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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 498, de 18/07/2014
cve: BOCG-10-D-498
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de julio de 2014
Núm. 498
ÍNDICE
Página
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000993 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las prospecciones de hidrocarburos en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura ... (Página2)
162/000994 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de aprobación de un Plan urgente de actuación para la zona de Baztán-Bidasoa (Navarra) afectada por las inundaciones producidas durante los
primeros días del mes de julio del año 2014 ... (Página3)
162/000995 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ejercicio del derecho de huelga ... (Página4)
162/000996 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para regular una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía ... (Página5)
162/000997 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (Convergència i Unió), relativa a la privatización de AENA ... (Página7)
162/000998 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para mejorar las políticas de actuación en el ámbito de la inmigración irregular ... (Página8)
162/000999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la defensa del servicio público de Correos ... (Página11)
162/001000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la adopción de medidas necesarias para despenalizar los derivados del cannabis ... (Página12)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre las prospecciones de hidrocarburos en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
A pesar del clamor de la sociedad canaria y sus instituciones contra las prospecciones de hidrocarburos en sus costas, el pasado 29 de mayo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó la Declaración de Impacto
Ambiental correspondiente a la autorización que el Ministerio de Industria, Turismo y Energía tramita en favor de Repsol, con relación a su solicitud de prospectar frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
Veinticuatro horas después de la citada aprobación, el mismo ministerio desbloqueaba la tramitación del Lugar de Interés Comunitario (LIC) denominado como Espacio marino de Sur y Oriente de Fuerteventura y Lanzarote.
La propuesta de declarar como LIC las aguas situadas al oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura surge del programa científico LIFE+INDEMARES Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado español, cofinanciado
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Unión Europea.
Este proyecto ha estado coordinado por la Fundación Biodiversidad y en él han participado instituciones de primer orden en el ámbito de la gestión, la investigación y la conservación del medio marino, tales como el propio Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Instituto Español de Oceanografía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ALNITAK, la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, OCEANA, la Sociedad para el Estudio de los
Cetáceos en el Archipiélago Canario, SEO/BirdLife y WWF España.
En base a las conclusiones de INDEMARES, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha propuesto la inclusión de diferentes espacios en la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria.
Así, a finales de 2013 se sometieron a información pública las siguientes áreas: Sistema de cañones submarinos occidentales del golfo de León, Canal de Menorca, Volcanes de fango del golfo de Cádiz y Banco de Galicia.
Ya en marzo de 2014, el Ministerio sometió a información pública la inclusión de las áreas conocidas como Sistema de cañones submarinos de Avilés, sur de Almería-Seco de los Olivos, Espacio marino de Alborán, Espacio marino de Illes
Columbretes, Banco de la Concepción (al noreste de Lanzarote).
Quedaba sin tramitar, hasta el pasado 31 de mayo, la declaración del LIC que afectaría a la zona denominada Espacio marino de Sur y Oriente de Fuerteventura y Lanzarote, íntimamente relacionado con la zona en la que se pretende autorizar por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Energía las prospecciones de Repsol.
El retraso en la declaración del LIC, situado en el sur y oriente de Fuerteventura y Lanzarote, ha tenido como consecuencia inmediata que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en el seno de la autorización para las prospecciones
solicitada por Repsol se haya realizado obviando la necesidad de determinar la más que probable afección de las pretendidas prospecciones a los valores a proteger en el LIC.
Tal circunstancia adquiere el carácter de inexplicable cuando se pone de manifiesto que la dirección política responsable de la declaración del LIC y de la Declaración de Impacto Ambiental es la misma, por lo que la única explicación a este
cronograma, más que ser fruto de la descoordinación, es que responde a una voluntad predeterminada del Gobierno, como estratagema orientada a facilitar la Declaración de Impacto Ambiental.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no autorizar la realización de prospecciones de hidrocarburos en Canarias que cuentan con el frontal rechazo de las instituciones y la sociedad canaria y específicamente a:
1. Revocar la Declaración de Impacto Ambiental favorable a las prospecciones pretendidas por Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
2. Suspender la tramitación de cualquier otra Declaración de Impacto Ambiental referida a las citadas prospecciones hasta la culminación del expediente de inclusión del Espacio marino de Sur y Oriente de Fuerteventura y Lanzarote en la
Lista de Lugares de Interés Comunitario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2014.-Sebastián Franquis Vera, Pilar Grande Pesquero, Patricia Hernández Gutiérrez y José Segura Clavell, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
162/000994
A la Mesa del Congreso de los Diputados y Diputadas
Don Sabino Cuadra Lasarte, diputado de Amaiur (Grupo Mixto), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de
aprobación de un plan urgente de actuación para la zona de Baztán-Bidasoa (Nafarroa) afectada por las inundaciones producidas durante los primeros días del mes de julio del presente año, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las intensas lluvias habidas en la zona de Baztán-Bidasoa (Nafarroa) durante la pasada semana (días 1 al 5 de julio), que tuvieron su culminación el jueves 4 con una fortísima 'gota fría' que afectó especialmente a la zona de Baztán, han
producido numerosos e importantes daños tanto en propiedades familiares, negocios y empresas particulares, como en bienes públicos de todo tipo.
Las citadas lluvias, no conocidas en intensidad desde hace exactamente ciento un años en que se registraron unas inundaciones parecidas, han supuesto que numerosas viviendas, explotaciones agrarias, negocios de todo tipo (tiendas,
establecimientos hosteleros, locales de negocio...) hayan resultado gravemente afectadas. Los daños también han afectado a distintas infraestructuras, mobiliario urbano
(calles, aceras arrastradas por el agua, instalaciones deportivas...), así como a diversos servicios municipales (biblioteca y centro de salud de Elizondo...), etc.
Los daños anteriores han trastocado seriamente la vida municipal en distintas localidades de la zona (Elizondo, Erratzu, Doneztebe...), tanto desde un punto de vista estrictamente económico como también social. Ello exige la actuación
conjunta y solidaria de las distintas Administraciones públicas implicadas a fin de hacer frente de la manera más urgente posible a los distintos y graves problemas resultantes de las inundaciones padecidas.
Es preciso señalar a estos efectos que desde un primer momento los ayuntamientos de la zona ya han iniciado las gestiones necesarias para intentar obtener las ayudas necesarias a fin de paliar los daños producidos y recuperar en el más breve
plazo posible la normalidad de la vida económica, comercial y social de la zona. En esta misma dirección, el propio Gobierno de Navarra ha iniciado ya los trámites pertinentes a fin de obtener la declaración de zona catastrófica para las
localidades afectadas.
Habida cuenta todo lo anterior, Amaiur (Grupo Mixto) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Pleno del Congreso de Diputados y Diputadas acuerda instar al Gobierno a:
1. En el marco de las distintas y complementarias competencias correspondientes a la Administración central y Foral de Nafarroa, elaborar en el plazo de tiempo más breve posible una valoración pormenorizada de los daños producidos en la
zona de Baztán-Bidasoa por las intensas lluvias e inundaciones habidas durante los días 1 al 5 de julio de 2014.
2. Aprobar mediante el oportuno Decreto-ley un plan integral de ayudas económicas y sociales destinado a las localidades y actividades que en su momento sean determinadas como zona catastrófica, reparándose así los daños producidos y
favoreciendo la recuperación económica y la normalidad social en la zona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2014.-Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
ejercicio del derecho de huelga, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Nuestro constituyente definió el modelo de Estado español como social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político.
Justificado en la necesidad de equilibrar la desigual estructura en el ámbito laboral, el desarrollo posterior del artículo 37 de la Constitución se llevó a cabo en relación al derecho a la negociación colectiva y a la adopción de las
medidas de conflicto colectivo, así como el desarrollo jurisprudencial, además del desarrollo de la libertad de sindicación, estableciendo un sistema de relaciones laborales más democráticas para corregir la asimetría de las relaciones laborales
preexistentes a 1978.
Con la crisis como oportunidad desde la llegada al Gobierno del Partido Popular, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del
desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno.
Si el inicio fue atacar el frente de los trabajadores mediante una reforma laboral que devaluaba o directamente eliminaba sus derechos y que prácticamente excluía la negociación colectiva, ello no ha parecido suficiente y han continuado con
un ataque directo a todas las medidas que exterioricen el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la ley de seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo y trabajando en el medio plazo, para desplegar un
entramado de leyes que
asfixien la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales hacia las políticas del Gobierno.
Las afirmaciones realizadas quedan de manifiesto al considerar los incrementos en las sanciones por el ejercicio del derecho de manifestación, y lo que es mucho más grave, el incremento de las condenas a pena privativa de libertad utilizando
a la Fiscalía.
Y así podemos observar que los atestados o informes que redactan las fuerzas de seguridad o los escritos de acusación de la Fiscalía presentan sospechosas notas en común como la consideración de todas las actuaciones como 'preconcertadas'
elemento esencial para que sea de aplicación la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, sobre la más atenuada de coacciones genéricas, aunque en la mayoría de los casos los hechos no puedan ser
entendidos como violentos o coactivos y, en consecuencia, como un riesgo cierto para la integridad de las personas o de los bienes o instalaciones donde se desarrollan.
Con esta aplicación de la ley se estaría tratando de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical.
Todas estas actuaciones no se ajustan ni a las previsiones de nuestro sistema constitucional ni a las obligaciones que tiene España como signataria de los distintos textos nacidos en la Organización Internacional del Trabajo.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar que el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores, consagrado constitucionalmente, no sea vaciado de contenido por mor de la actuación concertada del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia a través de las
fuerzas y cuerpos de seguridad y del Ministerio Fiscal, privando a los trabajadores de un instrumento legítimo y necesario en defensa de sus intereses.
2. Paralizar las reformas llevadas a cabo por el Gobierno, tanto en el ámbito penal, administrativo y laboral, orientadas a la criminalización de las organizaciones sindicales y a la desarticulación de la negociación colectiva,
desconociendo con ello la función que la propia Constitución les atribuye de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
3. Interesar de la Fiscalía General del Estado una actuación decidida e inequívoca en defensa del ejercicio del derecho de huelga y ajustada a la interpretación que de dicho derecho ha hecho el Tribunal Constitucional evitando la situación
actual que evidencia que la Fiscalía mantiene posiciones claramente restrictivas del ejercicio de tal derecho, incluso pidiendo la aplicación sistemática del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal.
4. Proceder a la derogación del artículo 315.3 del Código Penal en la reforma que del mismo está en tramitación actualmente en la Cámara.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2014.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para regular una prestación económica de renta mínima garantizada de
ciudadanía, para su debate en el Pleno de la Cámara.
La Constitución Española, en su artículo 41, establece que 'los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad'.
Por su parte, la Comisión Europea, en el marco de la Estrategia Europea 2020, se plantea el objetivo de reducir el número de personas en situación de pobreza y exclusión social, y para ello insta a los
Estados miembros a trabajar para mejorar el acceso al trabajo, a la seguridad social y a los servicios sociales básicos. En el mismo sentido, el Comité Económico y Social Europeo ha emitido un Dictamen para reclamar un plan de rescate
social para poder hacer efectiva la Estrategia Europea 2020.
La grave crisis económica que sufre España ha provocado el incremento del número de personas que se encuentran por debajo del umbral de pobreza y en riesgo de exclusión social; de hecho, el descenso estadístico del número de personas que
están en situación de desempleo va acompañado del incremento del número de personas que han dejado de percibir las prestaciones por desempleo.
Actualmente, de las 5.933.300 personas que la Encuesta de Población Activa considera se encuentran en situación de desempleo, hay inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo 4.449.701. Esta
situación afecta especialmente a las mujeres que siendo el 46% de la población activa, suponen el 53% de las personas desempleadas.
La tasa de cobertura de las prestaciones del desempleo en junio 2014 calculada sobre las personas demandantes de empleo ha descendido hasta el 57,7%, con solo 2.487.956 personas que perciben alguna prestación. Y de estas solo 1.008.196
personas, o sea, el 42,7% son beneficiarias de la prestación contributiva, siendo el resto, o sea, el 59,5% beneficiarios de alguna modalidad asistencial (subsidio, renta activa de inserción o subsidio de eventuales agrarios). Eso significa que hay
2.126.186 personas demandantes de empleo que no perciben prestación alguna.
Las reformas del marco legal de protección del desempleo han incidido de manera directa en la caída de la protección. Tanto en relación a las prestaciones contributivas como las asistenciales. También en programas como el Prepara que a
partir de la última reforma legal, acordada por el Real Decreto-ley 1/2013, han sufrido una significativa reducción de su nivel de cobertura.
Esta es sin duda una de las causas, aunque no la única, del aumento de la pobreza en España, que según datos armonizados de Eurostat asciende al 28% del conjunto de la población. Y si atendemos a la situación de pobreza extrema también se
ha producido un incremento insostenible desde un punto de vista social y humano. Además, la pobreza e incluso la pobreza extrema esta alcanzado a sectores sociales que hasta hace muy poco estaban en situación de seguridad. De manera que hoy los
colectivos en los que más está creciendo la pobreza son el de parejas con hijos a cargo y familias monoparentales, fundamentalmente mujeres.
Estamos ante una evidente cronificación de la pobreza y de la exclusión social y los poderes públicos tienen la obligación y el mandato constitucional de garantizar, de manera real y efectiva, unas prestaciones suficientes ante la situación
de necesidad en la que vive una parte muy importante de ciudadanos y ciudadanas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo máximo de tres meses un Proyecto de Ley para regular una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía con las siguientes características:
1. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía es una prestación no contributiva del sistema público de la Seguridad Social que tiene por objeto hacer frente al estado de necesidad en que se encuentren los ciudadanos.
2. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía tiene por finalidad armonizar en todo el Estado el acceso a una misma prestación para hacer frente al estado de necesidad de los ciudadanos.
3. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía es un derecho subjetivo de los ciudadanos que se encuentren en estado de necesidad, al que se accederá si se cumplen los requisitos predeterminados por la ley, y sin que
esté sujeto a disponibilidades de carácter presupuestario.
a) Tendrán derecho todos los ciudadanos mayores de dieciocho años y los menores emancipados.
b) Que vivan legalmente en España.
c) Que carezcan de rendas, por cualquier origen, superiores a la cuantía del IPREM.
4. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía es un derecho de carácter individual, que se modulará, en cuanto al requisito de la carencia de rentas y a la cuantía económica
básica de la prestación económica, en función de las diferentes situaciones, ya sean personas que vivan solas o en núcleos familiares o de convivencia.
5. La cuantía económica que conforma el límite de carencia de rentas, como requisito de acceso al derecho, conformará también la cuantía básica de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía.
6. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía tiene un carácter suplementario de cualquier tipo de rentas que pueda percibir el ciudadano, por cualquier origen.
7. El derecho a la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía comportará también el derecho del beneficiario a acceder a programas de inserción profesional, laboral o social en función de las características de cada
persona.
8. La persona beneficiaria de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía no podrá rechazar, durante la percepción de la prestación, una oferta de trabajo adecuada. Se regularán los supuestos en que el beneficiario de
la renta mínima garantizada de ciudadanía podrá percibir ingresos derivados del trabajo, sin por ello perder el derecho a la prestación. Y las condiciones de esta compatibilidad parcial y temporal.
9. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
10. El reconocimiento y gestión de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía corresponderá a las Comunidades Autónomas, en colaboración con los servicios sociales básicos de las administraciones locales, en los
términos fijados por la ley.
11. La regulación de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía se realiza sin perjuicio de la competencia de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de la asistencia social, para establecer prestaciones económicas de
naturaleza complementaria y para atender a la misma finalidad.
12. El establecimiento de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía, como prestación no contributiva del sistema público de la Seguridad Social, comportará la supresión de las prestaciones o ayudas de carácter
económico, a cargo de la Administración General del Estado, existentes con la misma finalidad, sin perjuicio de las previsiones de carácter transitorio que deban establecerse.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2014.-Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural.
162/000997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (CiU), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la privatización de AENA,
para su debate en Pleno.
El Gobierno ha anunciado la decisión adoptada de llevar a cabo un proceso para la entrada de capital privado en Aena Aeropuertos, S.A.
Según se anunció en conferencia de prensa por la Ministra de Fomento, tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado 13 de junio de 2014, el Gobierno se propone aprobar un texto legal para la creación de un marco regulatorio,
que denomina 'DORA' para establecer cada cinco años los niveles de calidad del servicio, los estándares de capacidad de los aeropuertos, las condiciones mínimas del servicio y de las inversiones y el marco tarifario. La base jurídica de la
operación la centra el Gobierno en el Real Decreto 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Según la presentación del proyecto se pretende la privatización del 49% del capital de Aena Aeropuertos, S.A., estructurándolo entre un 28% que se colocará en Bolsa a través de una OPV y un 21 Vo que se licitará para obtener un núcleo
estable de accionistas seleccionados mediante publicidad y concurrencia, situando el hito final de la operación en noviembre de 2014.
El modelo de gestión aeroportuaria por el que opta el Gobierno tiene por base dos posicionamientos políticos de gravedad e irreversibles si se consuma el proyecto, con los que quiebra las legítimas aspiraciones de los grupos que suscriben
esta Proposición no de Ley y los más contrastados y eficientes sistemas de gestión aeroportuaria.
Los Estatutos de Autonomía de nuestras respectivas Comunidades asumen la gestión de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa. En los términos de finales de los setenta, cuando eran redactados y
pactados, nadie podría imaginar que, recurriendo a disculpas de índole administrativa en la definición de cuándo una sociedad mercantil se mantiene en el sector público, se vetaría la competencia autonómica de gestión aeroportuaria en un escenario
en el que el 49% del capital de la sociedad gestora es privado.
En los términos del pacto estatutario la única alternativa a la gestión integral de los aeropuertos por el Estado era la gestión autonómica de los mismos, no su privatización. Esa fue la base del pacto de convivencia constitucional y
estatutario que con este proyecto se está rompiendo en el continuo desvalor de los Estatutos de Autonomía que constituye la seña de identidad de la política territorial de este Gobierno.
En segundo lugar, el proyecto quiebra toda opción a la gestión individualizada de los aeropuertos. El Gobierno dice basarse legalmente en el citado Real Decreto-ley 13/2010, pero oculta que su propio preámbulo, epígrafe V, subrayaba como
propósito normativo abrir vías para la 'gestión individualizada' de los aeropuertos a través de la creación de filiales o del otorgamiento de concesiones de gestión. Vías en las que cabría aunar ambos propósitos de eficiencia y participación
autonómica.
Esa gestión individualizada por aeropuerto es un modelo común en Europa donde no existe el planteamiento monopolístico que mantiene el Estado encubriéndose en un interés general, que en la realidad abandona en favor del interés del inversor
privado. El modelo elegido acabará teniendo problemas en materia de defensa de la competencia, de profundas repercusiones para el futuro del servicio aeroportuario.
Es por todo ello que, entendiendo que el Gobierno opta por dejar otro apartado esencial de nuestros Estatutos de Autonomía vacío de contenido y por un sistema contrario a la gestión individualizada de los aeropuertos, que está en el
fundamento de la norma en que la operación se ampara legalmente y en la práctica más consolidada europea,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suspender la operación de privatización de AENA AEROPUERTOS y diseñada mediante el desarrollo del Real Decreto-ley 13/2010 y la creación de un marco regulatorio que posibilite de manera real y efectiva la integración de las Comunidades
Autónomas de Euskadi y Catalunya en el sistema de gestión aeroportuaria resultante, concibiendo este en base al principio de gestión individualizada por aeropuerto.
2. Presentar el proyecto de privatización de Aena Aeropuertos, ante las autoridades europeas de competencia, con carácter previo a su ejecución, con el fin de evitar que este proyecto vulnere la legislación europea sobre competencia, a
causa del monopolio que tendría Aena Aeropuertos sobre el control de la práctica totalidad del sistema aeroportuario español. Una sentencia europea que declare el modelo centralizado y monopolístico de AENA AEROPUERTOS, como contrario a las normas
de la competencia comportaría un enorme coste presupuestario público que, en su caso, revertirá sobre los impuestos que pagamos los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para mejorar las políticas de actuación en el ámbito de la inmigración irregular, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La inmigración y la emigración son procesos complementarios y coordinados, por los que se producen pautas migratorias globales que vinculan los países de origen y los receptores, aumentando la diversidad étnica y cultural de muchas
sociedades y configurando dinámicas de carácter demográfico, económico y social. La intensificación de este fenómeno ha supuesto que la inmigración se haya convertido en un importante problema político para numerosos Estados de nuestro entorno, así
como para España.
De los tradicionales modelos de inmigración, que según la sociología pueden definirle como el modelo clásico de naciones de inmigrantes -como Canadá, Estados Unidos o Australia-, el modelo colonial -de países como Francia o Reino Unido-, el
modelo del trabajador invitado -de países como Suiza, Bélgica o Alemania- y finalmente el modelo de inmigración irregular, caracterizado por la entrada de forma clandestina o utilizando un estatus jurídico de 'no inmigrante', España debe hacer
frente sobre todo al último modelo.
Sin embargo, no podemos olvidar que las fronteras de España con el continente africano, son las fronteras de la Unión Europea y que la emigración hacia la Unión Europea, procedente de países que no pertenecen a dicha Unión, se ha convertido
en uno de los asuntos más acuciantes de la agenda política de varios Estados europeos como pueden ser Italia, Grecia o Malta.
En la actualidad, una parte importante de la inmigración irregular que se ha detectado en los Estados miembros de la Unión Europea viene derivada de los procesos de reunificación familiar, así como de las entradas legales mediante visados de
estudios, trabajo o turismo, pero que caducan sin que la persona en cuestión abandone el territorio nacional. Sin embargo, los conflictos bélicos del África subsahariana y Oriente Medio, así como la situación de pobreza extrema existente en otros
tantos países de nuestro entorno, hacen que la presión migratoria que soportan los Estados limítrofes de la Unión Europea, sobre todo con el continente africano, posea una etiología diferente.
La inmigración irregular que soporta España, en el actual marco de globalización, no puede considerarse un problema de índole estrictamente nacional. Debemos enfocar este fenómeno en un ámbito estrictamente europeo. El International Centre
for Migration Policy Development estima que, al menos, 400.000 personas entran de manera irregular mediante las fronteras de España, Italia, Grecia y Malta al territorio comunitario. La European Union Agency for Fundamental Rights, en su informe de
2013 titulado 'Derechos fundamentales en las fronteras marítimas del Sur de Europa' confirma estas preocupantes cifras.
A medida que se han ido eliminando fronteras interiores en el proceso de integración europeo, a través de la desaparición de los controles internos en cumplimiento del Acuerdo de Schengen, también se ha producido un enorme impacto en la
emigración ilegal que se dirige a la UE y en la delincuencia internacional que se sustenta de la inmigración irregular. La conclusión es que los inmigrantes sin documentación que consiguen entrar de manera irregular en un país firmante del acuerdo
de Schengen, también consiguen moverse libremente por todos los demás de la zona incluida en el acuerdo, aunque con ciertas limitaciones derivadas de los controles de identidad fronterizos todavía existentes.
Debemos tener en cuenta que el fenómeno de la inmigración irregular no solo supone un reto político, sino también un drama humano. Es difícil calcular el número de personas que mueren en el intento de alcanzar las costas de los Estados
miembros de la Unión Europea. Un estudio publicado recientemente por ACNUR señala que cerca de 2.000 personas mueren anualmente ahogadas intentando cruzar el Mediterráneo. Teniendo lugar la mayor parte de las muertes en las costas del norte de
África.
Sin embargo, los peligros y situaciones críticas que padecen las personas que se atreven a intentar entrar de manera irregular en el territorio comunitario no se ciñen únicamente al tránsito marítimo. Las situaciones de explotación y
hacinamiento a las que se ven abocadas estas personas en los países de tránsito, donde en la mayoría de las ocasiones no existen unas garantías ni derechos mínimos para estas personas, se complementan con las situaciones de sobrepoblación y
desamparo que pueden sufrir en su reclusión en los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) o Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar a la Comisión Europea que en el ámbito de sus competencias en fronteras exteriores la implementación de las siguientes medidas:
a. Solicitar e instar la modificación del Reglamento FRONTEX para favorecer la eficiencia de dicha agencia, y especialmente respecto a la capacidad de ésta para prestar ayuda a los Estados miembros que sufran una presión específica y
desproporcionada, a través de una asistencia técnica y operativa en sus fronteras exteriores y la organización de operaciones de retorno conjuntas de los Estados miembros su potencialidad para formalizar acuerdos con terceros Estados y desarrollo y
aplicación de la Decisión 2010/252 que permite la vigilancia de fronteras marítimas exteriores.
b. Establecer un marco global de colaboración con las organizaciones internacionales y las ONGs humanitarias con el fin de prestar asistencia médica y otras ayudas de emergencia lo antes posible al llegar a tierra con el fin de garantizar
una identificación temprana de las necesidades de tratamiento médico urgente e incluso prevenir, en el ámbito de la salud pública, cualquier tipo de enfermedad que pudiera suponer un potencial riesgo para la salud pública y su seguimiento.
2. Instar a la Comisión Europea a redoblar los esfuerzos encaminados a hacer eficaz la protección en los países de tránsito en colaboración con ACNUR y los organismos competentes de las Naciones Unidas, mediante el fomento del estado de
Derecho y la protección frente al abuso y la explotación, así como proporcionar recursos para la gestión de fronteras a terceros países vecinos.
3. Potenciar los planes operativos de operaciones conjuntas en las fronteras con terceros países, actualizar las instrucciones y formación impartidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad participantes y dotarles de los recursos humanos y
materiales proporcionales y coherentes a la dimensión de las necesidades variables, arbitrando los procesos de reacción adecuados para ello teniendo presente que la responsabilidad y el control de las fronteras exteriores corresponde a los Estados
miembros,
4. Actualizar el Acuerdo entre el Reino de España y de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid, el 13 de febrero de 1992, mediante la creación de un
sistema eficaz y ágil que permita los retornos, la obtención e intercambio de información dentro del marco jurídico aplicable, así como otras medidas preventivas eficaces en el ámbito de la gestión de fronteras y la inmigración ilegal, desarrollando
especialmente las medidas de readmisión en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115/CE.
5. Establecer las medidas reales, eficaces y oportunas para velar porque los Centros de Internamiento de extranjeros (CIE) y los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), además de cumplir con los criterios sobre derechos humanos
y los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, cuenten con la equipación necesaria para ofrecer una atención y protección adecuadas a los menores no acompañados, personas con necesidades específicas, incluso
mediante la firma de convenios o acuerdos de cooperación con las entidades del tercer sector que sean necesarias, siendo auditados por organismos independientes y estableciendo los mecanismos pertinentes para la detección de los supervivientes de
torturas, las víctimas de la trata de seres humanos, los solicitantes de asilo o refugio y cualesquiera otros que deban de ser objeto de traslado a centros especiales.
6. Analizar la posible modificación de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, para garantizar que los trabajadores públicos, así como trabajadores del ámbito privado que desempeñen sus funciones en los
CIE y CETI, que estén en contacto con inmigrantes estén instruido para la remisión de solicitudes de asilo, mayor facilidad de presentación de estas solicitudes, aun con las garantías adecuadas y protocolarizar el modo de determinación del derecho
de una persona a solicitar protección internacional, así como la agilización de los trámites para su resolución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa del servicio público de Correos, para su debate en el
Pleno.
En un contexto como el actual, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica de España asumiendo y prestando un servicio público a la ciudadanía,
empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica.
Los datos así lo ponen de manifiesto: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas, de las cuales más del 99% son pequeñas y medianas, un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros
rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros recorridos diarios.
Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla mecanismos de financiación para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio público que solo es atendido en amplias zonas por la empresa Correos
y que, de no ser así, desaparecería al no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación por parte del sector privado.
No obstante lo anterior, se observa con preocupación el sistemático asedio al servicio postal público por parte de algunos grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la paquetería.
Asedio empresarial, mediático y jurídico que podría afectar a millones de ciudadanos, así como al correcto funcionamiento de la Administración.
Hemos tenido conocimiento de la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal Universal desde 1998. Mayor preocupación que los
contenidos de la propia demanda supone, si cabe, la nula actuación del Gobierno en una cuestión que afecta no ya a Correos, sino al propio papel del Estado como responsable de garantizar la prestación del servicio postal público.
El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, de Fomento y SEPI), está sufriendo el operador, conlleva un coste social muy alto a
nivel general (8.000 puestos de trabajo suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas). Y sobre todo, puede afectar a medio plazo a la
futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de sus casi 55.000 de trabajadores.
A fecha de hoy la paz social con los representantes de los trabajadores y trabajadoras está a punto de romperse como lo demuestra el bloqueo del Convenio Colectivo tras seis meses de negociación sin avance alguno o las distintas
movilizaciones y paros que empiezan a surgir en diversas provincias, y esto puede impedir el desarrollo del Plan de Acción de Correos, esto es, del plan de desarrollo empresarial.
Así las cosas, de no darse un posicionamiento del Gobierno en este sentido consideramos que, además de realizar una clara dejación de responsabilidades, se podría poner en peligro la figura del cartero y de los servicios postales a la
ciudadanía y, tal y como han anunciado las organizaciones sindicales, provocar un claro riesgo de conflictividad laboral y social.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Definir una posición que exprese sin ambigüedad la defensa del servicio postal público y su compromiso con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público, cesando cuanto antes las disputas de intereses y posiciones
encontradas entre ministerios.
2. Garantizar los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales al conjunto de la sociedad expresados y aprobados en sede parlamentaria.
3. Impulsar una regulación del mercado que no recorte el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y que cierre espacios a los intereses mercantiles de las multinacionales y lobbies financieros que solo buscan beneficio y
rentabilidad a corto plazo a cuenta de los derechos de la ciudadanía.
4. Asegurar que los ciudadanos y ciudadanas reciben el reparto de correspondencia cinco días a la semana, tal y como mandata la Directiva Postal Europea.
5. Desbloquear las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la transición de la carta, hoy en clara caída por el efecto sustitución, hacia nuevos mercados, sobre todo de paquetería.
6. Desbloquear las decisiones ministeriales que impiden la consecución de un acuerdo laboral, hoy inexistente, del que dependerá no solo el empleo y las condiciones de trabajo de 55.000 trabajadores, sino también la paz social y la
estabilidad en la gestión del operador público Correos.
7. Garantizar el 100% de participación pública en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural.
162/001000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la adopción de medidas necesarias para despenalizar los derivados del cannabis, para su debate en Pleno.
La despenalización del consumo de drogas, particularmente de los derivados del cannabis o marihuana, es un debate recurrente en las sociedades democráticas. Con el paso de los años ha crecido el consenso, basado en muchas experiencias
históricas, en que la legislación prohibicionista acaba favoreciendo no al consumidor, al que se pretende proteger mediante la persecución legal del consumo de ciertas sustancias tóxicas, sino a los narcotraficantes ilegales y al mundo de la
delincuencia organizada montado en torno a ese tráfico.
Por otra parte, la inseguridad política respecto al modo mejor de proceder contra este consumo ha generado en España, como en otros países democráticos, inseguridad jurídica sobre las conductas y tipologías ilegales de consumo, producción y
comercio del cannabis y sus derivados.
La distinción entre cultivo y propiedad para un 'autoconsumo' despenalizado o para el tráfico a pequeña escala, o entre el tráfico ilícito y el cultivo y elaboración para el consumo tolerado, resulta demasiado ambigua e imprecisa. El marco
legal vigente ignora la realidad social, tolerada, de círculos de cultivadores y consumidores habituales de estas sustancias organizados en clubs y asociaciones, sociedades y publicaciones periódicas que se dedican por entero a defender, publicitar
y potenciar el mundo del cannabis.
Resulta paradójico que sea legal informar, anunciar e incluso fomentar un consumo, un tráfico y una actividad productora que siguen siendo ilegales en los supuestos previstos para infracciones graves por el artículo 23, i, de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección Ciudadana ('La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos
por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos'), y por el artículo 25 de la misma Ley Orgánica ('Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes
públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o
instrumentos utilizados para su consumo).
La inseguridad jurídica reinante respecto al cultivo, tenencia y consumo de cannabis y derivados queda demostrada por esporádicas pero no raras operaciones judiciales o policiales contra cultivos de esa planta de extensión relativamente
modesta, o contra 'clubs de cannabis', que dependen de normas de ámbito municipal y a los que, en ocasiones, se ha acusado de tráfico de sustancias ilegales por publicitar y facilitar semillas, productos del cannabis y utensilios para consumirlos,
con la consecuencia de clausura administrativa o judicial. Es evidente que la situación actual de tolerancia indefinida y ambigua del 'autoconsumo' en determinadas circunstancias no es, por su labilidad e imprecisión, la mejor desde un punto de
vista jurídico, político ni policial, e incluso podría incentivar actuaciones administrativas arbitrarias.
En la línea de la famosa frase de Adolfo Suárez durante los inicios de la Transición, llamando a 'hacer normal en las leyes lo que es normal en la calle', es necesario afrontar el debate legislativo sobre la despenalización y regulación
segura del consumo de derivados del cannabis, y de su cultivo, producción y venta.
Está demostrado que el prohibicionismo no consigue erradicar el consumo de estas sustancias y que, por el contrario, incentiva un tráfico ilegal floreciente, ligado a otras formas de delincuencia organizada. Por ejemplo, se ha documentado
que redes, bandas o mafias organizadas para el tráfico de derivados de cannabis han servido como base para el tráfico de drogas mucho más peligrosas (narcotráfico), y de inmigración irregular y otras formas graves de trata de personas, como puso de
relieve el Consejo Europeo de Tampere, reunido a finales de 1999, que señaló la fuerte relación entre crimen organizado para el tráfico de drogas, e inmigración irregular y trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
Por otra parte, crecen las críticas al presunto derecho del Estado a prohibir el consumo de sustancias que, sin ser en absoluto inocuas, pues está clínicamente demostrado que el consumo de derivados del cannabis puede producir daños
neurológicos, en general no resultan más perjudiciales para la salud que otras de consumo legal, como el alcohol y el tabaco.
Así pues, a las críticas de tipo jurídico-policial contra una prohibición del tráfico y consumo de cannabis y derivados que ha demostrado ser muy poco eficaz cuando no claramente contraproducente, hay que añadir objeciones de orden ético y
político a una prohibición que muchas voces consideran un abuso de poder impropio de una democracia avanzada. Esta debe basarse en el cultivo de la libertad y la responsabilidad personal, libre de tutelas paternalistas y autoritarias de las
administraciones que devuelvan al ciudadano a la retrógrada condición de un 'administrado' que debe ser protegido a su pesar por un poder omnisciente que decide por él que le conviene y qué no.
Otros países de nuestro entorno ya han legislado la despenalización del cannabis bajo diferentes supuestos. Es conocido el caso de Holanda, que desde los años sesenta permite la posesión de marihuana y su venta y consumo semipúblico en
determinados lugares (llamados coffe shops), sin que ello haya convertido a ese país en un paraíso de la delincuencia ni provocado problemas de salud a la población que no sean análogos a los de los países vecinos prohibicionistas. En otros países,
como Uruguay, el Congreso aprobó recientemente una Ley (impulsada por el propio Gobierno) que legaliza la cadena de producción y distribución de la marihuana. Finalmente, los Estados norteamericanos de Colorado y Wáshington han despenalizado el
cultivo, posesión y venta de cannabis para fines terapéuticos y recreativos.
En España, se estima que la comunidad de consumidores habituales o esporádicos de cannabis y derivados, al menos una vez al mes, incluiría a unos 3 millones de personas. Según informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las
aproximadamente 700 toneladas de hachís incautadas cada año solo representan el 20 % del total que circula por España. Estamos tratando, pues, de un fenómeno de gran magnitud social.
Como se ha dicho, la libertad de las personas que deciden consumir cannabis bajo su responsabilidad no debe quedar restringida por un Estado paternalista, autoritario e incoherente en tanto que sí permite, bajo ciertas condiciones legales
restrictivas conocidas como 'consumo responsable' (que incluye determinadas restricciones a la venta y publicidad), el libre consumo de otros productos y sustancias de conocido riesgo sanitario por sus propiedades adictivas, como las bebidas
alcohólicas y el tabaco. Por tanto, se trata de sustituir el doble rasero moral y el paternalismo autoritario por una ley despenalizadora de calidad, basada en la libertad y responsabilidad de las personas, así como en la obligación del Estado de
salvaguardar las garantías sanitarias, comerciales y jurídicas que deben regular la producción y consumo de sustancias con riesgo demostrado para la salud.
Se trata, en definitiva, de abordar el fin de la prohibición de consumo de cannabis y derivados regulando todos los aspectos del asunto: cultivo, venta y consumo, restricciones legales específicas (como la venta a menores o limitación de la
publicidad), definición y supervisión sanitaria de los productos de venta legal, y tratamiento fiscal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Adoptar las medidas necesarias para despenalizar la producción, comercio y consumo de cannabis y derivados, bajo controles y condiciones legales, fiscales y sanitarias análogas a las dispuestas para
regular el consumo de cualquier sustancia que pueda ser nociva o peligrosa para la salud, legalizada bajo la libertad y responsabilidad del consumidor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
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