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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 440, de 14/04/2014
cve: BOCG-10-D-440
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
14 de abril de 2014
Núm. 440
ÍNDICE
Página
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002635 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre desclasificación de documentos y grabaciones relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ...
Comisión de Justicia
161/002652 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para garantizar el carácter universal, público y gratuito del Registro Civil ... (Página6)
Comisión de Interior
161/002650 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aplicación en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de procedimientos para la identificación de personas víctimas de trata ...
Comisión de Defensa
161/002633 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la visita a Palma del portaaviones nuclear USS 'Harry Truman' ... (Página9)
161/002647 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la adhesión de Montenegro a la OTAN ... (Página10)
161/002656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los usos de los terrenos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu en Barcelona ... (Página11)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002637 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento y promoción del Instituto Nacional de Administración Pública ... (Página12)
161/002655 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a problemas de competitividad en el sector de la floricultura, silvicultura y plantas ornamentales por la aplicación del IVA del 21% ...
Comisión de Fomento
161/002631 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de rebajar los peajes en la AP-9 y otras medidas en relación con dicha autopista ... (Página14)
161/002634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la mejora en el servicio de los trenes regionales entre Valladolid y Salamanca ... (Página16)
161/002639 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre publicidad de las normas concernientes a la circulación por la autopista AP-9 ... (Página16)
161/002649 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las mejoras del transporte ferroviario de media distancia entre Valladolid y Salamanca ... (Página17)
161/002657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la red ferroviaria Parc Central de Valencia y la mejora de la línea ferroviaria Sagunto-Zaragoza ... (Página18)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002640 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre regulación de los mecanismos de contratación por parte de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) de los trabajadores del campo ...
161/002648 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a regular las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios de acuerdo con la disposición
adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social ... (Página20)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002628 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para garantizar la banda ancha en todo el territorio nacional, poniendo especial atención en las zonas rurales ...
161/002646 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para garantizar la continuidad de la minería del carbón más allá del 1 de enero de 2019 ...
161/002651 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes de ayuda al sector del mármol ... (Página24)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002638 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación del periodo de riesgo de incendios ... (Página25)
161/002643 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las reversiones de las concesiones de centrales hidroeléctricas ... (Página26)
161/002654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a problemas de competitividad en el sector de la floricultura, silvicultura y plantas ornamentales por la aplicación del IVA del 21% ...
161/002658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el futuro de la empresa DEOLEO ... (Página28)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el apoyo sanitario y social preciso para los afectados por el Síndrome de Williams ... (Página29)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002629 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reforma del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) ... (Página31)
161/002630 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a Salud ... (Página32)
Comisión de Cultura
161/002636 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de un plan de promoción turística del Camino Inglés ... (Página34)
161/002641 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para que España firmante de la Convención de la Unesco sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ejerza sus competencias para asegurar
la conservación del Albaicín como Patrimonio de la Humanidad ... (Página35)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la seguridad de la carretera N-260 y especialmente la de motoristas en la Collada de Toses ... (Página36)
161/002645 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre refuerzo del carácter público en materia de exámenes para la obtención del permiso de conducir ...
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002632 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre alerta del mayor riesgo en Europa debido a los efectos del cambio climático tanto a corto como a medio plazo ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/001855 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre motivos por los que el Gobierno grava los productos de floricultura, plantas ornamentales y silvicultura con un 21% de IVA ...
Comisión de Fomento
181/001807 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre garantías de que la base de salvamento marítimo situada en Ruibo, Ayuntamiento de Cee, va a seguir abierta y plenamente operativa con todos los medios
técnicos y humanos allí destinados desde su inauguración ... (Página39)
181/001808 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre razón por la que el helicóptero de salvamento marítimo con base en Cee, fue desplazado a un lugar distinto de su base, así como fecha prevista para su
vuelta a la misma ... (Página40)
181/001809 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre criterios técnicos que prevalecieron para determinar que la autovía A-76, tramo Ponferrada-Ourense, pasara por el Ayuntamiento de A Peroxa ...
181/001810 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre momento y razones por las que se decidió cambiar el trazado de la autovía A-76 ... (Página40)
181/001811 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre motivos por los que se decide no hacer enlace en ningún punto del Ayuntamiento de A Peroxa con la autovía A-76... (Página41)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001853 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre motivos por los que se grava los productos de floricultura, plantas ornamentales y silvicultura con un 21% de IVA ...
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/001806 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero (GS), sobre partidas y cuantía en las que repercutirá el supuesto ahorro derivado del traspaso competencial en servicios sociales que el Gobierno ha reflejado en el Plan
Presupuestario que remitió a Bruselas ... (Página41)
Comisión de Igualdad
181/001803 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Montón Giménez (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si la responsabilidad de la no protección y ayuda recae sobre las mujeres víctimas de violencia de género que no denuncian
... (Página42)
181/001805 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Montón Giménez (GS), sobre previsiones acerca de atender las peticiones de la oposición para mejorar la respuesta en violencia de género ... (Página42)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/002635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre desclasificación de documentos y grabaciones relacionados con el
golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, para su debate en la Comisión Constitucional.
Hace dos años, la desclasificación del Gobierno alemán del despacho 524 de su Embajador en Madrid, Lothar Lahn, sobre el golpe de Estado del 23-F, puso nuevamente de relieve algunas cuestiones controvertidas sobre la participación del Rey
Juan Carlos I y su opinión sobre los militares sublevados, a raíz de una reunión privada entre el embajador y el Jefe del Estado que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela el 26 de marzo de 1981.
Según se pudo conocer, en dicha comunicación oficial al Ministerio alemán de Exteriores, se afirmaba que el Rey le explicó que los militares conjurados 'solo querían lo mismo a lo que todos aspiramos: el restablecimiento del orden, la
disciplina, la seguridad y la calma'. El Embajador alemán cuenta, además, que el monarca planeaba interceder ante el Gobierno y ante la Justicia Militar para que a Antonio Tejero y los demás involucrados 'no les sucediera nada demasiado grave' como
consecuencia del 23-F, porque a fin de cuentas, los golpistas 'solo querían lo mejor'. De acuerdo con las referencias publicadas ahora en Alemania, el Rey 'no expresó indignación ni repulsa hacia los actores' del golpe.
Ayer mismo, ha vuelto a aparecer información sobre la posición que mantuvo el Rey en el golpe de Estado con motivo de la próxima publicación de un libro de la periodista y escritora Pilar Urbano, titulado 'La gran desmemoria. Lo que Suárez
olvidó y el Rey prefiere no recordar'. En una entrevista publicada se arrojan datos sobre varios encuentros que mantuvieron el Rey y el Presidente del Gobierno en el mes de enero que precedió el golpe así como el día 24 de febrero, posterior al
mismo. Según la autora, para el Presidente Suárez 'estaba clarísimo que el alma de la operación Armada era el Rey y que nace en Zarzuela'.
Por supuesto, ni la desclasificación de documentos de otros gobiernos como en 2012 ni esta última publicación sobre el 23-F, son los únicos. Existen numerosas publicaciones, informaciones y testimonios que evidencian la necesidad de poner
luz y taquígrafos sobre lo realmente acontecido en el golpe de Estado, sus inspiradores, sus organizadores y sus ejecutores. La falta de transparencia entorno al 23-F, siembra de dudas un episodio trascendental en nuestra democracia. Transcurridos
más de 30 años, son muchos los silencios y la opacidad entorno al golpe de Estado del 23-F, tantos como las dudas acerca de lo que realmente antecedió el mismo y la participación que pudo tener el Rey Juan Carlos I, los militares sublevados y los
líderes políticos del momento.
Pese a los esfuerzos por reforzar un relato 'oficial' sobre el golpe de Estado sustentado en la ocultación de información y los debates dirigidos, lo cierto es que a día de hoy se mantiene una opacidad
injustificable sobre las pruebas que documentan las posiciones, actitudes, ambigüedades, aciertos, equívocos y responsabilidades de los protagonistas del 23-F. Siendo este un acontecimiento histórico crucial para la consolidación de la
democracia española, es de vital importancia la desclasificación de todos los archivos, documentos y grabaciones en poder de los poderes del Estado, y el libre acceso a ellos de los investigadores.
No es lógico que, mientras otros Estados desclasifican documentos que obran en su poder en relación con el golpe de Estado del 23-F, el Estado español mantenga secretos y clasificados los suyos. Del mismo modo, parece que ha llegado el
momento de abrir la investigación parlamentaria de lo acontecido, de desclasificar la documentación sobre el golpe de Estado, de someter a contradicción la diversa información y los testimonios sobre lo realmente acaecido el 23 F.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desclasificar todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas en poder del Estado, incluidos los servicios de inteligencia, que tuvieron lugar durante la tarde y noche del 23 y mañana del 24 de febrero de 1981.
a) Entre los ocupantes del Congreso de los Diputados y el exterior del edificio.
b) Entre el Palacio de la Zarzuela y el exterior.
2. Desclasificar todos los documentos que pudieran existir sobre las reuniones que pudieron mantener el Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno durante los meses previos al Golpe de Estado y los días posteriores.
3. Poner dichos archivos documentales a disposición de los historiadores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Justicia
161/002652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
garantizar el carácter universal, público y gratuito del Registro Civil, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Ante la próxima entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, urge definir y clarificar las decisiones que va a adoptar el Ejecutivo en relación al Registro Civil.
La reforma aprobada en el año 2011 atendía a la voluntad de adoptar un nuevo modelo de Registro Civil ajustado tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad de la sociedad actual.
La Ley de 2011 suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y crea un registro individual para cada persona a la que, desde la primera
inscripción que se practique, se le asigna un código personal.
De la modernización del Registro Civil se deriva el diseño de un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente, y cuya Ilevanza sea asumida por funcionarios públicos
distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado, cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado.
El Registro Civil se configura como una base de datos única que permite compaginar la unidad de la información con la gestión territorializada y la universalidad en el acceso.
La complejidad de la Ley y el cambio radical respecto al modelo anterior hizo aconsejable la previsión de un extenso plazo de vacatio legis, fijado en tres años, y que está próximo a cumplirse, para permitir la progresiva puesta en marcha
del nuevo modelo, evitando disfunciones en el tratamiento de la información registral y la implementación de la nueva estructura organizativa.
La realidad es que hasta hoy no se ha realizado ninguna de las actuaciones ni inversiones orientadas a la puesta en marcha de ese nuevo modelo, y, sin embargo, se ha circulado, desde el Ministerio de Justicia, un par de textos articulados,
uno a finales de 2012 y otro en octubre de 2013, denominados respectivamente Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros el primero y Anteproyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la administración
de justicia y del registro civil el segundo, sumiendo en la confusión y en la incertidumbre a un número importante de ciudadanos.
La ley 20/2011, de 21 de julio, que fue aprobada por consenso, con el voto a favor del Grupo Popular, y cuya aprobación vino precedida de una inversión de 128 millones de euros en digitalizar e informatizar todos los registros civiles de
España, conforma un modelo registral al servicio del ciudadano, orientado a la persona y a la familia como eje del Registro y que consagra el principio de gratuidad y respeta la tradición jurídica española en materia de estado civil. Impulsa un
modelo de Registro Civil desjudicializado, en armonía con el Derecho comparado, con la función registral y no jurisdiccional que corresponde a los Registros Civiles.
El denominado 'Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros', que fue dado a conocer a finales de 2012, arrebata a las distintas administraciones una serie de registros administrativos y los entrega a los
Registradores dejando en sus manos todos los datos de nuestra vida, los más íntimos, vinculados al ejercicio de derechos fundamentales y de derechos constitucionales, para que los exploten empresarialmente cobrando un arancel a los ciudadanos, lo
que constituye otro paso más en la privatización del servicio público.
Además, el Borrador de anteproyecto de reforma integral de los Registros frustra las legítimas expectativas de cuerpos funcionariales que desempeñan sus funciones en el registro, a los cuales ordena recolocar en los Juzgados en seis meses,
así como al cuerpo de Secretarios Judiciales, con formación acreditada y que con el consiguiente ahorro para los ciudadanos, podrían encargarse del Registro Civil, tal como fue prácticamente comprometido recientemente desde el Ministerio de
Justicia, y posteriormente desmentido, al reconocer el Ministro de Justicia que se estaban barajando diversas opciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar el carácter público, universal y gratuito del Registro Civil, para la prestación de un servicio público de calidad a los ciudadanos.
2. Llevar a cabo aquellas actuaciones e inversiones necesarias que permitan la entrada en vigor, con todas las garantías, de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
3. Evitar que se produzcan situaciones de inseguridad para los ciudadanos y, en particular, de los cuerpos de funcionarios públicos afectados por la indefinición y confusión, que se prolonga desde que fue dada a conocer la primera propuesta
del Ministerio de Justicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2014.-Julio Villarrubia Mediavilla y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/002650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
a aplicación en los CIE de procedimientos para la identificación de personas víctimas de trata, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El estudio académico 'Mujeres en el CIE' analiza la sobrerrepresentación de mujeres que han ejercido la prostitución que existe en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). A través de las entrevistas realizadas y de otros
indicios, llega a la conclusión de una 'presencia de mujeres relacionadas con la realidad de la prostitución más elevada de lo que cabría esperar' e indica que no es difícil encontrar en los CIE mujeres víctimas de trata.
En las informaciones recogidas llama la atención lo que las autoras han considerado 'un hallazgo sobrevenido a la investigación' y pone en evidencia que en el CIE de Aluche exista, en el momento de la investigación, un número de mujeres
relacionadas con la prostitución 'mucho más elevado que el que cabría esperar'.
Otro dato que se significa es la coincidencia de que los datos oficiales proporcionados por la Dirección General de la Policía sobre los países de origen de la mayoría de las mujeres ingresadas en el CIE de Aluche (Nigeria, Paraguay y
Brasil) coincidan con los que señala el informe 'España: víctimas invisibles', del Defensor del Pueblo como los principales países de captación de mujeres para el mercado sexual (señala expresamente a Nigeria, Paraguay, Brasil y Rumanía).
Es escasa la posibilidad de detectar situaciones de explotación sexual dado el insuficiente nivel de control y atención en esta materia que se facilita en los CIE para la detección, información y asistencia a las posibles víctimas de trata.
Esta circunstancia hace que la mayoría de los casos pasen inadvertidos.
La falta de control y respuesta adecuada en los CIE queda reflejada en el caso referido en el citado informe, sobre una interna con citación para declarar como testigo en un juicio por trata y que -a pesar de ser testigo- se encontraba
ingresada en un centro de internamiento, pendiente de una expulsión.
El marco normativo en el ámbito nacional está conformado fundamentalmente por el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, en la versión revisada por la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, y en los correlativos preceptos del Reglamento de
extranjería aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (arts. 140 y siguientes). También ha de mencionarse la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria, que introduce una protección
subsidiaria pensando en quienes, a pesar de no reunir los requisitos para obtener el asilo o ser considerados refugiados, concurren motivos fundados para pensar que el regreso al país de origen supondría un riesgo real de sufrir los daños previstos
en el artículo 10 de dicha Ley. Por último, hay que citar el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos, aprobado el 28 de octubre de 2011, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 140 del Reglamento.
Para las cuestiones relacionadas con la trata de personas, según indica la Exposición de Motivos de la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el bien jurídico protegido no es la
'defensa de los intereses del Estado en el control de los flujos migratorios', sino que el delito de trata de seres humanos protege bienes jurídicos individuales y por tanto 'el tratamiento penal unificado de los delitos de trata de seres humanos e
inmigración clandestina que contenía el artículo 318 bis resultaba a todas luces inadecuado, en vista de las grandes diferencias que existen entre ambos fenómenos delictivos'.
Aunque se han producido avances importantes en la lucha contra la trata en España, muchas medidas resultan insuficientes si no se contrarrestan las situaciones de vulnerabilidad, o si no se informa adecuadamente sobre los derechos que
asisten a las víctimas o las posibilidades de ayudas. La filosofía de la ley queda trastocada cuando se prima la condición de inmigrante sin papeles sobre la condición de víctima dado que esta circunstancia impide la garantía de los derechos de las
personas que fueron expuestas a la trata.
Más allá de las líneas de colaboración con organizaciones especializadas, establecidas en el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de
extranjeros, parece necesario -para evitar la revictimización y garantizar la salvaguarda de derechos- que los profesionales que prestan sus servicios en los CIE conozcan los procedimientos y técnicas para la identificación de víctimas de trata.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar un protocolo para su aplicación en los CIE que recoja los procedimientos para la identificación de personas víctimas de trata.
- Formar específicamente a los profesionales que prestan sus servicios en los CIE conozcan los procedimientos y criterios para determinar la condición de persona víctima de trata.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2014.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la visita a Palma del portaaviones nuclear 'USS Harry Truman',
para su debate en la Comisión de Defensa.
Según diversos medios de comunicación, el portaaviones nuclear norteamericano USS, 'Harry Truman', escoltado por el crucero San Jacinto visitará la bahía de Palma durante cinco días, entre el 3 y el 7 de abril.
El USS, 'Harry Truman', pertenece a la clase Nimitz y fue asignado a la USS Navy en 1998. Con un desplazamiento de 103.000 toneladas a plena carga mide 332,8 metros de eslora por 40,8 en la línea de flotación y 76,8 en la cubierta de vuelo.
Su fuerza aérea suma 90 aviones y helicópteros de combate y rastreo de diversos tipos. Dos reactores nucleares constituyen el corazón de navío, capaz de navegar a más de 30 nudos.
Esta visita se realiza tras dos años de ausencia de estos buques de la USS Navy en Palma. Así, la última escala de un portaaviones nuclear se realizó en julio de 2012 a cargo del USS 'Dwight Eisenhower', un año después de la registrada por
el USS 'Enterprise'. Ya en el año en 2000, la escala del 'George Washington' suscitó una fuerte protesta en la bahía por parte de los grupos ecologistas por su impacto medioambiental.
Por todo ello, desde Izquierda Unida criticamos la escala que realizará del 3 al 7 de abril el portaaviones estadounidense de propulsión nuclear 'USS Harry S. Truman CVN 75' al puerto de Palma por considerar que 'la flota de guerra de los
Estados Unidos es un elemento decisivo de su política expansiva imperialista' al considerar que el objetivo de la presencia de este tipo de buques no es otro que el de 'agredir a países soberanos, intervenir en problemas internos de estos países y
apoyar dictaduras siempre que favorezcan sus intereses estratégicos como gran potencia o de las grandes corporaciones estadounidenses'.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:
1. Adopte las medidas necesarias para que los puertos de las islas Baleares 'sean puertos de paz y que se vean libres de buques de guerra, especialmente si estos son de carácter nuclear'.
2. Se declare a Palma, y los otros puertos de las islas, no nucleares y que se impida la llegada de barcos de estas características, impidiendo que se vuelva a abrir a la sexta flota y a reclamar que el Mediterráneo sea un mar de paz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la
Comisión de Defensa una Proposición no de Ley sobre la adhesión de Montenegro a la OTAN.
En septiembre de este año se celebrará en la ciudad de Newport, en Gales, Reino Unido, la cumbre de la OTAN 2014, en la que se presentarán las conclusiones de los planes de fortalecimiento de la Alianza. Una cumbre de la OTAN no es un
evento habitual sino que se considera una oportunidad periódica para que los jefes de los países miembros de la OTAN evalúen y brinden orientaciones estratégicas.
Dentro de estos planes se encuentra la adhesión a la Alianza de Montenegro, único territorio de la zona de la rivera norte del Mediterráneo que todavía no forma parte de ella, pero que en los últimos años ha realizado progresos
significativos, tanto contribuyendo activamente a la seguridad en la región de los Balcanes como mediante su participación en la Fuerza Internacional de Asistencia para la seguridad (ISAF) en Afganistán.
La invitación a Montenegro por parte de los ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Atlántica para avanzar hacia su adhesión a la OTAN ha cumplido todos los requisitos procedimentales requeridos. Los Estados miembros de la OTAN han
ofrecido a Montenegro participar en el llamado Pian de Acción para la adhesión (Membership Action Plan) al considerar que el país ha realizado progresos significativos en la vía de las reformas necesarias para sumarse a los 28 miembros actuales.
Dicha invitación se produjo el año 2009, por lo que esta adhesión sería la culminación de un proceso que ya lleva abierto desde hace más de cinco años. Montenegro había solicitado participar en el Plan de Acción en noviembre del 2008.
No cabe duda del interés de Montenegro por formar parte como miembro de pleno derecho de la OTAN, vistos los esfuerzos realizados por este país para cumplir los requisitos impuestos por la Alianza, ni de la importancia que supone su adhesión
para la zona del Mediterráneo, donde a menudo se suceden periodos de inestabilidad política que amenazan la seguridad de Europa.
Montenegro es miembro del programa de la Asociación por la Paz de la OTAN, así como de la Carta del Adriático y participa en operaciones de paz bajo los auspicios de la OTAN y Naciones Unidas con tropas militares y observadores. Los
soldados montenegrinos, además, son capacitados por el Bundeswehr alemán.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario catalán de Convergència i Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar la incorporación, como miembro de pleno derecho, de Montenegro a la OTAN en la cumbre que se celebrará en la ciudad de Newport, Gales, el próximo mes de septiembre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de los Diputados don Alfred Bosch i Pascual y don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre los usos de los terrenos de la antiguos cuarteles de Sant Andreu, en Barcelona, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En febrero de 2004, el Consorci de la Zona Franca adquirió los antiguos cuarteles de Sant Andreu de Barcelona al Ministerio de Defensa por 83 millones de euros.
El 1 de junio de 2006 se aprobó definitivamente la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) con el objetivo de definir la ordenación del conjunto de estos terrenos y los usos del suelo. Los criterios básicos que se establecieron
fueron garantizar la vitalidad del espacio público durante todo el día; establecer el passeig de Torras i Bages como eje vertebrador del nuevo tejido urbano; delimitar una importante zona verde que, apoyada sobre la calle Gran de Sant Andreu
incorporara los conjuntos arborizados preexistentes; el establecimiento de red viaria interna que diera coherencia a los diferentes espacios, priorizando los viales peatonales; la implementación de todo el programa de vivienda y de equipamientos
manteniendo una importante reserva de suelo para el futuro; y un programa de vivienda en que la suma de viviendas de protección oficial y dotacionales (apartamentos de alquiler para jóvenes y de gente mayor) representara el 60% de total previsto.
Bajo estos parámetros, los 113.000 m2 de superficie se distribuyeron de la siguiente manera: 22.500 m2 de suelo edificable, 41.000 m2 de zona verde, 36.000 m2 pare equipamientos y 14.000 m2 de zona viaria. De vivienda se preveía la
construcción de 2.000 viviendas nuevas, incluyendo las dotacionales hechas en terreno de equipamientos y las destinadas a realojamientos urbanísticos que debía construir y pagar el Consorci de la Zona Franca. Asimismo, se preveían los siguientes
equipamientos: apartamentos tutelados para gente mayor; residencia de gente mayor con un centro de día; residencia para personas con discapacidad; viviendo dotacional para gente joven y para gente mayor, con una biblioteca en la plante baja;
vivienda dotacional para gente mayor con una Escuela Infantil de 0-3 años en la planta baja; albergue juvenil; Mossos d'Esquadra; residencia de estudiantes Centro Cívico; Polideportivo; Escuela Pública de Infantil y Primaria; centre
sociosanitario; y equipamiento administrativo.
De todo esto proyecto solo hay en funcionamiento 3 de los 12 equipamientos y nada de zona verde, dejando la imagen de un inmenso solar de 100.000 m2 en mal estado, de semiabandono.
El Consorci de la Zona Franca tiene 81.000 m2 de techo para diferentes usos en los cuarteles. En el pasado mes de octubre acordó ceder gratuita y temporalmente diversas parcelas que suman unos 8.500 m2. Se han establecido acuerdos con la
Generalitat para dotar a la Comisaría de los Mossos d'Esquadra de un espacie suplementario de aparcamiento. Asimismo, también se han cedido dos parcela más para el Sant Andreu Cricket Club (1.500 m2) y para la Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios de Barcelona (5.000 m2). Estas cesiones se han realizado atendiendo a una solicitud directa de las entidades al Consorci, sin atender a ningún criterio objetivo y sin que se haya solicitado la opinión a la Comissió de Seguiment de les
Casernes. Además, los terrenos cedidos a la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona es cuestionada por buena parte del barrio, criticando especialmente que estén pegados a la escuela de infantil y primaria.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Defender, en el marco del Consorci Zona Franca de Barcelona, el establecimiento de unos criterios objetivos, consensuados con la Comissió de Seguiment de les Casernes, para la cesión temporal de espacios en los antiguos cuarteles de Sant
Andreu.
2. Garantizar que las decisiones del Consorci Zona Franca respecto a los cuarteles de Sant Andreu son vehiculadas y aprobadas por la Comissió de Seguiment de les Casernes.
3. Apoyar, en el marco del Consorci Zona Franca, que los proyectos que este pretenda desarrollar en la ciudad de Barcelona se sometan al dictamen vinculante del Pleno del Ayuntamiento.
4. Activar de manera urgente la construcción de vivienda protegida, que corresponde al Consorci Zona Franca, en los terrenos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu.
5. Denegar, de acuerdo con la voluntad del barrio, la cesión de los terrenos a la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona, revirtiendo así la decisión tomada unilateralmente por el Consorci.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2014.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el
mantenimiento y promoción del Instituto Nacional de Administración Pública, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El Instituto Nacional de Administración Pública ha cumplido ya los 70 años y ha sabido adaptarse a los tiempos. El INAP ha contribuido a la dignificación de la función pública, consolidándose como una referencia española e internacional en
su ámbito y desarrollando un papel estratégico en la mejora continua de la Administración Pública española:
- En el ámbito de los recursos humanos, a través de la selección de miles de funcionarios de diferentes Cuerpos y Escalas, y mediante la formación y el perfeccionamiento de una parte importante de los empleados públicos de la Administración
General del Estado y de la Administración Local.
- En el campo de la investigación; las publicaciones y los estudios sobre materias relacionadas con la Administración Pública, que le ha convertido en una fuente doctrinal de considerable prestigio.
- En el área de las Relaciones Internacionales, con el desarrollo de numerosas redes de colaboración técnica entre distintas Administraciones y Centros de Formación de empleados públicos nacionales e internacionales. En el caso de los
países de Iberoamérica, y como se ha señalado anteriormente, el INAP se ha convertido en un referente indiscutible de los Institutos y Escuelas de Administración Pública de estos países tan especialmente vinculados a España.
Se ha conocido que el Gobierno trabaja en un Proyecto de Real Decreto por el que se integran en un Organismo Autónomo, el Centro de Estudios Jurídicos, el instituto de Estudios Fiscales, Instituto Nacional de Administración Pública y Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales.
Consideramos que este proceso de fusión perjudicará las posibilidades y la calidad de la formación de los empleados públicos, que tienen y que deben tener un organismo único encargado de esa tarea. El capital humano es el elemento más
valioso de las Administraciones Públicas y sin una institución formativa fuerte y específica estaremos debilitando el principal activo.
En la actualidad, el INAP cuenta con un Plan Estratégico General para el periodo 2012-2015. Es decir, en el momento actual; el INAP se encuentra ya inmerso en un proceso de mejora y ni siquiera en el Informe CORA se contempla su supresión
o la integración en otro organismo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener el Instituto Nacional de Administración Pública como organismo público y de acuerdo con el vigente plan estratégico, fortalecer el papel
institucional del INAP en el ámbito nacional e internacional, generar conocimiento y reflexión de alta calidad para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, vincular la formación y la selección a las necesidades reales de la
Administración Pública, a las competencias profesionales de los empleados públicos y la carrera profesional, y convertir al INAP en el centro de excelencia en formación de directivos públicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2014.-Meritxell Batet Lamaña, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a problemas de competitividad en el sector de la floricultura, silvicultura y plantas ornamentales por la aplicación del IVA del 21%, para su debate en Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
Entre los sectores económicos que se han visto gravemente perjudicados por la subida del IVA al 21% se encuentra el sector productivo de la floricultura, de las plantas ornamentales y de la silvicultura.
Si bien no se trata de productos de consumo de primera necesidad, el Gobierno no debería obviar la importancia de esta actividad agraria en la dinamización económica y en la generación de empleo, y por ende, en el asentamiento de población
en zonas rurales.
La comarca de O Baixo Miño en la provincia de Pontevedra es ejemplo claro de la importancia de este sector productivo. Desde hace aproximadamente 30 años, el impulso emprendedor de muchos jóvenes de esta comarca, eminentemente agraria, ha
hecho posible una industria que cuenta con unos 900 puestos de trabajo directos y que ha logrado implantarse comercialmente en el mercado de Flores y Plantas Ornamentales de distintos estados de la UE y Oriente Medio.
El crecimiento de este sector en O Baixo Miño y su penetración en el mercado internacional es consecuencia del enorme esfuerzo realizado y orientado a competir en calidad y precio en un mercado exigente, ya establecido, y que se ha visto
compensado por la concesión del Certificado de Calidad Superior concedido por la PPOES.
Las arbitrarias medidas fiscales que el Gobierno aplica a estos productos pueden echar al traste los logros alcanzados en estos últimos años, y también perjudicar a los cientos de puestos de trabajo generados en el sector. Por tanto, el
incremento abusivo del IVA aprobado por el Gobierno ha llevado a que este sector se tenga que enfrentar, en el mercado estatal e internacional, a una auténtica competencia desleal puesto que el IVA aplicado a estos productos en el resto de países de
la UE está entre el 8% y el 6%.
En el caso del Baixo Miño, la competencia resulta imposible con los productos provenientes de Portugal. Mientras que el Gobierno español grava con un 21% de IVA a estos productos, el Gobierno portugués, que previamente subió el IVA del 10
al 23%, lo ha reducido ahora al 8% debido precisamente al efecto negativo que esta subida produjo.
Las comercializadoras del Baixo Miño ya están sufriendo las consecuencias de esta competencia desleal puesto que los minoristas exigen los mismos precios a una mercancía que padece una disparatada y desigual carga fiscal. Además, ya han
visto cómo sus ventas se han reducido en un 30%.
Para más 'inri' dichas comercializadores sufren asimismo los retrasos de la Agencia Tributaria en la devolución del IVA correspondiente a las exportaciones, cuestión que dificulta su capacidad de pago a los productores.
El Gobierno, que en más de una ocasión ha reconocido lo injusto de esta tributación, debería tener en cuenta que se trata de un sector económicamente saneado, tecnológicamente avanzado y con una grandísima capacidad innovadora, situándose en
el mercado internacional con un importante nivel de
competitividad ahora amenazada por unas medidas tributarias injustas y arbitrarias, dado que es el único estado de la Unión que las aplica.
De no dar marcha atrás en esta injusta política fiscal, acabará con un sector productivo primario que se ha hecho un hueco a base de un esfuerzo encomiable.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aprobar con carácter urgente las modificaciones legislativas necesarias para reducir el IVA aplicado a la floricultura, el sector de las plantas ornamentales y la silvicultura, hasta situarlo en un porcentaje del 8%, que es la media que se
aplica en el entorno de la UE.
- Abrir un diálogo para escuchar los problemas de un sector muy pujante y competitivo en comarcas como la de O Baixo Miño (Pontevedra), que ve amenazado su futuro por las consecuencias de un elevado IVA del 21% con el que no pueden hacer
frente a la competencia procedente de otros países de la UE donde se aplica un IVA del 8-6%.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/002631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de rebajar los peajes en la AP-9 y otras propuestas, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El BNG lleva desde el inicio de la grave crisis económica demandando que se paralicen los precios de los peajes en la autopista del Atlántico, AP-9. El Ministerio de Fomento ha hecho oídos sordos a esta solicitud del BNG que es, en
realidad, una demanda social de gallegos y gallegas por la imposibilidad económica de pagar unos peajes inasumibles en momentos de tantas dificultades económicas.
Sin ir más lejos, el pasado 11 de marzo la Comisión de Fomento del Congreso rechazaba, debido a la oposición del partido en el Gobierno, una Proposición no de Ley de esta Diputada que instaba al Gobierno a anular cualquier incremento de
peajes para este año, así como la conversión de la AP-9 en una autopista pública y gratuita. Un último punto planteaba una actuación integral en toda la N-550 que en los últimos años está absorbiendo un volumen de tráfico enorme debido a los
elevados peajes de la AP-9, una carretera estatal que presenta un gran deterioro que se va agravando por la afluencia de tráfico.
Resulta curioso que el gasto en peajes al viajar entre Madrid y Ferrol sea menor (16,20 euros) que entre Ferrol y Vigo (17,65 euros).
La gestión privada de la AP-9 en manos de la concesionaria AUDASA fue ampliada hasta el año 2048 bajo el Gobierno presidido por el señor Aznar, una explotación que otorga grandes beneficios económicos a esta empresa. AUDASA incrementó en un
50% las tarifas desde el año 2003 entre A Coruña y Vigo, pasando de 10,28 a 15,35 euros. Un tramo más que amortizado, como demuestran los multimillonarios beneficios de la empresa concesionaria que ascendió a 275 millones de euros desde el año
2008.
Unos beneficios que además ni siquiera repercuten en la mejora del servicio. No se ha mejorado la iluminación ni el asfaltado en muchos tramos e incluso se ha disminuido el número de cobradores. Una autopista que registra largas colas en
períodos estivales o fechas señaladas sin que se adopten medidas de ningún tipo.
Con todos estos precedentes, ya no es suficiente con reclamar la paralización de las tarifas puesto que desde el año 2007 han subido en un porcentaje del 32%. En aras a una justicia redistributiva, habría que reducir los costes de los
peajes en ese mismo porcentaje. En el año 2007 el tramo de la AP-9 entre Ferrol y Tui costaba 15,35 euros por trayecto, actualmente el precio es de 20 euros.
Es a todas luces un abuso y así lo entiende la sociedad gallega que no tiene más remedio que optar por una vetusta N-550, duplicando los tiempos de viaje e incluso con riesgo para la seguridad debido a su mal estado.
Mientras tanto AUDASA sigue haciendo caja sin invertir ni un céntimo en la mejora de esta autopista o en la mejora de la calidad del servicio. En el periodo comprendido entre el año 2001 y el 2012, los beneficios de esta empresa (propiedad
de Itínere y a su vez en manos de un fondo especulativo norteamericano) ascendieron a 1.270,77 millones de euros, un incremento del 61% a pesar de que el número de usuarios apenas se incrementó. Con lo cual, la concesionaria siempre gana, haya o no
haya tráfico.
Si tienen tráfico los contribuyentes pagamos más porque va en función del número de coches, y si cuentan con menos tráfico los ciudadanos pagamos igualmente porque en ese caso se sube la tarifa por vehículo. AUDASA nunca pierde. Un sistema
abusivo que se debería revisar procediendo a modificar las condiciones de los contratos.
Esta es la situación en relación a una autopista, la AP-9 que por su recorrido desde Ferrol hasta Tui debería servir para vertebrar el territorio gallego, para facilitar las comunicaciones, pero que se está convirtiendo en una vía muerta por
la marcha de usuarios que no pueden asumir sus costes. Mientras, el Ministerio anuncia el rescate de nueve autopistas en situación de concurso de acreedores, la mayoría de ellas en Madrid, con dinero de todos los contribuyentes del Estado. Al
final, Fomento rescata a las grandes constructoras y a la banca con dinero público.
Incluso los clientes habituales de la AP-9 no pueden beneficiarse de los descuentos por el uso frecuente de la autopista, unos descuentos que Itínere sí ofrece en otras autopistas del Estado.
La AP-9 debería ser un servicio público gratuito porque atraviesa el territorio gallego de norte a sur y ya ha sido suficientemente explotada a manos privadas. Sin embargo, el Gobierno va a acudir en rescate de autopistas madrileñas
fracasadas que todo el mundo sabe que eran proyectos fallidos desde el inicio de su proyección, pero que se construyeron para beneficio de determinadas constructoras. Es evidente que se está velando por los intereses de conocidas empresas o bancos
en lugar de atender al interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Gestionar con la concesionaria de la autopista del Atlántico, AP-9, la rebaja de los precios de los peajes en al menos un 32%, que es el porcentaje de aumento de las tarifas desde el inicio de la crisis económica en el año 2007.
- Reclamar a Itínere que aplique un programa de descuentos por el uso frecuente de la autopista, análogo al que aplica en otras autopistas del Estado.
- Exigir a la empresa concesionaria que repercuta sus multimillonarios beneficios en la mejora de la autopista que adolece de deficiencias en muchos de sus tramos, y en la mejora de la calidad del servicio que ha experimentado un
empeoramiento significativo.
- Proceder a la finalización de la explotación privada de la AP-9 en manos de AUDASA a fin de convertirla en una autopista pública gratuita que cumpla con su función de red de comunicación que vertebra todo el territorio gallego de norte a
sur.
- Traspasar a la Xunta de Galicia la gestión de esta importante infraestructura viaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora en el servicio de los trenes regionales entre Valladolid
y Salamanca, para su debate en la Comisión de Fomento.
Hace unos meses el Gobierno del Partido Popular decidió retirar los trenes TRD 599 por los antiguos TRD 594 de la línea de tren entre Valladolid y Salamanca.
En la actualidad la enorme masificación de viajeros que existe en esta línea los viernes y domingos genera un enorme problema, ya que estos trenes solo tienes 124 plazas y muchos viajeros (habiendo pagado el billete) viajan de pie
atrincherados en los pasillos.
Esta situación se produce de una manera importante en las frecuencia: 18318 Valladolid-Salamanca (19:23-20:45), aunque también sufren una importante masificación las frecuencias 18310 Valladolid-Salamanca (21:15-22:30) y 18312
Salamanca-Valladolid (20:05-21:36).
Además, se añade el inconveniente de los retrasos constantes, lo que deriva en muchas ocasiones en un aumento de velocidad por parte del maquinista para llegar cuanto antes a destino, lo que puede dar lugar en algún momento a posibles
problemas cuando haya algún frenazo o similar, ya que son trenes con unos cuantos años. Las quejas al interventor por parte de los usuarios son constantes, teniendo que soportar este situaciones a veces demasiados tensas.
Para nuestro Grupo Parlamentario la defensa de los servicios de transporte público colectivo, como es el transporte ferroviario no plantea ninguna duda, al tratarse, entre otros aspectos, de un elemento clave desde el punto de vista de
prestación de un servicio público -derivado del propio Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, y por responder, al mismo tiempo, a la necesidad de ahorro y eficiencia energética, a la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero
y al propio cambio de modelo productivo.
Nuestra disposición a defender en el conjunto del Estado los servicios públicos de ferrocarril y a promover la mejora y ampliación de dichos servicios, proponiendo la mejora de los horarios de los trenes, su frecuencia y puntualidad, la
creación de nuevas redes y la reapertura de líneas ferroviarias de alto valor estratégico, son entre otros aspectos, elementos de distinción que nos diferencia de otras opciones políticas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para:
- Cambiar de la línea de tren Valladolid-Salamanca los trenes actuales TRD 594, por los que había hace algunos meses, los TRD 599.
- Aumentar las plazas y las frecuencias, en especial de viernes a domingo, de forma que se evite la masificación actual en esta línea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
publicidad de las normas concernientes a la circulación por la AP-9 (Galicia), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La AP-9 es una autopista de peaje, de carácter público, realizada por la iniciativa privada en régimen de concesión que se adjudica en agosto de 1973, proyecto que se vio retrasado por la crisis de los años setenta y la oposición de ciertos
sectores.
La AP-9 vertebra la comunicación entre las ciudades occidentales gallegas de norte a sur, desde Ferrol hasta Tuy y tiene un papel decisivo en la integración y articulación del sistema urbano gallego, impulsando la movilidad, la conformación
del espacio Galicia-Norte de Portugal, así como ordenando y jerarquizando el sistema de comunicaciones.
En resumen, la AP-9 constituye como una infraestructura estratégica para el desarrollo de Galicia, así como un instrumento de vertebración social y económica.
La empresa adjudicataria de la gestión de la AP-9 ha establecido una norma interna según la cual los itinerarios en la autopista no deben sobrepasar determinados límites de tiempo.
En caso contrario, el abono del peaje no se corresponde con el punto de entrada y de salida sino que se computa un punto inicial del trayecto diferente y anterior al realmente utilizado.
Esta norma interna es desconocida e inaccesible para los usuarios y usuarias de la autopista ya que no figura de forma visible en los peajes ni en la página oficial de AUDASA siendo obligatorio, para conocerla, la solicitud por escrito de la
misma con posterioridad a la realización de un abono superior al correspondiente al trayecto recorrido.
No es infrecuente que por diversas causas la estancia en la autopista supere el tiempo habitual para la realización de un trayecto concreto. Avería en el vehículo, incidencias sobrevenidas en la persona del conductor o conductora, son
circunstancias que pueden aconsejar una estancia de duración más o menos larga en cualquier área de servicio o zona de aparcamiento de la autopista sin que ello sea tenido en cuenta en el momento de la penalización del abono correspondiente del
tránsito por la misma.
En otro orden de cosas, se ignora si esta norma interna de la autopista AP-9 se ha elaborado unilateralmente y si su aplicación depende del albedrío de la citada concesionaria o si, en caso contrario, está avalada por los organismos e
instituciones correspondientes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a exigir a los organismos y entidades involucradas que se realice de forma clara y comprensible la publicidad de las normas concernientes a la circulación por la AP-9, en todos sus términos,
específicamente en aquellos aspectos que sean susceptibles de penalizar a los usuarios y usuarias, y dichas normas sean avaladas por los organismos oficiales correspondientes y sean acordes con las normas que rigen la circulación por las autopistas
de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido eh el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre las mejoras del transporte ferroviario de media distancia entre Valladolid y Salamanca, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos denunciado reiteradamente, y así consta en las múltiples iniciativas registradas en esta Cámara, que los continuos recortes del Ministerio de Fomento en materia de transporte ferroviario, a lo
largo de la presente legislatura, están afectando gravemente a la
movilidad de miles de ciudadanos, a la cohesión y vertebración de nuestro territorio y, en determinados casos, a las condiciones en las que son transportados los propios viajeros.
Desde la aprobación por el Gobierno del denominado 'Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario', muchas organizaciones, instituciones y ciudadanos, de forma individual o colectiva, han manifestado su rechazo a los recortes aprobados
por suponer una merma importante en su derecho a la movilidad y por afectar principalmente a las capas sociales con menores recursos económicos y más impedimentos físicos para desplazarse.
Los usuarios de una de las líneas afectadas por los recortes, la correspondiente al trayecto entre Valladolid y Salamanca, recientemente han puesto en conocimiento de este grupo parlamentario las importantes deficiencias que afectan al
citado servicio. La decisión de RENFE de retirar los trenes TRD 599 por los antiguos TRD 594, la disminución de plazas, los continuos retrasos y la reducción de frecuencias en el citado trayecto están provocando un déficit importante en la calidad
de la prestación del servicio que, en algunas ocasiones puede afectar, además de a la comodidad de los viajeros, a las imprescindibles condiciones de seguridad en que deben de ser transportados.
Todas las deficiencias que afectan al servicio de transporte de viajeros por ferrocarril entre Valladolid y Salamanca fueron puestos de relieve en un reportaje emitido por el canal de televisión Telemedina-Canal 9, publicado el 14 de octubre
de 2013 en la red social YouTube y que puede verse en la siguiente dirección de Internet: : http://www.youtube.com/watch?v=dtbrr6fmj64
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar las condiciones de transporte de los viajeros por ferrocarril en los servicios de media distancia entre Valladolid y Salamanca, aumentando las frecuencias, incrementando el número de
plazas y optimizando la puntualidad en esta línea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2014.-Rafael Simancas Simancas y Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la red ferroviaria Parc Central de Valencia y la mejora de la línea ferroviaria Sagunto-Zaragoza, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El 26 de febrero de 2003 se firmó un convenio entre el Ministerio de Fomento, Generalitat, Ayuntamiento de Valencia, RENFE y GIF (actualmente ADIF y RENFE Operadora) para la remodelación de la red arterial de la ciudad de Valencia (DOCV
4525, del 19 de junio de 2003) con un presupuesto total 804 millones de euros.
En este convenio se incluía la construcción de la nueva Estación Central, cuyo proyecto, encargado al arquitecto César Portela, sufrió, durante su elaboración, un sinfín de modificaciones para satisfacer las exigencias del Ayuntamiento de
Valencia, hasta llegar, el 1 de febrero de 2008, a un acuerdo definitivo entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia respecto al diseño definitivo de la futura estación.
Así mismo se incluía el eje pasante, que en ese momento pretendía cruzar bajo el centro histórico y con un túnel para el AVE 'Eje pasante ancho internacional, el resto de trenes de cercanías y largo recorrido continuaría en 'cul de sac' para
su acceso a la Estación Central'. Con estos inaceptables condicionantes fue expuesto a información pública ese mismo año 2003.
Con la llegada al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se dio un giro a este obsoleto planteamiento del eje pasante, modificando la propuesta inicial y acordando con el Ayuntamiento de Valencia (1 de
diciembre de 2005) un solución ferroviaria para el llamado Nudo Sur, con dos vías de ancho mixto para trenes de ancho ibérico e internacional al objeto de que además del AVE, pudieran utilizar el eje pasante todos los demás trenes de
cercanías y largo recorrido. Así mismo se acordó cambiar su itinerario para bordear la Ciutat Vella por las Grandes Vías y crear dos nuevas estaciones de cercanías en la Avenida de Aragón y Tarongers.
Con estas premisas, el 19 de junio de 2006 se aprueba la exposición para información pública del 'Estudio Informativo para la Integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de Valencia, Tramo II' que recibe el visto bueno de la Comisión de
Urbanismo de 20 de noviembre de 2006.
El Ministerio de Fomento licitó el 9 de noviembre de 2007 el proyecto de túnel pasante, con un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses que fue adjudicado a la empresa Sener Ingeniería y Construcción,
disponiendo así mismo del correspondiente estudio de impacto ambiental aprobado.
Y en este contexto cuando la Alcaldesa de Valencia, después de una reunión con la Ministra de Fomento, Ana Pastor, en diciembre de 2012, anuncia su disposición a renunciar al túnel pasante por su elevado costo económico, expresando desde el
Grupo Municipal Socialista nuestra oposición a esta renuncia.
En los últimos días los medios de comunicación han publicado la existencia de acuerdos para soluciones ferroviarias similares en Murcia o Vigo o la más reciente petición en el mismo sentido del Ayuntamiento de Barcelona.
No se puede renunciar a estas infraestructuras, ni modificar en modo alguno el proyecto previsto con la excusa de que es un proyecto caro, ya que supondría perpetuar el atraso que padece nuestra ciudad en estas estratégicas infraestructuras,
poniendo además en riesgo el futuro del Corredor Mediterráneo.
Por otra parte, recientemente los medios de comunicación social se han hecho eco de la reivindicación de importantes sectores económicos y empresariales sobre la necesidad de la urgente remodelación de la línea ferroviaria entre
Sagunto-Zaragoza, al objeto de mejorar la competitividad del Puerto de Valencia respecto a otros puertos del Mediterráneo. Esta actuación ya dispone de un proyecto aprobado y su plazo de ejecución sería relativamente breve.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Cumplir los acuerdos adoptados en el convenio firmado el 26 de febrero de 2003, firmado entre el Ministerio de Fomento, Generalitat, Ayuntamiento de Valencia, RENFE y GIF (actualmente ADIF y RENFE Operadora) para la Remodelación de la
Red Arterial de la Ciudad de Valencia y que se aceleren los procedimientos necesarios para la construcción de la Estación Central y del Eje Pasante.
2. Realizar las actuaciones pertinentes para la mejora de la línea ferroviaria Sagunto-Zaragoza.
3. Dar a conocer en un mes la planificación para cumplir los puntos 1 y 2, incluyendo en la misma el plazo de ejecución y el presupuesto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Herick Manuel Campos Arteseros, Joaquín Francisco Puig Ferrer, José Luis Ábalos Meco, Ciprià Císcar Casabán, Carmen Montón Giménez e Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley, sobre regulación de los mecanismos de contratación por parte de las ETT de los trabajadores del campo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Los sindicatos han detectado serias irregularidades en la contratación de empleados del campo para la recolección de la fruta, en especial de la naranja, en plena campaña en estos momentos.
La intermediación de Empresas de Trabajo Temporal y Empresas de Servicios que limitan su funcionamiento a estas campañas, junto con la complicidad de grupos organizados para obtener beneficio económico del trabajo ajeno que se aprovechan de
la precariedad, ha facilitado que los trabajadores estén cobrando mucho menos (aproximadamente un 60%) de lo que por convenio les corresponde.
Se han producido denuncias a la Inspección de Trabajo al haber sido empleados por Empresas de Servicios, que contratan personal para cederlo a otras empresas ficticias, y la consecuencia es que los trabajadores no han percibido ninguna
retribución. Estamos ante cesiones ilegales de trabajadores y un fraude organizado.
Los grupos organizados que están controlando la contratación les cobran a los trabajadores por facilitarles las herramientas, les descuentan unas cantidades de las cajas recolectadas en concepto de comisión, y les cobran incluso por
llevarles en las furgonetas y en sus vehículos al campo, además de cobrarles previamente por conseguirles el trabajo.
El resultado es que de los 60-70 euros que los empleados deberían percibir al final de la jornada, la realidad es que acaban percibiendo después de trabajar de sol a sol, una media de 15-20 euros.
Este fraude se traslada a la Seguridad Social y a Hacienda, dado que para solventar la apariencia de legalidad, estas empresas optan por reducir en las nóminas el número de días trabajados, para cuadrar el fraude.
En la campaña del 2013, según datos de la Inspección de Trabajo, se sancionó a más de 50 empresas de trabajo temporal y a más de 60 empresas usuarias del sector. Cada año la inspección de trabajo, al corriente de todos estos hechos, tiene a
un equipo actuando que a todas luces resulta insuficiente, dado que las ilegalidades denunciadas van en aumento y las sanciones impuestas no disuaden a los infractores cuyos beneficios económicos a costa del trabajo ajeno son muy elevados.
En alguna empresa de las más importantes del sector se produjeron sanciones máximas por cesión ilegal de trabajadores que alcanzaban en un principio los 180.000 euros a cada una de las Empresas de Trabajo Temporal y a la empresa usuaria.
Sin embargo, después de varios recursos de estas empresas ante los Tribunales del Contencioso-Administrativo, estas sanciones han sido rebajadas progresivamente hasta la exigua cantidad de 600 euros.
Se trata de un sector que en campaña emplea a más de 150.000 personas.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los mecanismos necesarios para poner fin a todas las ilegalidades y abusos contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social y Hacienda, que se están produciendo
en la campaña de recolección de la fruta en la Comunidad Valenciana mediante un incremento de los medios de la inspección laboral además de la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de evitar y perseguir los posibles
delitos contra los trabajadores que se perpetúan año tras año con total impunidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a regular las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios de acuerdo con la
disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.
Antecedentes
El derecho a la cotización de los estudiantes en prácticas fue una de las medidas incluidas en el Acuerdo Social y Económico que el Gobierno firmó con los agentes sociales para llevar a cabo la reforma de la Seguridad Social que se
materializó en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Ésta y otras medidas fueron introducidas en la reforma de las pensiones a propuesta de los sindicatos, para mejorar las
carreras de cotización de colectivos que generalmente ven retrasada su incorporación al mercado laboral, en un contexto de reforma que suponía incrementar los niveles de exigencia, entre otros los años de cotización, para acceder a futuras
pensiones.
En concreto, la disposición adicional tercera 'Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación' de la mencionada Ley 27/2011, establece que el Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la
misma y en base a las previsiones contenidas en el artículo 97.2.m) de la Ley General de la Seguridad Social y en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente, establecerá los mecanismos de inclusión en la misma de los
participantes en programas de formación financiados por organismos o entidades públicos o privados, que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven contraprestación económica para los afectados, siempre que, en razón
de la realización de dichos programas, y conforme a las disposiciones en vigor, no viniesen obligados a estar de alta en el respectivo Régimen de la Seguridad Social.
En cumplimiento de la citada disposición adicional, se aprobó posteriormente, el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las
personas que participen en programas de formación, cuyo artículo 1.1 dispone:
'Quedan asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, quienes participen en programas de formación financiados por entidades u organismos públicos o privados que,
vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, no tengan carácter exclusivamente lectivo sino que incluyan la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades y conlleven una contraprestación económica
para los afectados, cualquiera que sea el concepto o la forma en que se perciba, siempre que la realización de dichos programas no dé lugar a una relación laboral que determine su alta en el respectivo régimen de la Seguridad Social.'
Sin embargo, sorprendente y contrariamente a lo expuesto, un mes más tarde aproximadamente, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios, cuya disposición adicional primera excluía expresamente del ámbito de la Seguridad Social, y concretamente de los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social contemplados en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, en
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, a los estudiantes universitarios que realicen las prácticas académicas externas.
Comisiones Obreras (CC.OO.) interpuso recurso contencioso-administrativo solicitando que se declarase la nulidad y se dejase sin efecto dicha disposición adicional. Y la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó Sentencia, el 21 de mayo de
2013, declarando nulo de pleno derecho, el citado Real Decreto 1707/2011 en su conjunto.
La sentencia, sin embargo, no se pronuncia sobre el contenido concreto de la disposición sino que declara su nulidad en base a un defecto procedimental; se omitió un trámite preceptivo, no se sometió la disposición al dictamen del Consejo
de Estado.
El Gobierno al parecer, según expresa en respuesta parlamentaria a las preguntas 184/024784 y 184/024783 en las que se solicita su opinión y las actuaciones previstas en relación a la citada sentencia del Tribunal Supremo, ha analizado el
contenido de la misma y ha intentado buscar una fórmula más
adecuada para que, cumpliendo con el ordenamiento jurídico, quede garantizada la realización de dichas prácticas.
Pero el contenido que presumiblemente regulará esta cuestión, el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, que ha estado en periodo de información pública del 9 al 26
de octubre de 2013, ambos inclusive, en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en opinión de este Grupo Parlamentario, no responderá al mandato incluido en la Ley 27/2011, y no establecerá una fórmula adecuada a esta cuestión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios de acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación
y modernización del sistema de la Seguridad Social, y con el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en
programas de formación, estableciendo los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social de los participantes en programas de formación que estén vinculados a estudios universitarios, que incluyan la realización de prácticas formativas en empresas,
instituciones o entidades que conlleven una contraprestación económica o remuneración, siempre que, en razón de la realización de dichas prácticas incluidas en los programas, y conforme a las disposiciones en vigor, no viniesen obligados a estar de
alta en el respectivo Régimen de la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley para garantizar la banda ancha en todo el territorio nacional, poniendo especial atención en las zonas rurales, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
En una sociedad como la de hoy en día, cada vez más tecnológica, cada vez más basada en la información, la innovación y el conocimiento, las posibilidades como país de ser más competitivos en el marco de los países de nuestro entorno, de
crecimiento económico, de crear riqueza, así como de generar empleo. Todos ellos, factores claves para la salida de la crisis, pasan necesariamente por la inversión en nuevas tecnologías, así como por asegurar el acceso de toda la ciudadanía a las
mismas y propiciar un marco regulatorio adecuado para ello.
La inversión en redes de nueva generación aporta un doble efecto positivo en la economía. Por un lado, un efecto directo relacionado con la creación de empleo en la fase de desarrollo; y por otro, un efecto positivo indirecto una vez que
la banda ancha entra a formar parte del resto de sectores de la actividad económica a través de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), ya que permite un incremento de la productividad mediante la reducción de costes y la mejora
de la eficiencia.
Recordemos que la Unión Europea se había comprometido a través de la Agenda Digital para Europa a garantizar el acceso de todos los ciudadanos europeos a la banda ancha básica antes del fin de 2013.
El hecho es que 2013 ya ha acabado y sigue habiendo muchos ciudadanos en este país, especialmente en zonas rurales, que siguen sin tener acceso a la banda ancha.
Hay muchas zonas de este país, que por su condición de más aisladas o periféricas, tienen índices de penetración de las TIC todavía insuficientes, donde la utilización de la banda ancha es reducida y desigual y la brecha digital se evidencia
entre territorios, sectores sociales y generaciones.
Y son precisamente esas zonas las que más necesidad tienen de una cobertura digital adecuada, ya que la falta de esta incide todavía más en su aislamiento. Por tanto, garantizar una cobertura básica adecuada, es garantizar un desarrollo
tecnológico más justo, más equitativo y que evita las discriminaciones que podrían darse si, dependiendo del lugar donde vivan, algunos ciudadanos tuvieran acceso a la banda ancha ultrarrápida y otros ni siquiera a la básica.
Considerando lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que antes de un año y en colaboración con todas las administraciones implicadas, se garantice una cobertura de banda ancha básica del 100 por cien en todo el territorio nacional, poniendo especial atención en las zonas de rurales o
especialmente aisladas.
2. Elaborar un Plan de Banda Ancha Rural 2014-2020, donde se asegure no solo el acceso a la banda ancha de los habitantes del medio rural, sino también la implantación de redes más modernas, así como una implantación cada vez mayor de las
TIC, contribuyendo así a la eliminación de la brecha digital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2014.-Helena Castellano Ramón y María Luisa González Santín, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, abajo firmante, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar la continuidad de la minería
del carbón más allá del 1 de enero de 2019, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Tras la finalización del Plan de Empresa HUNOSA, y Convenio Colectivo 2006-2012, que determinaba los parámetros esenciales en materia de producción, inversiones y política industrial y laboral de la empresa pública en el período mencionado,
resulta necesario el desarrollo de un nuevo Plan para los siguientes años, que dé respuesta a las mismas variables.
Para la elaboración de este Plan era imprescindible disponer de los datos referenciales en el sector de la minería del carbón nacional. Parámetros consensuados entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la patronal Carbunión y las
organizaciones sindicales en el 'Marco de Actuación para la Minería del Carbón y la Comarcas Mineras en el período 2013-2018'.
En dicho documento, que debe de actuar como marco regulador para el sector de la Minería del Carbón en España se recoge, en su introducción, 'la necesidad e importancia de mantener unas fuentes no intermitentes de energía autóctona que
garantice el suministro eléctrico en cualquier circunstancia. Para el cumplimiento de esta función irrenunciable, el carbón autóctono es nuestro único combustible fósil autóctono, capaz de garantizar cierto nivel de producción de electricidad y
asegurar el abastecimiento energético. Por ello, este marco propone el mantenimiento de un papel destacado del carbón nacional dentro del mix energético'.
Por otra parte, y en el punto 3 de este acuerdo, y que determina el ámbito de actuación del mismo, se dice: 'La empresa pública Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA), por sus especiales características y su particular relevancia en el conjunto
del sector y en la Cuenca Central Asturiana, estará sujeta a su propio
Plan de Empresa, que se ajustará a las condiciones de evolución, de producción y plantillas en el presente Plan, pero que tendrá características propias en materia de Plan Social y de compromisos en el ámbito de la reactivación de las
comarcas mineras de la Cuenca Central Asturiana.'
Por estos motivos, habida cuenta que a día de hoy HUNOSA y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como accionista universal de la anterior siguen jugando un papel fundamental como principal motor industrial en el tejido
socio-económico de las Comarcas Mineras, atendiendo a los compromisos arriba mencionados, y recogiendo textualmente la moción aprobada por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios de la Junta del Principado de Asturias, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Que, dada la importancia y necesidad de la empresa pública HUNOSA para las Comarcas Mineras, se establezcan los mecanismos que permitan la continuidad y futuro de la empresa más allá de 1 de enero de 2019.
2) Que en el Plan de Empresa de HUNOSA que en estos momentos se encuentra en fase de negociación se promueva, al igual que lo hace el Marco de Actuación, las condiciones para la competitividad del mayor número posible de explotaciones,
contribuyendo al mantenimiento de una producción de carbón autóctono que permita garantizar cierto nivel de producción de electricidad que, apoyando la seguridad de suministro, contribuya al desarrollo de fuentes de energías renovables.
3) Que en el marco del próximo Plan de Empresa, HUNOSA se contemple la diversificación de la actividad minera como complemento a la actividad tradicional.
4) Que la evolución de las plantillas a lo largo de la vigencia del Plan de Empresa que se firme, se adecue a la necesidad de la evolución de la actividad productiva, estableciendo la empresa el empleo como objetivo prioritario, no
contemplando como posibilidad la salida traumática de trabajadores de la empresa pública.
5) Que HUNOSA, en cumplimiento de lo reflejado en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las comarcas Mineras en el periodo 2013-2018, mantenga el compromiso con la reactivación económica de las comarcas mineras de la Cuenca
Central Asturiana y la creación de empleo, como alternativa a la situación que padecen estos territorios. HUNOSA debe seguir siendo la tractora del tejido industrial de unas Comarcas Mineras que no han visto consolidarse alternativas industriales
alternativas a la constante reordenación del sector minero.
6) Que, como históricamente ha venido siendo, se respete la interlocución de las Organizaciones Sindicales en la importante negociación del Plan y Convenio que han de instrumentalizar estas exigencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas urgentes de ayuda al sector del mármol, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El sector del mármol de la Comunidad Valenciana destaca por ser el principal extractor y elaborador de piedra natural en el conjunto del territorio español. Hoy la industria del mármol en la Provincia de Alicante exporta más del 70% del
mármol a otros países, en especial: Estados Unidos, China, Emiratos Árabes, Francia entre otros. Sin embargo, la crisis de la construcción y la paralización de la obra pública han supuesto un fuerte revés para la comarca del Medio Vinalopó que
aglutina las principales canteras de la Comunidad Valenciana, así como las empresas manufactureras más importantes del país. En estos
años de crisis económica, las empresas han perdido empleos y presencia en el mercado tanto nacional como internacional condenando a los pueblos que configuran la comarca a un futuro económico incierto.
Toda esta situación contrasta con la potencialidad del sector del mármol y las posibilidades que se abren ante la posible recuperación de la situación de partida. Pero para hacer frente a estos retos es necesaria una estrategia que combine
la extracción del mineral, su manufacturación en la zona, el respeto al medio ambiente y la recuperación de las canteras, y como no, el apoyo a la reindustrialización de la zona.
Unida a la crisis de la construcción las empresas y los trabajadores han tenido que soportar la crisis económica. Nuestro centro industrial alicantino se ha visto desamparado y sin apoyo por parte de las administraciones que facilite su
adaptación a las nuevas circunstancias. Una legislación obsoleta, falta de ayudas a la industrialización y modernización de las empresas, falta de financiación, la necesidad de fomentar el mármol de Alicante como producto español en los mercados
internacionales, así como la potenciación de líneas de investigación que permitan mejorar los procesos de extracción y manufacturas en origen.
El sector del mármol puede seguir siendo un factor clave para el desarrollo socio-económico en la comarca del Medio Vinalopó. Es imprescindible acometer un plan de trabajo coordinado con las diferentes administraciones tanto local,
autonómica, nacional, empresas, trabajadores, organizaciones sindicales y empresariales que permitan trazar las medidas necesarias para fortalecer el sector del mármol y consecuentemente volver a generar riqueza y empleo en la provincia de Alicante.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abrir el proceso de reforma de la Ley de Minas con el objetivo de facilitar la solicitud y tramitación de las concesiones administrativas para abrir nuevas canteras y áreas de explotación, sin mermar en las garantías medioambientales.
2. Establecer un Plan de apoyo al sector del mármol que incluya ayudas a los proyectos de I+D+I, que facilite la creación de empleo y riqueza en el sector del mármol.
3. Crear una estrategia específica de defensa y promoción del Mármol de España así como la piedra natural extraída de las canteras como un producto español de alta calidad.
4. Generar mecanismos de devolución del IVA de la exportación que permita la reducción de los plazos, evitar la descapitalización y favorecer la liquidez de las empresas del sector.
5. Apoyar la generación, desde la Administración Central, de los Centros Tecnológicos vinculados a la piedra natural que faciliten la investigación tanto en la extracción, manufacturación y exportación de la piedra natural extraída, en
especial, de las canteras de la provincia de Alicante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Federico Buyolo García, Joaquín Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
ampliación del periodo de riesgo de incendios, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La tendencia de aumento de la temperatura media en todas las estaciones junto con el riesgo de períodos prolongados de sequía, pueden resultar una combinación altamente peligrosa para el aumento de incendios en cualquier período estacional.
Durante el mes de marzo de 2014 ya se han registrado incendios en la cornisa cantábrica, Galicia, noroeste de León, Castellón y Empordá (Girona), según informes facilitados por la Asociación Nacional de Bomberos Forestales, que además
apuntan a un verano muy complicado. Si a ello se le añaden las disminuciones sufridas en la mayoría de dispositivos de prevención y lucha contra incendios por las reducciones de presupuesto, podemos enfrentarnos a incendios frecuentes y
devastadores.
Una de las medidas que pueden ayudar a prevenir el riesgo es el mantenimiento de medios de prevención y lucha contra incendios no solo en, los períodos considerados hasta ahora como críticos (del 15 de junio al 15 de octubre), sino ampliando
los meses para su actuación.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar a la mayor brevedad un estudio estadístico sobre la influencia de los cambios climatológicos en el aumento de los incendios en diferentes estaciones y, como consecuencia, considerar
la ampliación de los períodos críticos para la actuación en la lucha contra incendios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-José Luis Ábalos Meco, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley
relativa a las reversiones de las concesiones de centrales hidroeléctricas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Se está empezando a producir en algunos territorios de algunas Comunidades Autónomas, la extinción del derecho concesional, otorgado en su día, al aprovechamiento de las aguas para generar energía hidroeléctrica una vez que han transcurrido
los 75 años de duración de la misma.
Esta extinción de la concesión, de acuerdo con la vigente legislación en materia de aguas, trae consigo la reversión a la administración competente de 'todos los elementos que constituyen el aprovechamiento, desde las obras de embalse,
derivación o toma hasta el desagüe en el cauce público, comprendiendo la maquinaria productora de la energía y las obras, terrenos y edificios destinados al mismo aprovechamiento. Se incluirá también en la reversión gratuita todo cuanto se haya
construido sobre terreno de dominio público cualquiera que sea su destino...'.
Si bien en la legislación que dio origen a las distintas concesiones se establecía que extinguida una concesión, la reversión de todos los bienes se haría al Estado, a través de las distintas Confederaciones Hidrográficas, a raíz de haberse
asumido competencias en materia de aguas por parte de las Comunidades Autónomas y de algunos Ayuntamientos, y también, de acuerdo con lo establecido en la normativa europea, y más concretamente, en la Directiva Marco en materia de Aguas, la
correspondiente reversión tras la extinción de la concesión se ha de producir a las distintas administraciones competentes, es decir, no es solo la administración general del Estado la receptora de esos elementos del aprovechamiento, sino que
también las CC.AA. y los Ayuntamientos pueden ser receptores de parte de los mismos, si están situados fuera del dominio público hidráulico, en monte público o en dominio público forestal local o fórmulas similares.
Para evitar la confluencia de intereses entre diversas administraciones, que pueden surgir en el momento de una reversión de una concesión, en el proyecto de Real Decreto del Plan Hidrológico del Ebro, al parecer, en su art. 58.4 incorpora
la previsión de reversión de 'cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, como las restantes obras del aprovechamiento e instalaciones electromecánicas de la central'.
Con la redacción dada, los ayuntamientos perderían todo derecho respecto de los bienes que están en dominio público local o en montes forestales, al igual que sucedería con los derechos de los propietarios particulares que fueron
expropiados, en su momento, y que ahora tendrían derecho a la reversión de los terrenos utilizados en la construcción de la central y que estuvieran situados fuera del dominio público hidráulico.
La complejidad de las soluciones que se han de plantear y las consecuencias que, fundamentalmente en el caso de los Ayuntamientos, se van a producir con pérdida de su patrimonio, sin compensación alguna, y teniendo en cuenta que, el
funcionamiento de las centrales revertidas ha de serlo con el conjunto de sus elementos, estén situados en uno u otro tipo de suelo, hace que toda solución pase por tener un inventario de las concesiones actualmente en vigor y su fecha de caducidad,
el análisis concreto de cada una de ellas y que en la misma se contemple la correspondiente compensación al ayuntamiento o ayuntamientos afectados y de las otras partes que acrediten sus derechos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Remitir a esta Cámara en el plazo de 3 meses un inventario de las concesiones de centrales hidroeléctricas existentes en España, indicando la fecha de extinción de la concesión.
2. Que en los respectivos Reales Decretos que regulen cada uno de los Planes Hidrológicos de Cuenca, se recojan las pautas y condiciones necesarias para analizar cada una de las reversiones que se produzcan al final de la concesión y la
obligada presencia de las Administraciones afectadas, CC.AA. y Ayuntamientos, titulares de los suelos situados fuera del dominio público hidráulico.
3. Que en los citados Reales Decretos, se recojan, igualmente, las compensaciones a percibir por los Ayuntamientos afectados, que en ningún caso serán inferiores al 20% de los rendimientos que se obtengan del funcionamiento de la Central.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
problemas de competitividad en el sector de la floricultura, silvicultura y plantas ornamentales por la aplicación del IVA del 21%, para su debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Entre los sectores económicos que se han visto gravemente perjudicados por la subida del IVA al 21% se encuentra el sector productivo de la floricultura, de las plantas ornamentales y de la silvicultura.
Si bien no se trata de productos de consumo de primera necesidad, el Gobierno no debería obviar la importancia de esta actividad agraria en la dinamización económica y en la generación de empleo, y por ende, en el asentamiento de población
en zonas rurales.
La comarca de O Baixo Miño en la provincia de Pontevedra es ejemplo claro de la importancia de este sector productivo. Desde hace aproximadamente 30 años, el impulso emprendedor de muchos jóvenes de esta comarca, eminentemente agraria, ha
hecho posible una industria que cuenta con unos 900 puestos de trabajo directos y que ha logrado implantarse comercialmente en el mercado de Flores y Plantas Ornamentales de distintos estados de la UE y Oriente Medio.
El crecimiento de este sector en O Baixo Miño y su penetración en el mercado internacional es consecuencia del enorme esfuerzo realizado y orientado a competir en calidad y precio en un mercado
exigente, ya establecido, y que se ha visto compensado por la concesión del Certificado de Calidad Superior concedido por la PPOES.
Las arbitrarias medidas fiscales que el Gobierno aplica a estos productos pueden echar al traste los logros alcanzados en estos últimos años, y también perjudicar a los cientos de puestos de trabajo generados en el sector. Por tanto, el
incremento abusivo del IVA aprobado por el Gobierno ha llevado a que este sector se tenga que enfrentar, en el mercado estatal e internacional, a una auténtica competencia desleal puesto que el IVA aplicado a estos productos en el resto de países de
la UE esta entre el 8% y el 6%.
En el caso del Baixo Miño, la competencia resulta imposible con los productos provenientes de Portugal. Mientras que el Gobierno español grava con un 21% de IVA a estos productos, el Gobierno portugués que previamente subió el IVA del 10 al
23%, lo ha reducido ahora al 8% debido precisamente al efecto negativo que esta subida produjo.
Las comercializadoras del Baixo Miño ya están sufriendo las consecuencias de esta competencia desleal puesto que los minoristas exigen los mismos precios a una mercancía que padece una disparatada y desigual carga fiscal. Además, ya han
visto cómo sus ventas se han reducido en un 30%.
Para más 'inri' dichas comercializadores sufren asimismo los retrasos de la Agencia Tributaria en la devolución del IVA correspondiente a las exportaciones, cuestión que dificulta su capacidad de pago a los productores.
El Gobierno que en más de una ocasión ha reconocido lo injusto de esta tributación, debería tener en cuenta que se trata de un sector económicamente saneado, tecnológicamente avanzado y con una grandísima capacidad innovadora, situándose en
el mercado internacional con un importante nivel de competitividad ahora amenazada por unas medidas tributarias injustas y arbitrarias, dado que es el único estado de la Unión que las aplica.
De no dar marcha atrás en esta injusta política fiscal, acabará con un sector productivo primario que se ha hecho un hueco a base de un esfuerzo encomiable.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aprobar con carácter urgente las modificaciones legislativas necesarias para reducir el IVA aplicado a la floricultura, el sector de las plantas ornamentales y la silvicultura, hasta situarlo en un porcentaje del 8%, que es la media que se
aplica en el entorno de la UE.
- Abrir un diálogo para escuchar los problemas de un sector muy pujante y competitivo en comarcas como la de O Baixo Miño (Pontevedra), que ve amenazado su futuro por las consecuencias de un elevado IVA del 21% con el que no pueden hacer
frente a la competencia procedente de otros países de la UE donde se aplica un IVA del 8-6%.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el futuro de la empresa DEOLEO, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La compañía DEOLEO es líder mundial en la comercialización internacional de aceite de oliva. Entre sus accionistas figuran diversos bancos, algunos de los cuales anunciaron hace meses la venta de hasta un 35% del accionariado de la empresa,
a través del banco norteamericano J.P. Morgan.
Entre los bancos que anunciaron su desinversión en DEOLEO destacan Bankia, BMN, La Kutxa y Caixabank, entidades algunas nacionalizadas en el marco de la crisis bancaria española como
consecuencia de su situación económica. Precisamente, es esta condición de entidades nacionalizadas lo que permitiría al gobierno central un cierto control sobre el proceso de venta de acciones anunciado.
Es público y notorio el interés del denominado Fondo Estratégico Italiano (FSI) -entidad respaldada por el propio estado italiano- por el paquete accionarial puesto a la venta. Su entrada en el accionariado, teniendo en cuenta que Italia es
el principal competidor de España en el mercado del aceite de oliva -podría relegar al sector español a una posición secundaria-.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas, para que a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o mecanismo similar y mediante la adquisición del correspondiente paquete de
acciones, garantice la permanencia de la mayoría del accionariado de DEOLEO en manos españolas, con el fin de mantener y mejorar la posición actual de España en el sector de la producción y comercialización del aceite de oliva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2014.-Alberto Garzón Espinosa y Laia Ortiz Castellví, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el apoyo sanitario y social preciso para los afectados por el Síndrome de Williams, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Síndrome de Williams es una de las llamadas 'Enfermedades Raras'. Se trata de un trastorno del desarrollo causado por una deleción genética y caracterizado por una serie de afecciones comunes: estenosis (estrechamientos) en algunos
vasos sanguíneos, discapacidad intelectual leve o moderada, hipercalcemia, hiperacusia, alteraciones en la columna y hernias inguinales, entre otras.
Los problemas que sufren estas personas y sus familias se agravan en situaciones de crisis, cuando disminuyen los recursos destinados a su atención. De ahí las recientes movilizaciones de entidades como FEDER (Federación Española de
Enfermedades Raras) y ASWE (Asociación Síndrome Williams España), que han recibido un extraordinario apoyo social.
Los afectados por el Síndrome de Williams y sus familias son personas felices en general, por su afectividad y su gran sensibilidad ante las emociones de los demás, pero necesitan de la atención y de la ayuda de la sociedad y sus
instituciones para facilitarles una vida sana, digna y autónoma.
En consecuencia, reclaman una concienciación social ante sus dificultades y la dedicación de los recursos adecuados para atender sus justas demandas. Es preciso reforzar la investigación en torno a las causas de estas enfermedades, para
prevenir su aparición y para mejorar los tratamientos. Es necesario anticipar los diagnósticos para evitar sufrimiento a las familias y paliar los efectos del síndrome.
También se reivindica una atención sanitaria de carácter integral, con un centro de referencia especializado en el Sistema Nacional de Salud y con unidades multidisciplinares de información, seguimiento, control y atención general en todas
las comunidades autónomas. Las familias requieren de apoyo social para hacer frente a los tratamientos, y los afectados necesitan respaldo para mejorar su educación, su autonomía, su transición a la vida adulta y su inserción laboral.
El Parlamento y el Gobierno de España deben conocer las enfermedades raras como el Síndrome de Williams, y establecer planes eficaces para atender a sus afectados como se merecen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Elaborar un plan específico de atención a los afectados por la enfermedad rara del Síndrome de Williams, en colaboración con las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias, que incluya al menos los siguientes aspectos:
- Un plan de información y concienciación social sobre la naturaleza de este síndrome, estableciendo un 'día nacional del Síndrome de Williams'.
- Establecimiento de un Centro de Referencia en el Sistema Nacional de Salud para la atención sanitaria a los afectados por este síndrome, con unidades multidisciplinares de información, seguimiento, control y atención general en todas las
comunidades autónomas.
- Impulsar la investigación en torno a las causas, los efectos y los mejores tratamientos para los afectados por el Síndrome de Williams.
- Promover medidas para mejorar los tiempos y los procedimientos para el diagnóstico precoz del síndrome, estableciendo un protocolo de información y atención adecuada a las familias, en coordinación con la Asociación Síndrome Williams
España (ASWE).
- Una campaña específica de divulgación en los centros de atención primaria del Sistema Nacional de Salud, para que los profesionales conozcan la naturaleza, las características y los tratamientos adecuados para los afectados por el
síndrome.
- Regular una 'atención temprana' específica para todos los niños y niñas con Síndrome de Williams, dotada de los recursos sanitarios y asistenciales adecuados para ellos y sus familias, independientemente de la comunidad autónoma en la que
residan.
- Asegurar un servicio educativo adecuado a sus necesidades, tanto en los centros de integración como en los centros de educación especial, con un adiestramiento específico a los profesionales en torno a los problemas y potencialidades de
los niños y jóvenes con Síndrome de Williams.
- Un plan específico con medidas y recursos concretos para reforzar la autonomía de las personas con Síndrome de Williams, con especial atención al cumplimiento de las normas vigentes en cuanto a la reserva de empleos para personas con
discapacidad en entidades públicas y privadas.
- Estudiar un convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Asociación Síndrome Williams España (ASWE) para desarrollar actuaciones conjuntas en orden a cumplir con los objetivos de
esta proposición.
- La consideración de las '13 propuestas para el año 2013' presentadas al Gobierno por la Federación Española de Enfermedades Raras (ER) con acciones, calendario, responsables y presupuesto concreto: un marco jurídico para la protección de
los derechos de los afectados por ER; eximir del copago sanitario a las familias con ER; acceso en equidad a los medicamentos; mapa de expertos y unidades de referencia; 10 centros de referencia en el Sistema Nacional de Salud; impulsar la
investigación en ER; establecer y publicar una ruta de derivaciones para garantizar la atención efectiva; asumir las propuestas e indicadores del Informe EUROPLAN; aplicación de la Directiva de Movilidad Sanitaria Transfronteriza para personas
con ER; aplicación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud; impulsar la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios; asegurar la integración laboral y
la adaptación de las condiciones laborales para personas con ER.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2014.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma del FONPRODE, para su debate en la Comisión de
Cooperación Internacional.
Organizaciones como la CONGDE -Coordinadora de ONGs para el Desarrollo España- y la Plataforma 2015 y más han denunciado que la reforma del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) introducida en el Proyecto de Ley sobre cobertura
por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española representa un golpe definitivo a la política de cooperación española.
En este sentido, denuncian:
1. La reforma propuesta por el gobierno facilita que este instrumento, inicialmente concebido para promover el desarrollo y la lucha contra la pobreza, gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se convierta en un
fondo de inversión al servicio de los intereses financieros y de internacionalización de las empresas españolas, gestionado ahora por el Ministerio de Economía y Competitividad. De esta forma el FONPRODE deja de ser un instrumento a través del cual
el Estado puede realizar donaciones voluntarias a organismos internacionales de desarrollo y como consecuencia la cooperación española pierde su principal herramienta para gestionar la ayuda multilateral.
2. Falta de participación y opacidad en la reforma. La reforma del FONPRODE ha sido realizada deliberadamente por la puerta de atrás evitando su discusión en los espacios consultivos establecidos para tal fin. Se ha evitado su discusión
en la Comisión de Cooperación del Congreso y en el Consejo de Cooperación que no han tenido noticia de esta reforma hasta que ha sido trasladado al Senado. Tampoco han sido informados el resto de agentes de la sociedad civil. Ni siquiera el equipo
técnico de la Secretaría General de Cooperación Internacional al Desarrollo de la AECID conocía el proceso.
3. El FONPRODE sufre una reforma tres años después de su creación y sin que haya sido capaz de ejecutar su presupuesto. Durante este tiempo no se han entregado los informes necesarios para determinar qué es lo que ha impedido el adecuado
funcionamiento del instrumento y que justificarían una reforma legislativa. El recorrido del FONPRODE se caracteriza por una enorme opacidad que choca de frente con las obligaciones legales en materia de transparencia. Apenas hay información
sistematizada y publicada sobre las operaciones que ha realizado.
La reforma presenta una serie de modificaciones analizadas por la Plataforma 2015 y más y la Coordinadora de ONGD respecto las cuales son especialmente preocupantes:
La supresión del porcentaje máximo de Ayuda Oficial al Desarrollo reembolsable ayuda en forma de créditos en mejores condiciones que las del mercado. Anteriormente ese porcentaje se situaba en un máximo del 5%. Esto es extremadamente
preocupante puesto que la ayuda reembolsable incrementa la deuda de los países y no contribuye de manera eficaz a su desarrollo.
La supresión de la obligación de publicidad y accesibilidad de los resultados de las consultorías y asistencias técnicas de los programas. Esto permite que el Comité Ejecutivo del Fondo autorice la no publicidad de esos resultados. En este
caso, la opacidad pone en grave peligro la transparencia exigible a la gestión de los fondos públicos.
El modelo de cooperación financiera que se concibe con esta reforma tiende a desvincularse de la política de cooperación al desarrollo. Una cuestión sobre la que ha llamado la atención el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, al
considerar que esa desvinculación resta eficacia agregada y funcionalidad a su política de desarrollo.
La reforma del FONPRODE otorga a la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (COFIDES) el protagonismo en la gestión de estos fondos por un período mínimo de 8 años. De esta manera, COFIDES -una sociedad adscrita al Ministerio
de Economía y Competitividad, cuyo fin es la internalización de las empresas españolas y cuyo capital mixto está formado por accionistas como el ICEX, el ICO, el BBVA, el Banco Santander o el Banco Sabadell-, identificará las acciones con cargo al
FONPRODE, lo gestionará e
incluso, podrá asignarse el papel de experto independiente para los casos en los que la ley exige realizar un informe previo sobre la sostenibilidad de la deuda de los países que reciben los fondos.
Las modificaciones propuestas en esta reforma ponen en gravísimo peligro a la política de Cooperación al Desarrollo y debilitan profundamente la coherencia de políticas con los principios y criterios de desarrollo, y además el gobierno
vuelve a evitar que el proceso sea informado, transparente y participado.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revertir la reforma del FONPRODE introducida en la futura Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de le economía española.
2. Garantizar su finalidad principal: la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades e inequidades sociales entre personas y comunidades, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo sostenible en los
países empobrecidos.
3. Desvincular este instrumento de la internacionalización de la economía -detrayendo cualquier inalidad de tipo comercial- y de las instituciones financieras multilaterales.
4. Avanzar en el logro de nuestros compromisos internacionales en materia de desarrollo como país donante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la AOD destinada a Salud, para su debate en la Comisión de
Cooperación Internacional.
El Informe 2013 de Medicus Mundi, Médicos del Mundo y Prosalus 'La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria' presenta la situación crítica en la que se encuentra la cooperación española en general y en salud en
particular.
La ayuda oficial al desarrollo del conjunto de donantes del CAD retrocedió un 6% en 2012, pasando del 0,31% del PIB al 0,29%. Por tercer año consecutivo, en el capítulo de descensos vuelve a destacar España, que presenta una vez más el
mayor recorte en términos absolutos, con una disminución de 2.225 millones de dólares, es decir, más del 53% respecto a 2011. España ha pasado del 0,46% en 2009 a un pírrico 0,15% en 2012. Irlanda y Portugal (dos de los tres países rescatados de
nuestro entorno) siguen destinando más AOD que España.
Y la cooperación en salud desciende en 2012 a 74 millones de euros, un descenso de más del 60% respecto a 2011. Pero lo más preocupante es que su peso relativo dentro del conjunto de la ayuda se sitúa por debajo del 5%, transformando en una
ilusión la recomendación internacional de destinar a este sector al menos un 15% para lograr alcanzar un impacto en salud. La ayuda en salud se sitúa entre los valores más bajos de la última década y es uno de los sectores más afectados por los
recortes de la AOD. La AOD del CAD destinada a salud alcanzó en 2011 el 12,5%.
El riesgo que todo esto implica es que se frenen los avances logrados en la consecución de algunos Objetivos de Desarrollo del Milenio y haga más difícil la consecución de otros que ya estamos en condiciones de afirmar que no se cubrirán.
La disminución de la mortalidad materna es, posiblemente, el más difícil de alcanzar en 2015. El parto sigue siendo especialmente arriesgado en el África subsahariana. La mortalidad de menores de 5 años ha disminuido en todo el mundo, pero no lo
suficientemente rápido como para alcanzar la meta fijada. La propagación del VIH parece haberse estabilizado, pero muchas personas, especialmente jóvenes, siguen sin saber cómo protegerse.
África Subsahariana y América Latina han sido las regiones donde más se han concentrado los recursos en el período 2008-2012 acumulando el 38,2% y el 34% respectivamente del total de la AOD en salud.
Los países principales receptores de AOD en salud en 2011 son los siguientes por orden de porcentaje de fondos: Territorios Palestinos, Níger, Etiopía, Bolivia, Mozambique, Perú, Filipinas, Argentina, Mali y Guinea Ecuatorial.
Llama la atención que de estos países solo el 50% habían definido el sector salud como prioritario.
Si tenemos en cuenta el listado de países que fueron definidos por criterios de equidad de la UE como posibles para concentrar apoyos en salud, se observa que solamente un 70% (Mozambique, Níger, Mali, Etiopía, Filipinas, Bolivia y Perú)
coinciden con el listado de países para la distribución equitativa de fondos en salud.
Por otro lado, si analizamos los países definidos por criterios de equidad del Plan de Actuación Sectorial de Salud PASS se observa que 17 de 20 han sido incluidos como países prioritarios en el IV Plan Director, de entre los cuales solo en
10 de ellos se ha realizado ya el proceso MAP incluyéndose tan solo en 6 (Mozambique, Etiopía, Guatemala, Paraguay, Bolivia, El Salvador) el sector salud dejando menos espacio estratégico de maniobra para aumentar la AOD de salud bilateral en un
futuro.
La canalización de la AOD ha ido variando en este período de tiempo y la presencia de lo multilateral y multibilateral ha ido disminuyendo en porcentaje ya que en números absolutos el descenso ha sido generalizado en todas las modalidades de
ayuda. En el año 2008 la cooperación bilateral representaba un 41,5% y la multilateral, incluyendo la multilateral y la multibilateral, un 58,5%. En el año 2012 la cooperación bilateral en salud representa un 63,5% la multilateral un 36,5%.
Cabe resaltar que la ayuda bilateral ha aumentado proporcionalmente debido tan solo al descenso de la ayuda multilateral, ya que la ayuda bilateral ha bajado propiamente un 47% respecto a 2011. A pesar de que este hecho podría permitir a
priori intervenir sobre el refuerzo de los Sistemas de Salud Equitativos y de Calidad, al que invita el IV Plan Director, no parece fácil que se logre ya que las decisiones sobre los instrumentos/modalidades de ayuda siguen siendo tan solo
financieras perdiéndose la oportunidad de poner a los instrumentos al servicio de resultados de desarrollo sectoriales tal y como implicaría la buena Gestión por Resultados. Igualmente la merma de lo multilateral dificulta la capacidad del estado
español en Diplomacia en Salud Global que se juega en el terreno de lo multilateral.
En 2012 la AOD multilateral ha supuesto solo el 21,7% del total de la AOD en salud siendo el MAEC el único agente que la canaliza, y se concreta exclusivamente en la contribución obligatoria a la OMS, la aportación al IFFIm y una pequeña
aportación a UNRWA.
La ayuda multibilateral en 2012 supone un 5% de lo que llegó a ser en 2009 y se dirige a 9 organismos que son: FIDA, UNFPA, ONUSIDA, PNUD, UNICEF, OPS, PMA y GAVI, de forma que el panorama de concentración de organismos puede permitir en un
futuro una mejora de la eficacia de la ayuda en este sentido si se pone al servicio de intereses estratégicos de impacto en resultados sectoriales con enfoque geográfico.
La AOD en salud se reparte entre tres subsectores: Salud general, salud básica y Programas de población y salud sexual y reproductiva. La distribución de estos tres subsectores también ha ido variando durante el período 2008-2012 y el
subsector de salud sexual y reproductiva ha ido perdiendo peso, siendo en el 2012 el subsector de salud básica que incluye la atención sanitaria básica, infraestructura sanitaria, nutrición, control de enfermedades infecciosas, educación sanitaria,
control de malaria, tuberculosis y formación de personal sanitario el que acumula más fondos con más del 50%.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
1. Poner fin a los recortes económicos en cooperación internacional y reafirmar el compromiso de destinar un 15% de la AOD distribuible sectorialmente a salud y entre ello el 6% a salud sexual y reproductiva, liderando su inclusión en la
próxima Cumbre de septiembre de 2015 donde se adoptará la agenda post-2015.
2. Garantizar que la cobertura universal en salud sea incorporada en el marco post-ODM.
3. Exigir indicadores globales que controlen el progreso hacia la cobertura universal en salud incluyendo factores de género y equidad.
4. Aportar recursos técnicos y financieros a largo plazo con el fin de apoyar los esfuerzos nacionales en esta dirección.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Cultura
161/002636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
impulsar un plan de promoción turística del Camino Inglés, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Camino de Santiago aglutina características que lo convierten en un elemento destacado de nuestro patrimonio cultural. Su significado espiritual, su interés cultural y turístico convierten a la Ruta Xacobea en un recurso con un enorme
potencial para la generación de actividad cultural y económica a lo largo de sus diferentes trazados.
Lejos de la masificación de otros caminos, el Camino Inglés es un trazado que actualmente discurre por las localidades recuperado en virtud de documentos, escrituras y registros que hacían referencia a sus demarcaciones o al paso y estancia
de viajeros. Dividido en tres jornadas desde A Coruña y cinco desde Ferrol, los caminos confluyen en la pequeña aldea de Bruña en Sigüeiro. La ruta A Coruña-Santiago cuenta con 74 kilómetros de recorrido mientras los tramos Ferrol-Santiago suman
118 kilómetros, tratándose de una ruta de marcado carácter costero aunque con tramos rurales y de interior.
No solo los peregrinos ingleses optaban por iniciar las rutas desde las costas coruñesas hacia Santiago de Compostela. En realidad, el conocido como 'Camiño Inglés', con sus variantes desde A Coruña o Ferrol, era en el alto y bajo medievo
un compendio de itinerarios recorridos por devotos ingleses, sí, pero también escoceses, irlandeses, escandinavos o flamencos, esto es, del norte y oeste de Europa. Por esto, eran varios los puertos de partida y el conjunto de entrantes y salientes
de la costa que los romanos denominaron como Magnus sinus Artabrorum, o golfo Ártabro, constituía en conjunto el punto de arribada de las peregrinaciones, valiéndose en aquella época, por tierra, de los antiguos Caminos Reales y otras sendas.
El Camino de Santiago se va consolidando con el paso de los años en uno de los atractivos turísticos más importantes de Galicia. Prueba de esto es que gran parte de los visitantes de la Comunidad Autónoma llegaron directa o indirectamente a
través de esta ruta de peregrinación milenaria. Constituye sin duda una marca turística de éxito e internacionalmente conocida y, a la vez, de prestigio, por el valor que supone hallarse incluido en la relación de bienes Patrimonio de la Humanidad.
Hay que destacar que se consiguió diversificar así el producto Camino de Santiago, valorizando otras áreas del territorio gallego y distribuyendo de forma más adecuada las rentas producidas, por este producto turístico.
Además, las diversas campañas de comunicación y promoción desarrolladas al respecto constituyen uno de los aspectos clave a la hora de dar a conocer el Camino tanto a nivel estatal como internacional.
En otro sentido, en muchos municipios, el interés y la implicación de las Administraciones públicas y de fa iniciativa privada permiten la puesta en valor del Camino de Santiago convirtiéndolo en un recurso referente y principal de su sector
turístico. Su condición de producto turístico, que lleva asociados numerosos servicios, hace que sea también un fenómeno económico que genera rentas y empleos así como un instrumento de desarrollo capaz de revitalizar los lugares por los que
discurre.
Uno de los objetivos explícitos del desarrollo turístico por parte de las administraciones es la creación de fuentes de ingresos adicionales y puestos de trabajo para la población local. En relación con la
estructura económica es importante una diversificación de las actividades productivas de acuerdo con el diseño de un producto turístico que integre alojamientos, actividades complementarias, productos agroalimentarios o artesanía. Las
acciones de desarrollo turístico, por ejemplo a través de inversiones en infraestructuras, pueden igualmente contribuir a una mejora de las condiciones socioeconómicas de la población residente y repercutir en no despoblamiento, produciendo una
estructura demográfica más equilibrada.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar con las Administraciones directamente implicadas en:
1. Impulsar un plan de promoción turística, cultural y socio-educativa de la Ruta Xacobea conocida como el Camino Inglés.
2. Adoptar las medidas necesarias para el correcto mantenimiento, conservación y señalización del Camino Inglés en su recorrido por los diferentes términos municipales de los Ayuntamientos concernidos.
3. Establecer programas de cooperación transfronteriza con el Reino Unido y los países nórdicos con el fin de promocionar el Camino Inglés a Santiago de Compostela en sus variantes desde A Coruña y Ferrol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para que
España, firmante de la Convención de la Unesco sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ejerza sus competencias para asegurar la conservación del Albaicín como Patrimonio de la Humanidad, para su debate en la Comisión de
Cultura.
Exposición de motivos
El 17 de diciembre de 1994 fue declarado el Albaicín (Granada) Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ampliándose de este modo la protección que ya tenía la Alhambra y el Generalife al conjunto del barrio limítrofe, formando el conjunto
denominado: Alhambra, Generalife, Albaicín. Granada.
De acuerdo con el artículo 5d) de la Convención era necesario 'adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio',
entre otras medidas.
El Albaicín tenía aprobado desde 1990 un Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), pero a resultas de su incorporación por la UNESCO al Patrimonio Mundial era necesario elaborar un nuevo Plan Especial que incorporara, por un
lado, al Sacromonte, y se adaptara a toda la legislación sobre el suelo, urbanística y patrimonial aprobada desde entonces.
En el año 2006 el Ayuntamiento, responsable único del territorio afectado del Albaicín y Sacromonte decide elaborar un nuevo PEPRI que aprobó inicialmente y presentó la Corporación Municipal en 2008, recibiendo numerosas críticas de los
vecinos y expertos, por su falta de visión de barrio y de modelo claro de ciudad, siendo informado negativamente por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento decide en 2011 aparcar la tramitación del Plan Especial, según
declaraciones del alcalde, a la espera de ganar las elecciones autonómicas y tener gobierno de Javier Arenas. Dado que esta expectativa no se cumplió, el Ayuntamiento siguió la tramitación, como era su obligación, de acuerdo con la normativa legal,
decidiendo de nuevo a final de febrero de 2014, archivar el expediente por decisión unilateral del propio Ayuntamiento.
De este modo el Albaicín y el Sacromonte continúan sin Plan Especial y en una acentuada fase de deterioro en la vida diaria de sus vecinos y visitantes (limpieza, seguridad, movilidad, habitabilidad) y con decisiones de modificaciones
puntuales de cambio de uso de edificios que paulatinamente van haciendo perder la visión de conjunto y hacen que el resultado final sea impredecible.
La decisión municipal de archivar el expediente de tramitación del Plan Especial vuelve a poner en cuestión la propia calificación del barrio del Albaicín como Patrimonio de la Humanidad, como ya avisó en su día, el entonces Director General
de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, en IDEAL el 21 de agosto de 1996 'si no se aborda con decisión el plan de rehabilitación del barrio', idea que ha repetido el Director Adjunto del Centro de Patrimonio Mundial, Georges S. Zouaïn, que siempre ha
defendido la necesidad de que la revitalización del Albaicín se hiciera contando con la participación de los vecinos.
En definitiva, el futuro del conjunto del Albaicín y el Sacromonte ha sido de nuevo comprometido por falta de respuesta, capacidad y solvencia de quien tiene las competencias, el Ayuntamiento de Granada, que no puede en ejercicio de ellas
alegar cansancio o hartazgo en el ejercicio de sus funciones políticas o administrativas. Los Ayuntamientos están obligados a realizar su planeamiento y a presentarlo a las administraciones que tienen la tutela en las condiciones legales que se
marcan y aportar tantos documentos y planimetría como se exija, sin poder trasladar a un tercero la responsabilidad que la ley da en exclusiva al Ayuntamiento.
Por todo ello y ante el riesgo de que la UNESCO pueda ejercer sus competencias, retirando la calificación como Patrimonio de la Humanidad del Albaicín, de acuerdo con la Convención que regula la protección del patrimonio mundial, cultural y
natural, el Grupo Parlamentario socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, como firmante de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, en cuyo marco se declaró en 1994 al Albaicín como Patrimonio de la Humanidad, se
dirija a la UNESCO, como Estado Parte y al Ayuntamiento de Granada, como responsable del barrio, para asegurar que se cumplirán las exigencias que la Convención exige a las autoridades e instituciones responsables de este Patrimonio para garantizar
la protección y una conservación eficaz así como revalorizarlo en las condiciones adecuadas, teniendo en cuenta la opinión de los vecinos afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2014.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
la seguridad de la carretera N-260 y especialmente la de motoristas en la collada de Toses, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La carretera estatal N-260 es una de las veinte carreteras más peligrosas del estado español según un informe de análisis de riesgos de accidentalidad de los últimos siete años (2004-2011), presentado por el Real Automóvil Club de Catalunya
(RACC), elaborado según los índices de siniestralidad del programa de valoración de carreteras EuroRAP. Este informe indica que esta carretera presenta una de las más altas medias anuales de accidentes en carreteras de titularidad estatal y
concentra más del 70% de los accidentes mortales de la comarca del Ripollès.
La carretera estatal N-260 en su tramo entre Sant Joan de les Abadesses y Ripoll presenta diversos puntos negros de siniestralidad donde en el último año, por ejemplo, se han producido hasta cinco accidentes de tráfico, con un coste de dos
fallecidos y tres personas heridas.
Asimismo, la carretera N-260 entre Ribes de Freser y Puigcerdà, especialmente en su tramo por la collada de Toses, es la carretera más peligrosa para motoristas de la demarcación de Girona.
Las más de 200 curvas de la collada de Toses atraen muchos motoristas, especialmente los fines de semana. Este hecho, en una vía de intensidad baja, supone que el número de accidentes de moto sea el más elevado de la demarcación.
En el trienio 2004-2006 se produjo en este tramo de carretera una intensidad de 6 accidentes mortales/graves por kilómetro con una intensidad media diaria de tránsito (IMD) de 888 vehículos. En el siguiente trienio esta intensidad se situó
en 4 accidentes mortales/graves por kilómetro, lo que supuso la continuidad como vía más peligrosa de la demarcación.
Tales datos de siniestralidad revelan la necesidad que la Administración responsable adopte medidas perfectibles para solucionar el problema, tales como la instalación de barreras de protección para motoristas en el vallado de la carretera.
Los presupuestos del Estado no incorporan ninguna consignación presupuestaria para ejecutar ninguno de los tramos de la N-260, por lo tanto se deduce que en próximos ejercicios económicos no habrá una inversión que resuelva definitivamente y
de manera satisfactoria la situación.
No obstante, cabe considerar una medida prudente la realización de un estudio para identificar los puntos negros de la carretera N-260 y ejecutar las actuaciones y obras necesarias para minimizar los accidentes que se puedan producir.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Encargar un estudio técnico para la detección de los principales puntos negros de la carretera N-260, especialmente en los tramos entre Sant Joan de les Abadesses-Ripoll-Olot y Ribes de Freser-Puigcerdà, y para la formulación de nuevas
soluciones para evitar la alta siniestralidad en la carretera.
2. Ejecutar, con cargo a las partidas de inversión para conservación y explotación de carreteras, las obras que sean necesarias para la supresión de los puntos de alta siniestralidad en esta carretera.
3. Instalar, de manera inmediata barreras de seguridad con protección para los motoristas (SPM) en el vallado de la carretera del tramo de la N-260 de Ribes de Freser y Puigcerdà.
4. Instalar nueva señalización de precaución o aviso de peligrosidad en los tramos más peligrosos de la carretera N-260.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2014.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre refuerzo del carácter público en materia de exámenes para la
obtención del permiso de conducir, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Al parecer hay una campaña de la todopoderosa Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) en los medios de comunicación y por supuesto por otras vías, actuando como auténtico lobby, previsiblemente para privatizar los exámenes del permiso
de conducir y hacerse con esta gestión, al igual que tienen ya en exclusiva la recuperación de puntos y los cursos de los nuevos profesores de formación vial. Con el servicio de Exámenes, ya tendrían el negocio completo.
Los exámenes del permiso de conducir mueven anualmente millones de euros y por tanto su privatización sería un gran negocio. En la actualidad el servicio de exámenes del permiso de conducir lo prestan funcionarios, profesionales
independientes de intereses empresariales y que evalúan a los ciudadanos respetando sus derechos.
Es cierto que ahora mismo hay escasez de examinadores en algunas provincias, fruto de las políticas de recortes brutales ya que no hay oposiciones y muchos entre 60 y 65 años se están jubilando, además de que ha resultado de ser atractivo
este puesto por los riesgos que tiene y haberse igualado el sueldo y nivel a los puestos administrativos. Tampoco se pagan trabajos fuera de la jornada, que sería una manera de sacar el atasco puntual que en estos momentos existe.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que:
1. Que el servicio de exámenes del permiso de conducir no se privatice, teniendo que ser prestado de forma obligatoria por funcionarios públicos.
2. Se refuercen con más personal las plantillas de examinadores, de forma que deje de existir escasez de este tipo de profesionales en las provincias que en la actualidad sufren este problema.
3. Que se mejore la retribución de forma acorde a los riesgos que conlleva el desarrollo de la profesión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002632
A la Mesa de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la alerta del mayor riesgo en Europa debido a los efectos del
cambio climático tanto a corto como a medio plazo, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Grupo II del Panel de Expertos de Cambio Climático de la ONU presentó el pasado 31 de marzo de 2014 la segunda de las tres partes del mayor informe de revisión sobre la ciencia del calentamiento. En este informe se urge a los líderes
mundiales a que hagan suya la palabra 'cambio climático' y que elaboren políticas de adaptación a sus efectos más nocivos.
Los expertos predicen más sequías y más incendios en el sur y más inundaciones en el centro y el norte, las zonas costeras se verán afectadas por la subida del nivel del mar y las tormentas y fenómenos naturales con fenómenos catastróficos
serán más frecuentes.
La predicción no es a largo plazo. El incremento del riesgo ocurrirá en la segunda mitad de este siglo. Países como Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, España e Italia tendrán que fortalecer sus defensas costeras y la erosión
del litoral puede derivar en zonas costeras más estrechas como el Mar del Norte, la Península Ibérica y el Golfo de Bizkaia.
La recientemente aprobada Ley de Costas no recoge parámetros vinculados al cambio climático de carácter suficiente según afirman los expertos citados.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias que se cohonesten con las recomendaciones del Grupo II del Panel de Expertos de Cambio Climático de la ONU.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/001855
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Cómo es posible que el Gobierno grave los productos de floricultura, plantas ornamentales y silvicultura con un 21% de IVA, cuando la media en los países de la UE se sitúa entre el 8 y el 6%? ¿Es consciente de que esta situación dificulta
la competitividad de dicho sector en el mercado nacional e internacional, que ya ha visto reducidas sus ventas debido a que no pueden competir con países como Portugal que aplican un 8% de IVA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Fomento
181/001807
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Está el Gobierno en disposición de garantizarnos que la base de salvamento marítimo situada en Ruibo, Ayuntamiento de Cee, va a seguir abierta y plenamente operativa con todos los medios técnicos y humanos allí destinados desde su
inauguración? Si no fuese así ¿cuáles son las razones del Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001808
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es la razón por la que el helicóptero de salvamento marítimo con base en Cee, fue desplazado a un lugar distinto de su base? ¿Cuándo volverá el helicóptero a ella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001809
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
Respecto a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y del trazado definitivo de la Autovía A-76 tramo Ponferrada-Ourense, ¿qué criterios técnicos prevalecieron para determinar que esta infraestructura pasara por el Ayuntamiento
de A Peroxa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001810
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
Respecto a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y del trazado definitivo de la Autovía A-76 tramo Ponferrada-Ourense, ¿en qué momento decidió el Gobierno cambiar el trazado de la Autovía A-76 y por qué razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001811
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
Respecto a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y del trazado definitivo de la Autovía A-76 tramo Ponferrada-Ourense, ¿por qué se decide no hacer enlace en ningún punto del Ayuntamiento de A Peroxa con la Autovía A-76?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001853
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Cómo es posible que el Gobierno grave los productos de floricultura, plantas ornamentales y silvicultura con un 21% de IVA, cuando la media en los países de la UE se sitúa entre el 8 y el 6%? ¿Es consciente de que esta situación dificulta
la competitividad de dicho sector en el mercado nacional e internacional, que ya ha visto reducidas sus ventas debido a que no pueden competir con países como Portugal que aplican un 8% de IVA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/001806
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputada doña Rosa Aguilar Rivero
Texto:
¿En qué partidas y en qué cuantía repercutirá el supuesto ahorro derivado del traspaso competencial en servicios sociales que el Gobierno ha reflejado en el Plan Presupuestario 2014 del Reino de España, de 15 de octubre de 2013, que remitió
a Bruselas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2014.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/001803
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Carmen Montón Giménez
Texto:
¿Considera el Gobierno que la responsabilidad de la no protección y ayuda recae sobre las mujeres víctimas de violencia de género que no denuncian?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Carmen Montón Giménez, Diputada.
181/001805
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Carmen Montón Giménez
Texto:
¿Va a atender el Gobierno las peticiones de la oposición para mejorar la respuesta en violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014.-Carmen Montón Giménez, Diputada.
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