la experiencia de países de trayectoria en este campo. Este es el sentido de esta PNL y los puntos que en ella se encuentran.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Definir un programa educativo que conduzca al establecimiento de un modelo de organización escolar fundamentado en la autonomía escolar, en los centros de Primaria y Educación secundaria y Bachillerato.
2. Promover dicho programa en el ámbito de la cooperación territorial, en colaboración con las CCAA, tendente a establecer la autonomía escolar, en algunos centros escolares que previamente lo soliciten.
3. Establecer un modelo de financiación de dicha experiencia, en convenio con las CCAA interesadas.
4. Definir un modelo de evaluación del programa, de carácter trienal, con el fin de renovar, en su caso, las condiciones del mismo en su aplicación.
5. Establecer que la aplicación y participación en el mismo sean propias de una actividad de renovación pedagógica y como tal se deriven los méritos correspondientes a sus participantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2014.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002931
A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
EI Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los Policías Locales, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, introdujo en la normativa la posibilidad de que la edad de jubilación pueda ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza
especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.
Por su parte, la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, determina que el Gobierno establezca las normas sobre el procedimiento general de aprobación de coeficientes reductores de la edad
de jubilación en los distintos ámbitos.
Cumpliendo estas previsiones, el Real Decreto 1698/2011, regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
En este sentido, parece evidente que la actividad desarrollada por los policías locales cumple los requisitos de ser especialmente peligrosa y arriesgada, como corroboran los estudios llevados a cabo por diferentes Universidades.
Otros países de nuestro entorno (como Alemania, Bélgica, Reino Unido...) así lo consideran, teniéndolo en cuenta en las condiciones de jubilación. En la mayor parte de los países europeos, los agentes de la Policía Local se jubilan entre
los 55 y los 60 años.
Existen también precedentes similares en nuestro propio país. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modificaron la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, en lo referente a la aplicación de coeficientes
reductores en la edad de jubilación para el Cuerpo de la Ertzaintza (Policía autónoma vasca). Esta modificación legislativa admitía el reconocimiento de la profesión de policía como colectivo especialmente vulnerable.
Por otro lado, desde el punto de vista del equilibrio económico y financiero, la Disposición Adicional segunda de la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, modifica la redacción de la Disposición Adicional cuadragésima
quinta del Real Decreto 1/1994, que fija el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y dispone que 'El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación, que sólo procederá cuando no sea posible la modificación de
las condiciones de trabajo, conllevará los ajustes necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio financiero'.
El propio Partido Popular ha presentado en diversas instituciones iniciativas pidiendo aplicar coeficientes reductores y rebajar la edad de jubilación de los policías locales (como una PNL en la Junta General del Principado de Asturias en
abril de 2013 o una moción en el Ayuntamiento de Palencia en marzo de 2014).
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º) Reconocer la profesión de Policía Local como profesión de riesgo, poniendo fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta ni la siniestralidad, peligro y toxicidad de las condiciones de trabajo, ni los requisitos
exigidos para el desarrollo de la labor policial.
2.º) Incorporar el colectivo de Policías Locales a los grupos profesionales a los que se aplican coeficientes reductores en la edad de jubilación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
rehabilitación y construcción del nuevo Edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en la ciudad de Vigo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Motivación
El 27 de abril de 2011 la Tesorería General de la Seguridad Social solicitó licencia de derribo del edificio situado en la Avenida García Barbón n.º 72, excepto fachada, y licencia para construir un nuevo edificio como sede de la Tesorería
de la Seguridad Social en Vigo. La Gerencia de Urbanismo concedió licencia para estos proyectos con fecha de 24 de octubre de 2011.
El 30 de julio de 2013 la Tesorería solicita una prórroga de la licencia por estar el gasto } del proyecto en fase de tramitación y en espera de aprobación por el Consejo de Ministros. La Gerencia de Urbanismo concede esta prórroga.
Con fecha 1 de julio de 2014 la Tesorería solicita una segunda prórroga alegando los mismos motivos de tramitación del gasto.
La Seguridad Social pagó por la licencia unos 800.000 euros, a esta cantidad se añaden los gastos por adquisición de la parcela y la edificación actuales y los honorarios de redacción de proyectos, en total un considerable desembolso de
fondos públicos.
Este proyecto es de especial importancia para la ciudad de Vigo y para toda la provincia, porque dotará a los ciudadanos de una nueva sede provincial de la Tesorería de la Seguridad Social acorde con la demanda existente, que permitirá
superar las dificultades de las precarias instalaciones actuales, que
se encuentran en la entreplanta de un edificio de viviendas colectivas, y que incumple la normativa de accesibilidad. El nuevo servicio es imprescindible para una mejor atención a los ciudadanos y una necesidad ineludible para la propia
Tesorería.
Urbanísticamente el nuevo proyecto completa el desarrollo en el ámbito de la Metalúrgica, en una zona central de la ciudad y con un edificio en ruinas del cual se pretende conservar la fachada en notable deterioro y con peligro de su
pérdida. La ejecución del derribo está condicionada a la conservación y reconstrucción de la fachada. El abandono desde 2005 de esta pieza hace dudar de su rehabilitación.
En el plazo de más de dos años desde que se concedió la licencia, no se ha avanzado en la actuación programada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es por lo que, debido a la precaria situación de las instalaciones actuales de la
sede central de la Tesorería que atiende a numerosos ciudadanos a diario y el respeto por la salvaguarda del patrimonio edificado con valor arquitectónico e histórico que el Grupo Parlamentario Socialista, presente la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar el expediente de gasto e iniciar las obras de la nueva sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Vigo, en el ámbito de la Metalúrgica, para la que obtuvo licencia en 2011.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2014.-María del Carmen Silva Rego, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de COMPROMÍS-EQUO, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre la resolución del contrato del Proyecto Castor, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El proyecto de almacenamiento de gas Castor, frente a la costa de Vinarós, se tramitó en su día con la connivencia del Gobierno y el propio Ayuntamiento de Vinarós, que justificaron la decisión alegando que generaría puestos de trabajo en la
comarca. La realidad no ha sido esa.
En la preceptiva tramitación para autorizar el proyecto no se preveían accidentes graves, se omitió el informe de seguridad, no había planes de emergencia interior, ni estudios sobre afecciones económicas en el turismo y la pesca, ni
trabajos de impacto arqueológico en las conducciones terrestres, ni un estudio serio sobre las potenciales repercusiones en el subsuelo, que como hemos visto, nos han llevado a no tener previsto la generación de cientos de seísmos en la comarca.
Estos seísmos son los que han provocado la paralización de la actividad en la inyección de gas en el depósito desde septiembre de 2013, y en los informes encomendados con posterioridad, tanto el instituto Geológico y Minero de España
(AlGME), como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) han confirmado una relación directa entra la inyección de gas en el almacén submarino con los terremotos.
El mecanismo de funcionamiento expuesto, incluidas las cláusulas abusivas del contrato, podrían obligar a indemnizar a la empresa con el coste neto de la inversión, que en este caso sería de unos 1.700 millones de euros, salvo que la
administración central pueda justificar causas de interés general.
La mención a la existencia de firma del contrato que incluye cláusulas abusivas se debe a que éste prevé indemnizaciones incluso si la concesionaria abandona el proyecto por una actuación negligente propia (que podría ser este caso), al no
haber previsto los seísmos.
En cualquier caso, la declaración de interés general es necesaria pues resulta evidente que la decisión de paralizar un proyecto que está provocando seísmos, poniendo en peligro la vida de la gente, la estabilidad del terreno, además del
impacto en el medio ambiente que genera, redunda en interés de todos.
Es de interés general que se paralice este proyecto de alto impacto y riesgo para la zona, es de interés general que se desmantelen las instalaciones para que se ponga fin de manera definitiva a un proyecto hostil para la zona, para los
vecinos, para el medio ambiente y para la seguridad de todos. Y es de interés general que se depuren responsabilidades con aquellos que aprueban proyectos contrarios al interés general en beneficio de empresas privadas ajenas al interés público.
Dado que la fiscalía ha abierto diligencias y está llevando a cabo una investigación sobre cómo se concedieron los permisos, la indagación debiera ampliarse a todo el proceso, incluida la negociación del contrato cuyas cláusulas son
excesivamente beneficiosas para la empresa privada. Es por ello necesario que desde la Administración se produzca la máxima colaboración para que se depuren las responsabilidades penales a que pudiera haber lugar.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Resolver la relación contractual por las múltiples causas de interés general, dado que frente a los intereses económicos de la empresa que aduce que no existe riesgo sísmico se encuentra la realidad, tal es que el riesgo sísmico ya no es
un riesgo siendo una realidad, que por tanto la reapertura del almacén es contraria al interés de la ciudadanía.
2. Iniciar un proceso para depurar responsabilidades políticas a los gestores públicos que negociaron el contrato y autorizaron el proyecto de almacén submarino, a pesar de los riesgos que acarreaba, trasladando toda la información
disponible a la fiscalía relativa a la totalidad del expediente que culminó con la autorización del almacén Castor con el fin de que en su caso se depuren las responsabilidades penales a que pudiera haber lugar.
3. Realizar los trámites necesarios para el desmantelamiento de la planta marina del Castor para poner fin definitivamente a este despropósito jurídico y ambiental en el que se ha dado prioridad a intereses ajenos al interés general.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre daños
en la agricultura de la comarca de Almazán (Soria) por incidencias climatológicas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El pasado día 1 de julio la villa de Almazán y su comarca, en la provincia de Soria, sufrió una catastrófica granizada, que tuvo nueva réplica, en días sucesivos, especialmente el pasado día 7 de julio.
El granizo llegó a tener una altura de más de un metro en algunas zonas de Almazán, lo que provocó cuantiosos daños en las viviendas particulares, edificios públicos y dejó totalmente arrasadas las zonas agrícolas en las que cayó el granizo.
Los daños pueden calificarse de catastróficos en varias comarcas por lo que se hace necesario la actuación de las Administraciones Públicas, como ha sido habitual en los últimos años en situaciones como las que nos estamos refiriendo.
La actuación de la Administración es en esta ocasión mas necesaria si cabe, puesto que el Sistema Nacional de Seguros Agrarios, referencia obligada para paliar daños por inclemencias climatológicas, está
dando síntomas de agotamiento debido a los drásticos recortes que ha sufrido en los tres últimos presupuestos del Partido Popular.
El listado pormenorizado de daños en los municipios afectados debe ser elaborado con urgencia en base a los estudios técnicos de los servicios de la Comunidad Autónoma.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar con urgencia un exhaustivo trabajo de evaluación de daños por las inclemencias climatológicas en la villa de Almazán y su comarca en la provincia de Soria.
2. Aprobar, de forma inmediata, un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para paliar los daños catastróficos que se han producido como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos, que, como mínimo, incluirá, las medidas
contempladas en el Decreto-Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2014.-Félix Lavilla Martínez y Alejandro Alonso Núñez, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002943
A la Mesa del Congreso de Diputados y Diputadas
Don Sabino Cuadra Lasarte, Diputado de AMAIUR (Grupo Mixto), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley a fin de acordar la paralización
de las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra) que se vienen realizando y la apertura de una moratoria que permita la elaboración de un Informe técnico independiente relativo a la viabilidad y seguridad de las citadas obras para su
debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Exposición de motivos
El pasado martes 15 de julio, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Ebro -CHE-) ha informado a la comisión y asesores de los vecinos y vecinas afectados por los desalojos producidos como
consecuencia de las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra) que se va a proceder a la expropiación forzosa del total de las ciento tres viviendas que componen las urbanizaciones 'Lasaitasuna' y 'Mirador de Yesa'.
En la misma reunión se informó también de la intención del Ministerio de efectuar una nueva modificación del proyecto de recrecimiento de la presa que ya, con anterioridad, había sufrido otros tres más.
Estas dos noticias -expropiación del total de las viviendas afectadas y nueva modificación del proyecto- constituyen el último episodio de toda una carrera de despropósitos en la que se ha convertido esta controvertida obra, ya que la
materialización de este proyecto ha estado acompañada desde un principio de todo tipo de imprevistos, sobresaltos, alarmas y desinformación institucional que han hecho que el rechazo al mismo por parte de las poblaciones cercanas haya ido creciendo
conforme pasaba el tiempo.
Cuando en febrero de 2013 fueron desalojadas sesenta y tres viviendas por el peligro que se cernía sobre las mismas debido a los grandes desprendimientos de tierra producidos en la ladera derecha del embalse de Yesa, la explicación dada por
la CHE a lo anterior fue que todo aquello se debía a las intensas lluvias caídas en las últimas semanas.
A día de hoy, sin embargo, la CHE ha reconocido expresamente que las obras de recrecimiento del embalse han sido, cuando menos, concausa de aquellos movimientos, admitiendo de esta manera su responsabilidad con respecto a los mismos y a los
daños que se han producido. Se corrobora así la opinión expresada desde un principio por la plataforma 'Yesa + NO, Lanak gelditu!', la Asociación Río Aragón, distintos Ayuntamientos de la Zona y expertos cualificados, en el sentido de que los
deslizamientos
de tierra ha sido consecuencia de la propia inestabilidad de las laderas afectadas que no soportan los trabajos que se vienen realizando.
A pesar de lo anterior, la actitud de la CHE ha estado marcada en todo momento por una huida hacia adelante, rechazando la más que necesaria paralización del proyecto a fin de poder estudiarlo de nuevo desde su propio inicio. Han primado
siempre -y a ellos se ha supeditado la CHE- los intereses de los sectores eléctricos y del hormigón que se han impuesto siempre a la sensatez, la racionalidad y la voluntad contraria al proyecto expresada por las poblaciones cercanas al embalse y
sus ayuntamientos.
Consecuencia de lo anterior ha sido la multiplicación del presupuesto inicialmente previsto para este proyecto, que se ha triplicado, sin que las propias obras del recrecimiento de la presa hayan comenzado, pues todo el importe de aquel se
está destinando a la realización de trabajos de desmonte, aseguramiento, estabilización de las laderas...
Dando continuidad a este sinsentido, se anuncia ahora una nueva modificación del proyecto que, aún cuando no ha sido concretada, es más que previsible avance en la misma dirección: más obra, más cemento, más inversión pública... en
beneficio únicamente de la empresa constructora, sin que ello sirva -como no ha servido en ocasiones anteriores a pesar de que siempre se ha afirmado lo contrario- para garantizar definitivamente la estabilidad de la ladera y la seguridad para las
poblaciones cercanas.
Por todo lo anterior, habida cuenta la sucesión ininterrumpida de problemas de seguridad, imprevistos técnicos y constantes incrementos de presupuesto que están suponiendo ras obras de recrecimiento del pantano de Yesa, AMAlUR -Grupo
Mixto-presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de Diputados y Diputadas acuerda instar al Gobierno a:
1. Paralizar por razones de seguridad e inviabilidad del proyecto las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra) que se vienen realizando.
2. Acordar una moratoria que permita la elaboración de un Informe técnico independiente relativo a la viabilidad y seguridad de las citadas obras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2014.-Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.-Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002941
A la Mesa del Congreso de Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La Cuarta Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPO), celebrada en El Cairo en 1994 constituye un hito en las políticas de población y en la agenda de saludo y derechos sexuales y reproductivos. Su Programa de Acción,
firmado por 179 países, se fijó como objetivo lograr el acceso universal a todos los servicios necesarios en salud sexual y reproductiva en los siguientes 20 años.
En 2014 se cumplen los 20 años de la implementación del Programa de Acción. La Asamblea General de la ONU ha decidido prorrogarlo más allá del 2014 y convocar para este año una sesión extraordinaria de la Asamblea General que renueve el
apoyo político necesario para la plena realización de sus metas y objetivos. Asimismo, se dedicará la 47° sesión especial de la Comisión de Población y Desarrollo a evaluar el nivel de implementación a partir de 2015. Culminaría así el proceso de
revisión llevado a cabo para identificar tanto los logros obtenidos como los logros obtenidos como los retos que aún persisten para el logro de las nietas acordadas en El Cairo en 1994.
Por lo tanto, es esencial que la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2014 contribuya significativamente a la movilización política y a la renovación de compromisos en los ámbitos clave del Programa de Acción de la CIPD.
SI bien es cierto que aún no se han alcanzado muchos de los compromisos asumidos durante la CIPD, dos temas son de especial relevancia: la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes y el derecho al aborto legal
y seguro.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno que ante estos hechos, es fundamental que los gobiernos adopten un enfoque positivo sobre la sexualidad de las y los jóvenes y renueven sus compromisos políticos y financieros para:
1. Asegurar el acceso universal para todas las y los jóvenes, tanto si están dentro del sistema educativo como si no, a una educación sexual completa.
2. Asegurar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva que sean de calidad, adaptados a sus necesidades, no estigmatizantes, asequibles, accesibles y que respeten la confidencialidad, entre ellos la anticoncepción de
urgencia, el aborto seguro, el seguimiento del embarazo, la prevención y el tratamiento de las ETS incluido el VIH.
3. Suprimir todos los obstáculos legales y normativos para el acceso de las y los adolescentes a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva, como el consentimiento obligatorio de los padres y las restricciones a la edad
y al estado civil.
4. Eliminar las diferentes formas de violencia contra las niñas.
5. A adoptar un enfoque más pragmático y no dogmático acerca del aborto y asumir compromisos políticos para:
- Asegurar el acceso a una amplia gama de servicios de calidad, permitiendo que todas las mujeres y adolescentes se beneficien de la atención médica en caso de interrupción voluntaria del embarazo o de complicaciones debidas a un aborto
inseguro.
- Derogar las leyes y reglamentaciones que limitan el pleno ejercicio del derecho al aborto, como la autorización de un tercero (padres, cónyuge, ...) o los periodos de reflexión obligatorios.
- Derogar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres y las niñas que se han realizado un aborto ilegal, así como la liberación de las que han sido detenidas, en conformidad con el programa de acción de Beijing (artículo 106k).
- Revisar las leyes y políticas para que las interrupción voluntaria del embarazo sea legal y accesible'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Cultura
161/002945
A la Mesa del Congreso de Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
elaboración y puesta en marcha del Proyecto Museístico del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, destinado a explicar la historia del Camino, ocupa el edificio del antiguo Banco de España en Santiago de Compostela, diseñado en 1939 por el arquitecto
Romualdo Madariaga Céspedes y construido en la parcela de las casas de Espinosa en la emblemática Praza das Praterías, a pocos metros de la fachada sur de la Catedral.
La actividad del organismo del Banco de España se inició en 1986 y la oficina cerró sus puertas cesando su actividad en el año 2004, dejando sin contenido el magnífico edificio construido en 1949 que presenta ante la plaza cinco arcos sobre
columnas formando soportales.
Tanto la ubicación como la calidad arquitectónica y artística del antiguo edificio del Banco de España, señalan su idoneidad para acoger el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago y con este motivo el Consorcio de Santiago impulsó, desde
el año 2007, la remodelación de esta antigua sede bancaria para proceder a su adaptación con fines museísticos.
El edificio, cedido por el antiguo Ministerio de Economía, ha sido remodelado por uno de los arquitectos gallegos de mayor prestigio, Manuel Gallego Jorreto, galardonado en 2010 con la Medalla de Oro de la Arquitectura. El proyecto de
remodelación, que fue premiado en la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, mantiene la apariencia exterior del edificio pero contiene sustanciales modificaciones en el interior. Según fuentes expertas en la materia, Gallego interpretó
perfectamente los espacios con armonía y sencillez de líneas, generando un referente arquitectónico en el corazón de la ciudad histórica de Compostela.
La nueva sede del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago cuenta con 3.466 metros cuadrados de superficie construida distribuidos en cuatro niveles y, entre las imaginativas soluciones en la recuperación del inmueble, destaca la ubicación
de la cafetería que ofrece una visión novedosa de la torre Berenguela así como el lucernario de la segunda planta desde el que los y las visitantes pueden contemplar tanto la citada torre como la basílica al completo junto con el casco antiguo de la
ciudad. En definitiva, la fundamental característica que define al edificio es su plena integración en el enclave que la acoge, la Praza das Praterías de la capital gallega, y la conjunción física y visual entre el interior y el exterior.
El presupuesto aportado por el Consorcio de Santiago para la remodelación ascendió a 5.700.000 euros y el propio Consorcio destaca la importancia de que la cultura no sea vista como costosa sino como una inversión de presente y de futuro.
El nuevo Museo es ya un nuevo referente en la ciudad con grandes posibilidades de potenciar la oferta expositiva y de convertirse en un lugar de encuentro para que la población de Santiago y quienes se acerquen a la ciudad la cultura.
Constituye, pues, un avance significativo tanto en relación con las políticas del patrimonio para las que supone una obra clave, como en relación con el desarrollo social, turístico y consecuentemente económico.
Sin embargo, en relación con su utilización con fines museísticos carece por el momento de un proyecto que defina los objetivos, fondos y actividades que ofertará la nueva sede del Museo das Peregrinacións. En los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014, se señala un importe de 250.000 euros para hacer frente a la elaboración de un proyecto museístico, por el momento sin ejecutar. El Grupo Socialista en el Congreso presentó, en su momento, una enmienda a los PGE 2014 dada
la insuficiencia de fondos asignados a tal fin, requiriendo un importe de 750.000 euros, enmienda rechazada por el partido que sustenta al Gobierno.
Aunque el museo está llamado a ser un referente en materia de estudio y divulgación del Camino de Santiago, de la ciudad de Compostela y del conjunto de Galicia así como un factor esencial en la economía turística y cultural de la ciudad y
de Galicia, a pesar de ello la situación económica en la actualidad impide el óptimo desarrollo de las actividades propias de una entidad de dichas características debido al desinterés por la cultura que reiteradamente se muestra desde la
Administración competente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- La ejecución antes de la finalización del año 2014 de los fondos asignados para la elaboración del Proyecto Museístico del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago.
- El incremento de la cantidad asignada en 500.000 euros para la óptima realización de los fines y objetivos señalados.
- La colaboración con las Administraciones implicadas para llevar a cabo todas cuantas acciones sean necesarias para el apoyo, mantenimiento y conservación del Museo y de las actividades permanentes y esporádicas que en él se desarrollen.
- La transferencia a la Xunta de Galicia del Museo una vez se haya finalizado el Proyecto Museístico del que carece en la actualidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados 23 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Economía y Competitividad
181/002012
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
Pregunta con Respuesta Oral en la Comisión de Economía y Competitividad.
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán.
Texto:
¿Qué tiene previsto hacer el Gobierno antes del día 15 de mayo de 2015, para evitar que al menos 8.000 familias sean desalojadas de las viviendas al quedar sin efecto la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos
especialmente vulnerables previsión recogida en el artículo 1.1., de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, y que establece la suspensión 'de los
lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables'?
Palacio del Congreso de los Diputados 18 de julio de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000300
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1756/2003, interpuesto por 85 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés
Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho, y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1756-2003, interpuesto por 85 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Han
comparecido y presentado alegaciones el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y el Letrado de las Cortes Generales, don Benigno Pendás García, en representación del Senado. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho,
quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1.º Declarar que ha perdido objeto la impugnación del artículo 35.3.2 de la Ley 53/2002, 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden social, en relación vulneración del artículo 31.1 CE.
2.º Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 17 de julio de 2014.