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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 413, de 03/03/2014
cve: BOCG-10-D-413
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de marzo de 2014
Núm. 413
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002464 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la contribución del Gobierno en la resolución del caso Alcorisa en aplicación de la legalidad vigente y de conformidad con las recomendaciones de la ONU
... (Página6)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002471 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre reclamación a la República Bolivariana de Venezuela del respeto a los principios universales de la Democracia, del Estado de Derecho
y de los Derechos Humanos ... (Página8)
161/002473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la concesión de visados o indemnizaciones a los traductores afganos tras la retirada de las tropas españolas de Afganistán ...
161/002474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles ex residentes en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial ...
Comisión de Defensa
161/002463 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la conmemoración del bicentenario del nacimiento de don Juan Prim y Prats ... (Página12)
Comisión de Economía y Competitividad
161/002477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre una solución para los pequeños ahorradores afectados por el fraude de Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles,
S.A., y Arte y Naturaleza Gestpart, S.L. ... (Página13)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la rebaja del IVA de los servicios básicos ... (Página14)
161/002461 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Impuesto sobre las Transacciones Financieras ... (Página16)
Comisión de Fomento
161/002460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la necesidad de llevar a cabo la liberación del peaje en el tramo de la autopista AP-2, comprendido entre Montblanc (en la provincia de Tarragona)
y Lleida para dar continuidad a la autovía A-27 entre dichas poblaciones ... (Página17)
161/002462 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la instalación de pantallas acústicas en el municipio madrileño de Valdemoro en torno a la carretera A-4 ... (Página17)
161/002468 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los plazos de finalización de las obras de la 'Y vasca' ferroviaria y con otras actuaciones para la conexión en AVE con la red de los Corredores
Europeos del Atlántico y Mediterráneo ... (Página18)
161/002472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los peajes de la AP-9 y a la necesidad de aprobar un Plan global de mejora de la N-550 ... (Página20)
161/002481 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al estudio de las posibilidades de implantación de ancho internacional (VIC) en el Corredor Mediterráneo entre Tarragona y Castellón, que
permitan compatibilizar los tráficos ferroviarios de ancho ibérico con los de ancho estándar ... (Página21)
161/002482 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ejecución de la autovía A-15 entre Medinaceli y Soria ... (Página22)
161/002483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ejecución del tramo Benavente-Zamora perteneciente a la autovía Ruta de la Plata A-66 ... (Página23)
Comisión de Educación y Deporte
161/002458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la intención del Gobierno de establecer la licencia única deportiva ... (Página24)
161/002480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la regulación de un procedimiento que defina el sistema de selección y formación del profesorado español ... (Página25)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002469 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña ... (Página27)
161/002470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley 1/2013, de 15 de abril,
de Cantabria, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convenional ... (Página28)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las plantas de tratamiento de purines ... (Página29)
161/002465 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo a la financiación e internacionalización de la industria de transformación de pescado ...
161/002466 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reducción del índice del rendimiento neto del IRPF del cultivo del níspero en la comarca de la Marina Baixa de la provincia de Alicante ...
161/002467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el jamón serrano español ... (Página32)
161/002476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para impulsar la rápida rehabilitación del Passeig Marítim del Molinet, en L'Estartit (Girona) ...
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002456 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la elaboración de un plan estratégico de dotación de personal para los servicios sanitarios de Ceuta dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ... (Página34)
161/002459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la normativa paraguas para la privatización silenciosa de la sanidad ... (Página35)
161/002484 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a retirar el anteproyecto para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la
mujer embarazada ... (Página37)
161/002485 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para garantizar que los criterios de participación en las prestaciones de los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia sean respetuosos con los principios de universalidad y equidad ... (Página37)
Comisión de Cultura
161/002457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre declaración del Pazo de Goiáns en el Ayuntamiento de Boiro (A Coruña), como Bien de Interés Cultural ... (Página39)
Comisión de Igualdad
161/002475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la adopción de medidas preventivas contra las conductas sexistas y el ciberacoso, como forma de violencia de género entre la juventud
... (Página40)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la promoción de medidas en el sector residencial y en equipamientos y espacios públicos y su inclusión en la hoja de ruta para reducir
emisiones de carbono ... (Página41)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Constitucional
181/001686 Pregunta formulada por el Diputado don Ramón Jáuregui Atondo (GS), sobre renuncia del Director del Comité Técnico para la elaboración del II Plan de Derechos Humanos ... (Página43)
Comisión de Justicia
181/001674 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre postura del Cuerpo de Registradores respecto a su futura llevanza de los registros civiles ... (Página43)
181/001675 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre firmeza de la postura del Gobierno respecto a que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles se vayan a hacer cargo de los registros civiles ...
(Página43)
181/001676 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre mantenimiento de los registros civiles como un servicio público ... (Página44)
181/001677 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre implantación de un nuevo programa informático cuando el Gobierno decidió encomendar a los Registradores la tramitación y resolución de los expedientes
de nacionalidad ... (Página44)
181/001678 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre empresa a la que se encargó el programa informático para que los Registradores tramitaran y resolvieran los expedientes de nacionalidad ...
181/001679 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre datos del concurso público por el que se adjudicó a una empresa el programa informático para que los Registradores tramitaran y resolvieran los
expedientes de nacionalidad ... (Página45)
181/001680 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre cantidad pagada a la empresa adjudicataria del programa informático para que los Registradores tramitaran y resolvieran los expedientes de nacionalidad
... (Página45)
Comisión de Fomento
181/001681 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre previsiones acerca de que la línea de alta velocidad llegue hasta la estación Rosa de Lima de Burgos ... (Página45)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001669 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre valoración del Gobierno de la reasignación de los Fondos del Programa Leader Galicia 2008-2013 ... (Página46)
181/001670 Pregunta formulada por la Diputada doña Leire Iglesias Santiago (GS), sobre medidas previstas para asegurar el mantenimiento del cultivo del tabaco en Extremadura ... (Página46)
181/001671 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre incidencia en las explotaciones de Galicia de la nueva Política Agraria Común (PAC) del sector del vacuno de leche y de carne ...
181/001672 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre incidencia de la Política Agraria Común (PAC) en el sector vacuno de Galicia ... (Página46)
181/001673 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre incidencia de la Política Agraria Común (PAC) en el sector lácteo de Galicia ... (Página47)
181/001682 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre aplicación de la ayuda a los jóvenes agricultores con el nuevo modelo de aplicación de las ayudas de la Política Agraria Europea (PAC) para el periodo
2015-2020 ... (Página47)
181/001683 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre razones del cambio del año de referencia 2013 frente al 2011 en el nuevo modelo de aplicación de las ayudas de la Política Agraria Europea (PAC) para el
periodo 2015-2020 ... (Página47)
181/001684 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre obligación de utilizar aceiteras irrellenables en la hostelería cuando el aceite de oliva esté preparado mediante la adición de condimentos ...
181/001685 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre reparto entre los agricultores y ganaderos de los sectores las ayudas acopladas al nuevo modelo de aplicación de las ayudas de la Política Agraria Europea
(PAC) para el periodo 2015-2020 ... (Página48)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000257 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1763/2004, promovido por el Parlamento de Cataluña contra el artículo 3.1, párrafo segundo, en lo referente a la expresión 'fomento del
empleo' en relación al apartado 2 del mismo artículo; el artículo 3.3, párrafo segundo; el artículo 13 e), apartados 1 y 2 y la disposición adicional cuarta todos ellos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/002464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, sobre la contribución del Gobierno de España para la resolución del caso Alcorisa en aplicación de la legalidad vigente y de conformidad con la recomendaciones de la ONU, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU transmitió el caso de don Teófilo Alcorisa Monleón al Gobierno de España el 13 de diciembre de 2013 (caso número 10003672), con la referencia G/SO 217/1/Spain, como consecuencia de
una denuncia aportada desde Valencia a dicho Grupo a raíz de las investigaciones desarrolladas por la ONU en España sobre los miles de desaparecidos en la Guerra Civil y la Dictadura.
Anteriormente, en sus Consideraciones Preliminares de 30 de septiembre de 2013, entre otras recomendaciones dicho Grupo consideraba que 'El Estado español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para
atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de
una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa'.
Dicho Grupo puntualiza al respecto de las exhumaciones que 'El Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura (...) es importante para proveer de mínimos estándares a todos aquellos equipos científicos
que realizan exhumaciones y debería desarrollarse ulteriormente prestando atención a la necesidad de reforzar un enfoque multidisciplinario, que incluya antropólogos, forenses, genetistas y arqueólogos, lo que las víctimas no son capaces de
proporcionar y estableciendo claramente las autoridades responsables en cada etapa'. El Grupo de Trabajo reconoce que los aspectos forenses son relevantes para la verdad y la justicia y recuerda en su Observación General sobre el Derecho a la
Verdad en relación con la desaparición forzada en donde se observa que 'los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y utilizar métodos científicos de identificación hasta donde permitan
los recursos disponibles'.
El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en sus Observaciones Preliminares emitidas el 3 de febrero de 2014
llegaba a similares conclusiones, señalando que 'si se tiene en cuenta la avanzada edad de las víctimas, todo esto es suficiente para urgir a las instituciones del Estado a mostrar un compromiso decidido, determinado, y con carácter prioritario, por
darle vigencia plena a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.'
Las consideraciones tanto del Grupo de Trabajo como del Relator de la ONU se emiten después de centenares de entrevistas con todos los estamentos relacionados con este tema, así como con víctimas vivas que siguen sin atención por parte del
Estado español. Sin embargo, sus recomendaciones están contenidas en una Ley vigente como es la 52/2007, de 26 de diciembre, la llamada 'Ley de la Memoria Histórica' en sus artículos 11 a 14; este último establece en su punto 1 que 'La realización
de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos de las personas referidas en el apartado 1 del artículo 13 se constituye en fin de utilidad pública e interés social...'
Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia emitió una Resolución de fecha 27 de diciembre de 2013 denegando, tras cuatro años y medio de la solicitud, la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa sin tener siquiera en cuenta la Ley de la
Memoria, resolución inmediatamente recurrida por la familia el 30 de enero de 2014 ante el mismo Ayuntamiento, formulando asimismo un escrito de queja ante el Síndic de Greuges con fecha 12 de enero de 2014.
El cuerpo de dicha Resolución es totalmente contrario a lo que establecen los artículos citados, limitándose a aducir toda serie de impedimentos que no tendrían validez alguna aplicando dichos preceptos legales, empezando por la actitud
positiva, que no se ve por ningún lado, y siguiendo por las pretendidas dificultades técnicas que quedan resueltas permitiendo actuar al Grupo Paleolab según establece el Protocolo de Actuación que acompaña a la Ley de la Memoria, lo cual, al
contrario, es calificado por el Ayuntamiento de Valencia como 'una afrenta'.
Dicha denegación pone en entredicho al Gobierno de España al constituir la primera respuesta de una institución a las recomendaciones basadas en la justicia internacional para las víctimas españolas, totalmente compatibles con lo
anteriormente establecido por la Ley 52/2007, algo que evidencia la falta de respuesta a dichas recomendaciones y de sintonía entre Administraciones regidas por el mismo partido político.
Al respecto, el Diputado que suscribe, en nombre del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, considera urgente una acción de este Gobierno que asegure los derechos de la familia Alcorisa y evidencie que España sigue las
recomendaciones de la ONU reconduciendo el 'Caso Alcorisa' por la senda de la normalidad democrática y la reconciliación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1) Instar al Gobierno de España a reconducir la situación creada por la Resolución denegatoria de la exhumación de Teófilo Alcorisa emitida por el Ayuntamiento de Valencia el 27 de diciembre de 2013 atendiendo a la comunicación del Grupo de
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y el Relator Especial sobre la Verdad, Justicia y Reparación y sus garantías de no repetición del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
2) Asimismo, atendiendo también a lo dispuesto en los artículos 11 a 14 de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, llamada ''Ley de la Memoria Histórica'', y teniendo en cuenta el perjuicio económico causado al obligar a devolver la subvención
económica otorgada en 2009 por el Ministerio de la Presidencia ante el retraso en resolver por parte de dicho ayuntamiento, asegurar la realización del proyecto presentado ante el mismo por la Agrupación de Familiares de las Víctimas en el que
figuraba la exhumación de Teófilo Alcorisa y de otro represaliado y enterrado junto a él, Joaquín Alcorisa, y un memorial donde consten los nombres de los represaliados enterrados en la misma Sección del antiguo Cementerio Civil, todo ello a cargo
del Estado y/o del mismo ayuntamiento que causó la devolución.
3) En cualquier caso, y ante las circunstancias sobrevenidas a raíz de la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia, imprimir carácter de urgencia teniendo en cuenta la avanzada edad de los hijos que reclaman sus restos y el próximo inicio de
un proceso judicial de consecuencias imprevisibles que dejarían en evidencia no solo al Ayuntamiento de Valencia sino al Estado español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-José Luis Ábalos Meco, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para que el Gobierno de España reclame al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el respeto a los principios universales de la Democracia, del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 5 de febrero los estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) del estado de Táchira en Venezuela, se manifestaron para denunciar la falta de seguridad en el propio centro y los alrededores del mismo, pues se había producido un
intento de violación y varios atracos en el parque botánico de la universidad. Los estudiantes denunciaron agresiones de la policía y de grupos armados afines al Gobierno dejando un saldo final de dos universitarios detenidos, lo cual fue
confirmado por el propio vicerrector de la universidad, Alfonso Sánchez, que enmarcó la protesta de los estudiantes en el marco de la Constitución.
A raíz de estos sucesos las manifestaciones se extendieron por todo el país, culminando en una gran marcha opositora el 12 de febrero. La oposición democrática acompañó a los estudiantes que exigían el fin de la violencia y de las
detenciones arbitrarias, a la que también se sumaron reivindicaciones sobre el desabastecimiento crónico que sufre el país y contra las medidas del Gobierno que impiden comprar papel a la prensa que no comulga con las directrices de Nicolás Maduro,
lo que ha provocado el cierre de numerosos periódicos, revistas y que otros muchos apenas tengan papel asegurado para sacar sus ediciones durante unos meses. A ello hay que añadir que el 12 de febrero el Gobierno de Venezuela cortó las emisiones
del canal internacional NTN24 que era el único que estaba cubriendo las manifestaciones.
Al finalizar la protesta de la oposición que había tenido lugar en un ambiente pacífico, se registraron incidentes protagonizados por colectivos armados afines al Gobierno que terminaron con tres muertos y decenas de heridos y detenidos.
Ese mismo día se emitía una orden de búsqueda y captura contra el líder opositor Leopoldo López, a quien se hace responsable de los hechos violentos ocurridos tras la marcha, y que finalmente el 18 de febrero fue apresado después de entregarse tras
una manifestación convocada para hacer efectiva su entrega a las autoridades. Este no es el primer y único acto de persecución política contra Leopoldo López, en 2008 fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo de elección popular durante seis
años. En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciaba por unanimidad la habilitación de Leopoldo López, la cual sigue siendo ignorada por el Gobierno venezolano, impidiéndole participar en todos los procesos electorales celebrados
hasta la actualidad.
Ante el clima vivido de hostigamiento a la oposición y violaciones constantes de los derechos humanos el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville, manifestó que: 'Estamos especialmente preocupados por
informaciones sobre ataques contra manifestantes por parte de grupos armados que actúan con impunidad', y añadió que: 'Algunos manifestantes habrían sido detenidos y podrían ser enjuiciados acusados de terrorismo. También se ha informado que a
algunos manifestantes, incluidos menores, se les han negado tomar contacto con sus familiares o abogados', además solicitó al Gobierno de Venezuela que investigue y lleve a juicio a los responsables de atacar a los manifestantes. Por su parte, la
Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Catherine Ashton, a través de un comunicado denunció al respecto que: 'La libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas es esencial' e hizo un
llamamiento a las autoridades venezolanas para 'tender la mano a todos los segmentos de la sociedad venezolana', lo que ha sido secundado por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.
Ante esta oleada represiva, el Gobierno de España no debe dar el silencio como única respuesta, tiene que exigir que se investigue y juzgue a los responsables de los asesinatos y la violencia del día 12 de febrero, que paren las detenciones
arbitrarias y la represión ciudadana, garantizar la libertad de prensa, acabar con la persecución política contra los líderes de la oposición democrática y pacífica, y asegurar en definitiva a los ciudadanos de Venezuela su derecho a la libertad de
expresión y reunión.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reclamar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el respeto a los principios universales de la democracia, del Estado de derecho y de los derechos humanos, que comprometen a todos los regímenes democráticos, velando por su
mantenimiento en Venezuela y cesando cualquier forma de acoso a la oposición pacífica al actual gobierno.
2. Solicitar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el cese del hostigamiento a los medios de comunicación críticos con el Gobierno o no controlados por este o por las fuerzas políticas que lo sostienen, garantizando la
libertad de prensa y de expresión.
3. Reclamar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el cumplimiento sin restricciones, dentro de la legalidad vigente, de las libertades de expresión, asociación, manifestación y acción política, liberando a todos aquellos
ciudadanos venezolanos detenidos o penalizados por el ejercicio pacífico de estos derechos.
4. Solicitar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la desactivación de los grupos parapoliciales y paramilitares que actúan con impunidad atacando a los manifestantes y activistas de la oposición venezolana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta pasa su discusión en la
Comisión de Asuntos Exteriores una Proposición no de Ley sobre la concesión de visados o indemnizaciones a los traductores afganos tras la retirada de las tropas españolas de Afganistán.
Exposición de motivos
El 25 septiembre de 2013 culminó la retirada de las tropas españolas de la base de Quala-e-Naw en la provincia afgana de Badgis, un repliegue que había comenzado en febrero del mismo año. Con la retirada de las tropas acabaron también los
contratos con las Fuerzas Armadas de los más de cuarenta traductores que durante los últimos tres años trabajaron codo con codo con los militares españoles y sin los cuales hubiera sido prácticamente imposible llevar a cabo las misiones
desarrolladas en Afganistán.
Una vez replegadas las tropas y acabados por tanto los contratos de los traductores, estos se encuentran en una situación de doble desprotección. No se trata tanto de haber perdido su ocupación, sino de lo que representa en su país haber
trabajado para las tropas extranjeras en un conflicto de gran complejidad y en un país donde la realidad política, social y religiosa, equipara haber colaborado con los ejércitos extranjeros a haber colaborado con los infieles, de forma que deja a
estos hombres en una situación de riesgo y vulnerabilidad total, sin que el Gobierno español hasta el momento haya encontrado una solución.
Los traductores, ante las dificultades de llevar una vida normal en sus ciudades de origen y estigmatizados socialmente por haber hecho labores para las fuerzas extranjeras, han solicitado visados a la Embajada de España por cuestiones
humanitarias, pero mientras esperan una resolución, ante la falta de trabajo y la inseguridad, la mayoría de ellos pretenden escapar de Afganistán o al menos cambiar el lugar de residencia dentro del país. Hasta el momento muchos de ellos
desconocen el plan de acogida puesto en marcha por Defensa, que prevé indemnizaciones económicas, traslado a otra zona dentro de Afganistán o traslado a España, o no ha sido informado de la posibilidad o de los trámites necesarios para
beneficiarse de estas ayudas, tal y como declaran en una carta escrita a S.M. el Rey Don Juan Carlos de Borbón, en la que le solicitan que interceda por ellos ante el Ministro de Defensa.
A todo ello hay que añadir la queja presentada por el abogado que asesora a los traductores, especializado en derechos humanos, a la Defensora del Pueblo española. El abogado hace hincapié en que la situación actual de los traductores es de
riesgo extremo y recuerda que la mayoría de los países participantes en la misiones en Afganistán ya han retirado a todos sus intérpretes. Además, alega irregularidades por parte de la Administración del Estado. Desde el Gabinete del Defensor de
Pueblo, el abogado ha recibido la comunicación de que su queja ha sido admitida a trámite.
Según las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para 2013, los traductores son objetivo de insurgencia y uno de los colectivos principales de riesgo bajo máxima amenaza. Desde el Alto
Comisionado sin embargo, no pueden ser tratados como refugiados por hallarse en su país de origen. España es uno de los pocos países que no ha concedido visado ni asilo a sus traductores, a diferencia de lo que han hecho Alemania, Estados Unidos,
Francia, Nueva Zelanda y Noruega.
El 18 de diciembre el Ministro de Defensa declaró que se concederían visados a 25 de los 40 traductores e intérpretes, sin embargo desde entonces no se ha emitido ninguna notificación. Según declaraciones del portavoz de Defensa, el trabajo
de este Ministerio ya ha concluido y ahora es el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que se le han enviado los informes pertinentes y la recomendación de conceder 28 visados y 22 compensaciones, el que debe realizar los trámites pertinentes; por
lo tanto la solución al problema de los traductores debe llegar desde este Ministerio.
Hasta el momento no hay pronunciamiento al respecto y los traductores siguen abandonados a una situación de riesgo e indefensión.
Desde Convergència i Unió consideramos que, dadas las especiales condiciones políticas y religiosas de Afganistán, y el tipo de labor que han realizado los traductores e intérpretes, siendo parte activa y necesaria de un conflicto armado
(aun cuando oficialmente los soldados españoles se encontrasen en Afganistán en misión humanitaria), estos, una vez retiradas las tropas del país, han quedado en una situación especialmente peligrosa y de desamparo y, por tanto, urge hallar una
solución a su problema. Valga recordar la concesión de 2500 visados por parte de Estados Unidos o los 600 visados más compensaciones económicas a sus antiguos intérpretes de Reino Unido, al igual que han hecho Francia o países con contingentes de
soldados menores que España, como es el caso de Noruega y Dinamarca. El Estado español no puede abandonar a su suerte a un grupo de personas que han asumido enormes riesgos y han puesto en juego su futuro por el hecho de trabajar para un ejército
extranjero.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Catalán presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar el proceso de concesión de visados o indemnizaciones para reubicación en otra localidad a todos aquellos traductores e intérpretes afganos que, habiendo trabajado para las Fuerzas
Armadas españolas desde 2010 y hasta la retirada de las tropas españoles de Afganistán el pasado 25 de septiembre de 2013, los hayan solicitado o los solicitaren en el futuro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles ex residentes en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial.
Antecedentes
En el mes de febrero de 1969, el Gobierno ordenó la evacuación urgente de todos los ciudadanos españoles residentes en Guinea Ecuatorial, antigua provincia que había accedido a la independencia el 12 de octubre de 1968. Tras de sí estos
ciudadanos dejaron todos sus bienes y como consecuencia de su marcha, se interrumpió la explotación de las plantas de cacao y café de su propiedad.
Los ciudadanos españoles que abandonaron Guinea Ecuatorial, a diferencia de lo que sucedió con los antiguos residentes en otras ex-colonias, no recibieron ningún tipo de indemnización, excepto una mínima cantidad en concepto de ayuda social,
ni crédito que les permitiera resarcirse en parte del perjuicio económico que padecieron por culpa del abandono del Gobierno de la época o bien reiniciar su vida en el territorio peninsular o insular.
El 5 de abril de 1995, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que hacia referencia a las medidas compensatorias a ciudadanos españoles
ex residentes en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial. El objetivo de esta Proposición no de Ley era resolver el problema de aquellas personas que abandonaron la ex colonia española como consecuencia del deterioro de las relaciones entre el
Gobierno español y el Gobierno de Guinea, dejando todos sus bienes en dicho territorio.
En ella se instaba al Gobierno, por una parte, a elaborar en el plazo de seis meses un censo en relación a los españoles que tuvieron que abandonar la colonia y por otra parte, se establecía que en el plazo de dos meses a contar desde la
elaboración de dicho censo, se debían concretar las medidas.
Unos meses más tarde, el Grupo Parlamentario Catalán formuló dos preguntas al Gobierno (31 de mayo y 20 de septiembre de 1995): una en relación a las medidas que había adoptado el Gobierno para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley
mencionada y la segunda para conocer en qué punto se encontraba la confección del censo que debía elaborar el Gobierno. En ambos casos se respondió que se estaba trabajando en el tema, que resultaba del todo laborioso.
Asimismo, durante el mes de diciembre de 1995 y una vez concluidos los plazos se produjo una comparecencia del Subsecretario de Asuntos Exteriores (a petición del Grupo Parlamentario Catalán y para informar sobre las medidas adoptadas para
dar cumplimiento a la mencionada Proposición), en la cual se pusieron de manifiesto dichas dificultades y se hablaba de la creación de una Comisión Interministerial para proceder en este caso como se había procedido en casos similares.
Durante el mes de febrero de 1997 se produjo de nuevo la comparecencia del Subsecretario de Asuntos Exteriores también a petición del Grupo Parlamentario Catalán, para informar de las medidas adoptadas para dar cumplimento a la Proposición
no de Ley, en el transcurso de la cual el Gobierno puso de manifiesto, entre otros aspectos, que lo que en principio parecía circunscribirse a un mandato de elaboración técnica más o menos compleja de un censo, había mostrado posteriormente un
alcance político, económico e incluso jurídico que trascendía del marco del propio Departamento de Asuntos Exteriores y se señalaba que se seguiría trabajando para encontrar una solución a este problema.
En fecha 6 de octubre de 2002, y como consecuencia de una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Catalán, una vez más sobre las medidas para compensar y ayudar a los ciudadanos que sufrieron perjuicios económicos por el abandono
bienes y actividades en Guinea Ecuatorial como consecuencia de deterioro de las relaciones políticas entre España y su antigua colonia, el Gobierno alegaba las dificultades respecto al cumplimiento de los mandatos contenidos en la Proposición no de
Ley por diversos motivos, entre otros:
a) La Proposición no de Ley tiene un redactado ambiguo que impide determinar de forma clara el ámbito del censo que se ha de elaborar. Así, no es posible saber si en él deben incluirse solo las personas físicas o también las jurídicas.
b) No se establece de forma clara en el texto de la Proposición qué momento debe tomarse como referencia para la elaboración del censo.
c) El grupo de trabajo constituido para tratar de impulsar los trabajos de elaboración del censo señaló la necesidad de que se diera la debida publicidad a las tareas de elaboración del censo, al efecto de que cualquier afectado pudiera
solicitar su inclusión, y se hacía referencia a una publicación en el 'Boletín Oficial del Estado' para obtener dicha finalidad.
d) La elaboración del censo se había dilatado excesivamente en el tiempo como consecuencia de las dificultades técnicas.
Posteriormente, el 11 de junio de 2003, este Grupo Parlamentario volvió a presentar una Proposición no de Ley para resolver esta situación. La Proposición no de Ley fue rechazada por la entonces mayoría del Grupo Parlamentario Popular, a
pesar del apoyo obtenido por parte de todo el resto de fuerzas parlamentarias y a pesar también del reconocimiento del Portavoz del Grupo Popular de la necesidad de dar solución al drama que vivieron y siguen viviendo en algunos casos los ex
residentes españoles en Guinea.
A la vista de la injusta situación que se ha creado como consecuencia de todos los hechos relacionados anteriormente, agravada por el excesivo paso del tiempo y visto el apoyo que obtuvo esta iniciativa por parte del Grupo Parlamentario que
da soporte al Gobierno, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera necesario resolverla en el plazo más breve posible.
Año tras año, diferentes grupos parlamentarios han presentado iniciativas, incluidos los grupos parlamentarios popular y socialista cuando están en la oposición, para la adopción de medidas compensatorias a ciudadanos españoles ex residentes
en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial, pero posteriormente el Gobierno no actúa como se le requiere.
El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) desea poner fin a esta reclamación histórica de la gran mayoría de los grupos parlamentarios y por dignidad con los ciudadanos que sufrieron la persecución y homicidio de familiares y conocidos cerrar una
de los capítulos más oscuros de la descolonización española del continente africano.
Por todo ello, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A establecer, previa publicación de un anuncio a tal efecto en el 'Boletín Oficial del Estado', un plazo cerrado durante el cual todas las personas que consideren que fueron perjudicadas por la pérdida de sus inmuebles y de sus negocios
como consecuencia de la descolonización y consecuente evacuación forzosa de Guinea Ecuatorial puedan presentar la documentación necesaria y suficiente que acredite la propiedad de los bienes objeto de pérdida.
2. A elaborar un censo de perjudicados tras la correspondiente comprobación de la documentación aportada.
3. A establecer un derecho de indemnización a favor de tales perjudicados, sin perjuicio del derecho de repetición de las cantidades abonadas por parte del Estado en reclamación internacional ante el Gobierno de Guinea Ecuatorial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Defensa
161/002463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y las siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
conmemoración del bicentenario del nacimiento de don Juan Prim y Prats, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Se cumple en 2014 el bicentenario del nacimiento de don Juan Prim y Prats (Reus, 6 de diciembre de 1814-Madrid, 30 de diciembre de 1870), que comenzó siendo soldado voluntario, obtuvo dos Cruces Laureadas de San Fernando, así como varios
títulos nobiliarios otorgados por méritos propios realizados
en favor de España y de la monarquía constitucional. Fue además un político liberal, Diputado en varias ocasiones por las circunscripciones de Tarragona, Madrid y Barcelona; Senador vitalicio; Ministro de la Guerra y Presidente del
Consejo de Ministros, y lideró el Partido Progresista. Un partido que en ese momento de la historia de España representaba los principios de la libertad y la democracia.
El general Juan Prim y Prats a lo largo de su vida (falleció víctima de un atentado a la salida del Congreso de los Diputados siendo Presidente del Consejo de Ministros), encarnó principios como el liderazgo, el valor y el patriotismo y fue
persona que actuó siempre teniendo como fines políticos la democracia y la monarquía constitucional.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar en la difusión nacional de la figura del militar y político Juan Prim y Prats con motivo del bicentenario de su nacimiento (6 de diciembre de 1814).
2. Divulgar, promover y facilitar aquellos actos que fomenten el conocimiento de la historia y el significado de las hazañas encarnadas por el general Prim.
3. Colaborar, dentro de los distintos ámbitos de su competencia, con las Administraciones autonómicas y locales, así como con otras instituciones públicas y privadas en cuantas iniciativas de calidad tengan por finalidad un mayor y mejor
conocimiento de la figura del general Prim.
4. Emitir un sello de correos y moneda de colección del bicentenario del nacimiento del general Prim.
5. Desarrollar un material expositivo que permita su itinerancia por otros museos y salas de exposiciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía y Competitividad
161/002477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una solución para los pequeños ahorradores afectados por el
fraude de Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A., y Arte y Naturaleza Gestpart, S.L., para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
Han transcurrido casi ocho años desde el escándalo financiero de las entidades Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L., que afectó e hizo perder sus ahorros a 477.351 familias, en su mayoría
pequeños ahorradores, ascendiendo el montante global del fraude a más de 4.800 millones de euros. Los datos hoy completamente contrastados por las Administraciones concursales sobre las familias que han perdido sus ahorros demuestran el carácter
popular de los mismos y su pertenencia a estratos sociales humildes que confiaron en esas empresas como cualquier ahorrador lo hacía con entidades financieras reconocidas. El 94,81% de los afectados tenían invertidas cantidades inferiores a los
50.000 euros.
Como es conocido, desde el primer momento y por unanimidad el Congreso de los Diputados en diversos debates reconoció la necesidad de prestar apoyos y ayudas, así como de buscar soluciones definitivas y justas al grave problema social
planteado. Sin embargo, a pesar del alcance social y económico del problema, todavía no se han instrumentado medidas extraordinarias de respuesta a la situación en la que se encuentran numerosísimos consumidores que fueron víctimas de unas
actuaciones que están
siendo objeto de investigación penal. Y la perspectiva es que la duración de los procedimientos judiciales en curso será muy dilatada, por lo que es preciso y urgente encontrar una respuesta eficaz al problema planteado.
Desde ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, que agrupa y defiende como organización de consumidores a más de 100.000 familias afectadas por este fraude, se ha planteado, tanto al Gobierno como a las Cortes Generales, una
fórmula de solución que daría satisfacción razonable y anticipada en el tiempo a las resoluciones judiciales, al 92,83% de las familias afectadas por la insolvencia de las empresas incursas en procedimientos concursales (un 86,09% de los afectados
recuperaría el 85% de sus ahorros y otro 6,74% recuperaría entre el 50 y el 85%).
La propuesta consiste, en síntesis, en que el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dirija a quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición, por un
precio equivalente al 85% de su nominal y con un límite máximo de 20.000 euros por acreedor y empresa en concurso, de las cantidades reconocidas como crédito ordinario en los respectivos procedimientos concursales en curso de Fórum Filatélico, S.A.,
Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L. No se trata de una fórmula nueva, puesto que ya se aplicó en otro gran escándalo, como fue el de la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV), y, además, no produce incremento
del déficit público, puesto que el ICO adquiriría un activo en procedimientos concursales que, además, le supone un desembolso real equivalente al 40% del nominal de los derechos que adquiere.
En esta línea ya se han pronunciado por unanimidad las Cortes de Aragón, las Cortes valencianas y la Asamblea Regional de Murcia.
Por todo ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar una solución para los pequeños ahorradores afectados por el fraude de las empresas Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A., y Arte y Naturaleza Gestpart, S.L., que les
permita avanzar, a la mayor brevedad posible, hacia la finalización de su proceso judicial; y a valorar detenidamente y aceptar, en su caso, la propuesta planteada por ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) para buscar una
solución a los afectados por el fraude a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2014.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la rebaja del IVA de los servicios básicos, para su debate la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
La pobreza energética afecta a más de 4 millones de personas en España, y tiene un impacto devastador en su vida. El Observatorio para la Sostenibilidad estima que en 2011 la pobreza energética fue responsable de entre 2.300 y 9.300 muertes
prematuras frente a 1.480 provocadas por accidentes de tráfico. Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples, generando sobremortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico.
El Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre. Vivimos en uno de los países donde los consumidores pagan la electricidad más cara. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la
factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1%
más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética
de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro. Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22%, el agua el 8,5% y la bombona de butano el 23%.
Sin embargo, a pesar de que esta situación es de emergencia, el Gobierno se ha negado aportar ninguna solución al respecto. De hecho, la reforma eléctrica del Gobierno empeora la situación de las personas que menos consumen: se aumenta el
término fijo de la factura un 18%, lo que aumentará el coste del recibo para los que menos consumen; los esfuerzos de ahorro y eficiencia de las familias no servirán de nada.
En las últimas semanas también hemos conocido cifras de incremento de las desigualdades en España a raíz de un informe de Intermón Oxfam. Las 20 personas más ricas en España poseen una fortuna similar a los ingresos del 20% de la población
más pobre, y ello hace urgente tomar medidas para reducir la desigualdad, acabar con la riqueza y la pobreza extremas y promover los mecanismos que previenen que los intereses de las elites económicas y financieras sean los que marquen la agenda
política en detrimento de los intereses de la mayoría de la población.
Actualmente, estamos a las puertas de una nueva reforma fiscal. El Gobierno hizo el encargo a un grupo de expertos para elaborar una propuesta al Gobierno. Por lo que ha trascendido hasta el momento, los objetivos que busca dicha comisión
de expertos son lograr un sistema tributario más sencillo; con mayor seguridad jurídica y evitando cambios constantes de legislación; garantizar la suficiencia de ingresos; obtener un sistema tributario que favorezca el desarrollo económico,
garantice la unidad de mercado y neutralidad fiscal; y potenciar el desarrollo social con medidas que favorezcan a colectivos como familias, discapacitados o que estimulen el ahorro. Entre estos objetivos se ignoran elementos básicos de lo que
debe ser cualquier sistema tributario: la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad.
Una de las principales herramientas para la redistribución de la riqueza es la fiscalidad. Los tributos permiten que las personas con más recursos contribuyan más y las que tienen menos recursos paguen menos. Una política fiscal justa y
progresiva pasaría por incrementar los impuestos directos en función de la renta en lugar de llevar a cabo los incrementos indiscriminados de los impuestos directos como el IVA que afectan más a aquellos que menos recursos tienen. Por eso,
proponemos una rebaja de los tipos de IVA de los servicios básicos, conscientes de que no es una solución al problema de fondo, pero que puede contribuir a reducir las barreras de acceso a estos servicios y a reducir la pobreza y las desigualdades.
Respecto a la energía, en los países de la Zona Euro, solo Eslovenia (22%), Portugal (23%) y Finlandia (24%) tiene un tipo de IVA más elevado que España. Italia (10%), Irlanda (13,5%), Grecia (13%) y Reino Unido (5%) aplican tipos reducidos
de IVA para la electricidad y el gas natural, cosa que permite el ahorro de los ciudadanos en este servicio básico. España podría aplicar tipos reducidos a la electricidad, gas natural y calefacción, también, si así lo decidiera. Ello se deriva
del artículo 102 de la directiva del IVA (Directiva 20061112/CE), que afirma que 'Los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana, siempre que no exista riesgo
alguno de distorsión de la competencia.' Según el informe del investigador de la Universidad de Vigo, Xiral López, en 2007, Italia solicitó aplicar un tipo reducido de IVA al suministro de electricidad para la explotación de instalaciones de
regadío, bombeo y evacuación de aguas, y la Comisión aceptó esta reducción (Decisión de 30 de abril de 2007), basándose en el citado artículo 102 de la Directiva del IVA.
En lo que respecta a los suministros de agua, actualmente con el tipo reducido del 10% en España, vemos que en la Zona Euro, solo Estonia (20), Eslovaquia (20) y Finlandia (24) tienen tipos impositivos más altos que España. En este caso,
los servicios de suministro de agua se encuentran incluidos en el anexo III de la lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que podrán estar sujetas a los tipos reducidos del IVA a que se refiere el artículo 98 de la Directiva. Es
decir, que un cambio del tipo del agua del 10 al 4% se podría hacer con un simple cambio de redactado de la Ley del IVA.
Otro servicio básico que está encareciéndose desproporcionadamente generando pobreza y desigualdad es el transporte público, que tiene un tipo del 10% en España. En el caso del transporte, podemos ver cómo en Dinamarca, Irlanda, Reino
Unido, Eslovaquia, Malta y Holanda no se paga IVA; y que en Alemania, Portugal o Chipre los tipos son más bajos. Igual que en el caso del agua, hay margen legal para bajar los tipos de inmediato al estar incluido en el anexo III de la Directiva
del IVA. Solo es una cuestión de voluntad política.
La situación de pobreza energética necesita de soluciones de manera urgente, y de un cambio de actitud por parte del Gobierno, que hasta el momento se ha negado a llevar a cabo ningún tipo de actuación. Ello contrasta especialmente con la
celeridad del ejecutivo en aprobar la modificación del IVA aplicable a las entregas de objetos de arte que pasarán de tributar de un 21 (tipo general del impuesto) a hacerlo al 10% (tipo reducido). En ese caso no fue necesario esperar al informe
sobre la reforma fiscal que estaban elaborando los expertos nombrados por el ministerio.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reducir el IVA de la electricidad, gas natural, suministro de agua y transporte al tipo superreducido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al Impuesto sobre las Transacciones Financieras, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La idea de gravar las operaciones financieras, inspirada en la conocida Tasa Tobin, tomó fuerza a raíz de la crisis financiera internacional de 2008, ampliándose a todo tipo de transacciones financieras como la compraventa de acciones,
contratos de derivados, etc.
En 2012, la Comisión Europea propuso el establecimiento de un impuesto del 0,1% sobre la transferencia de bonos y acciones ordinarias y del 0,01% sobre los derivados. Ante la falta de unanimidad, por la oposición de determinados países con
un importante peso del sector financiero en su economía, once países, entre ellos España, acordaron profundizar en la creación del nuevo tributo mediante cooperación reforzada. Dicho tributo tendría un amplio ámbito de aplicación y serviría
igualmente para frenar la especulación y repercutir sobre la banca parte de los costes de la crisis.
En la actualidad, y por ejemplo, países como Francia aplican un gravamen sobre la compra de acciones de multinacionales; Italia aplica la tasa a la compra de todo tipo de empresas.
Así las cosas, se ha conocido que el Gobierno español, pese a pertenecer al grupo de once países que defienden un concepto amplio del Impuesto sobre Transacciones Financieras, va a sostener ante las instituciones europeas el establecimiento
de un gravamen limitado a la adquisiciones de acciones de grandes empresas, sociedades con una elevada capitalización bursátil, oponiéndose a su ampliación a otro tipo de operaciones como, por ejemplo, los derivados.
Dicha posición restrictiva del Gobierno se estima contraria al espíritu y finalidad del Impuesto sobre Transacciones Financieras y a la propia pertenencia de España al citado grupo de países que acordaron su instauración mediante cooperación
reforzada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer y defender ante la Unión Europea la aplicación inmediata del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, tributo que gravará no solo la compraventa de acciones sino también otro
tipo de operaciones financieras como los derivados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Pedro Saura García, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/002460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la necesidad de llevar a cabo la liberación del peaje en el tramo de la autopista AP-2, comprendido entre Montblanc (en la provincia de Tarragona) y Lleida para dar continuidad a la autovía A-27 entre dichas poblaciones, para su
debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La A-27 es una autovía que tiene como objetivo unir el litoral mediterráneo con el cantábrico, ayudando a crear una mejor malla de comunicaciones, en este caso de dos zonas con un alto índice de desarrollo económico.
El tramo que es objeto de esta iniciativa es fundamental para conectar la ciudad de Tarragona y toda su zona limítrofe (Reus, Salou, la Costa Dorada) en especial su puerto y también su aeropuerto con Lleida y todo su área de influencia, y
más allá todo el Valle del Ebro, por un lado y el interior de la meseta por otro.
La saturación de vehículos que sufre la carretera nacional 240, y los muchos accidentes que como consecuencia de ello se producen en el tramo entre Montblanc y Lleida, evidencian la necesidad de dotar a este territorio de una vía de mayor
capacidad y mucho más segura, cosa que además la actual situación económica no parece que vaya a permitir pronto.
Se trataría de construir 58 kilómetros de autovía paralela a la autopista AP-2, que transcurriría cerca y que está infrautilizada debido a que el peaje se ha convertido en un factor de disuasión.
Liberar este tramo de peaje mediante alguna fórmula de bonificación daría por un lado más aprovechamiento a dicha autopista que tiene un uso que solo supera el 25 % de su capacidad y por otro descongestionaría la N-240, con la mejora de
seguridad que comportaría, pero además supondría un gran ahorro económico, al no tener que construir la autovía, al mismo tiempo que evitaría el impacto medio ambiental al que daría lugar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para la liberación del peaje de la autopista AP-2 en el tramo entre Montblanc y Lleida como alternativa a la construcción de la continuidad de la autovía A-27
entre ambas poblaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2014.-Teresa Cunillera Mestres y Joan Ruiz i Carbonell, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de los establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la instalación de pantallas acústicas en el municipio madrileño de Valdemoro en torno a la carretera A-4, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Los vecinos de la calle Guardia Civil y la calle Trigo en el municipio de Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, tienen sus viviendas en las cercanías de la carretera nacional A-4.
Desde hace más de una década, cerca de un millar de estos ciudadanos están sufriendo molestias muy importantes como consecuencia del ruido que genera el tráfico en esta vía de alta ocupación.
Las pantallas acústicas instaladas en torno a la A-4 a su paso por Valdemoro son muy escasas, padecen un deterioro significativo y no protegen a la gran mayoría de los vecinos afectados por el ruido de los vehículos.
Se hace necesaria, por tanto, una actuación decidida y urgente del Ministerio de Fomento para instalar las protecciones acústicas precisas, a fin de evitar los inconvenientes para la salud y el bienestar de las familias de este entorno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer de manera urgente la instalación de las pantallas acústicas precisas para proteger de las inconveniencias del ruido excesivo que el tráfico de la carretera nacional A-4 ocasiona
sobre la salud y el bienestar de los vecinos del municipio de Valdemoro, en la Comunidad de Madrid.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2014.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002468
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre los plazos de finalización de las obras de la 'Y vasca' ferroviaria y con otras actuaciones para la conexión en AVE con la red de los corredores europeos del Atlántico y Mediterráneo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, entendiendo que la comparecencia a la que se alude en su punto 4 se celebraría, en su
caso, por el cauce reglamentario pertinente, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición lo de Ley en relación con los plazos de finalización de las obras de la 'Y vasca' ferroviaria y con otras actuaciones para la conexión en AVE con la red de los corredores europeos del Atlántico y Mediterráneo, para su debate en
la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Por encima de los intentos de ETA de impedir que el proyecto saliera adelante y más allá del rechazo que ahora suscita en la Diputación Foral de Gipuzkoa y en la Alcaldía del Ayuntamiento de San Sebastián, los compromisos establecidos en su
día entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno Vasco fijaban para el año 2016 el final de las obras de la nueva red ferroviaria 'Y vasca'. Pero no se van a cumplir.
Las razones van desde la pura incidencia de la crisis económico-financiera, la no priorización por el Ministerio de Fomento de las obras de la plataforma en AVE para el proyecto 'Y vasca' al consignar partidas presupuestarias reducidas y
posiblemente no utilizadas en su totalidad, hasta el parón en la redacción de proyectos pendientes y las modificaciones técnicas anunciadas para las diferentes conexiones de la 'Y vasca' con la red general vía Burgos y Pamplona.
La consecuencia es que se ha instalado la incertidumbre y la preocupación en la sociedad vasca al conocer el grave retraso hasta 2022 de la puesta en marcha de un proyecto estratégico como el AVE, en términos de competitividad del territorio
en el ámbito económico, conexión en red de las capitales de Euskadi y mejora sustancial de las comunicaciones ferroviarias en el conjunto del eje Madrid-Irún-Paris y Vitoria-Pamplona-Barcelona.
En los últimos dos años ha sido manifiesta la falta de transparencia de la Ministra de Fomento, señora Ana Pastor, y de los responsables de ADIF, por su no comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, a pesar de los múltiples
requerimientos, para informar de la situación, aclarar los incumplimientos de compromisos y dar cuenta de cuáles son las prioridades en inversión ferroviaria AVE que contempla el Gobierno en relación con un PITVI que ni ha podido ser debatido en
Comisión.
Sin embargo, la ciudadanía se ha podido enterar lo mismo que los Diputados, por medio de filtraciones interesadas a los medios de comunicación, de las intenciones reales del organismo ADIF, dependiente del Ministerio de Fomento, y de los
retrasos y modificaciones del proyecto.
Según se ha podido conocer por lo publicado sobre un informe del Gestor de las Infraestructuras Ferroviarias, se plantean actuaciones contrarias a los compromisos asumidos en su día por el Ministerio respecto a la fecha de puesta en marcha
de la 'Y vasca' y a su no priorización como parte del Corredor Europeo del Atlántico. Se nos anuncia la no conexión entre Vitoria y Burgos en plataforma de alta velocidad y su sustitución por la incorporación de un tercer raíl en la vía
convencional para fecha desconocida así como la solución provisional de un tercer raíl -y sin plazos de ejecución- entre la 'Y vasca' y el Corredor del Mediterráneo por Pamplona.
Al día de hoy y al comprobar que en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 vuelven a destinar una partida de 190 millones de euros (310 millones en 2011) para los tramos de obra que corresponde ejecutar al Gobierno en la 'Y vasca',
todo parece indicar que con ese ritmo inversor el AVE llegaría a las capitales vascas no antes del año 2022, permaneciendo sin conexiones en plataforma AVE con otras ciudades hasta fecha desconocida. Porque las últimas declaraciones de la Ministra
evidencian una falta de compromiso para acelerar las obras de modo que permitan la llegada del tren AVE a las capitales vascas en 2018, un objetivo razonable. Y como dato objetivo, sabemos que el Gobierno del Presidente Rajoy no ha efectuado
ninguna licitación de obra en los veintisiete meses que lleva de gestión.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Adopte las medidas presupuestarias y de gestión necesarias para dar finalización a las obras de plataforma de la 'Y vasca' en el ramal Vitoria-Bilbao, que son de su competencia de ejecución directa, en el año 2016.
2. Acuerde con carácter urgente licitar las obras del nudo ferroviario de Bergara-Mondragón-Elorrio o bien resuelva ampliar la encomienda de gestión en favor del Gobierno Vasco para que sea este quien licite, adjudique y ejecute dicho nudo
ferroviario.
3. Apruebe el calendario de actuaciones de las obras de superestructuras en todo el trazado de la ''Y vasca'', así como las correspondientes a los accesos a las ciudades de San Sebastián, Bilbao, Vitoria e Irún y las obras de adecuación o
reforma de sus respectivas estaciones para culminar todas ellas en 2018.
4. Se produzca la comparecencia de la Ministra de Fomento, de forma urgente, en la Comisión de Fomento del Congreso para informar de la situación real de ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a la ''Y vasca'' en los PGE de
2013 y 2014, de los compromisos de su Ministerio sobre los tres puntos anteriores y de las soluciones técnicas y plazos concretos para la ejecución de las obras de conexión de la 'Y vasca' con las ciudades de Burgos y Pamplona.
5. Establezca una fecha de compromiso para la definitiva puesta en servicio del sistema ferroviario de AVE en el País Vasco con llegada a sus tres capitales y a la ciudad fronteriza de Irún.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
los peajes de la AP-9 y a la necesidad de aprobar un Plan global de mejora de la N-550.
A pesar de la caída de tráfico vial que está experimentando la Autopista del Atlántico en Galicia, la AP-9, desde hace tres años, se ha decidido aumentar en un 1,85% las tarifas de peajes de todas las autopistas dependientes del Estado a
partir del 1 de enero de 2014.
Aunque se trata de un porcentaje inferior al aplicado a inicio del presente año 2013, sorprende que después de los incrementos aplicados durante el 2012 y 2013, al que se le sumó el aumento del IVA, tengamos que iniciar el 2014 con más
incrementos de costes en las autopistas.
Con la brutal crisis económica como escenario de fondo, las autopistas, y en concreto la AP-9, han perdido un importante volumen de tráfico puesto que los conductores no pueden asumir más costes. En el caso de Galicia, es la N-550 la que ha
aumentado el volumen de tráfico como alternativa a los peajes.
Cada vez menos gallegos y gallegas pueden pagar los 15,05 euros que cuesta el trayecto por la AP-9 entre A Coruña y Vigo, y que con la nueva subida se situará en 15,30 euros aproximadamente. Del mismo modo sucede con otros trayectos de la
AP-9 como el que va de Pontevedra a Vigo, de A Coruña a Ferrol o de Santiago a A Coruña. El trayecto completo de la AP-9, de Ferrol a Tui, costará más de 20 euros.
En general, los peajes se incrementaron cada año por encima del IPC, exceptuando el año 2010 cuando el Gobierno acordó una congelación de estas tarifas. Estas subidas le han aportado grandes beneficios a las concesionarias. AUDASA recaudó
en la AP-9 gracias a los peajes más de 1.434 millones de euros entre 2003 y 2013.
A estas alturas, la AP-9 está más que amortizada. En este sentido, el BNG lleva años demandando a Fomento que se recupere la titularidad pública de esta autopista y se convierta en un vial libre de peajes.
Durante los primeros diez meses de este año, el tráfico en la autopista del Atlántico alcanzó los 20.888 usuarios de media al día cuando en el 2008 recorrían esta vía 27.211 personas. Solo se ha registrado una ligera mejoría del tráfico en
los meses de verano, en la temporada vacacional.
Por otro lado, la AP-9 sigue sin contar con un programa de descuentos similar al aplicado por otras autopistas del Estado. Esta autopista es de las pocas que no cuenta con descuentos a pesar de resultar enormemente cara. El Ministerio de
Fomento sólo negoció con la concesionaria, Audasa, descuentos en el precio de los peajes en relación al tramo entre Pontevedra y Vigo.
La limitación de los descuentos a los 30 kilómetros del tramo Pontevedra-Vigo es verdaderamente insuficiente. Los gallegos y las gallegas necesitan descuentos que comprendan diversas situaciones como personas desempleadas, pensionistas,
profesionales del transporte, viajeros frecuentes o personas con discapacidades.
Con unos datos de paro alarmantes, el aumento del precio de los combustibles y el incremento de los precios de los peajes, es muy difícil que los gallegos y gallegas puedan circular por esta vía de alta capacidad. El Gobierno debería
revisar sus políticas de precios que van directas al bolsillo de los consumidores.
Además, la única alternativa a la AP-9, libre de peajes, es la N-550, que desde el inicio de la crisis económica ha ido aumentando de manera significativa el volumen de tráfico. Una consecuencia directa de los elevados costes de los peajes
de la AP-9 que, en las circunstancias actuales de altos niveles de desempleo y reducción de salarios, no pueden ser asumidos por los conductores y conductoras.
La N-550 presenta un gran deterioro en muchos de sus tramos, con numerosos baches y grietas que se han agrandado por el impacto de los últimos temporales que han azotado a Galicia. El mal estado de este vial lo convierte en un peligro para
la seguridad vial. El BNG lleva años demandando un plan de mejora y rehabilitación de la N-550 a fin de posibilitar una conducción segura y una alternativa gratuita a la autopista.
Recientemente, la Ministra de Fomento anunció una partida de algo más de 200.000 euros para mejorar la N-550, pero solo entre A Coruña y Santiago de Compostela. La N-550 comienza en A Coruña y se extiende hasta la frontera con Portugal, en
Tui. Desde el BNG consideramos necesario que Fomento realice un análisis del estado de esta carretera a lo largo de todo su trayecto a fin de mejorar su estado en todas aquellas zonas que presentan un gran deterioro, no solo entre A Coruña y
Santiago.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Anular la decisión de aumentar los peajes de las autopistas del Estado español a partir de enero de 2014.
- Estudiar la recuperación de la titularidad pública de la AP-9, suficientemente explotada durante estos años, a fin de que se convierta en una vía pública y gratuita.
- Demandar a la concesionaria de la autopista gallega AP-9 (AUDASA) un programa de descuentos para los usuarios de esta vía similar al existente en otras autopistas del Estado.
- Aprobar un plan de mejora y rehabilitación de la N-550 que incluya todos los tramos en mal estado que constituyen un peligro para la seguridad vial de los conductores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a estudiar las posibilidades
de implantación de ancho internacional (VIC) en el Corredor Mediterráneo entre Tarragona y Castellón, que permitan compatibilizar los tráficos ferroviarios de ancho ibérico con los de ancho estándar, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La existencia de un ancho de vía diferente en la red ferroviaria de la península ibérica ha supuesto históricamente un obstáculo al desarrollo de los tráficos internacionales de mercancías por ferrocarril entre España y el resto de Europa.
Para cambiar esta situación se ha apostado por la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo, un proyecto de gran envergadura que se ha definido como clave para el futuro económico y social del litoral Mediterráneo y de toda
España.
Prueba del interés del proyecto y de su encaje dentro de la política europea del ferrocarril es su inclusión en la Red Básica de Redes Transeuropeas de Transporte y su carácter prioritario en el Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda
2012-2024 (PITVI), actualmente en tramitación.
En una primera fase se ha implantado ancho estándar desde el Puerto de Barcelona hasta la frontera francesa. La prolongación del ancho estándar a Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Cartagena modificará drásticamente el
escenario del transporte ferroviario de mercancías en España permitirá la comunicación con el norte de Europa sin necesidad de cambiar de vagón.
Ante una inversión pública en infraestructuras de esta magnitud, reclamada y directamente orientada al aumento de la competitividad del sector industrial español, es necesario que los centros de producción que se beneficiarán de esta ella
adquieran un compromiso de transición al nuevo escenario en un plazo razonable. Pero también hay que ser conscientes de que la necesaria adaptación de sus instalaciones al nuevo ancho, así como del material móvil de las empresas ferroviarias, es
una actuación que supone una inversión que se irá materializando poco a poco. Asimismo, en tanto se culmina el proceso de cambio de ancho de la red española, aún existen itinerarios entre los centros de producción en los que coexisten tramos de
ambos anchos.
En cualquier caso, la planificación de las actuaciones deberá tender a conseguir las mejores condiciones de adaptación a la nueva realidad o a soluciones alternativas de todos los actores intervinientes, en cuanto a infraestructuras,
material móvil, circulaciones y sistemas integrados de transporte se refiere, tanto en las líneas de la red principal como en los accesos a los puertos y todos los centros de producción.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar las posibilidades de implantación de ancho internacional en el Corredor Mediterráneo entre Tarragona y Castellón que permitan compatibilizar los tráficos ferroviarios de ancho
ibérico con los de ancho internacional (VIC).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la ejecución de la
autovía A-15 entre Medinaceli y Soria, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Gobierno está realizando un importante esfuerzo presupuestario para que aquellos territorios de España, como la provincia de Soria, con un déficit de inversiones heredado de anteriores ejercicios, dispongan de una adecuada dotación de
infraestructuras.
El Gobierno es muy consciente de que Soria es todavía hoy la única capital de provincia española que no está conectada a la red de autovías o autopistas.
Por este motivo, en lo que va de legislatura se ha dado un importante impulso a la ejecución de la autovía A-15 entre Soria y Medinaceli, cuya finalización pondrá término a esta situación, y permitirá por fin la comunicación directa por
autovía entre Madrid y Soria.
En este sentido, en diciembre de 2013 se puso en servicio el tramo de la autovía A-15 entre Saquillo del Campo y Almazán, de 16 kilómetros de longitud, y que ha supuesto realizar un inversión en las obras de 50,9 millones de euros.
Con ello solo restan únicamente por completar las obras del tramo entre Medinaceli y Radona, de 13 kilómetros, en las que se está trabajando actualmente a buen ritmo, alcanzando un grado de ejecución entorno al 50%. Hay que recordar que al
comienzo de esta legislatura el grado de ejecución de este tramo era del 14%. Se ha previsto la partida necesaria en los Presupuestos Generales del Estado en 2014 para continuar con la ejecución del contrato de obras correspondientes con el
objetivo de ponerlas en servicio lo antes posible.
Por lo tanto, desde el Gobierno se está impulsando esta infraestructura para circular íntegramente por autovía desde Soria a Medinaceli, donde los sorianos conectarán con la autovía A-2 de Madrid a Zaragoza. Con la puesta en servicio de
este tramo se pondrá fin a una actuación que se inició allá en el año 2000, cuando comenzó la redacción del estudio informativo, durante la segunda legislatura de un Gobierno del Partido Popular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando la ejecución de la autovía A-15 entre Medinaceli y Soria, de forma que la conexión por autovía entre Soria y Madrid sea una realidad a la mayor brevedad posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la ejecución del
tramo Benavente-Zamora perteneciente a la autovía Ruta de la Plata A-66, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La autovía Ruta de la Plata A-66 es el principal eje que vertebra el oeste de la Península Ibérica de norte a sur, discurriendo entre Gijón y Sevilla, con una longitud de más de 800 kilómetros.
Actualmente, el tramo entre Benavente y Zamora es el único de la Ruta de la Plata que no tiene características de autovía o autopista. El Ministerio de Fomento ha abordado la construcción de este tramo de 49 kilómetros con el objetivo de
completar este eje viario fundamental para la vertebración del oeste español con una infraestructura moderna y de gran capacidad.
En este sentido en diciembre de 2012 se procedió a la suscripción del contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo por el Ministerio de Fomento y el Consorcio de empresas adjudicatario del tramo.
Este contrato concesional incluye la construcción de la autovía y su posterior conservación y explotación por parte de la concesionaria durante un periodo de 30 años a partir de la formalización del contrato.
Como contrapartida, el Ministerio de Fomento procederá al abono de un canon mensual en función del cumplimiento de indicadores de calidad de la infraestructura y del servicio prestado por la concesionaria. El Ministerio llevará a cabo
mediciones de contraste de estos indicadores, en su labor de inspección y control del contrato. La inversión en la construcción de las obras asciende a 179 millones de euros.
La puesta en servicio de este nuevo tramo de autovía supondrá una conducción más cómoda, rápida y segura que el tránsito actual por la carretera N-630. A los vecinos de localidades como Barcial del Barco, Villaveza del Agua, Santovenia,
Granja de Moreruela, Riego del Camino, Fontanillas de Castro y Montamarta les evitará soportar el paso de hasta 8.000 vehículos que de media circulan diariamente por las travesías de estas poblaciones.
De este modo, las actuaciones de construcción y posterior conservación y explotación de la infraestructura, tendrán los siguientes efectos: en primer lugar, incidirán en la creación de empleo, así como en la utilización de una
infraestructura que permitirá un ahorro en términos de tiempo por desplazamiento, con el consiguiente beneficio económico para los distintos usuarios de la misma. En segundo lugar, supondrán un incremento notable de la seguridad vial en general, y
en particular, la seguridad vial urbana con la erradicación de las travesías de la actual N-630 por siete poblaciones. Y en último lugar, mejorarán la capacidad, el trazado y la seguridad de las infraestructuras actuales.
En definitiva, el desarrollo de la Autovía de la Plata tendrá un beneficio social neto derivado de la descongestión de las actuales comunicaciones viarias de la zona, así como de la calidad del servicio prestado mediante una gestión sujeta a
unos estándares de calidad definidos por la Administración, con unos altos niveles de seguridad para los usuarios.
Una vez firmado el contrato concesional, se procedió a la redacción de los proyectos de los tres subtramos (Castrogonzalo-Santovenia; Santovenia-Fontanillas y Fontanillas-Zamora) en los que se ha dividido el contrato, que fueron aprobados
por la Dirección General de Carreteras a finales de junio de 2013.
Las obras dieron comienzo el pasado mes de julio de 2013, presentando un buen ritmo de ejecución hasta la fecha. En este sentido en la actualidad se está ejecutando la reposición de los servicios afectados, movimientos de tierra y las obras
de drenaje. También se ha iniciado la construcción de estructuras, fundamentalmente las cimentaciones, estribos y pilas de pasos superiores, viaductos y pasos inferiores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando la ejecución del tramo Benavente-Zamora perteneciente a la autovía Ruta de la Plata A-66, único pendiente para el cierre de esta infraestructura vertebradora del oeste
peninsular, de forma que pueda ser una realidad y ponerse en servicio a la mayor brevedad posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Deporte
161/002458
A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la intención del Gobierno de establecer la licencia única
deportiva, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Con fecha 1 de enero se ha dado entrada en el Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.
Dentro de las medidas que propone y que afectan a diversos ámbitos de la actividad pública, y en particular en lo que se refiere al ámbito deportivo, se articula la implantación de lo que se ha dado en llamar la licencia deportiva única, que
habilitará a su titular, para participar en cualquier competición oficial, cualquiera que sea su ámbito territorial.
Para su justificación y en la exposición de motivos de la norma, se afirma que esta medida contribuirá a la extensión del principio de unidad de mercado al ámbito del deporte no profesional, ya que permitirá eliminar duplicidades y reducir
los trámites necesarios para la práctica administrativa, y reportará otras ventajas directamente derivadas de la eliminación de las cargas administrativas: se simplificarán las actuaciones en la tramitación de licencias de deportistas, jueces,
árbitros y clubes; mejorará la movilidad de los deportistas para poder participar en competiciones de comunidades autónomas diferentes a las de su residencia; y se abaratarán los costes asociados a la obtención de la licencia.
Sin embargo, no consta ninguna referencia al título competencial habilitante con el que cuenta el Estado para la implementación de dicha medida.
Y es que carece del mismo, en tanto que el deporte es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, tal como se establece en la Constitución, y en el caso de Euskadi, en el artículo 10.36 del Estatuto de Gernika, lo que constituye sin
ningún género de dudas causa de inconstitucionalidad.
Además modifica una ley ordinaria, la ley Estatal del Deporte del ochenta, colisionando de facto frontalmente con lo previsto en el artículo 27 de la Ley Vasca del Deporte del noventa y ocho, de plena vigencia y por tanto de obligado
cumplimiento para las federaciones autonómicas.
Por otra parte contraviene el derecho fundamental de asociación, en la medida en que las federaciones Deportivas no son entidades de derecho público, sino entidades o asociaciones privadas -tal y como ha reconocido el propio Tribunal
Constitucional- que únicamente cuentan con la peculiaridad de dar cumplimiento a funciones públicas delegadas.
De esta forma se cercena también, el carácter voluntario intrínseco a la libertad de asociación y en su consecuencia a la obtención de una licencia federativa que sin duda asiste a los deportistas, al establecer la obligación 'legal' de
federarse, quieran o no, en el ámbito estatal.
En el plano práctico, cabe señalar que un Gobierno no debe alentar o generar conflictos, y esta propuesta genera un conflicto dónde no existía en la medida de ésta no es una cuestión demandada por el colectivo de federaciones.
De hecho plantean una fuerte resistencia a su puesta en marcha, puesto que convierte a las federaciones autonómicas en meras gestoras y recaudadoras para las estatales.
Además y lo que es más grave. A través de la articulación de la Licencia única federativa, se esconde la voluntad oculta del Gobierno del Estado de compensar la importante reducción en un 40% de las subvenciones que recibían las
Federaciones estatales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a costa del bolsillo de los deportistas con licencia federativa autonómica.
Es sencillo apreciar, que salvo en contadas modalidades deportivas, son muchos más que los deportistas que cuentan con licencia federativa autonómica que estatal, con lo que la implantación de la licencia federativa única, el Gobierno del
Estado pretende compensar el decremento de las subvenciones públicas estatales a las federaciones estatales con nuevos ingresos procedentes de los ya esquilmados bolsillos de los ciudadanos.
En definitiva, desde un punto de vista jurídico la medida es netamente anticonstitucional, implica una nueva regresión del modelo autonómico y constituye una nueva carga para las economías de los ciudadanos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Respetar escrupulosamente las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas en materia deportiva sin intromisión y vulneración de las mismas tanto en el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa presentado recientemente por el gobierno en lo referido a las licencias deportivas como en futuras iniciativas legislativas.
2. Promover una mayor optimización de los recursos y entramado deportivo-institucional estatal sin imputar al deportista-ciudadano nuevas cargas económicas que no le corresponden, sin menos cabo de las competencias que ostentan las
Federaciones Autonómicas y Territoriales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/002480
A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte
Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de un
procedimiento que defina el sistema de selección y formación del profesorado español, para su debate ante esta Comisión.
Exposición de motivos
El proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) suponía un paso importante para revisar nuestro sistema escolar.
Entendemos que conceptualmente el sistema escolar es la base del desarrollo económico y social de un país y parece clara la necesidad de cambios en el diseño del mismo, con el objetivo de combinarlo con los avances y tendencias de la
economía y de la sociedad.
En FORO, tal como describía nuestro compromiso electoral, y pusimos de manifiesto en todo el procedimiento de tramitación, consideramos que era preciso ir a un modelo de educación que se base en la certeza de que el eje de la educación es el
individuo, como poseedor de derechos fundamentales y donde la liberalización del sistema escolar y el centro educativo sea el fundamento de una España moderna y renovada.
Creemos que el principio de diversidad y no la uniformidad debía ser la base de la deseada igualdad. Pero esa diversidad no está reñida con la necesaria unitariedad y mensurable homogeneidad propia de un solo sistema escolar.
Y para eso era preciso incidir en los cambios estructurales pero también en cómo se enseña, qué se enseña y quién enseña. No debería tratarse solo de parchear un viejo proyecto.
El objetivo último sería que la escuela española orientase su funcionamiento hacia la conformación de una nueva sociedad, fundamentada en una mayor equidad y justicia social desde una igualdad de oportunidades.
Como el propio preámbulo de la ley describe, hoy son muchos los países que están en procesos de revisión en sus sistemas escolares: Suecia, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, y fuera de Europa, Brasil,
Canadá, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur también están inmersos en procesos de revisión de sus sistemas escolares. No somos una isla de innovación en el complejo mundo de la educación.
Nuestro sistema escolar no puede, en la situación actual, caminar hacia una mejora de la calidad escolar, tal y como evidencian los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación internacionales, las altas tasas de abandono temprano y el
reducido número de alumnos que adquieren la excelencia.
Nuestra educación tiene signos evidentes de estancamiento y debe ser revisada, más allá de encasillamientos estériles que imposibiliten mecanismos estables de mejora y de homogeneidad en el sistema.
Pero la Ley aprobada por esta Cámara hace un par de meses está ampliamente cuestionada por todas las fuerzas políticas a través de enmiendas a la totalidad o parciales (las menos) y se solicita su inaplicación y desarrollo.
Hemos entrado en un periodo de una inmadura insumisión educativa que Foro no comparte, porque no nos podemos permitir ese lujo en esta sociedad.
1. El sistema escolar debe ser necesariamente reformado y eso parece objetivamente incuestionable.
2. LA LOMCE presenta pocas novedades, más allá de las pruebas nacionales, y no ha entrado en cuestiones trascendentales de carácter reformista que afectan a la organización de la escuela, del aula y fundamentalmente todos los aspectos que
afectan a uno de los dos grandes actores del acto escolar: los profesores.
Por eso estimamos que era el momento de impulsar la política de diseño de los perfiles profesionales del profesor español, que defina las actuaciones educativas de los próximos años.
La política de profesorado debe ocupar un lugar prioritario de cualquier reforma educativa profunda, en la que se contemplen además sistemas organizativos curriculares, modelos de pruebas, sistemas de promoción...
La LOMCE, en nuestra opinión, va tímidamente en esa dirección pero por sí misma puede llegar a ser estéril si no es complementada con nuevas leyes reformistas que no contempla.
Es necesario establecer a través de una política de pacto con las organizaciones sindicales y políticas, así como con los Gobiernos de las comunidades autónomas, un sistema que contemple medidas de reconocimiento, apoyo y valoración de las
profesión y las tareas docentes.
Las políticas de profesorado centran actualmente las agendas nacionales, por ser imprescindible recibir una docencia de calidad. Ésta se entiende que es aquella que proporcione y sea sensible al conocimiento de los idiomas, a las cuestiones
culturales y de género, promuevan la tolerancia y la cohesión social, impulsen actuaciones hacia la equidad, respondan con eficacia a los alumnos más desaventajados o excelentes, usen las nuevas tecnologías y estén actualizados en sus respectivas
áreas de conocimientos y conozcan nuevas técnicas de evaluación, hoy en constante evolución.
Los próximos años recibiremos un profesorado más joven que es necesario seleccionar y reclutar, buscando a los mejores y para eso es preciso ofertar una profesión atractiva, que trasmita a la sociedad que ellos serán el impulso de una nueva
escuela.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que impulse con la mayor urgencia posible la definición de un modelo de función pública docente, donde se integren las competencias de las Administraciones educativas y el carácter nacional de los cuerpos docentes de profesores.
2. En el imprescindible marco de colaboración con las comunidades autónomas, la Universidad y las organizaciones profesionales y sindicales, se definan los procedimientos de capacitación, selección y formación de los profesores españoles.
3. Se regulen las condiciones profesionales de la profesión de profesor, contemplando las características propias de esta profesión, en términos de código deontológico, promoción, movilidad, desarrollo personal, jornada laboral,
retribuciones, licencias por estudios, régimen de incompatibilidades y cualquier otra que se estime como idónea en esta definición de perfiles profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2014.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre el cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La Central Nuclear de Santa María de Garoña se encuentra actualmente en situación de cese definitivo de la actividad o de predesmantelamiento desde el 7 de julio de 2013, una vez expiró su autorización de explotación.
Sin embargo, dicha central no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares que estableció la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales para la sostenibilidad energética, Centrales Nucleares del Norte, S. A. (Nucleor) decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideraba 'inasumible'. En
definitiva, no quería hacerse cargo del coste de la gestión de sus propios residuos debido a que la nueva legislación sobre fiscalidad medioambiental le obligaba a ello y entraba en vigor en enero de 2013.
Por otro lado, tras el accidente nuclear de Fukushima se han aumentado las exigencias europeas de seguridad en la Unión Europea, lo que implicaría una inversión adicional estimada en otros 150 millones de euros para la operatividad de la
central.
Sin embargo, según diversas informaciones aparecidas en medios de comunicación, el Gobierno última la aprobación de un Real Decreto para permitir a la Central Nuclear de Santa María de Garoña volver a producir energía eléctrica. El
Secretario de Estado de Energía ha manifestado que en la actualidad el Real Decreto se encuentra en el Consejo de Estado para su informe preceptivo.
En todo caso, la decisión de reapertura de la explotación corresponde a Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear, que está participada al 50 % por lberdrola Generación y al 50% por Endesa Generación.
Dicha central ha cumplido un ciclo de vida útil (cuarenta años) y ya está amortizada. En el momento actual, de caída de la demanda y exceso de capacidad instalada, no tiene mucha lógica su reapertura desde el punto de vista de la garantía
del suministro y de los posibles riesgos para la seguridad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias, incluida la revocación de la Orden IET/1453/2012, de 29 de junio, para impedir la reapertura de la Central Nuclear de Santa María de Garoña que ha cumplido un ciclo de vida útil y supone riesgos para la
seguridad.
2. Ratificar como fecha de cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña el día 6 de julio de 2013 que en su momento adoptó el Gobierno en la Orden ITC/1785/2009, de 3 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2014.-Ramón Jáuregui Atondo, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el
Presidente del Gobierno contra la Ley 1/2013, de 15 de abril, de Cantabria, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de
gas no convencional, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
En junio de 2011, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo publicó un informe cuestionando el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas, lo que motivó que diversos
Estados de la Unión Europea llevaran a cabo una moratoria. En España, la Comunidad Autónoma de Cantabria promulgó la Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la
técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.
En el Boletín Oficial del Estado n.° 40, de 15 de febrero, se ha publicado la Providencia de 11 de febrero del Tribunal Constitucional por la que el Pleno de dicho Tribunal acuerda admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número
498/2014, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de
investigación y extracción de gas no convencional. Esto significa que el Gobierno central utiliza todas sus armas para evitar que las Comunidades Autónomas legislen sobre esta materia y puedan establecer límites o prohibiciones respecto al
fracking. Con ello, se quiere asegurar vía libre para poder dar permisos en todo el territorio del Estado, con el consiguiente perjuicio medioambiental.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para:
Retirar el recurso de inconstitucionalidad 498/2014, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.
Promover una legislación que prohíba la utilización de esta técnica extractiva en todo el territorio español, suspendiendo y paralizando los permisos que se han otorgado hasta el momento.'
Palacio del Congreso de los Diputados,19 de febrero de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-Chesús Yuste Cabello y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre las plantas de tratamiento de purines, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En España operan 29 plantas de tratamiento de purines de cerdo distribuidas por toda la geografía nacional: Castilla-León (11 plantas), Cataluña (6 plantas), Aragón (4 plantas), Murcia (3 plantas), Castilla La Mancha (2 plantas), Galicia (1
planta), Andalucía (1 planta ) y Navarra (1 planta).
El valor ambiental de estas plantas es significativo, puesto que dan una salida, ambientalmente correcta, a millones de toneladas de purines que no encontrarían otro destino si las plantas se cierran. Este cierre abocaría a su desaparición
a miles de explotaciones porcinas.
Las plantas han sido promovidas, durante los últimos años, por asociaciones de ganaderos de porcino de distintas provincias españolas, asumiendo un compromiso medioambiental, dando salida correcta a los residuos que producen sus
explotaciones, y comprometiéndose con una producción de calidad.
España es el segundo país productor de carne de porcino en la Unión Europea (26 millones de animales). Este sector se ha constituido actualmente en el más dinámico de la economía española, con una gran capacidad de generación de empleo
directo e indirecto (transporte, fabricación de piensos, industria cárnica, etc.).
Es un sector industrial, que en los últimos años ha destacado por el incremento de sus exportaciones, con una cifra de negocio de 19.000 millones de euros y una generación cientos de miles de puestos de trabajo.
Actualmente el sector de generación de energía a partir de los purines de explotaciones porcinas vive un momento de gran incertidumbre por las amenazas que penden sobre él, derivadas de las modificaciones de tarifas que pretende impulsar el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que han provocado que la Asociación de Empresas de Desimpacto Ambiental (ADAPT) hayan planteado el cierre de todas las plantas de tratamiento de purines, si el Gobierno del Partido Popular se empeña en
recortar drásticamente los parámetros de cálculo de la retribución de estas plantas. Los daños ambientales y económicos que se ocasionarían con el cierre de estas plantas pueden ser irreparables.
Es inexplicable que el Gobierno actual, sin negociación ni análisis de impacto, haya triturado el acuerdo suscrito entre el sector y el Gobierno anterior, en el año 2007, que garantizaba la supervivencia de todas estas instalaciones por un
mínimo de quince años.
Es imprescindible que los Ministros de Industria, Energía y Turismo y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aseguren el mantenimiento de unas medidas tarifarias que den continuidad a este sector, vital para el mantenimiento de las
explotaciones porcinas y para dar salida correcta a los purines que producen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asegurar el mantenimiento de las plantas de tratamiento de purines.
2. Mantener la vigencia del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Industria y la Asociación de empresas de desimpacto ambiental en el año 2007 y que tiene una vigencia prevista de quince años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2014.-Alejandro Alonso Núñez, Teresa Cunillera Mestres y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas de apoyo a la
financiación e internacionalización de la industria de transformación de pescado, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca pretende alcanzar los objetivos de la Política Pesquera Común reformada y de la Política Marítima Integrada. Contempla entre los
objetivos de aplicación financiera para el periodo 2014-2020 el impulso de un desarrollo territorial equilibrado e integrado de las zonas pesqueras.
Un elemento dinamizador y generador de actividad económica de las zonas dependientes de la pesca son las industrias de transformación de los productos de la pesca, las tradicionales fábricas de conserva, que como sucede con diferentes zonas
repartidas por el litoral español, tienen una influencia directísima en la vida de sus poblaciones. En estas zonas han sabido darle valor añadido a la pesca con las fábricas de conservas que se han desarrollado como consecuencia de las especies que
pescan sus flotas que de una forma artesanal han sabido mantener su producción.
Al igual que el actual Fondo Europeo de Pesca, el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca contempla para la pequeña y mediana empresa entre las distintas medidas financiables, la transformación de los productos de la pesca y la acuicultura,
en particular, las inversiones en actividades de transformación que contribuyan a ahorrar energía o reducir el impacto en el medio ambiente, incluido el tratamiento de residuos, la transformación de especies de escaso o nulo interés comercial, la
transformación de subproductos obtenidos de las actividades principales de la transformación, etc.; todas de necesaria aplicación si queremos tener una industria moderna y competitiva.
La potenciación del sector transformador de los productos de la pesca debe venir igualmente por un apoyo al comercio exterior. El comercio exterior está siendo la principal fuente de crecimiento para la economía española desde el comienzo
de la crisis, y las empresas españolas han demostrado una extraordinaria capacidad para re-orientarse a la demanda externa y superar así la caída de la demanda nacional. La mejora de la competitividad de la economía española está dando un impulso
adicional al sector exterior, y los poderes públicos deben acompañar los esfuerzos de las empresas españolas en el exterior. Es importante seguir apoyando a nuestras empresas, en particular a las pymes para hacerlas más competitivas, y crear un
modelo económico orientado a las actividades de mayor valor añadido.
De entre estas industrias conserveras, en España podemos señalar varias: por ejemplo la de la anchoa, un producto gourmet ligado ineludiblemente a algunas poblaciones cántabras y a la mejor gastronomía, o la del atún en conserva de
fabricación gallega, vasca, o andaluza que tiene reconocido renombre internacional por su amplia gama de productos de calidad.
Por ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que la programación del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca incorpore para las pymes una medida específica destinada a financiar la modernización y mejora de la competitividad de la industria de transformación de la pesca.
2. Que para determinar el alcance financiero comunitario de la medida de apoyo a la industria de transformación se mantenga reuniones por parte de la autoridad de gestión del Fondo con el sector y las Comunidades Autónomas con implantación
industrial de transformación.
3. Dentro del plan de internacionalización del sector alimentación, tenga en especial consideración a las pymes del sector conservero, un sector muy importante para España, en la que participan Comunidades Autónomas como Galicia, Cataluña,
Cantabria, Andalucía y País Vasco.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no Ley
sobre la reducción del índice del rendimiento neto del IRPF del cultivo del níspero en la comarca de la Marina Baixa de la provincia de Alicante, para un debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El cultivo del níspero en la Comarca de la Marina Baixa, y más concretamente en el Valle del Algar-Guadalest, supone el 50 % de la producción nacional. Los efectivos productivos se estiman en más de 700 hectáreas de cultivo, y más de 1.200
productores. Este cultivo tiene una notoria importancia social, económica y medioambiental.
El precio medio de las liquidaciones al productor ha ido bajando de forma considerable en los últimos años. Así, las liquidaciones al socio de la Cooperativa agrícola de Callosa d'En Sarria ha pasado de 1,23 /Kg en 2008. a 0,77 /Kg en
2011, 0,78 /Kg en 2012, y 0,88 /Kg en 2013.
En la campaña del 2013, después de un invierno más cálido, seco y con mucho más viento de normal, se esperaba una buena cosecha, pero el jueves día 28 de febrero se produjo una tormenta de pedrisco por la principal zona de producción de
'Nísperos Callosa d'En Sarrià' afectando a la totalidad de los términos municipales de Callosa d'En Sarriá, Bolulla, Polop, Altea, La Nucia y Alfaz del Pi. No se recordaba una tormenta de pedrisco en una zona tan amplia, marcando prácticamente, a
la totalidad de los nísperos, a pesar de que el tamaño medio sería de unos 2 cm de diámetro, y como en esas fechas ya había terminado el costoso aclareo manual, todos los frutos que estaban muy marcados, o el agricultor los tiraba al suelo, o
cosechaba sólo destríos.
Pero no acabaron ahí los desastres climatológicos, puesto que los fuertes vientos de la segunda quincena de abril, cuando iba a arrancar la cosecha que quedaba, magullaron y estropearon a los más adelantados, se quedó en anecdótico,
comparado con la segunda tormenta de piedra que el martes día 30 de abril y con mayor virulencia que la anterior, volvió a afectar a toda la zona productiva, con un efecto devastador.
El sábado día 18 de mayo, y por tercera vez, hubo otra tormenta de piedra, pero a estas alturas de la campaña, poco níspero bueno quedaba ya para estropear.
Con todo ello, la disminución de fruta de calidad se refleja en la cantidad de fruta amparada por la D.O. 'Nísperos Callosa d'En Sarrià', que ha sido la menor de su historia, con una producción de 7847 toneladas, frente a las 8.610
toneladas de 2012, las 10.098 toneladas de 2008, o las 17.600 toneladas de 2004.
La Cooperativa agrícola de Callosa d'En Sarrià ya ha cursado la oportuna petición a la Generalitat valenciana sobre la reducción para el níspero de la Marina Baixa, sobre el período impositivo 2012, de los
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas afectadas por circunstancias excepcionales.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a incluir el cultivo del níspero de la Comarca Marina Baixa de la Comunitat Valenciana en la Orden de 2014, por la que se establecerán las reducciones para el período impositivo 2013
de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas afectadas por circunstancias excepcionales, de tal manera que se aplique un índice
de rendimiento neto no superior al 0,07.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Herick Manuel Campos Arteseros, Joaquín Francisco Puig Ferrer y José Luis Ábalos Meco, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
jamón serrano español, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El 'Jamón Serrano' es un producto típico de la gastronomía española, que con este nombre se viene elaborando en distintas zonas del territorio español.
Se trata de un producto de prestigio de la gastronomía española con gran presencia en el consumo interior y que cada vez va alcanzando mayores cotas en mercados de exportación.
Por los empresarios dedicados a la producción de 'Jamón Serrano' agrupados en la 'Fundación Jamón Serrano Español', en ANICE (Asociación Nacional de Industrias de la Carne) y CONFECARNE se viene planteando la necesidad de reforzar la
protección del nombre de 'Jamón Serrano', asegurando que este apelativo solo ampare a la producción de máxima calidad y la elaboración del producto en territorio español. Esto se conseguiría a través de la figura de Indicación Geográfica Protegida.
Este adecuado nivel de protección y su correspondiente aval de la Reglamentación Europea supondría que el 'Jamón Serrano' vería ampliada la protección que le otorga ahora la ETG ya que las IGP tienen derechos de propiedad intelectual (que no
tienen las ETG), permitiendo así que los acuerdos bilaterales de la UE con países terceros incluyan la protección de esas denominaciones.
Por otra parte, se garantizaría que el producto se elaborara exclusivamente en la zona de producción tradicional, es decir, en el territorio español exclusivamente. Esta es una diferencia muy importante entre la protección que otorga una
IGP frente a la que proporcionan las ETG, ya que éstas no limitan la zona de elaboración, con lo que pueden actualmente elaborarse jamón serrano fuera de España, lo que es una amenaza real para nuestra industria.
Dentro de las posibilidades que ofrece la Normativa Europea para proteger los alimentos de calidad diferenciada (Reglamentos 510/2006 y 509/2006) existen diversas figuras de protección. Está la protección para productos cuya producción esté
ligada a un territorio determinado para lo que está indicada la utilización de la figura de la Denominación de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas. También la Reglamentación Europea establece otras figuras de protección para alimentos
con características específicas derivadas solo de su composición y/o de su modo de elaboración tradicional, son las denominadas Especialidades Tradicionales Garantizadas, ETG. Y es esta figura la que se ha utilizado hasta ahora.
Las Indicaciones Geográficas Protegidas han de ser reconocidas por las autoridades del Estado miembro, en este caso el Gobierno español y posteriormente sometidas a análisis y aprobación, en su caso, por parte de la Comisión Europea.
Lógicamente hay que elaborar un pliego de condiciones donde
se especifiquen las características del producto, sus presentaciones, la zona de producción, los elementos que prueban que el producto es originario de la zona, los requisitos de materia prima, los procesos de elaboración, etc. A partir de
este reconocimiento, sólo los elaboradores españoles que se sometan a un estricto cumplimiento del pliego de condiciones podrán utilizar para comercio interior y exterior el término 'Jamón Serrano'.
En el ámbito de la Unión Europea (más de 400 millones de ciudadanos) y destino principal de las exportaciones, es creciente el interés de los consumidores por los productos que incorporan distintivos de calidad oficial y garantizada y es por
esto por lo que proponemos esta iniciativa de reconocimiento.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al reconocimiento-concesión de la Indicación Geográfica Protegida para el 'Jamón Serrano' y a su tramitación a la Unión Europea para su ratificación e inscripción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una Proposición no de Ley para impulsar la rápida rehabilitación del Passeig Marítim del Molinet, en L'Estartit (Girona).
Antecedentes
En noviembre de 2001, hace trece años, el paseo marítimo del Molinet, en L'Estartit (Girona) se cerró al uso público de peatones y vehículos por estar bajo peligro de desprendimientos. Dicho paseo se encuentra justo debajo del Molinet, una
de las estribaciones del Massís del Montgrí. Las características geológicas del macizo hacen que se produzcan episodios de deslizamientos de rocas. En este sector del Molinet i el Cap de la Barra, el macizo calcáreo está muy fracturado con lo que
se generan desprendimientos de bloques que caen directamente sobre el paseo marítimo.
En octubre de 1994, se registraron unas precipitaciones de 600 mm que generaron un importante derrumbe que terminó provocando el derribo de un hotel y de dos viviendas y cuyos efectos a día de hoy aún son presentes.
En 1995 se construyeron grandes muros de hormigón para consolidar la parte del macizo ocupado por viviendas. La otra parte del macizo afectada por el deslizamiento de 1994, situada más al norte y sin construir, ha debido esperar hasta
finales de 2013 para empezar las obras de consolidación. Precisamente es en esta zona donde se encuentra el tramo del paseo marítimo que, en noviembre de 2001, se cerró tanto al paso de los peatones como al tráfico rodado por el peligro de
desprendimientos.
Este paseo marítimo también se ha visto afectado por los envites del mar. En diciembre de 2008 un fuerte temporal provocó un derrumbe parcial del muro de contención del paseo, hecho que puso de manifiesto la necesidad de su rehabilitación.
El antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino elaboró el Proyecto para la rehabilitación del Passeig Marítim del Molinet en el año 2010 con un coste de 2,7 millones de euros. En el mismo proyecto se argumenta que no se
puede empezar a rehabilitar el paseo hasta que no se haya estabilizado el tramo del Cap de la Barra correspondiente a la zona del paseo que está cerrado al uso público.
El pasado mes de diciembre se iniciaron las obras de consolidación, cuya finalización está prevista en Semana Santa de este año. Estas obras son financiadas por el Ajuntament de Torroella de Montgrí y con fondos FEDER. Por tanto,
realizadas estas obras se podrían iniciar las correspondientes a la rehabilitación del paseo marítimo.
A parte de los beneficios inherentes que puede disfrutar cualquier vecino o turista con la rehabilitación de un paseo marítimo, en el caso del Passeig Marítim del Molinet hay que destacar que recuperará uno de los mejores miradores naturales
de las Illes Medes y los espectaculares acantilados de la costa del Montgrí.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a empezar las obras de rehabilitación del Passeig del Molinet en el ejercicio 2014 para terminarlas en un periodo máximo de diez meses tal y como se recoge en el Proyecto para la rehabilitación
del Passeig Marítim del Molinet.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Sanidad Servicios Sociales
161/002456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la
elaboración de un plan estratégico de dotación de personal para los servicios sanitarios de Ceuta dependientes del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Desde que en diciembre de 2011 se produjo un cambio en el Gobierno de España tras los resultados de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, los servicios sanitarios gestionados por el Ministerio de Sanidad en Ceuta y Melilla a
través del Ingesa han sufrido amplios recortes que han perjudicado la calidad asistencial de una manera relevante. Han sido numerosas las quejas de usuarios y sindicatos en ese sentido.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Ceuta, los sindicatos con representación en el ámbito sanitario vienen manifestando sus quejas por el deterioro asistencial y denunciando reiteradamente el recorte de personal y la falta de información del
Ingesa sobre las plantillas orgánicas.
Uno de los aspectos más deplorables de la gestión de Ingesa en Ceuta, se refiere al oscurantismo en los procedimientos y en la toma de decisiones que condiciona que la calidad asistencial que reciben los ciudadanos de Ceuta no se corresponda
con el derecho que corresponde a esta ciudad autónoma.
Esta situación ha llegado hasta el punto de que el conjunto de organizaciones sindicales ha convocado a toda la ciudadanía ceutí a protagonizar una auténtica marea blanca a partir del viernes 21 de febrero, como último recurso, para que la
presión social obligue al Gobierno de Rajoy a comenzar a gestionar la sanidad pública en Ceuta de un modo distinto al que lo ha venido haciendo en los dos últimos años.
Se ha conocido que los representantes de la plantilla han puesto de manifiesto la falta de técnicos de laboratorios, lo que provoca que las pruebas urgentes pedidas por los médicos no se obtengan en el mismo día, como es lo normal. De igual
forma, se han formulado denuncias de largas esperas para obtener cita.
Es evidente que los ciudadanos españoles tienen los mismos derechos en relación a la asistencia sanitaria pública. En el caso de ciudades como la Ciudad Autónoma de Ceuta, es imprescindible si cabe un mayor celo de las autoridades
sanitarias del Ministerio de Sanidad para asegurar la igualdad en la atención sanitaria por razones obvias.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un informe, en el plazo de tres meses, sobre la evolución desde 2011 a la actualidad de la plantilla de profesionales en los servicios sanitarios de la ciudad de Ceuta dependientes del Ingesa, para determinar las necesidades de
personal que aseguren la adecuada calidad asistencial que requieren los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta en condiciones de igualdad con el resto del territorio nacional.
2. A dar cuenta de la situación actual y de las previsiones de futuro de la plantilla de profesionales en los centros sanitarios dependientes del Ingesa, a las organizaciones sindicales con representación en dicho organismo, para negociar y
establecer conjuntamente un 'Plan Estratégico de dotación de personal para los servicios sanitarios de Ceuta' derivado de las necesidades evidenciadas en dicho informe.
3. Implantar de manera inmediata dicho 'Plan Estratégico de dotación de personal para los servicios sanitarios de Ceuta' durante el presente año de 2014 y primer semestre de 2015.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2014.-José Martínez Olmos y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la normativa paraguas
para la privatización silenciosa de la sanidad, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Recientemente la Ministra de Sanidad, Ana Mato, ha anunciado una normativa paraguas para dar cobertura a las distintas experiencias de las Unidades de Gestión Clínicas (UGC), clínicas de las Comunidades Autónomas.
Las últimas propuestas realizadas por el Ministerio de Sanidad se están proponiendo en nuestro sistema (integrado) para fragmentarlo, mediante la transformación de servicios en microempresas con autonomía plena (con posibilidad de apropiarse
de los beneficios), dotando a los centros y unidades de personalidad jurídica propia.
Estas propuestas tienen los dos objetivos, por un lado continuar avanzando en la privatización aplicándola a la microgestión para sortear la paralización judicial y los problemas económicos de la financiación y gestión privada (PFI,
Concesiones, etc.) como consecuencia de las movilización profesional y social, y por el otro romper la unidad profesional.
La apuesta es establecer Unidades de Gestión Clínica y se basa en:
- La descentralización administrativa y funcional de los servicios sanitarios.
- Agrupar recursos y personal de diferentes especialidades, disciplinas y niveles asistenciales.
- Darles plena autonomía para organizarse y gestionar al personal y sus presupuestos, parte de los mismos (mercado interno).
- Dotarlas de personalidad jurídica propia: Consorcios, fundaciones y otras fórmulas de gestión privada.
- Participación del sector privado: Recursos, personal e inversiones.
En este contexto se ha introducido de manera casi clandestina, en la Ley 10/2013 de regulación de fármaco-vigilancia, la disposición adicional 5.ª que establece:
1) Que el personal de las UGC estará regulado por el régimen laboral de las empresas privadas, a la vez que en los acuerdo con el Foro de la Profesión (minoritario y poco representativo).
2) Promover un marco jurídico específico y un modelo retributivo voluntario vinculado a la Gestión Clínica. Y todo esto en un contexto con la voluntad de acabar con el personal estatutario y/o funcionario en la Sanidad Pública para
laboralizar al personal.
Las consecuencias serán muy negativas.
1. Desregulación y privatización del sistema sanitario.
2. Las decisiones clínicas de los profesionales sanitarios se someterán a las políticas empresariales.
3. Pérdida y deterioro de los derechos de los trabajadores sanitarios.
4. Desaparición del modelo actual de Atención Primaria.
5. Aumento del gasto sanitario innecesario.
6. Pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios para la ciudadanía.
Como guinda para el pastel el Ministerio de Sanidad ha encargado la implantación de las mismas en Ceuta y Melilla.
La gestión clínica como concepto, es decir, como un mecanismo para asegurar una mejor utilización de los recursos disponibles de acuerdo con evidencia científica, para favorecer la autonomía de gestión, mejorar la eficiencia del sistema
sanitario y favorecer una mejora de la calidad de la atención sanitaria sería una idea positiva.
Sin embargo:
1) La gestión clínica no precisa de cambios organizativos en el sistema sanitario.
2) No es de recibo que se contemple autonomía de gestión sin garantizar la participación social y profesional.
3) Sobre todo, rechazamos el que las unidades de gestión clínica tengan personalidad jurídica propia y más aún la posibilidad de la presencia de capital e intereses privados en las mismas, y entendemos que se trata de medidas sólo
encaminadas hacia una privatización soterrada de la Sanidad Pública.
4) Igualmente entendemos que no existe ninguna justificación para que se produzcan cambios en el régimen estatutario de los trabajadores sanitarios, a que la laboralización que se propone es otra puerta abierta a la privatización del
servicio sanitario.
5) Antes de avanzar habría que realizar una evaluación detallada de la situación del sistema sanitario (a nivel global y en cada comunidad autónoma) y evaluar de manera detallada los resultados de los experimentos y transformaciones
realizados, tanto de las privatizaciones (concesiones, PFI, EBAs, etc.) como de las UGC ya en funcionamiento.
6) No es posible realizar transformaciones en profundidad si primero no se acaba con los recortes indiscriminados.
7) La mejora de la eficiencia y la calidad de la Sanidad Pública está en conseguir potenciar la adherencia y el compromiso de sus trabajadores con el objetivo central del sistema sanitario, la salud de la población y la retirada de las
Unidades de Gestión Clínica.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A paralizar la normativa paraguas de las Unidades de Gestión Clínica, derogando la disposición adicional 5.ª de la Ley 10/2013.
2. A evitar cualquier método indirecto de privatización del SNS a través de las UGC, dotándoles de personalidad jurídica, régimen laboral y modelo retributivo propios.
3. A excluir alianzas público-privadas de las Unidad de Gestión Clínica con otras unidades, centros sanitarios privados, laboratorios o industrias de tecnología sanitaria.
4. A evaluar los distintos modelos de UGC en funcionamiento, garantizando su carácter público y la participación en su diseño de los profesionales, las CCAA y el Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada y deroga la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción voluntaria de embarazo.
Esta medida se ha adoptado sin evaluación previa alguna de los avances y insuficiencias de la ley vigente, sin recabar la opinión de las organizaciones de mujeres y de las sociedades científicas relacionadas con la materia.
La propuesta del Gobierno significa un retroceso de décadas, niega el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y maternidad, y establece un sistema de indicaciones restrictivo plagado de trámites y obstáculos a la realización de
una interrupción voluntaria del embarazo con garantía sanitaria y jurídica para la mujer, lo cual nos aleja del entorno político europeo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A retirar el Anteproyecto de Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.
2. A mantener la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo
3. A realizar una evaluación en salud de los distintos aspectos de la misma al objeto de mejorar la accesibilidad universalidad y carácter público de la prestación y gratuito de la prestación impacto en salud .'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
garantizar que los criterios de participación en las prestaciones de los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sean respetuosos con los principios de universalidad y equidad, para su debate en la Comisión de Sanidad
y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En diciembre de 2006, después de meses de trabajo de las fuerzas políticas parlamentarias, con la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo, se aprobaba la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta Ley reconoce el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho
universal para toda la población y con garantía pública.
Sus principios inspiradores son, entre otros: el carácter público de las prestaciones; la universalidad en el acceso en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación; la personalización de la atención; la promoción de la autonomía
personal; la permanencia, siempre que sea posible, en el entorno; la calidad, sostenibilidad y
accesibilidad de los servicios; la participación del tercer sector; la cooperación interadministrativa; la perspectiva de género.
La Ley crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que contaba con un calendario de implantación que debía desplegarse de forma gradual hasta 2015, de forma que fueran atendidas en primer lugar las situaciones más
graves y, posteriormente, el resto.
Como instrumento de cooperación para la articulación del Sistema se crea el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con presencia de cada una de la Comunidades Autónomas.
El artículo 33 de la Ley establece que el Consejo Territorial del SAAD habrá de fijar los criterios mínimos de participación de las personas beneficiarias en las prestaciones, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica
personal.
La Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia, en su punto tercero aprueba los criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Los nuevos criterios, que todavía no se han publicado mediante Real Decreto, suponen un importante incremento del copago para los usuarios del Sistema, a lo que hay que añadir que la citada Resolución, en su apartado 6.5, establece que las
Comunidades Autónomas o administración competente, podrán establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas. Por sí esto fuera poco, su apartado 7.5 establece de forma general una
reserva del 19% del IPREM para gastos personales, añadiendo, sin embargo, la coletilla de que las Comunidades Autónomas podrán establecer cuantías más pequeñas.
Los citados apartados no respetan el artículo 8.d) de la Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que atribuye al Consejo Territorial la función de adoptar los criterios de
participación del beneficiario en el coste del servicio, función que va dirigida a garantizar el objeto de la Ley, que es asegurar la existencia de un mínimo contenido común del derecho en todo el territorio nacional. Sí las Comunidades pueden
establecer otros regímenes de participación, el Consejo no estaría cumpliendo con esa función.
Algunas Comunidades Autónomas han utilizado el acuerdo para endurecer sustancialmente el copago, lo que determina que el contenido económico del derecho de una persona en la misma situación varía enormemente dependiendo de en qué Comunidad
Autónoma resida el beneficiario.
Esto supone una vulneración del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, así como del principio de igualdad, ya que no existe un contenido mínimo común del derecho, además de cuestionar claramente el
carácter universal que la Ley establecía como uno de los principios inspiradores del Sistema.
Lo anteriormente descrito se enmarca en el proceso de desmantelamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que ha tenido lugar desde la llegada al Gobierno del Partido Popular, con medidas como la paralización del
calendario, la supresión del nivel acordado de financiación del Sistema, la disminución de la intensidad de las prestaciones, la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, entre otras.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, de manera urgente, que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia adopte un acuerdo con unos nuevos criterios de
participación del beneficiario en el coste de los servicios del Sistema coherentes con el objeto de la Ley, que es asegurar la existencia de un mínimo contenido común del derecho en todo el territorio nacional, y con sus principios inspiradores:
carácter público de las prestaciones, universalidad, equidad y accesibilidad.
Estos criterios deberán preservar el derecho a un nivel suficiente de cobertura, independientemente del lugar en el que residan los beneficiarios.
El acuerdo deberá establecer que las Comunidades Autónomas en ningún caso podrán fijar condiciones de copago más restrictivas para los beneficiarios del Sistema que las reguladas en el mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2014.-Rosa Aguilar Rivero, Joaquín Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/002457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
declarar el Pazo de Goiáns en el Ayuntamiento de Boiro, A Coruña (Galicia), Bien de Interés Cultural, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La arquitectura gallega de la edad media en Galicia está caracterizada por la construcción de diversos pazos o palacios y casonas en todo el territorio gallego que constituyen una importantísima herencia histórica y cultural de la comunidad
autónoma.
Entre estos tesoros arquitectónicos se cuenta el pazo de Goiáns en el municipio de Boiro, A Coruña. Goiáns es un típico pazo marinero construido a partir de una fortaleza militar, probablemente del siglo XIII, que conserva una torre
rectangular coronada por un mirador abalaustrado.
El amplio complejo que conforma el pazo incluye abundantes edificios y construcciones tanto complementarias como decorativas entre las que destacan pórticos, surtidores, capilla, caballerizas y bodegas. Se encuadra en una finca con una
extensión aproximada de 14 hectáreas de un importante valor botánico, biológico y ecológico, que finaliza en la ribera del río Coroño.
El pazo fue adquirido por el Ayuntamiento de Boiro con apoyo del Gobierno con objeto de crear un centro cultural, un jardín botánico y un museo para cuyo desarrollo se presentó un avance de programa museológico basado en la revalorización y
exhibición del patrimonio y la cultura marinera y etnográfica de la zona. En la previsión inicial se consideró de especial relevancia de instalar una exposición permanente sobre la temática tratada, la adecuación de salas destinadas a exposiciones
y de un espacio polivalente para la recepción de visitantes y la realización de diversas actividades relacionadas con la cultura y el patrimonio.
La situación actual de Pazo de Goiáns es de un deterioro alarmante tanto en lo referente al estado de las edificaciones como en relación con la conservación de la finca y las especies que alberga.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar el Pazo de Goiáns en el Ayuntamiento de Boiro, A Coruña, Bien de Interés Cultural, y proceder, en colaboración con las Administraciones implicadas, a la rehabilitación y conservación
del mismo, con objeto de revalorizar el patrimonio histórico y cultural que constituye este elemento arquitectónico e incidir positivamente en las actividades turísticas y económicas de la zona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Paloma Rodríguez Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/002475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas preventivas contra las conductas sexistas y el ciberacoso, como forma de violencia de género entre la juventud.
Exposición de motivos
El rapidísimo desarrollo de las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), como Internet, su uso generalizado y la aparición de las llamadas redes sociales, han provocado grandes cambios y avances en nuestra sociedad, una
sociedad que ya denominamos de la 'información y el conocimiento' y ha revolucionado la forma de relacionarnos socialmente al permitir hacerlo desde un cierto anonimato. Sin embargo, a causa de la extrema velocidad a la que se suceden las nuevas
aportaciones tecnológicas, la abrumadora cantidad de datos a la que tenemos acceso y la aparente distancia entre el usuario y el ciberespacio, el uso de las nuevas tecnologías, en ocasiones, lleva también a nuevas situaciones de riesgo o delictivas
de las que a veces se es menos consciente, por no producirse en la 'vida real', y de las cuales, una vez enmarañados en ellas, resulta muy complicado salir.
Lo que es aplicable a cualquier ciudadano lo es mucho más en el caso de la generación 'nativa digital', jóvenes de entre catorce y diecinueve años que desarrollan en las redes sociales buena parte de sus contactos sociales y que, sin ser
muchas veces conscientes de ello, han hecho de plataformas como Facebook, Twietter o Tuenti, un peligroso escaparate en el que exponen su vida sin tener en consideración las posibles consecuencias que ello les pueda tener en el futuro.
En este contexto, las redes sociales, a veces, se han convertido en el caldo de cultivo de una nueva forma de violencia de género que aprovecha las redes de funcionamiento del mundo digital, con nuevas estructuras y formas de expresión
diferentes. Se trata de nuevas formas de violencia para un tema antiguo: la violencia ejercida por un hombre sobre una mujer, y el mismo significado, acoso y persecución, para un nuevo término, el ciberacoso. Este nuevo término resulta de la
combinación de las palabras inglesas Cyber y Stalking, y podría traducirse al castellano como 'ciberacecho' o 'ciber-persecución', aunque la opción más común sea 'ciberacoso'. Este tipo de actividad consiste en el acoso, el acecho o la vigilancia
continuada de una persona a través de las herramientas digitales, no sólo internet y las redes sociales, sino también mediante dispositivos móviles o aplicaciones como Whatsapp. El Ciberacoso puede incluir vigilancia, robo de identidad, amenazas,
insultos, robo de material informático y uso no autorizado de éste, difamaciones, envío de mensajes vejatorios etc. e incluiría finalmente también el sexting, o envío a terceros de imágenes o vídeos de carácter sexual, con la finalidad de
ridiculizar, presionar o chantajear a la víctima.
Y el ciberacoso es solo la punta más lacerante de un iceberg que oculta comportamientos sexistas y machistas entre los jóvenes que parecían haber sido desterrados de nuestra sociedad, una sociedad que quiere llamarse civilizada e
igualitaria. Así, datos como los que se desprenden del estudio realizado por la Universidad Complutense sobre una muestra de 8.000 adolescentes entre los catorce y los diecinueve años, resultan extremadamente preocupantes. De este estudio se
derivan conclusiones que van desde el aparentemente inofensivo 'los hombres no deben llorar', afirmación compartida por un 21% de los adolescentes, hasta que el 28,8 % de las jóvenes afirme haber sido controlada hasta el mínimo detalle por su
pareja, pasando por el 23,2% que han sido ridiculizadas o insultadas a menudo o muchas veces, el 9,2% de las adolescente que ha recibido reiteradamente mensajes por el móvil o internet pretendiendo ofender y asustar, o el inquietante 12,8% de los
jóvenes que no considera maltrato amenazar o recibir amenazas en caso de que la pareja quiera romper la relación.
A la gravedad de estos datos se suma la coyuntura de que los adolescentes no perciban el peligro de estos comportamientos abusivos e incluso acaben normalizándolos. Además, ocurre a menudo que las jóvenes no identifiquen estas nuevas formas
de violencia de género hasta que llegan a un punto de extrema gravedad, al minimizarse la percepción del riesgo.
En este contexto, la labor pedagógica debe ser fundamental a la hora de educar a los niños en el uso de las nuevas tecnologías, ya que su utilización de manera inconsciente conlleva un gran número de riesgos al permitirse en muchas
ocasiones, por parte de las víctimas, actitudes que pueden acabar convirtiéndose en un arma contra ellas. Tal y como se desprende del estudio de la Universidad Complutense de Madrid, uno de cada cuatro adolescentes no considera arriesgado responder
a un mensaje de alguien que no conoce, ni ve peligro en responder a un mensaje insultante, o el 16% de los jóvenes no cree que haya riesgo en colgar en la Red una fotografía suya de carácter sexual, lo cual indica de la magnitud de estos riesgos.
Según el Convenio de Estambul, 'por ''violencia contra las mujeres'' se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que
implican o pueden implicar para las mujeres darlos o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o
privada', por lo que entendemos que el ciberacoso entraría claramente en la definición arriba citada y no cabe duda de que se trata de una nueva forma de violencia de género o de violencia contra las mujeres; y precisamente por ello, por lo
novedoso no tanto de la práctica como de los medios a través de los que se desarrolla, es fundamental que se tomen las medidas necesarias para frenarla.
Desde Convergència i Unió estamos convencidos de que las nuevas tecnologías son una herramienta indispensable en la vida cotidiana, académica y laboral de jóvenes y adultos, un espacio de libertad, de intercambio de opiniones, una ventana a
un mundo globalizado que nos permite un ilimitado acceso a la información, a la cultura y al ocio; sin embargo creemos también que, dada la grandísima importancia que Internet y las redes sociales han alcanzado en la vida de los jóvenes, es
necesario establecer medidas que contribuyan a evitar que Internet y las redes sociales lleguen a convertirse en armas contra el propio joven o en una plataforma para la propagación de comportamientos sexistas o violentos contra las mujeres.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar las políticas contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica y, en particular, a tomar medidas específicas contra el aumento de las conductas sexistas y el
ciberacoso en Internet, entre las cuales se encuentre:
- Incluir la situación de las adolescentes como víctimas directas en todas las regulaciones de los textos legales sobre violencia machista, de acuerdo con el apartado f del artículo 3 del Convenio de Estambul según el cual el término 'mujer'
incluiría a las niñas menores de dieciocho años.
- Dotar a las Comunidades Autónomas de los fondos necesarios para la financiación de campañas informativas que realizan, sobre los riesgos que entraña el uso de las nuevas tecnologías de comunicación y de las redes sociales, tanto para
jóvenes como para adultos, así como campañas para la erradicación de comportamientos sexistas y machistas entre los adolescentes.
- Promover cursos de formación de profesores sobre el uso y riesgos de las redes sociales y dotar de fondos a las CCAA que ya los estén impartiendo.
- Incluir el acoso a través de las TIC como delito específico de la violencia de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2014.-Josep Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la promoción de medidas en el
sector residencial y en equipamientos y espacios públicos y su inclusión en la Hoja de Ruta para reducir emisiones de carbono, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
La Unión Europea ha asumido, dentro del paquete energía-cambio climático, el llamado compromiso 20/20/20 en 2020, que establece objetivos vinculantes para España. El cumplimiento de estos objetivos a través de la creación y el fomento de
actividades económicas bajas en emisiones de carbono es prioritario, a la vez que la defensa de los intereses de España, tanto en el seno de la UE como en los distintos foros internacionales, como hacen el resto de Estados.
La Comisión Europea propuso recientemente la iniciativa emblemática de la estrategia Europa 2020 'Una Europa que utilice eficazmente los recursos' y en ese marco presenta ahora una serie de planes políticos a largo plazo en ámbitos tales
como el transporte, la energía y el cambio climático. La Comunicación de la Comisión sobre la Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050, establece los elementos clave que deberían estructurar la acción climática para que la
Unión Europea pueda prepararse para reducir sus emisiones internas un 80 % de aquí a 2050 respecto a 1990 y convertirse en una economía competitiva.
Los denominados sectores difusos: transporte, residuos, agricultura, vivienda residencial, institucional y la industria no amparada por la Directiva, en definitiva los sectores no sujetos al régimen europeo de comercio de derechos de
emisión, son los que ofrecen más posibilidades de actuar directamente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante políticas y medidas de carácter nacional.
La Hoja de Ruta de la Comisión Europea prevé una reducción de emisiones en el sector residencial y servicios del -37 a -53 % en 2030 y del -88 a -91 % en 2050. El gasto en calefacción y refrigeración representa el 43 % del consumo final de
energía en Europa. La Hoja de Ruta de la Energía 2050, tambien de la Comisión, reconoce que la descarbonización requerirá una gran cantidad de biomasa para la producción de calor, electricidad y transporte.
España viene realizando durante los últimos años importantes esfuerzos encaminados a la consecución de los objetivos anteriormente mencionados, pero debe potenciar, aun más, algunas sectores estratégicos abastecidos con recursos endógenos.
El Gobierno ha informado de la elaboración de la Hoja de Ruta de Difusos 2020, para identificar medidas de reducción de emisiones, para la determinación de la senda de cumplimiento que vendrá marcada por la Comisión Europea, para la
elaboración de las proyecciones nacionales a 2020, y para la identificación de las medidas sectoriales necesarias para cubrir la brecha entre nuestras proyecciones y el objetivo a 2020.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y la financiación comunitaria programada en el periodo 2014-20 para los Fondos Estructurales y de Inversión, a incluir en la Hoja de Ruta
que elabore en colaboración con Comunidades Autónomas y otras administraciones, objetivos específicos para minimizar las emisiones de los sectores difusos, residencial y en equipamientos y espacios públicos, incluyendo medidas para:
1. Promover el uso de soluciones, tecnologías, sistemas y procesos en el sector residencial y en los edificios de las Administraciones Públicas que supongan una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Impulsar el ahorro y la eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de viviendas en línea con las medidas contempladas en el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
3. Promover la sustitución de luminarias públicas y el alumbrado de edificios por elementos más eficientes y ahorradores.
4. Fomentar los espacios públicos urbanos sumideros de carbono y la optimizar la gestión eficiente de los residuos vegetales que generan.
5. Potenciar la información, sensibilización y la educación ciudadana en materia de cambio climático y sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética en el hogar y durante nuestra actividad cotidiana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
181/001686
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión Constitucional.
Diputado don Ramón Jáuregui Atondo.
Texto:
¿Qué causas explican la renuncia del Director del Comité Técnico para la elaboración del II Plan de Derechos Humanos? ¿Cómo va afectar esta renuncia a los trabajos de elaboración del II Plan de Derechos Humanos por parte del Gobierno?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento al compromiso, adquirido ante el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 14 de febrero de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2014.-Ramón Jáuregui Atondo, Diputado.
Comisión de Justicia
181/001674
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Sabe el Gobierno la postura del Cuerpo de Registradores respecto a su futura Ilevanza de los Registros Civilles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001675
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Es firme la postura del Gobierno respecto a que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles se vayan a hacer cargo de los Registros Civiles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001676
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Cómo pretende el Gobierno mantener los Registros Civiles como un servicio público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001677
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
Cuando el Gobierno decidió encomendar a las y los Registradores la tramitación y resolución de los expedientes de nacionalidad, ¿implantó un nuevo programa informático?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001678
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿A qué empresa encargó el Gobierno el programa informático para que las y los Registradores tramitaran y resolvieran los expedientes de nacionalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001679
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Puede el Gobierno explicitar los datos del concurso público por el que se adjudicó a una empresa el programa informático para que las y los Registradores tramitaran y resolvieran los expedientes de nacionalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001680
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿A cuánto ascendió la cantidad pagada a la empresa adjudicataria del programa informático para que las y los Registradores tramitaran y resolvieran los expedientes de nacionalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Fomento
181/001681
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputado don Luis Tudanca Fernández.
Texto:
¿Tiene intención el Ministerio de Fomento de que la línea de alta velocidad llegue hasta la estación Rosa de Lima de Burgos para que puedan circular hasta ella los trenes AVE y Avant o pretende ejecutar el cambiador de ancho de vía al
comienzo de la variante de Burgos situado a unos 15 kilómetros de la estación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001669
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno la reasignación de los Fondos del Programa Leader Galicia 2008-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001670
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputada doña Leire Iglesias Santiago.
Texto:
¿Qué medidas tiene previstas el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para asegurar el mantenimiento del cultivo del tabaco en Extremadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2014.-Leire Iglesias Santiago, Diputada.
181/001671
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
Teniendo en cuenta que el sector del vacuno de leche y de carne recibía hasta ahora los pagos directos por derechos de producción y que la nueva PAC prioriza estas ayudas en función de la superficie, ¿cómo afectará esto a las explotaciones
gallegas, que tienen extensiones reducidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001672
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Cómo afectará la Política Agraria Común (PAC) al sector vacuno gallego?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001673
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
Texto:
¿Cómo afectará la Política Agraria Común (PAC) al sector lácteo gallego?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001682
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputado don Alejandro Alonso Núñez.
Texto:
En relación al nuevo modelo de aplicación de las ayudas de la Política Agraria Europea (PAC) para el periodo 2015-2020, ¿cómo se va a aplicar la ayuda a los jóvenes agricultores, restringiéndolo a las incorporaciones vía desarrollo rural o
para los jóvenes que inicien la actividad? ¿Es consciente el Ministerio del nivel de especulación que se puede originar si no se controla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2014.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
181/001683
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputado don Alejandro Alonso Núñez.
Texto:
En relación al nuevo modelo de aplicación de las ayudas de la Política Agraria Europea (PAC) para el periodo 2015-2020, ¿qué razones justifican el cambio del año de referencia 2013 frente al 2011 que era el que inicialmente se ha
considerado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2014.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
181/001684
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputado don Alejandro Alonso Núñez.
Texto:
En relación con la entrada en vigor de la norma que obliga a partir del 1 de marzo a la utilización de aceiteras irrellenables en la hostelería: ¿avala el Ministerio de Agricultura la interpretación que hacen algunas Asociaciones de
Hostelería en el sentido de considerar que si el aceite de oliva al que se le añade ajo, guindillas, romero, tomillo o cualquier otro condimento, no se estaría vulnerando la normativa española que obliga al uso de envases irrellenables y se podrían
seguir utilizando las aceiteras tradicionales rellenables, siempre que el aceite de oliva esté preparado mediante la adición de condimentos? ¿No sería de aplicación la norma en aceites con adición de condimentos ya que no se consideraría un aceite,
sino un aderezo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2014.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
181/001685
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputado don Alejandro Alonso Núñez.
Texto:
En relación al nuevo modelo de aplicación de las ayudas de la Política Agraria Europea (PAC) para el periodo 2015-2020, ¿cómo se van a repartir entre los agricultores y ganaderos de los diferentes sectores las ayudas acopladas? ¿Habrá
progresividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2014.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000257
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1763/2004, promovido por el Parlamento de Cataluña contra el artículo 3.1, párrafo segundo, en lo referente a la expresión 'fomento del empleo' en relación al
apartado 2 del mismo artículo; el artículo 3.3, párrafo segundo; el
artículo 13 e), apartados 1 y 2 y la disposición adicional cuarta, todos ellos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, así como voto particular formulado a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés
Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos y don Enrique López López, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1763-2004, interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra el artículo 3.1, párrafo segundo, en lo referente a la expresión 'fomento del empleo' en relación al apartado 2 del mismo artículo; el
artículo 3.3, párrafo segundo; el artículo 13 e), apartados 1 y 2, y la disposición adicional cuarta, todos ellos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Ha intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el
Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra determinados preceptos de la Ley 56/2003, de Empleo.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 13 de febrero de 2014.