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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 399, de 10/02/2014
cve: BOCG-10-D-399
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de febrero de 2014
Núm. 399
ÍNDICE
Página
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Economía y Competitividad
161/002372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación al Canje de Participaciones Preferentes de Corporaciones... (Página3)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre regulación de los sobrecostes en la contratación pública... (Página4)
161/002379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de anular los expedientes sancionadores a los emigrantes retornados con pensiones de países extranjeros...
Comisión de Fomento
161/002377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, sobre autorizaciones de transporte de mercancías por carretera... (Página6)
161/002380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la deuda de la empresa pública Zaragoza Alta Velocidad... (Página8)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la ratificación de la Carta Social revisada y el Protocolo adicional de Reclamaciones Colectivas...
161/002374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la retirada de la tarjeta sanitaria a los emigrantes en situación de desempleo que permanezcan más de noventa días en el extranjero...
161/002383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre recuperación del derecho a la reposición de la prestación por desempleo... (Página12)
161/002384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para que los españoles emigrantes recuperen el derecho a la asistencia sanitaria... (Página13)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para garantizar el futuro de la empresa pública estatal HUNOSA... (Página14)
161/002373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el mantenimiento activo de las unidades productivas de Coto Minero Cantábrico... (Página15)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la presentación de un Proyecto de Ley de actualización de la legislación de protección a la infancia... (Página16)
161/002375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la retirada de la tarjeta sanitaria a los emigrantes en situación de desempleo que pemanezcan más de noventa días en el extranjero...
161/002381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la vulneración del derecho a la asistencia social y médica de los inmigrantes... (Página19)
161/002382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la discriminación en el ámbito de los derechos sociales entre los españoles retornados...
Comisión de Cultura
161/002378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el Festival Escena Contemporánea... (Página20)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/001561 Pregunta formulada por el Diputado don Diego López Garrido (GS), sobre razones de la segunda avería del avión oficial en el que el Príncipe de Asturias iba a viajar a Honduras, así como medios que va a utilizar el Gobierno para
que percances de este tipo no vuelvan a suceder... (Página22)
Comisión de Economía y Competitividad
181/001564 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Garzón Espinosa (GIP), sobre medidas previstas ante el aumento progresivo del volumen de economía sumergida en España desde el inicio de la crisis económica...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001562 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre gasto medio por turista en el año 2013 sin incluir gastos previos en su país de origen... (Página22)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relaciones de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión... (Página23)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2014.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Economía y Competitividad
161/002372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación al Canje de Participaciones Preferentes de Corporaciones, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
El primer Informe sobre la Comercialización de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada (RDL 6/2013, de 22 de marzo), de la Comisión de Seguimiento, emitido en mayo del 2013, informaba:
1. Que las Participaciones Preferentes emitidas por entidades no financieras y comercializadas por entidades bancarias, era de 8.861 millones de euros.
2. Que el saldo vivo de preferentes de entidades no financieras, en manos de minoristas, a marzo del 2013 era de 5.101 millones de euros: ENDESA por 181 millones de euros, REPSOL por 3.000 millones de euros, FAGOR por 185 millones de
euros, EROSKI por 660 millones de euros, SOL MELIA por 106 millones de euros, SOS CUETARA por 300 millones de euros, TELEFÓNICA por 58 millones de euros y UNIÓN FENOSA por 609 millones de euros.
3. Que el número de clientes minoristas con preferentes de entidades no financieras, a marzo del 2013, era de 191.852 minoristas: ENDESA con 8.090 personas, REPSOL con 120.848 personas, FAGOR con 10.280 personas, EROSKI con 30.621
personas, SOL MELIA con 1.167 personas, SOS CUETARA con 398 personas, TELEFÓNICA con 2.432 personas y UNIÓN FENOSA con 18.016 personas.
4. Que no había emisión de deuda subordinada por las entidades no financieras.
Recientemente se ha informado del acuerdo de Eroski con las entidades bancarias para canjear las participaciones preferentes, con una quita de un 30% del valor nominal, entrega en efectivo de un 15% y Bonos a 12 años de un 55% del valor
nominal.
Los minoristas adquirentes de estas participaciones preferentes, alegan que se comercializaron de forma fraudulenta y opaca por las entidades bancarias. Que nunca han conocido que eran productos híbridos y se sienten engañados por quienes
se las vendieron, al igual que ha ocurrido con los preferentistas de las entidades bancarias. Por ello, no están dispuestos además a asumir una quita en el valor nominal de la inversión.
Los preferentistas de las entidades bancarias intervenidas han tenido la oportunidad de acudir al arbitraje, sin embargo a estas personas sólo les queda la posibilidad de acudir a la vía judicial, con los costes que tendrían que asumir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a:
1. AI Gobierno a encomendar a la CNMV para que audite de oficio la comercialización de participaciones preferentes, emitidas por entidades no financieras y comercializadas por entidades bancarias, para comprobar si se ha cumplido con las
exigencias establecidas de protección a los clientes de productos híbridos. En caso de comercialización fraudulenta, la CNMV debe instar a la entidad bancaria que la ha comercializado, a que devuelva a los clientes el valor nominal de la inversión,
mediante la adquisición de las preferentes por parte del banco.
2. Al Gobierno, para que regule las operaciones de canje que puedan ofrecer las entidades emisoras. El canje que se ofrezca no debe incluir ningún tipo de quita al nominal de la inversión y como una de las alternativas debe siempre figurar
el canje por bonos de la entidad a un plazo no superior a tres años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2014.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.- Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre regulación de los sobrecostes en la contratación pública, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El conflicto generado por la empresa Sacyr Vallehermoso con el Gobierno panameño a raíz de la exigencia del pago de sobrecostes derivados de la realización de una obra pública, para cuya adjudicación el grupo empresarial que lidera licitó
por un precio inferior en la mitad del precio de licitación público calculado por la Administración panameña, ha puesto de relieve la práctica habitual que se sucede en nuestro territorio donde los sobrecostes en las obras públicas son más la norma
que la excepción.
Así, lograr la adjudicación de una obra pública gracias a los puntos que otorga un precio bajo contando con su progresivo incremento a medida que la obra avanza, -a partir del año que exige la vigente ley y del 20% de ejecución del importe-,
ha devenido en algo tan ordinario que las empresas cuentan con ello a la hora de fijar el precio. La connivencia o no de los gestores de la administración pública con estas empresas es algo de lo que debiera ocuparse la Fiscalía Anticorrupción con
mayor asiduidad.
La cuestión que ha de ser resuelta con urgencia es la modificación del marco normativo vigente para que los sobrecostes devengan algo extraordinario que abarque únicamente lo realmente imprevisible y las ofertas temerarias reciban un rechazo
contundente de manera preceptiva y no voluntaria.
La actualización de precios al igual que la revisión de precios parten de una misma causa: la variación de costes. No es razonable que tal variación llegue a suponer el triple del precio original. La variación es mayor cuanto más dura la
relación contractual.
En la actualidad el marco normativo ya prevé supuestos extraordinarios en los que es lícito modificar el precio. Así, existen excepciones a los principios contractuales del precio cierto, riesgo y ventura, e inmutabilidad de los contratos,
basadas en la necesidad de recomposición interna del
equilibrio económico y financiero del contrato y en los principios de equidad y buena fe, excepciones que deben ser revisadas con el fin de frenar su abuso.
En definitiva, resulta evidente que la legislación reclama cambios para que la excepcionalidad sea cierta y no la norma, como ocurre en la actualidad, atendiendo al daño que causa este actuar a las arcas públicas.
De igual modo, sería conveniente avanzar respecto a las actuales Juntas de Contratación Administrativas como organismos asesores hacia la creación de un organismo regulador y controlador de los contratos públicos con potestad ejecutiva, que
actúe con celeridad, eficacia y transparencia, que les hiciera seguimiento, además de dar pautas a los poderes adjudicadores y a los contratistas, para evitar abusos y fraudes en la contratación que siempre repercuten negativamente tanto en el
dinero público como en el retraso de las obras que en definitiva han de disfrutar los ciudadanos.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Presentar un proyecto de ley de reforma de la legislación actual en materia de contratación pública que aborde los cambios necesarios para impedir la existencia de sobrecostes y poner fin a la práctica habitual de licitación por precio
bajo con la garantía de su progresivo incremento.
- Crear un organismo público regulador y controlador de los contratos públicos que actúe con celeridad, eficacia y transparencia, que les hiciera seguimiento, además de dar pautas a los poderes adjudicadores y a los contratistas, para evitar
abusos y fraudes en la contratación y con capacidad de reacción ante los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.- Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de anular los expedientes sancionadores a los emigrantes retornados con pensiones de países extranjeros, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El BNG se ha dirigido en numerosas ocasiones al Ministerio de Hacienda con motivo de las numerosas cartas que comenzó a enviar hace aproximadamente un año a miles de emigrantes retornados, para sancionarles por no haber tributado por las
pensiones que perciben del extranjero.
Desde el inicio, consideramos dichas sanciones como una injusticia porque los afectados actuaron siempre con total desconocimiento, sin mala fe y carentes de información.
Consideramos que la Agencia Tributaria estaba sometiendo por puro afán recaudatorio a una persecución sin cuartel a personas ya jubiladas, que tuvieron que emigrar debido a causas económicos y a la falta de un modo de vida en el Estado
español, al igual que sucede actualmente con miles de jóvenes.
Galicia es uno de los territorios con mayor población emigrante. Las sanciones de Hacienda han repercutido en miles de gallegos y gallegas que desde entonces se han movilizado por lo que califican como una injusticia.
El Ministerio de Hacienda ha hecho caso omiso y ha ignorado al numeroso colectivo afectado, negándose en todo momento a buscar un acuerdo intermedio. Algo tan sencillo como anular las sanciones y otorgar un plazo de tiempo razonable a los
emigrantes retornados para poder actualizar sus declaraciones, sin aplicarles multas ni intereses de mora.
Sin embargo, por fin podemos contar con una buena noticia al saber que a finales de 2013 la Administración tributaria decidió anular la sanción de 666 euros impuesta a un afectado. Se trata de una resolución del Tribunal Económico
Administrativo Regional ante el recurso presentado por un emigrante retornado, oriundo de Ourense. Hacienda le anuló la multa aunque tenga que regularizar su situación en relación a la pensión que percibe del extranjero.
Las informaciones publicadas por un diario indican que en su fallo, Hacienda incluso llega a reconocer que la regulación en este ámbito, el de la tributación de las pensiones que se perciben de otros países, no es suficientemente clara.
Desde el inicio del problema, el BNG siempre puso de manifiesto que la legislación era confusa porque dependía básicamente de los Convenios que el Estado español tenga con cada uno de los países. Al mismo tiempo advertíamos que se podía
estar aplicando la doble imposición y que el Ministerio debería analizar el tema con calma.
Sin embargo, desde el principio Hacienda actuó con demasiada celeridad, aplicando el régimen sancionador y sin querer escuchar los argumentos razonados de miles de afectados.
Aunque se trate de un único caso de momento, el hecho de que se haya decidido anular las sanciones a uno de los emigrantes afectados sienta precedente. Con lo cual, sería deseable que el Ministerio accionase el botón de pausa, anulase de
manera colectiva todas las multas con carácter retroactivo porque muchos de ellos las han pagado, y abriese un plazo de tiempo para analizar con tranquilidad la cuestión. Sobre todo clarificando la regulación existente para evitar ambigüedades y,
por tanto, errores que lleven a una doble imposición.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Hacienda a:
- Anular, con carácter retroactivo, todos los expedientes sancionadores aplicados a los miles de emigrantes retornados al no haber tributado por las pensiones percibidas de países extranjeros.
- Abrir un plazo de tiempo necesario para que el numeroso colectivo de afectados regularicen el capítulo relativo a las pensiones percibidas del extranjero.
- Analizar la normativa existente en cuanto a la tributación sobre las pensiones que se perciben de otros países, estudiar cada uno de los Convenios suscritos por el Estado español con otros Estados a fin de evitar que a los emigrantes
retornados se les aplique la doble imposición.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/002377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre modificación de la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, sobre autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La exigencia de tener en titularidad o arrendamiento tres camiones como mínimo para poseer la autorización de transporte público prevista en la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, sobre autorizaciones de transporte de mercancías por
carretera, lleva años generando infinidad de problemas, al limitar las expectativas laborales de las personas que se dedican al transporte de mercancías al amparo de un absurdo requisito que ni se exige en el resto de Europa ni tiene justificación
alguna.
Efectivamente, la exigencia de un mínimo de vehículos cuya adquisición y mantenimiento requiere una elevada inversión económica, además de suponer una exigencia legal de un volumen de negocio mínimo que no se solicita en ninguna otra
profesión, impide el acceso a la autorización o licencia a un gran número de profesionales que contando con un camión con el que podrían ganarse la vida tienen que estar parados al no poder cumplir un absurdo requisito.
Gracias a la figura de la cooperativa, como gestora de servicios, los transportistas con uno o dos camiones han podido aunar esfuerzos para poder trabajar. Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2013, de 4 de julio, de modificación de la
LOTT que viene a suprimir el régimen específico de las cooperativa a efectos de facturación, exigiendo la facturación como cualquier empresa y por tanto contar con la licencia o autorización de transporte, la situación de los cooperativistas ha
vuelto a dificultarse enormemente, generando gran alarma en el sector, además de inseguridad jurídica.
De otra parte, en la actualidad el Estado español está incumpliendo el Reglamento 1071/2009, de 21 de octubre, que establece las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de
transportista por carretera y deroga la Directiva 96/26/CE. Tal Reglamento al respecto de la autorización prevé lo siguiente:
'Artículo 5. Condiciones respecto del requisito de establecimiento.
A fin de cumplir el requisito establecido en el artículo 3, apartado 1, letra a), la empresa deberá, en el Estado miembro de que se trate:
b) una vez concedida la autorización, disponer de uno o más vehículos, matriculados o puestos en circulación de otra manera con arreglo a la legislación de ese Estado miembro, ya sea en plena propiedad, ya en virtud de otro título, por
ejemplo un contrato de compraventa a plazos, un contrato de arrendamiento o un contrato de arrendamiento financiero (leasing);'
Por su parte, la vigente Ley 16/1987, de 30 de julio, Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, prevé lo siguiente:
'Artículo 43. Requisitos generales.
1. El otorgamiento de la autorización de transporte público estará condicionado a que la empresa solicitante acredite, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
d) Disponer de uno o más vehículos matriculados en España conforme a lo que en cada caso resulte exigible de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, atendiendo a razones de interés general, los cuales deberán cumplir las
condiciones que, en su caso, se establezcan, teniendo en cuenta principios de proporcionalidad y no discriminación.
Y por fin la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, Autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, apartándose de lo dispuesto en la LOTT, apartándose de la normativa expuesta, recoge lo siguiente:
'Artículo 19. Requisitos para la obtención de la autorización de transporte público.
1. Quien pretenda obtener una autorización de transporte público nueva deberá acreditar, junto al cumplimiento del resto de los requisitos señalados en el artículo 10, que dispone, al menos, de los siguientes vehículos en alguna de las
modalidades previstas en las letras a) y b) del artículo 5.2:
a) Tres vehículos, que representen al menos una capacidad de carga útil de 60 toneladas, si se solicita una autorización habilitante para realizar transporte con cualquier clase de vehículo. A los efectos aquí previstos, las cabezas
tractoras se computarán por su capacidad de arrastre, hasta un máximo de 25 toneladas.
b) Un vehículo, si se solicita una autorización que exclusivamente habilite para realizar transporte con vehículos ligeros.
Tales vehículos no podrán rebasar la antigüedad máxima de cinco meses, contados desde su primera matriculación, en el momento de formularse la solicitud.
(...)'
Dado lo absurdo de la limitación, la conveniencia de armonizar nuestras normas con las del resto de Europa, y la obligación de cumplir con los Reglamentos europeos -tal y como se recoge en la exposición de motivos de la Ley 9/2013, de 4 de
julio, de modificación de la LOTT-, además de no apartarse de la ley a la hora de regular reglamentariamente, es necesario abordar una modificación de la Orden FOM/734/2007 permitiendo el acceso a la autorización a aquellos que además de cumplir el
resto de requisitos, cuenten con uno o más vehículos.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, sobre autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, en el sentido de exigir para todo tipo de transporte de mercancías por
carretera que el mínimo para adquirir la autorización sea acreditar la disposición de un vehículo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.- Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de la deuda de la empresa pública Zaragoza Alta
Velocidad, para su debate en la Comisión de Fomento.
Zaragoza Alta Velocidad es una empresa pública, constituida el 3 de junio de 2002, de la que el Estado, a través de Adif, tiene el 50% del accionariado, el Gobierno de Aragón otro 25%, y el Ayuntamiento de Zaragoza el resto. Esta empresa
pública tenía, y tiene, un objeto, que era la transformación urbanística de los terrenos que colindaban en el eje ferroviario de entrada a Zaragoza, donde estaba la antigua estación del Portillo, la zona de la avenida Goya, un corredor: Portillo,
Delicias, La Almozara y otro corredor, el que va desde Oliver a Valdefierro (barrios zaragozanos).
En enero del año 2009, se firmó un crédito de 485 millones de euros, con un sindicato de entidades bancarias y un convenio de colaboración para las obras a realizar. Ese contrato decía que el 31 de diciembre de 2011 había que hacer una
reducción de ese préstamo paulatinamente, de forma progresiva. A 31 de diciembre de 2012, había que reducir ochenta y cinco millones, y después, en el 2013, otros ochenta, y así sucesivamente, a razón de, más-menos, ochenta y cinco millones por
año.
En el año 2010 sí que se produce una reducción de los ochenta y cinco millones, pero, debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, en ese mismo año ya la sociedad tiene serios problemas, tiene muchos terrenos, ningún comprador, y muchas
obligaciones de pago. Por tanto, ya se aventura lo que después va a pasar o va a ir pasando.
En el año 2011, ya no se pueden amortizar los ochenta millones que tocaban amortizar a final de año, no tiene solvencia la sociedad para ello, y empieza un proceso de negociación con los bancos para ver cómo puede reestructurarse la deuda
financiera de esta sociedad. El peso de esa negociación la lleva el Ministerio de Fomento como socio mayoritario.
A fecha de hoy no se ha producido ningún acuerdo porque los bancos invocan su complicada situación económica y financiera y la realidad es que la empresa pública Zaragoza Alta Velocidad debe hacer frente a una deuda de 360 millones de euros
de principal, que vencen en 2019 y que, con la quiebra del sector inmobiliario que persiste parecen complicados de pagar.
Izquierda Unida ya advirtió, en su día, que era un error, y un grave riesgo, abordar una operación de endeudamiento de estas dimensiones fiándolo todo al desarrollo urbanístico de unos suelos y a la especulación urbanística. Lamentablemente
teníamos razón como así lo demuestra la situación actual.
Lo sorprendente es que en el Consejo de Administración de Zaragoza Alta Velocidad, celebrado el pasado mes de diciembre, vuelven a apostar por resolver la deuda recurriendo a la venta de suelos y al incremento de la edificabilidad. Pero lo
hacen mediante una depreciación de los terrenos del 60% y reclamando un aumento del número de viviendas permitidas.
Es decir, la propuesta aprobada en el Consejo de Administración de Zaragoza Alta Velocidad significa depreciar hasta los 214 millones de euros unos terrenos que la empresa adquirió por 500, complementando la operación con el incremento de la
edificabilidad para hacer los terrenos más atractivos.
Es evidente que vender todo el patrimonio de la empresa pública sin siquiera cubrir la deuda actual de 360 millones es un despropósito. En el mejor de los casos, aunque se vendieran los terrenos, quedarían una deuda de 146 millones de que
deberían pagar las administraciones públicas que son los accionistas de Zaragoza Alta Velocidad lo que significaría derivar la deuda a los ciudadanos y ciudadanas que la afrontarían con sus impuestos.
Volver a insistir en un modelo que se ha demostrado fracasado como es el de la especulación inmobiliaria -que en este caso es evidente- para incrementar la plusvalía de los terrenos que se quieren vender, no tiene ningún sentido.
El Convenio del Ave, la operación de los suelos ferroviarios y las decisiones que ha tomado y viene tomando la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, constituyen el paradigma de la utilización del suelo como 'fórmula mágica' para la financiación
de todo tipo de equipamientos, infraestructuras y en general, de financiación de las administraciones sin tener en cuenta otros parámetros, como entre otros, la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna, el modelo de ciudad creado. Un
modelo basado en la especulación del suelo y por tanto un modelo agotado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, que ahora nos deja una deuda de 360 millones de euros a repartir en un 50% a la administración central un 25% a la autonómica y un
25% a la municipal.
Frente a esta situación, tanto el Gobierno de España como el de Aragón, plantean seguir aumentando el número de viviendas del sector e incrementar así las hipotéticas plusvalías de la zona como solución al pago de la deuda con entidades
bancarias. Esta solución, además de desconocer que el problema no es de oferta de suelo sino de falta de demanda para su compra, profundiza en el mismo modelo económico que nos ha llevado a esta crisis.
Es necesario buscar otras soluciones a este grave problema, que sitúe la presión en las entidades bancarias (que decidieron otorgar créditos teniendo en cuenta el valor de unos bienes), que obligue a una renegociación de la deuda y que
eviten que el peso de la solución recaiga en la ciudadanía.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas competentes, para:
1. Desestimar y rechazar la propuesta recientemente acordada en el Consejo de Administración de Zaragoza Alta Velocidad referente a sacar a la venta suelos con una depreciación del 60 % y con incremento de la edificabilidad.
2. Encontrar una propuesta de solución al problema de la deuda contraída, basada en la negociación con las entidades financieras, cláusulas de reducción de los tipos de interés, alargamiento de los plazos de amortización y plazo de carencia
de pago de amortizaciones mientras dure la crisis económica y financiera y, como alternativa, si no se obtiene este acuerdo, la negativa a pagar la deuda por imposibilidad económica real considerando la posibilidad de que, en este caso, se aplique
la dación de los suelos en pago de la deuda.
3. Instar, en último caso, la compra de estos terrenos, en su precio real, por el SAREB como se ha hecho con los activos tóxicos de las entidades financieras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ratificación de la Carta Social revisada y el Protocolo adicional
de Reclamaciones Colectivas, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El Estado Español reconoció con la ratificación de la Carta Social Europea de 1961, del Consejo de Europa, la máxima relevancia de los derechos sociales. Ahora, ese reconocimiento de derechos debe ser ampliado con las sucesivas ampliaciones
y revisiones de 1988, 1991 y 1996. A pesar de que en el año 2000 España firmó la Carta Social Europea revisada de 1996, ésta aún no ha sido ratificada, de manera inexplicable.
Las 8 nuevas disposiciones del texto de 1996 no son meros formalismos. Contienen el reconocimiento a derechos centrales para la calidad de vida de las personas trabajadoras: protección en caso de despido, tutela de los créditos de los
trabajadores en caso de insolvencia de su empleador, dignidad en el trabajo, conciliación de la vida familiar y laboral, protección y facilidades de los representantes de los trabajadores en la empresa, información y consulta en los procedimientos
de despido colectivo, protección contra la pobreza y la exclusión social y el derecho a la vivienda.
De los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, 42 son Partes en la Carta Social Europea: 31 en la Carta revisada de 1996 y sólo 10, cómo el Estado Español, de la Carta original de 1961. Respecto al protocolo de reclamaciones colectivas,
son 15 los Estados que han aceptado el procedimiento.
El Protocolo adicional de 1995 prevé un sistema de reclamaciones colectivas que permite a los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales plantear ante el Comité Europeo de Derechos Sociales quejas de violaciones de la
Carta en los Estados que la han ratificado. La reclamación colectiva es examinada por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que, si se cumplen los requisitos formales, la declara admisible. A continuación, toma una decisión sobre el fondo de la
denuncia y remite a las Partes y al Comité de Ministros un informe, que se dará a conocer a más tardar cuatro meses después de su transmisión. Basándose en el informe del Comité Europeo de Derechos Sociales, el Comité de Ministros adopta una
resolución. En su caso, podrá recomendar al Estado en cuestión que adopte medidas concretas para poner la situación en conformidad con la Carta.
El hecho de que no se haya firmado ni ratificado el Protocolo de Reclamaciones Colectivas deja los derechos sociales y su protección limitados en España, y en desventaja frente a otros países de nuestro entorno. Se impide a la ciudadanía y
a la sociedad civil organizada el ejercicio de la queja institucionalizada ante actuaciones del Gobierno que vulneren la legalidad. Es decir, se reduce la democracia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover de inmediato la ratificación del Tratado internacional de la Carta Social revisada de 1996 y del Protocolo adicional de Reclamaciones Colectivas de 1995.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas Rosana Pérez Fernández (BNG) y Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la retirada de la tarjeta sanitaria a los emigrantes en situación de desempleo que permanezcan más de noventa días en el extranjero. Para su debate en Comisión de Empleo
y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El pasado 26 de diciembre de 2013, en pleno periodo navideño, el 'BOE' publicó la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en la que se establece que las personas sin trabajo, que hayan agotado la prestación y los
subsidios por desempleo, y que se ausenten del país más de noventa días en un año, perderán el derecho a la asistencia sanitaria.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a efectos de las prestaciones y subsidios por desempleo, será de aplicación lo que determine su normativa específica.
Según esta nueva normativa, 'a efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones de la Seguridad Social, incluido los complementos mínimos [...] se exigirá la residencia en territorio español', algo que se perderá automáticamente
cuando la persona esté más de noventa días fuera de territorio español 'a lo largo de un año natural'.
Para ello, la Ley de Presupuestos también introduce una modificación en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que establece que 'tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:(...) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en
España'.
Esta normativa entró en vigor el 1 de enero de 2014.
Se trata de una disposición adicional, la número 65, al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que retira la tarjeta sanitaria a los emigrantes en situación de paro que permanezcan más de noventa días en el extranjero.
Una medida que afecta especialmente a los jóvenes, muchos obligados a coger la maleta debido a la falta de expectativas laborales en el Estado español.
Afecta a muchas personas desempleadas que no ven otra salida que irse al extranjero.
Hay que tener en cuenta que, según las Proyecciones para el 2013 del Instituto Nacional de Estadística (INE), se calcula que alrededor de 600.000 personas abandonaron el Estado español el pasado año. En el caso concreto de Galicia, un total
de 12.854 gallegos y gallegas han emigrado en el primer semestre de 2013, 5.680 al extranjero y 7.174 a otras zonas del estado, según los datos de la Estadística de Migraciones publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por tanto, es una mala noticia para las miles de personas que en su desesperación sólo les queda la opción de emigrar. Podría concluirse que el Gobierno carga de nuevo contra el eslabón más débil, contra las personas más desamparadas y
desprotegidas a las que les retira la asistencia sanitaria por estar fuera un periodo tan corto como noventa días.
Tres meses en el extranjero no es un periodo de tiempo suficiente como para dejar sin tarjeta sanitaria a miles de ciudadanos. Es un periodo excesivamente corto que no merece la aplicación de medidas tan drásticas. Estar noventa días en el
extranjero, o incluso unos meses más, no implica que se haya logrado un trabajo.
Tres meses puede ser simplemente un periodo de adaptación, o el inicio de búsqueda de trabajo sin haber logrado un resultado concreto.
En su ansia por ahorrar a toda costa, el Gobierno carga contra derechos reconocidos, carga contra sus propios ciudadanos, sin importarle la situación de desprotección en la que malviven. Es preciso señalar que no todo vale en aras a un
ansia de ahorrar que siempre se practica a costa de la población.
Además, no queda claro que sucede en caso de que retornen por ejemplo a los cuatro meses. No está claro que puedan recuperar la tarjeta sanitaria a su vuelta.
El Gobierno se ha empeñado en atentar contra el derecho universal a la sanidad pública. Primero acotó el terreno a los inmigrantes, y ahora lo hace con los propios ciudadanos del Estado español, con los emigrantes.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Anular la decisión, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, de retirar la tarjeta sanitaria a las personas desempleadas y sin prestación por desempleo que emigren a países extranjeros y permanezcan fuera más de noventa días en un año.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2014.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley de
recuperación del derecho a la reposición de la prestación por desempleo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El 31 de diciembre de 2013 finalizó, sin que el Gobierno adoptara ninguna medida para prorrogarlo, el derecho de reposición de la prestación por desempleo de los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo o
procedimiento concursal de suspensión o reducción de jornada.
Este derecho fue reconocido por la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, que lo articuló como una de las medidas de protección básica
de los trabajadores cuando las empresas se veían abocadas a adoptar medidas de flexibilidad interna negociada con el fin de evitar la destrucción de empleo, y venía siendo prorrogado desde entonces con carácter anual. La finalidad de esta medida
era impedir que un trabajador que se hubiese visto incurso en un expediente de regulación de empleo o procedimiento concursal suspensivo o de reducción de jornada y posteriormente fuera despedido, o incluso sometido a un nuevo expediente suspensivo
o de reducción, se encontrara sin protección por haber consumido su derecho a prestación por desempleo en los procesos anteriores.
La Ley 27/2009 establecía, así, dos supuestos que generaban este derecho a la reposición de la prestación: el primer supuesto contemplaba la reposición cuando los trabajadores después de haber estado incursos en un expediente de suspensión
o reducción, o procedimiento concursal, posteriormente fueran despedidos; el segundo supuesto se refería al derecho de reposición cuando los trabajadores que ya hubieran consumido la totalidad o parte de su prestación por suspensión o reducción,
posteriormente volvieran a estar incluidos en un expediente suspensivo o de reducción.
La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes del mercado de trabajo fue la primera en prorrogar este derecho de reposición.
El actual Gobierno, en la reforma laboral aprobada por Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, ya eliminó el derecho a reposición cuando se tratara de un nuevo expediente suspensivo o de reducción de jornada, y sólo contempló la prórroga
hasta el 31 de diciembre de 2012 en el supuesto de un nuevo expediente de regulación de empleo de extinción de la relación laboral. Por último, el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, volvió a prorrogar el derecho de reposición de la prestación
hasta el 31 de diciembre de 2013.
El Gobierno del Partido Popular al no haber prorrogado de nuevo dicha medida arroja a los trabajadores sometidos a medidas de flexibilidad interna que después ven extinguida su relación laboral a una situación de desprotección absoluta, al
haber visto ya muy reducida o incluso terminada su prestación por desempleo.
Con su reforma laboral ya redujeron drásticamente este derecho, al dejar sin protección a aquellos trabajadores que nuevamente se vieran incursos en un procedimiento suspensivo o de reducción, sin la supervisión, además, de la autoridad
laboral y mermado el marco de negociación de sus representantes
legales. Ahora, con la falta de prórroga de este derecho, continúan incidiendo en la desprotección del colectivo más desfavorecido, constituido por los trabajadores despedidos.
El Gobierno tuvo la oportunidad de haber adoptado esta medida con ocasión de la aprobación del Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, para no
generar incertidumbre en los trabajadores ni inseguridad jurídica. Al no hacerlo, el Gobierno adopta una nueva configuración de las medidas de flexibilidad interna, que no son negociadas a partir de la reforma laboral y en las que prima el interés
y el poder unilateral del empresario en la determinación de las causas que las dan origen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar inmediatamente las disposiciones necesarias para recuperar, con efectos desde el 1 de enero de 2014, el derecho a la reposición de la prestación por desempleo de los trabajadores
afectados por expedientes de regulación de empleo o por procedimientos concursales de suspensión o reducción de jornada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2014.-María Concepción Gutiérrez del Castillo, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para que
los españoles emigrantes recuperen el derecho a la asistencia sanitaria, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, mediante la modificación que efectúa en el artículo 3.2 d) de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y con la adición de una nueva
disposición adicional sexagésima quinta en la Ley General de la Seguridad Social, establece que las personas que hayan agotado su prestación o subsidio por desempleo, u otras prestaciones de similar naturaleza, y que se ausenten del país por más de
noventa días perderán el derecho a la asistencia sanitaria.
Esta nueva disposición afecta exclusivamente a los españoles, a los cuales ahora se les exige residencia en España para tener derecho a la tarjeta sanitaria en el supuesto de que hayan agotado las prestaciones del sistema de protección por
desempleo [art. 3.2 d) Ley 16/2003]; residencia que perderán a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social, en las que se incluye el derecho a la asistencia sanitaria, cuando 'hayan tenido estancias en el extranjero que superen los noventa
días a lo largo de cada año natural' (disposición adicional sexagésima quinta de la LGSS). Interpretación que se efectúa en base a que, a partir del Real Decreto-ley 16/2012, el derecho a la asistencia sanitaria se extendía a los europeos
comunitarios que residan en España y a los extranjeros titulares de una autorización para residir en España, siempre que no superen los 100.000 euros de ingresos anuales (artículo 3.3 Ley 16/2003).
Es decir, a partir de la Ley 22/2013, los españoles que hubieran agotado las prestaciones del sistema de protección por desempleo y salgan de España por tiempo superior a noventa días, incluso para buscar trabajo o formación, perderán su
derecho a la asistencia sanitaria en su país, en claro detrimento de su derecho de ciudadanía.
El Grupo Socialista en las enmiendas presentadas en la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos pidió la supresión de las disposiciones normativas de cuya conjunción se desprende esta restricción del derecho a la sanidad de los
españoles.
El Gobierno con el Real Decreto-ley 16/2012 ya eliminó el derecho a la atención sanitaria universal, en detrimento del derecho a la protección de la salud garantizado en el artículo 43 de la Constitución.
Ahora, por la puerta de atrás, aprovechándose de la tramitación de la Ley presupuestaria, restringe este derecho precisamente a las personas trabajadoras que, arrojadas del mercado laboral y habiendo ya consumido sus prestaciones por
desempleo, se ven obligadas a emigrar. Y ello, en un momento en que son cientos de miles los españoles que salen de nuestro país en busca de empleo, formación o recualificación profesional.
El Gobierno, en vez de arbitrar las medidas y las prestaciones necesarias para tutelar el derecho a la salud en cumplimiento del mandato de nuestro texto constitucional, ateniendo a esta nueva realidad emigratoria, tiene en cuenta la
situación laboral de determinados trabajadores, a los que arroja ahora del país sin los más básicos derechos de ciudadanía, entre ellos, la asistencia sanitaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de forma inmediata, derogue las medidas que permiten que las personas desempleadas que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo, u otras prestaciones de similar
naturaleza, y que tengan estancias en el extranjero superiores a noventa días, pierdan el derecho a la asistencia sanitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2014.-María Concepción Gutiérrez del Castillo, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para
garantizar el futuro de la empresa pública estatal HUNOSA, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El pasado día 23 de enero de 2014, la Junta General del Principado de Asturias aprobó una declaración institucional sobre el futuro de la empresa pública estatal HUNOSA, en nombre de todos los grupos parlamentarios, incluido el PP. Dada la
unanimidad registrada en el Parlamento asturiano, importa reforzar dichas propuestas mediante el presente pronunciamiento del Congreso de los Diputados.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que, dada la importancia y necesidad de la empresa pública HUNOSA para estos territorios, se establezcan los mecanismos que permitan la continuidad y futuro de la empresa más allá de 1 de enero de 2019.
2. Que en el Plan de Empresa que en estos momentos se encuentra en fase de negociación se promueva, al igual que lo hace el Marco de Actuación, las condiciones para la competitividad del mayor número posible de explotaciones, contribuyendo
al mantenimiento de una producción de carbón autóctono que permita garantizar cierto nivel de producción de electricidad que, apoyando la seguridad de suministro, contribuya al desarrollo de fuentes de energías renovables.
3. Que en el marco del próximo Plan de Empresa, HUNOSA se contemple la diversificación de la actividad minera como complemento a la actividad tradicional.
4. Que la evolución de las plantillas a lo largo de la vigencia del Plan de Empresa que se firme, se adecue a la necesidad de la evolución de la actividad productiva, estableciendo la empresa el empleo como objetivo prioritario, no
contemplando como posibilidad la salida traumática de trabajadores de la empresa pública.
5. Que HUNOSA, en cumplimiento de lo reflejado en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las comarcas Mineras en el periodo 2013-2018, mantenga el compromiso con la reactivación económica de las comarcas mineras de la Cuenca
Central Asturiana y la creación de empleo, como alternativa a la situación que padecen estos territorios. HUNOSA debe seguir siendo la tractora del tejido industrial de unas Comarcas Mineras que no han visto consolidarse alternativas industriales a
la constante reordenación del sector minero.
6. Que, como históricamente ha venido siendo, se respete la interlocución de las Organizaciones Sindicales en la importante negociación del Plan y Convenio que han de instrumentalizar estas exigencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el mantenimiento
activo de las Unidades Productivas de Coto Minero Cantábrico, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
La empresa Coto Minero Cantábrico, perteneciente hasta fechas recientes al Grupo Vitorino Alonso, se encuentra en situación concursal. Una situación que puede suponer la liquidación y subasta de la empresa en menos de un mes. Solo en la
mina de Cerredo trabajan trescientos mineros (un centenar de ellos lacianiegos). Recientemente ha recibido una oferta de adquisición que plantea respetar la totalidad de los puestos de trabajo de CMC (372 empleados) incluyendo no solo a los mineros
de Cerredo, sino también a los de lavadero, ferrocarril y oficinas (que trabajan en el Sector Servicios de Villablino).
Es urgente tomar medidas para evitar la pérdida de estos puestos de trabajo. Fundamentales para asegurar la supervivencia del Valle de Laciana y los trabajadores del Bierzo y el suroccidente de Asturias que dependen de la actividad de esta
sociedad. Las administraciones públicas deben tomar medidas políticas y económicas para evitar el desmantelamiento de las minas y no repetir de nuevo el error, ya cometido en la adjudicación de la Msp, dejándola en bandeja al mismo empresario
responsable de su quiebra.
Partimos de la base de valorar positivamente cualquier oferta que pudiera presentarse en el proceso judicial, en las que pedimos al juzgado de lo mercantil que se valoren fundamentalmente las garantías de estabilidad para la totalidad de los
empleos que oferten los empresarios interesados, acreditando su solvencia y compromiso de futuro. Dichas peticiones fueron planteadas por Izquierda Unida en la reunión mantenida en Villablino con los administradores concursales.
Sin embargo, la recién publicada convocatoria de las ayudas al carbón para el 2013 (ya solicitadas por los administradores), y las previsiones realizadas por el Ministerio (en la última mesa de seguimiento del Plan del Carbón a los
sindicatos mineros), negando acceso a las unidades productivas de Coto a las próximas convocatorias de ayudas 2014 y los cupos de carbón térmico para 2014, condenan a muerte a Coto Minero Cantábrico, por estar en este proceso de liquidación
concursal antes descrito
Pero lo más grave es que el Ministerio niega la posibilidad de traspasar las ayudas y el cupo térmico a las nuevas empresas que adquieran las unidades de producción y garanticen los 372 empleos actuales.
Hace pocas semanas se celebró un concejo sobre CMC en Cerredo. En la misma se puso sobre la mesa la pretensión del Grupo de empresas de Vitorino Alonso (a través de Uminsa u otras sociedades) de hacerse nuevamente con la mina de Cerredo,
manteniendo únicamente algunos de los empleos de la misma. Tanto la vuelta de este empresario como el chantaje que presentó nos parecen intolerables, por lo siguiente:
1. Coto Minero Cantábrico fue puesta en liquidación exclusivamente por la nefasta gestión de este empresario, posiblemente por los elevados 'costos' de los suministros y servicios prestados por sus empresas subcontratadas.
2. Coto Minero Cantábrico disfruta en Cerredo de un elevado cupo de carbón, trasvasado junto con sus plantillas de las minas de la MSP cerradas en los últimos años en Castilla y León.
3. Uminsa está en situación de concurso de acreedores, con una deuda reconocida superior a 40 millones de euros, por lo que dudamos de la solvencia y compromiso de futuro de su oferta.
4. Este empresario firmo contratos, acuerdos y convenios muy beneficiosos para Uminsa en relación a la explotación de las concesiones mineras de CMC, que han sido rescindidos (o lo están siendo) por los administradores concursales y que
deberían ser objeto de investigación por el juzgado de lo mercantil, ya que pudiéramos estar ante una descapitalización provocada de CMC por sus anteriores gestores.
5. Se debe primar a empresas interesadas en adquirir las unidades de producción de CMC que garanticen la totalidad de los empleos, con solvencia y garantía de futuro. Modificando la normativa si fuera preciso para permitir traspasar a
dichas empresas junto con las unidades productivas y la plantilla, la 'mochila' de ayudas y cupos de carbón térmico actuales.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener activas las Unidades Productivas de Coto Minero Cantábrico, que cuentan con las mejores reservas de carbón y están entre las más rentables del país.
2. Avalar que la SEPI, directamente o a través de HUNOSA, presente oferta de adquisición para la totalidad de los activos de CMC.
3. Que los tonelajes asignados a las térmicas de Anllares y Compostilla, dentro del 'Decreto de Garantía de Suministro' para 2014, se pongan a disposición de las empresas que adquieran y exploten las unidades productivas en Cerredo, Laciana
e lbias y garanticen la totalidad de los empleos actuales tras la liquidación y subasta de la empresa.
4. Incluir en la convocatoria de ayudas de 2014, las unidades de producción actuales (Coto Subterránea, Cantábrico Subterránea y Cielo Abierto Única) con los mismos tonelajes y ayudas que los que le corresponderían a la empresa anterior,
para su cobro por las empresas que adquieran y exploten las unidades productivas en Cerredo, Laciana e Ibias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la presentación de un Proyecto de Ley de actualización de la legislación de protección a la infancia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La promulgación de la Constitución española de 1978 en su artículo 39 encomienda a los poderes públicos el deber de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia; así como la protección integral de los hijos. Establece,
además que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Convención sobre los derechos del niño, en la que se reconocen los derechos inalienables de la infancia. La Convención establece, además, las obligaciones de los
Estados, los poderes públicos, los padres, las madres y la sociedad en su conjunto, incluidos los propios niños y niñas, de garantizar el respeto de esos derechos y su disfrute por todos los niños sin distinción de ningún tipo. España ratificó la
Convención un año después de su aprobación. De acuerdo con la Constitución española, la Convención es parte integrante del
ordenamiento jurídico, de aplicación directa en España y el estándar mínimo que debe respetarse a la hora de legislar y desarrollar políticas públicas que afecten a la infancia.
La legislación protectora de la infancia en nuestro país tiene como norma de cabecera la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. Junto con las previsiones del Código Civil en esta materia, constituye un marco
regulatorio que considera a las personas menores de edad como sujetos de derechos, garantizándoles una protección uniforme en todo el territorio del Estado y que ha servido de modelo a la legislación que las comunidades autónomas han ido aprobando
de acuerdo con su competencia en esta materia.
Han transcurrido dieciocho años desde la aprobación de la citada ley orgánica y se han producido importantes cambios sociales que inciden en la situación de los menores y que demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica, en
aras del cumplimiento efectivo del citado artículo 39 de la Constitución.
En lo relativo a la protección de nuestros niños y niñas no se debe bajar la guardia bajo ningún concepto ni excusa; es necesario seguir avanzando y respondiendo a la evolución de la sociedad. Con este objetivo como guía, el Grupo
Parlamentario Socialista trajo a la Cámara una Proposición de Ley de actualización de la legislación de protección a la infancia cuyo contenido era básicamente el del Anteproyecto de Ley elaborado en la anterior legislatura con las recomendaciones
que la Comisión especial creada en el Senado había aprobado por unanimidad en noviembre de 2010; contando con las aportaciones de las Comunidades Autónomas, Defensor de Pueblo, Fiscalía General del Estado, Comité de Derechos del Niño, expertos y
organizaciones de defensa de la infancia.
El debate de toma en consideración de dicha Proposición de Ley se celebró el 7 de mayo de 2013, resultando rechazada por los votos del Grupo Popular, cuya portavoz afirmó que su grupo coincidía con el fondo de la propuesta, pero que no
apoyaría la toma en consideración porque el Gobierno llevaba meses trabajando para abordar la reforma legislativa propuesta. Señaló que este trabajo vería la luz en los próximos meses.
Han transcurrido ya muchos meses desde aquel debate y el Gobierno no ha remitido el Proyecto de Ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara, de manera urgente, un Proyecto de Ley de actualización de la legislación de protección a la infancia que tenga, al menos, los siguientes objetivos: garantizar la
protección jurídica del menor en cualquier circunstancia de riesgo o desamparo; reforzar la prevención para evitar situaciones de desamparo, mejorando las actuaciones en situaciones de riesgo; simplificar y mejorar los procedimientos para la
acogida familiar y la adopción; posibilitar la adopción de mayores de 18 años, y regular el funcionamiento de los centros de menores con trastornos de conducta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2014.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas Rosana Pérez Fernández (BNG) y M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la retirada de la tarjeta sanitaria a los emigrantes en situación de desempleo que permanezcan más de noventa días en el extranjero. Para su debate en Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El pasado 26 de diciembre de 2013, en pleno periodo navideño, el BOE publicó la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en la que se establece que las personas sin trabajo, que hayan agotado la prestación y los
subsidios por desempleo, y que se ausenten del país más de noventa días en un año, perderán el derecho a la asistencia sanitaria.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a efectos de las prestaciones y subsidios por desempleo, será de aplicación lo que determine su normativa específica.
Según esta nueva normativa, 'a efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones de la Seguridad Social, incluido los complementos mínimos [...] se exigirá la residencia en territorio español', algo que se perderá automáticamente
cuando la persona esté más de noventa días fuera de territorio español 'a lo largo de un año natural'.
Para ello, la Ley de Presupuestos también introduce una modificación en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que establece que 'tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:(...) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en
España'.
Esta normativa entró en vigor el 1 de enero de 2014.
Se trata de una disposición adicional, la número 65, al Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que retira la tarjeta sanitaria a los emigrantes en situación de paro que permanezcan más de noventa días en el extranjero.
Una medida que afecta especialmente a los jóvenes, muchos obligados a coger la maleta debido a la falta de expectativas laborales en el estado español. Afecta a muchas personas desempleadas que no ven otra salida que irse al extranjero.
Hay que tener en cuenta que, según las Proyecciones para el 2013 del Instituto Nacional de Estadística (INE), se calcula que alrededor de 600.000 personas abandonaron el estado español el pasado año. En el caso concreto de Galicia, un total
de 12.854 gallegos y gallegas han emigrado en el primer semestre de 2013, 5.680 al extranjero y 7.174 a otras zonas del estado, según los datos de la Estadística de Migraciones publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por tanto, es una mala noticia para las miles de personas que en su desesperación solo les queda la opción de emigrar. Podría concluirse que el Gobierno carga de nuevo contra el eslabón más débil, contra las personas más desamparadas y
desprotegidas a las que les retira la asistencia sanitaria por estar fuera un periodo tan corto como noventa días.
Tres meses en el extranjero no es un periodo de tiempo suficiente como para dejar sin tarjeta sanitaria a miles de ciudadanos. Es un periodo excesivamente corto que no merece la aplicación de medidas tan drásticas. Estar noventa días en el
extranjero, o incluso unos meses más, no implica que se haya logrado un trabajo.
Tres meses puede ser simplemente un periodo de adaptación, o el inicio de búsqueda de trabajo sin haber logrado un resultado concreto.
En su ansia por ahorrar a toda costa, el Gobierno carga contra derechos reconocidos, carga contra sus propios ciudadanos, sin importarle la situación de desprotección en la que malviven. Es preciso señalar que no todo vale en aras a un
ansia de ahorrar que siempre se practica a costa de la población.
Además, no queda claro que sucede en caso de que retornen por ejemplo a los cuatro meses. No está claro que puedan recuperar la tarjeta sanitaria a su vuelta.
El Gobierno se ha empeñado en atentar contra el derecho universal a la sanidad pública. Primero acotó el terreno a los inmigrantes, y ahora lo hace con los propios ciudadanos del estado español, con los emigrantes.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Anular la decisión, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, de retirar la tarjeta sanitaria a las personas desempleadas y sin prestación por desempleo que emigren a países extranjeros y permanezcan fuera más de noventa días en un año.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2014.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la vulneración del
derecho a la asistencia social y médica de los inmigrantes, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El Consejo de Europa y el Comité Europeo de Derechos Sociales, en sus informes sobre el Real Decreto-ley 16/2012, consideran que este vulnera la Carta Social Europea; en su artículo 11, sobre acceso de los inmigrantes a la sanidad y ponen,
asimismo, en cuestión la política de recortes, repagos y cambio de modelo sanitario.
El Comité Europeo de Derechos Sociales resalta que la crisis económica no debe tener como consecuencia la reducción de la protección de los derechos reconocidos por la Carta Social Europea y que la crisis económica no puede servir de
pretexto para una restricción o denegación del acceso a la atención sanitaria.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar urgentemente la exclusión de los inmigrantes irregulares a la atención primaria de salud, incluida en el Real Decreto-ley 16/2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la discriminación en
el ámbito de los derechos sociales entre los españoles retornados, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Entre los años 1995 y 2011, según el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), se otorgaron, en España 749.563 nacionalizaciones. Según esa misma fuente, las nacionalizaciones aumentan una media de 20% cada año, lo que lleva a
suponer que, los nuevos españoles rondarán el millón de personas. A ellos habría que sumar los hijos de la población nacionalizada que, al hacerse españoles uno o ambos padres, pasaron a ser, ellos también, ciudadanos españoles.
La Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, contiene normativas distintas, sobre todo en el ámbito de derechos sociales, entre españoles de origen y españoles nacionalizados, por una parte, en
su artículo dos expresa:
'2. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para remover los obstáculos que dificulten a los españoles retornados el acceso a las prestaciones o beneficios sociales existentes, en las mismas condiciones que los españoles
residentes en España.'
Y en otras partes entra normas discriminatorias en perjuicios de los españoles de nueva generación, a los que distingue de los españoles 'de origen', siendo éstos los únicos que pueden, realmente, beneficiarse de las partes sustantivas de la
normativa sobre los ciudadanos españoles en exterior.
Un ejemplo de esta normativa discriminatoria la vemos en el caso de los emigrantes retornados. Ello implica que los nuevos españoles que hayan salido de España a trabajar en terceros países, con excepción
de los comunitarios, quedan excluidos de todas las prestaciones sociales de que puedan gozar los españoles 'puros'.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Convención Internacional de Eliminación de todas las formas de discriminación en relación a los españoles de origen y los de nueva generación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Cultura
161/002378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el Festival Escena Contemporánea, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Uno de los sectores económicos de nuestro país que más ha sufrido las consecuencias de la crisis financiera y de los recortes presupuestarios del Gobierno ha sido, sin duda alguna, la cultura. Recientemente, el Observatorio Cultural de la
Fundación Contemporánea estimaba que los tres recortes en instituciones, empresas e industrias culturales desde el año 2009 ha sido de casi un 1'50%. A estos importantes recortes presupuestarios, habría que sumarle además la decisión del Gobierno
de subir el 'IVA cultural' del 8% al 21%, ahondando todavía más en la mala situación de este sector.
Así las cosas, desde el año 2008 hemos visto como el número de representaciones tanto teatrales como musicales y de danza se han reducido en casi un 27% y el número de espectadores -en comparación con el año 2012- se ha visto reducido en un
31% (6 puntos más que el año anterior). Estas caídas han dado como resultado una pérdida de recaudación de un 14% solamente entre los años 2012 y 2013. Si bien es cierto que algunas industrias culturales han sufrido menos los efectos de la crisis,
lo cierto es que solo están sobreviviendo en nuestro país las grandes producciones culturales: Las grandes producciones cinematográficas solo han visto reducidos sus ingresos en algo más de un 4%. Estos datos señalan cómo hemos dejado de lado
algunos elementos indispensables de la cultura de nuestro país y sobre todo cómo se está poniendo freno a las nuevas expresiones y movimientos culturales que surgen cada día.
El Observatorio de la Fundación Contemporánea señalaba también que un 66% de las industrias culturales ha visto cómo se veía obligado a suprimir algunas actividades o proyectos nuevos, primando en todo caso aquellos que fueran más viables
económicamente y dejando de lado lo proyectos mas experimentales. Primar la rentabilidad sobre la creación es la antítesis de la cultura, pero es la única salida para que este sector pueda sobrevivir en nuestro país a día de hoy.
Un claro resultado de estas políticas culturales ha sido la desaparición en este 2014 del Festival Escena Contemporánea de teatro alternativo en el año que cumplía su decimocuarto aniversario. Este festival se presentaba como un espacio
para que los creadores tanto nacionales como internacionales pudieran compartir experiencias, otorgando la oportunidad a jóvenes artistas y creadores innovadores a exponer y presentar sus obras de una manera independiente dando a conocer movimientos
culturales que de otra manera difícilmente llegarían al gran público.
Creado en el año 2000 por la entonces Consejera de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, Alicia Moreno, el festival se realiza en colaboración con diferentes salas de Madrid. Ha sido considerado como
un referente tanto a nivel nacional como internacional y resultado de ello es el hecho de que en el año 2013 las salas que acogían el festival tuvieron un aforo cercano al 87%, cifras sin duda muy positivas.
Este festival ha contado históricamente con el respaldo del Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, estos últimos han decidido este año suprimir la
subvención de 90.000 euros que otorgaban a la Asociación Escena Contemporánea para la organización del certamen, alegando la preparación de 'una gran cita con la escena contemporánea' pero sin dar mayores detalles al respecto. La realidad es que
este festival contó tan solo con un presupuesto de 150.000 euros el pasado año, y sin la subvención del Ayuntamiento de Madrid la organización ya ha comunicado que el festival es inviable de cara al futuro.
Pero la importancia del mismo no radica solo en el éxito de público o en otorgar oportunidades a artistas, sino que también se trataba de uno de los pocos festivales interdisciplinarios de nuestro país. Así, en este se aglutinaban
diferentes aspectos de la cultura como el teatro, la danza, performance, la lectura o la música. Teniendo en cuenta esto, la decisión del ayuntamiento carece aún más de sentido.
Teniendo la experiencia y el nombre tras haber realizado el festival durante trece años, este festival parece el marco más adecuado para realizar un gran festival contemporáneo. Los organizadores han demostrado que se puede hacer un
festival de renombre y atraer a artistas de primer nivel con pocos recursos y por ello parece lógico seguir apostando por su desarrollo en lugar de partir de nuevo de cero.
La desaparición de este festival no es sino la puntilla a un sector muy afectado por la crisis pero que sin duda aporta un gran valor a nuestra sociedad. Las expresiones culturales y artísticas que ofrecía el festival fomentaban el
pensamiento crítico, la innovación y la creatividad y sin duda ponían a nuestro país y a la ciudad de Madrid en el mapa internacional de la cultura. Se trata de una de esas ocasiones en las que podemos decir que se creaba 'Marca España' o en este
caso 'Cultura española'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un crédito presupuestario para asumir la subvención que venía otorgando el Ayuntamiento de Madrid para el Festival Escena Contemporánea en la misma cuantía que la establecida para el
año 2012, fomentando el certamen y asegurando su continuidad con un dotación presupuestaria anual asignada a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y del Centro Dramático Nacional adscrito al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2014.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Defensa
181/001561
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Diego López Garrido
Texto:
¿Cuáles son las razones de la segunda avería del avión oficial en el que el Príncipe de Asturias iba a viajar a Honduras? ¿Qué medios va a utilizar el Gobierno para que percances de este tipo no vuelvan a suceder?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2014.-Diego López Garrido, Diputado.
Comisión de Economía y Competitividad
181/001564
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad
Diputado don Alberto Garzón Espinosa
Texto:
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante el aumento progresivo del volumen de economía sumergida en España desde el inicio de la crisis económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2014.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001562
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Cuál fue el gasto medio por turista en nuestro país en el año 2013 sin incluir gastos previos en su país de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2014.-Rosa María Díez González, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las preguntas
al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2014.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
RELACIÓN DE PREGUNTAS
Comisión de Asuntos Exteriores
Núm. expte.: 184/032054
Núm. registro: 87666
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o cualquiera de sus entes autónomos u
organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 468
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001567.
Núm. expte.: 184/032055
Núm. registro: 87667
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o cualquiera de sus entes
autónomos u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 468
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001568.
Comisión de Justicia
Núm. expte.: 184/032061
Núm. registro: 87673
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Justicia o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 469
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001573.
Núm. expte.: 184/032062
Núm. registro: 87674
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Justicia o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 470
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001574.
Comisión de Interior
Núm. expte.: 184/032058
Núm. registro: 87670
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio del Interior o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 469
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001571.
Núm. expte.: 184/032059
Núm. registro: 87671
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio del Interior o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 469
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001572.
Comisión de Defensa
Núm. expte.: 184/032056
Núm. registro: 87668
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Defensa o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 468
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001569.
Núm. expte.: 184/032057
Núm. registro: 87669
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Defensa o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 469
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001570.
Comisión de Economía y Competitividad
Núm. expte.: 184/032069
Núm. registro: 87681
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Economía y Competitividad o cualquiera de sus entes autónomos u organismos
públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 472
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001581.
Núm. expte.: 184/032070
Núm. registro: 87682
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Economía y Competitividad o cualquiera de sus entes autónomos u
organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 472
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001582.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Núm. expte.: 184/032106
Núm. registro: 87718
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o cualquiera de sus entes
autónomos u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 484
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001589.
Núm. expte.: 184/032107
Núm. registro: 87719
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o cualquiera de sus entes autónomos u
organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 484
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001590.
Comisión de Fomento
Núm. expte.: 184/032006
Núm. registro: 87618
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Inversiones en mantenimiento en las carreteras de la red estatal en la provincia de Soria desde el año 2008.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 454
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001565.
Núm. expte.: 184/032009
Núm. registro: 87621
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Inversión de ADIF en materia de estaciones en Soria en los años 2012 y 2013.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 455
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001566.
Núm. expte.: 184/032063
Núm. registro: 87675
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Fomento o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 470
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001575.
Núm. expte.: 184/032064
Núm. registro: 87676
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Fomento o cualquiera de sus entes autónomos u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D. núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 470
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001576.
Comisión de Educación y Deporte
Núm. expte.: 184/032065
Núm. registro: 87677
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquiera de sus entes autónomos u organismos
públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 471
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001577.
Núm. expte.: 184/032066
Núm. registro: 87678
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquiera de sus entes autónomos u
organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 471
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001578.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
Núm. expte.: 184/032104
Núm. registro: 87716
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o cualquiera de sus entes autónomos u
organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 483
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001587.
Núm. expte.: 184/032105
Núm. registro: 87717
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia ele Soria del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o cualquiera de sus entes autónomos u organismos
públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 483
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001588.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
Núm. expte.: 184/032067
Núm. registro: 87679
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o cualquiera de sus entes autónomos u organismos
públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre ele 2013, pág. 471
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001579.
Núm. expte.: 184/032068
Núm. registro: 87680
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o cualquiera de sus entes autónomos u
organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 471
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001580.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Núm. expte.: 184/032102
Núm. registro: 87714
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o cualquiera de sus entes
autónomos u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 483
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001585.
Núm. expte.: 184/032103
Núm. registro: 87715
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o cualquiera de sus entes autónomos
u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 483
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001586.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Núm. expte.: 184/032100
Núm. registro: 87712
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Tanto por ciento ejecutado de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o cualquiera de sus entes
autónomos u organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 482
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001583.
Núm. expte.: 184/032101
Núm. registro: 87713
Autor iniciativa: Lavilla Martínez, Félix (GS)
Objeto iniciativa: Cantidad ejecutada de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para la provincia de Soria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o cualquiera de sus entes autónomos u
organismos públicos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 368 de 2 de diciembre de 2013, pág. 482
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001584.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autora, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las preguntas
al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a la Sra. Diputada preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2014.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
RELACIÓN DE PREGUNTAS
Comisión de Interior
Núm. expte.: 184/029545
Núm. registro: 82357
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Actuaciones en la provincia de A Coruña en 2012.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 350 de 30 de octubre de 2013, pág. 278
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001593.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Núm. expte.: 184/030831
Núm. registro: 85584
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Entidades o personas responsables de la elaboración del proyecto de construcción del dique flotante en los astilleros de Navantia de Ferrol-Fene.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 223
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001596.
Núm. expte.: 184/030832
Núm. registro: 85585
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Fecha en la que se ha realizado el proyecto de construcción del dique flotante en los astilleros de Navantia de Ferrol-Fene.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 224
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001597.
Núm. expte.: 184/030833
Núm. registro: 85586
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Importe total estimado para la construcción del dique flotante en los astilleros de Navantia de Ferrol-Fene.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 224
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001598.
Núm. expte.: 184/030834
Núm. registro: 85587
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Administraciones Públicas responsables de garantizar la viabilidad económica del dique flotante en los astilleros de Navantia de Ferrol-Fene.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 224
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001599.
Núm. expte.: 184/030835
Núm. registro: 85588
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Causas de la realización de un análisis de viabilidad económica para la construcción del dique flotante en los astilleros de Navantia de Ferrol-Fene.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 225
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001600.
Núm. expte.: 184/030836
Núm. registro: 85589
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Términos en los que se está desarrollando el calendario de actuaciones del proyecto de construcción del dique flotante en los astilleros de Navantia de Ferrol-Fene.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 225
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001601.
Núm. expte.: 184/030837
Núm. registro: 85590
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Tiempo necesario para la construcción del dique flotante en los astilleros de Navantia de Ferrol-Fene.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 225
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001602.
Núm. expte.: 184/030838
Núm. registro: 85591
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Número de ejercicios económicos que deberán comprometerse para la construcción del dique flotante Navantia de Ferrol-Fene.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 226
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001603.
Núm. expte.: 184/030839
Núm. registro: 85592
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Número de horas de trabajo que supondrá la construcción del dique flotante Navantia de Ferrol-Fene.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 226
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001604.
Núm. expte.: 184/030840
Núm. registro: 85593
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Aclaración de la contestación a la solicitud de informe a la Administración del Estado en relación con el expediente remitido a la Unión Europea sobre la construcción de un dique flotante Navantia de Ferrol-Fene, cuando
se afirma que la consulta se realiza 'ofreciendo a la Comisión la oportunidad de pronunciarse sobre la vía más adecuada'.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 227
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001605.
Núm. expte.: 184/030841
Núm. registro: 85594
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Organismo de la Unión Europea encargado de garantizar la mejora y el mantenimiento de las infraestructuras de empresas públicas en los Estados miembros.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 227
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001606.
Núm. expte.: 184/030842
Núm. registro: 85595
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Competencias de la Comisión Europea en la adecuación a las necesidades de mercado de las infraestructuras de las empresas públicas de los Estados miembros.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 227
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001607.
Núm. expte.: 184/030843
Núm. registro: 85596
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Aclaración de la contestación a la solicitud de informe a la Administración del Estado en relación con el expediente remitido a la Unión Europea sobre la construcción de un dique flotante Navantia de Ferrol-Fene, cuando
se afirma que 'pretende explorar el levantamiento al veto a la construcción civil impuesto por la Comisión ...'.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 228
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001608.
Núm. expte.: 184/030844
Núm. registro: 85597
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Opinión del Gobierno acerca de si la mejora de las infraestructuras de las empresas públicas atiende a la definición de construcción civil.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 228
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001609.
Núm. expte.: 184/030846
Núm. registro: 85599
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Motivo por el que la consulta formal a la Comisión Europea sobre la construcción del dique flotante en Navantia Ferrol-Fene tiene carácter de secreto comercial.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 228
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001610.
Núm. expte.: 184/030847
Núm. registro: 85600
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Características que han de ostentar las actuaciones desarrolladas entre España y la Comisión Europea para ser consideradas secretos comerciales.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 229
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001611.
Núm. expte.: 184/030848
Núm. registro: 85601
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Opinión del Gobierno acerca de si el carácter de secreto comercial atañe a las presentaciones de proyectos a concursos y en la misma medida a la mejora de Infraestructuras dentro de las propias empresas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 229
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001612.
Núm. expte.: 184/030849
Núm. registro: 85602
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Opinión del Gobierno acerca de si un proyecto de inversión de la empresa Navantia en sus propias instalaciones tiene carácter de secreto comercial.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 230
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001613.
Núm. expte.: 184/030850
Núm. registro: 85603
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Opinión del Gobierno acerca de si los parlamentarios pueden considerarse 'terceros' ajenos a la obligatoriedad de las administraciones públicas de proporcionar información detallada y exhaustiva sobre temas de especial
trascendencia para la continuidad de las empresas públicas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 230
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001614.
Comisión de Fomento
Núm. expte.: 184/030829
Núm. registro: 85582
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Ejecución de los créditos presupuestarios destinados a la conservación y explotación de carreteras en la provincia de A Coruña a 30 de septiembre de 2013.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 223
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001594.
Núm. expte.: 184/030830
Núm. registro: 85583
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Ejecución de los créditos presupuestarios destinados a la conservación y explotación de carreteras en la provincia de A Coruña a 31 de diciembre de 2012.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 223
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001595.
Núm. expte.: 184/030854
Núm. registro: 85607
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Vía férrea entre Ordes y Santiago de Compostela (A Coruña).
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361 de 19 de noviembre de 2013, pág. 231
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001615.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
Núm. expte.: 184/029524
Núm. registro: 82336
Autor iniciativa: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS)
Objeto iniciativa: Número de proyectos presentados en el ámbito de la industria electrónica y de telecomunicaciones en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal a través del Plan Ferrol.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 350 de 30 de octubre de 2013, pág. 270
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001592.
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