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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 503, de 28/07/2014
cve: BOCG-10-D-503
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de julio de 2014
Núm. 503
ÍNDICE
Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley
DECRETOS-LEYES
130/000056 Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y
tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos. Corrección de errores ... (Página2)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gradual disminución en la producción de energía eléctrica por centrales nucleares ... (Página3)
162/001003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los policías locales ... (Página7)
162/001004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos ... (Página8)
162/001005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la paralización de las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra) que se vienen realizando, y a la apertura de una moratoria que permita la
elaboración de un Informe técnico independiente relativo a la viabilidad y seguridad de las citadas obras ... (Página9)
162/001006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la adaptación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
para la garantía de tutela judicial efectiva de los deudores hipotecarios ... (Página10)
Secretaría General
291/000005 Resolución del Secretario General del Congreso de los Diputados, de 23 de julio de julio de 2014, por la que se aprueban los baremos aplicables a los concursos para la provisión de puestos del personal laboral previstos en la
plantilla orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados ... (Página11)
CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY
DECRETOS-LEYES
130/000056
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(130) Real Decreto-ley.
Autor: Gobierno.
Corrección de errores del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la
distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.
Acuerdo:
Incorporar al expediente de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Advertidos errores en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 495, de 15 de julio de 2014, se subsanan a continuación:
En la página 12, artículo 7, se inserta un nuevo apartado 3, con la siguiente redacción:
'3. La información y el consentimiento deberán efectuarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad.'
En consecuencia, el anterior apartado 3 pasa a ser apartado 4.
En la misma página, el artículo 8, apartado 1, segundo párrafo, se sustituye por el siguiente:
'En el caso de que se trate de menores o personas con capacidad modificada judicialmente, la oposición a la donación podrá hacerse constar por quienes hubieran ostentado en vida de aquellos su representación legal. Tratándose de personas
con discapacidad, deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales del individuo, su capacidad para tomar dicha decisión en concreto y contemplarse la prestación de apoyo para la toma de estas decisiones.'
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
gradual disminución en la producción de energía eléctrica por centrales nucleares, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La energía nuclear no es la energía del futuro: no es ni limpia, ni segura, ni imprescindible, ni barata. Tampoco es la respuesta adecuada ante el desafío del cambio climático. En el caso de España, ni siquiera es una energía 'autóctona':
el uranio que utilizamos como combustible tenemos que importarlo de terceros países, contribuyendo así a nuestro déficit comercial.
El uso de energía nuclear para obtener electricidad es insostenible, en primer lugar, por razones éticas: su utilización 'pacífica' puede contribuir a la fabricación de armas nucleares; y supone, en todo caso, un riesgo especialmente
elevado en países emergentes, con instituciones públicas muy débiles, con dificultades para garantizar la adecuada transparencia, supervisión y control de esta actividad. Cada día que están en funcionamiento, las centrales nucleares aumentan el
volumen de residuos radiactivos generado, que deberá ser almacenado durante siglos bajo estrictas condiciones de seguridad, constituyendo un legado de alto riesgo para las generaciones futuras, que no tienen por qué cargar con las irresponsables
opciones energéticas tomadas en el presente. Asimismo, la construcción de centrales nucleares financiada con inversión pública en determinados países de muy bajo nivel de desarrollo detrae recursos que podrían ser invertidos en mejorar el acceso de
sus ciudadanos a la alimentación, a la educación, a la sanidad...; es decir, dificulta garantizar derechos que los socialistas defendemos en todos los países del mundo.
En segundo lugar, la energía nuclear no puede considerarse 'limpia' -a pesar de las reducidas emisiones de CO2 generadas a lo largo de su extenso ciclo de vida-, ya que genera peligrosos residuos radioactivos de muy difícil gestión, desde la
fase inicial de extracción del uranio, hasta centenares de miles de años posteriores a su utilización. Ninguna forma de contaminación tiene semejante potencial de amenaza -y a tan largo plazo- tanto para los ecosistemas naturales como para la salud
humana.
En tercer lugar, la confianza en la 'seguridad' de las centrales nucleares resulta hoy particularmente cuestionada tras la catástrofe de Fukushima, cuyas consecuencias siguen aún fuera de control, a pesar de las ingentes cantidades de
recursos públicos invertidas para evitar fugas de radioactividad (al aire y al agua), así como para descontaminar el entorno de la central. Fukushima ha puesto de manifiesto la infravaloración de los riesgos asociados a fenómenos externos
-inundaciones, terremotos...- así como
graves deficiencias en la supervisión que debía realizar el organismo regulador, algo impensable en un país democrático y con un alto nivel desarrollo como es Japón. La experiencia de Fukushima ha obligado a revisar al alza los requisitos
de seguridad de las centrales nucleares en todo el mundo, incluidas las condiciones para hacer frente de manera adecuada a una emergencia nuclear, así como a reforzar la independencia, la transparencia y el rigor de los organismos reguladores.
En cuarto lugar, la energía nuclear no resulta en absoluto 'imprescindible', teniendo en cuenta el rápido desarrollo de las energías renovables, con tecnologías cada vez más baratas y con capacidad creciente de generar energía de forma
continuada,-a pesar de la intermitencia natural de sus respectivas fuentes-, así como el amplio margen existente para reducir el consumo de energía tanto en términos absolutos- en los países más desarrollados -, como en términos de PIB. En el caso
de España, ademas, existe un elevado excedente de capacidad de generación eléctrica , asociado a la gran expansión de las centrales de ciclo combinado, que apenas se aprovechan en la actualidad en un 10%; y , asimismo, se ha avanzado bastante poco
en materia de eficiencia energética, en particular en el consumo de electricidad en todo tipo de edificios.
En quinto lugar, la energía nuclear no es 'barata'. De hecho, solo se están construyendo nuevas centrales nucleares en aquellos países cuyos gobiernos garantizan condiciones financieras y de rentabilidad adecuadas para compensar sus
elevados costes iniciales -que se han incrementado significativamente durante los últimos años-; y, por supuesto, en aquellos donde el propio gobierno invierte recursos públicos en dichas centrales por razones geoestratégicas. La energía nuclear
sólo resulta ' barata' una vez que se han amortizado sus costes de capital. Por eso, no es de extrañar que en España, donde desde 1997 existe plena libertad para construir nuevas centrales nucleares, no se haya iniciado ninguna, y, en cambio ,
asistamos a una presión creciente de las empresas del sector para aumentar hasta los sesenta años la actividad de los reactores existentes. A ello contribuye, además, la sobre-retribución garantizada a la energía nuclear en nuestro país por la
regulación vigente, que supone unos 1700 millones de euros anuales de 'beneficios caídos del cielo' para las empresas titulares de las plantas.
En sexto lugar, la energía nuclear tampoco es la respuesta adecuada al desafío del cambio climático, ya que, según el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), el margen temporal para reducir las emisiones
de CO2 (para frenar el calentamiento global) es cada vez más corto- poco más de una década. Esta urgencia resulta incompatible con los tiempos necesarios para que la energía nuclear substituya de forma significativa el uso de los combustibles
fósiles. Así lo contempla la propia Agencia Internacional de la Energía (AIE), que prevé que durante las próximas dos décadas la inversión en nuevas centrales nucleares apenas superará la inversión necesaria para compensar el cierre de las
centrales más antiguas, por lo que aumentará solo ligeramente el porcentaje de la energía nuclear en el consumo mundial de electricidad. En cambio, la AIE considera el ahorro y la eficiencia energética como el vector más importante para reducir las
emisiones de CO2 de forma rápida y a un coste moderado.
Los datos avalan estos argumentos. Tal y como detalla el Informe sobre el estado mundial de la industria nuclear de 2013, las tendencias globales apuntan hacia una disminución del uso de la energía nuclear en el mundo desarrollado. Así,
por ejemplo, Estados Unidos ha renunciado a construir dos reactores en Florida y otros dos en Carolina del Norte. De hecho, en 2013 cuatro compañías de servicios públicos estadounidenses decidieron cerrar cinco reactores de manera permanente (los
primeros cierres en Estados Unidos en 15 años). Y una de las unidades (la Kewaunee, en Wisconsin) fue abandonada después de una gran inversión en mejoras, porque no podía generar energía a precios competitivos. Por las mismas razones, está
programado para este mismo año el cierre de Vermont Yankee, otra planta con licencia para operar hasta 2032.
Igualmente, el principal operador nuclear del mundo (Électricité de France) anunció recientemente su retirada de la energía nuclear en Estados Unidos, después de haber invertido aproximadamente 2.000 millones de dólares en proyectos no
concluidos. De la misma manera, el mayor constructor nuclear del mundo (la compañía francesa estatal AREVA) perdió casi el 90% de su valor accionarial entre 2008 y 2012.
El repliegue de la industria de energía nuclear comenzó hace décadas. Y desde el accidente de Fukushima Daiichi de Japón en 2011 el ritmo de la marcha atrás se ha acelerado. Así, tal y como detallan los expertos en energía Mycle Schneider
y Antony Froggatt, en 2012 la generación nuclear anual a nivel mundial cayó un 7%, superando la caída récord del año anterior del 4% .El porcentaje de electricidad obtenido a partir de la energía nuclear anual se redujo ese año a un 12%, por debajo
de su máximo histórico, alcanzado en 2006.
Es más, de los 66 reactores en construcción en todo el mundo, las dos terceras partes se concentran en tres países (China, India y Rusia). Solo en China hay 28. Y nueve de esos 66 reactores vienen siendo catalogados como 'en construcción'
desde hace más de dos décadas (el reactor Watts Bar 2 en Tennessee ostenta el récord, ya que ha estado 'en construcción' durante 41 años). Otros cuatro proyectos adicionales han estado en marcha durante más de diez años. En total, al menos 23 de
las 66 unidades actualmente en construcción sufrieron demoras de varios años (incluyendo a Europa, como es el caso de la central de Olkiluoto 3, en Finlandia). Como resultado de estos retrasos, sólo tres unidades nuevas comenzaron a operar en 2012
(es decir, la mitad de la cantidad de los reactores que se cerraron). De hecho, las estimaciones de costes de construcción de una central nuclear han aumentado aproximadamente siete veces, y las ganancias han declinado. Los 34 reactores que se
pusieron en funcionamiento en la última década conllevaron un tiempo de construcción medio de casi 10 años, pero aportaron apenas 26 GW -es decir, un tercio de lo que sumaron la energía solar y eólica en un solo año.
Finalmente, es importante subrayar que la edad promedio del parque mundial de reactores nucleares hoy es de 29 años, lo que da una idea del aumento de los costes en seguridad que este envejecimiento conlleva, a los que hay que sumarles las
cuantiosas inversiones de las obligadas mejoras post-Fukushima. sucesivos programas electorales. Y así lo hemos defendido tanto en el Gobierno como en la oposición. El primer Gobierno socialista implementó la 'moratoria nuclear'; el PSOE apoyó
en 2002 el cierre de la central de Zorita, la más antigua de España; y el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó el cierre, en 2013, de la central de Santa María de Garoña, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había
establecido las condiciones de seguridad bajo las que este reactor hubiera podido seguir operando hasta 2019.
Por otro lado, desde la creación del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) en 1984, los sucesivos programas de incentivación de las energías renovables llegaron a convertir a España en un país de referencia en esta
materia, con tecnología propia y con empresas capaces de competir en el mercado internacional. Todavía hoy, a pesar de los cambios regulatorios (dramáticamente consolidados por el actual Gobierno del PP) nuestro país estaría en condiciones de
alcanzar en 2030 un porcentaje del 70% de electricidad producida con energías renovables, sin ninguna aportación de energía nuclear.
Para ello, sería necesario emprender de inmediato una auténtica transición energética, acorde con nuestro compromiso de lucha contra el cambio climático, basada en una profunda reforma del mercado eléctrico. En las conclusiones de la
Conferencia Política del PSOE (2013) se describe en detalle dicha propuesta, que permitiría, además, reducir el déficit de tarifa -consecuencia de numerosos fallos regulatorios-, incentivar la innovación (y con ello moderar los precios de la
electricidad), y reducir la elevada dependencia exterior de España en materia energética.
Esa es la propuesta que los socialistas ofrecemos como base para un amplio acuerdo social, económico y político, que dote de la suficiente seguridad jurídica a la política energética española, garantizando así la inversión necesaria para
impulsar la imprescindible transición por la que ya trabajan los principales países de nuestro entorno. En particular, los gobiernos de Francia y de Alemania han establecido un diálogo de alto nivel sobre transición energética, con dos prioridades
comunes: aumentar significativamente el uso de las energías renovables y reducir la utilización de la energía nuclear (en el caso de Alemania, cerrando gradualmente todas las centrales nucleares en el horizonte de 2022; y en el de Francia,
reduciendo en 2030 del 75% al 50% el porcentaje de electricidad producida con energía nuclear, tal y como han anunciado sus respectivos gobiernos).
España debería incorporarse al diálogo franco-alemán, con objeto, además, de condicionar conjuntamente, en la misma dirección, la Política Energética de la UE, para que se promueva la inversión en energías renovables, así como el desarrollo
de las interconexiones eléctricas entre todos los países miembros, optimizando así el potencial de dichas energías.
El último informe del IPCC no deja lugar a dudas: urgen respuestas radicales por parte de Gobiernos, empresas y ciudadanos, frente el desafío del cambio climático. Los socialistas creemos que ello debe ser compatible con garantizar el
acceso a suficiente energía, limpia y segura, a todos los ciudadanos del planeta, los que viven hoy y los que vivirán en el futuro. La energía nuclear, por las razones antes expuestas, no es la solución efectiva, teniendo en cuenta sus riesgos
potenciales y su creciente coste económico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar de inmediato un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, para elaborar una Estrategia Energética a medio y largo plazo-consistente con la ''Hoja de Ruta de la UE para una economía baja en carbono
en el horizonte 2050'', y con las Directivas europeas vigentes-. La Estrategia estará basada en una profunda reforma del mercado eléctrico que garantice el máximo desarrollo de las energías renovables. Simultáneamente, el Gobierno solicitará
participar en el diálogo franco-alemán sobre transición energética.
Dicha Estrategia Energética supondrá, en todo caso, el cierre de las centrales nucleares a los 40 años, como máximo, del inicio de su funcionamiento, siempre que cumplan hasta ese momento, de forma plenamente satisfactoria, con todos los
requisitos de seguridad establecidos por el CSN, incluidos los que se derivan del apartado siguiente.
2. Requerir al CSN para que impulse la actualización del conocimiento sobre riesgos sísmicos en todos los emplazamientos nucleares -teniendo en cuenta la paleosismicidad y las características de los suelos de cada emplazamiento-, con la
colaboración de todas las instancias públicas pertinentes -Instituto Geológico Minero (IGM), Instituto Geográfico Nacional (ION)...- y de las propias empresas titulares de las instalaciones nucleares (centrales nucleares e instalaciones del ciclo
nuclear). A partir de la finalización de los correspondientes estudios, el CSN exigirá a todas las instalaciones nucleares la implantación de las medidas de seguridad acordes a la redefinición de los respectivos riesgos sísmicos. El CSN deberá,
además, cumplir con las obligaciones de transparencia y de buena comunicación recomendadas tanto por la Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la OCDE, por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y la Comisión Europea.
3. Derogar aquellas disposiciones del Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos -que en su conjunto traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva de 2011/70 del
Consejo Europeo-, pero que, en la práctica, han modificado de forma ad hoc el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radioactivas (RINR) para permitir la renovación de una central (Garoña) que se encuentre en situación de cese definitivo de
explotación, 'por razones diferentes a las de seguridad', evitando así el procedimiento establecido para obtener una nueva autorización de explotación -más exigente que el correspondiente a una renovación de una autorización-, según lo establecido
hasta ahora en el RINR.
4. Mantener, sin ninguna modificación, la condición de cese definitivo de explotación que desde el 6 de julio de 2013 tiene la central nuclear de Santa María de Garoña, exigiendo a la empresa titular que continúe sin ulterior demora el
proceso que debe conducir a la obtención de una autorización de desmantelamiento de la central. El Gobierno desarrollará los compromisos pendientes de incentivación de actividad económica en la comarca afectada por el cierre de la central, para
garantizar la creación de puestos de trabajo alternativos en el horizonte de la clausura definitiva de la central.
5. Garantizar la máxima seguridad en el almacenamiento de residuos radioactivos, tanto en El Cabril como en el previsto almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC). Para ello, el Gobierno exigirá a ENRESA que cumpla
estrictamente con todas las condiciones establecidas por el CSN para completar adecuadamente el conocimiento sobre la caracterización de los suelos donde está prevista la ubicación del ATC, así como con los requisitos que establezca el CSN para
autorizar, en su caso, la construcción del mismo. En dicho supuesto, el CSN deberá supervisar la construcción y posterior funcionamiento del ATC. ENRESA debe, además, cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación
vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2014.-José Segura Clavell, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los Policías Locales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley 40/2007, de Medidas en materia de Seguridad Social, introdujo en la normativa la posibilidad de que la edad de jubilación pueda ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza
especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.
Por su parte, la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, determina que el Gobierno establezca las normas sobre el procedimiento general de aprobación de coeficientes reductores de la edad
de jubilación en los distintos ámbitos.
Cumpliendo estas previsiones, el Real Decreto 1698/2011, regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
En este sentido, parece evidente que la actividad desarrollada por los policías locales cumple los requisitos de ser especialmente peligrosa y arriesgada, como corroboran los estudios llevados a cabo por diferentes Universidades.
Otros países de nuestro entorno (como Alemania, Bélgica, Reino Unido... ) así lo consideran, teniéndolo en cuenta en las condiciones de jubilación. En la mayor parte de los países europeos, los agentes de la Policía Local se jubilan entre
los 55 y los 60 años.
Existen también precedentes similares en nuestro propio país. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modificaron la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, en lo referente a la aplicación de coeficientes
reductores en la edad de jubilación para el Cuerpo de la Ertzaintza (Policía autónoma vasca).Esta modificación legislativa admitía el reconocimiento de la profesión de policía como colectivo especialmente vulnerable.
Por otro lado, desde el punto de vista del equilibrio económico y financiero, la Disposición Adicional segunda de la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, modifica la redacción de la Disposición Adicional cuadragésima
quinta del Real Decreto 1/1994, que fija el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y dispone que 'El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación, que sólo procederá cuando no sea posible la modificación de
las condiciones de trabajo, conllevará los ajustes necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio financiero'.
El propio Partido Popular ha presentado en diversas instituciones iniciativas pidiendo aplicar coeficientes reductores y rebajar la edad de jubilación de los policías locales (como una PNL en la Junta General del Principado de Asturias en
abril de 2013 o una moción en el Ayuntamiento de Palencia en marzo de 2014).
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Reconocer la profesión de Policía Local como profesión de riesgo, poniendo fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta ni la siniestralidad, peligro y toxicidad de las condiciones de trabajo, ni los requisitos
exigidos para el desarrollo de la labor policial.
2.º Incorporar el colectivo de Policías Locales a los grupos profesionales a los que se aplican coeficientes reductores en la edad de jubilación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/001004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos, para su debate en Pleno.
La Cuarta Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994, constituye un hito en las políticas de población y en la agenda de saludo y derechos sexuales y reproductivos. Su Programa de Acción,
firmado por 179 países, se fijó como objetivo lograr el acceso universal a todos los servicios necesarios en salud sexual y reproductiva en los siguientes veinte años.
En 2014 se cumplen los veinte años de la implementación del Programa de Acción. La Asamblea General de la ONU ha decidido prorrogarlo más allá del 2014 y convocar para este año una sesión extraordinaria de la Asamblea General que renueve el
apoyo político necesario para la plena realización de sus metas y objetivos. Asimismo, se dedicará la 47.ª sesión especial de la Comisión de Población y Desarrollo a evaluar el nivel de implementación a partir de 2015. Culminaría así el proceso de
revisión llevado a cabo para identificar tanto los logros obtenidos como los logros obtenidos como los retos que aún persisten para el logro de las metas acordadas en El Cairo en 1994.
Por lo tanto, es esencial que la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2014 contribuya significativamente a la movilización política y a la renovación de compromisos en los ámbitos clave del Programa de Acción de la CIPD.
Si bien es cierto que aún no se han alcanzado muchos de los compromisos asumidos durante la CIPD, dos temas son de especial relevancia: la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes y el derecho al aborto legal
y seguro.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno que ante estos hechos, es fundamental que los gobiernos adopten un enfoque positivo sobre la sexualidad de las y los jóvenes y renueven sus compromisos políticos y financieros para:
1. Asegurar el acceso universal para todas las y los jóvenes, tanto si están dentro del sistema educativo como si no, a una educación sexual completa.
2. Asegurar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva que sean de calidad, adaptados a sus necesidades, no estigmatizantes, asequibles, accesibles y que respeten la confidencialidad, entre ellos la anticoncepción de
urgencia, el aborto seguro, el seguimiento del embarazo, la prevención y el tratamiento de las ETS incluido el VIH.
3. Suprimir todos los obstáculos legales y normativos para el acceso de las y los adolescentes a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva, como el consentimiento obligatorio de los padres y las restricciones a la edad
y al estado civil.
4. Eliminar las diferentes formas de violencia contra las niñas.
5. Adoptar un enfoque más pragmático y no dogmático acerca del aborto y asumir compromisos políticos para:
- Asegurar el acceso a una amplia gama de servicios de calidad, permitiendo que todas las mujeres y adolescentes se beneficien de la atención médica en caso de interrupción voluntaria del embarazo o de complicaciones debidas a un aborto
inseguro.
- Derogar las leyes y reglamentaciones que limitan el pleno ejercicio del derecho al aborto, como la autorización de un tercero (padres, cónyuge,...) o los periodos de reflexión obligatorios.
- Derogar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres y las niñas que se han realizado un aborto ilegal, así como la liberación de las que han sido detenidas, en conformidad con el programa de acción de Beijing (artículo 106k).
- Revisar las leyes y políticas para que las interrupción voluntaria del embarazo sea legal y accesible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/001005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sabino Cuadra Lasarte, Diputado de Amaiur (Grupo Mixto), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley a fin de acordar la paralización
de las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra) que se vienen realizando y la apertura de una moratoria que permita la elaboración de un Informe técnico independiente relativo a la viabilidad y seguridad de las citadas obras, para su
debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado martes 15 de julio, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Ebro -CHE-) ha informado a la comisión y asesores de los vecinos y vecinas afectados por los desalojos producidos como
consecuencia de las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra) que se va a proceder a la expropiación forzosa del total de las ciento tres viviendas que componen las urbanizaciones 'Lasaitasuna' y 'Mirador de Yesa'.
En la misma reunión se informó también de la intención del Ministerio de efectuar una nueva modificación del proyecto de recrecimiento de la presa que ya, con anterioridad, había sufrido otros tres más.
Estas dos noticias -expropiación del total de las viviendas afectadas y nueva modificación del proyecto- constituyen el último episodio de toda una carrera de despropósitos en la que se ha convertido esta controvertida obra, ya que la
materialización de este proyecto ha estado acompañada desde un principio de todo tipo de imprevistos, sobresaltos, alarmas y desinformación institucional que han hecho que el rechazo al mismo por parte de las poblaciones cercanas haya ido creciendo
conforme pasaba el tiempo.
Cuando en febrero de 2013 fueron desalojadas sesenta y tres viviendas por el peligro que se cernía sobre las mismas debido a los grandes desprendimientos de tierra producidos en la ladera derecha del embalse de Yesa, la explicación dada por
la CHE a lo anterior fue que todo aquello se debía a las intensas lluvias caídas en las últimas semanas.
A día de hoy, sin embargo, la CHE ha reconocido expresamente que las obras de recrecimiento del embalse han sido, cuando menos, concausa de aquellos movimientos, admitiendo de esta manera su responsabilidad con respecto a los mismos y a los
daños que se han producido. Se corrobora así la opinión expresada desde un principio por la plataforma 'Yesa + NO, Lanak gelditu!', la Asociación Río Aragón, distintos Ayuntamientos de la Zona y expertos cualificados, en el sentido de que los
deslizamientos de tierra ha sido consecuencia de la propia inestabilidad de las laderas afectadas que no soportan los trabajos que se vienen realizando.
A pesar de lo anterior, la actitud de la CHE ha estado marcada en todo momento por una huida hacia adelante, rechazando la más que necesaria paralización del proyecto a fin de poder estudiarlo de nuevo desde su propio inicio. Han primado
siempre -y a ellos se ha supeditado la CHE- los intereses de los sectores eléctricos y del hormigón que se han impuesto siempre a la sensatez, la racionalidad y la voluntad contraria al proyecto expresada por las poblaciones cercanas al embalse y
sus ayuntamientos.
Consecuencia de lo anterior ha sido la multiplicación del presupuesto inicialmente previsto para este proyecto, que se ha triplicado, sin que las propias obras del recrecimiento de la presa hayan comenzado, pues todo el importe de aquel se
está destinando a la realización de trabajos de desmonte, aseguramiento, estabilización de las laderas...
Dando continuidad a este sinsentido, se anuncia ahora una nueva modificación del proyecto que, aún cuando no ha sido concretada, es más que previsible avance en la misma dirección: más obra, más cemento, más inversión pública.... en
beneficio únicamente de la empresa constructora, sin que ello sirva -como no ha servido en ocasiones anteriores a pesar de que siempre se ha afirmado lo contrario- para garantizar definitivamente la estabilidad de la ladera y la seguridad para las
poblaciones cercanas.
Por todo lo anterior, habida cuenta la sucesión ininterrumpida de problemas de seguridad, imprevistos técnicos y constantes incrementos de presupuesto que están suponiendo las obras de recrecimiento del pantano de Yesa, Amaiur -Grupo Mixto-
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Pleno del Congreso de Diputados y Diputadas acuerda instar al Gobierno a:
1. Paralizar por razones de seguridad e inviabilidad del proyecto las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra) que se vienen realizando.
2. Acordar una moratoria que permita la elaboración de un informe técnico independiente relativo a la viabilidad y seguridad de las citadas obras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2014.-Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
162/001006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adaptación de la LEC a la sentencia del TJUE para la garantía
de tutela judicial efectiva de los deudores hipotecarios, para su debate en el Pleno.
El pasado 17 de julio se hizo pública la sentencia con asunto C-169/14 del TJUE ante la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Castellón en el caso de ejecución hipotecaria del BBVA. La sentencia establece que la
legislación española viola el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos y contradice la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993.
Así, según el TJUE la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios reestructuración de deuda y alquiler social, y Ley de Enjuiciamiento Civil, dejan en inferioridad de condiciones a las personas
afectadas frente a las entidades financieras, ya que los afectados no pueden recurrir ante determinadas resoluciones desfavorables, mientras que las entidades sí pueden hacerlo.
La Ley 1/2013, de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 en materia de ejecución hipotecaria. En el caso de que un
juzgado de lo mercantil de la razón a la persona hipotecada frente a la entidad por la aplicación de cláusula abusiva y se suspenda la ejecución de una hipoteca, el banco puede recurrir. Sin embargo, si el juez sentencia a favor del banco, el
deudor no puede recurrir en segunda instancia para solicitar esa suspensión de la ejecución hipotecaria, e incluso finalmente la razón, perderá su vivienda. Tanto desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, como desde diferentes grupos
parlamentarios como la Izquierda Plural, se criticó la reforma que suponía la ley 1/2013 por no resolver esta situación, entre muchas otras denuncias.
EL TJUE considera que de esta manera la legislación española contradice el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, que establece que 'los estados miembros velarán porque, en interés de los
consumidores y de los competidores profesionales, existan medíos adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en contratos celebrados entre profesionales y consumidores'.
El resultado de esta sentencia es doble. En primer lugar, a partir de ahora el Juez competente puede suspender la ejecución hipotecaria, en base a esta sentencia del TJUE con independencia de lo que diga la legislación española.
En segundo lugar, la aplicación de la doctrina de la sentencia C-169/14 del TJUE supone que el Gobierno deberá proceder a al modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar a los deudores hipotecarios los mismos recursos de
que disponen los acreedores. Cabe recordar que en marzo de 2013 el TJUE ya declaró abusiva la legislación española era 'abusiva', en respuesta a una cuestión
de un juzgado de Barcelona por el caso de un ciudadano de Barcelona desahuciado, cosa que obligó al gobierno a llevar a cabo algunas modificaciones en la citada ley 1/2013, totalmente insuficientes a la vista de la nueva sentencia.
Todo ello se da después de que las malas prácticas bancarias llevaran al colapso del conjunto de la economía, después de un rescate bancario del 8,4% del PIB sin exigir a las entidades financieras ninguna contrapartida, de los que como
mínimo una cuarta parte no se devolverán nunca y en un contexto en el que la banca sigue recibiendo aportaciones millonarias de dinero público.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000, para adaptarla plenamente al cumplimiento de la sentencia con asunto C-169/14 del TJUE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
SECRETARÍA GENERAL
291/000005
RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE 23 DE JULIO DE 2014, POR LA QUE SE APRUEBAN LOS BAREMOS APLICABLES A LOS CONCURSOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL LABORAL PREVISTOS EN LA PLANTILLA ORGÁNICA DE LA
SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, la provisión de plazas de promoción interna se resolverá por el sistema de concurso, con aplicación de los baremos
que se establezcan, previa negociación de los mismos en la Comisión Paritaria de Interpretación, Estudio y Vigilancia del Convenio, según establece el artículo 38, apartado 8, letra h), de este.
Dicha negociación se efectuó en la reunión de la Comisión Paritaria del día 9 de julio de 2014, y resulta ahora oportuno proceder a la publicación de los baremos para general conocimiento.
En su virtud:
1.º Se aprueban los baremos aplicables a los concursos para la provisión de puestos de promoción del personal laboral previstos en la plantilla orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 8 del Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, que figuran como anexo a esta Resolución.
2.º La valoración de los méritos reflejados en los baremos corresponderá al Director de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, con excepción de la adecuación al puesto, que se apreciará
por el Secretario General del Congreso de los Diputados, sobre la base del informe elevado por el Director de la Unidad a la que esté adscrito el puesto que se convoca y el del Director de la Unidad donde preste servicio el contratado laboral que
participe en el concurso convocado al efecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ANEXO
BAREMOS APLICABLES A LOS CONCURSOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL LABORAL PREVISTOS EN LA PLANTILLA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PERSONAL LABORAL DE NUEVO INGRESO
El personal laboral de nuevo ingreso accederá a los puestos básicos vacantes que se le ofrezcan dentro de su categoría, de acuerdo con sus preferencias, teniendo en cuenta el orden de promoción.
Con carácter previo a la adscripción del personal laboral de nuevo ingreso, se ofrecerán las vacantes existentes a los trabajadores de la misma categoría ingresados con anterioridad. Para la resolución de estos concursos previos, se
aplicará como único criterio el de la antigüedad en dicha categoría dentro del Congreso.
2. JEFE DE ÁREA DE DESARROLLO, JEFE DE ÁREA DE SISTEMAS Y JEFE DE ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS
A) Antigüedad: 0 a 15 puntos.
- Antigüedad en la categoría de Analista dentro del Congreso: 1,5 puntos por año.
- Antigüedad en otros puestos, como personal laboral o funcionario, dentro de la Cámara: 1 punto por año.
B) Titulaciones: 0 a 10 puntos.
Titulaciones universitarias del aspirante de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional:
- Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura: 6 puntos.
? Doctorado: 2 puntos.
? Cursos postgrado complementarios: 0,5 puntos.
- Grado: 5 puntos.
? Master universitario: 1 punto
? Doctorado: 2 puntos.
? Cursos postgrado complementarios: 0,5 puntos.
- Diplomatura, Ingeniería Técnica o equivalente: 3 puntos.
C) Experiencia Profesional: 0 a 15 puntos.
a) Fuera del Congreso de los Diputados:
- En tareas similares: 0,5 puntos por año.
b) En el Congreso de los Diputados:
- En tareas idénticas: 1,5 puntos por año.
- En tareas similares: 0,75 puntos por año.
D) Perfeccionamiento: 0 a 8 puntos.
E) Oposiciones o procesos selectivos adicionales: 0 a 1,5 puntos.
- 1 punto por oposición o proceso selectivo de nivel igual o superior al correspondiente a la del acceso a la categoría a la que se adscribe el puesto.
- 0,5 puntos por oposición de nivel inferior al correspondiente a la del acceso a la categoría a la que se adscribe el puesto.
F) Adecuación: 0 a 18 puntos.
3. JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
A) Antigüedad: 0 a 15 puntos.
- Antigüedad en la categoría de Técnico de Prevención, dentro del Congreso: 1,5 puntos por año.
- Antigüedad en otros puestos, como personal laboral o funcionario, dentro de la Cámara: 1 punto por año.
B) Titulaciones: 0 a 10 puntos.
Titulaciones universitarias del aspirante de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional:
- Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura: 6 puntos.
? Doctorado: 2 puntos.
? Cursos postgrado complementarios: 0,5 puntos.
- Grado: 5 puntos.
? Master universitario: 1 punto.
? Doctorado: 2 puntos.
? Cursos postgrado complementarios: 0,5 puntos.
- Diplomatura, Ingeniería Técnica o equivalente: 3 puntos.
C) Experiencia Profesional: 0 a 15 puntos.
a) Fuera del Congreso de los Diputados:
- En tareas similares: 0,5 puntos por año.
b) En el Congreso de los Diputados:
- En tareas idénticas: 1,5 puntos por año.
- En tareas similares: 0,75 puntos por año.
D) Perfeccionamiento: 0 a 8 puntos.
E) Oposiciones o procesos selectivos adicionales: 0 a 1,5 puntos.
- 1 punto por oposición o proceso selectivo de nivel igual o superior al correspondiente a la del acceso a la categoría a la que se adscribe el puesto.
- 0,5 puntos por oposición de nivel inferior al correspondiente a la del acceso a la categoría a la que se adscribe el puesto.
F) Adecuación: 0 a 16 puntos.
4. JEFE DE PROYECTOS
A) Antigüedad: 0 a 15 puntos.
- Antigüedad en la categoría de Analista dentro del Congreso: 1,5 puntos por año.
- Antigüedad en otros puestos, como personal laboral o funcionario, dentro de la Cámara: 1 punto por año.
B) Titulaciones: 0 a 10 puntos.
Titulaciones universitarias del aspirante de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional:
- Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura: 6 puntos.
? Doctorado: 2 puntos.
? Cursos postgrado complementarios: 0,5 puntos.
- Grado: 5 puntos.
? Máster universitario: 1 punto.
? Doctorado: 2 puntos.
? Cursos postgrado complementarios: 0,5 puntos.
- Diplomatura, Ingeniería Técnica o equivalente: 3 puntos.
C) Experiencia Profesional: 0 a 15 puntos.
a) Fuera del Congreso de los Diputados:
- En tareas similares: 0,5 puntos por año.
b) En el Congreso de los Diputados:
- En tareas idénticas: 1,5 puntos por año.
- En tareas similares: 0,75 puntos por año
D) Perfeccionamiento: 0 a 8 puntos.
E) Oposiciones o procesos selectivos adicionales: 0 a 1,5 puntos.
- 1 punto por oposición o proceso selectivo de nivel igual o superior al correspondiente al del acceso a la categoría a la que se adscribe el puesto.
- 0,5 puntos por oposición o proceso selectivo de nivel inferior al correspondiente al del acceso a la categoría a la que se adscribe el puesto.
F) Adecuación: 0 a 16 puntos.
5. JEFE DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS Y JEFE DE ATENCIÓN A USUARIOS
A) Antigüedad: 0 a 15 puntos
- Antigüedad en la categoría de Auxiliar de informática dentro del Congreso: 1,5 puntos por año.
- Antigüedad en otros puestos, como personal laboral o funcionario, dentro de la Cámara: 1 punto por año.
B) Titulaciones: 0 a 10 puntos.
Titulaciones universitarias del aspirante de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional:
- Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura: 6 puntos.
- Grado: 5 puntos.
- Diplomatura, Ingeniería Técnica o equivalente: 3 puntos.
C) Experiencia Profesional: 0 a 15 puntos.
a) Fuera del Congreso de los Diputados:
- En tareas similares: 0,5 puntos por año.
b) En el Congreso de los Diputados:
- En tareas idénticas: 1,5 puntos por año.
- En tareas similares: 0,75 puntos por año.
D) Perfeccionamiento: 0 a 8 puntos.
E) Oposiciones o procesos selectivos adicionales: 0 a 1,5 puntos.
- 1 punto por oposición o proceso selectivo de nivel igual o superior al correspondiente al del acceso a la categoría a la que se adscribe el puesto.
- 0,5 puntos por oposición de nivel inferior al correspondiente al del acceso a la categoría a la que se adscribe el puesto.
F) Adecuación: 0 a 14 puntos.
6 . SUPERVISOR
A) Antigüedad: 0 a 15 puntos.
- Antigüedad en la categoría de Auxiliar de informática dentro del Congreso: 1,5 puntos por año.
- Antigüedad en otros puestos, como personal laboral o funcionario, dentro de la Cámara: 1 punto por año.
B) Titulaciones: 0 a 10 puntos.
Titulaciones universitarias del aspirante de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional:
- Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura: 6 puntos.
- Grado: 5 puntos.
- Diplomatura, Ingeniería Técnica o equivalente: 3 puntos.
C) Experiencia Profesional: 0 a 15 puntos.
a) Fuera del Congreso de los Diputados:
- En tareas similares: 0,5 puntos por año.
b) En el Congreso de los Diputados:
- En tareas idénticas: 1,5 puntos por año.
- En tareas similares: 0,75 puntos por año.
D) Perfeccionamiento: 0 a 8 puntos.
E) Oposiciones o procesos selectivos adicionales: 0 a 1,5 puntos.
- 1 punto por oposición o proceso selectivo de nivel igual o superior al correspondiente al del acceso a la categoría a la que se adscribe el puesto.
- 0,5 puntos por oposición de nivel inferior al correspondiente al del acceso a la categoría a la que se adscribe el puesto.
F) Adecuación: 0 a 12 puntos.
7 . SUBENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
A) Antigüedad: 0 a 15 puntos.
- Antigüedad en la categoría de Oficial de la brigada de mantenimiento dentro del Congreso: 1,5 puntos por año.
- Antigüedad en otros puestos, como personal laboral o funcionario, dentro de la Cámara: 1 punto por año.
B) Experiencia Profesional: 0 a 15 puntos.
a) Fuera del Congreso de los Diputados:
- En tareas similares: 0,5 puntos por año.
b) En el Congreso de los Diputados:
- En tareas idénticas: 1,5 puntos por año.
- En tareas similares: 0,75 puntos por año.
C) Perfeccionamiento: 0 a 8 puntos.
D) Adecuación: 0 a 6 puntos.
CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS BAREMOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL LABORAL PREVISTOS EN LA PLANTILLA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
- Los méritos se entenderán referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
- No se computarán los méritos acreditados fuera de plazo, salvo que se trate de circunstancias respecto de las que la certificación corresponda a alguna de las unidades de cualquiera de las Cámaras o que por la Dirección de Recursos Humanos
y Gobierno Interior se requiera al interesado aclaraciones a los documentos ya aportados dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Antigüedad
- Esta ha de computarse por años completos, despreciándose las fracciones.
- En los casos de haberse prestado servicio en dos o más categorías en el Congreso, la fracción sobrante en la categoría para la que se convoca la plaza se sumará a los servicios prestados en otras categorías dentro de la Cámara.
Titulación
- Para el caso de programas de doctorado realizados de acuerdo con la normativa vigente con anterioridad al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, si se justifican los 32 créditos correspondientes a los dos cursos de doctorado pero no se
acredita haber superado la tesis doctoral podrá computarse la mitad de la puntuación correspondiente al título de doctor. Si sólo se acreditan 16 créditos, podrán computarse la cuarta parte.
- Al margen de los cursos del doctorado, se considerarán cursos de postgrado aquellos para cuyo acceso se requiera con carácter previo haber concluido la licenciatura, grado, ingeniería o título de arquitecto:
? Cada curso anual de postgrado, se calificará con 0,50 puntos.
? Cada curso académico de postgrado de duración igual o superior a un cuatrimestre se calificará con 0,25 puntos.
- Los cursos de postgrado que no puedan computarse en este apartado por haberse alcanzado la puntuación máxima permitida por el Baremo, se podrán valorar en el apartado de Perfeccionamiento.
Experiencia
- Esta ha de computarse por años completos, despreciándose las fracciones.
- Se considerará experiencia en tareas idénticas el desempeño en el Congreso de idéntico puesto. También se considerará experiencia en tareas idénticas el desempeño del mismo puesto con anterioridad a su consideración en la plantilla
orgánica como puesto de promoción.
- Se considerará experiencia en tareas similares en el Congreso el desempeño de un puesto de nivel inmediato inferior dentro de la misma Unidad, con funciones de apoyo al jefe o responsable de la misma. No tendrán esta consideración las
tareas desempeñadas cuando solo algunas de las mismas sean semejantes o parcialmente similares.
- Se entenderán como tareas similares fuera del Congreso aquellas que globalmente consideradas se realicen en un organismo público o empresa pública con funciones semejantes en un puesto equivalente al que se convoca.
- No se considerará suficientemente acreditada la experiencia fuera de las Cámaras con la presentación de certificaciones que no definan de forma detallada las tareas desempeñadas en todos y cada uno de los períodos de servicios
ininterrumpidos prestados por el personal laboral afectado.
- El desempeño de un puesto de trabajo dentro del Congreso que entrañe responsabilidad de mando por tener personal a su cargo, se considerará al menos tarea similar a la de otro puesto de categoría igual o inferior desempeñado en la Cámara
que también conlleve dicha responsabilidad, siempre y cuando esta responsabilidad sea una característica consustancial a dicho puesto.
- Las tareas desempeñadas mientras se pertenece a una categoría inferior a la correspondiente al puesto al que se concursa en ningún caso podrán considerarse idénticas, como máximo podrán considerarse similares.
- Los periodos de experiencia en tareas idénticas que excedan de años completos se podrán acumular a los periodos referidos a tareas similares con el fin de completar periodos anuales de experiencia similar.
Perfeccionamiento
- Se puntúan en este apartado la asistencia a cursos, las conferencias impartidas y las ponencias presentadas.
1. Asistencia a cursos
- Solo cursos relacionados con las funciones del puesto concreto, patrocinados por la Cámara o realizados en centros oficiales u homologados.
- Serán criterios de valoración la relación de los cursos con las funciones del puesto y la duración en horas de los mismos.
- Los cursos relacionados con el puesto se puntuarán con 0,015 puntos por cada hora lectiva, fijándose un máximo de 2 puntos por cada curso.
- Cuando no conste en el certificado o diploma acreditativo del curso el número de horas lectivas se entenderá -en el caso de que sí consten los días- que el mismo ha sido impartido durante dos horas por cada día lectivo. Si tampoco consta
el número de días se computará un día, salvo que conste que se trate de un curso académico relacionado con las funciones del puesto, que se puntuará con 2 puntos en total.
- Para determinar la relación del curso con las funciones del puesto concreto deberá aportarse el programa de las materias del mismo.
- Para los puestos del Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no se computarán los cursos realizados con carácter obligatorio en el desempeño de la categoría a la que se adscribe el puesto. No se computarán los cursos
relativos a aplicaciones ya desaparecidas o en desuso, ni tampoco los de acceso a las bases de datos más generales: Argo y Gelabert.
2. Conferencias impartidas y Ponencias presentadas
- Se computarán solamente las relacionadas con las funciones del puesto concreto, siempre que la actividad no sea consecuencia del desempeño del puesto de trabajo que ocupe en la Cámara.
- Cada Conferencia impartida o Ponencia presentada se calificará con 0,25 puntos, hasta un límite máximo de 1 punto.
Oposiciones o procesos selectivos
- Será requisito indispensable la convocatoria pública en el 'Boletín Oficial del Estado' u otro boletín oficial y nombramiento como funcionario o, en su caso, contrato de carácter indefinido, circunstancias que deberá acreditar
documentalmente el interesado dentro del plazo de presentación de solicitudes.
- A la hora de calificar el nivel -inferior, igual o superior al del puesto al que se concursa- de una oposición o proceso selectivo aducido como mérito, se atenderá a la titulación exigida para participar en los mismos, y por tanto no se
valorará el Cuerpo o Escala al que se haya podido acceder posteriormente (mediante integración, etc.) sin mediar oposición.
Adecuación
- La adecuación al puesto de trabajo se calificará de la siguiente forma:
? Adecuación óptima.
? Muy adecuado.
? Adecuado.
? Adecuación regular.
? No adecuado.
Los concursantes calificados como no adecuados no podrán ganar la plaza convocada. En el caso de que la totalidad de los concursantes tengan dicha calificación se declarará desierta la convocatoria del concurso correspondiente. En este
último caso deberá ser oído el Comité de empresa.