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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 412, de 28/02/2014
cve: BOCG-10-D-412
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de febrero de 2014
Núm. 412
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000048 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para reducir la desigualdad e incrementar la cohesión social, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
... (Página2)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la rebaja del IVA de los servicios básicos .... (Página4)
162/000885 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa... (Página6)
162/000886 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones para asegurar la competitividad de la red ferroviaria andaluza en el marco comunitario 2014-2020 ... (Página7)
162/000887 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre reclamación a la República Bolivariana de Venezuela del respeto a los principios universales de la Democracia, del Estado de Derecho
y de los Derechos Humanos ... (Página11)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000048
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para reducir la desigualdad e incrementar la cohesión social.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por
el Pleno del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el
procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para reducir la
desigualdad e incrementar la cohesión social.
Exposición de motivos
La igualdad es garantía de buen funcionamiento de una sociedad y hay numerosos estudios que lo demuestran. Entre ellos podríamos destacar, por ejemplo, el elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI 2011) constatando la correlación
positiva entre mayor igualdad en la distribución de la renta y sostenibilidad del crecimiento económico, o el de los epidemiólogos, Richard Wilkinson y Kate Pickett 'The Spirit Level', que demuestra que las sociedades con menos desigualdades son las
que disfrutan de menor conflictividad social (homicidios, población reclusa, violencia en la escuela, etc.), gozan de mejor salud (mejores resultados en indicadores como la esperanza de vida, los niveles de obesidad, la adicciones y
drogodependencias, etc.), ofrecen más oportunidades para todo el mundo (movilidad y ascenso social, igualdad de oportunidades, mejor rendimiento escolar, etc.) y, en definitiva, poseen un clima social más estable, con niveles de confianza, de
seguridad y de corresponsabilidad mucho más elevados y, en consecuencia, con mayor bienestar.
En el mismo sentido, cabe hablar de cohesión social. Podríamos decir que una sociedad está cohesionada cuando ha conseguido asegurar el bienestar de todos sus miembros, evitar la marginación de cualquier colectivo, cuando consigue que sus
ciudadanos puedan prosperar en función de sus esfuerzos y sus méritos, es decir, cuando se da una mayor redistribución de la renta y se minimizan las disparidades entre ellos.
Si bien es cierto que puede haber crecimiento económico en sociedades poco cohesionadas o con presencia de desigualdad, puesto que la mayoría de estudios realizados demuestran que el crecimiento es neutral respecto de la distribución de la
renta [Chen and Rayaron (1997); Easterly (1999) y, más recientemente, Dollar and Kraay (2002)], las últimas investigaciones apuntan a que la desigualdad puede afectar negativamente al crecimiento, suponiendo, de hecho, un claro freno al mismo si
ésta se sitúa por encima de determinados márgenes. El efecto negativo que un excesivo nivel de desigualdad puede tener sobre el desarrollo puede explicarse a través del impacto que su existencia tiene en forma de deterioro de la calidad
institucional, también a través de la generación de imperfecciones en los mercados de capitales o por la falta de incentivos que provocan las situaciones de exclusión.
Las sociedades cohesionadas, en cambio, cuentan con ciudadanos implicados, más identificados y participativos institucionalmente, y de los que se aprovecha más el talento 'natural', tienen dinámicas más eficientes en los mercados, y son
también más competitivas. Son sociedades constituidas por una amplia clase media que contribuye a la estabilidad y al crecimiento económico, que genera confianza y que legitima las instituciones.
El objetivo debería ser, pues, alcanzar niveles de igualdad y de cohesión adecuados (en estos momentos mayores), puesto que sin duda, lo contrario, el incremento de la desigualdad y la pobreza, la concentración de los recursos y de los
instrumentos y mecanismos que articulan y estructuran nuestras sociedades en manos de unos pocos, en definitiva, la desaparición de la clase media supone también como muchos análisis apuntan una amenaza importante para nuestros propios sistemas
políticos y económicos,
Es en este marco, en el que hay que situar el grave problema que conlleva que numerosos estudios e informes, algunos de organismos internacionales, alerten sobre el incremento de la desigualdad a nivel mundial y en especial en España, que
lejos de escapar a esta tendencia parece ejemplificarla.
Así, por ejemplo, en el informe presentado en el Foro Económico de Davos, celebrado recientemente, 'Global risks 2014', en cuya elaboración participan más de 700 expertos internacionales, se ha incluido por primera vez la brecha creciente
entre ricos y pobres, la disparidad de ingresos, como uno de los peligros más grandes para la economía mundial. En el mismo Foro, también la ONG Oxfam Intermón presentó el informe 'Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad
económica'. Este último incluye un anexo que se refiere específicamente al caso de España.
Y a la misma conclusión llegan, respecto al incremento de la brecha social, de la desigualdad y de la pobreza en España, expertos en distintas disciplinas sociales como, por citar a alguno, los reunidos también recientemente, por el Centro
Reina Sofía para tratar sobre Adolescencia y Juventud para la España del año 2018, en el informe 'La sombra de la crisis: La sociedad Española en el horizonte 2018' y que ofrecen en este sentido, un panorama muy poco alentador.
España es según datos objetivos e indicadores fiables (Eurostat, coeficiente de Gini, ratio 80/20, ...), uno de los estados donde las desigualdades en la distribución de la renta se han disparado en mayor medida desde que empezó la crisis en
2008, situándola como una de las sociedades menos igualitaria de la Europa occidental, y constituyendo este hecho una tendencia que no se resuelve sino que se incrementa.
Como hemos intentado argumentar, que aumente la magnitud de la desigualdad es un riesgo evidente y probado para el progreso, que se traduce en una creciente polarización de ingresos, en la disminución o desintegración de la clase media, la
desaparición del mayor garante de la democracia, de la paz social y del crecimiento económico.
Por último parece oportuno señalar el rol que las instituciones tienen en todo este entramado, tal y como lo manifiestan los autores Acemoglu, D., S. Johnson y J.A. Robinson, en su publicación, 'Institutions as a fundamental cause of
long-run growth' (2005). Las instituciones condicionan los efectos distributivos del crecimiento estableciendo el sistema impositivo, las políticas de protección y apoyo social, mejorando las oportunidades de los segmentos de población más
vulnerables, es decir, determinan los niveles de desigualdad y también son las que tienen la capacidad de limitar o eliminar el freno que ésta puede imponer sobre el crecimiento económico.
Por todo ello, y por la incidencia que las instituciones y los representantes de las mismas tienen en el objetivo de minimizar la desigualdad, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone la creación en el seno de la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales de una Subcomisión para analizar las actuaciones a adoptar con el objetivo de reducir la desigualdad e incrementar la cohesión social en España.
Reglas de organización y funcionamiento
A) Composición.
La Comisión determinará el número de representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios en la Subcomisión.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá analizar las causas que han provocado un incremento de la desigualdad en España y de las medidas a adoptar para reducirla e incrementar la cohesión social, considerando para ello las políticas que los estados con
menores índices de desigualdad llevan a cabo.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. El mencionado estudio, una vez aprobado por la Comisión, junto con las conclusiones
finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley para la rebaja del IVA de los servicios básicos, para su debate en el
Pleno.
La pobreza energética afecta a más de 4 millones de personas en España, y tiene un impacto devastador en su vida. El Observatorio para la Sostenibilidad estima que en 2011 la pobreza energética fue responsable de entre 2.300 y 9.300 muertes
prematuras frente a 1.480 provocadas por accidentes de tráfico. Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples, generando sobremortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico.
El Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre. Vivimos en uno de los países donde los consumidores pagan la electricidad más cara. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la
factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1 % más. Entre 2007 y 2012, un 49 % más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88 %, lo que, unido a la crisis económica,
agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro. Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22 %, el
agua el 8,5 % y la bombona de butano el 23 %.
Sin embargo, a pesar de que esta situación es de emergencia, el gobierno se ha negado aportar ninguna solución al respecto. De hecho, la reforma eléctrica del Gobierno empeora la situación de las personas que menos consumen: se aumenta el
término fijo de la factura un 18 % lo que aumentará el coste del recibo para los que menos consumen; los esfuerzos de ahorro y eficiencia de las familias no servirán de nada.
En las últimas semanas también hemos conocido cifras de incremento de las desigualdades en España a raíz de un informe de Intermón Oxfam. Las 20 personas más ricas en España poseen una fortuna similar a los ingresos del 20 % de la población
más pobre, y ello hace urgente tomar medidas para reducir la desigualdad, acabar con la riqueza y la pobreza extremas y promover los mecanismos que previenen que los intereses de las élites económicas y financieras sean los que marquen la agenda
política, en detrimento de los intereses de la mayoría de la población.
Actualmente, estamos a las puertas de una nueva reforma fiscal. El Gobierno hizo el encargo a un grupo de expertos para elaborar una propuesta al gobierno. Por lo que ha transcendido hasta el momento, los objetivos que busca dicha comisión
de expertos son lograr un sistema tributario más sencillo; con mayor seguridad jurídica y evitando cambios constantes de legislación; garantizar la suficiencia de ingresos; obtener un sistema tributario que favorezca el desarrollo económico,
garantice la unidad de mercado y neutralidad fiscal; y potenciar el desarrollo social con medidas que favorezcan a colectivos como familias, discapacitados o que estimulen el ahorro. Entre estos objetivos se ignoran elementos básicos de lo que
debe ser cualquier sistema tributario: la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad.
Una de las principales herramientas para la redistribución de la riqueza es la fiscalidad. Los tributos permiten que las personas con más recursos contribuyan más y las que tienen menos recursos paguen menos. Una política fiscal justa y
progresiva pasaría por incrementar los impuestos directos en función de la renta en lugar de llevar a cabo los incrementos indiscriminados de los impuestos directos como el IVA que afectan más a aquellos que menos recursos tienen. Por eso,
proponemos una rebaja de los tipos de IVA de los servicios básicos, conscientes de que no es una solución al problema de fondo, pero que puede contribuir a reducir las barreras de acceso a estos servicios y a reducir la pobreza y las desigualdades.
Respecto a la energía, en los países de la Zona Euro, sólo Eslovenia (22 %), Portugal (23 %) y Finlandia (24 %) tiene un tipo de IVA más elevado que España. Italia (10 %), Irlanda (13,5 %), Grecia (13 %) y Reino Unido (5 %) aplican tipos
reducidos de IVA para la electricidad y el gas natural, cosa que permite el ahorro de los ciudadanos en este servicio básico. España podría aplicar tipos reducidos a la electricidad, gas natural y calefacción, también, si así lo decidiera. Ello se
deriva del artículo 102 de la directiva del IVA (Directiva 2006/112/CE), que afirma que 'Los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana, siempre que no exista
riesgo alguno de distorsión de la competencia'. Según el informe del investigador de la Universidade de Vigo Xiral López, en 2007, Italia solicitó aplicar un tipo reducido de IVA al suministro de electricidad para la explotación de instalaciones de
regadío, bombeo y evacuación de aguas, y la Comisión aceptó esta reducción (Decisión de 30 de abril de 2007) basándose en el citado artículo 102 de la Directiva del IVA.
En lo que respecta a los suministros de agua, actualmente con el tipo reducido del 10 % en España, vemos que en la Zona Euro, solo Estonia (20), Eslovaquia (20) y Finlandia (24) tienen tipos impositivos más altos que España. En este caso,
los servicios de suministro de agua se encuentran incluidos en el Anexo III de la lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que podrán estar sujetas a los tipos
reducidos del IVA a que se refiere el artículo 98 de la Directiva. Es decir, que un cambio del tipo del agua del 10 al 4 % se podría hacer con un simple cambio de redactado de la Ley del IVA.
Otro servicio básico que está encareciéndose desproporcionadamente generando pobreza y desigualdad es el transporte público, que tiene un tipo del 10 % en España. En el caso del transporte, podemos ver como en Dinamarca, Irlanda, Reino
Unido, Eslovaquia, Malta y Holanda no se paga IVA; y que en Alemania, Portugal o Chipre los tipos son más bajos. Igual que en el caso del agua, hay margen legal para bajar los tipos de inmediato al estar incluido en el Anexo IIl de la Directiva
del IVA. Sólo es una cuestión de voluntad política.
La situación de pobreza energética necesita de soluciones de manera urgente, y de un cambio de actitud por parte del Gobierno, que hasta el momento se ha negado a llevar a cabo ningún tipo de actuación. Ello contrasta especialmente con la
celeridad del ejecutivo en aprobar la modificación del IVA aplicable a las entregas de objetos de arte que pasarán de tributar de un 21 (tipo general del impuesto) a hacerlo al 10 % (tipo reducido). En ese caso no fue necesario esperar al informe
sobre la reforma fiscal que estaban elaborando los expertos nombrados por el ministerio.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reducir el IVA de la electricidad, gas natural, suministro de agua y transporte al tipo superreducido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes nos dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La tramitación parlamentaria y aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, únicamente con los votos del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, ha constituido una demostración de su
incapacidad para buscar un consenso en materia de educación, que pudiera otorgar perdurabilidad a la reforma y estabilidad a nuestro sistema educativo, y de su desprecio al diálogo con el resto de fuerzas políticas, con la comunidad educativa y con
los interlocutores sociales.
Con esta ley el Gobierno ha impuesto una contrarreforma segregadora e intervencionista, que supone un ataque a la igualdad de oportunidades y un retroceso en la equidad y en la calidad de la educación, alejándonos de los objetivos
internacionales en esta materia, y que a la postre resultará inútil para resolver los problemas reales de la educación.
La ley conculca el principio de igualdad de oportunidades al producir la segregación temprana, permitir la publicación de rankings y favorecer la exclusión del alumnado con dificultades. Con ella, se establece un sistema de reválidas con
efectos punitivos en vez de formativos, que alienta la desconfianza hacia el profesorado y limita la formación integral del alumnado.
Establece una clasificación de asignaturas arbitraria, con una ordenación académica incongruente y antipedagógica que deja fuera del currículo importantes áreas formativas como la Educación para la ciudadanía y otras imprescindibles para la
formación integral del alumnado.
Por su parte, el sistema de Formación Profesional, cada vez más necesitado de impulso y respaldo, queda marcadamente devaluado.
La ley impone la recentralización educativa al promover un cambio en la distribución de las competencias y otorga al gobierno del Estado el control total de ciertas áreas estructurales y una mayor capacidad para
determinar el currículo y las nuevas reválidas. Además, niega la diversidad lingüística de las comunidades autónomas con lengua propia y atenta contra el modelo de inmersión lingüística que garantiza el conocimiento del castellano y de las
lenguas cooficiales al finalizar la formación y ha sido fundamental en algunas comunidades autónomas para la cohesión social y la convivencia lingüística.
Sus disposiciones limitan la participación de la comunidad educativa al vaciar de competencias los consejos escolares y postulan una autonomía de los centros intervencionista respecto de las condiciones laborales de los trabajadores.
Por último, lesiona gravemente la acreditada equidad de nuestro sistema educativo público sin mejorar la calidad e instala un modelo educativo elitista, economicista e impropio de un Estado aconfesional.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar urgentemente las iniciativas necesarias para derogar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, así como para paralizar de forma inmediata su aplicación.
2. Proceder a la apertura de un proceso de negociación y diálogo real con las administraciones y la comunidad educativas, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para abordar con el máximo consenso las medidas que se consideren
necesarias para la mejora de nuestro sistema educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (CiU).-José Luis Centella Gómez, Portavoz
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Joan Tardà i Coma, Xabier Mikel Errekondo
Satsamendi, Joan Baldoví Roda, Rosana Pérez Fernández, Uxue Barkos Berruezo y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados.
162/000886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
actuaciones para asegurar la competitividad de la red ferroviaria andaluza en el marco comunitario 2014-2020, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Andalucía necesita que se complete de manera inmediata su red ferroviaria para viajeros y mercancías, con el fin de conseguir una mejor articulación y cohesión interna y asimismo para conectarnos eficazmente con el resto de España y Europa.
Necesitamos ser más competitivos y para ello precisamos del desarrollo de una potente red logística intermodal que sea puntera en el sur de Europa, con el fin de ser el puente natural europeo con el conjunto del Mediterráneo y los continentes
africanos y americanos.
La reciente aprobación por la Comisión y el Parlamento europeo (11 de diciembre de 2013) de los Reglamentos del mecanismo 'Conectar Europa' (UE N.° 1316/2013) y de la Red Transeuropea de Transporte (UE N.° 1315/2013), financiado en el nuevo
Marco Comunitario 2014-2020, nos ofrece una oportunidad única para consolidar la red básica ferroviaria para viajeros y mercancías en Andalucía, desarrollando los proyectos de Corredor Mediterráneo y Atlántico, a su paso por nuestra Comunidad
Autónoma, que han sido declarados básicos en los Reglamentos aprobados y que permitirán recibir una alta cofinanciación europea que sumar a los fondos que se destinen a estos corredores ferroviarios en los Presupuestos Generales del Estado, en el
periodo previsto.
El Corredor ferroviario Mediterráneo tiene un trazado cuya descripción general en el Reglamento aprobado es Sevilla-Bobadilla-Murcia y que en sus secciones se describe como Sevilla-Antequera-Granada-Almería-Cartagena-Murcia-Alicante-Valencia
y, por tanto, se extiende por el interior de la región coincidiendo con el llamado por la Junta, Eje Ferroviario Transversal de Andalucía (Huelva-Cádiz-Sevilla-Antequera-Granada-Almería) que conectaba asimismo con Córdoba, Jaén-Linares-Baeza y
Málaga. Asimismo el Corredor Ferroviario Mediterráneo tiene un segundo ramal, Algeciras-Bobadilla-Madrid, que continúa hasta Zaragoza y Tarragona, que excepcionalmente y como caso único en España viene a coincidir con un ramal del Corredor
Atlántico desde Algeciras a Madrid por Bobadilla. Este trazado desde Algeciras hasta Madrid era llamado anteriormente Corredor Central que continuaba hasta Zaragoza para cruzar por el centro de los Pirineos, cuando ahora se dirige hacia Valladolid,
Bilbao y paso a Francia por Irún. Ambos corredores a su paso por Andalucía dan continuidad a la LAV Córdoba-Málaga y la mejora de prestaciones desde Alcázar de San Juan a Linares y Jaén. Asimismo se completaría con las conexiones ferroviarias en
alta velocidad, en fase de modernización, de Sevilla-Huelva y Sevilla-Cádiz.
El Reglamento aprobado por el Parlamento Europeo da por tanto especial realce al puerto de la Bahía de Algeciras dotándolo de una doble conexión que se une en Bobadilla y, por tanto, participando tanto del Corredor Atlántico como del
Mediterráneo en su recorrido Algeciras-Madrid. El Puerto Bahía de Algeciras se constituye, con todo derecho, como el centro logístico portuario más importante de España, de todo el Mediterráneo y el quinto de Europa. Asimismo, las redes
transeuropeas señalan también como prioritarios a los puertos de Sevilla y Huelva, configurando una potente red logística de puertos básicos, complementada con el resto de los puertos andaluces de interés general del Estado dentro de la red global:
Cádiz, Málaga, Motril y Almería, mediante redes ferroviarias o autovías de alta capacidad.
Ambos corredores ferroviarios dan cobertura a las ocho provincias andaluzas y permite articular convenientemente al resto de la red global con el mantenimiento y mejora de la conexión Moreda-Linares-Baeza, Huelva-Zafra-Badajoz y Zafra-Los
Rosales; el planteamiento de la conexión con Portugal (Huelva-Ayamonte-Faro) actualmente en estudio y, por último, realizar el estudio informativo de viabilidad para la construcción de la línea Guadix-Baza-Lorca.
El objetivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, compartido con las autoridades de la Comisión europea, es que la red básica de los Corredores esté finalizada en 2020, priorizando la terminación de los proyectos ya muy avanzados,
indispensables para el desarrollo económico de la región o que están siendo financiados por el Marco de Apoyo Comunitario 2007-2013, que exige que las obras estén finalizadas en 2015 y puestas en funcionamiento como máximo en marzo de 2017:
Algeciras-Antequera, Antequera-Granada y Almería-Murcia.
Especial atención hay que darle a la conexión ferroviaria Sevilla-Antequera Santa Arta. Esta actuación une a Sevilla con la LAV Córdoba-Málaga y da continuidad a la conexión con Granada y Almería. Su ejecución se asignó, por acuerdo con el
Ministerio de Fomento en el marco del PEIT, a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, con cofinanciación europea dentro del Plan Operativo FEDER para Andalucía (2007-2013). En estos momentos tiene ya 73,1 km de plataforma ejecutada entre
Antequera Santa Ana y Marchena, que puede ser utilizada de manera inmediata, incluyéndola en la Red Ferroviaria de Interés General mediante convenio con ADIF, lo que supondría, según la vía que se instalara, acortar entre 30 o 40 minutos el tiempo
de recorrido para los trenes de ida o vuelta procedentes de Almería, Granada y Málaga hasta Sevilla.
Asimismo resulta indispensable la planificación rigurosa y la dotación económica correspondiente en los PGE, del resto de actuaciones aprobadas por la Comisión y el Parlamento europeo, en los Corredores transeuropeos Mediterráneo y
Atlántico, para su finalización en el próximo Marco Comunitario 2014-2020: los trazados de las líneas Huelva-Sevilla, para dar soporte al puerto de Huelva declarado como básico, la terminación de la conexión Sevilla-Antequera, Granada-Almería y
Antequera-Córdoba-Jaén-Linares-Madrid.
Esta actuación de puesta en marcha de todas las obras pendientes de los Corredores Atlántico y Mediterráneo a su paso por Andalucía requiere una inversión cifrada inicialmente por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía en al menos
4.000 millones de euros. Esa inversión permitiría compensar las escasas inversiones realizadas hasta ahora en Andalucía, sobre todo en el ramal central del corredor Mediterráneo, si se compara con los más de 3.300 millones gastados ya en el otro
ramal del mismo corredor Mediterráneo, el que discurre por las Comunidades de Cataluña, Valencia y Murcia y continúa por el denominado 'eje transversal andaluz'. Estas necesarias inversiones son indispensables para
permitir, asimismo, configurar la red logística de Andalucía apoyada en los puertos de interés general del Estado que ahora representan el 29 % del total del tráfico del sistema portuario español, dando la relevancia que merece al primer
puerto español que es el de la Bahía de Algeciras.
Estas inversiones deben contemplar no sólo nuevas estaciones terminales y trazados que unan todos los puertos de interés general del Estado en Andalucía cuando no existan, sino que en la red ferroviaria existente en la actualidad se deben
contemplar, asimismo, las mejoras técnicas necesarias en los trazados, tamaños de los andenes y especialmente en los gálibos, que permitan la puesta en marcha de servicios intermodales de mercancías, a manera de autopistas ferroviarias, que nos
permitiría ser altamente competitivos.
Esta red logística intermodal andaluza apoyada en la red de puertos y en las ciudades donde están ubicados (Bahía de Algeciras, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Motril y Almería), permitiría con la terminación de las líneas ferroviarias de
mercancías de ambos corredores de la red básica y con el resto de la red global, unido a la potente red de autovías, desarrollar grandes nodos logísticos interiores en torno a Antequera, Córdoba, Jaén-Linares y Granada, que harían de Andalucía una
Comunidad altamente competitiva y económicamente más rentable y eficiente, con lo que ello supone de creación de empresas y generación de puestos de trabajo.
Esta planificación estratégica en el Marco Comunitario 2014-2020 que permite el desarrollo de redes transeuropeas de transporte cofinanciadas con fondos europeos en Andalucía, no debe hacer olvidar otras actuaciones y reivindicaciones que la
Comunidad ha planificado a través del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, o del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, o en la planificación estratégica del Gobierno de la Nación que en estos
momentos se está tramitando, como es el PITVI (Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda 2012-2024) o la Estrategia Logística de España, que incorporaban el corredor ferroviario Mediterráneo por el litoral, que el Gobierno de la Junta de
Andalucía defiende que sea para viajeros, y las conexiones para mercancías y viajeros de Motril-Granada-Jaén y Guadix-Baza-Lorca.
Estas actuaciones a corto, medio y largo plazo para completar la red básica y global ferroviaria para mercancías y viajeros por Andalucía, no deben hacernos perder de vista el trabajo inmediato para asegurar que se cumplen los acuerdos y las
inversiones aprobadas con fondos europeos tal como estaban previstas, evitando por una visión cortoplacista cometer errores que condicionen fuertemente el futuro de la región y el desarrollo de sus redes transeuropeas.
En estos momentos llama la atención y denunciamos rotundamente la decisión del Ministerio de Fomento y de ADIF de incumplir la construcción del Gran Proyecto de Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada que en el Programa Operativo FEDER de
Andalucía tenía una ayuda europea de 600 millones de euros para doble vía con ancho UIC y velocidades de 300 km/h, que se ha convertido en doble vía entre Antequera Santa Ana y Archidona (33,3 km) y una sola vía de tres hilos para ancho ibérico y
UIC entre Archidona y Granada (81,1 km), además de reconvertir sobre 27 km la vetusta vía convencional del siglo XIX a su paso por Loja, dejando de construir la llamada Variante de Loja y la estación en esta ciudad, continuando con la división de la
ciudad. Asimismo, el Ministerio de Fomento ha acordado no soterrar la entrada por la barriada de la Ghana a su llegada a Granada y remodelar levemente la estación granadina de Andaluces. Un escándalo que incumple palmariamente las Decisiones de la
Comisión al conceder las ayudas europeas en una cuantía de 600 millones de euros y dilapida una inversión en plataforma para doble vía en más de 50 km, produciendo un extenso cuello de botella al Corredor Mediterráneo a su paso por la provincia de
Granada.
En este mismo sentido, denunciamos y requerimos al Gobierno que mantenga en el tramo Jaén-Linares-Baeza la conexión con doble vía tal como se contemplaba en el proyecto que sirvió de base a la licitación de la obra.
A esto hay que sumar otro proyecto, el del anillo ferroviario en la comarca de Antequera (Málaga), un circuito de pruebas para trenes de alta velocidad, con una inversión de 386 millones de euros que el anterior Gobierno socialista dejó
definido y con la financiación garantizada y que con el Gobierno del PP ha sufrido un gran retraso al quedarse desierto su licitación por las altas condiciones económicas exigidas a las empresas, que lo ha puesto en peligro de pérdida de los fondos
europeos previstos para su cofinanciación. Resulta por ello indispensable que el Ministerio de Fomento vuelva a licitar el contrato para la construcción y la explotación del circuito con unas condiciones que no disuadan a las empresas interesadas
como ya ocurrió anteriormente y que negocie una moratoria con la UE para que no se pierdan los 250 millones de fondos Feder vinculados al proyecto y al territorio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio de Fomento acelere la ejecución de los trazados ferroviarios a su paso por Andalucía incluidos en las redes transeuropeas de transporte, en los Corredores Atlántico y Mediterráneo, cuya ejecución está en marcha en el
Marco de Apoyo Comunitario 2007-2013, para su terminación en esta Legislatura: trazado Bahía de Algeciras-Bobadilla, Antequera-Granada, Almería-Murcia y Jaén-Linares-Baeza-Madrid, con las características planificadas y aprobadas en sus proyectos
constructivos.
2. Que el Ministerio de Fomento priorice y haga un plan urgente para la conexión del puerto de la Bahía de Algeciras con Bobadilla para dar conexión ferroviaria competitiva al primer puerto español por tráfico global.
3. Asimismo el Ministerio a través de ADIF debe facilitar el acuerdo para la finalización del trazado de alta velocidad Sevilla-Antequera, única línea de alta velocidad en toda España, con esta extensión y características, cuya ejecución ha
asumido una Comunidad Autónoma, para su inclusión urgente en la Red Ferroviaria de Interés General, completando de manera inmediata y poniendo en servicio el tramo Marchena-Bobadilla, cuya plataforma en una extensión de 73,1 km está ya finalizada,
reduciendo el tiempo de viaje hasta Sevilla y vuelta de los trenes procedentes de Almería, Granada y Málaga y, por tanto, completando la malla ferroviaria de Andalucía y España.
4. Que el Ministerio de Fomento presente durante el año 2014, la planificación y programación del conjunto de los Corredores Atlántico y Mediterráneo a su paso por Andalucía, así como de las infraestructuras declaradas como básicas en los
Reglamentos Comunitarios, tanto en puertos (Bahía de Algeciras, Huelva y Sevilla), como aeropuertos (Málaga y Sevilla) y terminales ferroviarias de mercancías (Antequera y Córdoba). Estos corredores e infraestructuras declaradas como básicas deben
contar con una rigurosa programación económica que se debe plasmar en la petición de fondos europeos en el Marco 2014-2020 y en los Presupuestos Generales del Estado para el periodo que acaba en 2020. Las inversiones previstas deben asegurar el
funcionamiento integral de ambos corredores ferroviarios de mercancías y pasajeros, tal como están planificados y aprobados por los Reglamentos Comunitarios, sin cortes ni cuellos de botella, así como de las infraestructuras de puertos, aeropuertos
y terminales de mercancías declaradas como básicas. Especial atención se le prestará al desarrollo de una conexión ferroviaria competitiva en alta velocidad al Puerto de Huelva con Sevilla y su puerto, ambos declarados como básicos, con el resto de
la red de mercancías.
5. Que el Ministerio de Fomento presente una programación económica pormenorizada y viable para el desarrollo de las vías convencionales de ferrocarril, las infraestructuras portuarias y aeroportuarias y terminales de mercancías y nodos
logísticos, dentro del territorio de Andalucía, previstos en la red global de la Red Transeuropea de Transporte, en el PITVI y en la Estrategia Logística de España, incluyéndola en la financiación y planificación estratégica que está tramitando en
estos momentos. Esta programación debe garantizar la planificación de la red global ferroviaria y de las infraestructuras de puertos (Cádiz, Málaga, Motril y Almería), aeropuertos (Jerez, Granada, Córdoba y Almería) y terminales ferroviarias de
mercancías (Linares) programadas como globales. Asimismo, se asegurará las conexiones intermodales necesarias para los centros de transporte de mercancías o nodos logísticos de las ciudades de Málaga, Granada, Almería y Jaén, no incluidas en la
programación de redes europeas.
6. Que el Ministerio de Fomento, con la participación de ADIF y la Dirección General de Ferrocarriles, asegure la terminación de las obras para servicio de alta velocidad Huelva-Sevilla y Cádiz-Sevilla, así como la renovación de los
trazados, andenes y gálibos de la línea convencional (Huelva-Zafra-Badajoz, Sevilla-Zafra y Almería-Moreda-Linares-Baeza), además de impulsar la ejecución de la conexión con Portugal desde Huelva a Faro por Ayamonte, para consolidar un servicio
eficaz, asegurar sistemas intermodales de autopistas ferroviarias, reforzar la seguridad y asegurar la prestación de servicios ferroviarios competitivos para viajeros y mercancías que consoliden una completa red andaluza y un uso más eficiente de
los centros logísticos.
7. Que el Ministerio de Fomento ejecute y finalice en los plazos previstos por la Unión Europea los trazados de Antequera-Granada y Almería-Murcia, con las características planificadas y acordadas, esto es para el tráfico de viajeros a 300
km/h con doble vía en todo el trazado en la conexión con Granada y
para tráfico mixto de viajeros y mercancías para la conexión de Murcia con Almería, incluyendo, asimismo, la conexión con su puerto.
8. Que el Ministerio de Fomento vuelva a licitar el contrato para la construcción y la explotación del anillo ferroviario de Antequera (Málaga) con unas condiciones que no disuadan a las empresas interesadas como ya ocurrió anteriormente y
que negocie una moratoria con la UE para que no se pierdan los 250 millones de fondos Feder vinculados al proyecto y al territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2014.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Manuel Pezzi Cereto, Jaime Javier Barrero López, María Carmen Sánchez Díaz, Felipe Jesús Sicilia Alférez, Rosa Aguilar Rivero, María Consuelo Rumí
Ibáñez y Antonio Francisco Pradas Torres, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para que el Gobierno de España reclame al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el respeto a los principios universales de la Democracia, del Estado de derecho y de los Derechos Humanos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 5 de febrero los estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) del estado de Táchira en Venezuela se manifestaron para denunciar la falta de seguridad en el propio centro y los alrededores del mismo, pues se había producido un
intento de violación y varios atracos en el Parque Botánico de la universidad. Los estudiantes denunciaron agresiones de la policía y de grupos armados afines al Gobierno dejando un saldo final de dos universitarios detenidos, lo cual fue
confirmado por el propio vicerrector de la universidad, Alfonso Sánchez, que enmarcó la protesta de los estudiantes en el marco de la Constitución.
A raíz de estos sucesos las manifestaciones se extendieron por todo el país, culminando en una gran marcha opositora el 12 de febrero. La oposición democrática acompañó a los estudiantes que exigían el fin de la violencia y de las
detenciones arbitrarias, a la que también se sumaron reivindicaciones sobre el desabastecimiento crónico que sufre el país y contra las medidas del Gobierno que impiden comprar papel a la prensa que no comulga con las directrices de Nicolás Maduro,
lo que ha provocado el cierre de numerosos periódicos, revistas y que otros muchos apenas tengan papel asegurado para sacar sus ediciones durante unos meses. A ello hay que añadir que el 12 de febrero el Gobierno de Venezuela cortó las emisiones
del canal internacional NTN24 que era el único que estaba cubriendo las manifestaciones.
Al finalizar la protesta de la oposición que había tenido lugar en un ambiente pacífico, se registraron incidentes protagonizados por colectivos armados afines al Gobierno que terminaron con tres muertos y decenas de heridos y detenidos.
Ese mismo día se emitía una orden de búsqueda y captura contra el líder opositor Leopoldo López, a quien se hace responsable de los hechos violentos ocurridos tras la marcha, y que finalmente el 18 de febrero fue apresado después de entregarse tras
una manifestación convocada para hacer efectiva su entrega a las autoridades. Este no es el primer y único acto de persecución política contra Leopoldo López, en 2008 fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo de elección popular durante seis
años. En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciaba por unanimidad la habilitación de Leopoldo López, la cual sigue siendo ignorada por el Gobierno venezolano, impidiéndole participar en todos los procesos electorales celebrados
hasta la actualidad.
Ante el clima vivido de hostigamiento a la oposición y violaciones constantes de los Derechos Humanos el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville, manifestó que: 'Estamos especialmente preocupados por
informaciones sobre ataques contra manifestantes por parte de grupos armados que actúan con impunidad' y añadió que: 'Algunos manifestantes habrían sido detenidos y podrían ser enjuiciados acusados de terrorismo. También se ha informado que a
algunos manifestantes, incluidos menores, se les han negado tomar contacto con sus familiares o abogados', además solicitó al Gobierno de Venezuela que investigue y lleve a juicio a los responsables de atacar a los manifestantes.
Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Catherine Ashton, a través de un comunicado denunció al respecto que: 'La libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas es
esencial' e hizo un llamamiento a las autoridades venezolanas para 'tender la mano a todos los segmentos de la sociedad venezolana', lo que ha sido secundado por el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry.
Ante esta oleada represiva, el Gobierno de España no debe dar el silencio como única respuesta, tiene que exigir que se investigue y juzgue a los responsables de los asesinatos y la violencia del día 12 de febrero, que paren las detenciones
arbitrarias y la represión ciudadana, garantizar la libertad de prensa, acabar con la persecución política contra los líderes de la oposición democrática y pacífica, y asegurar en definitiva a los ciudadanos de Venezuela su derecho a la libertad de
expresión y reunión.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reclamar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el respeto a los principios universales de la democracia, del Estado de derecho y de los Derechos Humanos, que comprometen a todos los regímenes democráticos, velando por su
mantenimiento en Venezuela y cesando cualquier forma de acoso a la oposición pacífica al actual gobierno.
2. Solicitar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el cese del hostigamiento a los medios de comunicación críticos con el Gobierno o no controlados por éste o por las fuerzas políticas que lo sostienen, garantizando la
libertad de prensa y de expresión.
3. Reclamar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el cumplimiento sin restricciones, dentro de la legalidad vigente, de las libertades de expresión, asociación, manifestación y acción política, liberando a todos aquellos
ciudadanos venezolanos detenidos o penalizados por el ejercicio pacífico de estos derechos.
4. Solicitar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la desactivación de los grupos parapoliciales y paramilitares que actúan con impunidad atacando a los manifestantes y activistas de la oposición venezolana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.