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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 464, de 26/05/2014
cve: BOCG-10-D-464
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de mayo de 2014
Núm. 464
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reforma urgente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de
voto por los españoles residentes permanente o temporalmente en el extranjero ... (Página3)
Comisión de Defensa
161/002789 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la retirada de menciones o medallas conseguidas durante la Guerra Civil o la Dictadura franquista en cuantos escudos,
banderas o estandartes del Ejército permanezcan de forma visible ... (Página4)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a eliminar discriminaciones entre residentes y no residentes, en la aplicación del impuesto que grava las
sucesiones y donaciones transfronterizas ... (Página6)
Comisión de Fomento
161/002788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre reforma legislativa en la contratación del sector público ... (Página7)
161/002791 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modificación del régimen jurídico de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera ... (Página8)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para evitar que las personas mayores con largas carreras de cotización vean reducida su pensión de jubilación ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002784 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la indicación geográfica protegida (IGP) de la anchoa del Cantábrico ... (Página11)
161/002786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conservación y rehabilitación del Barrio dos Cataláns ... (Página12)
161/002787 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre importación de residuos para incinerar ... (Página13)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la regulación del juego on-line ... (Página14)
Comisión de Cultura
161/002673 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para garantizar la credibilidad y calidad del proyecto de San Sebastián 2016 como Capital Europea de la Cultura (versión
reformulada) ... (Página15)
161/002783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la inscripción por parte de la UNESCO de la 'Cocina Catalana-Salvaguardia del patrimonio culinario en Catalunya' en el Registro
de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO ... (Página17)
161/002785 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Bimilenario de la muerte del emperador Augusto y la sexagésima edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ...
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a garantizar la viabilidad de las instalaciones de tratamiento de purines ... (Página19)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/001884 Pregunta formulada por el Diputado don Rubén Moreno Palanques (GP), sobre avances que espera generar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con los acuerdos de colaboración suscritos con médicos, farmacéuticos,
enfermeros e industria farmacéutica ... (Página21)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/002780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reforma urgente de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de voto por los españoles residentes permanente o temporalmente en el extranjero, para su debate en la Comisión Constitucional.
El voto rogado silenciará a más de un millón y medio de emigrantes españoles en las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014. Más de 1,5 millones de emigrantes españoles se quedarán sin votar en las europeas. Tan solo un 4,2% del
electorado ha reclamado su derecho al voto, lo que supondrá la tasa de abstención más alta de la democracia, agravando así la tendencia de las anteriores elecciones generales de 2011. La autoridad censal solamente ha aceptado 70.972 ruegos de un
total de 1,72 millones de censados, según ha admitido la Oficina del Censo Electoral a fecha 5 de mayo. Esto supone que, como máximo, un irrisorio 4,2% del electorado exterior ejercerá su derecho al voto, suponiendo -y es mucho suponer- que las
papeletas lleguen a su destino a tiempo. Previsiblemente, se alcanzará la tasa de participación más baja de la historia de nuestra democracia, un nuevo y claro indicador de que algo está fallando estrepitosamente en el sistema de voto desde el
exterior. Además, el proceso electoral para los emigrantes españoles se encuentra totalmente paralizado, debido a la impugnación de una candidatura. Esta incidencia electoral tiene repercusión directa en los plazos de voto de los residentes en el
exterior. A día de hoy, la documentación electoral no tiene fecha de envío desde España, pero los electores sí que tienen como fecha límite el 20 de mayo para enviar su voto por correo certificado al Consulado. Esta nueva restricción en los plazos
de voto impedirá que ejerzan su derecho especialmente aquellos emigrantes que se encuentren más lejos, por los retrasos en los envíos y recepción por correo de las papeletas. El escándalo se repite: en las elecciones generales de 2011 un 45% de
los votos aceptados no se pudieron efectuar por este tipo de problemas. Dado que dos tercios del electorado español en el exterior residen en América, cabe esperar una participación efectiva muy inferior al 4,2% de los emigrantes que han logrado
'rogar' a tiempo su voto.
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2011, del 28 de enero, por la que con el respaldo conjunto del PP-PSOE se modificaba el Régimen Electoral General (LOREG) introduciendo el 'voto rogado', la participación electoral de los
ciudadanos españoles en el exterior ha descendido dramáticamente. Los trámites que tienen que llevar a cabo los residentes en el extranjero para demostrar de antemano su deseo expreso de votar, los plazos muy reducidos para 'rogar' el voto, la
presencia en el Consulado para efectuar el ruego de los residentes temporales y los problemas en los envíos y en los reembolsos del pago del voto ponen en entredicho la legitimidad y la calidad democrática de nuestro sistema político y hace
incluso sospechar de los objetivos de aquella reforma, que muchos emigrantes denominan ya como 'voto robado'. Hasta esta lamentable reforma, las Oficinas del Censo Electoral enviaban directamente las papeletas desde España a cada ciudadano
inscrito en los Consulados y este votaba sin mayores complicaciones. Todo hace pensar que estamos ante un sistema diseñado para impedir que los emigrantes españoles ejerzan su derecho a voto, dejando sin votar a más del 95% de ellos.
Para rizar el rizo, el coste de enviar el voto por correo corre a cuenta del votante. Éste puede reclamar el reembolso, pero con este trámite también ha habido problemas y mucha gente aún no ha recibido el coste del franqueo (superior a 20
euros). A estos impedimentos, hay que sumar que la inscripción en el Registro Consular -requisito indispensable para (intentar) votar- conlleva la baja automática de la Sanidad Pública en España, puesto que se pierde la condición de 'residente en
España' (el llamado padrón), y con ello, la pérdida de la cobertura sanitaria en el extranjero.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
1) Impulsar una reforma urgente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de voto por los españoles residentes permanente o temporalmente en el extranjero.
2) Dicha reforma podría incluir:
a) La derogación del voto rogado que en la práctica convierte el derecho al sufragio universal en censitario, una medida claramente inconstitucional.
b) La implementación de un sistema de voto electrónico para facilitar la participación de los residentes ausentes y temporales, semejante al sistema que se utiliza en Suiza.
c) La creación de una circunscripción exterior para elegir a los representantes de los residentes en el extranjero, como ya ocurre en Italia, Portugal o Francia.
d) La simplificación del proceso de voto por correo, habilitando periodos más amplios que los actuales.
e) Una información clara, concisa y en tiempo útil, sobre el proceso de voto desde el exterior por parte de la Administración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Josep Nuet Pujals, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Defensa
161/002789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre retirada de menciones o medallas conseguidas durante la Guerra
Civil o la Dictadura franquista en cuantos escudos, banderas o estandartes del Ejército permanezcan de forma visible, para su debate en la Comisión de Defensa.
Tal y como se desprende de la propia página web del Ministerio de Defensa relativa al Regimiento América 66, en el escudo utilizado hoy en día aparecen de manera destacada hasta diez menciones franquistas. Texto de la web 'A partir del 19
de julio de 1936 participan en la guerra 17 batallones del 'América', encuadrados en las seis Brigadas Navarras, combatiendo en todos los frentes. Fue galardonado con dos Cruces Laureadas de San Fernando colectivas y ocho Medallas Militares
colectivas'.
Por ello es preciso recordar que a nivel europeo, en varias ocasiones, diferentes organismos se han pronunciado al respeto. En concreto es interesante recordar que la Resolución 39 (I) adoptada por unanimidad de la Asamblea General Europea
el 9 de febrero de 1946 consideró que el régimen de Franco
fue impuesto por la fuerza al pueblo español y no lo representaba. Y, de acuerdo con los principios de la propia ONU, el franquismo cometió crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Aún hoy, de acuerdo con
la Resolución 1996/119, de 2 de octubre de 1997, en España siguen sin cumplirse en relación con las víctimas y sus familiares de la represión franquista, el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación.
En este mismo sentido se pronunció el informe de la ONU (Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de las minorías, 49 sesión, punto 9 del orden del día): '42. En el plano colectivo, las
medidas de sentido carácter simbólico, a título de reparación moral, tales como el reconocimiento público y solemne por parte del Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias
conmemorativas, las denominaciones de vías públicas, los monumentos, permiten asumir mejor el deber de la memoria. En Francia, por ejemplo, ha sido necesario esperar más de 50 años para que el jefe del Estado reconociese solemnemente, en 1996, la
responsabilidad del Estado francés en los crímenes contra los derechos humanos cometidos por el régimen de Vichy entre 1940 y 1944. También citaremos las declaraciones de la misma naturaleza realizadas por el Presidente Cardoso en lo que concierne
a las violaciones cometidas en Brasil bajo la dictadura militar. Y recordaré especialmente la iniciativa del Gobierno español de reconocer la calidad de antiguos combatientes a los antifascistas y brigadistas que, durante la guerra civil, han
luchado en el campo republicano'.
La referida simbología podría contravenir la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura,
que en su exposición de motivos concreta que 'se establecen, asimismo, una serie de medidas (arts. 15 y 16) en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio de evitar toda
exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa
o agravio.'
Así, en su 'Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos. Se dispone que:
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas
por la ley.
3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.
4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.
Por todo ello se formula la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas, para que sean retiradas aquellas menciones o medallas conseguidas durante la guerra civil o la dictadura franquista que permanezcan de forma visible en escudos,
banderas o estandartes del ejército con el fin de adecuar estos símbolos a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2014.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, una proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a eliminar discriminaciones entre residentes y no residentes, en la aplicación del impuesto que grava las sucesiones y donaciones
transfronterizas.
El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto directo, objetivo, personal, progresivo, que contribuye a la redistribución de la riqueza y grava las adquisiciones gratuitas de las personas físicas, tanto mortis causa como inter
vivos.
La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, regula la cesión de la
gestión, recaudación y determinadas competencias normativas del impuesto sobre sucesiones y donaciones, entre estas, la determinación de la tarifa y las reducciones en la base imponible.
Sin embargo, la cesión de las competencias normativas y de gestión del impuesto es limitada, por lo que se sigue aplicando la normativa estatal, en vez de la correspondiente normativa autonómica, en el caso de sucesiones y donaciones
transfronterizas, concretamente:
- Cuando el/la causante o donante es no residente en España.
- Cuando los bienes heredados o donados no se encuentran en España.
- Cuando el heredero/a o donatario/a, sujeto pasivo, es no residente, aunque los bienes se encuentren en España.
La aplicación de la normativa estatal en dichos supuestos, está comportando una evidente discriminación en relación al trato que tendría un residente en la mayoría de las comunidades autónomas. Así, para un catalán, heredar de sus padres un
bien inmueble en Catalunya, valorado en 275.000 , no le va a suponer ni un euro de impuesto de sucesiones y en la misma situación va a encontrase un madrileño o un ciudadano residente en la mayoría de las comunidades autónomas, si los bienes se
encuentran en España.
Sin embargo, si quien hereda es un residente, pero el/la causante, por ejemplo sus padres, residen en el extranjero o bien los bienes heredados se hallan en el extranjero, aunque sean países comunitarios corno Italia, Francia o Alemania; el
sujeto pasivo no va a poder aplicarse la normativa autonómica, siempre más favorable que la estatal y va a tener que pagar un tipo impositivo progresivo que puede alcanzar un marginal del 36,5%, en función de su valor.
Es una discriminación evidente de la normativa española hacia el no residente o el residente que adquiere bienes situados en el extranjero, lo cual la legislación europea no admite y que se acrecienta en la actualidad con la creciente
movilidad transeuropea.
Esta discriminación ha sido criticada en los últimos años por la Comisión Europea. Hay enormes diferencias entre lo que tributa por dicho impuesto un contribuyente que se aplica la normativa de la comunidad autónoma, en relación a lo que
tributa un contribuyente que se aplica la normativa estatal (mucho más desfavorable), ya que las Comunidades autónomas que han ejercido sus competencias normativas sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones han reducido considerablemente la carga
fiscal soportada por el contribuyente respecto a la impuesta por la legislación estatal.
La discriminación del no residente, también resulta especialmente grave en un momento en el que las elevadas cifras de paro están obligando a numerosos jóvenes españoles a buscar trabajo y residencia en el extranjero y, en particular en
Europa. Así, en el caso de fallecer en Barcelona una persona con dos hijos, uno residente en Catalunya y el otro residente en cualquier país europeo, y dejarles una herencia a cada uno de 275.000 , el residente en Barcelona se aplicaría la
normativa catalana y no debería pagar por la herencia, mientras que el residente en Europa, deberá aplicarse la normativa española y pagar un marginal
de hasta el 25,5%. Con lo cual, quien ha debido marchar del país a por un empleo, se encuentra además discriminado por el impuesto de sucesiones y donaciones.
La tercera de las inequidades que presenta la normativa del impuesto de sucesiones y donaciones es la relativa a la recaudación. Cuando se aplica la normativa estatal quien ingresa el impuesto es la administración central, cuando lo lógico
seria modificar los puntos de conexión del impuesto con el fin que el ingreso fuera recaudado en todo caso, cuando se trate de situaciones transnacionales, por la comunidad autónoma donde resida el/la causante o el/la heredero/a.
Con lo cual, existe una diferencia sustancial en el tratamiento fiscal del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a pagar en España, según que estas transmisiones se produzcan íntegramente dentro de territorio español o bien tengan algún
componente transnacional entre los no residentes y los residentes pero que adquieren bienes de un causante o donatario no residente, es mucho más elevado de lo que paga un residente en territorio español que adquiere bienes de un causante o
donatario también residente en territorio español.
En Europa, en particular, la Comisión Europea ha solicitado y recomendado un cambio en la fiscalidad del impuesto, por considerarla discriminatoria y constituir un grave obstáculo a la libre circulación de personas y capitales, principios
fundamentales del mercado único de la UE. No obstante, el estado español ha omitido dichas solitudes y recomendaciones. Por dicho motivo, finalmente la Comisión Europea decidió denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo,
alegando que la normativa española en materia de sucesiones y donaciones, infringe los artículos 21 y 78 del Tratado de Funcionamiento de la UE y los artículos 28 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, al disponer una tributación más
alta para los no residentes que los residentes.
Convergència i Unió considera necesario impulsar una modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en aras de eliminar la discriminación que existe en el tratamiento fiscal en el Impuesto
sobres Sucesiones y Donaciones de los residentes y no residentes, mediante la atribución a las comunidades autónomas del rendimiento del impuesto y la delegación de las correspondientes competencias normativas en los casos de transmisiones con
componentes transfronterizos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con el objetivo de:
1. Eliminar la discriminación impositiva en la fiscalidad de las sucesiones y donaciones de naturaleza transfronteriza, especialmente en relación a los no residentes y a los residentes que adquieren bienes situados en el extranjero.
2. Ceder la recaudación correspondiente a la fiscalidad de las sucesiones y donaciones transfronterizas a las comunidades autónomas, en los casos hoy excluidos, así como delegarles las consiguientes competencias normativas con el fin de
evitar discriminaciones entre residentes y no residentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Fomento
161/002788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre reforma legislativa en la contratación del sector público, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las mediciones en las obras del AVE entre Madrid y Barcelona se encuentran bajo investigación judicial que ha supuesto ya la detención de nueve personas y diversos registros. Los detenidos están acusados, entre otros, de los delitos de
malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental.
Al parecer Anticorrupción, tras ocho meses de investigación e indagaciones, estima que los detenidos generaron un sobreprecio ilícito en beneficio de la contratista de unos 6 millones de euros.
Los sobrecostes son excesivamente habituales en las adjudicaciones públicas, y especialmente en las infraestructuras, desvirtuando el proceso de licitación en el que el precio es decisorio, por lo que supone una alteración posterior del
coste que afecta de lleno a la objetividad que debe regir el proceso público.
Es por ello necesario realizar una modificación normativa del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que incremente la limitación, garantías y transparencia para los
casos en los que se pretenda una alteración de costes. De hecho, en países de nuestro entorno, siendo los más avanzados Holanda, Suiza, Reino Unido y Dinamarca, los mecanismos de control tienen un efecto importante y la experiencia acumulada en
todos los niveles ha mejorado la calidad de las previsiones, si se compara con el resto del mundo.
De igual modo, la dificultad de incrementar los costes obligaría a un cálculo inicial más acertado para la licitación, permitiendo a los ciudadanos conocer el coste real de la obra pública. Una información que en la actualidad es negada,
gracias a los incrementos de costes.
Asimismo, a la vista de lo acontecido es necesario realizar una auditoría ciudadana de la totalidad de construcción del AVE que ha supuesto un coste de alrededor de 45.000 millones, cuya obra está plagada de sobrecostes con un 30% de
incremento de media.
De este modo, además de limitar los casos en los que se pueda hacer uso de un mecanismo de cara al futuro, se revisará la contabilidad de inmediato remitiendo a la fiscalía los casos en los que existan dudas sobre la legalidad del proceso.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a presentar una propuesta legislativa de reforma del marco legislativo actual relativo a la contratación del sector público con el fin de incrementar las limitaciones a los incrementos de precio y regular nuevos
mecanismos de control y transparencia sobre la obra pública y en especial sobre el incremento de los costes.
2. Acuerda la realización de una auditoría ciudadana sobre la totalidad de la obra de construcción de las líneas del AVE que permita analizar, examinar y evaluar por personas ajenas al poder político la totalidad del proceso de adjudicación
y ejecución de las obras, otorgándole la máxima transparencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-M.a Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la
modificación del régimen jurídico de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Se está tramitando por el Ministerio de Fomento el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo de 2007 (BOE 28 de marzo de 2007), y modificada por la Orden
FOM/2185/2008 (BOE 25 de julio de 2008), por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera.
En el citado proyecto de Orden por la que se modificaría el actual régimen jurídico de autorizaciones que está tramitando el Ministerio de Fomento, se plantean cambios sustanciales en lo relativo al otorgamiento y transmisión de las
autorizaciones exigidas para ejercer la actividad de transporte de mercancías, afectando de manera muy negativa al sector de los transportistas autónomos.
Dentro del articulado que se pretende modificar está el relativo a la transmisión de autorizaciones (artículo 26), que en la nueva redacción prevista, aumentaría las exigencias dirigidas al cedente titular de las mismas. De hecho, a los
actuales requisitos de antigüedad del título no inferior a 10 años, de número de copias en vigor de la misma no menor al de 2 años antes, y de la renuncia a la rehabilitación de cualquier otra autorización eventualmente suspendida; se añadiría
ahora la exigencia de que el adquirente acredite la disposición de vehículos suficientes para llegar a 3, que es el número mínimo que se pide para obtener una autorización nueva de transportes de mercancías de transporte público.
Esta nueva redacción resulta muy preocupante para el sector de los transportes de mercancías, al limitar sensiblemente a los transportistas las posibilidades reales de su transmisibilidad, que queda muy constreñida por semejante exigencia
cuantitativa a la flota de vehículos del adquirente, con la consiguiente devaluación de los títulos de transporte de mercancías y en definitiva perjuicios económicos para aquellos transportistas que considerasen esa transmisión de su tarjeta como
una legítima fuente de ingresos, tal y como tradicionalmente ha sido. Es el caso por ejemplo de autónomos en edad de jubilación, que pretendan transmitir el título al jubilarse.
Es de tener en cuenta además que en el ámbito de algunas Comunidades Autónomas, existen cooperativas de transportistas en las que para reunir la condición de socio bastaría con tener un sólo vehículo, con lo que de aprobarse esta
modificación de la Orden Ministerial obligaría a las cooperativas a cambiar sus estatutos, pasar a cooperativa de trabajo asociado, sociedad, etc., pues de lo contrario quedaría fosilizadas, no pudiendo incorporar ningún nuevo socio. También desde
la perspectiva de la estructura empresarial imperante el impacto es notorio.
En definitiva, estaríamos por tanto ante una exigencia normativa limitativa y perjudicial no sólo desde la perspectiva del cedente de las autorizaciones sino también desde la del adquirente, que vería muy mermadas sus posibilidades de
entrada en el sector, medida especialmente cuestionable en la actual situación de crisis, en la que se necesitan normativas y políticas favorecedoras de la creación de empleo, no limitantes del mismo.
Dada la difícil situación económica que atraviesa el sector del transporte, la enorme caída de ingresos padecida en los últimos años, las dificultades que las empresas han tenido que superar para lograr subsistir y la necesidad de facilitar
la creación de empleo, también en este sector, se entiende que no se está en un momento adecuado para promover semejante modificación de la Orden Ministerial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar de la modificación de la Orden Ministerial FOM/734/2007, de 20 de marzo de 2007 (BOE 28 de marzo de 2007), y modificada por la Orden FOM/2185/2008 (BOE 25 de julio de 2008), lo relativo a la exigencia de que el adquirente
acredite la disposición de vehículos suficientes para llegar a 3.
2. Alternativamente, suspender el proceso de aprobación de dicha modificación de la Orden Ministerial FOM/734/2007, y previamente a su aprobación, realizar un estudio previo del número de empresas a las que afecta dicha medida, arbitrando
una línea de ayudas compensatorias a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad, por los perjuicios económicos que les provocaría semejante cambio normativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2014.-María Luisa Carcedo Roces y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para
evitar que las personas mayores con largas carreras de cotización vean reducida su pensión de jubilación, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Los trabajadores de más edad arrojados del mercado laboral están acusando de forma especialmente grave las medidas que el Gobierno del Partido Popular está adoptando en el ámbito socio laboral.
Primero, con su reforma laboral y, posteriormente, con el Real Decreto-ley 5/2013 facilitaron el despido colectivo para mayores de 50 años en empresas con beneficios. Cambiaron para ello la Ley 27/2011 que obligaba a las empresas con
beneficios que incluyeran a un solo trabajador de más de 50 años en un expediente de regulación de empleo a realizar una aportación al Tesoro Público.
Después eliminaron las bonificaciones para el mantenimiento del empleo de los mayores de 60 y las bonificaciones para la contratación de mayores de 52 años.
Y a la par que desactivaban los frenos existentes en la regulación laboral para evitar el despido de unos trabajadores que las estadísticas demuestran de difícil inserción, adoptaban otras medidas de repercusión directa en su cobertura y, lo
que es muy grave, que les condenaban a pensiones de jubilación exiguas, con independencia de las bases cotización acreditadas y en perjuicio de los trabajadores con largas carreras de cotización y bases más altas.
Así, suprimieron los subsidios de desempleo para mayores, eliminando el subsidio para los parados mayores de 45 años y elevando la edad de acceso al subsidio por desempleo para los mayores de 52 a 55 años. Esta elevación puede dar lugar a
la existencia de periodos de desempleo sin cotización para la contingencia de jubilación.
También dispusieron que el subsidio para mayores de 55 años se perciba hasta que el desempleado alcance la edad que le permita acceder a cualquier modalidad de jubilación, cuando antes era la edad ordinaria de jubilación. Con esta
modificación se priva a estos trabajadores expulsados del mercado laboral de la posibilidad de continuar con su carrera de cotización, al recibir una renta económica con cotización, el subsidio por desempleo. Además, tenían la posibilidad de
completar sus cotizaciones a través de la suscripción de un convenio especial con la Tesorería de la Seguridad Social. La reducción del tiempo cotizado tiene incidencia en el porcentaje a aplicar en la base reguladora y en la aplicación de
coeficientes reductores por adelantamiento de la edad de jubilación, un adelanto obligado, ope legis.
A mayor abundamiento, redujeron en un 25%, del 125% al 100%, la cotización que la entidad gestora abona en la situación de subsidio para mayores de 55 años, hecho que repercute directamente en la cuantía de la prestación, mucho más cuánto
más tiempo lleve el trabajador en desempleo. Y suprimieron la bonificación del 35% en la aportación del trabajador a la Seguridad Social, que era asumida por la entidad gestora, con el consiguiente empobrecimiento de estos trabajadores que han
visto mermada la cuantía del subsidio con carácter general.
No contentos con esto, el Real Decreto-ley 5/2013, anteriormente aludido, dificulta el acceso al subsidio a los mayores de 55 años al computar, para el cumplimiento del requisito de carencia de rentas, las rentas de todos los miembros de la
unidad familiar. Y, al mismo tiempo que eleva la edad de acceso a la jubilación anticipada forzosa en dos años, condenando a estos trabajadores al tope mínimo de cotización, aumenta los coeficientes reductores a aplicar en la determinación de la
cuantía de la pensión de jubilación anticipada, con su consiguiente reducción.
Si a todo ello añadimos las modificaciones efectuadas por la reforma laboral en la integración de lagunas de cotización, que establece que esta integración se efectúe con la base mínima, despreciando las bases de cotización del trabajador,
tal y como disponía para este integración la Ley 27/2011, nos encontramos que la cuantía de la pensión de jubilación a que tendrán derecho estos trabajadores expulsados del mercado de trabajo prematuramente se verá muy seriamente mermada.
Lo anterior pone de relieve la grave incidencia que, respecto de la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores mayores expulsados del mercado laboral a una edad temprana, y a pesar de sus largas carreras de cotización, se
derivan de las medidas indicadas.
Unas medidas que actúan en contra del principio de contributividad, proporcionalidad y equidad que rigen el sistema de Seguridad Social. Medidas que no tienen en cuenta que la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 162 que
establece las reglas para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, dispone que serán las bases de cotización acreditadas en un período previo e inmediatamente anterior a la fecha de acceso a la
pensión las que determinen la cuantía de la misma.
Así pues, los trabajadores de más edad, al tiempo que ven extinguidos sus contratos de trabajo, han visto como las medidas adoptadas por el Gobierno, lejos de atender su situación de mayor vulnerabilidad, han repercutido gravemente en el
mantenimiento de sus cotizaciones a la Seguridad Social. Son medidas que les han condenado a pensiones muy minoradas en su cuantía en relación con las bases de cotización que tenían antes de que se produjera la extinción de la relación laboral, ya
que la base reguladora de la prestación se calcula en función de las cotizaciones acreditadas en el período previo e inmediatamente anterior a la fecha de acceso a la pensión.
Urge, pues, adoptar medidas legales que corrijan esta regulación del cálculo de la pensión de jubilación, para lograr una mayor correspondencia entre el importe de la pensión a recibir y las cotizaciones ingresadas a lo largo de la carrera
de seguro del trabajador, en respeto de los principios de contributividad, proporcionalidad y equidad que rigen el sistema de Seguridad Social y de las orientaciones del Pacto de Toledo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a enviar urgentemente, y previo consenso con los agentes sociales, una propuesta legal al Pacto de Toledo para evitar que los trabajadores con largas carreras de cotización vean reducida su
pensión de jubilación, como consecuencia de una merma en sus cotizaciones por expulsión del mercado de trabajo o reducción de sus bases de cotización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2014.-María Concepción Gutiérrez del Castillo e Isabel López i Chamosa, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la indicación geográfica protegida (IGP) de la anchoa del Cantábrico, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La pesca es una actividad tradicional de gran importancia social y económica para nuestros pueblos pesqueros del norte de España.
La anchoa y el bonito del norte se han convertido en productos estrella y nuestra anchoa del Cantábrico es un producto de excelente calidad. Recordemos que pertenece a la especie 'engraulis encrasicolus' localizadas en el golfo de Vizcaya.
Las anchoas del Cantábrico son internacionalmente conocidas, es una industria con una importante generación de empleo femenino y especializado, pero también se trata de un sector con una gran vulnerabilidad económica y social por la
globalización de los mercados, la disminución de las capturas de
algunas especies, el insuficiente precio del bocarte del Cantábrico, el aumento del precio del combustible y la dificultad de competir en precios con otras especies.
Ante este problema, se ha incrementado la importación de producto de Argentina, Chile, China, Marruecos, Croacia y Perú y se trata de un producto de inferior calidad e inferior precio. Además, el producto llega ya semielaborado o envasado y
no da empleo a trabajadoras especializadas en este sector. Es cierto que, la importación de materia prima es esencial para mantener la actividad industrial de la transformación y por lo tanto no se trata de rechazar esta importación pero siempre
con transparencia, permitiendo al consumidor diferenciar y elegir y de esta manera apoyar al sector extractivo y al sector conservero tradicional, además de mantener el empleo de calidad, fundamentalmente femenino.
Es por ello que, se hace necesario crear la figura de calidad, la IGP (La indicación geográfica protegida) que ponga en valor la imagen de calidad y de seguridad alimentaria y, de esta manera, defender la puesta en valor de nuestra anchoa
fresca y de nuestra semiconserva, la de la anchoa pescada en el Cantábrico. Y por supuesto, que coexista con la certificación de calidad.
La IGP que defiende esta iniciativa estaría regulada por un reglamento que la UE aprobaría y controlaría y defendiera la tradición de la pesca de esta especie y los métodos artesanales de su extracción.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar la indicación geográfica protegida (IGP) de la anchoa del Cantábrico comprometiendo las ayudas correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado.
2. Solicitar su tramitación urgente ante los organismos competentes de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-María del Puerto Gallego Arriola y María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
conservación y rehabilitación del Barrio dos Cataláns para su debate en la Comisión Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El municipio de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) conserva diferentes construcciones fabriles, ejemplo de arqueología industrial, entre las que cuenta con el primer polígono industrial de Galicia.
Esta infraestructura denominada 'Barrio dos Cataláns' data del siglo XVIII y está situada en la zona costera de la playa 'do Areal'. La historia de su construcción deriva de los múltiples intentos de diversificación de la economía gallega
que en esta localidad se plasmaron en diferentes actividades como curtidos, fabricación de loza o astilleros y con mayor intensidad los sectores de la industria textil del lino y las fábricas de salazón, estas últimas como intento de industrializar
el sector pesquero.
En torno a 1750, con la llegada de empresarios catalanes para explotar industrialmente la conserva de pescado y marisco, se desarrollan nuevas artes de pesca y técnicas de conservación al tiempo que se inicia la construcción de diversas
factorías de salazón a lo largo del litoral gallego. Ya en el siglo XIX se produce una intensa activación de la industria conservera que sirve para relanzar la economía de Galicia.
Muestra destacada de esta actividad es el anteriormente citado 'Barrio dos Cataláns' o 'Barrio do Areal' por ubicarse en la playa del mismo nombre. Este primigenio polígono industrial incluye los restos de las factorías así como la zona en
que residían los empresarios y los trabajadores de la fábrica constituyendo una importante muestra del inicio de la arquitectura industrial en Galicia.
En estos momentos existe un proyecto para la regeneración ambiental del ecosistema de la marisma de A Xunqueira y de la playa do Areal en A Pobra, actuación imprescindible para la protección de la fauna y flora de la zona.
A través de este proyecto, que consta de dos fases de actuación con una inversión de 3,4 millones de euros, se regenerará la zona citada retirando tierras contaminadas y protegiendo la vegetación propia de este ecosistema en una superficie
aproximada de 3750 metros cuadrados de bordes de canales y 24780 metros de marisma.
Sin embargo, a pesar de la idoneidad de esta actuación medioambiental, el proyecto contempla la construcción de un puesto de observación de aves en la zona donde se encuentran las naves del 'Barrio dos Cataláns' para lo cual se demolerían
varias de las edificaciones existentes.
Los edificios que se demolerían, según la propuesta de regeneración aprobada, forman un conjunto compuesto de tres naves pabellón, cuya fachada, integrada por tres elementos idénticos poligonales, ilustra e identifica la pujanza que los
catalanes imprimieron a esta villa formando una hermosa composición geométrica que ofrece una singular puerta desde la zona rural de O Maño y Puente de Santo Antón.
Forman parte ya de la cultura de Galicia y con toda seguridad, constituyeron fuente de inspiración para figuras destacadas de la literatura gallega como Valle Inclán o Victoriano García Martí.
Dichos edificios culminan el Barrio por el sur con dotados de gran elegancia y su importancia arquitectónica ha sido motivo de una mención especial en el Simposium Internacional de Patrimonio Cultural, celebrado en Santiago de Compostela,
bajo la dirección de don Ángel Sicart, y publicado en la Revista Especializada 'R&R Restauración y Rehabilitación'.
A esto hay que añadir que la importancia patrimonial del Barrio dos Cataláns, con esas naves incluidas, es una visita turística obligada incluida dentro de los programas de Turgalicia, empresa pública de turismo de la Xunta de Galicia.
Por lo tanto, sin las naves que se programa demoler, cuyo estado al contrario de lo que se especifica en el proyecto no es ruinoso, el Barrio dos Cataláns quedaría huérfano en su flanco sur, y su fachada se vería perjudicada sustancialmente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la inclusión en el proyecto de regeneración ambiental de A Xunqueira y la playa do Areal en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) de cuantas medidas sean necesarias para la conservación y
rehabilitación del Barrio dos Cataláns del citado municipio como parte integrante de la zona a regenerar y a la elaboración del proyecto tendente a su restauración y rehabilitación para su uso como espacio cultural y Museo de la Conserva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre importación de residuos para incinerar, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El pasado 8 de mayo la Comisión Informativa y de Cuentas autorizó que el Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca (TIRME) importase una vez más residuos de fuera de la isla, esta vez desde Irlanda del Norte. Ello atenta contra el medio
ambiente mallorquín, puesto que debido a dicha autorización se importarán 30.000 toneladas, a las que hay que sumarles las que ya proceden desde Sabadell, Molins de Rei y Roma (Colad). De este modo, el Partido Popular permite la importación de
residuos de la Lista
Europea de Residuos (LER) código 19.12.10, si bien la Comisión Balear de Medioambiente estipuló que solo se autorizaba la quema de 60.000 toneladas anuales de residuos LER 19.12.10 y LER 19.12.12. A pesar de ello, ya en 2013 se superó con
creces la cantidad total de toneladas incineradas, algo que se repetirá en 2014 como consecuencia de esta medida.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que no conceda la autorización transfronteriza para la importación de residuos que alimenten al TIRME de Mallorca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-M.a Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
regulación del juego on-line, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La visión errónea de inocuidad que en general se tiene en referencia a los juegos de azar on-line, por parte de la sociedad, es una visión no sólo errónea sino que conlleva un alto riesgo de potenciación de conductas adictivas de juego. La
industria del juego ha sabido vender a la sociedad estos modelos de juegos de azar como relacionados con el deporte, especialmente el póker, evidentemente nada más lejos de la realidad, son puros juegos de azar con un componente potencialmente
adictivo mucho más alto que los denominados juegos presenciales.
Recientemente se ha conocido que la Dirección General de Ordenación del Juego tiene intención de reglamentar las apuestas cruzadas y las SLOTS on-line. Así mismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentado un
proyecto de orden por la que se aprueba la reglamentación básica del juego de las máquinas de azar cuyo objetivo, según consta en su versión para trámite de información pública, es complementar el proceso de regulación de las distintas actividades
de juego y a dar cumplimiento a las exigencias de regulación previa que, para el otorgamiento de las licencias singulares, establece el artículo 11 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Diversas organizaciones y especialmente la Associació Catalana d'Adiccions Socials, ACENCAS, presentaron alegaciones en relación con la posibilidad de regular el denominado SLOTS on-line por tratarse de un juego altamente adictivo y con
claros perjuicios para la salud de sus usuarios. Compartimos con dicha organización que abrir la posibilidad de trasladar esta opción de juego on-line al plano presencial, mediante soportes físicos ubicados en locales de juego y/o hostelería es
absolutamente improcedente, dado el alto grado de potencial adictivo de esta modalidad de juego. De realizarse seria vulnerar totalmente las garantías de salud que amparan a todos los ciudadanos, un jugador, aunque a veces no lo parezca es un
ciudadano con los mismos derechos que los no jugadores. Provocaría un aumento muy considerable de juego patológico, con el evidente sufrimiento de miles de familias, siendo la responsabilidad total de esta Dirección General.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones legales y reglamentarias oportunas con el fin de garantizar las mismas garantías para los juegos de azar on-line que las existentes en los juegos de azar presenciales, especialmente en todo aquello referido a
la publicidad y la prohibición a las personas menores de edad.
2. No reglamentar las apuestas cruzadas y las SLOTS on-line.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2014.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Cultura
161/002673
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Reformulación de su Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar la credibilidad y calidad del proyecto de San Sebastián 2016 como Capital Europea de la Cultura.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la
Comisión de Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre las medidas necesarias para garantizar la credibilidad y calidad del proyecto de San Sebastián 2016 como Capital Europea de la Cultura para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En junio de 2011 se designaba a San Sebastián como Capital Europea de la Cultura 2016, por delante de ciudades como Burgos, Córdoba, Las Palmas, Segovia o Zaragoza. Sin embargo, desde el primer momento, esta elección estuvo ensombrecida
bajo acusaciones de injerencias políticas, primero en la designación de San Sebastián como candidata y posteriormente en el funcionamiento de la Fundación San Sebastián 2016.
Desde esta elección, han ido sucediéndose una serie de incidencias que están perjudicando a la imagen de la ciudad como organizadora de la Capitalidad Europea 2016 y, por ende, a España, todas ellas relacionadas con el funcionamiento y
organización de la Fundación San Sebastián 2016, ente encargado de organizar dicho evento.
Muchas de estas incidencias están relacionadas con injerencias políticas en el día a día de la Fundación y la designación de los miembros de la misma. Así, el pasado verano dimitió el hasta entonces director de la Fundación, siendo
sustituido por Itziar Nogeras en un concurso público de dudosa competitividad. Algunos medios de comunicación daban a conocer un correo electrónico en el cual la nueva directora de la Fundación anunciaba que sería elegida para el cargo antes de que
saliera a la luz el concurso para su elección. Elección que, por otra parte, fue duramente criticada desde Bruselas.
Esta crítica vino marcada por el hecho de que la nueva directora no tenia un buen dominio del inglés y por tanto censuraban a la Fundación el estar promoviendo un evento con un marcado carácter localista en lugar de ser un evento abierto a
todo el mundo. Al mismo tiempo, la consultora encargada de dirigir el proceso de selección, LKS, reconocía que el proceso de selección fue 'muy acelerado [...] con plazos no habituales y con poco margen para realizar sugerencias por la propia
dinámica de urgencia del caso' reconociendo que entre los requisitos no estaban el del dominio del inglés pero si el de un perfecto euskera, hecho cuanto menos llamativo si se tiene en cuenta que este evento debería tener un marcado carácter
internacional.
Sin embargo, la propia ltziar Nogueras dimitía como directora tan sólo 7 meses después de su elección. Entre las causas esgrimidas para su dimisión, Nogeras alegaba que existían 'injerencias políticas en su trabajo'. Este hecho provocó que
el propio alcalde de San Sebastián, Juan Carlos lzaguirre, admitiera la existencia de una crisis de estabilidad en torno a la organización del evento así como la falta de acierto en las elecciones del patronato de la Fundación San Sebastián 2016.
Por si lo anterior no fuera suficiente, resulta sorprendente la voluntad del Ayuntamiento de San Sebastián en perseverar en sus errores nombrando como sustituto de Nogeras a Xabier Payá, activista pro-abertzale que incluso ha llegado a aparecer
públicamente con una camiseta con la foto del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos.
Otra inaudita decisión fue la contratación de Jon Maia -reconocido dirigente abertzale- como asesor de la Fundación para la construcción de una réplica de la nao San Juan a través de su empresa, Albaola, cuyo presupuesto ha sido 5 veces
superior al que en su día se presupuestó para la construcción de la nao Victoria para la Exposición Universal de Sevilla en el año 1992. A pesar del desfase presupuestario y la poca competitividad de dicha empresa, la misma ha sido una de las más
beneficiadas por el presupuesto de la Fundación, recibiendo hasta 10 millones de euros mediante adjudicaciones directas. Así, dicha empresa, ha sido beneficiaria de una multitud de contratos públicos: ha recibido el mandato de gestionar el
astillero de Ondartxo -6 millones de euros-; gestionar las actividades del programa Faro de Mar; recibió 500.000 euros del Gobierno de Patxi López para gestionar el programa ltxaspen y recibió otros 300.000 euros para la museografía del ya
mencionado astillero.
Estos hechos no serían relevantes si se hubiera producido un concurso público bajo los principios de transparencia y libre concurrencia. Sin embargo, la realidad es que todas estas concesiones se han hecho de manera directa desde el
ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Gipuzkoa -gobernados por Bildu- existiendo al menos otras diez empresas en el País Vasco que podrían realizar estas actividades.
Estos hechos son ya de por sí bastante llamativos, pero además la gestión realizada por las cuatro instituciones encargadas de su promoción -Ayuntamiento de San Sebastián, Diputación de Gipuzkoa, Gobierno Vasco y Ministerio de Educación y
Cultura- ha sido duramente criticada desde la Unión Europea, destacando las injerencias políticas que se están produciendo en el proceso, así como el retraso en su ejecución y sembrando dudas sobre la viabilidad del proyecto.
A día de hoy tan sólo hay un miembro del Ministerio de Educación y Cultura en el comité ejecutivo de la Fundación, controlada en la actualidad por Bildu que de diversas formas ha declarado su voluntad de instrumentalizar el evento para hacer
propaganda política en vez de trabajar en un proyecto integrador y abierto destinado a construir y reforzar los lazos culturales europeos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas preceptivas necesarias para garantizar la transparencia, publicidad e información de todos los procesos de contratación de personal y adjudicación de contratos de la Fundación San Sebastián 2016 tomando las medidas
necesarias para que las cuentas de la entidad sean fiscalizadas por los órganos pertinentes.
2. Vigilar, controlar y supervisar la elección de los miembros del Comité Ejecutivo de la Fundación San Sebastián 2016 para garantizar que éste esté formado por personal de reconocido prestigio del mundo de la cultura y que cumpla con los
requisitos marcados por la Unión Europea.
3. Tomar las medidas necesarias de vigilancia y control de las actividades de la Fundación San Sebastián 2016 para evitar que la organización del evento se convierta en un puro acto de propaganda política en vez de trabajar en un proyecto
integrador y abierto destinado a construir y reforzar los lazos culturales europeos.
4. Abordar en el seno del Consejo y Parlamento Europeo el estudio de alternativas para la organización de la capitalidad europea de 2016 en caso de que San Sebastián siga incumpliendo con los requisitos exigidos por ambos organismos
europeos para la organización de dicho evento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002783
A la Mesa de la Comisión de Cultura
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa a la inscripción por parte de la UNESCO de la 'Cocina Catalana-Salvaguardia del patrimonio culinario en Catalunya' en el Registro de Buenas Prácticas de
Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.
Exposición de motivos
La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO (París, 2003) establece que el patrimonio cultural inmaterial se constituye por los 'usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural'.
El patrimonio cultural inmaterial se caracteriza por ser a la vez tradicional y vivo. Infunde un sentimiento de identidad, es recreado constantemente por las comunidades y transmitido de generación en generación.
Así define y caracteriza la UNESCO el patrimonio cultural inmaterial.
La iniciativa 'Cocina Catalana-Salvaguardia del patrimonio culinario en Catalunya' impulsa la preservación y difusión de un patrimonio mediante acciones, entre otras:
- Proceso de certificación de los principales productos agroalimentarios de Catalunya, base de la cocina catalana.
- Creación de la Gastroteca.cat, un portal web de promoción y apoyo a la comercialización de los productos agroalimentarios locales que reúne a productores, elaboradores, distribuidores (comercios y mayoristas), cocineros, gastrónomos,
restaurantes, promotores del turismo gastronómico, entidades, y agrupaciones.
- Promoción de una acción legislativa para que el Parlament de Catalunya reconociera la cocina tradicional catalana como patrimonio cultural inmaterial.
- Valorización de los primeros recetarios escritos en lengua catalana del siglo XIV, que se han presentado a su inscripción como Memoria del Mundo de la UNESCO.
- Edición del Corpus del Patrimonio Culinario Catalán (inventario con más de 1200 recetas de cocina catalana del siglo XIV hasta la actualidad).
- Creación de la marca de garantía Cocina Catalana/Cuina Catalana, con un reglamento basado en incluir un mínimo el 40% de platos de cocina catalana tradicional que garantiza la continuidad y potencia los productos alimentarios y a los
restauradores, pasteleros, establecimientos gourmet y alojamientos especializados (hoteles, fondas, casas de turismo rural). La iniciativa vela por la conservación de la
biodiversidad alimentaria y la promoción y defensa del entorno rural y las actividades que se llevan a cabo en éste.
- Creación de la Cátedra Sent Soví en la Universitat de Barcelona.
- Creación de la Cátedra UNESCO de patrimonio alimentario en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Es por lo dicho y mucho más, por lo que la Fundació Institut Catalá de la Cuina i de la Cultura Gastronómica (FICCG) lidera junto con la sociedad civil, las universidades, los artesanos y la industria alimentaria y varias instituciones y
entidades públicas y privadas la candidatura de la 'Cocina Catalana - Salvaguardia del patrimonio culinario en Catalunya'. Se trabaja con el objeto de conseguir el reconocimiento de la cocina catalana como Bien de Interés Cultural Inmaterial y que
la salvaguardia de este patrimonio culinario forme parte del Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.
Por todo ello el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la
inscripción de la candidatura de 'Cocina Catalana-Salvaguardia del patrimonio culinario en Catalunya' en la lista de buenas prácticas de salvaguardia del patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Bimilenario de la muerte
del emperador Augusto y la sexagésima edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En el año 2014 se conmemora el Bimilenario del fallecimiento del emperador Augusto y la sexagésima edición del Festival internacional de Teatro Clásico de Mérida.
Los orígenes de la ciudad extremeña de Mérida se remontan al año 25 a.C., cuando Augusto, al final de su campaña en Hispania, fundó la colonia Emérita Augusta, convirtiéndose en la más importante de entre todas las ciudades de Hispania
fundadas en su tiempo, como refleja su legado monumental, llegando a conocerse como la Nueva Roma o la Roma de Hispania. El Teatro Romano de Mérida fue construido en torno al año 16 a.C, y fue una de las primeras obras públicas en ser acabada.
Han transcurrido dos mil años desde entonces, pero Mérida permanece como ciudad viva que coexiste con su pasado. El Conjunto arqueológico y monumental de Mérida fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993, y sin
duda el Teatro Romano es su monumento más preciado. El Teatro de Mérida junto con los teatros romanos extremeños de Medellín y Regina constituyen un referente de la cultura grecolatina.
El Festival Internacional de Teatro Clásico emeritense, decano de cuantos se celebran en España, epicentro cultural de Extremadura y uno de los iconos artísticos de la Marca España celebra su 60 edición en 2014 después de aquella primera
edición en 1933 con la representación de Medea en la versión de Miguel de Unamuno, interpretada por Margarita Xirgu.
La guerra civil y distintas causas hicieron que el Festival no se celebrara durante varios años aunque finalmente su calidad y relevancia cultural han permitido superar todas las vicisitudes sufridas. En el
año 2013 ha sido situado entre los tres eventos culturales más importantes de España y supone un considerable motor de desarrollo económico de la región.
Confluyen por tanto en 2014 ambas celebraciones, la referida a la efeméride del Bimilenario del fallecimiento de Augusto y a la celebración de la 60.ª edición del Festival de Teatro Clásico. A tal efecto, se están preparando distintas
actividades culturales que darán la relevancia debida al evento mediante la programación y representación de obras teatrales que recuerden su obra, exposiciones sobre Augusto en el Museo Nacional de Arte Romano, la edición de publicaciones de la
historia del Festival de Teatro, la representación en los teatros romanos de Medellín y Regina, organización de talleres educativos, organización de visitas guiadas al yacimiento arqueológico emeritense, celebración de ciclos de conferencias, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Apoyar los diferentes actos conmemorativos del Bimilenario de la muerte de Augusto y la sexagésima edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida para su promoción y difusión.
b) Fomentar, con ocasión de esta celebración de la historia y la cultura, la promoción del teatro clásico y captación de nuevos públicos, especialmente entre los jóvenes'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para garantizar la viabilidad de las instalaciones de tratamiento de purines.
Antecedentes
El sector porcino español es el segundo más importante de la Unión Europea y el cuarto productor mundial. Con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros anuales mantiene cerca de 200.000 puestos de trabajo directos y
representa, aproximadamente, el 20?% de la Producción Final Agraria, llegando al 30?% en el caso de Catalunya. Es sin duda, el principal sector de la industria agroalimentaria y un potente sector exportador. Ha logrado ser un sector muy
competitivo en el ámbito mundial y ello se ha conseguido por múltiples vías. Entre otras, incorporando la innovación tanto en los procesos de selección de razas como en los procesos de engorde o en los de preservación del medio ambiente. En
España, en un contexto agrario altamente subvencionado, el sector porcino sin embargo, es un sector que no recibe ayudas. Es internacionalmente competitivo.
Con todo, uno de los principales problemas que se derivan de la producción del sector porcino es el medioambiental. Resulta necesario encontrar una solución que dé salida a los excedentes de purines en zonas de alta densidad ganadera. Para
hacer frente a este problema y dar cumplimiento al Real Decreto 261/1996, que significaba la aplicación de la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen
agrícola, a finales de los años 90, los ministerios de Agricultura y de Industria adoptaron la decisión de vincular el tratamiento de los purines a la cogeneración, en el marco del Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración.
En el año 2007 se modificó el marco normativo y el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, incorporó la supresión del marco vigente a los 15 años, con lo
que se garantizaba la supervivencia de todas las instalaciones del sector por un mínimo de 15 años desde la fecha de puesta en marcha (en Catalunya por ejemplo, se pusieron en marcha en 2009, 5 plantas).
Recientemente, el pasado mes de diciembre, la nueva reforma del sector eléctrico, materializada a través de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, modifica el sistema retributivo de la producción de energía con fuentes
renovables, cogeneración y residuos, y se elimina la producción de energía en régimen especial.
La normativa que desarrolla la citada Ley, un proyecto de Real Decreto por el cual se regulará la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos, y la orden ministerial que lo
concretará y permitirá su aplicación, al parecer establecen un cálculo de sus parámetros retributivos que no tiene en cuenta las características singulares de las instalaciones de tratamiento de purines respecto a las plantas de cogeneración
convencionales. Este hecho supondrá, si no se adoptan medidas para evitarlo, de forma irremediable, el cierre inmediato de todas las plantas. De hecho, la mayoría de las instalaciones de tratamiento de purines ya han paralizado su actividad ante
la inminente entrada en vigor del nuevo régimen retributivo. La aplicación, además, está prevista con carácter retroactivo desde julio de 2013.
El problema del cierre de estas instalaciones no es solamente económico, sino también medioambiental. Estas instalaciones permiten a las explotaciones ganaderas y, en particular las porcinas, garantizar una correcta gestión de sus residuos.
Solamente en Catalunya (primera comunidad productora de porcino) se gestionan 650.000 m3 y en el conjunto del Estado español, suponen 2,5 toneladas anuales de residuos. Si estos residuos no son tratados, comportará un importante impacto
medioambiental cifrado en 700.000 toneladas de CO2, además, de dejar a las explotaciones ganaderas sin un sistema de gestión de los purines y sin ninguna alternativa aplicable con carácter inmediato.
En Catalunya, el cierre de las citadas plantas pone en peligro la sostenibilidad de casi 450 explotaciones porcinas que gestionan sus excedentes en las seis plantas situadas en el territorio catalán. En el Estado español son más de 3.000
explotaciones ganaderas que actualmente gestionan sus excedentes de purines en las 29 plantas de tratamiento situadas por todo el territorio. Todo ello, implica la pérdida de más de 4.200 puestos de trabajo, directos e indirectos, la mayor parte en
entornos rurales.
El Gobierno debe ser consciente del impacto económico, social y medioambiental que provocará el cierre de las plantas de tratamiento de purines, puesto que hoy constituyen un elemento estructural muy relevante de la viabilidad del sector
porcino y de su potencial impacto medioambiental.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su preocupación por el negativo impacto que podría tener el cierre de las plantas de tratamiento de purines, desde la perspectiva medioambiental y de sostenibilidad y respecto a la competitividad de
las explotaciones ganaderas, particularmente del sector porcino, por lo que insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas para garantizar la continuidad de las plantas de tratamiento de purines, como instrumentos de política económica
destinados al apoyo del sector porcino:
1. Establecer una moratoria en la aplicación de la propuesta de orden ministerial que desarrollará y aplicará la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en relación a las plantas de tratamiento de purines no amortizadas.
2. Fijar unos nuevos parámetros retributivos de la producción de energía, aplicables a las plantas de tratamiento de purines, que consideren y reconozcan su singularidad y relevancia para llevar a cabo el tratamiento de los residuos del
ganado; y que supongan la eliminación del concepto de venta de energía térmica, puesto que el calor generado no se comercializa, sino que se utiliza íntegramente en la misma instalación para realizar el tratamiento de purines.
3. Estudiar mecanismos que permitan la reconversión de las actuales plantas, una vez transcurrido un periodo de 15 años de funcionamiento, en plantas más sostenibles, con la introducción de energías renovables (biogás) que contribuyan a la
lucha contra el cambio climático.
4. Impulsar negociaciones y acuerdos entre el Gobierno, las asociaciones de energías renovables, de cogeneración y de desimpacto ambiental de los purines, al objeto de propiciar soluciones.
5. Instrumentar de forma transitoria, hasta que las plantas actuales o futuras de tratamiento de purines entren en funcionamiento, fórmulas de apoyo al transporte de purines desde las zonas eminentemente ganaderas, a las más próximas de
producción cerealista, así como propiciar acuerdos entre ganaderos y agricultores.
6. Establecer, a iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un marco definitivo que fije unas condiciones específicas de acceso a la energía para la agricultura,
la ganadería, las industrias de transformación alimentaria y la gestión de residuos, atendiendo a su carácter estratégico, a su aportación esencial al conjunto de la sociedad y, en especial, al empleo y al desarrollo del mundo rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/001884
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputado don Rubén Moreno Palanques
Texto:
¿Qué avances espera generar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con los acuerdos de colaboración suscritos desde el comienzo de la X Legislatura con médicos, farmacéuticos, enfermeros e industria farmacéutica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-Rubén Moreno Palanques, Diputado.