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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 448, de 28/04/2014
cve: BOCG-10-D-448
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de abril de 2014
Núm. 448
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002671 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre impulso de una investigación internacional que esclarezca las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero ...
161/002683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso a los procesos de adopción internacional ... (Página5)
Comisión de Justicia
161/002679 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre símbolos capturados en la Guerra Civil ... (Página7)
Comisión de Interior
161/002686 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la activación del 'Plan Turismo Seguro' en la Operación Verano 2014 ... (Página8)
Comisión de Defensa
161/002681 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la necesidad de llevar a cabo un adecuado desarrollo legislativo para prevenir los conflictos de intereses en el ámbito de la
Defensa ... (Página10)
161/002687 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre desarme nuclear ... (Página11)
Comisión de Economía y Competitividad
161/002665 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la exigencia de responsabilidades a la alta dirección de las Cajas nacionalizadas ... (Página12)
Comisión de Fomento
161/002661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la nueva normativa por la que se modifica el actual régimen jurídico de las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera ...
161/002666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la nueva terminal de contenedores del Puerto Bahía de Cádiz ... (Página14)
161/002667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reparación del talud de la vía del ferrocarril de Santa Mariña, Ferrol (A Coruña) ... (Página15)
161/002675 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre debate del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 ... (Página16)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002660 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas a adoptar respecto a la suscripción del convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en
situación de dependencia ... (Página17)
161/002674 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a reformar el régimen especial de los trabajadores autónomos ... (Página18)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002685 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la Ley de Hidrocarburos ... (Página20)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reforma del baremo de indemnizaciones por daños personales a pagar por las aseguradoras a las víctimas de accidentes
de tráfico ... (Página20)
161/002676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a avanzar en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública ...
161/002677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a establecer un régimen específico en materia de subvenciones para las entidades del Tercer Sector de
Acción Social y de Cooperación Internacional ... (Página24)
161/002678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para que los niños de familias con deuda con la administración tributaria o la Seguridad Social no pierdan sus ayudas
sociales ... (Página26)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el futuro del modelo de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Estado español ... (Página27)
161/002668 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre África y la Agenda para el Desarrollo después de 2015 ... (Página28)
161/002670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación y aplicación del Impuesto sobre Transacciones Financieras ... (Página30)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001856 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre incidencia de la reducción del presupuesto de la Dirección General de la Guardia Civil destinado al combustible de sus vehículos en el desempeño de las
funciones de seguridad ciudadana que desarrolla dicho cuerpo ... (Página32)
181/001862 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Camacho Vizcaíno (GS), sobre motivos del traslado del cuartel de la Guardia Civil de Moraleja del Vino a Morales del Vino en la provincia de Zamora ...
181/001863 Pregunta formulada por el Diputado don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU), sobre previsiones acerca de que el Ministro del Interior rectifique sus palabras en relación a sus declaraciones donde dijo que otros Cuerpos de
Policía tienen acceso a las fotografías de los DNI, insinuando que los Mossos d'Esquadra estaban detrás de la filtración ... (Página32)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001861 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre valoración de carácter medioambiental que hace el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre las alternativas de actuación que ofrece el
Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia (Gipuzkoa) para garantizar su supervivencia ... (Página33)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para que el Gobierno de España impulse una investigación internacional que esclarezca las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 22 de julio de 2012 Oswaldo Payá y Harold Cepero fallecieron en un accidente en la provincia de Bayamo, Cuba. Viajaban en un automóvil junto a dos personas más, el español Ángel Carromero al volante y el sueco Aron Modig. Oswaldo
Payá era ciudadano español y un reconocido defensor por los derechos humanos y la libertad en Cuba. A través del Proyecto Varela marcó un hito en la historia de Cuba, abogando por una transición a la española, desde dentro del régimen y con sus
propios instrumentos legales. Esta iniciativa le hizo acreedor del reconocimiento del Parlamento Europeo, que le otorgó en 2002 el Premio Andrei Sájarov a los Derechos Humanos. Otras personalidades que han sido galardonadas con este premio por su
ejemplar lucha a favor de los Derechos Humanos son, entre otros, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi y en este 2013 Malala Yousafzai, la joven pakistaní víctima de un atentado talibán por su activismo en defensa de los derechos de las mujeres. Oswaldo
Payá también fue candidato al Premio Nobel de la Paz en cinco ocasiones (2002, 2003, 2008, 2010 y 2011). Tras conocer su muerte estas eran las palabras del Presidente Barack Obama sobre Oswaldo Payá: 'Un campeón incansable por los derechos civiles
y humanos en Cuba. Payá entregó décadas de su vida a la lucha no violenta por la libertad y la reforma democrática en Cuba, como cabeza visible del Movimiento Cristiano de Liberación, líder del Proyecto Varela, y a través de su papel como activista
de la sociedad civil. Se mantuvo optimista hasta el final de que vería una transición pacífica y democrática en el país que amaba.'
La versión del régimen cubano sobre la muerte de Oswaldo Payá aseguró que se produjo un choque accidental contra un árbol, debido al mal estado de la carretera y al exceso de velocidad del coche. Esta hipótesis choca frontalmente con la
defendida por la familia de Oswaldo Payá, que desde el primer momento se negó a acusar a Ángel Carromero. Esta es la versión que también dio por válida el gobierno español. El propio ministro de Asuntos Exteriores en una comparecencia en la
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, el 28 de febrero de 2013, se negó a contestar en repetidas ocasiones a la pregunta sobre si el Gobierno iba a impulsar una investigación internacional para esclarecer la muerte de Oswaldo
Payá. El mismo día, Rosa María Payá (hija de Oswaldo) se expresaba de esta manera en una conferencia de prensa en Madrid: '1. No hubo un accidente. 2. El carro en que viajaban mi padre, Harold, Aron y Ángel fue intencionadamente golpeado por
detrás por otro auto, pero este golpe
no ocasionó la muerte a ninguno de los pasajeros. 3. Ninguno de los sobrevivientes recuerda que el auto haya dado vueltas o se haya estrellado contra árbol alguno. 4. Los dos extranjeros fueron inmediatamente sacados del lugar de los
hechos por hombres que llegaron en otro auto'.
El 5 de marzo de 2013, el diario estadounidense The Washington Post publicaba una entrevista con Ángel Carromero, en lo que constituyeron las primeras declaraciones a un medio de comunicación desde el accidente. Ángel Carromero confirma en
primera persona la versión de la familia de Oswaldo Payá, desde la salida de La Habana: 'Ellos nos seguían desde el principio. De hecho, cuando salimos de La Habana, un tweet de alguien cercano al gobierno cubano anunció nuestra partida: 'Payá
está en el camino a Varadero'. Y afirma: 'Tenía miedo, pero Oswaldo me dijo que no me detuviera a menos que ellos me obligaran a hacerlo. Conduje con cuidado, sin darles motivos para que nos pararan. La última vez que miré por el espejo
retrovisor, me di cuenta de que el coche se había acercado demasiado y de repente sentí un golpe muy fuerte atrás. Perdí el control del coche, y también la conciencia, o eso es lo que creo, porque a partir de ese momento mis recuerdos no son
claros, tal vez por los medicamentos que me dieron'.
El pasado 28 de marzo de 2013 durante una conferencia de prensa, Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América afirmaba, según recogen medios como The Guardian o The Washington Post: 'Los Estados
Unidos apoyan las peticiones de una investigación con observadores internacionales independientes sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero en Cuba. El pueblo de Cuba y las familias de estos dos activistas
merecen una explicación clara y creíble de los acontecimientos que acabaron en sus trágicas muertes. Los Estados Unidos seguirán abogando por el derecho de todos los cubanos a hablar con firmeza en defensa de los Derechos Humanos y la democracia.'
Nuland añadió: 'Hemos estado apoyando esto en privado' y 'no habíamos tenido la oportunidad de hacer una declaración pública de que estamos a favor. Como ustedes saben, una serie de grupos de Derechos Humanos lo están divulgando públicamente.
Pensamos que debemos sumar nuestra voz lo más alto y claro posible.' El propio The Washington Post vuelve a solicitar en un editorial el 31 de marzo, como ya hiciera hace unas semanas, una investigación para conocer la verdad: 'La siguiente
pregunta es quién va a tener la valentía y los principios del Sr. Payá para liderar una investigación que extraiga la verdad de Cuba'.
El 21 de noviembre de 2013 la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo solicitó, en el informe de derechos humanos de 2012, que el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea promueva en el marco de Naciones Unidas una
investigación internacional por la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Ante los testimonios que cuestionan la totalidad de la versión oficial sobre la muerte de Oswaldo Payá, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una investigación internacional transparente y rigurosa para esclarecer la muerte de los defensores de los Derechos Humanos, Oswaldo Payá y Harold Cepero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
impulso a los procesos de adopción internacional, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Para muchos españoles, casados o solteros, la adopción internacional constituye la única vía para constituir una familia. Por esta razón no es necesario explicar el inmenso caudal de ilusión y sentimiento que implica para tantas personas.
El número de adopciones internacionales en nuestro país va cayendo de año en año. En el año 2012 llegaron a España 1.669 niños frente a los 5.541 de 2004. Una tendencia que afecta no sólo a nuestro país sino que es global. Según datos del
profesor Peter Selman de la Universidad de Newcastle, las adopciones internacionales en todo el mundo se han reducido de las 45.299 de 2004 a las 23.500 de 2011. Al hecho de esta disminución contribuyen distintos factores.
En primer lugar, un régimen jurídico más estricto cada vez, tanto internacionalmente como en las legislaciones nacionales de los países de origen.
En este sentido, el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, del que es parte España desde 1995 y 88 países más, pretende proteger a los niños y a
sus familias contra riesgos tales como adopciones ilegales o irregulares y, pretende garantizar que las adopciones internacionales se realicen en interés superior del niño. En consecuencia, este convenio establece normas como el principio de
subsidiariedad (el procedimiento de adopción internacional sólo se iniciará cuando no 'haya sido posible encontrar en su propio país una forma de cuidado alternativo de carácter familiar y permanente'), la prohibición de beneficios materiales...
que, aunque redundan en la mayor protección del menor, suponen también un incremento de los controles por parte de las autoridades y un mayor plazo de tramitación que alarga el procedimiento de adopción internacional.
Por su parte, los países de origen han venido reforzando sus normas de protección a la infancia y estableciendo alternativas a la adopción internacional (ayudas, acogimiento...) y los controles aplicables a los procedimientos de adopción.
Desde algún colectivo se apunta también a factores como la crisis económica en nuestro país y la demanda de menores sanos y de edades muy pequeñas que contribuyen también a este descenso de las adopciones internacionales en nuestro país.
En la actualidad, el ordenamiento jurídico español permite, en consecuencia, adoptar a menores de otros países de forma directa (a través de las autoridades centrales de ambos Estados) o a través de las Entidades Colaboradoras de Adopción
Internacional (ECAIs), tanto con los países que han firmado el Convenio de La Haya como con aquellos con los que existe convenio bilateral de adopción (en torno a 40 países).
No obstante, existe un número considerable de países con los que, a pesar de reconocerse jurídicamente, la posibilidad de adopción internacional la tramitación de los expedientes se ve paralizada de hecho, bien porque no existen ECAIs
acreditadas (y se exige), bien porque las asignaciones están paralizadas.
En este sentido, se da la paradoja de que, siguiendo los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Interautonómica de Directores Generales de Infancia, dada la naturaleza autonómica de estas competencias, que, a su vez, siguen los informes
que elaboran las oficinas consulares -algunos realmente genéricos-, desde España está prohibido adoptar en hasta 45 países en que sí pueden adoptar otros países europeos de nuestro entorno.
Todo ello reduce y concentra en la práctica las posibilidades de adopción internacional desde nuestro país a 6 países.
Si a todo ello unimos que recientemente Rusia y China, dos de los países que tradicionalmente han sido origen de buena parte de las adopciones internacionales realizadas en nuestro país, han endurecido las condiciones para adoptar o han
reforzado los controles de los procedimientos administrativos de adopción. A estos dos países se unen las recientes decisiones de algunos países de mayoría musulmana para garantizar que los niños se eduquen en esta religión, hecho que también ha
complicado los procesos en curso y futuros.
Todo ello hace que cada vez sea más difícil encontrar países donde adoptar y que sea más costoso, en términos de tiempo y de dinero, adoptar en España un menor de otro país.
Falta también una coordinación entre las distintas Comunidades Autónomas y la Administración Central a la hora de tramitar las solicitudes, fundamental si se tiene en cuenta que la competencia en la materia corresponde a éstas.
Como ejemplo, es necesario mencionar también la situación de las adopciones internacionales en la República de Kenia. Desde el año 2008, este país africano ha ratificado el Convenio de La Haya, requiriendo para tramitar una adopción
internacional que dicha tramitación se produzca a través de una Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI), existiendo sólo una entidad de este tipo autorizada para tramitar adopciones con este país desde julio de 2012. No obstante,
desde 2009 se encuentra entre los países en relación con los cuales las autoridades españolas están estudiando si permiten o no tramitar los expedientes de adopción desde España.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar una verdadera política exterior en materia de adopción internacional, consolidando esta práctica tan importante para tantos ciudadanos y ciudadanas españolas conforme a la
legislación española en los países en los que se viene produciendo, y a ampliar a nuevos países la posibilidad de adopción con todas las garantías también conforme a nuestra legislación.
En especial se insta al Gobierno a culminar los procedimientos que permitan extender la posibilidad de adoptar desde España, reabriendo en su caso la posibilidad de adopción, a menores desde países en los que actualmente no existe esa
posibilidad, así como a mejorar el sistema por el que se puede suspender o prohibir la adopción internacional desde nuestro país, evitando que la decisión recaiga, exclusivamente, en los consulados.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar y agilizar los procedimientos de gestión consular de las adopciones internacionales y, en coordinación con las Comunidades Autónomas, a abordar la revisión de dicho procedimiento
en orden a perfeccionar, en la medida de lo posible, estos procedimientos.
En especial se insta al Gobierno a solucionar, en el plazo más breve posible, manteniendo informadas en todo momento a las familias afectadas, las dificultades de tramitación que tienen las adopciones de menores en países en los que los
procedimientos de adopción internacional están paralizados por diversos motivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2014.-Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/002679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre símbolos capturados en la Guerra Civil, para su debate
en Comisión.
Exposición de motivos
En la Guerra Civil que se dio en el Estado español entre 1936-1939, a raíz de la sublevación por parte del ejército a las órdenes del General Franco, se produjeron asesinatos, torturas, saqueos, expolios, expropiaciones, robos, y otra serie
de vulneraciones de derechos individuales y colectivos. En esta contienda, el bando vencedor, es decir, el sublevado o nacional, a las órdenes del General Franco se apoderó de todos los estamentos públicos del Estado y, mediante una férrea
dictadura que duró 40 años, eliminó libertades, instauró justicia arbitraria y reprimió con dureza a todo aquel que criticara o cuestionara ese régimen.
El ejército español sublevado, fue el ejército que a la postre se instauraría como ejército del Estado, por lo que todos aquellos símbolos, banderas, pertenencias, etc., arrebatados al bando que defendía la legalidad republicana vigente,
incluidos los batallones de partidos políticos y sindicatos de la época, fueron automáticamente incorporados como victorias de guerra del ejército español.
Evidentemente, y aunque tras la transición democrática que se dio en el Estado español se subsanaron en parte algunas de las injusticias cometidas en la guerra y en la dictadura, todo este material incautado y arrebatado a la fuerza sigue en
propiedad del Estado, e incluso se exhibe en museos e instituciones propias del Estado, lo cual es una ofensa para la memoria histórica.
Con el objetivo de subsanar esta injusta situación, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'1. Que realice un inventario general de objetos, símbolos, banderas, y material perteneciente a instituciones, partidos políticos y centrales sindicales incautados en la Guerra Civil y que se guardan y/o exhiben como botín de guerra en
museos y archivos propiedad del Estado.
2. Que una vez realizado el inventario y clasificación de dichos objetos, proceda a la devolución de los mismos a los propietarios a los que le fueron arrebatados.
3. Que se tomen las medidas jurídicas o reglamentarias pertinentes para que la comercialización de los símbolos y objetos capturados o incautados, y que actualmente se encuentren en manos privadas, quede prohibida y sea penalizada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comisión de Interior
161/002686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la activación del 'Plan Turismo Seguro' en la Operación Verano 2014, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
España es el tercer país en número de entradas de turistas y el segundo en ingresos por turismo, según la Organización Mundial del Turismo (OMT). La industria turística es un sector fundamental para la economía española. Contribuye al 10,9
% del PIB, genera el 11,9 % del empleo (unos dos millones de personas) y cubre el 122,5 % del déficit comercial español y el 280,5 % del déficit por cuenta corriente (datos 2012).
Otras cifras que permiten dimensionar la importancia del turismo para España son las que se vinculan con su posición competitiva en el ámbito internacional: Somos el primer destino vacacional del mundo. El 40,3 % de nuestros turistas han
visitado España diez o más veces en su vida y el 82 % son repetidores, siendo su grado de satisfacción de 8,5 puntos sobre 10. Somos además el segundo país europeo en número de plazas hoteleras, con 3.200.000, de las cuales más del 50 % son de
categoría superior, 4 y 5 estrellas.
El turismo es, por tanto, un sector estratégico en la economía española y posiblemente el que mayor bienestar ha aportado a nuestra sociedad en los últimos años. Su ritmo de crecimiento en las últimas décadas y su resistencia frente a
dificultades de la envergadura de la reciente crisis son pruebas suficientes de su condición de activo estratégico.
El sector turístico es uno de los más sensibles a la seguridad ciudadana. El 88 % de los viajeros considera 'muy importante' o 'importante' la seguridad (4,42 puntos sobre 5) y el 30 % valoran la seguridad como uno de los 'factores
principales' a la hora de viajar, por encima del precio, según los datos de un estudio de Turespaña.
En definitiva, la seguridad en los espacios y lugares de mayor afluencia de turistas es fundamental a la hora de viajar. La imagen de un destino turístico se daña fácilmente cuando el riesgo en seguridad se pone en conocimiento de los
potenciales visitantes. Por ello, es muy importante que la prevención y contención de los delitos permanezca entre las prioridades tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
De ahí, la importancia que para el sector turístico tiene la ejecución del Plan Turismo Seguro, que se concreta cada año en la Operación Verano, cuyo principal objetivo es incrementar de forma permanente la seguridad ciudadana en las zonas
turísticas y proporcionar un entorno más seguro al turista durante su estancia en nuestro país, contribuyendo de manera decidida a nuestro liderazgo en el turismo mundial.
Sin embargo, con la llegada del PP al Gobierno, se debilita el Plan Turismo Seguro, al reducirse el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en el desarrollo de la Operación Verano. En concreto, el despliegue
de seguridad ciudadana en la Operación Verano 2013 contó con un total de 29.208 agentes, mientras que en la campaña de 2011 habían participado 42.784, lo que significó una reducción de 13.576 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia
Civil. Además, no se reforzó la presencia policial en las ciudades históricas Patrimonio de la Humanidad, como se venía desarrollando con anterioridad.
Esta considerable reducción de efectivos tiene como consecuencia la disminución de la presencia policial en los espacios y lugares de mayor afluencia de turistas.
Por tanto, la seguridad deja de ser una prioridad para el Gobierno de Rajoy. No se puede impulsar un turismo de calidad con una reducción de 13.576 agentes. No se puede hablar de reforzar la seguridad cuando se disminuye la presencia
policial en un 31,7 % respecto al año 2011.
En definitiva, la Operación Verano 2013, llevada a cabo por el Gobierno del PP, contó con menos refuerzo policial y excluyó a las ciudades históricas Patrimonio de la Humanidad, olvidando el Gobierno que la seguridad es uno de los
indicadores que influye de manera más decisiva en el comportamiento del turismo.
El Presidente del Gobierno, una vez más, da la espalda al principal sector productivo de la economía española y manifiesta su exigua sensibilidad hacia la industria turística española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Activar el 'Plan Turismo Seguro' con el objetivo de incrementar de forma permanente la seguridad ciudadana en las zonas turísticas durante la temporada de verano.
La ejecución operativa del Plan en la Operación Verano 2014 se concretará, entre otras actuaciones, en las siguientes:
1.º Incremento del número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil destinados a las zonas donde se desarrollará la Operación Verano 2014, respecto a los que participaron en la campaña 2013, aumentando así la vigilancia
en vías de comunicación, estaciones, puertos, aeropuertos, hoteles, campings y playas, y reforzando las medidas de seguridad en espectáculos y acontecimientos que supongan grandes concentraciones de personas.
2.º La Operación Verano 2014 se desarrollará en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Illes Balears, Madrid y Murcia y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Igualmente,
se reforzará la presencia policial en la ciudades históricas Patrimonio de la Humanidad: Ávila, Cáceres, Cuenca, Mérida, Salamanca, Segovia, Santiago de Compostela y Toledo.
3.º Ampliación del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), con una asistencia personalizada a los turistas extranjeros que han sido víctimas de un delito, impulsando, en colaboración con los ayuntamientos, la creación de nuevas
oficinas en municipios con mayor afluencia de turistas.
4.º Mayor coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Cuerpos de Policías Autonómicas y Locales a través de las Juntas de Seguridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2014.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la necesidad de llevar a cabo un adecuado desarrollo legislativo para prevenir los conflictos de intereses en el ámbito de la Defensa, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado establece el objeto de la misma en su artículo 4, fijando que existe
conflicto de intereses cuando 'los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con
terceras personas' y dispone un régimen de incompatibilidades y sanciones para prevenirlos y resolverlos. Sin embargo, los conflictos de intereses no encuentran una respuesta clara en nuestro ordenamiento jurídico debido a la diversidad de
normativa por un lado, la poca precisión de la existente por otro, o la inexistencia de previsión en algunos casos concretos. Todo ello supone la aparición de un ámbito normativo que provoca una nada deseable inseguridad jurídica que el Estado de
Derecho no debe permitir.
Uno de los casos más llamativos de conflicto de intereses es el conocido como puerta giratoria: altos cargos del sector público que pasan a engrosar las filas de consejos de administración de empresas privadas relacionadas con la materia en
la que tuvieron responsabilidades. El área de la Defensa no está exenta de estas situaciones. Al contrario, se multiplican a causa del mayor grado de aceptación que tiene la opacidad cuando se refiere a asuntos de la Seguridad y la Defensa. De
acuerdo a las últimas estimaciones los Programas Especiales de Armamento (PEAs) van a suponer un desembolso cercano a los 30.000 millones de euros comprometidos a través de contratos con Navantia, EADS, Eurofighter, AIRBUS, General Dynamics Santa
Bárbara Sistemas, entre otras. El gran negocio de los PEAs, la opacidad en torno a ellos y la renegociación de esa deuda, puede favorecer que se den comportamientos como los que trata de prevenir la Ley 5/2006.
Se trata de prevenir estos comportamientos; de adecuar la normativa reguladora de los conflictos de intereses para los altos mandos de las Fuerzas Armadas a lo establecido en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que incorporan en
su artículo 5 el deber del militar de actuar 'con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad,
eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental.' Se trata en suma de evitar la puerta giratoria, por la colusión de intereses que puede provocar y la subsiguiente desconfianza del ciudadano en la política.
El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas se encuentra regulado en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, que ha sido modificada en sucesivas ocasiones. En el ámbito militar, su desarrollo
corresponde al todavía vigente Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal militar; texto que, a diferencia de la ley, no ha sufrido modificación alguna desde su aprobación. Ello supone que su articulado no ha sido
actualizado como sería deseable, para recoger las novedades introducidas por la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Y
ello es necesario no sólo desde el punto de vista de la adaptación de una legislación que parece estar obsoleta, sino que debe desarrollar la especial situación del personal militar cuando éste se encuentra afectado por el artículo 3 de la Ley de
2006, es decir, cuando hablamos de personal militar que desempeña funciones de Alto Cargo de la Administración Pública, y que participa en cuestiones tan relevantes como las decisiones clave (incluidas la decisiones sobre contratación del sector
público) de algo tan serio como la defensa nacional. Asimismo sería necesario regular los conflictos específicos que se pueden suscitar en la situación de reserva y en la de servicios especiales. Por ello sería necesario, entre otros puntos, un
correcto desarrollo normativo en el ámbito militar del artículo 8.1 de la Ley 5/2006 que marca la pauta
general de las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese de estos Altos Cargos.
Como se puede observar, entre la Ley de incompatibilidades, y el Real Decreto de desarrollo de la misma en el ámbito militar transcurrió poco más de un año (diciembre de 1984 - febrero de 1986). En cambio, desde la aprobación de la Ley de
conflictos de intereses de Altos Cargos de 2006, no se ha producido acorde a la misma una modificación o sustitución normativa del Real Decreto de 1984 que lo adapte, complete y mejore.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para llevar a cabo un adecuado desarrollo legislativo de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, en lo que afecta a los altos mandos de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la Defensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
desarme nuclear, para su debate ante la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El Derecho Internacional Humanitario se ha ido construyendo como una frontera que impida la vulneración de los derechos humanos en los conflictos armados y limite sus consecuencias para la población civil. Este derecho se ha conformado
mediante los cuatro convenios de Ginebra de 1949, los protocolos adicionales de 1977 sobre protección de víctimas civiles, la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales, la Convención de
1993 sobre armas químicas y el Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
Es este marco universal del derecho internacional humanitario el que dota de sentido a la prohibición de ciertas armas y de ciertas tácticas militares. Nuestro país siempre se ha sentido muy comprometido con este marco y, además, pretende
que la actuación de nuestras Fuerzas Armadas sea ejemplar y su reputación sea intachable en las operaciones internacionales en las que participan.
Por eso, aunque las minas antipersona se prohibieron en 1998, España ya había establecido una moratoria en 1994. Por la misma razón, en 2009 se prohibieron las bombas de racimo, pero un año antes, nuestro país ya había paralizado su
fabricación y su comercio. Estos son síntomas de un fuerte compromiso en el que se antepone el derecho humanitario a cualquier otro condicionante. Por eso, nos hemos dotado también de un riguroso mecanismo legal del control del comercio de armas a
través de la Ley 53/2007 que, por otro lado, vamos mejorando cada año a través de las propuestas de los grupos parlamentarios y de diferentes ONGs.
A pesar de todos estos avances, aún se mantiene en el mundo la amenaza de las armas nucleares, las más destructivas, y cuyas consecuencias para la población civil son devastadoras. Aunque la Guerra Fría ha terminado, existen miles de
cabezas nucleares y el riesgo de que puedan ser usadas por países o por grupos terroristas no es menor.
La importante declaración de los presidentes de Rusia y Estados Unidos en 2009, facilitó el desbloqueo del Tratado de No Proliferación y facilitó algunos avances, modestos pero realistas en la Conferencia de Examen del Tratado de No
Proliferación, que se celebró en Nueva York en mayo de 2010.
Sin embargo, las tensiones políticas no cesan y queda mucho camino por recorrer, por lo que nuestro país debe estar a la vanguardia política de todos aquellos que pretenden alcanzar la aspiración de un mundo sin armas nucleares tal y como
reclaman los movimientos sociales y multitud de ONGs de todo el mundo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar todas las iniciativas de la comunidad internacional y la sociedad civil para lograr un mundo sin armas nucleares.
2. Promover las acciones necesarias en el marco de la Unión Europea y de las Naciones Unidas para avanzar en los objetivos del Tratado de No Proliferación en la Conferencia del año 2015.
3. Impulsar la entrada en vigor del Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, así como el desarrollo completo de su mecanismo de verificación.
4. Impulsar la negociación de un Tratado de Prohibición de Producción de Materiales Fisibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2014.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/002665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la exigencia de responsabilidades a la alta dirección de las Cajas nacionalizadas, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La sociedad española no entiende que unos hechos tan graves y de consecuencias tan terribles como los sucedidos en las Cajas de Ahorros, que en último término han conducido a nuestro país al rescate europeo (con todas sus secuelas), no hayan
conllevado una clara exigencia de responsabilidades. La negativa a crear una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados ha reforzado esa sensación de impunidad. De hecho, los principales responsables de haber hundido las entidades
que dirigían no sólo no han sido penalizados, sino que han recibido indemnizaciones y prejubilaciones multimillonarias que ahora mismo siguen disfrutando, lo que resulta socialmente escandaloso.
Por poner algunos ejemplos, en Novacaixagalicia -las antiguas cajas Caixa Galicia y Caixanova- se aprobaron indemnizaciones millonarias a ex directivos de la entidad financiera que resultó quebrada. En ese caso concreto, las indemnizaciones
alcanzaron los 63,3 millones de euros, divididas entre cinco altos directivos de la entidad. No menos llamativos son los casos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (donde las indemnizaciones alcanzaron los 13,8 millones), el Banco de Valencia
(cerca de 7,5 millones) o Caja Segovia (donde supusieron 6 millones de euros). Teniendo en cuenta sólo los ejemplos más llamativos, se suma un total de 130 millones de euros repartidos entre 25 directivos de las principales cajas de ahorros
nacionalizadas. Esta situación ha tenido también reflejo en las jubilaciones de algunos de estos directivos, que han percibido cuantiosas retribuciones como parte de su jubilación.
Lo anterior contrasta con las enormes pérdidas públicas. Las entidades han recibido 61.000 millones en ayudas públicas para mejorar su solvencia, de los que Eurostat da 43.000 millones ya por perdidos. Los Esquemas de Protección de Activos
pueden suponer hasta 36.000 millones de pérdidas públicas. Se han avalado públicamente más de 100.000 millones de euros de deuda y activos fiscales diferidos. Cerca de 40.000 trabajadores han perdido sus empleos. Mas de 300.000 estafados por las
preferentes han
perdido sus ahorros (un total de 8.000 millones de según el propio Ministerio de Economía y Competitividad). Todo como consecuencia directa de la actuación de los responsables premiados de las Cajas, que además disfrutaron de unos
salarios desproporcionados, viajes exóticos y créditos en condiciones ventajosas durante su mandato.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Haga uso de todos los instrumentos a su alcance para exigir las responsabilidades profesionales, económicas o penales a los causantes del deterioro de los balances y de la ocultación de los problemas en las entidades financieras que han
tenido que ser rescatadas a costa del contribuyente.
2. Promueva, en el plazo de un mes, los cambios legislativos necesarios para revisar la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones, o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, percibidas o pendientes de
percibir por los administradores o cargos directivos, incluyendo las ya cobradas con posterioridad al 1 de enero de 2008, de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del Estado a través del FROB, al objeto de impedir su materialización o
recuperar la cuantía cobrada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Fomento
161/002661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
nueva normativa por la que se modifica el actual régimen jurídico de las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Con motivo de la tramitación, el pasado año 2013, del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTE), el Bloque Nacionalista Galego ya advirtió de que la nueva legislación introducía reglas
favorecedoras de los intereses de las grandes empresas del transporte en detrimento del colectivo social formado por pequeños y medianos transportistas y por autónomos, que verían agravada su ya delicada y precaria situación económica.
Finalmente, a pesar de las propuestas de Grupos como el nuestro, la aprobación de la Ley no incluyó ningún tipo de medida de protección que impidiese la progresiva desaparición del actual tejido empresarial que sustenta el sector del
transporte por carretera, configurado en más de un 85% por microempresas.
Apenas transcurridos unos meses desde la aprobación de la Ley 9/2013, de 4 de julio, el Ministerio de Fomento pretende ahondar todavía más en las ya dramáticas consecuencias que la puesta en marcha de dicha Ley supuso para miles de pequeños
transportistas autónomos.
La elaboración que se está llevando a cabo de la nueva normativa, que se pretende aprobar inminentemente, con el pretexto de 'equiparar las condiciones de acceso al mercado de los transportistas' (según su propio preámbulo), modifica el
régimen de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera y limita, aún más, la posibilidad de transmitir la autorización de transporte, ya que exige un mínimo de 3 vehículos a disponer por el adquiriente para poder obtener dicha
autorización.
Los cambios previstos en el régimen de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera han movilizado ya a todo el sector y, de mantenerse, supondrían la desaparición definitiva del transportista autónomo en el sector de las
mercancías ya que, en la práctica, significaría la imposibilidad de que nuevos autónomos se pudiesen incorporar al sector en el futuro.
Más allá de la transmisibilidad, la propuesta incluye también modificaciones referentes a la antigüedad de los vehículos que representan graves impedimentos en el desarrollo de la actividad de los autónomos y de las PYMES del sector. En
contra del cómputo de antigüedad media de 6 años de la flota, la substitución de vehículo, ampliación de flota, etc., tiene que ser por uno de menos de 5 meses. Es decir, de facto otro importante obstáculo para la supervivencia en condiciones
competitivas para el sector.
Tal y como evidenció la Ley 9/2013, de modificación de la LOTT, la nueva normativa que prepara el Ministerio va, otra vez, en una única dirección, la de las grandes empresas y operadores del transporte y, contrariamente a lo que manifiesta
el Gobierno reiteradamente, ataca abiertamente al autoempleo y a los emprendedores.
En Galiza que no existen grandes empresas ni flotas de mercancías por carretera, la medida tendría una repercusión muy negativa y las principales asociaciones de PYMES y autónomos del sector ya han manifestado públicamente su rechazo rotundo
a las modificaciones que se pretenden.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Paralizar la aprobación de las modificaciones del actual régimen jurídico de las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera.
- Llegar a un acuerdo con el sector para encontrar una solución al grave problema que generaría la aplicación de la nueva norma en elaboración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
nueva terminal de contenedores del Puerto Bahía de Cádiz, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El proyecto Nueva Terminal de Contenedores (NTC) del Puerto Bahía de Cádiz ha tenido una larga, prolija y compleja tramitación administrativa que se inició en 2006, habiéndose topado con dos circunstancias excepcionales que lo han dilatado
en el tiempo, interfiriendo el acceso a los fondos comunitarios asignados:
1.ª Se cuestiona que los fondos europeos asignados pudieran considerarse ayudas de Estado que alteran la libre competencia.
2.ª Se paraliza el pago de las certificaciones de la obra porque las autoridades comunitarias impugnan las normas que regulan la contratación de obras por parte de Puertos del Estado-Autoridades Portuarias.
Ambas cuestiones han sido resueltas favorablemente:
Dictaminándose que los fondos europeos (FEDER) asignados a la NTC son 'Ayudas de Estado que no interfieren a la libre competencia'. Resolución: Comisión Europea.-Bruselas, 18.09.2013, C (2013) 5824 final. Ayuda estatal SA.36953 (2013/N)
-España.
Publicándose una nueva Orden Ministerial y dictaminándose que aplicados los nuevos criterios a la licitación del proyecto NTC del Puerto Bahía de Cádiz no se habrían producido cambios de la empresa adjudicataria. Orden FOM/1698/2013, de 31
de julio, por la que se modifica la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Es importante señalar que ambas interferencias se han producido cuando las obras habían sido adjudicadas y se encontraban en un avanzado estado de ejecución, habiéndose incluso recibido las ayudas correspondientes a las primeras
certificaciones de obras tramitadas.
Como consecuencia de las incertidumbres generadas y el consiguiente retraso en las ayudas comprometidas, se han generado importantes sobrecostes financieros, ya que se ha llevado a cabo el pago de las certificaciones de obras realizadas
mediante préstamos puentes, contraídos por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, ante la evidencia de que la paralización de las obras comportaría mayores costes económicos e impediría poder concluir la ejecución del proyecto dentro del
calendario del Marco Comunitario 2007-2013.
Por otra parte, sorprende que una vez resueltos los problemas que bloquean la recepción de los fondos europeos (libre competencia y normas de contratación) de un proyecto aprobado, contratado y en avanzada ejecución, los responsables
comunitarios hayan decidido analizar de nuevo la viabilidad del mismo, con lo que se han prolongado en exceso las incertidumbres sobre las obras y sobre el futuro de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, que difícilmente podría asumir los
compromisos económicos contraídos con sus propios recursos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que lleve a cabo las gestiones necesarias ante los interlocutores de la Unión Europea, responsables de la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional/ Fondo de Cohesión, para que den una respuesta favorable y urgente a la solicitud de
confirmación de ayuda al proyecto 'Nueva terminal de contenedores del Puerto Bahía de Cádiz', con arreglo a los artículos 39 a 41 del Reglamento (CE) N.º 1083/2006.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2014.-Francisco González Cabaña, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
reparación del talud de la vía del ferrocarril de Santa Mariña, Ferrol (Galicia), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El talud de la vía del tren de cercanías a su paso por el barrio de Santa Mariña en el municipio de Ferrol ha sufrido un importante desprendimiento debido a las fuertes precipitaciones que tuvieron lugar el día 23 de octubre de 2013 en una
zona de aproximación a la estación de tren de Ferrol.
En esa fecha y los días posteriores, los trenes de cercanías se vieron obligados a rebajar más su velocidad antes de llegar a Ferrol como medida preventiva y temporal derivada de las fuertes lluvias que provocaron el desprendimiento de
tierra de dicho talud ya que el terreno quedó esparcido sobre la vía de ancho métrico e impidió el tránsito de 16 viajes entre Ferrol y Xuvia en esa fecha.
Con posterioridad y tras la retirada por parte de personal de ADIF y Renfe de los elementos que obstaculizaban los raíles, el tráfico ferroviario quedó restablecido pudiendo los trenes de nuevo realizar su recorrido pero estableciendo como
precaución un nuevo límite de velocidad en el tramo afectado, en el que los convoyes no podrán superar los 30 kilómetros por hora.
Pasados seis meses, tanto la asociación vecinal de Santa Mariña en Ferrol como diversas entidades y organizaciones de la ciudad siguen denunciando los desprendimientos de tierra en el talud de la vía del tren en dicho punto así como el
deteriorado estado de la pasarela peatonal elevada que transcurre sobre la vía y comunica el barrio de Santa Mariña con el del Ensanche en el mismo municipio.
Esta pasarela, situada entre las calle do Loureiro y la calle Casquido, presenta deficiencias en la conservación tanto de las escaleras de acceso a la misma como de las barandillas de protección representando un peligro evidente para la
seguridad de las personas que necesariamente han de desplazarse por la misma para salir a pie del barrio de Santa Mariña.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder de forma urgente a la reparación del talud de la vía del ferrocarril de cercanías a su paso por el barrio de Santa Mariña en el Ayuntamiento de Ferrol, así como de la pasarela
peatonal existente sobre dicha vía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Fomento, una Proposición no de Ley para debatir el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024.
En setiembre de 2012 se efectuó la presentación del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI). Al cabo de un año y medo, el PITVI y su Informe de Sostenibilidad Ambiental justo han concluido el proceso de información
pública y actualmente el procedimiento de tramitación está en la fase de análisis de las propuestas recibidas.
Es importante que los distintos grupos parlamentarios puedan conocer las aportaciones que han presentado los distintos sectores implicados y debatir cuáles son las mejoras que se pueden incorporar al PITVI.
Según el Reglamento del Congreso, un mecanismo adecuado para hacerlo es a través de las comunicaciones que puede efectuar el Gobierno a la cámara baja.
El artículo 196 del Reglamento del Congreso establece el procedimiento para el debate de las comunicaciones que el Gobierno tramita al Congreso.
En concreto establece:
'Artículo 196
1. Cuando el Gobierno remita al Congreso una comunicación para su debate, que podrá ser ante el Pleno o en Comisión, aquél se iniciará con la intervención de un miembro del Gobierno, tras la cual podrá hacer uso de la palabra, por tiempo
máximo de quince minutos, un representante de cada Grupo Parlamentario.
2. Los miembros del Gobierno podrán contestar a las cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o agrupadas por razón de la materia. Todos los intervinientes podrán replicar durante un plazo máximo de diez minutos cada uno.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar una comunicación del Gobierno a esta cámara para poder debatir el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 y las propuestas de mejora que se han presentado al
mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas a adoptar respecto a la suscripción del convenio especial
de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, al regular la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores
no profesionales, establece en su apartado 3 que el cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que se determinen reglamentariamente.
El vigente ordenamiento de la Seguridad Social, facilita el recurso al instituto del convenio especial previsto en el artículo 125.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, al que deberán acogerse los cuidadores no profesionales para acceder a la protección del sistema de la Seguridad Social, en tanto se perciba la prestación económica regulada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
El Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, establece en su artículo 1 la inclusión obligatoria, salvo en casos concretos, en el campo de
aplicación del Régimen General de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia mediante la suscripción de un convenio especial. El convenio especial permite a los familiares cuidadores de personas
dependientes quedar incluidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y en situación asimilada al alta.
Estos convenios especiales se rigen por el artículo 28 de la Orden TAS/2865/2003, según redacción de la Orden TAS/2632/2007, de 7 de septiembre, y la cuota, que comprendía las contingencias comunes y la formación profesional, era a cargo de
la Administración Pública.
La aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad elimina la obligatoriedad de suscribir un convenio especial para este colectivo, pasando a
ser de carácter voluntario y traslada el coste de su financiación del IMSERSO al propio cuidador. Los convenios especiales suscritos con anterioridad a la publicación del citado Real Decreto-ley pasan a extinguirse a partir de 31 de agosto de 2012,
salvo si el cuidador manifiesta su voluntad de continuar y asumir a su exclusivo cargo las cotizaciones a la Seguridad Social.
La supresión del abono de las cotizaciones por parte de la administración pública comporta para los cuidadores no profesionales un retroceso en su acceso a los beneficios sociales que ofrece la situación asimilada al alta en el Régimen
General de la Seguridad Social.
Hay que tener en cuenta que el colectivo de cuidadores no profesionales está compuesto mayoritariamente por mujeres de mediana edad con dificultades de inserción laboral que veían en la suscripción del convenio especial con cargo a la
administración pública un primer paso hacia la visibilidad y reconocimiento de su labor en el hogar respecto los cuidados ofrecidos, y una vía de entrada a una situación de asimilación al alta a efectos de las prestaciones de jubilación y de
incapacidad permanente y muerte y supervivencia, derivadas de accidente, cualquiera que sea su carácter, o de enfermedad, con independencia de su naturaleza.
El apartado 4 del artículo 17 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, establece que el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia promoverá acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que
incorporarán programas de formación, información y medidas para atender los periodos de descanso.
Para la cohabitación de cuidadores profesionales y no profesionales en la difícil situación actual del mercado laboral, y para promover el acceso de este último colectivo a su posible futura inserción laboral, así como para asegurar las
buenas prácticas en el cuidado y el bienestar de las personas en situación de dependencia, las acciones de apoyo, formación e información deberían asegurarse en todos los casos siendo obligatoria su realización como requisito para poder acceder a la
suscripción del convenio especial
con cargo a la Administración, considerándose éstos abonos como incentivos de programas de fomento del empleo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dejar sin efecto la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, recuperando la obligatoriedad de suscripción del
convenio especial para cuidadores no profesionales de persones en situación de dependencia, con cargo a la Administración Pública.
2. Garantizar el derecho efectivo al acceso a las medidas de apoyo, información y formación a que se refiere el apartado 4 del artículo 17 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y su vinculación como requisito indispensable para el pago de
la prestación económica regulada en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y para la suscripción del convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a reformar el régimen especial de los trabajadores autónomos.
Antecedentes
El 99,88 por ciento del tejido empresarial español está formado por pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Estos núcleos productivos con presencia en sectores como los servicios, la industria, el sector turístico o el
comercial son la esencia de nuestra economía y un factor clave a estimular para salir de la crisis, ya que representan el 65 por ciento del Producto Interior Bruto y ocupan cerca del 63 por ciento del total de trabajadores.
Si bien es cierto que en los últimos años se han producido avances y mejoras en el régimen aplicable a los trabajadores por cuenta propia, también lo es que quedan por mejorar y resolver todavía cuestiones de gran calado.
Como ejemplos de avances en esta cuestión se podrían destacar entre otros, la baja por maternidad, el cobro de las prestaciones por Incapacidad Temporal a partir del cuarto día, el derecho a la jubilación anticipada o la cobertura por el
cese de actividad. Mejoras amparadas o establecidas en reformas normativas como: la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos; la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo; la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos; la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social; o la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social.
Sin embargo, muchos de estos logros están teniendo algunos problemas en su aplicación. En el caso de la prestación por cese de actividad se podría incluso llegar a decir, que se ha quedado en una mera declaración legal. Y a ello hay que
añadir, que aún no se han abordado cuestiones fundamentales del Régimen Especial como la contributividad.
En un momento como el presente, en que la Seguridad Social requiere del esfuerzo de todos, es urgente e indispensable impulsar, entre otras acciones, una revisión de la normativa sobre cotización de los trabajadores autónomos.
La mayor parte de los trabajadores autónomos se limitan a abonar la cuota mínima porque siguen considerando sus cotizaciones más como un impuesto, que como una inversión o un beneficio, a pesar de que hoy se ofrecen mayores niveles de
cobertura en caso de jubilación, viudedad, accidente, enfermedad, cese de actividad o maternidad. Asimismo, en muchos casos, las cuotas que pagan los trabajadores autónomos no se corresponden con sus ingresos. Pero también es cierto y hay que
considerar que para otros muchos negocios, las cotizaciones aunque sean mínimas, suponen una grave carga que puede llegar a ser insoportable y poner en riesgo la pervivencia de la actividad profesional.
Resulta en todo caso necesario, en opinión del Grupo Parlamentario Catalán y en el de las entidades representativas de los trabajadores autónomos, establecer un sistema progresivo que impulse a los trabajadores autónomos a cotizar en función
de sus ingresos reales y que a la vez, tenga en cuenta a aquellos trabajadores que obtienen rendimientos muy bajos o a los que ni siquiera han empezado a obtenerlos porque acaban de iniciar una actividad, y revisar las mejoras articuladas en los
últimos años.
Dicha opinión se alinea también con la Recomendación número 4 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo aprobado por el Pleno el 25 de enero de 2011. La Comisión recomienda concretamente entre otras cuestiones: continuar
avanzando en la plena equiparación de los derechos de los trabajadores autónomos con los derechos de los trabajadores del Régimen General; la necesidad de promover, de manera gradual, las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de
los trabajadores autónomos a los ingresos percibidos por los mismos; y la necesidad de incrementar los niveles de transparencia e información a los trabajadores autónomos para permitir una elección responsable y adecuada de sus bases de cotización,
con el objetivo de mejorar la suficiencia de sus pensiones futuras.
Del mismo modo, es coherente con la disposición adicional decimoquinta relativa a la Adaptación del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. En ella se mandata al
Gobierno a presentar un estudio sobre la actualización de la normativa que regula el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, a las necesidades y exigencias actuales del colectivo de los trabajadores autónomos, previendo las medidas
necesarias para fijar la convergencia en las aportaciones y derechos de los trabajadores autónomos, en relación a los establecidos por los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
A lo anterior cabe añadir que esta demanda, entre otras, también ha sido manifestada recientemente por ejemplo en Barcelona, en un acto reivindicativo bajo el lema 'digamos basta' organizado por PYMES y trabajadores autónomos, y en un
manifiesto remitido al Gobierno del Estado y a la Generalitat de Catalunya con propuestas de apoyo a estas pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos.
Urge un cambio de orientación de las políticas del Gobierno que convierta a las PYMES y a los trabajadores autónomos en una prioridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que suponga el establecimiento de un sistema progresivo que facilite a estos trabajadores cotizar en función de sus
ingresos reales, y que a la vez, tenga en cuenta a los que obtienen rendimientos muy bajos e incluso a los que ni siquiera han empezado a obtenerlos porque acaban de iniciar una actividad. La reforma debe contar con el apoyo de las entidades
representativas de los trabajadores autónomos, de los agentes sociales, y de las CC.AA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002685
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Industria, la
siguiente Proposición no de Ley sobre modificación de la Ley de Hidrocarburos.
El pleno del Parlamento de Baleares aprobó el pasado día 15 de abril de 2014, por unanimidad, una Proposición no de Ley en la que:
1. Constata la necesidad de establecer límites en la libre iniciativa empresarial del sector de hidrocarburos que regula la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
2. Insta el Gobierno de España a modificar la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en el sentido de prohibir todos aquellos proyectos de investigación, exploración, prospección o explotación de hidrocarburos en el mar,
que puedan afectar espacios protegidos o zonas especialmente turísticas.
3. Insta al Parlamento Europeo y los Eurodiputados de Baleares a proponer una revisión de la reciente modificación de la Directiva 2011/92/UE que excluye el 'fracking' marino de la obligatoriedad de evaluaciones de impacto ambiental.
4. Insta a la Comisión Europea a revisar en el ámbito de sus prioridades para 2014 la llamada 'extracción segura de hidrocarburos no convencionales', que enmascara las prospecciones petrolíferas.
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Industria ha autorizado prospecciones petrolíferas en otras zonas turísticas, entre ellas Canarias, se presenta la siguiente Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno del Estado a que:
'1. Modifique la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en el sentido de prohibir todos aquellos proyectos de investigación, exploración, prospección o explotación de hidrocarburos en el mar, que puedan afectar espacios
protegidos o zonas especialmente turísticas.
2. Establezca límites en la libre iniciativa empresarial del sector de hidrocarburos que regula la ley 34/1998, de 7 de octubre.
3. Inste al futuro Parlamento Europeo a proponer una revisión de la reciente modificación de la Directiva 2011/92/UE que excluye el 'fracking' marino de la obligatoriedad de evaluaciones de impacto ambiental.
4. Inste a la Comisión Europea a revisar en el ámbito de sus prioridades para 2014 la llamada 'extracción segura de hidrocarburos no convencionales', que enmascara las prospecciones petrolíferas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2014.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, abajo firmante, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de del baremo de indemnizaciones por
daños personales a pagar por las aseguradoras a las víctimas de accidentes de tráfico, para su debate en la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La Comisión de expertos que estudia la reforma del baremo de indemnizaciones por daños personales a pagar por las aseguradoras a las víctimas de accidentes de tráfico terminó su informe el 31 de marzo de
2014 y, tras su examen por los Ministerios de Justicia y Economía, será el Gobierno el encargado de impulsar la Ley correspondiente.
Efectivamente, el baremo actual, en vigor desde 1995, ha quedado desfasado. Después de casi dos décadas, se ha reducido la siniestralidad y ha aumentado el parque móvil, y el correspondiente aumento de beneficios de las compañías
aseguradoras no se ha trasladado al incremento de las indemnizaciones.
Las cuantías de las compensaciones son muy bajas con respecto a las europeas y dejan desamparados a algunos colectivos, como a las amas de casa -no reciben indemnización por perjuicio económico- o a los niños atropellados que no cruzan por
un paso de cebra. Además, el cuidado de los heridos de larga duración se traslada a la sanidad pública, en perjuicio del conjunto de la ciudadanía.
Las comparaciones con el resto de Europa ponen en evidencia el atraso español, pues en otros países la cuantía de las indemnizaciones se duplican, triplican o cuadruplican. Son necesarias modificaciones legislativas, donde se reconozcan los
gastos sanitarios futuros después de la estabilización de las secuelas.
En 1995, cuando se aprobó el actual baremo, había un parque móvil de casi 19 millones de vehículos. Aquel año, los accidentes de tráfico causaron la muerte a 5.751 personas, mientras que 35.599 resultaron heridas graves y otras 85.833,
heridas leves. Es decir, un total de 127.183 víctimas. En 2012 -el último año con un balance de siniestralidad vial cerrado-, con un parque móvil de más de 32 millones de vehículos, la cifra total de víctimas se ha reducido a 117.793. El gran
descenso se ha registrado en el número de fallecidos, un total de 1.903, y en el de heridos graves, 10.444. Sin embargo, la cifra de heridos leves se ha elevado hasta 105.446, cuyas lesiones son las que salen más baratas a las aseguradoras.
Pero las bajas indemnizaciones no son el único problema. Siguiendo el ejemplo de otros países europeos de nuestro entorno, la reforma debe reconocer los derechos de indemnización a las personas más vulnerables, como niños o ancianos, así
como a las amas de casa, reconociéndoles el perjuicio económico sufrido en función de su desempeño de las tareas del hogar.
El núcleo esencial de la reforma ha de ser el reconocimiento por las aseguradoras del gasto futuro medio de las víctimas con graves secuelas de por vida, como los lesionados medulares o personas en estado de coma, gastos que actualmente
asume la sanidad pública a partir de los dos primeros años y que deberían ser abonados por las compañías.
Según los cálculos de la Comisión Europea, un herido grave por accidente de tráfico cuesta a las arcas públicas unos 219.000 euros, en función de gastos de servicios de emergencia, médicos, de productividad perdida y materiales, sin incluir
el dinero que necesitará para adaptar, por ejemplo su vivienda. Para comprar una silla de ruedas las aseguradoras dan unos 300 o 400 euros, pero una silla cuesta entre 2.500 y 3.000 euros y ha de cambiarse cada tres años.
Por estos motivos, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Entregar en el segundo trimestre de 2014 al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de reforma del baremo de indemnizaciones por daños personales a pagar por las aseguradoras a las víctimas de accidentes de tráfico.
2) Recoger en dicho proyecto de ley el reconocimiento de pago por las aseguradoras
a) del gasto futuro medio de las víctimas con graves secuelas de por vida;
b) del derecho a indemnización de las personas más vulnerables, como niños y ancianos;
c) y del derecho a indemnización de las amas de casa por el perjuicio económico sufrido en función de su desempeño de las tareas del hogar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002676
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a avanzar en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el escrito registrado con el número 130848, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a avanzar en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.
Antecedentes
La contratación pública no debería ser considerada como un fin en sí mismo distinto o alejado de los objetivos de los poderes públicos, sino como un instrumento al servicio de estos mismos objetivos. Se trata de una herramienta más para
conseguir las metas. La contratación pública es también política pública. La contratación pública puede y debe contribuir a conseguir objetivos sociales y medioambientales, de la misma manera que otras actuaciones financiadas por las
administraciones con recursos públicos.
Los contratos públicos no constituyen en este sentido, simplemente un medio para abastecerse en las condiciones más ventajosas desde un punto de vista económicamente reducido o clásico. A través de ellos, los poderes públicos, entre ellos
la Administración General del Estado, están interviniendo en la vida económica, social y política. Están impulsando, colaborando, en definitiva, contratando y contribuyendo al mantenimiento de empresas y agentes económicos que tienen determinados
comportamientos. Y a pesar de la conveniencia y de la necesidad de generalizar los comportamientos empresariales socialmente responsables, todavía nos falta mucho camino por recorrer en esta materia y no todas las empresas actúan bajo estos
parámetros.
Desde esta perspectiva, parece coherente pensar que no deberíamos posibilitar transferencias de fondos públicos a empresas que contaminen, que incumplan normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que no respeten los derechos
laborales o que no cumplan con los objetivos de integración e igualdad de nuestro marco normativo. Sería mucho más lógico utilizar los fondos públicos para contratar a aquellas empresas que además de ofrecer un bien o un servicio a un precio
asumible, lo hacen contribuyendo en mayor medida a la cohesión social o a la sostenibilidad medioambiental. Deberíamos considerar sino cuantificar también, los beneficios sociales, el modelo de sociedad que ayudamos a construir cuando decidimos a
qué y a quién destinamos los fondos públicos para contratación. La
administración debería con su selección a través de la contratación pública, dar ejemplo e indicar así, a empresas y ciudadanos cuál es la vía para llegar a alcanzar una sociedad mejor.
La inclusión de las conocidas como cláusulas sociales en la contratación pública puede tener un enorme impacto, tanto por el volumen de lo que ésta supone (16%-18% del PIB), como por el avance que supondría hacia mejores estándares sociales
y ambientales. Las empresas deberían competir por cumplirlos y hasta por mejorarlos, para conseguir ser las adjudicatarias del contrato.
Compartiendo este planteamiento por ejemplo, se sitúan muchas de las comparecencias que en la VIII legislatura se llevaron a cabo en el marco de la Subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas, recogidas en
el Informe de la Subcomisión aprobado por unanimidad, por la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales el 27 de junio de 2006. En ellas se apuntó reiteradamente que la legislación española debería avanzar en la dirección de compatibilizar la
contratación pública con la responsabilidad social corporativa, debería progresar en este punto incorporando cláusulas sociales en esta materia, debería tratar de integrar la valoración de los elementos de responsabilidad social en los pliegos que
regulan las contrataciones de las administraciones públicas complementando las valoraciones técnicas y económicas.
De hecho, entre las recomendaciones destinadas a las administraciones, recogidas en el citado Informe, la número 24 concretamente, habla de 'Incluir en los pliegos públicos de compras y contrataciones aspectos que primen la RSE. La compra y
contratación públicas deben ser claras herramientas para el impulso de la RSE, enviando señales al mercado de que serán reconocidas y premiadas las empresas que brindan a la sociedad un valor adicional en materia ambiental y/o social. Claros
ejemplos de esto pueden ser la inclusión de cláusulas sociales que permitan discriminar positivamente a favor de las empresas de inserción o de los productos de comercio justo'.
Diversos podrían ser los ejemplos de administraciones que tal y como indicaba la citada recomendación, han incorporado criterios sociales en los procedimientos de contratación pública, entre ellos quizás cabe señalar: Acuerdo del Consejo de
Gobierno Vasco de 29 de abril de 2008, sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la administración de la comunidad autónoma y de su sector público; La Ley Foral 6/2006, de Contratos
Públicos de Navarra; La 'Guía para la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social', elaborada como Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña y aprobada por unanimidad el 30 de noviembre
de 2012; la 'Medida de Gobierno para la contratación pública responsable con criterios sociales y ambientales', aprobada en sesión plenaria por el Ayuntamiento de Barcelona, el 13 de marzo de 2013; La 'Instrucción para la incorporación de
cláusulas sociales en los contratos públicos del Ayuntamiento de Avilés', aprobada en el Pleno municipal celebrado el 16 de julio de 2009; o la Instrucción para la inclusión de criterios sociales en la contratación pública del Ayuntamiento de
Castellón, aprobada por la Junta de Gobierno Local, en fecha 18 de mayo de 2012.
Sin embargo, en el marco normativo relativo a la contratación pública de la Administración General del Estado, la incorporación y aplicación de cláusulas sociales, a pesar de algunos avances, continúa pendiente.
A lo anterior cabe añadir que España, como Estado miembro de la UE deberá adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la cual se deroga la Directiva 2004/18/CE, a más tardar el 18 de abril de 2016.
De acuerdo con esta Directiva, la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada 'Europa 2020, una estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador' ('Estrategia Europa 2020'), como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más
eficiente de los fondos públicos. Con ese fin, deben revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre contratación pública adoptadas de conformidad con la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y la Directiva 2004/18/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (5), a fin de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública, y de permitir que los contratantes
utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses, un Proyecto de Ley que cumpliendo con la necesidad de transponer la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública, al ordenamiento interno español, contenga las modificaciones oportunas y necesarias para incluir, en el marco normativo de la contratación pública de la Administración General del Estado y en las disposiciones relativas a
posibilitar su apoyo financiero, cláusulas sociales o elementos de responsabilidad social corporativa complementando las valoraciones técnicas y económicas en los pliegos de contratación, y como requisito para el acceso y concesión de su soporte
económico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002677
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió)
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a establecer un régimen específico en materia de subvenciones para las entidades del Tercer Sector de Acción Social y de Cooperación Internacional.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el escrito registrado con el número 130848, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a establecer un régimen específico en materia de subvenciones para las entidades del tercer sector de acción social y de cooperación internacional.
Antecedentes
Al parecer, el Ejecutivo está trabajando en un Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La Ley de Subvenciones es una de las leyes que más afectan al Tercer Sector de Acción Social,
por lo que la propuesta de modificación de la citada Ley es de gran importancia y calado para la propia sostenibilidad del mismo y, en consecuencia, para la labor que lleva a cabo con las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
No debería hacer falta señalar que el Tercer Sector de Acción Social ha desempeñado en las últimas décadas, un papel esencial en la prestación de servicios sociales y en las políticas de integración, inclusión
social y lucha contra la pobreza, actuando como entidades colaboradoras de las Administraciones Publicas en el desarrollo de las políticas de titularidad pública y atendiendo a niños, personas mayores, familias enteras, personas en situación
de dependencia, toxicómanos, inmigrantes, víctimas de la violencia de género, ... etc.
Sin embargo, a pesar de su importancia y de la gran contribución a la cohesión social que el Tercer Sector de Acción Social ha llevado y lleva a cabo, no consigue obtener respuesta a sus demandas. Desde el nacimiento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Tercer Sector ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, que la citada disposición normativa no se adaptaba a las características de las entidades que lo conforman y de las actividades que
desarrollan.
La normativa vigente supone graves perjuicios para el tejido asociativo e incide negativamente sobre todo, en las entidades más pequeñas, las que no cuentan con los recursos y especialización administrativa necesaria para cumplir con los
requerimientos establecidos en la Ley, pero también para las que cuentan con cierta dimensión puesto que deben destinar esfuerzos y recursos a ampliar sus estructuras administrativas. Y esta problemática, el incremento de los gastos administrativos
y una penalización desproporcionada por ausencia de justificantes se puede multiplicar en ámbitos como el de la Cooperación Internacional, ya que se opera con entidades de diferentes países con legislación propia, en mercados informales en relación
a los proveedores de servicios, en zonas alejadas y de difícil acceso, e incluso en situaciones de emergencia.
A lo anterior cabe añadir que la propuesta de modificación que ahora supone el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no resuelve, en opinión de las entidades del Tercer Sector y
de este Grupo Parlamentario, la problemática planteada.
Las exigencias materiales y formales de hecho se agravan con la propuesta de modificación de la Ley. Se extienden al Tercer Sector unas obligaciones para las que, en muchos casos, carecen de una cobertura apropiada, lo que va en contra de
las posibilidades de actuación de las entidades sociales y, en definitiva, del cumplimiento de las finalidades perseguidas por la subvención. Más del 90% de sus entidades podrían desaparecer si el Anteproyecto sigue adelante, poniendo en peligro
los servicios que prestan a los colectivos más vulnerables. Los aspectos negativos de la reforma son numerosísimos para el Tercer Sector en cuanto al acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos, los porcentajes de financiación con fondos
privados, los procesos de justificación y el régimen sancionador que aumenta en tipo y cantidad las sanciones.
La necesidad de la modificación del actual marco de subvenciones se justifica de acuerdo con la propuesta elaborada por el ejecutivo, exclusivamente por cuestiones de austeridad y contención del gasto público, pero también debería
considerarse que las subvenciones que se gestionan desde las organizaciones del Tercer Sector de acción social, vienen precisamente a mitigar entre otras, la tremendas consecuencias que esta crisis está teniendo para las personas y las familias más
vulnerables, siendo necesario hoy más que nunca, reforzar las subvenciones a las políticas sociales.
Los beneficiarios de las acciones del Tercer Sector son más de 10 millones de personas y no las entidades sociales que actúan como intermediarios de la sociedad civil a favor de éstas por hallarse en situaciones más vulnerables. El sistema
de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos no es una responsabilidad de la cual la administración pública pueda liberarse dejándola en manos privadas, ya que resulta imprescindible para el correcto funcionamiento
democrático de una sociedad inclusiva.
La nueva Ley debería nacer también, con una vocación de largo alcance y en respuesta a las debilidades de la actual normativa puestas de manifiesto por el Tercer Sector en diversos documentos. Por ello, debería materializarse tras un
proceso de interlocución y negociación con la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social y la Taula d'entitats del Tercer Sector social, y debería contar con las aportaciones de otros organismos públicos y agentes sociales.
Es del todo imprescindible que la modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluya un régimen específico para el tercer sector de acción social, que no suponga aplicar el mismo marco legislativo a las
subvenciones de interés público que gestionan las organizaciones de este sector y las de cooperación al desarrollo que a las subvenciones otorgadas a otro tipo de organizaciones.
En este sentido cabe recordar que desde el grupo de financiación y legislación del Consejo Estatal de ONGs ya se elaboró un borrador de propuesta de Ley cuyo objeto era la regulación del régimen jurídico específico de las subvenciones
otorgadas a las entidades sin ánimo de lucro de acción social y de
cooperación internacional. Y que la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales ya aprobó, en su sesión del día 14 de febrero de 2006, una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán, por la que se instaba al Gobierno a modificar la
normativa sobre subvenciones aplicable a las entidades sin ánimo de lucro de acción social y de cooperación internacional para adecuarla a sus especificidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Retirar el actual Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Promover disposiciones normativas que faciliten y consoliden las actividades y entidades del Tercer Sector de Acción Social y en todo caso, a incluir en la elaboración de un nuevo anteproyecto de modificación de la citada Ley 38/2003, un
Régimen específico en materia de subvenciones para el Tercer Sector de Acción Social y de Cooperación Internacional, que tenga en cuenta sus especiales características, y las propuestas de modificación y reforma elaboradas por el propio Tercer
Sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley con el fin de que los niños de familias con deuda con la administración tributaria o la Seguridad Social no pierdan sus ayudas sociales, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La realidad económica a la que se está enfrentando nuestro país hace que cada vez sea mayor el riesgo de pobreza y exclusión social. Este hecho ha sido puesto de manifiesto por numerosos informes publicados recientemente por diversas
organizaciones como, Save The Children. Esta organización pone especial énfasis en la pobreza de uno de los grupos sociales más vulnerables: los niños y niñas.
De esta forma, en su informe de 2013 sobre la pobreza infantil, esta organización señalaba que en la actualidad hay en España casi 3 millones de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto supone que alrededor de un 34% de
los menores de 16 años está en esta situación, siendo el riesgo de pobreza de un 28% para el resto de la sociedad. En el mismo se ponía de relieve que, de los 8.362.305 niños en nuestro país, un 30% vive en hogares con ingresos cuya renta esta por
debajo del umbral de la pobreza. Si comparamos estos datos con el resto de países de la UE resulta que somos, a día de hoy, el octavo país de la UE con mayor riesgo de pobreza infantil.
Si bien este informe ponía especial énfasis en la situación de los niños de nuestro país, también alertaba las autoridades españolas sobre una situación que les afecta directamente y que contribuye a esta situación, se trata de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Esta Ley, en su artículo 13.2 e) dicta lo siguiente:
'Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.
[...] 2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la
subvención se exceptúe por su normativa reguladora: [...]
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente [...]'
Por tanto, aquellos autónomos o particulares que, por las actuales circunstancias económicas, tuvieran deudas con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria no podrán solicitar ninguna subvención. Este hecho tiene trascendencia porque les
excluye también de solicitar ayudas y becas escolares para sus hijos.
A día de hoy, un 38,7% de los españoles llega a final de mes con dificultad o mucha dificultad, pero peor aún son los datos de percepción de subsidios y rentas familiares, pues se han duplicado desde el año 2007 el número de familias que no
recibe ningún tipo de subsidio o renta (situándose en una cifra cercana a los 2 millones de hogares). Así, según Cáritas, la pobreza severa (es decir las familias que reciben menos de 307 al mes) afecta a más de 3 millones de personas (un 6,4% de
la población).
Sin duda, estos datos se ven agravados por la actual redacción de la Ley General de Subvenciones, que no incluye ninguna excepción (como pueden ser las becas escolares) para los casos anteriormente citados de extrema gravedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reformar la redacción del actual artículo 13.2 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para incluir una salvaguardia que garantice la concesión de becas escolares a
los niños y niñas de familias que no estén condicionadas por las deudas con la administración tributaria o la Seguridad Social del núcleo familiar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002663
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el futuro del modelo de cooperación internacional para
el desarrollo del Estado español, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario Vasco comparte que 'la imagen de cualquier país -su 'marca'- actualmente refleja percepciones vinculadas a una diversidad de factores. Entre estos factores, uno que ha adquirido creciente importancia en los últimos
años es la Ayuda Oficial al Desarrollo, pues es un indicador no sólo de la solidaridad internacional de su población con los países más pobres del mundo, sino que también es una manera de proyectar ese país en la comunidad internacional, reforzando
su credibilidad.' De esta forma se expresa el Gobierno del Estado en el Plan Director de la Cooperación Española 2013/2016.
Como compromiso político, lo anteriormente expresado, está muy bien pero ¿Cuál es la realidad de la cooperación española? En los últimos 4 años se ha producido un descenso del 70% en el presupuesto dedicado a la cooperación española, lejos
del liderazgo positivo que alcanzó en 2008 con un 0,45% del PIB, actualmente se destina el 0,16%.
En la actualidad, el Estado español ocupa el puesto 21 de los 25 países que conforman el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).
Oxfam Internacional hacía público en un estudio reciente que confirma la mayoría del dinero destinado a la cooperación acaba en el Ministerio de Hacienda para los países en desarrollo de Europa, mientras que el Ministerio de Asuntos
Exteriores sólo dispuso de unos 230 millones de euros en 2012, esto es, un 11,3% del total destinado a cooperación.
Esta situación genera gran preocupación entre los distintos organismos encargados de gestionar las ayudas.
La coyuntura económica actual está obligando a replantearse muchas cosas y puede ser una oportunidad para optimizar los recursos de los que se disponen para hacer de la cooperación internacional una herramienta eficaz.
El presidente del Gobierno se comprometió ante la 68a Asamblea General de Naciones Unidas (25 de septiembre de 2013) a que cuando el Estado español saliera de la crisis volvería a la tendencia de ir aumentando los recursos financieros para
permitir que servicios básicos como el acceso al agua, los centros de educación o los programas de formación para evitar la violencia doméstica siguieran en marcha. Sin embargo, tan sólo una semana después se presentaron los Presupuestos Generales
del Estado (PGE), en los que no se aplicó lo dicho.
Por lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Elaborar y presentar en sede parlamentaria en el plazo de tres meses la Planificación Estratégica Plurianual 2014-2016 en materia de Cooperación para el Desarrollo con su correspondiente previsión de dotación económica.
2. No desmantelar la cooperación española manteniendo la colaboración con los diferentes agentes incluidas las ONGs.
3. Optimizar los recursos existentes para hacer de la cooperación internacional una herramienta eficaz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/002668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre África y la Agenda para el Desarrollo después de 2015, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El Informe de 2013 sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas reconoce grandes avances en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la posibilidad de alcanzar metas mayores para 2015.
Estos avances quedan demostrados en los últimos datos conocidos. Dice el Informe que entre 2000 y 2010 la tasa de mortalidad por la enfermedad de la malaria a nivel mundial descendió un 25% y se estima que se evitaron 1,1 millones de
muertos.
Entre 1995 y 2011 un total de 52 millones de pacientes recibieron tratamiento efectivo contra la tuberculosis y se salvaron 20 millones de vidas.
Las cifras también indican que de los 24 millones de personas con VIH en 2011, 8 millones están recibiendo tratamiento antirretroviral para el SIDA en las regiones en desarrollo y que en 2015 estamos a un paso de lograr el acceso universal
al tratamiento, si seguimos en esa dirección.
Por otro lado, la meta de reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas que padecen hambre, es alcanzable, puesto que el porcentaje de personas desnutridas en el mundo descendió del 25% entre 1990 y 1992, al 23% entre 2010 y 2012.
Hay entre los datos, objetivos alcanzados con gran éxito, por ejemplo, entre 1990 y 2011, 1.900 millones de personas han logrado el acceso a un sistema básico de saneamiento, sin embargo, todavía quedan 2.500 millones, un tercio de la
población mundial, sin esta posibilidad. La tasa de mortalidad de
los niños y niñas menores de 5 años se redujo un 41%, lo que indica que murieron 14.000 niños y niñas menos por día. La tasa de mortalidad materna ha descendido un 47%. El Informe señala también que se logrará la meta de reducir esa tasa a
3/4 partes, que exigirá acelerar las medidas y reforzar el respaldo político a las mujeres y a los niños y niñas. Las cifras de escolarización son, sin duda, también importantes. Entre 2000 y 2011 el número de niños y niñas sin escolarizar
descendió casi a la mitad -de 102 millones a 57 millones- señalando que aún son demasiados niños y niñas los que no tienen garantizado su derecho a la enseñanza primaria.
Sin duda, los ODM constituyen el combate contra la pobreza mundial más decisivo de la historia y son la prueba del profundo cambio que puede desarrollarse mediante objetivos acordados y bien orientados. Sin embargo, existe una consecución
de los mismos de manera desigual. No ha sido un avance uniforme, no sólo entre regiones y países, sino también entre los grupos de población dentro de los países.
Dentro de las regiones que menos porcentaje alcanzan estos objetivos, está el África subsahariana. Por ello, en la evaluación se hace un llamamiento a que la atención del mundo se centre en la lucha contra las desigualdades. Sobre todo,
porque el logro de los ODM está afectado por el descenso generalizado de ayuda oficial al desarrollo en 2012, que se trató de 126.000 millones de dólares, un 4% menos que en 2011 y un 6% menos que en 2010.
Los más perjudicados por esta reducción son los países en vías de desarrollo. En 2012, la AOD bilateral con estos países se redujo un 13%, es decir, 26 millones de dólares. Y estos países también se encuentran en esta zona geográfica del
África subsahariana.
Un 48% de las personas del mundo que viven en la pobreza extrema, viven en África subsahariana, donde casi la mitad de la población vive con menos de 1,25 dólares al día. Es la única región de mundo en la que la población en pobreza extrema
ha aumentado, pasando de 290 millones en 1990 a 414 millones en 2010. Más de la mitad de las niñas y de los niños no escolarizados también viven en esta zona. 123 millones de jóvenes entre 15 y 24 años no cuentan con la capacidad básica de leer y
escribir, el 61% son mujeres. Las brechas de género más altas en la escolarización secundaria y universitaria también están en el África subsahariana. Uno de cada 9 niños muere antes de los 5 años, la tasa más alta del mundo.
En esta zona apenas se llega al 50% de atención especializada durante el embarazo y el parto, lo que produce 500 muertes por cada 100.000 partos, la media son 210. África no ha avanzado nada en la atención prenatal y en el uso de
anticonceptivos, sigue estando en un 25%, la tasa más baja del mundo.
La maternidad adolescente es la más alta del mundo. El 93% de las embarazas que deberían recibir medicamentos antirretrovirales viven en esta región.
Las tasas más bajas de acceso al agua potable y saneamiento están en esta región.
La población urbana que vive en 'tugurios' o infraviviendas en el mundo, ha descendido de 65 millones en 2000 a 62 millones en 2012. Sin embargo, donde no ha decrecido es en África subsahariana.
Sin duda estas cifras y esta situación explican el éxodo de los habitantes de África subsahariana hacia el Norte, llamando a las puertas de Europa. Estas son las causas y no otras: la pobreza, las condiciones de vida y la lentitud en los
avances comparado con otros lugares del planeta.
Estamos en estos momentos trabajando en la Agenda Post 2015. Es el momento de estudiar estos informes y proponer en esa agenda medidas más eficaces para luchar contra esta desigualdad profunda.
Mientras que a Europa le preocupa la presión migratoria, y a nuestro país sin duda, también es el drama humano que reflejan estos datos la causa que produce esa presión y los dramáticos acontecimientos que conllevan.
El Grupo Socialista cree que sólo cuando este continente y estas regiones logren un nivel de desarrollo suficiente para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan vivir con un mínimo de dignidad, es decir, hasta que no desaparezcan las causas,
habrá presión sobre nuestras fronteras. Máxime cuando reducimos en la UE y en nuestro país la ayuda oficial al desarrollo, mientras crecen los ingresos por remesas (60.400 millones), un 3% del PIB y en algunos países el porcentaje se eleva a un
10%, toda la AOD supone 40.800 millones.
En la pasada IV Cumbre UE-África se ha acordado establecer la AOD por valor de 28.000 millones de euros en el periodo 2014-2020, 2.000 millones más de lo que se ha reducido la ayuda oficial al desarrollo en estos últimos años.
Nos parecen claramente insuficientes y decepcionantes las conclusiones de esta Cumbre. Creemos que ha llegado el momento de impulsar compromisos y objetivos más decididos en la Agenda Post 2015.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Plantear en el ámbito internacional (ONU/UE), una Agenda específica para África que suponga una discriminación positiva hacia esta región con el fin de avanzar, a través de la cooperación internacional, al mismo ritmo que otras regiones
del mundo en la lucha contra las desigualdades.
2. Explicitar en esa Agenda, objetivos específicos para el desarrollo integral de esta región.
3. Impulsar, en el seno de la UE, el establecimiento de un compromiso aplicado a la AOD dirigida a la región, que comprometa un incremento con respecto a la situación actual y recoja un compromiso específico de inversiones productivas.
4. Establecer una estrategia consensuada con las empresas que invierten en la industria agroalimentaria en la región y la vigilancia de sus prácticas, con el fin de generar estructuras productivas y comunitarias locales, con enfoque de
género y que provea de medios de vida a sus poblaciones, frente al creciente proceso de acaparamiento de tierras que se registra en determinados países de la zona.
5. Promover, en el seno de la UE, acuerdos-país en codesarrollo, de manera que no se desaprovechen los recursos humanos más cualificados, en el desarrollo de esta región.
6. Actuar para que la AOD española tenga en cuenta la realidad y priorice los acuerdos-país, implementando la inversión con discriminación positiva de género y teniendo en cuenta la necesidad de desarrollo integral de la región,
contemplando especialmente la salud sexual y reproductiva, la educación, el desarrollo sostenible, la buena gobernanza y la protección de la infancia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2014.-María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la creación y aplicación del Impuesto sobre Transacciones Financieras, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La idea sobre la aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras no es nueva, de hecho, en 1936 ya John Maynard Keynes sugirió la creación de este impuesto. Pero fue el economista estadounidense James Tobin, en 1972, quien
retomó esta idea y desde entonces a este impuesto se le conoce como Tasa Tobin.
No se trata tampoco de una idea novedosa en los debates producidos en el este Parlamento. En el 2001 el Grupo Socialista defendió una propuesta en este sentido.
Es en los contextos de crisis económicas y con graves consecuencias producidas por la desregulación del sistema financiero, cuando se vuelve a rescatar esta idea. En esta ocasión, y tras las consecuencias derivadas de actuaciones
absolutamente irresponsables de este mercado y el impacto en la ciudadanía de la UE en términos de pobreza y desempleo, es cuando una vez más los ciudadanos organizados han rescato de nuevo la necesidad de recuperar dicho impuesto.
Esta vez se ha logrado que la Comisión Europea tenga un amplio consenso, tanto en la UE como a escala internacional, sobre la necesidad de que el sector financiero aporte una contribución a los costes que genera la lucha contra la crisis y
de la escasa contribución a la que está sujeto el sector financiero.
Estamos pues a punto de conseguir una antigua aspiración que pretende:
1. Aumentar la recaudación.
2. Registrar las transacciones que se realizan (desincentivando los movimientos especulativos).
3. Imponer un coste adicional a estos movimientos especulativos.
4. Reducir la volatilidad del mercado al penalizar los movimientos rápidos y sucesivos, con un peso insignificante para la inversión real, incentivando las actividades productivas por encima de las especulativas.
5. El impuesto en estos momentos tiene un valor político y social al demostrar a la ciudadanía que el sistema financiero también asume parte de los costes generados por la crisis, que únicamente están pagando los trabajadores y trabajadoras
que han visto reducidos sus salarios, además de la gravísima situación de pérdida de empleos.
Este impuesto en estos momentos cuenta con el impulso de 276 asociaciones europeas y el apoyo del G20, la ONU, la Comisión Europea e incluso del FMI.
La idea de gravar las operaciones financieras tomó fuerza a raíz de la crisis financiera internacional de 2008, ampliándose a todo tipo de transacciones financieras como la compraventa de acciones, contratos de derivados, bonos, etc. En
2012, la Comisión Europea propuso el establecimiento de un impuesto del 0,1% sobre la transferencia de bonos y acciones ordinarias y del 0,01% sobre los derivados. Ante la falta de unanimidad, por la oposición de determinados países con un
importante peso del sector financiero en su economía, once países, entre ellos España, acordaron profundizar en la creación del nuevo tributo mediante el régimen general de la cooperación reforzada. Dicho tributo tendría un amplio ámbito de
aplicación y serviría igualmente para frenar la especulación y repercutir sobre el sector financiero parte de los costes de la crisis.
En la actualidad, y por ejemplo, países como Francia aplican un gravamen sobre la compra de acciones de multinacionales; Italia aplica la tasa a la compra de todo tipo de empresas.
Sin embargo, se ha conocido que el Gobierno español, pese a pertenecer al grupo de once países que defienden un concepto amplio del Impuesto sobre Transacciones Financieras, va a sostener ante las instituciones europeas el establecimiento de
un gravamen limitado a las adquisiciones de acciones de grandes empresas, sociedades con una elevada capitalización bursátil, oponiéndose a su ampliación a otro tipo de operaciones como, por ejemplo, los derivados. Dicha posición restrictiva del
Gobierno se estima contraria al espíritu y finalidad del Impuesto sobre Transacciones Financieras y a la propia pertenencia de España al citado grupo de países que acordaron su instauración mediante el régimen de cooperación reforzada.
El próximo mes de mayo se reúne el ECOFIN. Once países europeos entre los que se encuentra España, han decidido implementar este impuesto, si bien hay discrepancias sobre el ámbito de las operaciones financieras gravadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proponer y defender, en el marco las reuniones del ECOFIN y ante las instituciones de la Unión Europea, la aplicación inmediata del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, tributo que gravará no solo la compraventa de acciones sino
también otro tipo de operaciones financieras como los derivados y bonos.
2. Destinar el 50% del importe recaudado por este impuesto a la lucha contra la pobreza en España, y el otro 50% a la Ayuda Oficial al Desarrollo y la lucha contra el cambio climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2014.-María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/001856
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Luis Tudanca Fernández
Texto:
¿Cómo está afectando la reducción en el presupuesto de la Dirección General de la Guardia Civil destinado al combustible de sus vehículos, en el desempeño de las funciones de seguridad ciudadana que desarrolla este cuerpo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.
181/001862
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior, Secretario de Estado de Seguridad
Diputado don Antonio Camacho Vizcaíno
Texto:
¿Cuáles son los motivos del anunciado traslado del cuartel de la Guardia Civil de Moraleja del Vino a Morales del Vino en la provincia de Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2014.-Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.
181/001863
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols
Texto:
Al Ministro de Interior:
¿Piensa el Ministro rectificar sus palabras en relación a sus declaraciones donde dijo que otros cuerpos de policía tienen acceso a las fotografías de los DNI insinuando que los Mossos d'Esquadra estaban detrás de la filtración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2014.-Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001861
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Autoridad Portuaria de Pasaia del Gobierno Vasco, mantienen en vía muerta, desde el 11 de septiembre de
2012, la emisión de la Resolución de la Memoria Ambiental sobre los impactos que se hayan detectado, especialmente en la alternativa que propone una dársena exterior dentro del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia. La resolución
final debe producirse con celeridad para despejar las dudas técnicas y ambientales existentes y poder plantearse por las instituciones la mejor opción para modernizar y garantizar la supervivencia del Puerto de Pasaia, hoy amenazada por limitaciones
que reducen su operatividad. Por todo ello pregunto: ¿Cuál es la valoración de carácter medioambiental que hace el Ministerio sobre cada una de las alternativas de actuación que ofrece el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia
(Gipuzkoa) para garantizar su supervivencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.