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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 481, de 23/06/2014
cve: BOCG-10-D-481
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de junio de 2014
Núm. 481
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000979 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que recabe dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley de protección de la vida del concebido y de la mujer
embarazada ... (Página4)
Comisión de Justicia
161/002844 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a impulsar medidas para garantizar el derecho a una traducción e interpretación fidedigna en los
procedimientos judiciales ... (Página6)
Comisión de Defensa
161/002845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los cuarteles militares en San Sebastián ... (Página7)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002846 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la subida del IVA en el sector veterinario ... (Página7)
Comisión de Fomento
161/002839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el dique del pueblo de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife ... (Página8)
161/002842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reparación de las deficiencias que presenta la estación de FEVE de Cerdido ... (Página9)
161/002851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la asignación de recursos, procedentes de las obras públicas financiadas por las entidades del sector público dependientes o vinculadas, a
financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Artístico del Estado español o de fomento de la creatividad artística ... (Página10)
161/002852 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la urgencia de realizar las infraestructuras ferroviarias necesarias en la ciudad de Murcia ...
161/002854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la renovación y la modificación del mecanismo de nombramiento de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ...
161/002855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en servicio del tramo Hormilla-Hervías de la autovía A-12 del Camino de Santiago ... (Página15)
161/002856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en servicio de la Ronda Exterior Este de la autovía de circunvalación a Valladolid VA-30 ... (Página16)
161/002857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre impulso de la autovía A-7 del Mediterráneo en Granada ... (Página16)
161/002858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las obras de mejora de la línea Palencia-Santander ... (Página18)
Comisión de Educación y Deporte
161/002850 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Formación Profesional Dual ... (Página19)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre declaración de Benidorm como municipio turístico ... (Página20)
161/002841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el consumo de carbón nacional ... (Página21)
161/002847 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre fondos mineros ... (Página22)
161/002849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con el Almacenamiento de Residuos Radiactivos de El Cabril (Córdoba) ... (Página24)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la plaga del picudo rojo ... (Página25)
161/002848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para paliar los daños generados por la sequía en la provincia de Alicante ... (Página26)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el rechazo como Presidente de la Asamblea General de la ONU del Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, mientras este país mantenga la Ley contra la
homosexualidad ... (Página29)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001941 Pregunta formulada por el Diputado don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU), sobre opinión del Gobierno acerca de si sería recomendable evaluar los casos de los ciudadanos ugandeses, que emigraron de su país por miedo a
represalia por su orientación sexual, como candidatos a recibir el derecho de asilo ... (Página30)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/001940 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre previsiones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acerca de confirmar por escrito a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
la Junta de Andalucía que el proyecto de equipamiento del Hospital Campus de la Salud de Granada, no consolida deudas y respeta la normativa de estabilidad presupuestaria en términos de contabilidad nacional y puede acometerlo y adjudicarlo, en los
términos en los que se hizo la consulta preceptiva por la Intervención de la Junta de Andalucía ... (Página30)
Comisión de Fomento
181/001936 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre alegaciones o requerimientos recibidos por el Ministerio de Fomento del Ayuntamiento de A Peroxa respecto del trazado de la A-56 en los últimos dos
años ... (Página31)
181/001937 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre alegaciones o requerimientos recibidos por el Ministerio de Fomento del Ayuntamiento de Noguiera de Ramuín respecto del trazado de la A-56 en los
últimos dos años ... (Página31)
181/001938 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre pasos a nivel existentes en la provincia de Ourense, así como accidentes producidos en los mismos desde el año 2010 ...
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/001939 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de visitas realizadas por la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social dentro de su labor permanente de vigilancia del
cumplimiento de las obligaciones de las empresas con 50 o más trabajadores para velar por el cumplimiento de las normas en materia de discapacidad ... (Página32)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
230/000008 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el conflicto en defensa de la autonomía local número 6385/2010, promovido por el Ayuntamiento de Covaleda (Soria), en relación con la Ley de Castilla y León 1/2010, de 2 de marzo,
de declaración del Parque Natural de Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión ... (Página32)
233/000081 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión interna de inconstitucionalidad número 693/2013, planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con el artículo 174.1 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 32.Uno de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por posible vulneración del artículo 14
CE ... (Página33)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, la siguiente Proposición no de Ley y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno de la Cámara,
disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley para que el Gobierno recabe dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley de protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La función principal del Consejo de Estado es la de emitir dictámenes a petición de la autoridad consultante. De este modo, el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (LOCE) preceptúa que emitirá
dictamen sobre cuantos asuntos sometan a su consulta el Gobierno o sus miembros.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia, en la relación con la solicitud de informes al eufemístico Anteproyecto de Ley de Protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada, no ha ejercitado su derecho de consulta al Consejo de
Estado, y ello a pesar de la trascendencia y repercusión que dicha reforma indudablemente va a tener, especialmente para las mujeres (artículo 21.10 LOCE).
En relación con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, el Consejo de Estado sí tuvo ocasión de pronunciarse, a través de Dictamen emitido el 17 de septiembre de
2009. Un Dictamen que, votado por unanimidad, expresó de manera rotunda que el aborto libre dentro de las primeras 14 semanas de embarazo se ajusta al espíritu de la Sentencia 53/1985, de 11 de abril, del Tribunal Constitucional.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el referido Anteproyecto, presentado en el Consejo de Ministros y remitido por éste al trámite de consultas previas, contraviene el primer deber del legislador de adaptar el Derecho a
los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de regular. Y ello, por las siguientes razones:
- Elimina la libre decisión de las mujeres para decidir sobre el aborto (sistema de plazos) y traslada esa decisión a dos médicos.
- Limita los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva.
- Desprotege a los profesionales y no garantiza los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral.
- Contraviene el marco normativo de consenso de la comunidad internacional.
- No avala el conocimiento científico.
- Elimina en nuestro ordenamiento las definiciones de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, salud sexual y salud reproductiva.
- Desprotege los derechos de la mujer y atenta contra su intimidad.
- Incluye requisitos de demoran en la decisión que ponen en riesgo los derechos reconocidos.
A esta batería se suman obstáculos como la eliminación del acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, como consecuencia, por ejemplo, de la exclusión de los anticonceptivos de última generación de la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Elementos todos ellos que inciden en la necesidad de recabar informe del Consejo de Estado, pues se trata de un proyecto de norma muy restrictiva de derechos, que no garantice un acceso sanitario seguro a la interrupción voluntaria del
embarazo y que promueve la práctica de abortos auto-inducidos, generalmente en malas condiciones higiénicas y sanitarias, y respecto de la que ya cabe criticar que no encaja en la doctrina del Tribunal Constitucional que reconoce 'derechos que el
Estado debe respetar y a cuya efectividad debe de contribuir' (fundamento jurídico 8 Sentencia 53/1985, de 11 de abril).
El citado Anteproyecto, a través de la criminalización de los prestadores de servicios sanitarios, establece un sistema legal que desprotege de manera efectiva la vida de quienes, deseando de manera voluntaria interrumpir su embarazo no
deseado, se ven abocadas a la realización de abortos por personas que carecen de la titulación, conocimientos y habilidades necesarias.
Pero además de los riesgos sanitarios, cabe manifestar, que se atenta contra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona cuando se usurpa a las mujeres el derecho a decidir sobre su propia maternidad, ya que como indica la
filósofa Luisa Posada, 'se está ejerciendo coactivamente el control sobre sus cuerpos y sus vidas'.
Cuando las reformas sirven más como emblemas partidarios que como respuestas a problemas reales de la sociedad, la democracia queda cuestionada. También cuando se promulgan leyes que no favorecen la autonomía moral, ni garantizan la
pluralidad de intereses.
En España anualmente interrumpen voluntariamente el embarazo una media de 113.000 mujeres, según reflejan las estadísticas e información epidemiológica del Ministerio de Sanidad, lo que sin duda manifiesta la trascendencia e importante
repercusión que las normas relativas a los derechos sexuales y reproductivos tienen en la sociedad y particularmente en la vida de las mujeres.
Y es esta trascendencia y repercusión lo que determina el traslado del Anteproyecto de Ley de Protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada al Consejo de Estado, para que en el uso de sus competencias, fundamentalmente las
reseñadas en los artículos 2.2 y 21 de su Ley Orgánica, emita dictamen como supremo órgano consultivo del Gobierno.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en cumplimiento de los artículos 2.2 y 21 de La Ley Orgánica del Consejo de Estado y dada la trascendencia que para los derechos y la salud de las mujeres tendrá el Anteproyecto de Ley
de Protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada, remita dicho anteproyecto al Consejo de Estado para dictamen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2014.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
161/002844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Justicia, una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre el impulso de medidas para garantizar el derecho a una traducción e interpretación fidedigna en los procedimientos judiciales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 124 y siguientes y la disposición final segunda del Reglamento de la Cámara, interesa su tramitación con arreglo a Derecho.
Diversas normas internacionales establecen, como una garantía básica de cualquier procedimiento judicial, el derecho a una correcta traducción e interpretación, por ejemplo, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, aprobado por el Consejo de Europa o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Directiva Europea 2010/64 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales establece que en el caso que la calidad de la interpretación se considere insuficiente para garantizar el derecho a un juicio
equitativo, las autoridades competentes deben poder sustituir al intérprete asignado, con el fin de evitar cualquier vulnerabilidad que afecte a la capacidad de seguir el procedimiento judicial correctamente.
No obstante, a pesar que el uso de traductores o intérpretes ha ido en aumento en los procedimientos judiciales, existen carencias y deficiencias sobre que características deben reunir los intérpretes o traductores en un procedimiento
judicial, ocasionando, en ocasiones, un deterioro de la calidad 1 del servicio y poniendo en peligro los derechos de quienes intervienen en un procedimiento judicial.
Estas carencias fueron palpables, por ejemplo, en las declaraciones llevadas a cabo por diferentes testigos, en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra diversos participantes en el asedio al Parlament de Catalunya el 15 de junio
de 2011. El Conseller de Cultura de la Generalitat o la ex Consellera de Justicia, entre otros, lamentaron que la traducción del catalán al castellano no fuera la adecuada ni la exigible en un procedimiento de dichas características y algunos
testigos optaron finalmente por declarar en castellano con el fin de evitar malas traducciones.
Estos no son hechos aislados ya que el 20 de enero del 2013 en la Universidad Jaume I de Castelló de la Plana, en unas Jornadas sobre Traducción Jurídica, ya se pusieron también de manifiesto las carencias de interpretación y traducción en
los juzgados españoles.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) consideramos que deben paliarse estas deficiencias ya que ponen en peligro el ejercicio del derecho a utilizar su lengua propia por parte de quienes acuden a un tribunal de justicia
y comporta inseguridad jurídica para el justiciable. Por ello, consideramos necesario que, con la máxima celeridad, se adopten las medidas necesarias para garantizar una asistencia lingüística gratuita y adecuada que permita a quienes deben
declarar en un procedimiento judicial expresarse en su lengua con unos servicios de traducción adecuados y fidedignos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar todas las medidas necesarias para asegurar, con los medios adecuados y respetando, en todo caso, las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia, que cualquier persona
que debe declarar en un procedimiento judicial se beneficie sin demora de una interpretación o traducción fidedigna y de calidad garantizada, con la finalidad de salvaguardar la equidad del proceso, el derecho de defensa y velar por la seguridad
jurídica del justiciable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Defensa
161/002845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre los
cuarteles militares en San Sebastián, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Los cuarteles militares situados en el barrio de Loiola de San Sebastián ocupan 16 hectáreas y se encuentran junto al río Urumea y a un nuevo parque público de 30 hectáreas. Desde hace años los Cuarteles están absolutamente infrautilizados,
constituyendo dichos terrenos una zona de especial importancia para la expansión natural de la ciudad quien ya incluyó entre las previsiones del nuevo Plan General de Ordenación Urbana la de destinar el suelo de los cuarteles, preferentemente, a
viviendas de VPO.
Se da la circunstancia de que el suelo es un bien escaso en San Sebastián y constituye un grave problema a corto plazo. Por esa razón, la anterior Corporación Municipal ya ofreció una negociación en términos que hiciera compatibles los
derechos y necesidades de las administraciones interesadas, incluyendo una nueva localización bien dimensionada para los Cuarteles. Todo ello en cumplimiento del principio de colaboración y cooperación ínter-administrativa.
Por otra parte, las iniciativas presentadas en esta legislatura en el Congreso para hacer avanzar la negociación sobre la compraventa de los terrenos de los cuarteles y el traslado de los mismos a otro emplazamiento cercano e idóneo, han
venido siendo rechazadas por el Grupo del Partido Popular. Sin embargo, recientemente la prensa local ha informado del cambio de posición de los Concejales del PP de San Sebastián que también se han sumado, por fin, a la petición al Ministerio de
Defensa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta a la Comisión de Defensa la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice a lo largo de 2014 las gestiones oportunas para abrir una negociación con el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que permita la compraventa de los terrenos utilizados por los
cuarteles militares situados en el barrio de Loiola en San Sebastián, a la vista de su notable infrautilización y con el objetivo de poder cumplir las previsiones establecidas en el Plan General de Urbanismo de la ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la subida del IVA en el sector veterinario, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La veterinaria es una profesión sanitaria, como la medicina, farmacia u odontología. Así ha sido considerada en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias, cuyo
artículo 6.2.d) atribuye a los veterinarios las funciones de prevención y lucha contra las enfermedades animales y aquellas transmisibles a las personas. También la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en su articulo 24
contempla a los establecimientos veterinarios como centros que prestan servicios sanitarios.
Aparte de la esencial labor sanitaria de la veterinaria, hay que hacer especial mención al aspecto social de la profesión en el día a día de la ciudadanía, atendiendo a los animales o mascotas, que en muchos casos son la única compañía para
muchas personas, destacando igualmente el importante papel que desempeñan los animales como guías de personas ciegas o afectadas por otras discapacidades.
Sin embargo, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de competitividad, se ha elevado el gravamen al que están sometidos los servicios
veterinarios al 21 por ciento. Esta medida ha tenido como consecuencias directas la reducción de la atención veterinaria, con un aumento del número de eutanasias, disminución de los controles veterinarios sobre la salud de los animales y lo que es
más preocupante, un menor control sobre las enfermedades que pueden ser trasmitidas a las personas.
El aumento del IVA en el sector veterinario no sólo ha supuesto una repercusión económica desfavorable para los clientes de los centros veterinarios, sino que además ha incidido de manera directa en la precariedad laboral del sector,
llevando al cierre de numerosas clínicas veterinarias, con la consecuente pérdida de empleo en estos momentos de dificultades económicas.
Además, el hecho de que haya sido solo el sector veterinario en donde se ha aplicado el aumento del gravamen del IVA del 8 al 21 por ciento dentro de las profesiones sanitarias, pone de manifiesto un agravio comparativo entre las profesiones
sanitarias que no tiene ni explicación ni justificación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para volver a aplicar el tipo reducido del IVA del 10% a los servicios veterinarios cuando tengan por objeto la prevención, diagnóstico o tratamiento de las
enfermedades o dolencias de los animales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2014.-Antonio Hurtado Zurera y Gracia Fernández Moya, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/002839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el dique del pueblo de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El pueblo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, constituye uno de los núcleos poblacionales más antiguos de Tenerife. Fundado a finales del siglo XV, fue además un municipio independiente a lo largo del siglo XIX. Con un carácter a la
vez pesquero y rural, es la puerta de entrada al Parque Rural de Anaga, la última reserva de laurisilva en la isla de Tenerife.
Históricamente, San Andrés ha sufrido diferentes fenómenos que han provocado graves inundaciones, testigo de las cuales es el propio Castillo de San Andrés, derruido en más de una ocasión por las aguas del barranco próximo. Sin embargo,
tras las últimas obras de canalización del barranco, la principal causa de inundaciones del pueblo no viene del agua de la lluvia, sino del mar.
La avenida Marítima fue construida con una altura mayor que la del nivel del resto del pueblo, produciendo una depresión que provoca el estancamiento del agua.
Así, los fuertes oleajes de componente sur y nordeste que periódicamente azotan el litoral de este pueblo han destruido en numerosas ocasiones tanto el paseo marítimo como el antiguo muelle embarcadero. En agosto de 2011, el oleaje llegó
durante sucesivos días hasta 80 metros tierra adentro con cada pleamar, debido a una combinación de factores. En ese momento quedó seriamente afectada la avenida Marítima y resultaron inundadas una treintena de viviendas y comercios.
Desde ese momento se hizo todavía más patente una cuestión que la ciudadanía de San Andrés lleva reclamando desde hace más de 30 años como una necesidad: la construcción de un dique semisumergido o escollera que frene el embate de las olas.
La avenida Marítima quedó seriamente dañada y pese a que fue reparada, varias veces más ha necesitado obras ya que no es infrecuente que las olas aneguen el pueblo y llenen de piedras tanto el paso como los cuatro carriles y la rambla que tiene la
citada avenida.
En noviembre de 2012, la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció la disponibilidad de Fomento a asumir la financiación de la obra. Tras varias reclamaciones realizadas por las instituciones locales, especialmente por el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, anunciaba en septiembre de 2013 que el Consejo de Ministros declararía en pocas semanas la emergencia del expediente de construcción del dique
semisumergido de protección de San Andrés.
Sin embargo, casi un año después esa emergencia no termina de declararse. Ahora, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife es el blanco de las críticas del Ministerio. No obstante, nada se sabe de aquel anuncio de la delegada del
Gobierno respecto a la inmediata declaración de emergencia. Mientras, en San Andrés siguen esperando por una decisión que, de no tomarse, podría tardar años en materializarse.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que el Ministerio de Fomento cumpla con la promesa hecha y declare la emergencia del dique semisumergido del pueblo de San Andrés y así pueda defenderse, a la mayor brevedad posible, a
este enclave pesquero de Santa Cruz de Tenerife del embate del mar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2014.-Patricia Hernández Gutiérrez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
reparación de las deficiencias que presenta la estación de FEVE de Cerdido, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Estación de FEVE en Cerdido (A Coruña) presta servicio desde su construcción.
En la actualidad, la frecuencia de los servicios ferroviarios en esta estación ha disminuido en relación a los momentos iniciales de su puesta en funcionamiento y en concreto cuenta con los siguientes horarios de parada de trenes:
Cerdido a Ferrol a las 07.19, a las 08.57, a las 13.21, a las 15.24, a las 16.54, a las 20.24 y Cerdido a Ortigueira a las 08.59, a las 11.18, a las 14.32, a las 16.06 y a las 19.34, todas ellas con sus correspondientes vueltas desde Ferrol
y Ortigueira como los dos puntos esenciales de comunicación con Cerdido.
El colectivo de personas usuarias de este servicio está formado fundamentalmente por estudiantes de la Universidad de A Coruña que diariamente o durante los fines de semana hacen uso del mismo, así
como la población de Cerdido que debe desplazarse a sus lugares de trabajo en otros ayuntamientos diariamente o esporádicamente para realizar gestiones de todo tipo, consultas médicas, etc.
Este edificio que consta de oficina, sala de espera, departamento, dispensador de billetes y todos aquellos elementos necesarios para la atención de las usuarias y usuarios de los servicios ferroviarios, cuenta además con dos viviendas en el
piso superior destinadas, en su momento, a los alojamientos del personal de FEVE y sus familias.
El estado actual de la estación es lamentable tanto en el interior y exterior del edificio principal como en los aledaños del mismo y en los propios accesos a las vías.
En concreto, las deficiencias más relevantes que presenta en la actualidad la estación de FEVE de Cerdido, consisten en la situación de grave deterioro de los tejados que deriva en goteras en zonas interiores del edificio y en los saledizos
del exterior, baches en la zona de acceso y del aparcamiento gratuito que impiden su utilización, señalizaciones desplomadas, falta de iluminación o inexistencia de acceso adecuado al arcén para personas con movilidad reducida.
Todo ello causa un grave perjuicio tanto para los trabajadores de FEVE en Cerdido como para las usuarias y usuarios de los servicios ferroviarios poniendo en riesgo, además, su seguridad e integridad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder de forma urgente a la reparación de las deficiencias que presenta la estación de FEVE de Cerdido y su adecuación a las diferentes características de sus usuarias y usuarios,
singularmente en relación a cualquier tipo de diversidad funcional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002851
A la Mesa de la Comisión de Fomento
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la asignación de recursos, procedentes de las obras
públicas financiadas por las entidades del sector público dependientes o vinculadas, a financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Artístico del Estado español o de fomento de la creatividad artística, para su
debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE), dispone en su artículo 68 que en el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1%
de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico del Estado español o de fomento de la creatividad artística.
Por su parte, el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, en su artículo 58, redactado de acuerdo con la modificación aprobada por el Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, desarrolla el artículo 68 de
la Ley, indicando en el punto 6 que las entidades públicas empresariales y restantes entes del Sector Público Estatal, y las sociedades mercantiles estatales ingresarán en el Tesoro Público el preceptivo porcentaje dentro de los dos meses siguientes
a la adjudicación del contrato de la obra correspondiente.
No obstante lo anterior, la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado del año 2014 establece que las Entidades del Sector Público Empresarial adscritas al Ministerio de Fomento podrán ingresar
de forma anticipada en el Tesoro Público, a principios de cada ejercicio y en función de las previsiones de adjudicación de las obras correspondientes, el importe correspondiente al 1% cultural.
Según el Ministerio de Fomento 'la regulación normativa de esta materia, contenida en la Ley 16/1985 y si Real Decreto de desarrollo, produce ambigüedades e imprecisiones que las han puesto de manifiesto en Informes de Fiscalización del
Tribunal de Cuentas'.
Para aclarar la interpretación de la normativa vigente respecto del ámbito de aplicación de las obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley 16/1985, la Subsecretaría de Fomento dicta con fecha de 10 de marzo la Instrucción Número
42 con los criterios que deberán aplicarse a todos los contratos que se hayan adjudicado a partir del 1 de enero de 2013.
La Orden FOM/604/2014, de 11 de abril, eleva al 1,5% el porcentaje destinado a la financiación de los trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística de acuerdo con el
artículo 68 de la LPHE.
Las disposiciones anteriores dictadas por el Ministerio de Fomento en relación al 1%, es decir, la Instrucción n.° 42, de 10 de marzo de 2014, y la Orden FOM/604/2014, de 11 de abril, vulneran el marco legal de aplicación a las Autoridades
Portuarias de conformidad con la normativa sectorial de aplicación, en especial, la Ley de Patrimonio Histórico y su reglamento de desarrollo, por cuanto establecen la obligación de ingresar ('ingresarán') el porcentaje en el Tesoro Público como
única forma de cumplir con el 1% cultural y elevan el porcentaje de aplicación al 1,5%, así como la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por cuanto no respetan su autonomía funcional y de gestión (artículos: 24.1, 24.3, 27, 156)
sustrayendo a las Autoridades Portuarias la facultad de decidir voluntariamente incrementar o no dicho porcentaje.
Debe además cuestionarse la aplicabilidad del marco normativo expuesto a las Autoridades Portuarias, y más concretamente del artículo 68 de la LPHE en aquellos casos en que ejecuten las obras portuarias con cargo a recursos propios y no
contra fondos de aportación estatal, como es el caso de la Autoridad Portuaria de Bilbao.
No obstante, tanto la Instrucción modificada como la Orden Ministerial posteriormente dictada obligan a realizar el ingreso en el Tesoro Público, sin contemplar la alternativa, prevista normativamente, de que el organismo/ente/sociedad
realice trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español con preferencia en la propia obra o en su entorno, o en cualesquiera de los bienes de interés cultural relacionados con las actividades del organismo
correspondiente (artículo 58.3.b del Real Decreto 111/1986).
En virtud de todo ello,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
No aplicar la Instrucción n.° 42, de 10 de marzo de 2014 y la Orden FOM/604/2014, de 11 de abril, a las Autoridades Portuarias y respetar el régimen jurídico propio de las mismas que las caracteriza por su autonomía funcional y de gestión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/002852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la urgencia de realizar las infraestructuras ferroviarias
necesarias en la ciudad de Murcia, para su debate en la Comisión de Fomento.
La integración urbana de la línea de ferrocarril Madrid-Cartagena, a su paso por Murcia y Alcantarilla, se ve seriamente condicionada por el proyecto del AVE para la Región de Murcia. Tanto en el caso de Murcia como en el de Alcantarilla
esa integración requiere fuertes inversiones en verdaderos planes de renovación urbana. En el caso de Murcia, el soterramiento de las vías en el entorno de la Estación Murcia-El Carmen supone una reivindicación de más de 20 años por los vecinos de
la zona, que se suponía superada tras el Convenio de 2006 entre Fomento, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y Ayuntamiento de Murcia por el que se aseguraba el acceso del tren de manera soterrada. En Alcantarilla, la propuesta debe ser diferente, dada la imposibilidad de ejecutar un soterramiento de vías, siendo el desvío fuera de la ciudad la
opción más factible.
Los vecinos de Murcia exigen resolver cuanto antes el paso de trenes de viajeros (el AVE debe enlazar con Almería) y el paso de los trenes del corredor de mercancías que seguirían atravesando Murcia (porque también deben enlazar con
Andalucía). Cualquier inversión debe respetar también el acuerdo del Ayuntamiento de Murcia en el Pleno de octubre de 2012, que recoge que 'salvo el pago a los expropiados, la principal prioridad del municipio en materia de inversiones es el
soterramiento de las vías del tren', hecho corroborado en el Pleno extraordinario del pasado 30 de abril, cuando el alcalde ha ratificado que el soterramiento es irrenunciable.
A nadie que conozca la ciudad de Murcia se le oculta la eterna promesa que ha supuesto el soterramiento de las vías y la necesidad del mismo para no estrangular el crecimiento de la ciudad de Murcia, extendiendo los servicios a una parte
importante del municipio de la ciudad de Murcia.
Llegados a este punto hay que recordar que nuestro grupo parlamentario ya presentó enmiendas a los PGE para 2013 en las que dispusimos de la cantidad presupuestada de 75 millones de euros para hacer un oleoducto bajo el embalse del Cenajo,
perteneciente a las obras del oleoducto Cartagena-Puertollano, para a cambio proceder al soterramiento de las vías del tren, entre otras infraestructuras. Proponíamos una inversión en 3 años (de 25 millones/año). Los 75 millones cubrirían la
inversión de Fomento que estaba prevista en el convenio de 2006. Enmiendas que fueron rechazadas por más que tuviéramos muy claras cuáles eran nuestras prioridades que venían a coincidir con la de muchos vecinos de Murcia
En este mismo sentido podríamos añadir el gasto de entre 500 y 600 millones de euros que tiene previsto realizar Fomento para rescatar a la Autopista AP7 (Cartagena-Vera), una autopista surgida al calor de la especulación urbanística. Se
hizo esta carretera (que corre paralela a la autovía) para un acceso más directo a la urbanización de Marina de Cope que ahora no sólo está paralizada por la burbuja inmobiliaria, sino porque hay varias sentencias en contra de la desprotección
medioambiental de este entorno que era parque regional.
En Alcantarilla se produce una fractura del casco urbano aún más drástica que en Murcia, ya que solo cuenta con un apeadero para trenes convencionales y el AVE no tendría siquiera parada en la ciudad. Sin embargo, la infraestructura del AVE
aislaría el barrio de Las Tejeras debido a las pantallas que incorpora. Otra dificultad es la confluencia del trazado ferroviario con la MU-30, que rodea Alcantarilla soterrada en ese punto de confluencia, provocando un obstáculo de difícil
solución.
En 2003, el entonces presidente de la Comunidad, Ramón L. Valcárcel, propuso el desvío de la línea de ferrocarril a su paso por Murcia y Alcantarilla, y su enlace con la línea Chinchilla-Murcia y futuro paso del Corredor del Mediterráneo con
Andalucía.
Por último, el proyecto de variante de Camarillas (sobre la línea férrea Cartagena-Chinchilla, dentro del eje ferroviario Madrid-Cartagena) consiste básicamente en un nuevo trazado de la línea entre los términos municipales de Hellín
(Albacete) y Cieza (Murcia), y tiene como objetivo dotar a este tramo de la infraestructura, equipamiento y capacidad necesarios para mejorar sus prestaciones.
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de acuerdo y en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de la ciudad de Murcia, se proceda a satisfacer, de la forma más rápida posible, la
necesidad irrenunciable de soterrar las vías del tren a su paso por el municipio de Murcia, dotándolo de un proyecto que contenga el presupuesto necesario y un calendario de actuación.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, en colaboración con las distintas Administraciones Publicas competentes, todas las medidas suficientes y necesarias para poner en marcha el proyecto de desvió de la línea de
ferrocarril a su paso por Alcantarilla, y su enlace con la línea Chinchilla-Madrid y futuro paso por el Corredor Mediterráneo con Andalucía, como alternativa a la propuesta realizada por el Ministerio de Fomento y con el fin adicional de reducir el
peligro existente para la población, el conflicto para el trazado urbano y el desarrollo de los barrios de Murcia y Alcantarilla, así como la posibilidad de creación de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) junto al polígono industrial Oeste, y
así evitar la construcción del macropuerto de contendedores de El Gorguel.
3. EI Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, en colaboración con las distintas Administraciones Publicas competentes, todas las medidas suficientes y necesarias para poner en marcha el proyecto de mejora en el eje
ferroviario Madrid-Cartagena, tramo Minateda-Cieza, 'variante de Camarillas', con el fin de hacer posible en 2014 una conexión ferroviaria digna y útil entre la Región de Murcia y Madrid mediante mejoras en el tren convencional como una solución
mucho menos costosa que las planteadas por el Ministerio de Fomento y con la que se obtendrá una gran rentabilidad social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002854
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la renovación y la modificación del mecanismo de nombramiento de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el escrito registrado con el número 139868, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada, Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
renovación y la modificación del mecanismo de nombramiento de los miembros de la CIAF, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), fue creada en 2007 como órgano 'independiente' del Ministerio de Fomento. La CIAF está compuesta por un presidente, cinco vocales y un secretario, todos ellos nombrados por el
Ministro de Fomento. Tiene por tanto una vinculación directa con el departamento ministerial, lo que le confiere un carácter eminentemente político, y pone en cuestión su imparcialidad.
Uno de los importantes cometidos de la CIAF es la investigación de las causas del terrible accidente ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela el pasado 24 de julio en la curva de Angrois.
Recientemente hemos conocido el análisis realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que entregó al Juzgado que instruye el siniestro de Angrois. Un estudio que básicamente concluye que la causa del
descarrilamiento del tren en Angrois se debió a un exceso de
velocidad provocado por el maquinista por su falta de atención al responder a una llamada del interventor.
Dicho análisis responsabiliza en exclusiva al profesional que conducía el tren, deteniéndose con especial énfasis en la conversación telefónica que mantuvo el maquinista y en la velocidad de la máquina. Un documento que, sobre todo, ha
levantado las críticas de organizaciones de víctimas y afectados y de distintas organizaciones sindicales ferroviarias que lo consideran hecho a medida del Ministerio.
Desde el BNG opinamos igualmente que se trata de un informe reduccionista, simplista y claramente partidista porque sigue la hoja de ruta marcada por el Ministerio de Fomento desde los días posteriores al accidente. Casi un año más tarde,
estamos ante un informe que culpa en solitario al maquinista de una de las mayores catástrofes ferroviarias de la historia del ferrocarril. Una conclusión que obvia los estudios, informes y documentos que se han ido conociendo a lo largo de estos
meses y que ponen claramente en cuestión las deficiencias de seguridad ferroviaria en el tramo Santiago de Compostela-Ourense. Especialmente, después de saber que no estaba operativo el dispositivo ERTMS, el más avanzado tecnológicamente. Una
afirmación que se recoge en el mismo documento de la CIAF en el que se señala que el tren circulaba a 195 km/h cuando comenzó la desaceleración. Descarriló cuatro segundos después en un punto ya fuera del tramo dotado del sistema ERTMS.
Con lo cual deja a las claras que existe una deficiencia en materia de seguridad ferroviaria en el tramo accidentado. A pesar de que el informe de la CIAF se escude en que existen señales luminosas y carteles, límite de velocidad a 80 km/h
y cambio al sistema ASFA. A estas alturas, existe una gran coincidencia entre expertos, profesionales del sector y personal del sector ferroviario al señalar que la situación habría sido muy distinta si hubiese estado operativo el sistema ERTMS.
Prácticamente, nadie discute ya que el frenado automático se hubiese producido y que se podría haber evitado el terrible siniestro, o al menos, haber limitado su gravedad.
Sólo el informe de 266 hojas cuestiona este aspecto, lo cual nos induce a la reflexión.
Aún así, el documento entregado por la CIAF al juez instructor del caso, realiza 9 recomendaciones, entre las que propone señalizar en la vía las reducciones de velocidad a partir de cierto rango e implantar balizas para controlar la
velocidad y para que se pueda producir un frenado si se rebasa.
El simple hecho de que se aconsejen medidas de refuerzo de la seguridad, denota, a nuestro modo de ver, que hay un reconocimiento explícito de carencias en materia de seguridad. Podríamos resumirlo como un análisis que trata de exculpar a
altos responsables de Adif, Renfe y del Ministerio de cualquier responsabilidad, apuntando a un único responsable, el maquinista, pero con la paradoja de indicar al mismo tiempo lagunas en seguridad.
Suscribimos las afirmaciones realizadas desde la Plataforma de Víctimas Alvia 01455 al afirmar en relación a este análisis que 'no se puede ser juez y parte'.
Afectados y afectadas por el accidente, así como organizaciones sindicales de maquinistas y otras del ámbito ferroviario, se preguntan por qué no se tienen en cuenta documentos preliminares como los realizados por peritos a petición del juez
instructor.
En consonancia con nuestra posición durante todos estos meses, coincidente con la de muchos afectados y afectadas a los que hemos escuchado, con los que hemos dialogado, consideramos que la Comisión de Investigación de Accidentes
Ferroviarios (CIAF) debe contar con una composición independiente, y deber realizar una investigación a fondo de las causas del siniestro alejadas de la hoja de ruta del Ministerio.
Para ello, debe procederse a renovar los miembros de la comisión y modificar el mecanismo de nombramiento de los mismos, de manera que quede totalmente garantizada una composición de la CIAF independiente del poder político, y concretamente
del Ministerio de Fomento.
Es de sobra conocida la posición del BNG que lleva casi un año reclamando la constitución de una Comisión de Investigación parlamentaria sobre el accidente del Alvia. Un órgano que se ha rechazado en reiteradas veces pero que a la vista del
informe de la CIAF consideramos más necesario que nunca.
Estamos ya a las puertas de que se cumpla el primer aniversario de la tragedia de Angrois y el informe de la CIAF pareciera querer cerrar en falso el esclarecimiento de los hechos, ofreciendo la misma versión de los mismos que se produjo
justo después del siniestro. Desde nuestro punto de vista, después de un año y sin perjuicio de la existencia de un exceso de velocidad, la CIAF no profundiza en otras posibles razones a las que su propio informe alude. Y entendemos que no lo hace
porque su composición impide la independencia e imparcialidad que debe tener cualquier órgano de estas características.
Por todo ello presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que renueve los miembros de la CIAF, modificando el mecanismo de nombramiento de los mismos, de manera que:
- El presidente y el secretario sean nombrados por el Pleno del Congreso de los Diputados, a propuesta de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso.
- Los vocales sean nombrados bien a propuesta de organizaciones profesionales de cada área, bien a propuesta del Consejo de Universidades.
- La secretaría de la CIAF pase a estar formada por personal técnico y administrativo no perteneciente al Ministerio de Fomento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la puesta en servicio del tramo Hormilla-Hervías
de la autovía A-12 del Camino de Santiago, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El tramo Hormilla-Hervías de la autovía A-12 del Camino de Santiago, cuyas obras está ejecutando el Ministerio de Fomento, discurre por los términos municipales de Santo Domingo de la Calzada, Hervías, Alesanco, Azofra, Hormilla y Nájera.
Se trata de un tramo 11,1 km de autovía de nuevo trazado, con velocidad de diseño de 120 km/h, que discurre de Este a Oeste, sensiblemente paralelo por el Sur al trazado de la antigua carretera N-120.
En diciembre de 2003 se firmó la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto constructivo del tramo. Sin embargo en diciembre de 2011, al inicio de la presente legislatura, tras 8 años, las obras no se encontraban ejecutadas al
50% (48%).
Las obras comenzaron en junio de 2007. Tenían un plazo de 32 meses, por lo que debían haber finalizado en febrero de 2010. La tramitación de un modificado y un complementario, así como las sucesivas reprogramaciones presupuestarias desde
mayo de 2010, motivaron el retraso en esta infraestructura durante la pasada legislatura.
Durante la presente legislatura, el Ministerio de Fomento está impulsando el desarrollo de esta actuación, habiéndose invertido, desde diciembre de 2011, 18,2 millones de euros en su ejecución, lo que previsiblemente, a la vista de las
cifras de inversión, podrá permitir su finalización en fechas próximas.
El nuevo tramo de autovía es una mejora para los aproximadamente 10.000 vehículos que actualmente circulan por la N-120 en este punto, de los que un 27% son pesados.
Se trata de un hito importante para la autovía A-12 del Camino de Santiago, pues con la puesta en servicio del tramo Hormilla-Hervías, junto con la finalización del tramo Hervías-Grañón, que tuvo lugar en junio de 2012, quedará completada la
autovía entre Logroño y Santo Domingo de La Calzada, incluyendo la circunvalación de esta última población.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, una vez constatado el importante impulso dado por el Ministerio de Fomento, insta al Gobierno a la puesta en servicio del tramo Hormilla-Hervías de la autovía A-12 del Camino de Santiago a la mayor brevedad
posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la puesta en servicio de la Ronda Exterior Este
de la autovía de circunvalación a Valladolid VA-30, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La autovía VA-30 en el tramo de Ronda Exterior Este a Valladolid, tiene un presupuesto de ejecución de 105,3 millones de euros.
La puesta en servicio de este tramo de autovía permitirá cerrar un gran arco de circunvalación a la ciudad de Valladolid por el Sur y Este desde la A-62 en La Flecha hasta la misma A-62 en Cigales, conectando esta autovía con importantes
infraestructuras viarias estatales y autonómicas.
Se creará así una infraestructura moderna y de alta capacidad para circunvalar Valladolid, que será alternativa frente a la ronda urbana interior VA-20, infraestructura de doble calzada con elevada intensidad de tráfico y que cuenta con
intersecciones reguladas con semáforos.
De este modo, la nueva Ronda Exterior Este de Valladolid contribuirá a mejorar la fluidez de la circulación en las infraestructuras viarias existentes, especialmente la VA-20 y a facilitar movilidad en el entorno del área metropolitana de
Valladolid, lo que beneficiará tanto a sus habitantes como a las actividades de comercio, distribución e industria que se asientan en su entorno.
El Ministerio de Fomento ha dado un importante impulso a esta actuación, habiéndose destinado un total de 38,3 millones de euros a su ejecución desde el inicio de la legislatura, lo que permitirá su puesta en servicio en próximas fechas, de
acuerdo con el compromiso adquirido en este sentido por la Ministra de Fomento en 2013.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, una vez constatado el importante impulso dado por el Ministerio de Fomento, insta al Gobierno a la puesta en servicio Ronda Exterior Este de la autovía de circunvalación a Valladolid VA-30 a la mayor brevedad
posible, de acuerdo con el compromiso adoptado en este sentido por la Ministra de Fomento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el impulso de la autovía A-7 del Mediterráneo en
Granada, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Congreso de los Diputados conoce que para el Gobierno es prioritario el desarrollo de la Autovía A-7 en la provincia de Granada, por ser clave para culminar la conexión en altas prestaciones de esta provincia y del conjunto de Andalucía,
con el resto de Comunidades y regiones del corredor Mediterráneo.
Al inicio de esta legislatura se encontraban pendientes de finalización 6 tramos de esta infraestructura:
- Almuñécar (Taramay)-Salobreña (Lobres).
- Lobres-Guadalfeo.
- La Gorgoracha-Motril (El Puntalón) y acceso al puerto de Motril.
- Motril (El Puntalón)-Carchuna.
- Carchuna-Castell de Ferro.
- Polopos-Albuñol.
Estos tramos que suponen una inversión global para su finalización de 776,5 millones de euros, a finales de 2011:
- No tenían una programación ni una previsión realista para su puesta en servicio.
- Se encontraban en estado de paralización, algunos incluso con las obras rescindidas (La Gorgoracha-El Puntalón y acceso al puerto de Motril).
- Y todos ellos con importantes problemas de carácter técnico sin resolver, derivados tanto por la orografía como por la geotecnia de los materiales y formaciones geológicas del trazado de la autovía a su paso por la provincia de Granada.
Frente a ello, en lo que llevamos de legislatura, se ha procedido a desbloquear la problemática técnica que supone la ejecución de esta infraestructura, y se han retomado e impulsado la ejecución de las obras de todos los tramos.
De este modo, desde principios de 2012:
- Se ha puesto en servicio el tramo El Puntalón-Carchuna, así como el acceso este al Puerto de Motril (ambos en marzo de 2014).
- Se ha retomado el desarrollo de las obras de los tramos paralizados, particularmente el tramo La Gorgoracha-El Puntalón, cuyas obras se encontraban rescindidas desde 2010, y que han sido nuevamente licitadas y retomadas por el Gobierno en
agosto de 2012.
De este modo, actualmente se está trabajando con intensidad para finalizar los tramos que restan para completar la autovía A-7 en Granada:
- En los tramos Taramay-Lobres y Lobres-Guadalfeo, cuya puesta en servicio está prevista en fechas próximas.
- Y en el resto de los tramos: La Gorgoracha-Motril (El Puntalón), Carchuna-Castell de Ferro y Polopos-Albuñol, impulsando su desarrollo con el objetivo de que sean una realidad en el plazo más breve posible.
En definitiva el compromiso del Gobierno con la autovía del Mediterráneo en Granada es firme y decidido.
La progresiva finalización por el Ministerio de Fomento de los tramos de esta infraestructura, permitirá unir mediante una vía de altas prestaciones, rápida segura, y de gran capacidad las ciudades de Málaga, Motril y Almería, así como la
Costa del Sol, la Costa Tropical y de Almería, que albergan, como saben, importantes centros urbanos, turísticos, industriales y hortofrutícolas en España y en el sur de Europa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando la ejecución de la autovía A-7 en Granada, de forma que se continúe con el elevado ritmo que con el que se ha dotado a su ejecución en esta legislatura, para que la
finalización de esta infraestructura pueda ser una realidad a la mayor brevedad posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las obras de mejora de la línea
Palencia-Santander, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Actualmente se están llevando a cabo obras de mejora de la línea Palencia-Santander, para las que está prevista una inversión que supera de casi 140 M y con las que se mejorarán la regularidad y las condiciones de las circulaciones
ferroviarias en red convencional.
Estas obras darán solución a problemas que venían sucediendo hasta el inicio de las mismas, que ocasionaban incidentes en la puntualidad y la fiabilidad del servicio ferroviario en esta línea.
Las obras previstas a lo largo de los 217 kilómetros de vía única que separan Palencia de Santander, afectan tanto a la renovación integral de la Línea Aérea de Contacto (LAC), como a la renovación de elementos y tipología de vía.
Las obras han sido planificadas para su ejecución en banda horaria nocturna, para no afectar a la normalidad del servicio ferroviario.
Las mejoras de la línea se verán incrementadas con las actuaciones que se llevarán a cabo en otras instalaciones ferroviarias, como la rehabilitación de subestaciones. Paralelamente se está llevando a cabo una serie de actuaciones
destinadas a mejorar la infraestructura de la línea, como en trincheras. Se van a ejecutar asimismo actuaciones en diversos túneles y puentes para mejorar las prestaciones de la línea.
Además, en la línea Palencia-Santander se han realizado ya distintas actuaciones encaminadas a la mejora de las prestaciones, entre ellas:
- Renovación de línea aérea de contacto en la estación de Aguilar de Campoo.
- Renovación de línea aérea de contacto entre Aguilar de Campoo y Quintanilla de las Torres.
- Renovación de línea aérea de contacto entre Mataporquera y Reinosa.
- Renovación de línea aérea de contacto entre Reinosa y Bárcena de Pie de Concha.
- Renovación de línea aérea de contacto entre Torrelavega y Santander.
En las cinco actuaciones, se ha procedido a la renovación integral de la línea aérea de contacto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Continuar las obras en marcha para asegurar la fiabilidad de los servicios y poder aumentar la velocidad de las circulaciones hasta alcanzar los 160 km/h, lo que redundará en una reducción de los tiempos de viaje.
- Impulsar el desarrollo de las actuaciones en marcha para reducir el tiempo de recorrido entre ambas ciudades a 2 h 15 minutos, a lo que se sumaría el avance de la línea de Alta Velocidad Valladolid-Palencia, que permitirá realizar el
trayecto entre Madrid a Palencia en 1 h 15 minutos.
- Conseguir como menor tiempo de recorrido de las conexiones de larga distancia entre Madrid y Santander 3 h 30 minutos en el horizonte de 2015, lo que supondrá una reducción aproximada del 20% en el tiempo empleado entre Madrid y
Santander.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Deporte
161/002850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
Formación Profesional Dual, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La Formación Profesional debe estar dirigida a garantizar la eficiencia económica, empresarial e individual. Por tanto, un sistema de formación profesional, en la economía globalizada a la que pertenecemos, debe garantizar, por una parte,
la posibilidad de que las empresas puedan contar con los necesarios técnicos cualificados y, por otra, asegurar la empleabilidad, el progreso profesional y la adaptación a los cambios en el sistema productivo de los ciudadanos.
En este sentido la Formación Profesional en un país debe ser suficientemente flexible para facilitar la formación a lo largo de la vida y ofrecer programas que acerquen la formación a la realidad empresarial. Con estas finalidades, la
Formación Profesional se diseñó en nuestro país desde el año 90 como una formación basada en competencias, de estructura modular y con la necesaria realización de una parte de la formación en empresas en situaciones de realidad. Desde entonces se
han puesto en marcha programas y proyectos para adaptar el sistema de FP a las necesidades de la sociedad y del sistema productivo. Se publicó la Ley 5/2002; se introdujeron cambios en la LOE, se actualizó el catálogo de títulos, etc.
La Lomce recoge en su art. 42 bis el sistema de Formación Profesional Dual en el sistema educativo y establece que el Gobierno regulará las condiciones y requisitos básicos que permitan el desarrollo, por las Administraciones educativas, de
la Formación Profesional dual en el ámbito del sistema educativo.
El Ministerio de educación ha tomado como referencia para implantar el modelo, el sistema de FP Dual de Alemania, adaptándolo a las características de las empresas de nuestro país. Sin embargo, en Alemania existe una legislación exhaustiva
que determina cuáles deben ser los requisitos que deben cumplirse para que un programa se desarrolle en condiciones de igualdad, publicidad y calidad.
El RD 1529/2012, anterior a la Lomce, desarrolla algunos aspectos relativos a la formación profesional dual en el sistema educativo, pero deja en manos de los centros la definición de los requisitos que han de cumplirse en los programas de
formación, y a la voluntariedad de centros y empresas el cumplimiento de algunos de ellos. A modo de ejemplo, deja a la voluntariedad de los centros realizar un seguro para el desarrollo de actividades en la empresa, no se define en ningún momento
cuál es la relación del alumno con la empresa y, desde luego, no se han regulado las obligaciones de las empresas o los requisitos que han de reunir para acoger alumnos en un programa de FP Dual.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la regulación de la FP Dual en el ámbito educativo, con respeto a las competencias de las CC.AA. y con el objeto de desarrollarla en condiciones de calidad, contemplando, entre
otros, los siguientes requisitos:
1. La proporción de profesionales cualificados en la empresa en función del número de alumnos, así como la formación pedagógica que deben poseer.
2. La participación del profesorado en la formación del alumnado en la empresa, sobre todo si no existen en la misma profesionales con la necesaria formación.
3. Las consecuencias, si no se cumple el acuerdo, para la empresa, el centro o el alumno.
4. Los períodos vacacionales y sus excepciones.
5. Las posibilidades de cambio en la relación contractual.
6. La exigencia de suscribir un seguro en los casos en que el alumno no esté cubiertos por el seguro escolar.
7. La obligatoriedad de informar a los Consejos de Formación Profesional de los proyectos que se desarrollan en colaboración con la empresa.
8. La exención, si procede, del módulo de FCT.
9. La necesidad de que las empresas estén acreditadas para participar en la FP Dual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2014.-María José Vázquez Morillo, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre declaración de Benidorm como municipio turístico, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El Gobierno del Partido Popular en 2002 aprobó la Ley de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), siendo también ministro el actual titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro. Dicha ley recoge en su
artículo 125 los requisitos que se deben reunir para obtener la calificación de municipio turístico, pero sólo computa los pisos reglados como segunda residencia sin tomar en consideración las plazas hoteleras del destino, traba principal que ha
impedido hasta la fecha a Benidorm acogerse a esta medida, pese a que nadie duda de su potencial turístico. Y, al no poderse acoger, la ciudad está dejando de ingresar al año el 2% de los impuestos recaudados por tabaco e hidrocarburos en el
término municipal, lo que en términos económicos se traduciría en cerca de un millón de euros adicionales, que servirían para compensar el alto gasto que la ciudad soporta en servicios como seguridad, limpieza, etc.
Desde entonces, PP y PSOE han intentado modificar este requisito sin suerte ninguna, al toparse con la oposición del otro partido, dependiendo de quien estuviese en el gobierno en cada momento. Sus disputas están provocando que en la
actualidad Benidorm no goce de la condición de municipio turístico ni de sus ventajas.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
a) Se modifique el articulo 125 1.b. para que computen también las plazas hoteleras de la ciudad destino.
b) Se declare a Benidorm municipio turístico según esta ley.
c) A partir de entonces se le concedan a Benidorm los rendimientos procedentes de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco desde la entrada en vigor de la Ley, esto es, desde 2004, que de acuerdo a la modificación de
la Ley le hubiesen correspondido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
consumo de carbón nacional, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Como es conocido, la difícil coyuntura internacional ha puesto de manifiesto, una vez más, la debilidad estratégica y económica de los países energéticamente dependientes. En particular España es uno de los países de la Unión Europea (UE)
con menor grado de suficiencia energética, lo que supone que en torno al 80% de la energía primaria consumida es importada.
A pesar del importante desarrollo de energías renovables y la necesidad de reducir las emisiones de CO2, dentro del compromiso de lucha contra el cambio climático acordado por la UE, es preciso tener en cuenta que las fuentes renovables son
escasamente gestionables debido al carácter intermitente y de dependencia de circunstancias meteorológicas, por lo cual, para lograr mantener la estabilidad del sistema eléctrico, de tal manera que la generación se adecue exactamente a la evolución
de la demanda nacional, es totalmente imprescindible recurrir a la utilización de centrales térmicas convencionales de gas y carbón.
Por otra parte, la inestabilidad característica de los países productores de petróleo y gas, unido a la dificultad para almacenar cantidades que garanticen por un periodo de tiempo elevado el suministro de estos productos, le confieren al
carbón de manera indiscutible el carácter de combustible estratégico de cara a lograr la garantía de suministro en todo tipo de circunstancias adversas, tanto geopolíticas como meteorológicas.
El carbón nacional es el único combustible fósil autóctono, disponible en la actualidad, que puede alimentar las centrales térmicas y resolver cualquier eventual problema de suministro, siendo su flexibilidad y capacidad de regulación
especialmente útil en horas punta. Igualmente, la generación térmica con centrales que utilizan carbón autóctono como combustible aporta normalmente un grado de fiabilidad adecuado para garantizar la correcta operación del sistema y el suministro
eléctrico, al tratarse de una producción gestionable y proveedora de servicios de ajuste del sistema, como demuestran los datos de REE que, en 2013, a pesar de ser un año favorable a las renovables, aún mantuvo un 20% de producción con carbón.
Además del carácter estratégico que tiene el carbón autóctono, éste juega un papel importante en la economía española, contribuyendo especialmente en las comarcas mineras a la generación valor añadido y empleo, a la vez que colabora en la
reducción del déficit de la balanza comercial de España, el cual se genera en gran parte por la citada dependencia energética exterior.
Estas razones están en la base de los sucesivos acuerdos con los agentes sociales sobre la minería del carbón. El ultimo firmado para el periodo 2013-2018. Además, la necesidad de consumo de carbón nacional por parte de las centrales
térmicas se reguló en el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro (RGS).
Las drásticas reducciones sucesivas de ayudas, muy superiores a las condicionadas por la Decisión n.° N 178/2010 de la Comisión Europea, coloca a la minería española en situación dramática y con muchas dificultades para sobrevivir. De forma
que las ayudas reales a la producción se han situado en el 2013 en un 83% de reducción sobre las otorgadas en 2011, año de referencia de la Decisión, que exigía para ese ejercicio una reducción del 25%.
Esta difícil situación se ha vuelto totalmente insostenible en la actualidad, no sólo ya por la reducción de las ayudas si no por la imposibilidad de gran parte de las compañías mineras de poder suministrar y facturar el carbón producido
según lo acordado. Como se citó anteriormente, los suministros y en consecuencia la producciones anuales de las empresas mineras vienen regulados anualmente por la correspondiente Resolución de la Secretaría de Estado de la Energía por la que se
fijan las cantidades de carbón a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro, y es en función de esos datos en los que las empresas mineras realizan su planificación técnica anual y su previsión económica. La
falta de ingresos como consecuencia del claro incumplimiento de la citada resolución y las negras perspectivas que anticipan las compañías eléctricas para lo que resta de año hacen que nos
encontremos ante la mayor crisis vivida por el sector, con un gran número de compañías sumidas en concurso de acreedores, liquidación y EREs, y forzando a las que restan a tomar el mismo camino con carácter inmediato, con las evidentes
consecuencias para la supervivencia de esta industria estratégica, el empleo y el desarrollo económico y social de los territorios afectados.
Ante esta gravísima situación del sector, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir todos los asuntos incluidos en el acuerdo firmado con los agentes sociales y las empresas, denominado Marco de Actuación para la Minería del carbón y Comarcas Mineras, y específicamente en lo que afecta al mantenimiento de la
producción y el empleo.
2. Mantener las ayudas a la producción acordadas en el citado Marco.
3. Cumplir el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro (RGS), según las cifras y prioridades de consumo acordadas en el citado Marco que
establece las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para el año 2014 y a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro.
4. Modificar de la obligación de compra mensual según estimaciones del operador del sistema, por una obligación de compra por dozavas partes tal y cómo se ha venido haciendo hasta el año 2013, y que se modificó en la Resolución (de
corrección de errores) del Secretario de Estado de 8 de enero de 2014.
5. Poner en marcha las medidas y mecanismos necesarios para que, a partir del 1 de enero de 2015, se pueda lograr consumir carbón autóctono y, por lo tanto, el mantenimiento de una industria competitiva que proteja la seguridad de
suministro en España.
6. Dada la actual situación de desfase en el consumo de carbón nacional, adoptar los cambios legislativos necesarios, como ya hizo a finales del año 2011 en el Real Decreto 1623/2011 en su disposición adicional quinta, de cara a posibilitar
un mayor hueco térmico para el carbón autóctono, vinculado a la gestión de desvíos y la regulación terciaria y también en los mercados intradiarios. Así mismo, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que derivaron en la no adquisición del
carbón nacional, se proceda al trasvase al 2015 de la energía no generada con carbón en 2014, por razones debidamente justificadas, tal y como se contempla en la Decisión, n.° N 178/2010 de la Comisión Europea, que autoriza el Real Decreto 134/2010,
de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro (RGS).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2014.-María Luisa Carcedo Roces, Antonio Ramón María Trevín Lombán, María Virtudes Monteserín Rodríguez, Julio Villarrubia Mediavilla, Helena Castellano Ramón, María Luisa González
Santín, Vicente Guillén Izquierdo, Victor Morlán Gracia, María Pilar Alegría Continente y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
fondos mineros, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El Plan Nacional de Reserva Estratégica 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras incluyó un compromiso de reactivación de las Comarcas directamente afectadas por la reducción de la actividad
minera, protagonista principal, en ocasiones única, de la economía de esos territorios, con objeto de favorecer un desarrollo alternativo y de diversificación de sus bases
productivas. De esta manera, estableció las bases para el destino de los fondos para la reactivación de las comarcas mineras afectadas por la ordenación de la actividad.
Mediante el Real Decreto 492/1998, de 27 marzo, se aprueba el Estatuto del Instituto para Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, organismo responsable de gestionar las actuaciones
derivadas del citado Plan acordado entre los Agentes Sociales y el entonces denominado Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El Real Decreto 1112/2007, establece el régimen de ayudas al desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, acordadas en el Plan 2006-2012 antes citado y destinadas a las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
En su artículo 13 se regula que por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio suscribirán convenios marco de colaboración con las comunidades autónomas afectadas, que establecerán los detalles de la gestión del programa de desarrollo de las
infraestructuras.
Dentro de la sección 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se incluye el Programa 457 M, de Infraestructuras en Comarcas Mineras del Carbón.
En este contexto, el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy de 30 de diciembre 2011, mediante un acuerdo de no disponibilidad de créditos, eliminó, entre otras medidas, la financiación de infraestructuras en compensación del cese
de actividad de la minería del carbón.
Por ello, el Gobierno del Principado de Asturias interpuso recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.° 4 contra el Ministerio de Industria, Energía y Turismo por el que se solicitaba el cumplimiento de las
obligaciones económicas dimanantes de la ejecución de determinados convenios de colaboración celebrados por el Principado con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
Ante la estimación del recurso por dicho Juzgado, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo presentó recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala ha desestimado el recurso de
apelación confirmando en sus términos la sentencia de instancia.
Reconocido el derecho del Principado de Asturias al cobro de los denominados fondos mineros se ha puesto de manifiesto el incumplimiento del Gobierno de España en relación con obligaciones de inversión ya programadas, en muchos casos ya
iniciadas, y en las que el Gobierno del Principado tuvo que adelantar el pago.
Situación similar se ha producido en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha, con la consiguiente incertidumbre financiera para la ejecución de las infraestructuras afectadas.
A pesar de la existencia de los requeridos convenios, con el consiguiente compromiso presupuestario adquirido por la Administración General del Estado, en los ejercicios presupuestarios correspondientes a 2012, 2013 y 2014, se ha producido
una merma de las cuantías destinadas a este fin, con el consiguiente quebranto para la financiación de las infraestructuras incluidas en los correspondientes convenios.
Resulta evidente que el Gobierno de España no puede seguir con el bloqueo de estos fondos mineros, debiendo proceder a la ejecución de los pronunciamientos judiciales a la mayor brevedad posible, máxime si tomamos en consideración la
transcendencia de estos recursos económicos para el desarrollo económico y la cohesión social de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales afectadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a arbitrar las fórmulas presupuestarias que permitan la financiación de las infraestructuras acordadas mediante convenios con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales pertenecientes al
ámbito de aplicación del citado Plan del Carbón.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2014.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Isabel Rodríguez García, María Luisa González Santín, Antonio Hurtado Zurera, Vicente Guillén Izquierdo y Susana Sumelzo Jordán,
Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
relación con el almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril (Córdoba), para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Las declaraciones del presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y de la directora del Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos de media y baja actividad que la empresa tiene en la sierra Albarrana, en el
municipio cordobés de Hornachuelos, anunciando el inicio de los trámites para conseguir los permisos que permitan duplicar la capacidad de almacenamiento de El Cabril, han provocado el rechazo de la mayoría de los ciudadanos y del gobierno de la
Junta de Andalucía.
Dichas declaraciones ponen de manifiesto la posibilidad que el Gobierno de la Nación decida ampliar la capacidad de almacenamiento y de emisión de radiactividad del cementerio nuclear de El Cabril en contra de las decisiones que el
Parlamento de Andalucía ha adoptado en diversas ocasiones, con el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el mismo.
El origen de El Cabril se remonta a la utilización, desde el año 1961, de una antigua mina de uranio para depositar residuos contaminados de radiactividad procedentes de las primeras investigaciones que con este tipo de material se empezaban
a realizar en nuestro país.
La publicación de la noticia de su existencia, en el año 1976, provocó un gran impacto en la ciudadanía y generó un movimiento de rechazo y oposición a su propia existencia y a las condiciones en las que se llevaba a cabo el tratamiento y
almacenamiento de los residuos.
Desde aquellos momentos y hasta el día de la fecha han sido muchos los debates y diversas y variadas las decisiones adoptadas por el Parlamento Andaluz y por distintas Administraciones Públicas, en relación con la regularización y
legalización de las instalaciones existentes en el momento de su descubrimiento, con el carácter eventual o permanente de las mismas, con el tipo y la capacidad de misión de los elementos radiactivos que se podían almacenar, con la capacidad máxima
de almacenamiento y con su clausura y cierre definitivo.
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía aprobó el día 6 de junio del año 2006, por unanimidad de los grupos políticos con representación parlamentaria en aquel momento, PA, IU-LV-CA, PP-A y PSOE-A, una Proposición no de Ley
en la que se instaba al Consejo de Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias, se opusiera a nuevas ampliaciones del centro de almacenamiento de residuos de baja y media actividad de El Cabril y a que rechazara cualquier pretensión por parte
de ENRESA de construir en Andalucía instalaciones para el almacenamiento de residuos de alta actividad.
La capacidad de almacenamiento de residuos de El Cabril está regulada por la Orden de la Dirección General de Política Energética y Minas de 21 de octubre de 2001, que establece que la autorización que se otorga tendrá validez hasta que se
complete el volumen disponible para el almacenamiento en las celdas existentes.
La Orden establece que si se completa su capacidad, el titular deberá justificar la seguridad nuclear de la instalación y la protección radiológica del personal a que deban ajustarse las operaciones a realizar en la instalación desde el cese
de la explotación hasta la concesión de la autorización de desmantelamiento y clausura.
La capacidad de almacenamiento autorizada para el cementerio nuclear de El Cabril es de 28 celdas, ya construidas, numeradas de la 1 a la 28, con una capacidad volumétrica de 100.000 metros cúbicos para residuos de media y baja actividad, y
de cuatro celdas, numeradas como 29, 30, 31 y 32, con una capacidad volumétrica de 130.000 metros cúbicos, de las cuales solo está construida la 29, para residuos de muy baja actividad.
La actividad total de los radionucleidos contenidos en los residuos que se almacenen en las celdas de la instalación no debe sobrepasar, al final del periodo de operación de la instalación, el inventario de referencia contenido en dicha
orden. Es decir, se establece una capacidad de almacenamiento máxima a nivel volumétrico y una capacidad de emisión máxima a nivel radiactivo.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha pagado con creces su cuota de solidaridad en esta materia, garantizando, durante más de treinta años y por un periodo de trescientos años, el tratamiento y almacenamiento seguro de los residuos de media
y baja actividad que se producen en el conjunto del Estado.
La mayoría de los residuos que se almacenan en El Cabril proceden del desmantelamiento de las centrales nucleares y en menor medida de investigaciones científicas diversas y de tratamientos médicos.
Parece por tanto razonable que el Consejo de Seguridad Nuclear y el Gobierno de la Nación, a la hora de planificar y definir el tratamiento futuro de este tipo de residuos, entiendan que Andalucía ha contribuido ya, de manera solidaria, con
el resto del estado en esta materia y se opongan a la ampliación de El Cabril, garantizando su clausura y sellado una vez se complete la capacidad legalmente autorizada y los efectos de la orden que la regula.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
a) La clausura y sellado del centro de almacenamiento de residuos de media y baja actividad de El Cabril, una vez se complete la capacidad de almacenamiento autorizada en estos momentos, tanto a nivel volumétrico como de emisión radiactiva,
renunciando a cualquier otra ampliación del Centro.
b) El mantenimiento y los efectos económicos de la orden que regula el canon que anualmente reciben los municipios de Hornachuelos (Córdoba), Fuente Obejuna (Córdoba), Las Navas de la Concepción (Sevilla) y Alanís (Sevilla).
c) El establecimiento de convenios socioeconómicos que contribuyan a la creación de empleo en los municipios de Hornachuelos (Córdoba), Fuente Obejuna (Córdoba), Las Navas de la Concepción (Sevilla) y Alanís (Sevilla).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2014.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre la plaga del picudo rojo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La plaga del picudo rojo, Rynchophorus ferrugineus, afecta a diferentes especies de palmáceas, tanto de interés agrícola como ornamental. Un plan de lucha que incluya a todo el área afectada por la plaga en las diferentes comunidades
autónomas y coordine a todas las Administraciones implicadas (Ayuntamientos, Diputaciones, Administración autonómica y estatal) y a todos los agentes afectados (particulares, empresas...) es muy necesario.
La primera fase de este plan debería de contemplar una doble medida de choque para detener el avance de la plaga. Esto consistiría en el uso generalizado de dos estrategias de lucha que recientemente han demostrado su eficiencia contra la
plaga. La primera de ellas está basada en la lucha química y consistiría en el tratamiento de todos los ejemplares de palmera sospechosos de infección, o en peligro inminente de infección, mediante endoterapia con el larvicida benzoato de
emamectina; el uso del cual ha sido autorizado recientemente por el Ministerio de Agricultura de manera provisional. La segunda estrategia estaría basada en la lucha biológica y consistiría en el uso de cepas locales del hongo deuteromiceto
Beauveria bassiana que infectan al picudo de manera natural provocándole la muerte; a la vez que el propio insecto sirve como vehículo de propagación del entomopatógeno.
Creemos que los costes de estas medidas de choque son perfectamente asumibles, porque hoy en día es posible tratar las palmeras con estas dos estrategias de lucha a un precio asequible. Pero igualmente se podría hacer uso de cualquier otro
producto o estrategia de eficiencia contrastada y viable económicamente si lo hay disponible. En cualquier caso, el objetivo del plan de choque debería ser detener el avance de la plaga durante dos o tres años, con el fin de ganar tiempo para
diseñar una estrategia de lucha a largo plazo, con la participación de todas las Administraciones, la incentivación de la investigación para la búsqueda de soluciones y la prohibición de la importación de palmeras de los países donde está presente
la plaga.
Este plan de lucha debería de poner a disposición de los Ayuntamientos los medios humanos, materiales y económicos necesarios para elaborar planes municipales de lucha contra la plaga, dentro de una estrategia general compartida; y para
ponerlos en práctica. También debería dotar a las Administraciones de la capacidad de inspección de palmeras aisladas, huertos, viveros, etc., sobre el cumplimiento de las medidas acordadas y de la capacidad sancionadora en caso de incumplimiento.
Además, debería de contemplar también ayudas o incentivos a los particulares y empresas para que el correcto control, seguimiento y erradicación de la plaga tenga un costo asumible por los agentes implicados.
El plan debería de establecer también los parámetros necesarios para orientar y coordinar la tala de palmeras afectadas, con el fin de que ésta se realice de manera eficiente; especialmente en todos los aspectos referentes al transporte y
trituración que creemos que no se hace correctamente en la actualidad. Un ejemplo, el porcentaje de la palmera que se debe triturar en caso de infección, no es el 100% que se tritura en la actualidad; sino solo del 10-20% del tronco
aproximadamente según los casos. Además de esto, se debe de planificar el uso de la parte no triturada y el uso también de la parte triturada, la disponibilidad de trituradoras suficientes, etc. Todos estos y muchos otros aspectos, aparentemente
menores, deberían de quedar especificados y regulados en el plan de lucha para que este fuera eficiente y alcanzara el objetivo propuesto.
La aplicación de este plan requiere tener todos los ejemplares de palmera referenciados mediante un sistema de información geográfica (SIG). Por este motivo, proponemos que se tome a la ciudad de Elx-Elche como municipio piloto para su
aplicación, por ser un municipio que ya dispone de este SIG y por ser el municipio donde se encuentra el mayor palmeral de Europa, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este municipio dispone además de una amplísima experiencia
en la gestión del palmeral y sus plagas, con personal técnico y mano de obra cualifica y empresas muy competitivas en el sector que podrían realizar los trabajos de apoyo necesarios. Mientras se ensayan las primeras medidas en este municipio
piloto, el resto de municipios deben de ir haciendo el SIG si aún no disponen de él y deben de ir adoptando las medidas que se vaya especificando según las experiencias recogidas.
Los recursos económicos necesarios para ejecutar el plan deben de obtenerse de la implicación presupuestaria de todas las Administraciones. Por eso, todas ellas deben de aumentar las líneas de presupuesto destinadas a este fin; pero
además, se debe trabajar para obtener recursos de la UE que, con un plan bien diseñado, debería financiar y coordinar la erradicación de la plaga en todo el territorio de la unión.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar y liderar un plan de lucha contra la plaga del picudo rojo, aumentando los recursos económicos en los PGE 2015.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para paliar los daños generados por la sequía en la provincia de Alicante, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Comunitat Valenciana se enfrenta a uno de los años más secos y cálidos desde que se tienen registros. El mes de abril en Valencia es el más cálido desde el año 1869 y en precipitación le va a la par, con un déficit acumulado entre el 1
de octubre de 2013 y el 30 de abril de este año del 65%, con alrededor de un 20% del territorio de la Comunitat Valenciana con niveles de precipitación inferiores al 25% de la media. Ello ha provocado que en muchas zonas valencianas el suelo
presente niveles de humedad inferiores al 10%.
En consecuencia, esta sequía histórica que venimos arrastrando está provocando en nuestros cultivos unos daños sin parangón, tanto en aquellos cultivos establecidos en condiciones de secano como en el regadío valenciano.
En los regadíos, la ausencia de precipitaciones está provocando:
- Disminución de nivel en los acuíferos subterráneos y salinización de las masas de agua litorales.
- Merma importante tanto en la cantidad como en la calidad de las producciones.
- Incremento en las necesidades de riego de los cultivos, lo que unido a la brutal elevación de las tarifas eléctricas ha subido enormemente los costes asociados.
- Proliferación de plagas y, por tanto, de los costes asociados a los tratamientos fitosanitarios.
A su vez, en el secano la merma de lluvia está causando:
- Disminución muy importante de la producción o ausencia de ésta.
- Posible pérdida del arbolado.
- Igualmente que en los regadíos, proliferación de plagas y, por tanto, de los costes asociados a los tratamientos fitosanitarios.
En definitiva, para el productor agrario va a suponer una muy cuantiosa bajada de los ingresos y de la rentabilidad de los cultivos.
Por poner de relieve ciertos datos por sectores, en los cereales, las cosechas se dan prácticamente por perdidas, dado que, aunque lloviese, las plantas ya no tienen capacidad de recuperación. En el sector de frutos secos prácticamente lo
mismo con, incluso, altas posibilidades de que muchos árboles mueran. Otro tanto sucede con la producción de oliva. En la fruta de verano los calibres están sufriendo una gran disminución con una destacable pérdida de valor, de la misma manera que
la brotación de las vides son un interrogante y, por el momento, con perspectivas nada favorables. Finalmente, los cítricos han sufrido disminución de calibres, con la presencia importante de rajado y clareta en frutos por la sequedad ambiental y
una necesidad acusada de persistencia en los riegos durante todo el invierno.
Por su parte, la ganadería de ovino-caprino se ve muy afectada por la falta de pastos que provoca necesidades de compra de piensos y encarecimiento del coste de manera análoga a como ocurre en el sector del bovino reproductor. Además, la
disminución de las floraciones también ha afectado a la apicultura.
En definitiva, las Organizaciones Agrarias han estimado las pérdidas en alrededor de 80 millones de euros a los que hay que sumar los sobrecostes de más de 240 millones en los cítricos.
Muchos de estos cultivos son el eje fundamental de la economía de muchos municipios y generan millones de euros en origen, afectando a todas las comarcas de nuestra provincia. Estamos hablando de pérdida de puestos de trabajo, tanto
directos como indirectos, por lo que las consecuencias de esta sequía puede terminar por dar la puntilla a muchas economías locales que ya están fuertemente debilitadas por los efectos de la crisis.
Sin embargo, ante esta situación de absoluta catástrofe para el campo y el medio ambiente, el Consell se ha limitado a solicitar al Gobierno central una rebaja en los módulos del IRPF del 2014, así como bonificaciones en el pago de las
cotizaciones a la Seguridad Social durante tres meses.
Las medidas no sólo nos parecen insuficientes sino ridículas en su concepción y la actitud del Consell vergonzosa por falta de interés y demostración de incompetencia y por huir de su responsabilidad como gobierno valenciano.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Para paliar los daños producidos por la sequía a las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia de Alicante, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, de forma inmediata, un Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños que se están produciendo en el sector agrario como consecuencia de la sequía que, en todo caso, incluirá las medidas contempladas en el Real
Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, y, en especial, las siguientes:
a) Dotar un Fondo Extraordinario destinado a financiar las medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas por la sequía en las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas y, especialmente, para la compra y transporte de
alimentación en las explotaciones ganaderas y para el desarrollo y de un plan de arranque y plantación de cultivos permanentes que permitan recuperar su capacidad productiva.
b) Establecer una línea preferencial de créditos ICO dirigida a explotaciones agrícolas, con reducción de su cosecha superior al 30%, o ganaderas afectadas por la sequía. Los créditos dirigidos a las explotaciones cuyos titulares sean
jóvenes, mujeres y agricultores profesionales serán bonificados con tipos de interés más bajos.
c) Incluir las siguientes medidas de carácter fiscal:
- En relación con el IRPF, establecer mejoras para los sectores afectados por la sequía, tanto en el régimen de módulos como en el de estimación directa.
- Aprobar la exención en el pago de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústicos correspondiente al ejercicio de 2014 para agricultores y ganaderos afectados por la sequía y compensar a los Ayuntamientos afectados por la
pérdida de este impuesto.
d) Aprobar moratorias en pagos a la Seguridad Social por contingencias comunes de los sectores afectados por la sequía por el período en que dure esta situación.
El Gobierno, mediante Decreto y tras el informe favorable de la Mesa de la Sequía, aprobará el listado de términos municipales de la provincia de Alicante afectados por la sequía y por tanto susceptibles de acogerse a las ayudas contempladas
en el Real Decreto-ley de Medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrícola y ganadero por la sequía.
2. Formalizar convenios con las entidades financieras que gestionan las ayudas de la PAC para propiciar un adelanto de los pagos antes del verano y que dicho adelanto se realice a coste cero para los agricultores y ganaderos y flexibilizar,
en la medida de lo posible, los requisitos y condiciones que han de cumplir los agricultores y ganaderos para obtener ayudas derivadas de la Política Agrícola Común (PAC) en orden a garantizar que no se perderán dichas ayudas como consecuencia de la
sequía.
3. Reducir las tarifas eléctricas y el canon de riego a los agricultores localizados en las zonas afectadas por la sequía.
4. Recuperar la aportación de la Administración General del Estado al Plan Nacional de Seguros Agrarios, reponiendo la aportación de 300 millones de euros y a comprometer, en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura, la
colaboración de las Comunidades Autónomas para mantener los niveles de aseguramiento agrario. Asimismo, en todo caso, adoptar las medidas necesarias para garantizar la tramitación urgente de los partes presentados y el pago inmediato de las pólizas
con siniestro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2014.-Federico Buyolo García, Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick Manuel Campos Arteseros, Patricia Blanquer Alcaraz, José Luis Ábalos Meco y Gabriel Echávarri Fernández,
Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
rechazo como Presidente de la Asamblea General de la ONU al Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, mientras este país mantenga la Ley contra la homosexualidad, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El presidente ugandés firmó hace poco la entrada en vigor de la Ley contra la Homosexualidad, que no sólo condena a las personas por su orientación sexual, sino que establece como delito la no denuncia por parte de familiares y allegados.
La Ley establece una pena de hasta 14 años por mantener una sola relación homosexual y contempla la cadena perpetua para las personas que mantienen una relación homosexual estable.
Según Amnistía Internacional esta ley 'institucionalizará el odio y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en Uganda'. En términos similares se expresó la Alta Comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
A pesar de todo ello, un representante del Gobierno Ugandés, el Ministro de Asuntos Exteriores ha sido elegido como Presidente de la Asamblea General de la ONU, cargo que ostentaría a partir de septiembre y durante un año.
Sorprende que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sea presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores de un Gobierno que cuestiona los valores que defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En este sentido, hay que recordar que en el pasado Debate del Estado se aprobó, a propuesta de Esquerra Republicana, una Propuesta de Resolución en la que el Congreso condenaba la persecución y criminalización de las personas lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, así como las leyes homófobas que las institucionalizan, en cualquier lugar del mundo. Asimismo, el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno español a mantener el compromiso de defensa en la ONU y
otros foros internacionales de la aplicación efectiva de las normas de derechos humanos, en especial del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, promoviendo la protección en todos los ámbitos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
Por todo ello, y en base al compromiso adoptado por esta misma Cámara, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Adoptar las acciones diplomáticas oportunas para cuestionar la elección del Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda como Presidente de la Asamblea General de la ONU mientras Uganda mantenga en vigor la Ley contra la homosexualidad.
2. Solicitar la elección de un nuevo Presidente de la Asamblea General de la ONU si Uganda se niega a derogar la Ley contra la homosexualidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2014.-Joan Tardà i Coma, Diputado.- Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/001941
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols
Texto:
Al Ministro del Interior:
¿Piensa el Gobierno que sería recomendable evaluar los casos de los ciudadanos ugandeses, que emigraron de su país por miedo a represalia por su orientación sexual, como candidatos a recibir el derecho de asilo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2014.-Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, Diputado.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/001940
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputado don Manuel Pezzi Cereto
Texto:
¿Ha previsto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas confirmar por escrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía que el proyecto de equipamiento del Hospital Campus de la Salud de
Granada, que se tramita en el modelo de colaboración público-privada, no consolida deudas y respeta la normativa de estabilidad presupuestaria en términos de contabilidad nacional y por tanto puede acometerlo y adjudicarlo, en los términos en los
que se hizo ya la consulta preceptiva por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2014.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
Comisión de Fomento
181/001936
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuántas alegaciones o requerimientos ha recibido el Ministerio de Fomento por parte del Ayuntamiento de A Peroxa respecto del trazado de la A-56 en los últimos dos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001937
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuántas alegaciones o requerimientos ha recibido el Ministerio de Fomento por parte del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín respecto del trazado de la A-56 en los últimos dos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001938
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuántos pasos a nivel existen en este momento en la provincia de Ourense y cuántos accidentes se han producido en los mismos desde 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/001939
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuántas visitas ha realizado la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dentro de su labor permanente de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de todas las empresas con 50 o más trabajadores para velar
por el cumplimiento de las normas en materia de discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
230/000008
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(230) Conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por dicho Tribunal en el conflicto en defensa de la autonomía local número 6385/2010, promovido por el Ayuntamiento de Covaleda (Soria), en relación con la Ley de Castilla y León 1/2010, de 2 de marzo, de declaración del
Parque Natural de Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trias, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés
Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Ricardo Enríquez Sancho ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el conflicto en defensa de la autonomía local núm. 6385-2010, promovido por el Ayuntamiento de Covaleda (Soria), representado por el Procurador de los Tribunales don José Luis Ferrer Recuero y asistido por la Abogada doña Berta
Gil-Merino Rubio, en relación con la Ley de Castilla y León 1/2010, de 2 de marzo, de declaración del Parque Natural de Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión. Ha formulado alegaciones la Junta de Castilla y León, representada y defendida por el
Director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar el conflicto en defensa de la autonomía local promovido por el Ayuntamiento de Covaleda (Soria) en relación con la Ley de Castilla y León 1/2010, de 2 de marzo, de declaración del Parque Natural de Laguna Negra y Circos Glaciares
de Urbión.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 12 de junio de 2014.
233/000081
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por dicho Tribunal en la cuestión interna de inconstitucionalidad número 693/2013, planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con el artículo 174.1 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 32.Uno de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por posible vulneración del artículo 14 CE, así como voto
particular formulado a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés
Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 693-2013, planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 174.1 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, en la redacción dada por el artículo 32.1 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por posible vulneración del segundo inciso del artículo 14 CE. Han comparecido, el Letrado de la
Administración de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 10 de junio de 2014.