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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 409, de 21/02/2014
cve: BOCG-10-D-409
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de febrero de 2014
Núm. 409
ÍNDICE
Página
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000047 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, sobre el análisis del impacto de la reforma laboral en el empleo y las relaciones laborales, presentada por el Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000867 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adoptar medidas ante los daños causados por los sucesivos temporales en Galicia y el litoral cantábrico ...
162/000868 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el derecho pero no la obligación de usar medios electrónicos para cumplir con las obligaciones tributarias ...
162/000869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) ... (Página7)
162/000870 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre realización de las acciones necesarias para el reconocimiento de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca como zonas
escasamente pobladas dentro de la Unión Europea, con objeto de recabar las ayudas que los fondos estructurales y el fondo social europeo prevén para las zonas con esa problemática ... (Página9)
162/000871 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para garantizar el pluralismo político en las campañas electorales ... (Página9)
162/000872 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación de una tarifa especial en la red ferroviaria de interés general para las personas desempleadas ...
162/000873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el establecimiento de un plan especial para la igualdad salarial entre mujeres y hombres ... (Página13)
162/000874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas extraordinarias de solidaridad con los afectados por los diversos y graves temporales que han afectado las costas gallegas y cantábricas ...
162/000875 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones a realizar por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para reforzar la escollera del muro de costa en el frente litoral
más afectado de San Sebastián ... (Página16)
162/000876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral para suprimir la fórmula actual sobre el ejercicio de voto
por personas que viven en el extranjero y el estudio para el establecimiento de sistemas de votación electrónica ... (Página16)
162/000877 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Centro Memorial dedicado a las Víctimas del Terrorismo ... (Página18)
162/000878 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el Expediente de Regulación de Empleo en Coca-Cola Iberian Partners ... (Página19)
162/000879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la alta velocidad Madrid-Asturias ... (Página20)
162/000880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Expediente de Regulación de Empleo en Coca-Cola Iberian Partners ... (Página21)
162/000881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la elaboración de un estatuto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ... (Página21)
162/000882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la publicidad de las actividades de apuestas y su relación directa o indirecta con la idea de juego ...
162/000883 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la financiación de las industrias culturales y creativas y la promoción del mecenazgo cultural ...
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO
200/000002 Comunicación del Gobierno en la que solicita la celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación ... (Página25)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000047
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, sobre el análisis del impacto de la reforma laboral en el empleo y las relaciones laborales.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el
Pleno del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de la Resolución 18 de la Presidencia del Congreso de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el
seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la siguiente propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, sobre el análisis del impacto de la reforma laboral en el empleo y las relaciones laborales.
Exposición de motivos
A los dos años de la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012, convertido después en Ley 3/2102, conocida como Reforma Laboral, se hace necesario que el Congreso de Diputados realice un análisis, balance y valoración del impacto que estas
normas y sucesivas han tenido en el ámbito de las relaciones laborales. Especialmente en el terreno de la evolución del empleo, de la calidad del empleo existente, de las consecuencias de nuevas modalidades de contratación, de los incentivos a la
contratación, de la evolución de los salarios, de las modalidades de contratación, de los efectos de los nuevos mecanismos de 'flexibilidad empresarial unilateral', de la reforma de los despidos por causas económicas y objetivas, y en la negociación
colectiva, su capacidad de ordenar y regular las relaciones laborales y las condiciones de trabajo.
Hasta ahora, el único balance es el que unilateralmente ha elaborado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, presentado, pero no discutido en la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Además disponemos de las afirmaciones directas o
indirectas de diferentes organismos o entes como el FMI, la OCDE o el Foro de Davos (según la Ministra de Empleo) todos ellos impulsores y en algunos casos impulsores ideológicos de la Reforma Laboral del Gobierno.
Hasta ahora, ni se ha solicitado la valoración de las organizaciones sindicales y empresariales ni se ha aceptado la petición de que un organismo tripartito colmo la OIT formulara un informe al respecto.
El resultado es que dos años después de la aprobación de la Reforma Laboral existen datos suficientes como para poder formular algunas valoraciones sobre sus efectos reales, no los deseados o anunciados.
Y hacerlo a partir de las opiniones de los interlocutores sociales, también de profesionales que conocen directamente el mundo de las relaciones laborales.
Para ello solicitamos a la Cámara la Creación de una Subcomisión sobre el análisis del impacto de la reforma laboral en el empleo y las relaciones laborales.
A) Composición.
La Subcomisión se compondrá de diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
Podrán existir suplentes de cada uno de los miembros de la Subcomisión, que pueden asistir a cada una de las sesiones.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
Realizar un informe del balance de los dos primeros años de aplicación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral con la participación de los agentes sociales. Dicho informe será sometido a
contraste ante la Organización Internacional del Trabajo, organismo tripartito compuesto por Gobiernos, sindicatos y patronal.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio, seguimiento y evaluación correspondiente y presentar sus conclusiones antes de la finalización de la legislatura. El mencionado Informe, una vez aprobado por la Comisión de Empleo y Seguridad
Social junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputadas Olaia Fernández Davila (BNG) y Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de adoptar medidas ante los daños causados por los sucesivos temporales en Galicia y el litoral cantábrico, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La sucesión de fuertes temporales que han azotado a Galicia durante más de un mes, así como a otros territorios del Cantábrico como el País Vasco, Asturias o Cantabria, han dejado una estela de graves destrozos en infraestructuras
portuarias, viarias, marítimo-terrestres, y graves consecuencias económicas para sectores productivos como el agrario y el pesquero.
Los daños provocados por la continuidad de temporales con gran incidencia en el mar, donde todos hemos podido ver imágenes de olas de dimensiones nunca registradas, olas que han superado los 12 metros de altura, se han llevado por delante
las balaustradas de paseos marítimos, han causado desperfectos en viviendas, en infraestructuras portuarias, así como en viales colindantes.
La alta velocidad de los vientos ha afectado a numerosos centros escolares, polideportivos, viviendas, comercios, así como la caída de árboles y otros destrozos en el medio ambiente.
Preocupan actualmente las consecuencias de las fuertes lluvias que asolan el territorio gallego desde hace semanas. La persistencia de las lluvias torrenciales ha llevado al límite a una infinidad de caudales de ríos que como el de Tambre,
el Miño, el Xallas, el Avia, el Umia, el Mero, entre otros muchos, cauces que están al límite de sus capacidades y que están inundando numerosos terrenos de cultivo. De igual modo sucede con los embalses, con el peligro añadido del desbordamiento
de presas. Sirva de ejemplo el caso de la presa del Xallas cuya apertura provocó la inundación de más de 40 hectáreas de cultivo en la zona coruñesa de Mazaricos.
El río Umia se salió de su cauce en localidades como Vilanoviño (Meis), o el desbordamiento del Miño a su paso por Gondomar (Pontevedra).
Además del impacto en infraestructuras y viviendas, hay que evaluar las nefastas consecuencias económicas que estas ciclogénesis han dejado en el sector agrario y pesquero. Las incontables inundaciones de ríos, las incansables lluvias y los
fuertes vientos han destruido numerosos cultivos. Las flotas marisqueras, de bajura y otras muchas, que no han podido salir al mar durante semanas, acusan los efectos de la falta de actividad con importantes pérdidas económicas. Ambos sectores, el
agrario y el pesquero, se enfrentan a significativas pérdidas económicas que lastrarán a lo largo del año.
El impacto por la persistencia de unos temporales que se suceden en cadena sin dar tregua, se ha dejado sentir en todas las provincias gallegas, que todavía están pendientes de hacer balance de los daños ocasionados, una vez cesen los
temporales.
Es indudable que 'Nadja', 'Petra', Qumaira', 'Ruth' o 'Stephanie' han dejado un rastro de destrucción a su paso que se debe abordar cuanto antes a fin de recuperar la necesaria normalidad.
Independientemente de las actuaciones a emprender por los gobiernos autonómicos correspondientes o los ayuntamientos, es indudable que existe una responsabilidad por parte de la Administración central, puesto que a ella compete proveer de
los fondos necesarios para reparar los daños producidos en infraestructuras de competencias estatal como carreteras o infraestructuras portuarias, o la adopción de medidas destinadas a paliar las negativas consecuencias en sectores productivos como
los mencionados.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aprobar con carácter urgente un fondo económico destinado a reparar los daños ocasionados por los sucesivos temporales que han azotado a Galicia, y a territorios del litoral Cantábrico, destrozando numerosas infraestructuras de competencia
estatal.
- Aprobar un paquete de medidas destinado a paliar las importantes pérdidas económicas que han sufrido sectores productivos como el agrario y el pesquero, afectados por los efectos de dichos temporales en su actividad productiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2014.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el derecho pero no la obligación de usar medios electrónicos para cumplir con las obligaciones tributarias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó el pasado noviembre la Orden HAP/2194/2013, en virtud de la cual a partir del 1 de enero de 2014 se deberán presentar por medios electrónicos la gran mayoría de autoliquidaciones
y declaraciones informativas de naturaleza tributaria, con independencia de que el obligado a su presentación sea persona jurídica o física.
Esta decisión, en relación con las personas físicas, resulta de dudosa conveniencia y legalidad, por numerosos motivos.
Según los datos del INE, el 30 % de los hogares españoles no tienen acceso a internet. Respecto al 70 % restante, tampoco quiere ello decir que sean necesariamente capaces de cumplir sus obligaciones tributarias por esa vía.
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su artículo 96, apartados 1 y 2, establece lo siguiente:
'1. La Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la
Constitución y las leyes establezcan.
2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga la Administración tributaria, los ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos,
informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento.'
Nótese que 'promover' no es sinónimo de 'imponer' y que la relación de los ciudadanos por medios electrónicos con la Administración se establece como algo potestativo y no imperativo: la norma dice 'podrán relacionarse con ella', no
'deberán'.
Lo anterior debe ponerse también en relación con el contenido de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que es muy clara al respecto.
Así, ya en su propia exposición de motivos se dice que la Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos, y como una obligación correlativa para tales Administraciones.
El reconocimiento de tal derecho y su correspondiente obligación se erigen así en el eje central de dicha Ley.
En el apartado primero de su artículo 1 claramente se configura la relación del ciudadano con la Administración por medios electrónicos como un derecho, y no como una obligación:
'1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad
administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad
administrativa en condiciones de seguridad jurídica.'
En el mismo sentido, podemos citar el artículo 6.1) de la misma norma:
Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar
transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.
A mayor abundamiento, el artículo 27, en sus apartados primero y segundo, prevé que son los ciudadanos, y no lo Administración, los que pueden elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por
medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en
cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido. Las Administraciones sólo pueden comunicarse por medios electrónicos con los ciudadanos cuando éstos así lo hayan solicitado o consentido expresamente.
Precisamente, para evitar decisiones como la tomada por el Ministerio Hacienda, el apartado sexto del propio artículo 27 establece que las Administraciones Públicas únicamente podrán establecer la obligatoriedad para las personas físicas de
comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos cuando se trate de grupos o colectivos que (por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados) tengan garantizado el acceso y disponibilidad de
los medios tecnológicos precisos.
Es decir, que el que una persona física se vea obligada a relacionarse con la Administración por medios electrónicos es algo de carácter excepcional, siempre sobre la base de que ese deber venga justificado por su capacidad económica o
técnica, dedicación profesional u otros motivos de igual peso, que no se pueden predicar de la ciudadanía en general por motivos de mera comodidad de la Administración, haciendo caso omiso de lo dispuesto en las normas citadas.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para rectificar la obligación impuesta a todas las personas físicas (en virtud de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre) de presentar a partir del 1 de enero
de 2014 la mayoría de autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria exclusivamente por medios electrónicos, restituyendo a los ciudadanos la posibilidad de presentar dichos documentos en soporte físico como marca la Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Rosa María Díez Gonzalez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 11 de noviembre se presentó el Informe sobre la situación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, elaborado por más de 200 expertos en la materia. Este informe, ha vuelto a poner de manifiesto la difícil situación
en la que se encuentran los niños en nuestro país que presentan este trastorno y la necesidad de desarrollar nuevos mecanismos de coordinación para mejorar los tratamientos del mismo.
Se estima que, en España, un 6,8 % de jóvenes padece este trastorno, pero tan solo un 3 % ha sido diagnosticado y, lo que resulta todavía mas alarmante, sólo un 1 % recibe algún tipo de tratamiento. Según el citado informe, desde el momento
en el que se presentan los síntomas hasta que finalmente se produce un diagnóstico pueden pasar entre dos y seis años, debido principalmente al importante desconocimiento que existe sobre este trastorno del neurodesarrollo.
Cuando finalmente el niño es diagnosticado, las familias se enfrentan a importantes dificultades en el llamado circuito asistencial. Estas, siguen tras la detección del trastorno, pero sobre todo cuando los jóvenes llegan a la adolescencia,
ya que muchos deciden en ese momento no continuar con el tratamiento -Más de la mitad continuará sufriendo este trastorno en edad adulta-.
Una de las más importantes personalidades en la investigación de este trastorno es el Profesor de la Universidad de Nueva York Luis Rojas Marcos. Habiendo sido diagnosticado este trastorno de niño, argumenta que 'el no prestar atención
específica tiene un importante precio para la sociedad [...] el de poner en riesgo la autoestima de estos niños y que se sientan culpables de lo que les pasa, lo que les puede abocar a la depresión crónica'. En un informe que realizó para la
Universidad de Nueva York, observó el alto número de presidiarios que sufrían este trastorno, 'porque la impulsividad llevada sin control les ha hecho irse al camino de la delincuencia'.
Si bien es cierto que en junio del 2013 se aprobaba por unanimidad en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad una Proposición no de Ley del Grupo de la Izquierda Plural que abordaba la materia, desde diferentes
asociaciones y colectivos se reclama una Ley estatal para establecer protocolos de actuación a nivel sanitario y educativo para hacer frente a estos casos.
En España no existe una legislación estatal sobre esta materia, seis comunidades autónomas si cuentan con un protocolo general de coordinación, pero sigue existiendo una discriminación territorial tanto en tratamiento como en las ayudas que
reciben los afectados dependiendo de donde vivan.
Además de la necesidad de establecer criterios uniformes a nivel nacional sobre la materia, se vienen reclamando medidas en el entorno escolar para facilitar su desarrollo, entre estas medidas estarían el darles tiempo suficiente para
responder a los exámenes -hay que recordar que los niños que sufren este trastorno no pueden mantener la atención mas de 30 segundos-, proporcionarles espacios en el entorno escolar con el menor número de estímulos posibles o proporcionarles áreas
donde puedan desfogarse dentro un control.
Se trata de uno de los trastornos del neurodesarrollo mas frecuentes en la infancia y la adolescencia y una de las principales causas de fracaso escolar y de incapacidad para mantener y desarrollar relaciones sociales. Sin unos protocolos
adecuados de actuación para hacer frente a estos casos, no se puede llegar a aprovechar al completo el potencial de estos niños, abocándolos a la exclusión social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar en el plazo de 6 meses Plan Nacional donde se establezca un protocolo de coordinación entre los Ministerios de Sanidad y Educación para tratar a los niños que sufren el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y que
así estos puedan tener derecho a unos ajustes en el entorno escolar, dotando los medios necesarios tanto a los equipos de orientación psicopedagógica escolar como a los equipos de Neuropediatría y de Psiquiatría Infanto-Juvenil y favoreciendo la
coordinación entre éstos.
2. Establecer una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado para los afectados por este trastorno.
3. Utilizar los medios de los que dispone el Estado para concienciar a la sociedad sobre esta realidad, incluyendo formación específica a personal docente, y sanitario.
4. Promover la aplicación de protocolos de consenso para todo el territorio nacional para que un niño que recibe tratamiento en una Comunidad Autónoma siga recibiendo el mismo o similar tratamiento si cambia de residencia a otra Comunidad
Autónoma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Rosa María Díez Gonzalez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la realización de las acciones necesarias para el reconocimiento de
las provincias de Teruel, Soria y Cuenca como zonas escasamente pobladas dentro de la Unión Europea, con objeto de recabar las ayudas que los fondos estructurales y el fondo social europeo prevén para las zonas con esa problemática, para su debate
en Pleno.
Exposición de motivos
El informe denominado 'Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un área meridional escasamente poblada', elaborado por juristas expertos en Derecho internacional Público y Relaciones Internacionales, y presentado el martes 4 de febrero de 2014
en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), pone de manifiesto la escasez poblacional que sufren las tres provincias, lo que supone una desventaja grave para su desarrollo.
La Unión Europea en el marco de las políticas de cohesión (económica, social y territorial) establece la prioridad de prestar especial atención a las regiones que ofrecen desventajas graves y permanentes, por lo que desde hace más de dos
décadas, reconoce para los territorios despoblados del norte de Europa la figura de la NSPA (Northern Sparsely Populated Area), por la que perciben ayudas europeas especiales por su baja demografía, reconociendo así la despoblación como una
desventaja grave para el desarrollo de esos territorios.
El reconocimiento de Teruel, Soria y Cuenca, como zonas escasamente pobladas del sur de Europa (SESPA), permitiría a las tres provincias acceder al reparto de ayudas estructurales de la Unión Europea dentro del nuevo Marco Plurianual
2014-2020, o la puesta en marcha de una figura similar a las utilizadas para los territorios despoblados del norte europeo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, consciente de la grave desventaja que para el desarrollo de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca supone su gran despoblación, insta al Gobierno a que realice ante la Unión Europea las acciones necesarias
para el reconocimiento de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca como zonas escasamente pobladas dentro de la Unión Europea, con objeto de recabar las ayudas que los fondos estructurales y el fondo social europeo prevén para las zonas con esa
problemática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para garantizar el pluralismo político en las campañas electorales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La actual situación de crisis política, económica y social que atraviesa España tiene en gran parte un origen político. Por todo ello, aumenta progresivamente un consenso por el cual la situación de crisis exige cambios radicales en las
instituciones y poderes públicos que busquen una mejora de la calidad de la democracia. No es aceptable exigir a los ciudadanos más renuncias y sacrificios económicos, laborales y sociales mientras las instituciones siguen sin reformar aquellos
mecanismos que favorecen una participación más activa, como los debates y la toma de decisiones.
Con el fin de aumentar la participación de los ciudadanos en la mejora de la democracia, es urgente cumplir de manera estricta los derechos fundamentales garantizados en el artículo 20 de la Constitución Española (CE), donde se consagra el
derecho a la libertad de expresión, de difusión de ideas y opiniones, así como el derecho a comunicar. Concretamente hacer cumplir el espíritu del artículo 20.3 que regula la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación
públicos y que garantiza el acceso a estos medios de los grupos sociales y políticos significativos; así se consigue respeto al pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España, según consta en la Constitución.
Después de 35 años de democracia, y tras analizar lo ocurrido en los últimos años, observamos con preocupación como los distintos medios de comunicación públicos interpretan, según consideran conveniente, su imperativo legal a la hora de dar
efectivo cumplimiento a los citados derechos fundamentales recogidos en la CE durante los procesos electorales, a través de la elaboración de distintos Planes de Cobertura tal y como se establece el artículo 60 y concordantes de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, y en su posterior modificación a través de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.
Esta disparidad de criterios para la elaboración de los distintos Planes de Cobertura genera inseguridad jurídica, tanto para las distintas formaciones políticas que concurren en los distintos procesos electorales, como para los ciudadanos,
ya que durante los distintos procesos electorales no existe una normativa clara y genera una desigualdad de criterios para que los medios de comunicación realicen los citados planes de cobertura, con el objetivo de que como estableció el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 156/1986, Fundamento de Derecho 6.º: 'Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda
ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas'.
En la misma línea, y sobre la importancia de la televisión pública en las contiendas electorales es importante tener en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de junio de 2000 (voto particular del Magistrado don Manuel Jiménez
de Parga) sobre la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral y sus consecuencias en las contiendas electorales.
Con estos antecedentes la Junta Electoral Central tras conocer los numerosos recursos y reclamaciones en la materia consideró necesario realizar la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, sobre la 'interpretación del artículo 66 y concordantes
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en lo relativo a las garantías de respeto a los principios del pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación en periodo electoral', ya que la JEC
consideró la necesidad de realizar la misma para fijar los requisitos y procedimientos relativos a los Planes de Cobertura informativa en campañas electorales.
Tras la aprobación de la citada Instrucción de la JEC, no se ha cumplido el objetivo de la misma, ya que si analizamos los Planes de Cobertura realizados por distintos medios a partir del momento, observamos la disparidad de criterios que se
utilizan para la elaboración de los mismos, incurriendo como consecuencia en el incumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la CE.
Esta diversidad de criterios, tal y como le consta a la Junta Electoral Central, ha producido situaciones como que durante las pasadas Elecciones a Cortes Generales de noviembre de 2011, Radio y Televisión Española recogiera en su Plan de
Cobertura un 'debate a cinco' en el que solo participaran las formaciones políticas con Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, obviando el número de votos conseguidos en las anteriores elecciones equivalentes. Para estos mismos
comicios la Radio y Televisión Pública Valenciana incluía en su plan de cobertura un 'debate a cuatro' aunque por las circunscripciones del ámbito de difusión del medio solo dos formaciones políticas habían obtenido representación, alegando
textualmente que 'aunque no tuvieron representación parlamentaria en las pasadas elecciones a Cortes Generales de 2008 dado su arraigo en nuestra comunidad' dichas formaciones serían incluidas en debates e informativos. Asimismo en la Región de
Murcia el ente público de radio y televisión decidió realizar un 'debate a tres' a pesar de que solo dos formaciones habían obtenido representación por dicha circunscripción. Esta disparidad de criterios se repitió al igual en las Televisiones
públicas de Aragón, Andalucía o Galicia.
Asimismo, en los procesos electorales al Parlamento de Andalucía y al Parlamento Vasco en el año 2012, fruto de esta disparidad de criterios distintas formaciones políticas interpusieron recurso contra los planes de cobertura elaborados a
tal efecto, tanto por la Radio y Televisión Pública de Andalucía (Canal Sur) como por la Radio y Televisión Pública del País Vasco (EiTB). Estos recursos fueron estimados por la Junta Electoral Central, lo que obligó a cambios de última hora en los
citados planes de cobertura,
con el fin de dar cumplimiento al artículo 66 de la LOREG y por lo tanto a los derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de la Constitución.
De forma clara, nos encontramos que los distintos planes de cobertura no garantizan la igualdad de oportunidades y el derecho de los ciudadanos a recibir información equitativa sobre las distintas sensibilidades políticas y sociales, no
respetando el pluralismo político y social, ni la igualdad, ni la proporcionalidad, ni por lo tanto la neutralidad informativa.
Es por esto que, en el inequívoco mandato en relación a la exigencia a los medios de comunicación de titularidad pública y privada del respeto a los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa recogidos como derecho fundamental
artículo 20 de la Constitución, es urgente y necesario la reforma de la LOREG en su Sección VI sobre la 'Utilización de medios de comunicación para la campaña electoral' con el fin de establecer de forma clara los criterios y procedimientos
necesarios que garanticen el derecho de acceso en igualdad de condiciones, a la información por parte de los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a las Cortes en el plazo máximo de 3 meses un Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que incorpore los siguientes cambios que afectarán a la
Sección VI:
1. Sobre los espacios gratuitos de propaganda electoral, el artículo 63.7 será modificado en el siguiente sentido:
a) Regulación expresa de la distribución de espacios en los medios de comunicación de titularidad pública, aplicando el criterio de mayor a menor por el orden de los resultados logrados por cada formación política en las últimas elecciones
equivalentes en el ámbito de difusión del medio.
b) Regulación de las franjas horarias para la emisión de los espacios gratuitos de propaganda electoral, ordenando estas en mañana, tarde y noche, tanto en radio como en televisión.
c) Regulación expresa de la duración de los spots en televisión y cuñas de radio.
2. Sobre la distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación de titularidad pública y en los distintos ámbitos de programación, el artículo 64.1 se modificará en el siguiente sentido:
a) Quince minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron o no obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes.
b) Quince minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que hayan obtenido representación en las anteriores elecciones equivalentes. A estos quince minutos se sumará un minuto más por cada 1 % o fracción superior a 0,5 % de votos
obtenidos.
3. Sobre la garantía del pluralismo político y social, el artículo 66 se modificará en el siguiente sentido:
a) En él se incorporaran criterios objetivos para la elaboración de los Planes de Cobertura por parte de los Entes Públicos de Radio y Televisión, y regulará los contenidos mínimos de los mismos.
b) El criterio para la inclusión de formaciones políticas en debates, entrevistas y demás espacios informativos, será el haber obtenido representación en las elecciones anteriores equivalentes, o en caso de no haber obtenido representación,
haber obtenido el 1 % o más de los votos válidos emitidos en el ámbito de difusión del medio, garantizando así el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de
la sociedad y dando cumplimiento efectivo a derecho de acceso consagrado en el artículo 20.3 de la Constitución Española.
c) Establecer los contenidos mínimos en los planes de cobertura que garanticen la igualdad de oportunidades y el derecho de los ciudadanos a recibir información equitativa sobre las distintas sensibilidades políticas y sociales. Para esto
los planes de cobertura tendrán que incorporar:
1. Una entrevista (tanto en radio como en televisión) a los representantes de cada una de las fuerzas políticas que cumplan los requisitos establecidos en el punto 3b. Todas ellas en la misma franja horaria, y a ser posible en horario de
máxima audiencia.
2. Un debate televisado en horario de máxima audiencia con los representantes de cada una de las fuerzas políticas según los requisitos establecidos en el punto 3b.
3. Un formato televisivo en el que un número de ciudadanos mínimo tengan la oportunidad de realizar preguntas directas a los distintos candidatos en horario de máxima audiencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una tarifa especial en la red ferroviaria de
interés general para las personas desempleadas, para su debate en el Pleno.
España vive una situación de emergencia en materia laboral caracterizada por un desempleo escandalosamente elevado, un deterioro de la calidad del empleo y un aumento de la desigualdad y la pobreza. Una situación provocada por la aplicación
de las políticas de austeridad, los recortes sociales y una regresiva reforma laboral que está teniendo efectos muy negativos sobre el mercado de trabajo.
2013 ha sido el sexto año en el que se destruye empleo y la crisis ha devuelto el número de ocupados al nivel de 2001. En el último trimestre del pasado año 5.896.300 personas se encontraban en desempleo, situándose la tasa de paro en el
26,03 % de la población activa.
El paro de larga duración, más de un año en situación de desempleo, ya afecta a casi 3,6 millones de personas representando al 61 % del total de personas desempleadas. Y de este colectivo, más de 2,3 millones están desempleados desde hace
más de dos años.
Existen 1,8 millones de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja y el número de hogares en los que ninguno de sus miembros tiene ingresos se ha multiplicado por dos desde que se inició la crisis económica hasta computar 686.600.
Por último la cobertura por desempleo no deja de descender. En la actualidad 2,8 millones de personas reciben algún tipo de prestación por desempleo, sea ésta contributiva o asistencial. Esto significa que sólo el 47,5 % de las personas
desempleadas percibe una prestación por desempleo. En otras palabras, más de 3 millones de personas en paro carecen de cobertura por desempleo.
Esta situación exige aumentar los recursos destinados al sistema de prestaciones económicas y de políticas activas, articular una renta mínima garantizada que dé cobertura a quienes lo necesiten, y potenciar los sistemas públicos de
servicios esenciales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, para corregir el aumento de las desigualdades sociales y la marginación económica y social.
Además, es importante facilitar la movilidad de las personas en situación de desempleo, en particular para favorecer el transporte para la búsqueda de trabajo. Esto podría hacerse creando una tarifa especial aplicable al colectivo de
personas en desempleo en la red ferroviaria de interés general que les permita obtener títulos de transporte con descuentos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para crear una tarifa especial para las personas en situación de desempleo que utilicen la red ferroviaria de interés general, con las siguientes
características:
1. Serán beneficiarias las personas inscritas como demandantes de empleo que se encuentren en proceso de búsqueda de trabajo y los hijos menores de edad a su cargo. Para acreditar la situación de desempleo, las personas interesadas deberán
obtener un certificado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal.
2. El nuevo soporte en forma de tarjeta o documento similar dará derecho a obtener títulos de transporte en la red ferroviaria de interés general con una bonificación del 25 % sobre la tarifa normal. Esta bonificación será acumulable a
cualquier otro descuento que establezcan los prestadores del servicio ferroviario.
3. La adquisición del soporte acreditativo para poder viajar con este descuento se realizará en los puntos de venta que establezca la entidad pública empresarial Rente. Así mismo, la adquisición de viajes con este descuento se podrá
realizar, como mínimo, en estaciones abiertas al público, máquinas autoventa, Internet y agencias de viaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
establecimiento de un plan especial para la igualdad salarial entre mujeres y hombres, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Parlamento Europeo considera la lucha contra las diferencias salariales entre mujeres y hombres como una prioridad política. La desigualdad salarial entre mujeres y hombres representa en la actualidad uno de los indicadores más evidentes
y persistentes de que, en materia de igualdad entre los sexos, aún quedan notables retos pendientes.
La participación de la mujer en el mercado laboral y la desigualdad de oportunidades a las que se enfrenta condicionan su situación económica, en los periodos en los que está inactiva y es perceptora de prestaciones sociales, la jubilación o
el desempleo.
La brecha salarial, no sólo supone una discriminación en el día a día de nuestro trabajo asalariado, sino que tiene repercusión en las desigualdades que forja, hipotecando el futuro de protección social de las mujeres.
En los tiempos de crisis, el desempleo es la primera parada a la que se han visto sometidas una parte importante de las mujeres, y en esta interrupción de su vida laboral comprueban que sus inferiores salarios se traducen en menores cuantías
que las de un hombre al acceder a la prestación por desempleo. Y lo mismo sucede al finalizar la vida laboral y acceder a una pensión de jubilación. Hay más mujeres que hombres que viven en la pobreza tras la jubilación.
Hoy, en pleno siglo XXI, se conoce que el paro, el empleo a tiempo parcial, los contratos temporales tienen rostro de mujer, Cuando son asalariadas por cuenta ajena, sus currículos y experiencia suelen verse marginados ya que el salario que
perciben por el mismo puesto y con la misma calificación profesional, es inferior al de los hombres.
En España, las mujeres ganan de media un 20 % menos que los hombres por un mismo trabajo y tienen que trabajar 1 mes y 22 días más de media que un hombre para obtener el mismo salario.
El desempleo femenino está creciendo espectacularmente en España. La Reforma Laboral aprobada por el Gobierno expulsa del empleo a los sectores más vulnerables y, entre estos, están mayoritariamente las mujeres (trabajo a tiempo parcial,
trabajo temporal). La pérdida de derechos laborales hace casi imposible la conciliación y afectan mucho a quienes tienen responsabilidades familiares. La práctica desaparición de políticas activas de empleo, el desmantelamiento del Estado del
Bienestar, la reducción de los derechos relacionados con la educación o con la salud y la consecuente minoración de los servicios públicos, como consecuencia de los recortes, están dejando sin empleo a muchas mujeres que tenían mayor presencia que
los hombres en estos ámbitos de trabajo.
Con el fin de combatir las discriminaciones directas e indirectas que provoca la actual brecha salarial y contando con la participación indispensable de los interlocutores sociales, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar las actuaciones de las Inspecciones de Trabajo y de Seguridad Social para garantizar la igualdad de percepciones económicas entre mujeres y hombres.
2. Establecer la obligatoriedad de que las empresas dispongan de un libro de registro actualizado en el que figuren, desagregadas por sexo, todas las retribuciones, cualquiera que sea su concepto, que perciben los trabajadores y
trabajadoras de la empresa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2014.-Susana Ros Martínez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas
extraordinarias de solidaridad con los afectados por los diversos y graves temporales que han afectado las costas gallegas y cantábricas, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los graves, diversos y sucesivos temporales que están afectado las costas gallegas y cantábricas, con vientos huracanados, con rachas superiores a los 150 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y el fuerte oleaje, están provocando
inundaciones, daños en la línea de costa, malecones, paseos marítimos, en las flotas pesqueras, incluso, en el caso de Galicia, ha provocado víctimas mortales, así como otros innumerables y cuantiosos daños materiales en Galicia, Asturias, Cantabria
y el País Vasco.
La intensidad y gravedad de los fenómenos atmosféricos han puesto a las Comunidades Autónomas de los litorales cantábrico y atlántico (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) en situación de alerta máxima.
Los importantes daños provocados en infraestructuras necesitan ser reparados con urgencia ya que aunque sea pronto para cuantificar todos los efectos provocados por el temporal, sí que se evidencian ya los graves daños en playas e
infraestructuras.
Los daños que han afectado fundamentalmente a la línea de costa, han afectado a diversas infraestructuras en todas las Comunidades Autónomas, tanto de titularidad municipal, como autonómica y estatal. Tanto a bienes públicos de las
distintas administraciones como a propiedades particulares.
Las Comunidades Autónomas y municipios afectados han evaluado los destrozos que, en una valoración inicial, superan ampliamente los 30M, cifra que por desgracia sufre incrementos diariamente.
El conjunto de las administraciones afectadas, especialmente las autonómicas y locales, están trabajando intensamente en la tramitación de ayudas, asesoramiento, actuaciones en materia de prevención e intentar restituir las zonas afectadas a
la normalidad.
Con respecto al conjunto de estos fenómenos meteorológicos, en concreto de estos temporales marítimos, los expertos están advirtiendo de que el número y la intensidad de los mismos será cada vez mayor, debido en gran parte a los efectos del
Cambio Climático.
La administración del Estado no puede quedar al margen en lo que respecta a la adopción de medidas de compensación y reparación de los daños provocados, pero también en lo que se refiere a medidas de prevención, mitigación y adaptación
relativas al Cambio Climático.
Ante este tipo de situaciones provocadas por catástrofes naturales, el Gobierno, en el marco del principio constitucional de solidaridad, con la mayor celeridad posible, debe actuar poniendo a disposición de los afectados y las demás
administraciones competentes los medios necesarios para proceder a la
reparación de los daños producidos y adoptando medidas extraordinarias. Medidas que ya han venido siendo adoptadas con ocasión de otras catástrofes precedentes y que deben adoptarse también en este caso.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, ante los graves, diversos y sucesivos temporales que están afectando las costas gallegas y cantábricas, con vientos huracanados, con rachas superiores a los 150 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y el
fuerte oleaje, están provocando inundaciones, daños en malecones, paseos marítimos, en las flotas pesqueras, incluso ha provocado el fallecimientos de personas, así como innumerables daños materiales en Galicia, Asturias y el País Vasco, con
numerosos afectados, insta al Gobierno a:
1. Establecer, de forma extraordinaria y con vigencia inmediata, mediante la aprobación del correspondiente Decreto-ley, un conjunto de medidas urgentes de solidaridad dirigidas, en lo posible, a compensar y facilitar la recuperación de las
personas y de las zonas afectadas, y que contemplen en todo caso:
- ayudas directas por los daños personales sufridos y los materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe,
- ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción, rehabilitación o reparación de locales y viviendas siniestradas,
- subvenciones para la reparación de los daños ocasionados en la red viaria, en malecones, paseos marítimos, playas e infraestructuras municipales y otras de titularidad pública,
- atribución de la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia a los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos servicios, así como a las obras de reposición de bienes perjudicados por la
catástrofe, específicamente las relativas a la reconstrucción de obras públicas que afecten a la seguridad de las personas,
- indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas en su caso,
- beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas,
- bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social,
- establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia de los
siniestros,
- concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe, y
- habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas,
- medidas que se aprueben deberán, al menos, contemplar el nivel de ayuda previsto en los últimos decretos-leyes aprobados para compensar daños producidos por otras catástrofes naturales.
2. Presentar, en el plazo de seis meses, un Informe al Congreso de los Diputados evaluando las incidencias en el dominio público marítimo-terrestre del cambio climático, en donde se especificarán evaluaciones de la vulnerabilidad y de los
riesgos y se propondrán medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a sus posibles efectos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2014.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, José Blanco Lopez, María del Carmen Silva Rego, Miguel Ángel Cortizo Nieto, María Paloma Rodríguez Vázquez, María del Puerto Gallego Arriola,
María Luisa Carcedo Roces, María Virtudes Monteserín Rodríguez, Antonio Ramón María Trevín Lombán, José María Benegas Haddad y Odón Elorza González, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
actuaciones a realizar por el Ministerio de Medio Ambiente para reforzar la escollera del muro de costa en el frente litoral más afectado de San Sebastián, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La ciudad de San Sebastián viene padeciendo en el último año importantes destrozos como consecuencia de los temporales de mar. La fuerza de las olas ha provocado daños cuantiosos que afectan a bienes particulares, paseos públicos, puentes,
instalaciones en la bahía, playas, etc.
Con ocasión de los debates sobre los Presupuestos Generales del Estado, ya presentamos una enmienda, que fue rechazada, para que el Departamento de Medio Ambiente redactara un proyecto y ejecutara, desde la Dirección General de
Sostenibilidad de las Costas, las obras de reforzamiento de la escollera con grandes bloques de piedra. El objetivo es el de frenar la fuerza de las olas en todo el frente marítimo del Paseo Nuevo y Paseo de Salamanca, así como para reducir la
energía de las olas en la desembocadura del río Urumea, que penetran río arriba ocasionando daños.
El Ministerio ya conoce el movimiento y desmontaje que han experimentado con el paso del tiempo los bloques de piedra vertidos a finales del pasado siglo en dicha escollera así como la debilidad de la misma a lo largo del Paseo de Salamanca
y Paseo Nuevo, lo que no evita que las grandes olas rompan directamente contra el muro de costa y penetren en la Parte Vieja donostiarra provocando inundaciones. También se viene insistiendo, con enmiendas al Presupuesto del Ministerio, en el
pendiente trabajo de reforzar la frágil escollera de protección de la Playa de la Zurriola para evitar la pérdida de arena.
Lo cierto es que en muchas ocasiones resulta imposible evitar o prever las consecuencias y los riesgos ante la fuerza de las olas provocada por un temporal o una ciclogénesis. Pero sí hay actuaciones pendientes que se deben acometer sin
dilación para paliar sus efectos en la Parte Vieja donostiarra.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte con urgencia las medidas precisas para reforzar la escollera existente junto al muro de costa situado en el frente litoral del Paseo Nuevo y Paseo de Salamanca, en la ciudad de San
Sebastián.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
el Pleno del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral para suprimir la fórmula actual sobre el ejercicio de voto por personas que viven en el extranjero y
el estudio para el establecimiento de sistemas de votación electrónica.
Antecedentes
El 28 de enero del año 2011 se aprobó la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, la cual establecía, entre otras medidas, un nuevo procedimiento de
participación de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero en los comicios celebrados en nuestro territorio lo cual suponía una importante modificación del derecho de sufragio activo.
La norma legal modifica sustancialmente el contenido del artículo 75 de la mencionada Ley Orgánica, estableciendo a partir de entonces una serie de requisitos para el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de voto,
instaurándose el sistema denominado del 'voto rogado' para los residentes en el exterior. Mediante esta nueva fórmula se impone un trámite de petición del voto con plazos muy cortos y casi imposibles de cumplir en la mayoría de países.
En concreto, se ha pasado del envío de oficio del certificado y las papeletas de votación por parte de las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral establecido en el redacto anterior del artículo 75 de la Ley, al requisito
de envío previo por parte del residente en el extranjero de la solicitud de voto, mediante impreso oficial, dirigida a la correspondiente Delegación y que una vez recibida por ésta entonces sí remite posteriormente la documentación para ejercer el
derecho de voto por parte del residente. A partir de este momento será cuando podrán ejercer el voto por correo o, como novedad, podrán depositar en embajadas y consulados el voto en urna entre el cuarto y segundo día anteriores al día de la
elección.
No cabe ningún tipo de crítica a la novedad de poder ejercer el derecho de voto en urna por parte de los residentes en el extranjero pero la incorporación del nuevo requisito de 'voto rogado' se ha mostrado perjudicial para el efectivo
derecho al sufragio activo.
Un ejemplo lo encontramos en los datos recogidos en ocasión de las pasadas elecciones autonómicas de Catalunya del año 2012. Se contabilizaron un total de 9.538 votos de residentes en el extranjero, representando una participación del 6,74
% del total de 156.976 catalanes inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) que tenían derecho a voto en estas elecciones. Hay que recordar que, en los anteriores comicios con el anterior sistema de voto los porcentajes de
participación fueron del 20,8 % en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2006.
El porcentaje de participación del vota exterior siempre, en todos los países donde existe, es inferior a los de la población residente por lógicos motivos de distancia geográfica, política y sentimental, pero los datos de las últimas
elecciones, como es el caso de las correspondientes al Parlament de Catalunya, muestra descensos muy agudizados.
Asimismo, hay que recordar que el establecimiento de esta nueva fórmula de voto para los residentes en el extranjero ha sido ampliamente criticada por un gran número de entidades y de colectivos, asimismo diversos grupos parlamentarios ya
han presentado diversas iniciativas en este mismo sentido.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera que deberían empezarse a estudiar fórmulas para que en casos como en los votos ejercidos por los residentes en el extranjero el voto electrónico empiece a
implantarse como medida habitual para este tipo de convocatorias tanto para facilitar la participación como el posterior registro y validación de los votos emitidos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a modificar la redacción del artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para suprimir el sistema de voto rogado para el ejercicio de voto por personas que viven en el extranjero, para
volver a los principios de la anterior legislación, conservando la posibilidad de votar en embajadas y consulados, con objeto de que los derechos democráticos de todos los residentes en el extranjero se puedan ejercitar fácilmente y can todas las
garantías.
2. Avanzar hacia un sistema de votación electrónica, tanto desde la perspectiva de la Administración electrónica como jurídica, que permita a los residentes en el extranjero el pleno ejercicio del derecho a sufragio mediante medios
telemáticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
relación al Centro Memorial dedicado a las Víctimas del Terrorismo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, de la Comunidad Autónoma Vasca, recoge en su Título II los derechos de las víctimas del terrorismo y, entre ellos, compartido como derecho de la
propia sociedad, el artículo 8.º reconoce el derecho a la memoria.
Por su parte, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, atendiendo a este derecho, dice en su artículo 57: 'El Gobierno constituirá un Centro Nacional para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo, que tendrá como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la
defensa de la libertad, de los derechos humanos y contra el terrorismo. El Centro tendrá su sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco'.
El Gobierno de Euskadi y el Gobierno de España, conscientes de la coincidencia de intereses y voluntades existente entre ambos en lo concerniente a la promoción del valor de la memoria de las víctimas del terrorismo en el conjunto de la
sociedad española y, especialmente, en el ámbito de la sociedad vasca que vive inmersa en un complejo proceso de paz y ante el reto de defender el relato de lo realmente acontecido en la larga etapa del terrorismo, firmaron el 24 de enero de 2012 el
Protocolo de Colaboración para la creación del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo.
El Protocolo referido contemplaba la creación de una Comisión Bilateral compuesta por cuatro miembros, dos de cada institución gubernamental, presidida por uno de los miembros designados por el Ministerio del Interior, que en un plazo no
superior a seis meses enviaría una propuesta a ambos gobiernos. Una vez nombrados los miembros de la Comisión, entre los meses de febrero y abril de 2012, esta Comisión trabajó en la propuesta de estructura jurídica, técnica y organizativa del
Centro.
El 22 de mayo de 2012, la Comisión Bilateral presentó una detallada propuesta de creación del Centro Memorial que contemplaba la constitución, mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros, de un Real Patronato y del Consorcio, con sus
estatutos, para dirigir y gestionar el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Se desconoce, por cierto, si ese Real Decreto fue aprobado.
Posteriormente, no hay conocimiento de las acciones emprendidas por el Gobierno de España tendentes a la puesta en marcha del citado Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
En definitiva, transcurridos dos años desde la firma del Protocolo entre ambos Gobiernos, el proyecto del Centro Memorial no parece que esté aún preparado y nos tememos que venga sufriendo una inexplicable paralización por razones
partidistas que debieran conocerse de acuerdo con el principio democrático de la transparencia. No se entendería que un proyecto de un calado democrático difícilmente alcanzable con otras acciones, encaminado a la deslegitimación ética, social y
política de la violencia terrorista, no se acometiera con decisión y en coherencia con el tantas veces proclamado compromiso de las fuerzas democráticas y de la ciudadanía con todas las víctimas y su memoria.
Tampoco se justifica que en un momento en el que la preocupación de la ciudadanía por el terrorismo ha disminuido considerablemente, ante la ausencia de atentados y otros actos de violencia tras la declaración de ETA en octubre de 2011
anunciando el final de sus actividades terroristas, la memoria de las víctimas pudiera quedar relegada a una cuestión de segundo orden. Sería paradójico concluir este largo periodo de violencia en nuestro país, olvidando su sacrificio, sus ideas y
su legado.
Contando con las bases de un proyecto acordado por ambos Gobiernos, resultaría un grave error político no poner en valor la memoria, una herramienta deslegitimadora de la violencia, en la construcción de una convivencia pacífica que se apoye
en el respeto a las reglas de juego democráticas de un Estado de Derecho, tantas veces vulneradas por las acciones del terrorismo, y en los programas de educación para la paz.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista plantea para su debate en el Pleno la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A continuar y culminar los trabajos y la toma de decisiones, con transparencia y abriendo un proceso de participación que se desarrollaría desde un Consejo de Participación para las asociaciones de víctimas del terrorismo en España, con
el objetivo de hacer realidad en 2014 el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo previsto en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo que aprobó el Gobierno del Presidente José Luis
Rodríguez Zapatero.
2. A comprometer el mayor grado de colaboración con el Gobierno Vasco en la consecución de este proyecto compartido y en virtud de los acuerdos alcanzados en el Protocolo de 24 de enero de 2012 entre ambos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el expediente de regulación de empleo en Coca-Cola lberian
Partners, para su debate en el Pleno.
Coca-Cola lberian Partners ha presentado un ERE sobre la reestructuración de las embotelladoras y delegaciones comerciales. A grandes líneas, plantean 1.253 despidos de un total de 4.270 trabajadores/as, es decir un treinta por ciento de
toda la plantilla y el cierre inmediato de 4 plantas de producción asentadas en Asturias, Madrid, Alicante y Palma de Mallorca. Si bien, como medida para minimizar el impacto la empresa plantea 481 recolocaciones, las condiciones y dificultades del
traslado, nos hacen indicar que el total de despedidos seguirá siendo prácticamente el mismo.
Coca-Cola España tiene unos beneficios de alrededor de 900 millones de euros y una facturación de más de 3.000 millones en el último ejercicio, por lo que no tiene sentido ni justificación alguna el cierre de centros de producción y el
despido de trabajadores y trabajadoras que se pretende, con un planteamiento erróneo tanto en lo social, económico ecológico y medioambiental, de una supuesta reestructuración/optimización organizativa y productiva.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar a la Dirección de la Empresa que suspenda el ERE porque no tiene sentido y justificación alguna cerrar centros de producción y despedir a miles de trabajadores en Coca-Cola cuando tiene unos beneficios sustanciosos.
2. Implicarse para propiciar un espacio de diálogo y negociación entre Coca-Cola lberian Partners y su matriz The Coca-Cola Company con los sindicatos representativos, que conlleve la presentación y discusión de un Plan Industrial y de
Empleo, al objeto de establecer el escenario adecuado para dotar de una solución al conflicto que haga posible y compatible la prioridad del empleo y el mantenimiento de las plantas de producción, junto con la implantación de las políticas y
estrategias que la empresa considere para competir en el mercado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-Ricardo Sixto Iglesias, Gaspar Llamazares Trigo y Ascensión de las Heras Ladera, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural.
162/000879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la alta velocidad
Madrid-Asturias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En 2000, el Gobierno presidido por José María Aznar rectificó la histórica marginación ferroviaria que padecía Asturias e incorporó la línea Madrid-Asturias a la red europea de alta velocidad, iniciándose las obras de la variante de Pajares
en 2004, de modo que los dos grandes túneles de 25 kilómetros cada uno, deberían entrar en servicio en 2010.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió la construcción de una nueva estación de tren en León, al margen de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias, el llamado 'Fondo de saco', inaugurado en 2011.
De esta forma, se obligaba a todos los trenes que paran en León a desviarse de la línea Madrid-Asturias, a detenerse y a retroceder marcha atrás antes de continuar, bien a Asturias, bien a Madrid, según el sentido de la marcha.
Así, se penaliza a los viajeros con la pérdida de 25 minutos en León para circular por una línea de alta velocidad que estaba diseñada para acortar los tiempos de viaje.
Las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy en la línea ferroviaria Palencia-León-Asturias no rectifican, sino ratifican y confirman este anacronismo ferroviario, impropio del siglo XXI e insólito en la moderna política ferroviaria europea,
que tanto daño hace a los asturianos.
El final en León de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias supone también un acto muy grave de despilfarro de una inversión superior a los 3.000 millones de euros ya realizada en la variante de Pajares.
En consecuencia, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Suprimir, de manera urgente, el denominado 'Fondo de saco' de la nueva estación ferroviaria de León, para corregir sus efectos penalizadores sobre los tiempos de recorrido de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias.
2.º En tanto se transforma al ancho internacional el tramo León-Asturias de la línea de alta velocidad, instalar el intercambiador de ancho en Pola de Lena y no en León donde actualmente proyecta construirlo el ADIF.
3.º Poner urgentemente en servicio con carácter prioritario y en ancho internacional (UIC) los dos túneles del tramo de alta velocidad La Robla-Campomanes (Variante de Pajares), habida cuenta de la alta inversión ya realizada en este tramo y
de los requerimientos comprometidos ante la Unión Europea que cofinanció su construcción como línea de alta velocidad,
4.º Licitar y adjudicar en 2014 la redacción del proyecto correspondiente al acondicionamiento para alta velocidad del tramo León-La Robla, con plazo de ejecución no superior al 31 de diciembre de 2015.
5.º Redactar y aprobar antes de finalizar el año 2015 el Estudio Informativo del Trazado de las obras de acondicionamiento de la línea desde Pola de Lena hasta Oviedo, Gijón y Avilés, para garantizar la llegada de la alta velocidad
ferroviaria a toda Asturias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2014.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley contra el Expediente de Regulación de Empleo
en Coca-Cola lberian Partners, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Coca-Cola Iberian Partners ha presentado un ERE sobre la restructuración de las embotelladoras y delegaciones comerciales, A grandes líneas, plantean 1.253 despidos de un total de 4.270 trabajadores/as, es decir un treinta por ciento de toda
la plantilla y el cierre inmediato de 4 plantas de producción asentadas en Asturias, Madrid, Alicante y Palma de Mallorca. Si bien, como medida para minimizar el impacto la empresa plantea 481 recolocaciones, las condiciones y dificultades del
traslado, nos hacen indicar que el total de despedidos seguirá siendo prácticamente el mismo.
Coca-Cola España tiene unos beneficios de alrededor de 900 millones de euros y una facturación de más de 3.000 millones en el último ejercicio, por lo que no tiene sentido ni justificación alguna el cierre de centros de producción y el
despido de trabajadores y trabajadoras que se pretende, con un planteamiento erróneo tanto en lo social, económico, ecológico y medioambiental, de una supuesta reestructuración/optimización organizativa y productiva.
Por todo ello, y a petición de los sindicatos más representativos del sector agroalimentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar a la Dirección de la Empresa que suspenda el ERE porque no tiene sentido y justificación alguna cerrar centros de producción y despedir a miles de trabajadores en Coca Cola cuando tiene unos beneficios sustanciosos.
2. Implicarse para propiciar un espacio de diálogo y negociación entre Coca Cola Iberian Partners y su matriz The Coca Cola Company con los sindicatos representativos, que conlleve la presentación y discusión de un Plan Industrial y de
Empleo, al objeto de establecer el escenario adecuado para dotar de una solución al conflicto que haga posible y compatible la prioridad del empleo y el mantenimiento de las plantas de producción, junto con la implantación de las políticas y
estrategias que la empresa considere para competir en el mercado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2014.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la elaboración de un estatuto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La aprobación de un estatuto de funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria es una exigencia legal, que no se ha cumplido desde su creación en 1991. Sin embargo, hace unos meses el propio Ministro de Hacienda, ante el
descrédito que había generado su actuación en la opinión pública, propuso a los Grupos Parlamentarios la redacción de esta norma. El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia considera que, para que el Estatuto resuelva los problemas que
atraviesa la Agencia Tributaria en lugar de crear otros nuevos, es fundamental que limite la discrecionalidad política en su gestión, que frecuentemente ha degenerado en abierta arbitrariedad.
Por otra parte, España dedica menos personal y recursos presupuestarios que prácticamente ningún país de la OCDE a la lucha contra el fraude. Se debería aprovechar la oportunidad del Estatuto para establecer normas que permitan ir
equiparando los medios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con los de otros países, como Francia, Alemania o Gran Bretaña.
En este sentido, y siguiendo también la propuesta de resolución que UPyD presentó sobre 'lucha contra el fraude' en el Debate sobre el Estado de la Nación del año 2010, que fue aprobada por el Grupo Parlamentario Popular, el Estatuto debería
estar basado en los siguientes principios:
- El Director General de la Agencia Tributaria será nombrado por el Congreso de los Diputados por mayoría de 3/5. El mandato del Director General será de 5 años y sólo podrá ser cesado por causas legalmente tasadas.
- El Presidente de la Agencia Tributaria, actualmente el Secretario de Estado de Hacienda, tendrá exclusivamente funciones de representación, para separar adecuadamente las funciones de propuesta, coordinación y normativa tributaria (que
corresponden al Ministerio de Hacienda) de las funciones de aplicación de los tributos (que, sin interferencias políticas indebidas, corresponden a la Agencia Estatal de Administración Tributaria).
- El Director General comparecerá trimestralmente ante el Congreso para dar cuenta de la gestión de la Agencia Tributaria y sus resultados en la lucha contra el fraude. Los objetivos de la Agencia Tributaria serán objeto de una auditoría
anual independiente, con carácter previo a su presentación.
- Se reducirán al mínimo imprescindible los puestos de libre designación. En este sentido, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) deberá aprobarse, previo informe de las organizaciones profesionales representativas de los distintos cuerpos
adscritos a la Agencia Tributaria, como máximo 3 meses después de la entrada en vigor del Estatuto. En dicha RPT sólo se considerarán puestos de libre designación, y por consiguiente de libre cese, aquellos que sean puramente directivos, así como
los de asesoramiento directo al Director General de la Agencia.
- Para todos los puestos que no se estime adecuado sean de concurso de méritos (y por tanto inamovibles) se creará un sistema de provisión de méritos específicos con un plazo de nombramiento que no podrá ser inferior a dos años. En
cualquier caso, la provisión de las plazas de inspectores que realicen la aplicación directa de los tributos deberá realizarse siempre por concurso de méritos.
- Los concursos de méritos se resolverán por una Comisión en la que estarán presentes las organizaciones que representen a los cuerpos de funcionarios afectados por el mismo. Estas organizaciones deberán ser oídas en los nombramientos y
ceses del personal directivo.
- En todas las actuaciones de colaboración con la Justicia, la designación y revocación de los funcionarios encargados del auxilio corresponderá a los Jueces y Tribunales que lo solicitan, sin perjuicio, en su caso, de las propuestas que
pueda realizar la dirección de la Agencia Tributaria.
- Se incorporará a este Estatuto una memoria económica con las medidas presupuestarias necesarias para ir equiparando los medios humanos y materiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a los de las Agencias Tributarias de
los países de nuestro entorno.
- En la actualidad, la independencia financiera de la Agencia Tributaria respecto del Ministerio de Hacienda no está garantizada. Una parte de la financiación (en concreto el porcentaje del 5 % de la recaudación derivada de los acuerdos de
liquidación) se aplica total o parcialmente a la lucha contra el fraude en función de la decisión discrecional y no motivada del Ministro de Hacienda. Para acabar con esta situación se tomarán las medidas adecuadas para garantizar la independencia
financiera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de tal forma que en ningún caso, su financiación pueda estar condicionada, a las decisiones discrecionales del Ministro.
Por todo ello el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo máximo de tres meses, presente un Proyecto de Ley de Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria conforme a los principios y criterios anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la publicidad de las actividades de apuestas y su relación directa o indirecta con la idea de juego, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La ludopatía es una enfermedad mental, encuadrada en el Trastorno de los Hábitos y del Control de los Impulsos, que se manifiesta como un trastorno del comportamiento, consistente en la pérdida de control personal cuando se está en una
situación de apuesta monetaria, existiendo una relación de dependencia que implica la pérdida de libertad. Esta pérdida de libertad se manifiesta como la imposibilidad de parar de apostar a pesar de estar experimentando pérdidas sucesivas de dinero
y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas tales como pérdida de la fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales críticas. El jugador patológico o ludópata es aquella persona que
fracasa en su intento de resistir el impulso de jugar. Esto se manifiesta a pesar de no tener dinero y llegando a situaciones de endeudamiento personal, familiar y social. La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FAJER) estima
una cifra aproximada de 400.000 personas en España.
Las consecuencias personales de esta conducta, así como de las deudas contraídas por los apostadores afectados por ludopatía son devastadoras. Para el entorno familiar es sencillamente injusto. Esta enfermedad del comportamiento está
reconocida por el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV-TR, de la American Psychiatric Association (APA). La población afectada de ludopatía es transversal en relación con el cuadro social: afecta a persona de todo
tipo y condición, clase social, sexo, estatus social, edad, nivel de estudios o trabajo.
En España y de momento no hay estudios sistemáticos que nos permitan afirmar lo contrario, pero al igual que pasa con las conductas adictivas a sustancias, las consecuencias no son igual para todos los afectados por ludopatía, siendo los más
perjudicados los que menos capacidad económico-social y apoyo familiar tienen. El potencial adictivo que está generando la proliferación de locales de apuestas es enorme. Este hecho no es ningún juego, sino todo lo contrario. La ludopatía
registra un aumento y difusión constante y sin embargo las instituciones políticas y socio-sanitarias parecen subestimar su impacto, constituyendo un serio problema psico-sociosanitario para nuestra sociedad.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para:
1. Prohibir en la publicidad de todas las actividades de apuestas su relación directa o indirecta con la idea de 'juego', tanto de forma manifiesta como no consciente.
2. Prohibir cualquier tipo de publicidad de todas las actividades de apuestas en horarios infantiles, así como patrocinios de empresas de apuestas en eventos deportivos y sociales.
3. Suprimir la denominación de 'juego' en todas las actividades relacionadas con las apuestas, tanto en los niveles administrativos, locales de calle o en cualquier sitio o situación donde se den las apuestas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la financiación de las industrias culturales y creativas y la promoción del mecenazgo cultural, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En un contexto de crisis como el actual, deben conjugarse los necesarios esfuerzos para hacer sostenibles y eficientes las actividades y proyectos culturales con el cumplimiento del derecho de los ciudadanos a una oferta cultural diversa y
de calidad. A tal fin, entre otras medidas, es fundamental fomentar la cultura de mecenazgo y la participación de la sociedad en el sostenimiento de las entidades culturales, al tiempo que se facilita a los emprendedores culturales el acceso al
crédito y unas condiciones de fiscalidad acordes con la labor de interés general que realizan, conforme a la Constitución y los acuerdos y declaraciones internacionales (Pacto Internacionales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
1966, Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad Cultural de 2001, Declaración de Friburgo de 2007 sobre los derechos culturales, entre otros).
Sin embargo, estudios recientes como el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea del primer semestre de 2013 revelan un deterioro de la actividad cultural en los últimos cinco años, y un escaso empleo de técnicas de captación
de fondos como el micromecenazgo (tan solo el 17,3 % de las organizaciones culturales lo emplean de forma habitual). A su vez, el Anuario de Estadísticas Culturales 2013 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte refleja la destrucción de
24.000 puestos de trabajo y de 2.000 empresas en el sector cultural, mientras que el gasto público en cultura ha retrocedido un 17,7 % entre 2008 y 2011 para el conjunto de las Administraciones Públicas. Por último, el Anuario de la Fundación SGAE
2013 de las artes escénicas, musicales y audiovisuales arroja un resultado negativo en todos los sectores objeto de estudio en términos de espectadores y recaudación.
El 26 de septiembre de 2012, la Comisión Europea aprobó una Comunicación titulada 'Promover los sectores de la cultura y la creación para el crecimiento y el empleo en la UE', en la que se define a la cultura como elemento esencial para el
crecimiento económico y la creación de empleo en Europa, pues se trata de una ventaja competitiva propia de nuestro continente y una fuente de innovación que beneficia a otros sectores. No obstante, se destaca que: 'El acceso a la financiación
sigue siendo muy difícil: el sector bancario no dispone de los conocimientos especializados necesarios para analizar los modelos empresariales de estos sectores y no valora adecuadamente su activo inmaterial. La crisis financiera y económica no
hace más que agravar esta situación, justo cuando se necesitan inversiones para adaptarse'. A este respecto, 'el pequeño tamaño de las empresas culturales y creativas, la incertidumbre en cuanto a la demanda de sus productos, la complejidad de sus
planes empresariales y su falta de activos materiales constituyen obstáculos para la obtención de financiación externa. Si bien la financiación mediante fondos propios, businessangels, capital riesgo y garantías son posibilidades de financiación
alternativas, siguen estando muy infrautilizadas'. Debido a lo anterior, la comunicación expresa que 'las instituciones financieras deben aumentar su concienciación sobre el potencial económico de estos sectores y desarrollar su capacidad de
evaluar las empresas en función de su activo inmaterial. Paralelamente, se debe ayudar a los empresarios de estos sectores a comprender mejor los requisitos de planificación empresarial y de asignación de fondos para financiar sus actividades y su
crecimiento'.
Entre otras medidas, la Unión Europea ha aprobado el programa Europea Creativa 2014-2020, cuya primera convocatoria se ha publicado en diciembre de 2013.
En cuanto a la Administración General del Estado, desde 2009 se han consignado en el Ministerio de Cultura (hoy Educación, Cultura y Deporte) partidas destinadas a 'préstamos para la financiación de proyectos de empresas e industrias
culturales' (concepto 83110 del programa 334 A), por importe que ha oscilado entre los 22 millones y los 11 millones de euros, pero que no se ha ejecutado en 2010, 2011, 2012 ni 2013.
A pesar de que actualmente existe en España una normativa fiscal de mecenazgo que podría beneficiar el desarrollo de las industrias culturales (Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo), se trata de una normativa poco conocida y aprovechada por los agentes culturales, al tiempo que no existe en España una cultura de mecenazgo cultural en la sociedad y el sector empresarial como sí ocurre en los
países anglosajones. Además, los incentivos son claramente insuficientes si los comparamos con los existentes en países de nuestro entorno como Francia o Reino Unido. Un aumento de los incentivos fiscales haría incrementar más que
proporcionalmente la inversión en cultura y por tanto la recaudación por impuestos sobre la renta, IVA, Seguridad Social, etc., redundando en un saldo positivo para los ingresos públicos, un aumento del empleo y, a la postre, un mejor cumplimiento
del derecho de los ciudadanos a la participación y disfrute de la vida cultural.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley sobre Mecenazgo que haga más atractiva fiscalmente la inversión en actividades culturales, amplíe la definición de las entidades beneficiarias de mecenazgo y promocione la cultura de
mecenazgo entre ciudadanos y empresas.
2. Poner en marcha una campaña de comunicación institucional de fomento del mecenazgo, dando a conocer los mecanismos actualmente existentes y los beneficios de esta práctica para el enriquecimiento cultural de nuestra sociedad, con
especial atención a mecanismos innovadores como el micromecenazgo.
3. Apoyar, sensibilizar y asesorar a las empresas de todos los sectores culturales a la hora de solicitar créditos bancarios, como aconseja la Comunicación de la Comisión Europea de 26 de septiembre de 2012, y preparar proyectos en el marco
del programa Europa Creativa 2014-2020.
4. Tomar las medidas necesarias para ejecutar la partida presupuestaria 83110 del programa 334 A de los Presupuestos Generales del Estado ('préstamos para la financiación de proyectos de empresas e industrias culturales'), dotada con 11
millones de euros en 2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
200/000002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(200) Comunicación del Gobierno.
Autor: Gobierno.
Comunicación del Gobierno en la que solicita la celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación.
Acuerdo:
Admitir a trámite para su deliberación ante el Pleno conforme al artículo 196 del Reglamento, trasladar a los Grupos Parlamentarios y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN
Una vez alcanzado el ecuador de la legislatura y en coherencia con la función institucional y la relevancia política del debate parlamentario en la democracia española, el Gobierno solicita al Congreso de los Diputados la celebración del
Debate de política general sobre el estado de la Nación.
La convocatoria de este Debate tiene como objetivo someter la acción política del Ejecutivo al escrutinio de los distintos grupos parlamentarios que componen la Cámara y de la sociedad española en general, ofreciendo con ello la oportunidad
de realizar un balance sobre las medidas adoptadas por el Gobierno hasta el momento, así como de las actuaciones previstas en la agenda reformista para las próximas fechas.
Al cabo de dos años de labor ejecutiva, el Gobierno aborda la segunda mitad de legislatura con la determinación de cumplir su propósito inicial: dejar atrás la crisis económica y consolidar el camino del crecimiento y la creación de empleo.
Éste ha sido, y sigue siendo, el objetiva prioritario del Gobierno de España, convencido de que alcanzar estas metas responde al interés general de los españoles y que redundará en su necesario bienestar.
En este propósito, el Gobierno ha tenido que hacer frente a una situación difícil. La crisis había golpeado con especial dureza a nuestra economía, al acumular graves desequilibrios que la hacían más vulnerable y ponían en cuestión su
propia sostenibilidad.
Los ciudadanos otorgaron su confianza al Gobierno para revitalizar una economía poco competitiva, excesivamente dependiente de financiación exterior, con un mercado laboral en el que la destrucción de empleo se convertía en la principal
manifestación de la crisis, y unas cuentas públicas seriamente desequilibradas que restaban confianza y credibilidad a nuestro país y representaban el principal obstáculo para la recuperación. A ello contribuía, además, la difícil situación del
sistema financiero, que hacía necesario abordar con decisión un proceso de reestructuración y saneamiento que garantizase su solidez. Todo ello situaba a España en el centro de muchas incertidumbres y en una situación de máxima fragilidad.
La profundidad de la crisis económica puso de relieve estos desequilibrios, el daño que provocaba no haberlos abordado a tiempo y las dudas que planteaban sobre nuestro propio porvenir. Pero puso de manifiesto también otros retos que
demandaban una reacción por parte del Gobierno. Retos como la sostenibilidad del modelo de bienestar, tanto en el presente como en el futuro; la necesidad de un mejor funcionamiento de la Administración Pública, especialmente necesario en un
momento de restricción de recursos; o los problemas de desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, en un contexto en el que demandan de sus gobernantes soluciones eficaces a su problemas y la atención prioritaria al interés general por
encima de cualquier otro.
La profundidad de los desafíos a los que el Gobierno ha debido hacer frente ha demandado un impulso renovador a la altura de los tiempos. Sólo así era posible cumplir con la tarea encomendada por los ciudadanos. La agenda de reformas del
Gobierno se centró en un primer momento en superar la situación de extrema gravedad, en la que se planteaba incluso la intervención de la economía española; para, a continuación, avanzar en las transformaciones que permitieran sentar las bases de
una recuperación sólida y sostenida de la economía.
En este tiempo, el mayor logro que se ha alcanzado con el esfuerzo conjunto del Gobierno, de todas las Administraciones y de los ciudadanos ha sido devolver a España a la senda de la estabilidad, dejando atrás los momentos de mayor
dificultad de nuestra economía y fijando unos sólidos cimientos, que nos permitirán encarar el futuro con mejores perspectivas y más oportunidades,
Hemos devuelto la estabilidad a las cuentas públicas, en las que se ha acometido el mayor esfuerzo de consolidación fiscal de los grandes países de nuestro entorno y se ha normalizado el acceso a los mercados financieros, de forma que la
prima de riesgo se ha reducido en más de 400 puntos básicos desde julio de 2012 y se han ahorrado 8.800 millones de euros en intereses de la deuda en 2013. Al mismo tiempo, se han definido las normas e instrumentos precisos para impedir que en el
futuro vuelva a repetirse el enorme desfase entre ingresos y gastos públicos, que superó el 9 % en 2011; una tarea en la que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tendrá un papel fundamental.
Del mismo modo, en el sector financiero se ha reforzado la solvencia y transparencia de las entidades bancarias, incrementando las provisiones en unos 95.000 millones de euros en dos años, y se ha desarrollado una profunda reestructuración
del sector, completando con éxito el programa de asistencia financiera europea. Además, la unión bancaria, ya en marcha, en el marco de la Unión Europea contribuirá a evitar la repetición de episodios como los vividos en esta crisis.
Con este objetivo también se ha abordado una profunda trasformación de la economía española para recuperar la competitividad perdida y lograr que el sector exterior se convierta en el nuevo vector del crecimiento en nuestro país, tal y como
atestigua la evolución de las exportaciones españolas, que han incrementado su peso sobre el PIB en cuatro puntos en dos años, y el superávit de la balanza de pagos que muestra nuestra economía por primera vez desde finales de los años noventa.
Se han planteado reformas para articular un marco económico más flexible y favorable al crecimiento, como la garantía de la unidad de mercado, la Integración de los organismos reguladores o la futura desindexación de la economía española;
para lograr una mayor eficiencia en los mercados de factores, como la energía o el transporte; y para permitir a los diferentes sectores económicos desplegar su potencial y generar nuevas oportunidades, en particular en el caso del comercio, el
turismo, el automóvil, la vivienda o el sector agroalimentario.
En la mejora del marco económico ha tenido una importancia esencial la reforma laboral, que ha permitido frenar la destrucción de puestos de trabajo y favorecer una dinámica que permita crear empleo con menores tasas de crecimiento. A ello
hay que sumar las medidas de respaldo y estímulo a los emprendedores y pequeños empresarios, claves para la creación de empleo en nuestro país, con medidas pioneras como la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Medidas como ésta responden a la voluntad del Gobierno de suprimir cuantas trabas se presenten al efectivo despliegue del potencial de la sociedad española. En este objetivo tiene también una trascendencia fundamental la reforma de las
Administraciones Públicas. Una reforma en la que se vienen dando pasos desde el comienzo de la legislatura, algunos tan importantes como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y que cuenta además desde julio del
pasado año con una agenda concreta, como supone la puesta en marcha de las propuestas del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
Avanzar en la simplificación administrativa, la reducción de duplicidades y solapamientos, la mejora en la gestión de recursos y medios comunes o la racionalización de estructuras administrativas, permitirá no sólo asegurar un uso más
eficiente de los fondos públicos, sino también optimizar la respuesta a las demandas de los ciudadanos, que exigen cada vez más y mejores servicios, y convertir a las Administraciones en un activo más de la competitividad del país.
Es un objetivo que comparten todas las Administraciones y que evidencia las ventajas que permiten la colaboración y cooperación entre todos los niveles e instancias administrativas. Cabe recordar, en este sentido, cómo la aplicación de
estos principios ha hecho posible por ejemplo garantizar liquidez a las Comunidades Autónomas o afrontar los pagos pendientes a proveedores. Todo ello demuestra que la suma de esfuerzos sigue siendo la mejor manera de afrontar con mayor fortaleza
las dificultades que puedan surgir.
Fruto de este esfuerzo conjunto, España se presenta, de nuevo, como un país serio y fiable, socio leal que cumple sus compromisos, capaz de participar con voz propia en los asuntos de relevancia internacional y dispuesto a continuar
avanzando en el progreso económico y social que merece alcanzar.
Afrontamos ahora una nueva etapa, en la que hemos dejado atrás la recesión más larga de la democracia, lo que permitirá que las reformas adoptadas desplieguen sus efectos con mayor eficacia y avanzar en el que será el objetivo prioritario
del Gobierno en esta segunda mitad de legislatura: trasladar las tendencias que apuntan a la recuperación de la economía a la realidad de los hogares españoles.
El Gobierno no ha permanecido ajeno a esta realidad y a las dificultades por las que han atravesado y atraviesan muchas familias de nuestro país. Se han hecho reformas para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del Estado del Bienestar
y para proteger a quienes, en una difícil coyuntura, sufren en mayor medida los impactos de la crisis. Ejemplo de esta acción son las normas de protección de deudores hipotecarios y de titulares de determinados productos financieros, la estabilidad
aportada a las ayudas a los parados sin prestación, las medidas adoptadas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de salud y de pensiones, y los planes específicos impulsados en ámbitos como la protección de la infancia y la inclusión
social. Además, como clave para la generación de oportunidades, se ha abordado del mismo modo una reforma de la educación, para mejorar la calidad del sistema, reducir el abandono escolar y favorecer la empleabilidad de los jóvenes españoles.
Porque la creación de empleo continúa siendo el objetivo prioritario del Gobierno, y ello exige seguir avanzando en las reformas para consolidar las bases de la recuperación económica, manteniendo los pilares en los que se ha fundamentado la
labor reformista. Es necesario mantener la senda de consolidación fiscal y asegurar la máxima eficiencia en la gestión de recursos públicos, continuando con el despliegue de la reforma de las Administraciones, además de proceder a la revisión del
modelo de la financiación autonómica, con la finalidad de garantizar la igualdad y la calidad de los servicios públicos.
Desde el punto de vista de los ingresos, ha llegado el momento de abordar una reforma integral del sistema tributario, con el objetivo de definir un modelo más sencillo, que permita garantizar la suficiencia de recursos al tiempo que
contribuir al crecimiento económico. Cabe recordar que en este ámbito se han adoptado ya algunos estímulos fiscales para favorecer la iniciativa emprendedora y empresarial, y que será necesario seguir impulsando cuantos mecanismos permitan agilizar
el acceso de PYMES y autónomos a la financiación, tanto de carácter bancario como a través de otros canales alternativos. Del mismo modo, es preciso seguir trabajando para que la inversión de ideas y medios que supone la iniciativa emprendedora
alcance la máxima rentabilidad posible, definiendo un marco económico favorable a la competitividad, en el que puedan encontrar mayores opciones de desarrollo y generar mejores oportunidades para todos los españoles.
El programa reformista del Gobierno no ha cambiado el rumbo ni ha relajado el ritmo. Mantendrá el impulso y la intensidad necesarios para que el cambio de tendencia que ahora se percibe en las variables macroeconómicas, se convierta en una
transformación de las perspectivas a todos los niveles. En este propósito, la estabilidad democrática de nuestro país sigue siendo un valor añadido de primer orden, que permite afrontar con determinación reformas de gran calado. Es un valor que
resulta necesario preservar por encima de cualquier incertidumbre, y más aún, exige mantener la determinación en grandes políticas de Estado como es la lucha contra el terrorismo, con la misma política que está sirviendo para su derrota. Una
política basada en la fortaleza del Estado de Derecho, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la cooperación internacional, con las víctimas siempre como referente moral.
Y reforzar la estabilidad democrática exige también asumir una necesaria regeneración. Es preciso despejar cualquier sombra sobre el funcionamiento de las instituciones y restaurar la confianza que merecen para los ciudadanos. Por eso,
ésta sigue siendo una de las prioridades esenciales del Gobierno de España, que demanda un conveniente refuerzo en la credibilidad de los poderes públicos y la responsabilidad de cuantos ejercen su actividad en este ámbito.
Se han adoptado ya importantes pasos en este sentido, verdaderamente pioneros en nuestro país, como la aprobación en España de la primera Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; que ha permitido no solo
superar la anomalía que suponía esta carencia con respecto a los países de nuestro entorno, sino colocarnos a la vanguardia de la transparencia. A ello contribuye la amplitud de las obligaciones de transparencia y publicidad activa que se
incorporan en esta norma para todo tipo de administraciones, instituciones e incluso entidades del sector privado, y el hecho de que por primera vez se instauren unas normas legales de buen gobierno por las que han de regirse todos los cargos
públicos, y cuyo incumplimiento acarreará las correspondientes sanciones.
La nueva Ley de Transparencia constituye uno de los pilares fundamentales en el programa de regeneración democrática que está impulsando el Gobierno con el propósito de erradicar cualquier opacidad en la gestión de asuntos públicos y cerrar
cualquier espacio a la corrupción. Con este propósito, el Ejecutivo ha planteado también la aprobación de nuevas normas para el control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, y la regulación del ejercicio del cargo
público; así como la conveniencia de adoptar nuevas medidas en el ámbito penal y procesal que permitan reforzar la respuesta ante los comportamientos corruptos y erradicar cualquier percepción de impunidad respecto a estos delitos, tanto por parte
de quienes los cometen como por parte de quienes no los admiten, la sociedad española en su conjunto.
El Gobierno seguirá trabajando en la plena recuperación de la confianza, consciente de que la determinación de su programa reformista se ha traducido ya en la credibilidad ganada en ámbitos tan diversos como el acceso a los mercados
financieros, la atracción de inversión extranjera, que ha pasado de las cifras negativas a un saldo positivo de casi 20.000 millones de euros hasta noviembre, o los juicios positivos sobre la capacidad de la economía española en los que han
coincidido todo tipo de instituciones públicas y privadas a nivel internacional.
España ha recuperado su posición como socio fiable y necesario, participando activamente en la esfera internacional y en el debate en torno al presente y el futuro de la Unión Europea, al tiempo que ha situado en la agenda común el problema
del desempleo, en especial el paro juvenil, para articular respuestas conjuntas y solidarias ante este común desafío.
A su vez, junto a la indispensable interlocución con Europa y el cumplimiento de nuestros compromisos como aliados fiables en las distintas organizaciones internacionales, el Gobierno ha extendido e intensificado el alcance de su acción
exterior a regiones como América Latina, Norteamérica o el área del Pacífico, llamadas a desempeñar un papel crucial en el desarrollo de nuestra economía.
En definitiva, bajo el marco general descrito en estas líneas, el Gobierno acude a este Debate sobre el estado de la Nación con la intención de presentar un balance serio y unas perspectivas de futuro realistas, con una actitud receptiva,
abierta al diálogo y confiada en las aportaciones que desde los diferentes grupos parlamentarios se quieran hacer llegar, todo ello con el fin de contribuir al mejor ejercicio de la responsabilidad de gobierno y al adecuado funcionamiento
democrático de nuestras instituciones, en el que el marco constitucional constituye la mejor garantía y el mejor ejemplo del valor de la estabilidad y las virtudes del consenso.
12 de febrero de 2014
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