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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 474, de 09/06/2014
cve: BOCG-10-D-474
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de junio de 2014
Núm. 474
ÍNDICE
Página
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Justicia
161/002819 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para que el conocimiento de la
lengua cooficial y del derecho propio de la Comunidad Autónoma de destino sea considerado un requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial ... (Página3)
Comisión de Defensa
161/002810 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre ejercicios militares en Fuerteventura ... (Página5)
Comisión de Economía y Competitividad
161/002814 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos ... (Página5)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002808 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre incremento de los valores catastrales de la vivienda ... (Página7)
161/002815 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modificación del convenio marco suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias
para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de las Corporaciones Locales ... (Página7)
161/002817 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la subida del IVA en el sector de la flor y las plantas ... (Página9)
Comisión de Fomento
161/002813 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre paralización de la clausura de apeaderos en la línea férrea Granada-Bobadilla y puesta en marcha de un plan ferroviario
para el desarrollo económico granadino ... (Página10)
161/002818 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la construcción de la estación intermodal de Lugo y de la línea de alta velocidad entre Lugo y Ourense ...
Comisión de Educación y Deporte
161/002822 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre apertura de un proceso de negociación con la comunidad educativa de las Illes Balears ...
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002823 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a reforzar las políticas activas de empleo ... (Página13)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002811 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre reglamento de prevención de la contaminación ... (Página14)
161/002820 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre explotación y transformación de granito ... (Página15)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002809 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de reducir la edad de jubilación del colectivo de trabajadoras dedicadas a la labor de atar redes (rederas) ...
161/002816 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el puerto de Pasaia (Gipuzkoa) ... (Página17)
161/002821 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para paliar los daños generados por la sequía en la provincia de Almería ... (Página18)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la participación de los pacientes en la consecución del Pacto de Estado por la Sanidad ... (Página20)
Comisión de Cultura
161/002807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la proclamación de la 'Fiesta de Moros y Cristianos' como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la UNESCO ...
161/002812 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al reparto del fondo de ayudas del ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales) ... (Página23)
161/002824 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la cesión de la titularidad de la antigua estación de ferrocarril de Pontagra al Ayuntamiento de Ordes ... (Página24)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Justicia
161/002819
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para que el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la Comunidad Autónoma de destino sea
considerado un requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito registrado con el número 137702, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Comisión de Justicia
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Justicia una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para que el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la Comunidad Autónoma de
destino sea considerado un requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial.
Para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos hace falta que los servidores públicos que prestan servicios en una comunidad autónoma con lengua propia acrediten el conocimiento del idioma. Esto no tan solo deriva del
carácter oficial del idioma, sino también del principio de eficacia de la Administración, que, sin duda, no puede desarrollar correctamente su actividad si desconoce una cosa tan imprescindible y elemental como el idioma propio del territorio.
El artículo 6 del Estatuto de autonomía establece que la lengua propia de Catalunya es el catalán, y como tal debe ser la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones Públicas.
La realidad social de Catalunya deja clara constancia que la lengua normalmente utilizada como vehicular en el territorio es el catalán y en consecuencia no puede haber un desequilibrio, en lo que al trato de la lengua se refiere, por parte
de una administración tan importante para el mantenimiento del Estado de Derecho como es la Administración de Justicia. La lengua no puede ser un motivo de 'exclusión' en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Hay que recordar que
los actos jurídicos realizados en catalán tienen plena validez y eficacia y es por ello que la administración que debe velar por el cumplimiento de esa legalidad debe articular su funcionamiento en lengua catalana.
El artículo 33.1 del Estatuto de autonomía consagra el derecho de opción lingüística de los ciudadanos, los cuales tienen derecho en las relaciones con las instituciones, las organizaciones y las administraciones públicas de Catalunya a
utilizar la lengua oficial que elijan. La Administración de Justicia no puede quedar al margen. En este sentido, el apartado 2 del mismo precepto estatutario constata formalmente este derecho, proclamando que todas las personas tienen derecho a
utilizar la lengua oficial que elijan en todas las actuaciones judiciales. Para asegurar la efectividad de este derecho, el apartado 3 establece la obligación de jueces y magistrados, fiscales y del personal al servicio de la Administración de
Justicia, de acreditar, para prestar servicios en Cataluña, un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales que los haga aptos para cumplir las funciones propias de sus puestos de trabajo. Esta exigencia de acreditación del
conocimiento de las dos lenguas oficiales, consecuencia, por otro lado, del principio inherente a la cooficialidad del catalán, resulta así mismo del artículo 102.1 y 4 del Estatuto.
Lo cierto es que si bien en el ámbito de las administraciones públicas se han articulado soluciones a la pluralidad lingüística, la realidad demuestra que la Administración de Justicia ha restado, en este sentido, como un reducto aislado,
poco permeable a la utilización de las lenguas oficiales otras que el castellano y esto a pesar del reconocimiento que el artículo 231 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, hizo de las otras lenguas como oficiales en la
Administración de Justicia, habilitando su uso en todas las actuaciones judiciales.
La valoración como simple mérito del conocimiento del idioma propio de las comunidades autónomas que se contiene a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (artículos 110.2.h, 216 bis 3.2,d, 341, 431.2.f, 450.4), no
contribuye a garantizar el derecho efectivo a su uso. Esta garantía solo resta avalada si jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y el personal al servicio de la Administración de Justicia conocen y dominan la lengua de manera
efectiva. Y esto solo se logra si el conocimiento de la lengua se exige como requisito imprescindible para proveer plazas en el territorio de la comunidad respectiva.
Entendemos que hay que dar nueva redacción a los preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que hacen referencia al conocimiento y al uso de las lenguas oficiales por parte de jueces y magistrados, secretarios
judiciales y del personal al servicio de la Administración de Justicia destinados a las comunidades autónomas con lengua oficial propia.
En consecuencia, debe garantizarse el derecho lingüístico de los ciudadanos y ciudadanas que utilizan los servicios de la Administración de Justicia, entendido como un derecho vinculado al derecho a la tutela efectiva que consagra el
artículo 24 de la Constitución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para que el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la Comunidad Autónoma de destino sea considerado
un requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Defensa
161/002810
A la Mesa de la Comisión de Defensa
Ana Oramas González-Moro y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presentan, para su debate en la Comisión de Defensa, la siguiente Proposición no de Ley sobre ejercicios militares en Fuerteventura.
El pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura aprobó el pasado día 28 de mayo de 2014 una moción relativa a distintas maniobras militares autorizadas por el Ministerio de Defensa en distintos núcleos urbanos y turísticos de dicha Isla. En
dicha moción, la corporación insular acuerda 'dirigirse por escrito a la Delegación del Gobierno en Canarias y al Ministerio de Defensa para expresar nuestra protesta formal por los ejercicios militares que vienen realizándose en el entorno de
núcleos poblacionales de la Isla, reclamando el cese inmediato de los mismos'.
Además, el pleno 'expresa su rechazo al mantenimiento de las maniobras en el campo de tiro de Pájara, así como a la conservación de este mismo recinto para dicho fin. Reclaman su cierre definitivo y que se adopten las medidas necesarias
para asegurar el cuidado de todo su entorno'.
Esta decisión del pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura obedece a que los recientes ejercicios y actividades militares en distintos puntos de la Isla han provocado, una vez más, muchas protestas de vecinos y visitantes. El Cabildo se
refiere, concretamente, al despliegue de efectivos militares por medio de poblaciones, como es el caso de Puerto Lajas, con efectivos, equipados con armamento militar.
Igualmente, los vuelos rasantes de aviones militares por distintos puntos de la Isla han provocado también protestas de vecinos y empresarios, que no entienden por qué este tipo de actividades tienen que hacerse atravesando núcleos habitados
y a muy poca altitud, lo que genera importantes ruidos y alarma ciudadana.
Los ejercicios militares en el campo de tiro de Pájara provocan el tránsito de importantes convoyes militares por las carreteras de Fuerteventura e incluyen, en ocasiones, maniobras nocturnas que causan muchas molestias a los vecinos de las
localidades situadas en sus aledaños, como el valle de La Lajita o la zona turística de Costa Calma.
Esta sucesión de acontecimientos parece indicar, según se denuncia en la moción aprobada por el Cabildo Insular de Fuerteventura, 'una reactivación de los ejercicios militares en la Isla, pese a la histórica y unánime oposición de todas las
instituciones de Fuerteventura al mantenimiento del campo de tiro de Pájara'.
Por todo ello, se insta al Gobierno a que:
'1. Suspenda la realización de todos aquellos ejercicios militares que afecten a núcleos urbanos y turísticos en la isla de Fuerteventura.
2. Atienda la petición unánime del Cabildo Insular de Fuerteventura y de los seis Ayuntamientos de dicha Isla para que se proceda al cierre definitivo del Campo de Tiro de Pájara.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2014.- Ana María Oramas González-Moro y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Economía y Competitividad
161/002814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados
Unidos, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
El 28 de noviembre de 2011 durante el encuentro entre líderes europeos y estadounidenses se creó el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento (HLWG, por sus siglas en inglés). Este
grupo tenía como objetivo estudiar las políticas necesarias para incrementar el comercio y la inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, haciendo recomendaciones a los diferentes gobiernos. En junio de 2013 la Unión Europea y los
Estados Unidos anunciaron el inicio de negociaciones para llegar efectivamente a un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), también conocido simplemente como Tratado de Libre Comercio (TLC). Las
conversaciones comenzaron finalmente durante el mes de julio de 2013, y se prevé que se pueda aprobar finalmente durante 2014.
Un TLC es un acuerdo entre varios países o zonas geográficas para incrementar el volumen de intercambio de bienes y servicios. Y generalmente consiste en reducir los impuestos a la importación, lo que permite a los ciudadanos comprar más
baratos los productos extranjeros. Sin embargo, la propia Comisión Europea ha reconocido que 'las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo'. Asimismo, la
Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio rondan el 3,5% en Estados Unidos y el 5,2% en la Unión Europea. Estamos hablando de niveles extraordinariamente reducidos.
La Comisión Europea considera que 'las medidas regulatorias constituyen el mayor obstáculo para incrementar el comercio y la inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea'. Así, el propósito no es la reducción de los ya bajos niveles
arancelarios sino la modificación de la regulación existente en las relaciones comerciales entre ambos espacios económicos, favoreciendo únicamente a las grandes empresas transnacionales que son las únicas interesadas.
Cuando varios países abren sus fronteras para crear un mercado común de bienes y servicios se da un fenómeno de competencia hacia la baja o carrera hacia el fondo en el que se desploman los estándares laborales, los medioambientales e
incluso los democráticos. Eso es lo que supondrá la aprobación del TLC. Aunque la retórica oficial de la Comisión Europea habla de 'armonización de la regulación', se trata en realidad de un proceso en el que la igualación viene dada a la baja.
Así, se habla de un proceso de mínimo denominador común en el que el resultado de la armonización será la igualación al nivel de la regulación más laxa.
Las negociaciones conocidas apuntan también a que el Tratado de Libre Comercio estará acompañado de una cláusula de protección de los inversores extranjeros, conocida como ISDS (Investor-State dispute settlement), y que supone la creación de
tribunales internacionales de arbitraje donde las multinacionales podrán acudir para denunciar a los Estados cuyos gobiernos aprueben normas que atenten contra sus beneficios económicos presentes o futuros. Se trata de un mecanismo ya existente
para otros países y zonas económicas que operaría como una supraconstitución.
Desde que Argentina cambió su política económica tras la crisis de 2001, ha recibido más de 40 denuncias por parte de multinacionales. Las empresas argumentan que sus beneficios presentes y futuros han disminuido notablemente como
consecuencia del cambio en la orientación política. Por otra parte, Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en las amazonas. E incluso Libia
tuvo que pagar 900 millones de dólares de beneficios perdidos por un proyecto turístico en el que solo se habían invertido 5 millones de dólares. Son solo algunos ejemplos que revelan las consecuencias de una cláusula de esta naturaleza.
Además estos litigios son llevados a cabo por gabinetes jurídicos especializados en la materia y que cobran por el volumen de casos. A finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98 países según la UNCTAD, y en los
noventa solo había una docena. Pocos Estados se pueden permitir igualar la alta remuneración que reciben los abogados de las grandes multinacionales, y mucho menos mantener un equipo entero especializado en el tema.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a comprometerse públicamente a rechazar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea en caso de que dicho acuerdo incluya la armonización a la baja de las regulaciones
de las barreras no arancelarias -tales como los controles de calidad y salud o las normativas laborales- o incluya una cláusula de protección de inversores (ISDS).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2014.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
incremento de los valores catastrales de la vivienda, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Como es bien sabido, el fin de la burbuja inmobiliaria aceleró la caída del valor de las viviendas. A pesar de ello y apartándose de la realidad, el Gobierno del Partido Popular impulsó el llamado 'catastrazo', esto es, el incremento de los
valores fijados de las viviendas en el catastro, valor que afecta a impuestos como el IBI, recaudado por los municipios, como al de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y al impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos conocido como plusvalía municipal.
Así, gracias al incremento forzado de los valores catastrales ordenado desde el Ministerio de Hacienda, sin que perito alguno visitara las viviendas ni se adaptara la revisión al tiempo transcurrido desde la construcción de la vivienda y
otros parámetros vinculados al valor final, los ciudadanos han estado recibiendo revisiones del impuesto de transmisiones patrimoniales al alza por encima del precio real de compraventa.
De igual modo, la revisión al alza del catastro ha supuesto un incremento sustancial en la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al no haberse compensado el incremento con el porcentaje que aplican los municipios al valor
catastral para calcular el IBI.
El problema de estos incrementos fiscales es su falta de adaptación a la realidad, la carencia de rigor con la que se producen al no venir acompañados de una nueva valoración o peritaje de la vivienda, sino que más bien vienen originados por
la necesidad de incrementar las recaudaciones, en un momento en el que los ciudadanos tienen más dificultades para pagar y que el valor de su propiedad en lugar de crecer ha disminuido.
De hecho, son múltiples las sentencias que cuestionan este proceder por apartarse de la realidad del inmueble y no tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- No realizar subidas del valor del catastro porcentuales carentes de todo rigor, sin analizar la realidad concreta de las viviendas, en un momento en el que el precio de mercado está en proceso de descenso, y en un contexto económico en el
que el poder adquisitivo de la gente es menor.
- Establecer mecanismos de recaudación para los impuestos relacionados con la vivienda, su propiedad y adquisición, que contemplen el principio de capacidad económica del contribuyente y ajusten la presión fiscal para que sea más progresiva
y distributiva, con el objetivo de que el esfuerzo fiscal sea equitativo y se adapte a la situación económica de las personas y de la vivienda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la modificación del convenio marco suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho
público de las Corporaciones Locales, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La colaboración interadministrativa es un principio básico que debe presidir las relaciones entre las diferentes Administraciones Publicas, conforme .al principio establecido en el articulo 4.1.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. Igualmente, este principio de colaboración se recoge en el ámbito local, tanto en el artículo 10 como en el artículo 55.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en donde queda recogido el principio de colaboración entre la Administración Local y el resto de Administraciones Publicas, y en este mismo sentido, el articulo 75 de dicha Ley establece que, con carácter
general, la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y el resto de Administraciones Públicas territoriales podrá tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o Convenios administrativos que suscriban.
A su vez, en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se dispone que las Administraciones Tributarias del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.
Asimismo, el articulo 5 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone en su apartado 5 que podrán establecerse fórmulas de colaboración para la aplicación de los tributos entre las Entidades Locales, así como entre éstas
y el Estado.
Finalmente, el articulo 8 del vigente Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, prevé que la recaudación de la Hacienda Pública de las Entidades Locales y de sus Organismos Autónomos podrá
llevarse a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando así se acuerde mediante suscripción de un Convenio para la recaudación.
Es dentro del marco normativo anteriormente descrito, donde se formaliza el Convenio actualmente vigente en esta materia, que fue suscrito con fecha 28 de abril de 2011, entre el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de las corporaciones locales, que es ordenado publicar mediante Resolución de dicho Departamento de
fecha 6 de mayo de 2011 y cuyo texto aparece íntegramente inserto en el 'Boletín Oficial del Estado' del día 19 del mismo mes y año.
Sin embargo, a la vista de las cláusulas estipuladas en este convenio marco, en donde se condiciona la prestación de dicha colaboración al cumplimiento de una serie de requisitos formales y materiales por parte de las Entidades Locales, ha
hecho desistir a muchas entidades locales de subrogarse al mismo.
El Convenio, que se fundamenta en la cesión integral de la gestión recaudatoria en vía ejecutiva, sin permitir actuar a la entidad local una vez encargada la misma a la Agencia Tributaria, puede resultar operativo para aquellas Entidades
Locales que no cuenten con recaudadores ejecutivos dentro de la plantilla de personal funcionario, que al implicar sus actuaciones el ejercicio de autoridad, queda reservada esta función pública exclusivamente a personal funcionario, conforme a lo
que determina el artículo 92.2 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En estos casos, podría asumir la Agencia tributaria la totalidad de la tramitación de los expedientes de apremio administrativo que fuera
preciso impulsar y en todas sus fases, contra los deudores por ingresos de derecho público de la Entidad Local, y en estos supuestos podrían admitirse que resultan adecuadas las condiciones que se imponen en el Convenio.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que modifique el actual convenio marco suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y la Federación Española de Municipios y Provincias, introduciendo las modificaciones
que resultaran procedentes para posibilitar la realización, por parte de
dicha Agencia Estatal, de las siguientes funciones de colaboración con la recaudación ejecutiva de las entidades locales:
1.ª Que en los términos recogidos en el artículo 8.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se lleven a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria la realización de las actuaciones de colaboración en
materia de recaudación ejecutiva que se precisen efectuar fuera del territorio de la respectiva entidad, a solicitud expresa del Presidente de la Corporación, en donde se concrete el alcance y contenido de las mismas.
En particular dichas solicitudes de auxilio, podrían concretarse en las siguientes:
- El embargo de los saldos depositados en cuentas abiertas en entidades de depósito que se encuentren ubicadas fuera del ámbito territorial de la Entidad Local solicitante.
- La tramitación de los procedimientos de enajenación de bienes, preventivamente embargados por la Entidad Local, que se encuentre ubicados fuera del ámbito territorial de la misma.
En ambos supuestos y en concepto de costes por la prestación del servicio, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, podría percibir la totalidad del recargo de apremio ordinario determinado en el artículo 28.4 de la Ley 58/2003,
General Tributaria, fijado en el 20 por ciento sobre la deuda principal que fuera objeto de cobro, más los gastos en que incurra la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2.ª El procedimiento, forma y periodicidad, así como los requisitos que deban contener estas solicitudes especiales de colaboración y auxilio en materia de recaudación ejecutiva, serán establecidas por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, con objeto de que todas las entidades locales que se acojan a esta nueva fórmula, puedan adaptarse a las necesidades y a los medios materiales y humanos de la misma.
3.ª En cualquier caso, la tramitación y seguimiento de los respectivos procedimientos de apremio corresponderá con carácter exclusivo a la respectiva entidad local; así como las devoluciones de los ingresos indebidos que se produzcan con
ocasión de las actuaciones de auxilio y colaboración que se lleven a término.
4.ª Establecimiento de un canal de comunicación directo entre la entidad local suscriptora del convenio y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la aportación de interlocutores recíprocos, y la fijación de un plazo máximo para
fijar la primera reunión entre ambos para la puesta en marcha del convenio, y la verificación del funcionamiento de las herramientas informáticas de intercambio de información.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2014.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la subida del IVA en el sector de la flor y las plantas, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
Venimos asistiendo en los últimos meses a importantes movilizaciones de empresarios y comerciantes del sector de las flores y plantas de toda España mostrando su disconformidad con la subida del IVA decretada por el Gobierno.
Así, el 14 de julio de 2012 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que se adoptaron medidas que afectaron a normas en el ámbito
fiscal, laboral, mercantil y administrativo. Esta norma, que entró en vigor en septiembre de 2012, incrementó el IVA del sector de flores y plantas vivas del 10% (vigente hasta el 31 de agosto de 2012) al 21%, quedando el tipo reducido limitado
solo a las semillas, bulbos y esquejes.
Esta subida de 13 puntos ha representado para el sector un durísimo varapalo que ha contribuido al cierre de muchos de estos establecimientos que han visto como las ventas caían hasta un 30%.
Hay que recordar que, aunque las flores y plantas vivas no son un bien de primera necesidad, si son productos perecederos que deberían ser englobados en el tipo de IVA reducido y tener en cuenta las inversiones, el trabajo y los efectos que
derivan de toda su cadena productiva desde el inicio del producto hasta la llegada a los consumidores.
Además, el tejido empresarial, la producción, el transporte y los puestos de trabajo que genera el sector de la flor ronda los 100.000 trabajadores y trabajadoras.
En enero de este mismo año 2014, el Gobierno anunció la rebaja impositiva del 21% al 10% en las transacciones de objetos de arte como medida para incentivar su consumo aludiendo a que es muy importante para la economía española.
Desde nuestro punto de vista, el sector de la flor y las plantas es relevante desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista social ya que, como hemos apuntado, no solo emplea a unas 100.000 personas sino que está compuesto
básicamente por pequeñas cooperativas de invernaderos en su producción y por un pequeño y mediano comercio que dinamiza la economía en casi todas las poblaciones del país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a volver a aplicar el tipo reducido del IVA del 10% en el sector de las flores y plantas vivas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Pilar Grande Pesquero y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/002813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre paralización de la clausura de apeaderos en la línea férrea
Granada-Bobadilla y puesta en marcha de un plan ferroviario para el desarrollo económico granadino, para su debate en la Comisión de Fomento.
Al parecer el próximo 1 de junio, ADIF tiene la intención de proceder a la clausura de varios apeaderos de la línea Granada-Bobadilla, entre los que podríamos destacar los de Riofrío, Huétor-Tájar y Láchar-Íllora. Esta decisión tendrá una
primera consecuencia inmediata y será que los grupos que demandan una parada especial, sobre todo escolares que realizan actividades de introducción al ferrocarril, ya no podrán solicitar estas paradas. Esta última cuestión afecta principalmente a
los escolares que realizan con cierta frecuencia excursiones a Riofrío.
Por otro lado, se cerrará una puerta casi definitiva a la implantación de un servicio ferroviario de cercanías entre Loja, Granada y Guadix, propuesta realizada por distintos colectivos ciudadanos en numerosas ocasiones como por ejemplo lo
agrupados en el Manifiesto en Defensa del Ferrocarril en Granada. Estos colectivos de ciudadanos además temen que la conversión de estos apeaderos en meros puntos kilométricos tenga consecuencias negativas a nivel de conservación del patrimonio
histórico ferroviario, ya que se pueden justificar demoliciones de edificios centenarios aduciendo falta de uso ferroviario, mal estado de conservación o deficientes condiciones de seguridad.
Desde nuestro Grupo Parlamentario defendemos el diseño de un plan de necesidades ferroviarias a medio plazo que ofrezca soluciones reales a los ciudadanos y que articule el desarrollo económico granadino. Hasta el momento, solo hay
preocupación por la llegada de la alta velocidad pero se está obviando por completo de este debate a los servicios de cercanías y media distancia, así como a las
mercancías y las terminales intermodales de transporte. Mientras se espera la llegada de la alta velocidad, el tren normal y sus instalaciones se están desmantelando porque los ciudadanos han sido expulsados y siguen siendo expulsados del
ferrocarril hacia otros modos de transporte menos sostenibles.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas, para que se proceda de forma urgente a la paralización de la próxima clausura de los apeaderos de la línea ferroviaria Granada-Bobadilla y que se articule a
medio plazo un plan ferroviario útil para el desarrollo económico granadino, que teniendo en cuenta las terminales intermodales de transporte cubra tanto la prestación de los servicios de cercanías y media distancia, como los de mercancías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para el impulso de la construcción de la estación intermodal de Lugo y de la línea de alta velocidad entre Lugo y Ourense, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La provincia de Lugo necesita dotarse de una conexión ferroviaria que una la capital provincial con Ourense mediante una línea de altas prestaciones que permita el flujo de pasajeros y mercancías con el resto de la península. Es una
necesidad y es una demanda unánime de la sociedad lucense.
A lo largo de los últimos años se han presentado distintos proyectos de modernización. La reforma proyectada de acuerdo a la declaración de impacto ambiental solicitada en el año 2003 se correspondía con un trazado de vía única que no
permitía velocidades de más de 160 km/h. Se trataba, por tanto, de una línea fuera de los estándares de alta velocidad.
El ejemplo manifiesto lo constituye el tramo entre Os Peares y Ourense, en el que no se planteaba realizar modificaciones, de forma que se dejaba el trazado con vía única y los radios de curva de finales del siglo XIX, no preparados para
velocidades superiores a los 70 km/h.
Superando ese proyecto, el Gobierno socialista decidió en el año 2009 modificar este trazado para adecuar esta línea a estándares de alta velocidad ferroviaria. Entonces, el Ministerio de Fomento proyectó un nuevo trazado para velocidades
superiores a los 250 km/h, con doble vía electrificada en todo su recorrido y apta para permitir tráfico mixto de viajeros y mercancías.
En el año 2006, el Gobierno socialista inició ya las obras de la Variante de A Pobra de San Xiao. Y a mediados de noviembre de 2011 adjudicó los contratos para la redacción de los proyectos constructivos de los tres subtramos en que se ha
dividido la conexión entre Monforte y A Pobra de San Xiao. En el momento del cambio de Gobierno, el resto de la línea se encontraba en estudio informativo, salvo la Variante de Canabal, también en proyecto.
Sin embargo, tras el cambio de Gobierno hemos asistido a la congelación de este proyecto y a la paralización de las obras de la Variante de A Pobra de San Xiao. De hecho, el pasado mes de marzo, la prensa lucense se hacía eco de la
paralización total de las obras de la Variante. Una Variante que se encontraba ejecutada al 71% en el momento del cambio de Gobierno.
No es la única noticia negativa que ha recibido Lugo en los últimos meses, porque el Gobierno también ha desechado la construcción de la estación intermodal de la capital provincial.
En agosto del año 2010, y fruto del acuerdo entre el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Lugo, se decidió la construcción de una estación intermodal en la capital lucense en la que confluyesen los distintos modos
de transporte y que diese respuesta a las nuevas necesidades generadas por la llegada de la alta velocidad.
Ocho meses después, se resolvió el concurso para la redacción del proyecto básico y constructivo de la nueva estación intermodal, que fue adjudicado a las empresas Eptisa-Junquera, Arquitectos-Calter Ingeniería, bajo el título Ponte Bela y
por importe de 627.305,49 euros.
Sin embargo, la ausencia de compromiso con la estación intermodal quedó patente cuando en los presupuestos de 2013 el Gobierno hizo desaparecer la partida específica dedicada a ella. Y la constatación llegó en febrero de este año, cuando el
Ministerio de Fomento reconoció en respuesta parlamentaria que firmó la suspensión total del contrato de la estación intermodal el 5 de octubre de 2012. Lo cual es doblemente grave: por la paralización y por haberla ocultado mientras mantenía la
ficción de que seguía adelante con el proyecto. Por tanto, el Gobierno socialista planificó una línea de alta velocidad para Lugo antes inexistente y puso en marcha su construcción, dotando además a Lugo de una estación acorde a las necesidades de
intermodalidad.
El Gobierno popular, sin embargo, no ha respetado la planificación aprobada y ha paralizado la construcción de la vía y de la estación, desoyendo la reclamación unánime de la sociedad lucense y excluyendo a Lugo de la red de alta velocidad.
Ese es el trato que el Gobierno dispensa a Lugo, un trato que no se merece ni Lugo ni los lucenses.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a retomar de inmediato las obras de la Variante de A Pobra de San Xiao, actualmente paralizadas, y vitales para la conexión de alta velocidad entre Lugo y Ourense.
Igualmente, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las fórmulas legalmente previstas para proceder a la contratación conjunta de proyecto y obra de los tramos pendientes de la línea de alta velocidad entre Lugo y Ourense.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a licitar y a contratar a la mayor brevedad las obras de construcción de la estación intermodal de Lugo y a dotar los Presupuestos Generales del Estado con las partidas necesarias para
hacer realidad este proyecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2014.-José Blanco López, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/002822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre apertura de un proceso de negociación con la comunidad educativa
de las Islas Baleares, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo, han demostrado que la ciudadanía no tolera más la forma de gobernar del Partido Popular retirándole de una manera muy significativa su apoyo, lo que parece indicar que si este
partido no es capaz de hacer una rectificación en toda regla no tendrá ninguna posibilidad de gobernar a partir de las elecciones autonómicas del año que viene.
Desde hace ya 22 días, el docente Jaume Sastre se encuentra en huelga de hambre como protesta contra los ataques al sistema educativo público y a la enseñanza en catalán perpetrados por parte del Gobierno autonómico de Baleares. Este
ciudadano reclama la apertura de un proceso negociador entre el Gobierno y la comunidad educativa, que ha sido sistemáticamente ignorada y despreciada por parte del Partido Popular.
Jaume Sastre ha obtenido el apoyo de numerosos centros escolares y muy diversas asociaciones, pero no ha conseguido torcer la actitud autoritaria de un gobierno obcecado que, frente al rechazo que provocan sus políticas y el dramatismo de la
situación de este ciudadanos, continua de manera obstinada
aplicando su política de extrema derecha deteriorando cada día el sistema público de enseñanza y sin tener un gesto hacia el huelguista o a abrir negociaciones con los representantes de la comunidad educativa.
Desde nuestro Grupo Parlamentario nos gustaría mostrar nuestra solidaridad y admiración por la decisión de este docente, invitándole a abandonar la huelga de hambre antes de que tenga efectos irreversibles sobre su vida y a recuperar fuerzas
para continuar la lucha por un modelo educativo público y de calidad en el que la lengua propia de las Islas ocupe el lugar que le corresponde por otros medios.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se ponga en contacto con el Presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares, para que éste abra un proceso de negociación con la comunidad educativa de las islas con el fin de obtener un
modelo educativo público y de calidad en el que la lengua propia de las islas ocupe el lugar que le corresponde.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2014.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a reforzar las políticas activas de empleo.
Antecedentes
El aumento del paro marca la dimensión social de la crisis y del crecimiento de las desigualdades, tal como han puesto de manifiesto diferentes informes y análisis internos o internacionales que se efectúan sobre la economía española.
Paradójicamente, en este contexto el estado español es uno de los que destina menos recursos a políticas activas para luchar contra el desempleo y, desde 2012, estos recursos aún han disminuido más. Hoy se destina a políticas activas de empleo
alrededor de 40% de lo que se destinaban a esta finalidad en 2011.
En 2012, en plena crisis económica y con unas cifras muy elevadas de desempleo, resultó sorprendente el recorte del presupuesto dirigido a la ejecución de las políticas activas de empleo en un 57%.
En 2013, hubo un segundo recorte adicional al de 2012. Y en el 2014, el tercero. El presupuesto destinado a las citadas políticas ha vuelto a sufrir una fuerte reducción, que en Catalunya por ejemplo, se traduce en 17 millones y medio
menos respecto al año anterior.
Resulta paradójico que el Estado concentre sus esfuerzos de austeridad en la financiación de las políticas activas que efectúan las comunidades autónomas, mientras incrementa un 46,59% el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), a la vez que las instituciones europeas reclaman de los estados más medidas orientadas a impulsar la recolocación o bien la consecución de un primer empleo, a través de las políticas activas.
CIU se ha opuesto en todo momento a la constante reducción, desde 2012, del presupuesto destinado a políticas activas de empleo. 'Reforzar las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo con el fin de aumentar la empleabilidad de las
personas con menor acceso al mercado de trabajo', tal y como recomienda la Comisión Europea a España frente al Programa de Estabilidad para el periodo 2013-2016 y el Programa de Reformas 2013, es imposible con los recursos que la Administración
General del Estado transfiere a las administraciones competentes para ello.
Es del todo imprescindible y urgente incrementar el presupuesto destinado a políticas activas de empleo y efectuar la transferencia de los recursos de manera que se garantice la viabilidad de unos servicios públicos de empleo autonómicos de
calidad y suficientes para desarrollar los programas públicos necesarios para mejorar las oportunidades de trabajo de las personas y para ofrecer un mejor servicio a las personas y a las empresas.
Por otra parte, la efectividad de las políticas activas de empleo debe ser evaluada mediante indicadores conocidos y, si la evaluación sirve para la posterior distribución de los recursos entre las distintas comunidades autónomas, es decir
comporta afectaciones importantes en materia de financiación, debería implantarse de forma paulatina, progresiva y sobretodo transparente y conocida con anterioridad, de lo contrario, puede caerse en la arbitrariedad. Las comunidades autónomas
deberían participar en la determinación de los pesos y umbrales máximos y mínimos de los indicadores que sean decisivos en el resultado final de la evaluación y que van a determinar la correspondiente financiación.
También es relevante señalar que está siendo habitual que el Ministerio transfiera, en los últimos días del mes de diciembre de cada año, una parte importante de los recursos que corresponden a las comunidades autónomas destinados a
financiar las políticas activas que efectúan durante el año. Es un despropósito que frena la capacidad de las comunidades autónomas para ejecutar puntualmente las políticas correspondientes.
Urge un cambio de orientación de las políticas del Gobierno en materia de empleo y en concreto respecto a las políticas activas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar con urgencia las medidas oportunas para:
- Incrementar el presupuesto destinado a políticas activas de empleo hasta situarlo como mínimo, en los niveles previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, para garantizar una financiación acorde con las necesidades
de los servicios de empleo autonómicos, a los efectos de ser efectivos en la reocupación de persona en paro.
- Territorializar y transferir los recursos destinados a las distintas comunidades autónomas para las políticas activas de empleo, en un marco temporal que permita la viabilidad de sus servicios de empleo.
- Incrementar la transparencia del sistema de evaluación de políticas activas y su incidencia presupuestaria. Para ello se deberán definir, con carácter previo y con el acuerdo de las comunidades autónomas, los valores de ponderación, pesos
y umbrales máximos y mínimos de los indicadores que permitan evaluar positiva o negativamente las medidas adoptadas, así como determinar su incidencia en términos económicos para las comunidades autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
reglamento de prevención de la contaminación, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 'BOE' de 21 abril de 2007, establece en su
artículo 3.1:
La autorización ambiental integrada estará referida a todos los elementos y líneas de producción de la actividad que estén englobados en el concepto de 'instalación' definido en el artículo 3.c de la Ley 16/2002 incluidos los relativos a
actividades Industriales que, aun sin estar enumeradas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de la instalación, y guarden una relación de índole técnica con dicha actividad, siempre que puedan tener
repercusiones sobre las emisiones y la contaminación que se vayan a ocasionar. Si de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, en la instalación se desarrollaron varias actividades Industriales que sean de un mismo titular, en la
autorización ambiental integrada se podrán establecer valores límite de emisiones globales para cada uno de los contaminantes generados.
El artículo 3.c de la Ley 16/2002 establece que 'Instalación' es cualquier unidad técnica fija en donde se desarrolle una o más actividades Industriales enumeradas en el anejo 1 de la presente Ley, así como cualquiera otras actividades
directamente relacionados con aquellas que guarden relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación. El anejo 1 establece como instalaciones o
complejos y actividades Industriales englobadas dentro de cada categoría: Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión superior a 50MW, Refinerías de petróleo y gas, Coquerías, Instalaciones químicas, etc.
El artículo k de la Ley 16/2002 establece como 'Emisión' la expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o ruido procedentes de forma directa o indirecta de Fuentes puntuales o difusas de la instalación.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se modifique la Ley incorporando un nuevo concepto que tenga en cuenta la suma de varias instalaciones cuando ello se produzca en algún polígono petroquímico para que se permita la suma
de emisiones de todas las empresas y no de cada una a nivel individual. Y que se incorpore dentro de las emisiones las molestias que generan los olores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-M.a Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
explotación y transformación de granito, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Motivación
El sector económico de la explotación y transformación de granito es uno de los Clúster estratégicos para Galicia. De hecho así se contempla en el 'Plan estratégico Galicia 2010-2014 horizonte 2020'.
Este plan reconoce al sector de la roca ornamental como uno de los estratégicos de Galicia junto con automoción, textil y construcción naval, entre otros.
Los datos estadísticos son verdaderamente relevantes. La industria gallega es la segunda más importante de Europa (tras Italia) y la quinta del mundo. Y nuestra comunidad aparece por delante de potencias como Bélgica, Portugal o Alemania.
Las empresas que integran el Clúster de granito alcanzaron una facturación de 336 millones de euros durante 2011, un 15,6% menos que el año anterior, en el que la cifra total había sido de 398 millones, ya que el impacto de la crisis de la
construcción ha sido muy elevado.
Las exportaciones de granito gallego (bruto y elaborado) se incrementaron un 11% en 2012, situación debida, en gran parte, a la reorientación estratégica de las empresas cara a nuevos mercados.
Las exportaciones de granito gallego suponen el 73% de las exportaciones a nivel nacional.
Pontevedra es la provincia gallega que concentra el 95 % de las exportaciones. El granito elaborado (baldosas, encimeras, fachadas, etc.) es el principal protagonista de las exportaciones gallegas. Los 79,2 millones de euros exportados
equivalen prácticamente al 80 % del total.
Galicia es líder indiscutible en la producción de granito en bruto de España. En las canteras gallegas, se extraen en la actualidad alrededor de 800.000 toneladas de bloques de granito, lo que equivale al 92 % del total nacional.
La mayor parte de la producción gallega de granito en bruto se transforma en las fábricas locales y el resto se destina a la exportación.
En nuestra Comunidad Autónoma se emplea la tecnología más moderna en extracción de roca ornamental con la que se obtiene piedra de extraordinaria calidad, controlada siempre bajo un estricto criterio de respeto ambiental.
Galicia también es líder en la transformación de granito en España. Los 11 millones de m2 de productos elaborados en Galicia cada año representan el 85% del total de la producción española.
Las empresas gallegas transforman sobre todo bloques de granito procedentes de las canteras nacionales (600.000 toneladas aprox.), principalmente del área extractora de Porriño en Pontevedra, pero también materiales importados (249.721
toneladas) de países como Portugal, Angola, Sudáfrica, India o Mozambique.
Como consecuencia de la crisis, este cociente sigue siendo cada vez más favorable para Galicia respecto del resto de España. Así, se espera que la cota de mercado de oferta de Galicia siga creciendo durante el presente año 2014.
En un momento tan delicado para el mercado laboral, se calcula que las empresas del Clúster del granito emplean alrededor de 5.000 trabajadores directos e indirectos entre canteras, empresas transformadoras, maquinaria y marmolistas. Esta
cifra supone un descenso del 14,5 % con respecto al año anterior. Desde el comienzo de la crisis en el año 2008, el descenso del número de trabajadores fue de un 27,5 %.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un plan de apoyo al sector del granito que incluya ayudas a los proyectos de I+D+i, que facilite la creación de empleo y riqueza en este sector.
2. Crear una estrategia específica de defensa y promoción del granito de Galicia, así como la piedra natural extraída de las canteras como un producto de alta calidad.
3. Generar mecanismos de devolución del IVA de la exportación que permita la reducción de los plazos, evitar la descapitalización y favorecer la liquidez de las empresas del sector.
4. Apoyar la consolidación, junto con la Xunta de Galicia, de los centros tecnológicos vinculados a la piedra natural que faciliten la investigación tanto en la extracción, manufactura y exportación de la piedra natural extraída, en
especial, de las canteras de la provincia de Pontevedra.
5. Apoyar mecanismos e instrumentos de análisis de los mercados mundiales de la piedra natural y de la construcción con objeto de impulsar las estrategias de internacionalización del sector ante el derrumbamiento del sector de la
construcción nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2014.-María del Carmen Silva Rego, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada M.a Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de reducir la edad de jubilación del colectivo de trabajadoras dedicadas a la labor de atar redes (rederas). Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El colectivo de trabajadoras dedicadas a la labor de atar redes para los barcos, las rederas, como se las conoce en el argot marinero, desarrollan un trabajo que posee el carácter de labor profesional penosa e insalubre. Muestra de ello es
que se registra un elevado índice de morbilidad entre este colectivo de trabajadoras, incluso superior a la de los pescadores o a la de las personas que se dedican al marisqueo.
Sufren diversas enfermedades relacionadas con la actividad que desempeñan, de hecho son pocas las que se salvan de padecer dolencias como la lumbalgia debido a la posición que mantienen durante horas para atar las redes. Sin embargo, no se
benefician de los coeficientes reductores de la edad de jubilación, un derecho laboral que si disfrutan otros profesionales del mar del sector extractivo acogidos igualmente al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
Con los datos en la mano, nos parece de justicia que se equiparen sus derechos con los de otros profesionales del mar en la cuestión aludida. El apartado 3 del artículo 37 del Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, que regula el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar, faculta al Gobierno para reducir por decreto la edad mínima de jubilación en aquellas actividades profesionales de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa e insalubre en las se acusen elevados índices de morbilidad
o siniestralidad.
A pesar de que se han aprobado distintos decretos que han incluido a otros profesionales del mar como beneficiarios de los coeficientes reductores, uno de ellos, el Decreto 2390/2004 de 30 de diciembre, que otorgó este derechos a los
tripulantes y armadores-trabajadores, y también mariscadores, percebeiros y recogedores de algas, pero excluyó una vez más al colectivo de las rederas.
La actividad de las rederas se originó con la utilización de las artes de enmalle en el ámbito de la pesca a comienzos del siglo pasado. Son en su mayoría mujeres las que se dedican a esta actividad, así ha sido tradicionalmente. Aunque en
la última década se han incorporado también hombres a estas funciones de reparar redes para la pesca. La mayor parte de este colectivo desarrolla su trabajo en pequeñas poblaciones costeras de Galicia. Se trata de una actividad auxiliar de la
pesca que da trabajo a aproximadamente 1.200 personas, en su mayoría mujeres (alrededor del 70%).
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a:
Adoptar las modificaciones legislativas necesarias para reducir la edad de jubilación del colectivo de las rederas, trabajadoras y trabajadores dedicados a la labor de atar, reparar y mantener redes, incluidos en el Régimen Especial de
Trabajadores del Mar, aplicando los correspondientes coeficientes reductores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2014.-M.a Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Puerto de Pasaia (Gipuzkoa), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En octubre de 2007, la Autoridad del Puerto de Pasaia propuso a las instituciones un plan de trabajo con los siguientes objetivos: 'Regenerar urbanísticamente la Bahía de Pasaia, que ha estado hasta la fecha condicionada por la actividad
industrial portuaria y por un desarrollo urbano acelerado y colmatado como consecuencia de políticas urbanísticas pretéritas. Y dotar a Gipuzkoa de una infraestructura portuaria moderna, generadora de empleo, al servicio de las empresas para que
éstas puedan disponer de un servicio de logística y transporte competitivo y eficiente'.
Pero la incertidumbre sobre el futuro del Puerto de Pasaia en Gipuzkoa, importante infraestructura para la reactivación económica del Territorio, se mantiene después de años de estudios sobre las posibles alternativas de ampliación
contempladas en 2010 en un Plan Director estratégico del Puerto.
En particular, ha sido largo y detallado el proceso de estudios, evaluaciones, informaciones públicas y alegaciones, iniciado en 1999 y relacionado, en buena parte, con la determinación del impacto de sostenibilidad ambiental. En concreto
de la opción de construcción de una dársena exterior adosada al litoral del monte Jaizkibel. Porque es cierto que el actual funcionamiento del Puerto enclavado en la Bahía de Pasaia, con sus limitaciones de calado, carencia de plataformas y viejas
instalaciones portuarias, plantea grandes dudas sobre su supervivencia y, a la vez, afecciones y problemas de cara a la regeneración urbana y a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía en los municipios de Pasaia, Lezo, San Sebastián y
Errentería, situados en su entorno.
Por otra parte y ante este dilema, hay que tener muy en cuenta las consecuencias de la crisis económico-financiera con los recortes en inversión y la necesidad de racionalizar las inversiones públicas en nuevas infraestructuras. La
situación de crisis representa, sin duda, un factor decisivo de cara a la disponibilidad de recursos por parte de las instituciones para financiar proyectos de alto coste, supone una dificultad añadida de la operación en su dimensión de posibles
ingresos urbanísticos y obliga a la fijación de criterios sólidos sobre la rentabilidad económica del proyecto. Lo que no tiene duda es que la decisión final a tomar sobre el futuro del Puerto de Pasaia debiera ser objeto, a tiempo, de una
planificación estratégica acertada que marque objetivos más allá de la actual crisis.
La Autoridad Portuaria de Pasaia realizó el 22 de septiembre de 2010 la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental que abrió el proceso de la gestión medioambiental ya realizado por parte del Gobierno Vasco y del Ministerio
competente.
Por eso, Ilama la atención la no culminación del expediente por el Ministerio, lo que bloquea e impide la toma de una decisión -por parte de la APP y del conjunto de administraciones implicadas- sobre aquella alternativa que genere el
necesario consenso Inter-institucional, garantice con una inversión razonable la modernización y la supervivencia competitiva del Puerto para Gipuzkoa-Navarra-Aragón, así como la regeneración de la Bahía de Pasaia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Emitir con urgencia, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Resolución sobre la Memoria Ambiental que ponga fin a la tramitación medíoambiental pendiente en relación con la evaluación del Plan Director de
infraestructuras del Puerto de Pasaia (Gipuzkoa).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre medidas urgentes para paliar los daños generados por la sequía en la provincia de Almería, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan, un año más, al peligro de que el período de falta de lluvias que sufrimos en la Península Ibérica se convierta en una verdadera situación de sequía, con los daños que ello ya está
produciendo a la agricultura y ganadería españolas.
Las organizaciones profesionales agrarias han constatado ya los efectos negativos que esta situación de sequía están produciendo en las regiones de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, sur de Aragón, Castilla-La Mancha y zonas puntuales
de Castilla y León, afectando principalmente a más de 3 millones de hectáreas en todo el territorio nacional y produciendo pérdidas muy importantes a los cultivos herbáceos (cereal, leguminosas y oleaginosas), a los leñosos (plantaciones de
almendro, vid, olivar, ...), así como a los ganaderos de ovino y caprino que, perdida la posibilidad de alimentar sus animales con pastos y superficies de forraje, se ven obligados a alimentarlos con piensos, con la consecuente elevación de sus
costes de producción, y a la apicultura. El impacto es menor, pero también lo tiene, en los cultivos de regadío y no se descarta que pueda llegar a afectarles de forma similar.
En el norte de la provincia de Almería (comarcas de Los Vélez, Valle de Almanzora, Los Filabre-Tabernas, la Alpujarra y el Levante almerienses), en concreto, desde el mes de septiembre se han registrado las cotas más bajas de precipitaciones
de los últimos 150 años, lo que está haciendo peligrar la pervivencia de explotaciones ganaderas, de frutos secos y cereal.
Las organizaciones profesionales agrarias señalan que la sequía afecta ya en esta provincia a 18.000 hectáreas de cereal, 2.842 explotaciones ganaderas y 62.821 hectáreas de plantación de almendros. En este último caso la situación es más
preocupante, si cabe, si tenemos en cuenta que ya se ha perdido la mitad de la cosecha de almendros pero, sobre todo, que corren peligro el 50 % de los árboles y, con ello, futuras cosechas.
El daño que sufren estas explotaciones se incrementa si tenemos en cuenta la situación del sistema nacional de seguros agrarios. Como es sabido, buena parte de las primas de este tipo de seguro se apoyan en subvenciones, tanto del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -a través de su organismo autónomo ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios) como de las distintas Comunidades Autónomas. Estas aportaciones han alcanzado en torno a los 300 millones de
euros (Estado) y 130 millones (Comunidades Autónomas), permitiendo a los asegurados hacer frente a entre el 50% y el 60% del coste de las primas de los seguros agrarios pero se han visto drásticamente reducidas en el período de crisis económica (no
llega a 200 millones de euros la aportación del Estado en los Presupuestos Generales del Estado para 2014).
En consecuencia, las primas de los seguros agrarios se han visto notablemente incrementadas o se han reducido los niveles de cobertura de riesgo, por lo que se han visto reducidas el número de pólizas suscritas por los agricultores.
Frente a esta situación, casi dramática, el Gobierno se ha limitado estos últimos días a reunirse con las organizaciones profesionales agrarias y con las cooperativas para acordar reunirse periódicamente, cada diez días, para seguir la
evolución de la situación hidrológica.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que además de estudiar la evolución de la situación -ya constatada- hay que adoptar ya medidas concretas que palien los daños que está sufriendo el campo español como consecuencia de la
sequía. Medidas de naturaleza económica y fiscal, de ayudas directas, riegos de socorro... que permitan paliar la situación de riesgo en que se encuentran muchas explotaciones agrarias y ganaderas en la provincia de Almería y que, en todo caso,
deben abarcar las contempladas en el Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas (reducciones fiscales para las
actividades agrarias, medidas laborales y de Seguridad Social, exención de las exacciones relativas a la disponibilidad de agua para riego, préstamos ICO, construcción de infraestructuras de suministro de agua a la ganadería extensiva y mejora y
modernización de regadíos...)
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Para paliar los daños producidos por la sequía a las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia de Almería, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, de forma inmediata, un Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños que se están produciendo en el sector agrario como consecuencia de la sequía que, en todo caso, incluirá las medidas contempladas en el Real
Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio y, en especial, las siguientes:
a) Dotar un Fondo Extraordinario destinado a financiar las medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas por la sequía en las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas y, especialmente,
para la compra y transporte de alimentación en las explotaciones ganaderas y para el desarrollo y de un plan de arranque y plantación de cultivos permanentes que permitan recuperar su capacidad productiva.
b) Establecer una línea preferencial de créditos ICO dirigida a explotaciones agrícolas, con reducción de su cosecha superior al 30 %, o ganaderas afectadas por la sequía. Los créditos dirigidos a las explotaciones cuyos titulares sean
jóvenes, mujeres y agricultores profesionales serán bonificados con tipos de interés más bajos.
c) Incluir las siguientes medidas de carácter fiscal:
- En relación con el IRPF, establecer mejoras para los sectores afectados por la sequía, tanto en el régimen de módulos como en el de estimación directa.
- Aprobar la exención en el pago de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústicos correspondiente al ejercicio de 2014 para agricultores y ganaderos afectados por la sequía y compensar a los Ayuntamientos afectados por la
pérdida de este impuesto.
d) Aprobar moratorias en pagos a la Seguridad Social por contingencias comunes de los sectores afectados por la sequía por el período en que dure esta situación.
El Gobierno mediante Decreto, y tras el informe favorable de la Mesa de la Sequía, aprobará el listado de términos municipales de la provincia de Almería afectados por la sequía y por tanto susceptibles de acogerse a las ayudas contempladas
en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrícola y ganadero por la sequía.
2. Formalizar convenios con las Entidades Financieras que gestionan las ayudas de la PAC para propiciar un adelanto de los pagos antes del verano y que dicho adelanto se realice a coste cero para los agricultores y ganaderos y flexibilizar,
en la medida de lo posible, los requisitos y condiciones que han de cumplir los agricultores y ganaderos para obtener ayudas derivadas de la Política Agrícola Común (PAC) en orden a garantizar que no se perderán dichas ayudas como consecuencia de la
sequía.
3. Reducir las tarifas eléctricas y el canon de riego a los agricultores localizados en las zonas afectadas por la sequía.
4. Recuperar la aportación de la Administración General del Estado al Plan Nacional de Seguros Agrarios, reponiendo la aportación de 300 millones de euros y a comprometer, en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura, la
colaboración de las Comunidades Autónomas para mantener los niveles de aseguramiento agrario. Asimismo, en todo caso, adoptar las medidas necesarias para garantizar la tramitación urgente de los partes presentados y el pago inmediato de las pólizas
con siniestro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2014.-María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia Fernández Moya, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la participación de los
pacientes en la consecución del Pacto de Estado por la Sanidad, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La consecución del Pacto de Estado por la Sanidad es un objetivo prioritario para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el comienzo de la X Legislatura.
En su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados como Ministra, que tuvo lugar el 1 de febrero de 2012, Ana Mato puso en valor la importancia
de promover una alianza con la que garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y asegurar la igualdad de todos los españoles.
Apenas unos días después de la citada comparecencia, concretamente el 29 de febrero, la Ministra cumplió su compromiso de impulsar el Pacto de Estado desde el entendimiento y la cooperación con las Comunidades Autónomas y consensuó en el
Consejo Interterritorial del SNS la hoja de ruta de un gran acuerdo con el que promover la consolidación y el desarrollo del sistema sanitario en total coordinación con los servicios sociales.
Es en este contexto en el que el Ministerio de Sanidad impulsó el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones, en el que el
mencionado Pacto de Estado fue incluido como un medio para mejorar la organización asistencial, optimizar todos los recursos sociosanitarios disponibles y garantizar que los ciudadanos reciben una atención adecuada a sus necesidades.
Ya en febrero de 2013, y después de plantear la creación del Espacio Único Sociosanitario, el Ministerio de Sanidad rubricó con el Foro de la Profesión Médica -que agrupa a la Organización Médica Colegial, a la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos, a la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España, a la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, al Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, y al Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina- un acuerdo marco con el que recoger las aportaciones de los facultativos y trabajar conjuntamente con ellos en la implantación efectiva de la gestión clínica en los centros asistenciales, en el impulso de un nuevo modelo de gestión y
planificación de los recursos humanos en el SNS, y en la definición de las bases del Pacto de Estado.
Un acuerdo similar fue alcanzado con el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE, en el mes de abril, siendo el 30 de julio cuando tanto médicos como enfermeros rubricaron en el Palacio de la
Moncloa -en presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- el Pacto por la Calidad y la Sostenibilidad del SNS.
Tanto el documento firmado con los médicos como en el acuerdo alcanzado con los enfermeros ponen literalmente en valor el elevado nivel de consenso alcanzado con el Ministerio de Sanidad, así como el compromiso adquirido para 'fortalecer y
hacer sostenible el SNS; garantizar a los ciudadanos una asistencia sanitaria pública, gratuita, universal y de calidad; promover criterios y orientaciones que mejoren la política de recursos humanos, revisando, en su caso, las relaciones
jurídicas, la formación y la ordenación jurídica de los profesionales, y definir estrategias para la implantación de la gestión clínica en los servicios de salud'.
Fue ya en septiembre, durante una reunión informal del Consejo lnterterritorial del SNS celebrada en Barcelona, cuando el Ministerio de Sanidad solicitó a las Comunidades Autónomas su participación activa en el acuerdo suscrito con médicos y
enfermeros, y tuvo lugar en noviembre el anuncio oficial por parte del propio Ministerio de la adhesión al acuerdo del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.
Durante todo este proceso, y de forma paralela al trabajo desarrollado en el Congreso de los Diputados por la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deben
acometerse para garantizar su sostenibilidad, los pacientes han sido siempre y son considerados por el Ministerio de Sanidad como la piedra angular del SNS y el eje en torno al cual debe articularse el Pacto de Estado.
Más allá de la sostenibilidad y la solvencia del modelo asistencial, y contando con los profesionales como el mayor activo del SNS, la principal pretensión del gran acuerdo por la Sanidad pretendido es garantizar la calidad de los servicios
asistenciales, así como la equidad en la accesibilidad a los mismos por parte de los ciudadanos con independencia del lugar en el que se encuentren.
En consecuencia, desde la puesta en valor de la capacidad de diálogo mostrada por los médicos, los enfermeros, los farmacéuticos, las Comunidades Autónomas y el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad para favorecer el
Pacto de Estado, y teniendo en cuenta el protagonismo otorgado al paciente en las normas que actualmente regulan la organización y el funcionamiento del SNS, especialmente la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 16/2003, de 28 de
mayo, de cohesión y calidad del SNS; la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; la Ley 14/2007, de 13 de julio, de
investigación biomédica; la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, y el ya mencionado Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS.
El Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los representantes de los profesionales sanitarios, la participación del colectivo de pacientes en el Pacto por la Calidad y la
Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de contar con sus aportaciones en favor de la sostenibilidad, la consolidación y el desarrollo del modelo sanitario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/002807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la proclamación de la
'Fiesta de Moros y Cristianos' como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposiclón de motivos
Las 'Fiestas de Moros y Cristianos' poseen una gran tradición muy arraigada en nuestro país, ya que se celebran desde finales del siglo XVl. Conmemoran, recreando de una manera festiva, el enfrentamiento que hubo entre las tropas musulmanas
y cristianas durante el siglo Xlll por el dominio del territorio de España. No constituyen en modo alguno la exaltación de una victoria o de una confrontación bélica, sino que representan más bien un homenaje lúdico a la convivencia entre distintas
culturas, lo cual es apreciado por todos los visitantes que cada año disfrutan de estos desfiles y representaciones.
La sensibilización de la opinión pública hacia la riqueza que representan las 'Fiestas de Moros y Cristianos', constituye un requisito indispensable para alentar a las autoridades públicas a adoptar medidas jurídicas y administrativas de
salvaguardia para asegurar su trasmisión. Este es el objetivo que persigue la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que a través de su lista Representativa del Patrimonio Cultural lnmaterial de la humanidad
ya ha reconocido algunas expresiones de la fiesta popular en países de distintos continentes, sin otra consideración que el valor artístico y cultural de estas manifestaciones populares. Es el caso, por ejemplo, de los carnavales de Binche
(Bélgica), Oruro (Bolivia) y Barranquilla (Colombia), las fiestas indígenas dedicadas a los muertos (México) o las fiestas de Gigantes y Dragones de diversas localidades de Bélgica y Francia.
En España gozan merecidamente de este título de Obra Maestra del Patrimonio Cultural lnmaterial de la Humanidad manifestaciones tan singulares como El Misterio de Elche, La Patum de Berga, La fiesta de los Patios de Córdoba (2012), La Mare
de Déu de la Salut, Los Tribunales de regantes, El Canto de la Sibilla de Mallorca y El Silbo Gomero, entre otros.
Al igual que las ya citadas fiestas de Gigantes y Dragones de Bélgica y Francia que se desarrollan en distintas localidades de estos dos países, y que merecieron la proclamación de la UNESCO, las 'Fiestas de Moros y Cristianos' tienen como
escenario un total de 220 poblaciones de 21 provincias de España, destacando sin duda un particular arraigo que han adquirido en la provincia de Alicante, y resaltando sobre todo por su espectacularidad las de Alcoy que incluso, están declaradas de
Interés Turístico lnternacional.
La preservación de estas grandes manifestaciones de la cultura festiva popular, así como su mejor difusión en todo el mundo, merecen el esfuerzo de todas las administraciones públicas, y en primer lugar del gobierno de la nación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e inmaterial, apoye y defienda en las instancias
internacionales oportunas, la inscripción de la candidatura de las ''Fiestas de Moros y Cristianos'' que se celebran en España, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, sin que implique coste adicional alguno presupuestario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reparto del fondo de ayudas del ICAA (Instituto de
la Cinematografía y las Artes Audiovisuales), para su debate en la Comisión de Cultura.
La vigente Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, establece en su preámbulo, la condición estratégica de la actividad cinematográfica y audiovisual dentro de nuestra cultura y economía.
Junto a los principios fundamentales que se definen a la hora de adoptar el marco normativo: apoyo a los sectores independientes, creación de mecanismos para evitar los desequilibrios existentes, la adaptación a las nuevas tecnologías y el
respaldo a la creación y a los autores, se encuentra, igualmente, el mantenimiento y la promoción de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país, así como el apoyo a las versiones originales de las obras como protección básica de sus
autores.
Para cumplir con este objetivo concreto y promover la pluralidad cultural y la igualdad de oportunidades de las lenguas propias de cada territorio, la Ley establece en su artículo 36 'Fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas
cooficiales distintas al castellano', la creación de un fondo de ayudas, dotado anualmente en los presupuestos generales del Estado y transferido a los organismos competentes de las Comunidades Autónomas. La disposición adicional sexta de la Ley,
concreta el mecanismo de reparto de los créditos previstos.
De esta manera, a partir de 2008 se estableció una partida presupuestaria dentro del Presupuesto del lnstituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (lCAA), complementaria a la dotación existente para el Fondo de Cinematografía
nacional.
Durante el periodo 2008-2011, el Fondo de Cinematografía Autonómico estuvo dotado de unos recursos que ayudaron a complementar las ayudas autonómicas existentes y a dinamizar la producción de contenidos audiovisuales en lenguas oficiales
distintas al castellano, alcanzando los objetivos marcados en la Ley.
Las asignaciones presupuestarias, llegaron a suponer en el periodo 2009-2011, más de un 8% del presupuesto total del lCAA para esos años, En 2012, a pesar de haberse dotado la partida correspondiente con un millón de euros, ni siquiera fue
repartida, y en 2013 y 2014, ha desaparecido por completo.
En la evolución de los Presupuestos Generales del Estado, la Cultura ha sufrido unos recortes muy por encima de los generales, de igual manera que el lCAA ha sufrido proporcionalmente una caída superior a la del Presupuesto destinado a
Cultura. Igualmente, el Fondo Nacional de Cinematografía, ha perdido dentro del Presupuesto del lCAA y el Fondo de Cinematografía Autonómico, directamente, ha desaparecido.
Es por todo ello que, entendiendo que no se está cumpliendo uno de los principios fundamentales en los que está basada la Ley 55/2007 del Cine, en lo referente a la promoción y diversidad cultural y lingüística de nuestro país y al apoyo a
las versiones originales de las obras, por lo que
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
La recuperación de la asignación presupuestaria dentro del Presupuesto del ICAA a partir del año 2015 para la partida denominada ''Fondo de Cinematografía autonómico'', considerando que su dotación, debería, al menos, seguir guardando la
proporción (12%) respecto al ''Fondo de Cinematografía nacional'', tal y como se ejecutó en los años 2009, 2010 y 2011.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/002824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
cesión de la titularidad de la antigua estación de ferrocarril de Pontagra al Ayuntamiento de Ordes, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La estación de ferrocarril de Pontagra en Ordes (A Coruña), fue construida durante los años 20 del siglo pasado bajo el diseño del arquitecto don Ramón Cortázar, autor así mismo de la estación de Azpeitia, idéntica a la anterior, que hoy
alberga la sede del Museo Vasco del Ferrocarril.
Esta estación, de innegable valor arquitectónico, estuvo en funcionamiento prestando servicios ferroviarios desde su construcción e inauguración hasta que la línea férrea modificó sus frecuencias y paradas quedando inutilizada para los fines
previstos.
La estación de Pontagra, situada en el Ayuntamiento de Ordes se encuentra a escasa distancia del centro de la villa lo que permite su uso por parte de la población del municipio y por ello se ha considerado idóneo plantear la posibilidad de
su reutilización para otros fines, intención que ha concluido en diversas actuaciones que derivaron en su rehabilitación y recuperación integral.
Con este objetivo, el 17 de marzo de 2008, el Ayuntamiento de Ordes y ADlF, acuerdan la firma de un contrato de arrendamiento tanto del edificio de la estación de Pontagra como de la totalidad del recinto ferroviario de esta antigua
estación, comprendido entre los puntos kilométricos 406/783 y 407/524 del antiguo trazado de la línea férrea Zamora-A Coruña. La duración del contrato de arrendamiento se establece durante veintitrés años hasta el 16 de marzo de 2023 por un importe
anual, a satisfacer por el Ayuntamiento de Ordes, de 9.000 euros anuales con el incremento correspondiente del IPC.
Durante los años 2008, 2009 y 2010 dicho recinto y edificio de la estación fueron objeto de diversas actuaciones para concluir en su acondicionamiento por parte del alumnado de varios 'Obradoiros de Emprego' concedidos por. la Xunta de
Galicia al Ayuntamiento de Ordes. A esto se añaden diversas inversiones del propio Ayuntamiento para el mantenimiento y la conservación que ascienden a una inversión aproximada a lo largo de estos últimos años de 350.000 euros.
Durante la fase de acondicionamiento del edificio central, con fecha 4 de marzo de 2009, el Ayuntamiento de Ordes solicita la cesión de los terrenos aledaños a la estación de Pontagra adscritos a dicho Ayuntamiento con objeto de proceder a
su posterior utilización como bien público e histórico de la villa. En el mismo año, el 18 de diciembre, se inician conversaciones con el responsable de la dirección patrimonial de ADIF, don Miguel Ángel Ferrero, para estudiar la posibilidad de
modificación del convenio inicial en el sentido de proceder a la cesión al Ayuntamiento de Ordes de este espacio para usos sociales y culturales.
Los actuales momentos de crisis económica que atravesamos impiden que el Ayuntamiento de Ordes cuente con el presupuesto suficiente para afrontar el abono del importe anual acordado inicialmente con ADlF por el arrendamiento de la antigua
estación de Pontagra ya que las inversiones en el municipio deben dar respuesta a diversas e importantes problemáticas presentadas por la población local.
Teniendo en cuenta la inversión y los trabajos realizados que han impedido la total desaparición de la estación de Pontagra, contribuyendo de forma sustancial a la preservación y conservación de un edificio de tal importancia, el
Ayuntamiento de Ordes insiste en su propósito de continuar el mantenimiento del mismo con objeto de que la población del municipio pueda beneficiarse de las actuaciones sociales, culturales o turísticas que en él y en su entorno se promuevan.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la cesión de la titularidad de la antigua estación de ferrocarril de Pontagra al Ayuntamiento de Ordes con el compromiso de que su utilización se dedique a fines de tipo social,
turístico, cultural y dinamizador del bienestar y la economía por parte de este Ayuntamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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