Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 395, de 03/02/2014
cve: BOCG-10-D-395
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de febrero de 2014
Núm. 395
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002343 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Mixto, relativa al respeto de los derechos humanos en Cuba... (Página6)
Comisión de Justicia
161/002339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de la prejudicialidad en el orden contencioso-administrativo... (Página7)
Comisión de Interior
161/002340 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre control de acciones violentas protagonizadas por grupos de ideología fascista en la ciudad de Málaga...
161/002347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la seguridad ciudadana en Canarias... (Página9)
Comisión de Defensa
161/002341 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre prórroga y ampliación de la 'Fuerza de Respuesta para Crisis en África' de Estados Unidos en Morón de la Frontera...
Comisión de Economía y Competitividad
161/002351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a los efectos de que en los procedimientos de subastas
de bienes inmuebles se notifique a las comunidades de propietarios para garantizar las acciones para el pago de las deudas a las mismas... (Página11)
161/002358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la agilización del control del tránsito a través del paso transfronterizo entre España y Marruecos en Ceuta que facilite el flujo comercial entre
ambos países... (Página12)
161/002362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los servicios de reclamaciones del Banco de España y la CNMV... (Página14)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el tratamiento fiscal de las indemnizaciones reconocidas a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante la transición...
161/002368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a implantación de servicios gratuitos de asistencia en las Agencias Tributarias para facilitar las declaraciones a profesionales autónomos y pequeñas
empresas... (Página16)
Comisión de Fomento
161/002344 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las obras de duplicación e integración de la línea ferroviaria de Cercanías C3 en Pinto (Madrid)... (Página17)
161/002345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las obras para dotar al aeropuerto de Asturias del Certificado de Seguridad... (Página18)
161/002346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el servicio de extinción de incendios y salvamento en el Ente Público Empresarial AENA... (Página19)
161/002349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la operatividad del aeropuerto de Asturias y de aquellos que prestan un servicio necesario y de evidente utilidad pública...
(Página20)
161/002353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación a la parada de tren en la Estación de Montoro... (Página21)
161/002354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, de modificación del Código Técnico de la Edificación que establezca una normativa sobre protección frente al gas radón...
161/002367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las causas y consecuencias del recorte de la pista del aeropuerto de Asturias... (Página24)
Comisión de Educación y Deporte
161/002342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a homologación de los títulos universitarios de ingeniería de planes de estudios anteriores al Plan Bolonia... (Página26)
161/002360 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre cambios normativos para los títulos de grado de las enseñanzas artísticas... (Página27)
161/002365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las subvenciones y ayudas públicas ilegales a los equipos de fútbol profesional... (Página28)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de modificar los criterios exigidos a los autónomos para poder percibir la prestación por desempleo cuando han cotizado por ello...
161/002363 Proposión no de Ley sobre la elaboración de un Índice de Precios al Consumo propio para los pensionistas... (Página31)
161/002364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la mejora de las estadísticas laborales... (Página33)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, en defensa de las emisiones de Catalunya Ràdio y TV3 en la Comunitat Valenciana... (Página35)
161/002355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la renovación y modernización de destinos turísticos maduros del litoral mediterráneo y de los archipiélagos ...
161/002361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al restablecimiento urgente de la señal de las emisoras de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en la Comunitat
Valenciana... (Página37)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de realizar gestiones para que se celebre la World Fishing Exhibition en Vigo en el año 2016... (Página38)
161/002366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la tarifa eléctrica aplicable a regadíos... (Página39)
Comisión de Cultura
161/002348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la emisión de TV3 y Catalunya Ràdio en la Comunitat Valenciana... (Página41)
Comisión de Igualdad
161/002356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en África... (Página42)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001559 Pregunta formulada por el Diputado don Chesús Yuste Cabello (GIP), sobre medidas previstas ante las críticas realizadas por colectivos ciudadanos e instituciones sobre los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Zaragoza durante
los días 17 a 19/01/2014 con motivo de las concentraciones y manifestaciones de apoyo a los vecinos del barrio de Gamonal en Burgos... (Página44)
Comisión de Economía y Competitividad
181/001540 Pregunta formulada por el Diputado don Rubén Moreno Palanques (GP), sobre balance de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de los acuerdos suscritos con la iniciativa privada en el ámbito de la I+D+i
biomédica desde el comienzo de la X Legislatura... (Página45)
181/001548 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Garzón Espinosa (GIP), sobre motivos de la intervención por parte del FROB de la Caja Rural Comarcal de Mota del Cuervo y de su venta urgente a Globalcaja...
Comisión de Fomento
181/001542 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre posición del Gobierno en el conflicto abierto entre Sacyr y el Gobierno de Panamá, así como iniciativas para tratar de solucionarlo...
181/001543 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre situación de los proyectos de carreteras que tiene en marcha el Ministerio de Fomento en la provincia de Ourense... (Página46)
181/001544 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre motivos de los incidentes que se producen en la conexión de Huelva con Madrid a través de la línea ferroviaria Alvia en las últimas semanas de 2013 y
primeras de 2014, así como medidas previstas para solucionarlos y mejorar dicha conexión... (Página46)
181/001547 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias i Arau (GC-CiU), sobre motivos por los que se ha sancionado con una falta muy grave al Coordinador de Operaciones del Aeropuerto de Palma a raíz de la emergencia aérea de la
aeronave RCH317 sucedida el 18/06/2013... (Página46)
181/001555 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Silva Rego (GS), sobre fecha prevista en que entrará en funcionamiento la Autopista del Mar de Vigo y presupuesto para su puesta en marcha...
181/001556 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Silva Rego (GS), sobre renuncia a la construcción de una vía alternativa a la Autovía Vigo/Porriño... (Página47)
181/001557 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre balance de los servicios ferroviarios operados por RENFE en larga y media distancia en el año 2013 en y con destino a la Comunidad Autónoma de Galicia...
(Página47)
Comisión de Educación y Deporte
181/001541 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas previstas para evitar la limitación de muchos ciudadanos a la hora de acceder a la educación y formación, dado el descenso del número de
becados y la cuantía de las becas... (Página48)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/001546 Pregunta formulada por la Diputada doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS), sobre previsiones acerca de la implantación en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Melide de un punto de información de
la Tesorería de la Seguridad Social... (Página48)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001558 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre estrategia del Gobierno en el sector de los biocarburantes de cara a cumplir con el objetivo del 10% de la energía final en el transporte de fuentes
renovables... (Página48)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001545 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre conocimiento que tenía el Gobierno del nuevo reparto de los Fondos del Programa Leader Galicia y de los criterios que se utilizaron para el mismo...
(Página49)
181/001553 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre opinión del Gobierno sobre si el Muro de Costa para la protección del Paseo Nuevo de San Sebastián, especialmente en el sector urbano del Paseo de Salamanca y
de la Sociedad Fotográfica y Museo San Telmo, está suficientemente protegido con escollera de grandes bloques de piedra... (Página49)
181/001554 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre actuaciones que se recogen en las conclusiones del estudio realizado por la Dirección General de Costas para intervenir ante el deterioro del litoral
onubense... (Página49)
181/001560 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre previsiones del Gobierno acerca de acometer actuaciones para proceder a corregir los niveles de contaminación en la ría de Arousa señalados en un
estudio realizado por científicos de la Universidad de Vigo y del Instituto de Investigaciones Marinas, del CSIC... (Página50)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al respecto de los derechos
humanos en Cuba, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Representantes de distintos Grupos Parlamentarios, en los últimos meses, han tenido ocasión de recibir en el Congreso de los Diputados a destacadas personalidades que, en condiciones difíciles, están trabajando por el respeto de los derechos
humanos y de las libertades individuales y colectivas y por la reconciliación del pueblo de Cuba en aquel país.
Así, en su momento, Berta Soler, presidenta de las Damas de Blanco; Yoani Sánchez, reconocida bloguera defensora de los derechos humanos y Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, o
el opositor Guillermo Fariñas, han podido transmitir a los representantes de los Grupos Parlamentarios de la Cámara que, por desgracia, no advierten ni aprecian signos reales de una verdadera transición a la democracia que haga posible la
reconciliación de todos los cubanos con tolerancia total para cualquier tipo de ideología democrática.
Por todo ello, los Grupos Parlamentarios abajo firmantes formulan la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados, tras reuniones mantenidas con representantes significativos de la oposición democrática al Gobierno de la República de Cuba, señala que no se advierten signos favorables al reconocimiento de los derechos
humanos y de las libertades individuales y colectivas en aquel país.
2. El Congreso de los Diputados manifiesta su disposición a trabajar, junto con la oposición democrática de Cuba, haciendo posible el diálogo que conduzca a la reconciliación del pueblo de Cuba con tolerancia completa para cualquier
ideología que permita la efectiva instauración de la democracia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputado.
Comisión de Justicia
161/002339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regulación de la
prejudicialidad en el orden contencioso-administrativo, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La prejudicialidad es el mecanismo jurídico por el cual se requiere decisión previa al asunto u objeto de un proceso judicial del que conoce un tribunal de un determinado orden jurisdiccional.
Por su parte, la cuestión prejudicial es aquella que surge en el seno de un proceso y que, por razón de su objeto, debería ser conocida o está siendo conocida por un tribunal distinto al que está conociendo del proceso original.
Este sistema está actualmente regulado para los ámbitos civil y penal en los artículos 40 a 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En las citadas disposiciones se prevé la prejudicialidad penal, la prejudicialidad no penal y la
prejudicialidad civil.
La suspensión de un proceso en marcha para resolver algún aspecto que dependa de otro orden jurisdiccional o del mismo orden, pero que deba ser resuelto por otro tribunal, es una previsión del todo beneficiosa para afianzar la seguridad
jurídica de nuestro ordenamiento jurídico. Su aplicación evita resoluciones contradictorias, ya que la resolución que recae sobre la cuestión prejudicial habrá de tenerse en cuenta al resolver sobre el objeto principal del proceso.
La solución podría darse por la acumulación de procesos, tal y como establece el artículo 34.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que dispone que 'serán acumulables en un proceso las
pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación'. Sin embargo, la acumulación no siempre es posible o no se llega a realizar, por lo que, en ocasiones, surgen los problemas ya aludidos, provocados por
pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios.
El principio de seguridad jurídica se incluye en el artículo 9.3 de la Constitución Española. La STC 27/1981, de 20 de julio, define este principio constitucional como la 'suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa,
irretroactividad de la no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada
de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad'.
Para que el ordenamiento jurídico cumpla con este principio necesita de los mecanismos procesales oportunos. Consecuentemente, es necesaria la regulación de la prejudicialidad en el ámbito jurisdiccional Contencioso-Administrativo, tal y
como ya se ha previsto en otros ámbitos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar y, en su caso, promover las modificaciones legislativas oportunas de tal forma que se regulen los supuestos de prejudicialidad en los que se pueda ver implicada la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/002340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre control de acciones violentas protagonizadas por grupos de
ideología fascista en la ciudad de Málaga, para su debate en la Comisión de Interior.
El próximo día 1 de febrero el grupo de ideología fascista 'Juventud Patriota de Málaga', integrado mayoritariamente por skinheads neonazis, ha convocado un acto donde tocaran los grupos musicales neonazis Brigada Totenkopf y Celtiberia que
alientan la violencia política y el odio racial.
Ante este hecho, nuestro Grupo Parlamentario quiere poner de manifiesto su indignación, subrayando en este sentido nuestra firme oposición al racismo, la intolerancia y la xenofobia, al tiempo que recordamos que hemos denunciado en varias
ocasiones todas esas actividades violentas de estos grupos.
Por lo que pedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y dentro de estos a la Policía Local, que esté especialmente atento a estas convocatorias, ya que coincidiendo con estos actos suelen producirse actos violentos y las
denominadas 'cacerías' y más cuando Málaga ha sido reseñada en el Informe Raxen como uno de los lugares elegidos por los grupos ultraderechistas y neonazis para llevar a cabo acciones de agitación xenófoba que tienen como resultados el
recrudecimiento de la violencia neofascista en esta ciudad.
El Informe Raxen asegura que han proliferado los delitos y crímenes de odio en la ciudad de Málaga, entendiéndose como tales los motivados por la condición social, étnica o ideológica de las víctimas.
IU exige tolerancia cero con las organizaciones neonazis que alientan el odio racial y la xenofobia. Poco tienen que ver con bandas o tribus urbanas ya que se trata de organizaciones estructuradas que muchas veces se encuentran registradas
como entidades legales.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1.º Condena todos aquellos actos que de manera explícita fomenten el odio racial, la xenofobia y la violencia.
2.º Insta a las autoridades competentes, a:
a) Tomar las medidas que sean necesarias contra estos actos y grupos neonazis que actúan impunemente realizando acciones violentas, actos y manifestaciones donde se expresa ese odio violentamente.
b) Adoptar todas las medidas que sean necesarias en contra de la violencia neofascista y xenófoba en la ciudad de Málaga por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en colaboración con la Policía Local de esta ciudad.
c) Extremar las medidas de control de estos grupos neonazis, a través de la puesta en conocimiento común de los hechos de esta naturaleza que se produzcan en la ciudad de Málaga y de la colaboración para la acción conjunta contra estos
grupos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
la seguridad ciudadana en Canarias, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La situación geográfica de Canarias, así como su evolución demográfica y su modelo económico, hace que la seguridad ciudadana sea un elemento diferenciador, y que justifica una especial atención por parte del Gobierno de España.
En este sentido, el Gobierno de España, a través de los Ministerios de Interior y Defensa, ha realizado desde el año 2006 un esfuerzo considerable en materia de seguridad a partir de la puesta en marcha del Plan Integral Seguridad para
Canarias.
Este Plan, entre otras muchas materias, fortaleció la lucha contra la delincuencia organizada, creando los equipos ECO de la Guardia Civil y el grupo GRECO del Cuerpo Nacional de Policía, todos ellos especializados en este tipo de
delincuencia. Además, mejoró y reforzó sustancialmente la presencia policial en las calles y barrios de los municipios canarios, incrementándose los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Canarias desde 5,5 mil efectivos hasta
más de 7,7 mil, es decir, un 40 %. Además, se mejoraron considerablemente las infraestructuras y el equipamiento necesarios para que tanto la Policía como la Guardia Civil desarrollaran su trabajo con eficacia y dignidad.
Sin embargo, con la llegada del PP al Gobierno, se debilita la lucha contra la delincuencia en nuestras Islas, al reducirse las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. En concreto, en el primer año de gobierno, se
han disminuido las plantillas en 190 agentes, cuando con el gobierno socialista el incremento fue de una media de 335 agentes por año. Esta considerable reducción de efectivos tiene como consecuencia la disminución de la presencia policial en
calles y barrios de nuestras ciudades, a costa de la labor preventiva de la delincuencia que se venía desarrollando en las Islas.
Además, los sindicatos de Policía y la Guardia Civil denuncian los importantes recortes en medios materiales, especialmente los destinados a los parques automovilísticos, lo que conlleva que la mayoría de los coches vayan pasados de
kilómetros.
Respecto a la Policía, el deterioro de los vehículos y la falta de material de seguridad adecuado ha obligado a muchos agentes a patrullar a pie. El sindicato policial ha alertado del peligro que supone ponerse al volante de alguno de los
vehículos con los que cuenta el Cuerpo Nacional de Policía en Canarias. Asimismo, denuncian que en las comisarías sobran motocicletas policiales uniformadas en perfecto estado de uso. El problema estriba en que no pueden utilizar porque no hay
cascos para los policías y, los que hay, sufren importantes daños que no garantizan la seguridad de los agentes.
En relación con la Guardia Civil, la mayoría de los vehículos tienen más de 200.000 kilómetros y cada vez hay menos recursos para vehículos nuevos y para la reparación de los que están circulando. 'Los problemas se dan incluso en la
agrupación de tráfico, se están dando instrucciones para que se hagan menos kilómetros', asegura un portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Los recortes también han afectado a las obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación tanto de las comisarías como de los cuarteles en Canarias.
Es importante destacar que el número de delitos y faltas ocurridos en Canarias durante el tercer trimestre del año 2313 se ha reducido un 3,6 % con respecto a septiembre del año pasado. Sin embargo, a pesar de ese descenso, el tráfico de
drogas se ha incrementado en un 1,7% y los hurtos en un 4,2 %. Canarias registró un total de 268.467 procedimientos penales en 2012, lo que supone un incremento del 1,84 % con respecto al año anterior, según la Memoria de la Fiscalía de Canarias.
La memoria constata, en relación con los delitos que más influencia tienen en el concepto de 'inseguridad ciudadana', que se produce un ligero aumento de los delitos de hurto y robo con fuerza.
Además, Canarias es una de las Comunidades Autónomas donde se ha producido un mayor aumento de los robos en el campo. Desde castañas o papas, hasta plátanos o aguacates, junto a herramientas o cables de cobre, son los nuevos botines de los
ladrones. Las fincas sin vigilancia y sin medidas de seguridad se han convertido en un objetivo fácil, puesto que suelen estar dispersas, en zonas despobladas.
También la seguridad dejó de ser una apuesta por un turismo de calidad para el Gobierno del PP. En el Plan Turismo Seguro 2013, el Ministerio del Interior redujo los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en 13.576
agentes, respecto a la campaña de 2011, en la que participaron 42.784, afectando de forma directa a las zonas turísticas de mayor afluencia de visitantes en Canarias.
Los 9.591.419 turistas internacionales acumulados al mes de noviembre de 20,13 hacen de Canarias la tercera Comunidad de destino del turismo internacional que llega a España, con el 16,7 % del total, cuando la población del Archipiélago es
sólo el 4,5 % de la española. El sector turístico emplea a 189.991 personas, el 26 % de los ocupados directos según los datos de la EPA del III trimestre del 2013, y sus empresas representan el 27 % de las empresas canarias. Existen 379.000 plazas
turísticas, 146.000 hoteleras y 233.000 extrahoteleras. El gasto medio por turista supera un 12 % la media española.
Resulta incomprensible, por tanto, que el Gobierno de España no sea consciente de que la seguridad sea uno de los indicadores que influye de manera más decisiva en el comportamiento del turismo, mostrando una vez más su escasa sensibilidad
con el principal sector productivo de la economía canaria, que representa el 29,6 % del PIB y el 34,7 % del empleo.
La contribución que ejerce el sector turístico sobre el crecimiento económico de la región está fuera de toda duda, tanto por su efecto multiplicador sobre el resto de sectores productivos, como por su aportación a la balanza corriente de
las Islas del lado de la exportación de servicios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio del Interior, en conjunción con el Gobierno de Canarias, acuerden un nuevo Plan Integral de Seguridad para Canarias, que contemple la adaptación y ampliación de las actuales
plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en el Archipiélago, así como una mejor y mayor dotación de medios materiales para que los agentes puedan desempeñar su trabajo con eficacia y dignidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre prórroga y ampliación de la Fuerza de Estados Unidos en Morón de
la Frontera, para su debate en la Comisión Defensa.
Estados Unidos ha pedido a España prolongar un año más y ampliar en, al menos, un 50% la Fuerza de Respuesta para Crisis en África formada por 500 marines y estacionada desde abril del año pasado en la base aérea de Morón de la Frontera
(Sevilla), según fuentes gubernamentales. La petición, estuvo sobre la mesa de la delegación española que la semana pasada visitó la Casa Blanca encabezada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Esta prórroga y ampliación se suscribe al acuerdo y autorización vigente al amparo del artículo 22.3 del Convenio, hecho en Madrid el 1 de diciembre de 1988, entre el Reino de España y los Estados Unidos por el que se establece el carácter
temporal de la presencia de estas fuerzas en territorio español. Entendiendo que el propio articulado no define los límites sustanciales del término temporal que permite al Gobierno la posibilidad de aprobar la misma sin modificar el propio
Convenio y, en consecuencia, sin la necesaria aprobación del Parlamento.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que se proceda a:
1. Rechazar la propuesta de Estados Unidos de prolongar y ampliar la Fuerza de Respuesta para Crisis en África estacionada en la base aérea de Morón de la Frontera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2014.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Economía y Competitividad
161/002351
A la Mesa de la Comisión de Economía
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Economía, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a los efectos de que en los procedimientos de subastas de bienes inmuebles se notifique a las comunidades
de propietarios para garantizar las acciones para el pago de las deudas a las mismas.
Antecedentes
Como consecuencia de las crisis financiera e inmobiliaria un elevado número de promotoras, constructoras y familias, no han podido hacer frente al pago de su deuda hipotecaria, por lo que, tras un proceso de ejecución hipotecaria, los
inmuebles afectados han pasado a ser propiedad de entidades financieras o de quien los haya adquirido en subasta. Este proceso, en el caso de viviendas y locales sometidos a la legislación sobre propiedad horizontal, está teniendo una preocupante
repercusión sobre las comunidades de propietarios a causa del elevado impago de cuotas comunitarias que arrastran estos procesos.
Según el Consejo General de Administradores de Fincas, a 31 de diciembre de 2012 la morosidad total de las entidades financieras con las comunidades de propietarios ascendía a 1.606 millones de euros y, de conformidad con estos niveles de
impago, en el ejercicio 2013 se pueden haber alcanzado los 1.900 millones. Asimismo se recuerda que la deuda de las entidades de crédito con las comunidades de propietarios representa el 16% del total de la deuda. El 37% corresponde a las
Promotoras y el 47% a particulares.
Asimismo los Colegios de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida indican que el 82% de las reclamaciones que se realizan en las comunidades de propietarios están relacionadas con problemas de morosidad. La litigiosidad en materia de
propiedad horizontal va cada vez en aumento y se informa que hemos pasado, a nivel estatal, de los 394.000 juicios monitorios del año 2007 a los 850.000 del año 2010.
El problema deriva de que las entidades que han adquirido la propiedad tras un procedimiento de ejecución hipotecaria no se responsabilizan de la deuda con la comunidad, que habitualmente había sido generada por el anterior propietario, y en
muchas ocasiones tampoco cubren los gastos generados tras la adquisición del inmueble. En estas circunstancias, las nuevas entidades propietarias únicamente acuden al pago de la deuda cuando se inicia un proceso judicial de requerimiento de pago,
el cual, en muchas ocasiones no se acaba llevando a cabo por parte de la Comunidad por desconocimiento de la situación sobre el estado de la finca, por su elevado coste (al conocerse tras mucho tiempo la deuda) o por la simple prescripción de las
acciones que se pudieran llevar a cabo por el mencionado desconocimiento sobre el estado del bien inmueble.
El problema que genera el impago de estas cuotas a las comunidades amenaza el buen estado del inmueble, supone importantes perjuicios económicos para los demás vecinos de la comunidad, puede generar un efecto contagio sobre otros
propietarios que también dejan de pagar y afecta a la convivencia, dado que el impago genera problemas de limpieza, seguridad y convivencia vecinal comportando en muchos casos una degradación paulatina de inmuebles e incluso barrios. Además esta
situación puede llegar a bloquear la actividad 'administrativa' de la comunidad de propietarios, dificultando así la consecución de acuerdos para realizaciones de obras o aprobaciones de presupuestos.
Las comunidades de vecinos son acreedoras de esa deuda, por lo que la ley debe establecer los mecanismos que permitan garantizar a la comunidad de propietarios el conocimiento del inicio del procedimiento ejecutivo hipotecario así como
garantizar que el ejecutante conoce la existencia de la deuda y su importe, para facilitar el cobro de la misma una vez finalizado el procedimiento.
La presente proposición pretende impulsar las modificaciones normativas pertinentes para garantizar el pago de las deudas existentes con la Comunidad de Propietarios de forma que al inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria, se
establezca la obligación de su comunicación a la comunidad de propietarios para facilitar que la misma pueda emitir el correspondiente certificado sobre el estado de pagos de la vivienda ejecutada para con la comunidad a los efectos de poder
garantizar su cobro y se evite la prescripción por el transcurso del tiempo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el plazo de tres meses, las modificaciones normativas necesarias en la sección sexta, del capítulo III, del título IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
para garantizar a las comunidades de propietarios a las que pertenezcan que, en los casos de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas y locales sometidos a la normativa de la propiedad horizontal:
a) Estén informadas de las mismas.
b) Puedan ejercer las correspondientes acciones para el cobro de las deudas existentes, evitando la pérdida de las mismas por la acción de la prescripción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
agilización del control del tránsito a través del paso transfronterizo entre España y Marruecos en Ceuta que facilite el flujo comercial entre ambos países, para su debate en la Comisión de Economía y Competítividad.
Exposición de motivos
En los últimos años, han sido varias las iniciativas surgidas de este Parlamento encaminadas a intentar actualizar y mejorar las condiciones de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, marcadas por su especial singularidad.
En la anterior legislatura, con el apoyo decidido del Gobierno socialista, se creó una Ponencia de estudio sobre las especificidades de Ceuta y Melilla y su situación ante la UE, ponencia que elaboró un informe aprobado unánimemente en la
Comisión Mixta para la UE en septiembre de 2011. Este informe recogía una serie de conclusiones, centradas en la puesta al día de su régimen especial, y un apoyo decidido del Estado y de la UE, que creemos debe ser la base y el instrumento que
Ceuta y Melilla necesitan para impulsar y reforzar su posición.
Respecto a Ceuta, en aquel trabajo quedó patente las principales características de la ciudad Autónoma y, de manera significada, sus peculiaridades y singularidades, así como los condicionantes que dificultan la legítima aspiración de
alcanzar unos niveles de vida, de calidad en los servicios públicos y de cohesión social, equiparables a los del resto de España y Europa.
Uno de los principales condicionantes estructurales es el hecho fronterizo y la extrapeninsularidad. La condición de Ceuta de frontera terrestre de la Unión Europea en África junto a su separación física del territorio común, ejerce su
influencia en las capacidades de desarrollo de la ciudad, a todos los niveles, especialmente en el económico.
Este hecho fronterizo, sin duda alguna, peculiar fundamentalmente por las diferencias abismales en niveles de renta existentes entre ambos lados de la frontera, de calidad de vida y de protección social, propicia un voluminoso flujo
comercial y de servicios que beneficia especialmente al país vecino, en términos de renta y empleo, pero que, sin embargo, representa una oportunidad y fortaleza para superar el reducido tamaño del mercado interior de la ciudad.
Desde el PSOE cuestionamos la capacidad y apuesta que, para aprovechar esta potencialidad, están haciendo tanto el Gobierno de España como el de la Ciudad Autónoma.
El pasado 21 de enero, la situación alcanzó un nivel de tensión máximo, con la decisión de los propietarios de las 280 naves ubicadas en los polígonos comerciales del Tarajal, ubicado justo al lado de la frontera del mismo nombre, de
paralizar su actividad y cerrar el mencionado polígono.
Hace meses que el comercio en la Ciudad Autónoma se está viendo mermado como consecuencia de la puesta en marcha de controles mucho más exhaustivo en el paso fronterizo.
La seguridad y control de la frontera es una cuestión fundamental que sin embargo, ha de compatibilizarse con posibilitar la entrada y salida de los potenciales compradores que a diario acceden a la ciudad, tanto para dirigirse al Polígono
de El Tarajal, como hacia el resto de establecimientos y empresas de la ciudad. No alcanzar el equilibrio entre la necesidad de preservar la seguridad y facilitar el intercambio comercial, centrándose exclusivamente en la primera cuestión, solo
provocará la asfixia económica de los empresarios ceutíes, por lo tanto, la asfixia económica de la ciudad.
La importancia de que el paso fronterizo mantenga un buen funcionamiento en sus dos vertientes, tanto en el tránsito de vehículos como el tránsito de los denominados 'porteadores', es crucial para el desarrollo económico de una ciudad que
atraviesa una grave crisis y que cuenta con la tasa de desempleo más elevada de España. Las estimaciones que manejamos, suponen que el 40 % del I.P.S.I de importación que recauda la ciudad, es debido al tránsito por esa frontera (el total del
importación estimado ronda los 43 millones de euros).
Extrapolando estas cifras, podemos estimar que el volumen de mercancías que pasan a Marruecos ronda los 600 millones de euros, incluida la que se llevan los turistas en compras en comercios de toda la ciudad,
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta le siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Restablecer la agilidad en el paso fronterizo y aliviar los requerimientos de documentación para los marroquíes que pretenden volver a su país con compras realizadas en régimen de viajeros.
2. Clausurar el paso del Biutz, paso creado expresamente para el intercambio comercial denominado 'atípico', por el que transitan los porteadores; y la apertura de otro paso específico para ellos. Además, poner en marcha medidas que
dignifiquen la situación y la actividad de estas personas.
3. Intensificar la vía diplomática y continuar el trabajo desarrollado por el anterior Gobierno de España para favorecer un marco de relaciones económicas y comerciales basado en la cooperación, la complementariedad y la normalización entre
España y Marruecos con la creación de una verdadera aduana comercial entre ambos países, en Ceuta.
4. Fijar dotaciones específicas en los instrumentos de financiación de las políticas de cooperación transfronteriza y de vecindad, en particular, en lo que se refiere al desarrollo y ejecución de proyectos conjuntos en el ámbito del control
fronterizo y de desarrollo económico.
5. Poner en marcha planes estratégicos que acomoden las necesidades de control de flujos de personas y la seguridad del territorio nacional, con la ayuda y el favorecimiento a la actividad empresarial, tanto en el polígono de El Tarajal
como en el resto de la ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2014.-Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002362
A la Mesa de la Comisión de Economía y Competitividad
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre los servicios de reclamaciones del Banco de España y la CNMV, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Debido a la crisis económica y su componente financiero, el número de reclamaciones relacionadas con estas cuestiones formuladas por los ciudadanos se ha incrementado. Por ejemplo, en el año 2012 se tramitaron 14.313 reclamaciones, un 20,7%
más que el año anterior, por el servicio correspondiente del Banco de España. El 92% de los reclamantes son personas físicas.
Sin embargo, estos servicios de reclamaciones no resultan actualmente muy eficaces, pues sus informes no son vinculantes para ninguna de las partes.
En el caso del Banco de España, si el informe emitido por el Servicio de Reclamaciones es favorable al reclamante, la entidad cuenta con un plazo de un mes para rectificar su actuación y ponerlo en conocimiento del Servicio, junto con la
oportuna justificación documental. Una vez transcurrido dicho plazo, simplemente se procede al archivo de la reclamación, dejando constancia de si la entidad ha optado o no por rectificar.
Antes de presentar una reclamación la entidad ha debido tener la oportunidad de solucionarla previamente, por lo que es imprescindible acreditar haberla formulado a su Servicio de Atención al Cliente o Defensor del Cliente.
La CNMV, a través de la Oficina de Atención al Inversor, atiende las reclamaciones de los usuarios de servicios de inversión, entre los que se incluyen los partícipes de fondos de inversión y los accionistas de sociedades de inversión que
hayan delegado la gestión en una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva.
La CNMV examina la admisibilidad de la reclamación y comunica su admisión o petición de subsanación de algún término si hiciera falta. Una vez admitida, se traslada la reclamación a la entidad reclamada, para que presente sus alegaciones.
El informe final tiene únicamente carácter informativo y no vinculante para las partes. No obstante, la entidad debe informar al supervisor de las actuaciones realizadas en relación con las reclamaciones resueltas con informe favorable al
reclamante.
Como consecuencia del carácter no vinculante de las resoluciones de estos servicios de reclamación, la media de rectificaciones es muy baja. En el caso del Banco de España, se sitúa en el 18% de los informes favorables al reclamante, aunque
la distribución alrededor de esta media es bastante dispar. Existen incluso casos llamativos, que no han rectificado ni en uno solo de los expedientes en los que el Servicio emitió informe favorable al reclamante.
El índice de rectificación de las entidades en actuaciones contrarias a la normativa de transparencia y a las buenas prácticas bancarias se mantiene así en niveles claramente insuficientes.
En el caso de las reclamaciones ante la CNMV, durante el ejercicio 2012, de las 2.206 reclamaciones que se resolvieron con informe favorable al reclamante las entidades comunicaron la rectificación de su actuación según los criterios
señalados sólo en 128 casos (el 5,1%). En el resto de los casos, la entidad comunicó que no rectificaba en 506 ocasiones (22,9%) y en 1.572 ocasiones (71,2%) no se realizó comunicación al respecto a la CNMV.
Diversos comparecientes en la Subcomisión sobre la Transparencia en la Información de los Productos Financieros incidieron en los problemas arriba citados e indicaron posibles vías para solucionarlos. La
OCU pidió que las resoluciones del Banco de España sean vinculantes. El Defensor del Pueblo recomendó desplegar una autentica protección del cliente, sin necesidad de acudir a la vía judicial. El propio Banco de España reconoció que esos
niveles de rectificaciones son insuficientes y convierten al Servicio de Reclamaciones en un instrumento cuya eficacia ha de mejorarse.
Los comparecientes del Banco de España también indicaron posibles vías de solución:
- Facilitar la implantación de un sistema de resolución de conflictos vinculante, pero que tendría que basarse en una adhesión voluntaria de las entidades de crédito.
- Obligar a las entidades a que hagan un depósito previo en el Banco de España, que perderían si traspasaran cierto volumen proporcional de reclamaciones desfavorables.
Unión Progreso y Democracia viene interesándose desde hace años por estas cuestiones. Nuestras iniciativas han pedido mejorar los organismos de protección de los usuarios de servicios financieros mediante la ampliación de sus atribuciones y
medios, de forma que puedan desempeñar con mayor eficacia su tarea. Defendemos también la unificación de los organismos de protección del inversor actualmente dispersos, para aumentar tanto su eficacia como su visibilidad social.
En nuestra propuesta de conclusiones para la Subcomisión antes mencionada, pedíamos agilizar las fórmulas de reclamación y dar mayores competencias al Banco de España y a la CNMV para desplegar una auténtica protección del cliente, sin
necesidad de acudir a la vía judicial, que permita la resolución de conflictos con competencia disciplinaria.
En este contexto, han de respetarse las normas europeas (98/257/EC 'Commission Recommendation of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for outof-court settlement of consumer disputes'), que establecen que las
resoluciones sólo pueden ser vinculantes si se ha informado previamente de esa vinculación y ha sido aceptada por las partes.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la reforma de los servicios de reclamaciones del Banco de España y de la CNMV para:
1. Posibilitar que las partes en conflicto se acojan, de forma voluntaria, a un sistema vinculante de resolución.
2. Establecer un mecanismo sancionador efectivo, que penalice a aquellas entidades que tengan un número significativo de resoluciones desfavorables sin atender.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley en relación con el tratamiento fiscal de las indemnizaciones reconocidas a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante la transición, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (conocida como Ley de Memoria Histórica),
declara exentas las indemnizaciones a favor de quienes
sufrieron privación de libertad (prisión) como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (artículo 8); igualmente el artículo 9 concede ayudas para compensar la carga tributaria de las
personas que hubieran percibido dichas indemnizaciones desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley 52/2007.
Sin embargo, no se contempla un artículo análogo para las indemnizaciones reconocidas a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977 (transición a
la democracia), por lo que en principio están sujetas a tributación (artículo 10).
La diferencia en el tratamiento fiscal no parece estar justificada, máxime si tomamos en consideración que la causa que motiva la indemnización es de mayor gravedad en el supuesto de fallecimiento que en el de privación de libertad.
Por otro lado, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, establece que las cantidades percibidas como consecuencia de las indemnizaciones, resarcimientos o ayudas de carácter
económico a que se refiere la citada Ley estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de cualquier impuesto personal que pudiera recaer sobre las mismas (artículo 16).
En este contexto, las normas tributarias de las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa reconocen la exención de las indemnizaciones por muerte en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, previstas en la
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de 'Memoria Histórica'.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para eximir de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a las indemnizaciones reconocidas a favor de personas fallecidas en
defensa de la democracia en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, así como establecer un mecanismo de compensación de la carga tributaria soportada por los beneficiarios en el supuesto de indemnizaciones ya
percibidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2014.-Ramón Jáuregui Atondo, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de implantar servicios gratuitos de asistencia en las Agencias Tributarias para facilitar las declaraciones a profesionales autónomos y pequeñas empresas, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) está culminando un proceso de implantación de procedimientos electrónicos, de forma que se convierten en obligatorios para los profesionales que ejercen actividades económicas.
Sin embargo esa obligatoriedad en la tramitación electrónica se está aplicando de forma universal, y no en relación a su dimensión o capacidad para disponer de medios electrónicos. Recordemos que, según Eurostat, en estos momentos el acceso
a internet en el Estado español se sitúa aún en el 68%, 12 puntos por debajo de la media europea, lo que indica que casi un tercio de los hogares no se encuentra conectado a la red electrónica.
A la implantación de notificaciones electrónicas en 2011, se suma ahora la obligatoriedad de formular por esa vía exclusivamente las declaraciones tributarias por parte de todo tipo de profesionales, excluyendo tanto la presentación
presencial como la presentación en papel.
Reconociendo el avance que supone la tramitación electrónica desde el punto de vista de la agilización y fiabilidad de los procedimientos, la aún baja penetración de internet en el Estado español, como se ha indicado, aconseja que esa
implantación tenga un ritmo gradual. De hecho, desde el inicio de este proceso diversas federaciones y asociaciones de autónomos han advertido de los perjuicios que la obligación de dirigirse ante la administración tributaria exclusivamente por vía
electrónica causaba a las microempresas, muchas de ellas de carácter familiar, y que en muchos casos solo tienen como personal al propio autónomo, y escasos medios materiales para desarrollar su actividad. La nueva regulación les obligará, en un
momento de dificultades económicas, bien a asumir directamente con mayores costes la implantación de sistemas electrónicos, bien a recurrir a asesorías externas la supervisión y acceso a la Dirección Electrónica Habilitada, con los riesgos que
supone además recibir las notificaciones oficiales a través de un tercero.
En aras de la obligación de cooperación y colaboración de las Administraciones Públicas, así como por la vocación de servicio a los ciudadanos, esta iniciativa propugna la adopción de medidas transitorias para acomodar las necesidades de
funcionamiento ágil y mejora de la AEAT en la tramitación de sus expedientes administrativos con las justas exigencias de los colectivos afectados, como es el caso de las personas autónomas y microempresas, de adaptar los procedimientos y
funcionamiento de la Administración Tributaria a su capacidad real, evitando que regulaciones de estricto carácter burocrático-administrativo ocasionen una mayor carga económica en un momento de delicada salud económica del tejido empresarial.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implantar servicios gratuitos de asistencia en todas las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que permitan la presentación a través de dichos
servicios de las declaraciones tributarias de profesionales autónomos y microempresas, así como a recibir notificaciones electrónicas, con el fin de facilitar la tramitación electrónica en el ámbito tributario de dichos colectivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/002344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre las obras de duplicación e integración de la línea ferroviaria de Cercanías C3 en Pinto (Comunidad de Madrid), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Pinto (Comunidad de Madrid) aprobó el pasado día 31 de octubre de 2013 una Moción conjunta de todos los Grupos Municipales instando al Ministerio de Fomento a cumplir sus compromisos para desarrollar las obras de
duplicación e integración de la línea ferroviaria de Cercanías C 3 a su paso por el municipio.
La realización de estas obras, junto a la modernización y adecuación integral de la Estación Central de Pinto y la construcción del nuevo Apeadero de la Tenería, forma parte de las actuaciones previstas en el convenio sobre ampliación y
mejora de la red ferroviaria de Cercanías suscrito durante la pasada legislatura entre el Ministerio de Fomento y el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, tales obras, muy necesarias en el municipio, llevan un retraso absolutamente inaceptable, sin apenas asignaciones presupuestarias viables, hasta el punto de que los pinteños y pinteñas representados en su Corporación Municipal
dudan de la voluntad del Gobierno de España para cumplir las obligaciones contraídas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos para la duplicación e integración de la línea ferroviaria de Cercanías C3 a su paso por el municipio de Pinto, la modernización y
adecuación integral de la Estación Central de Pinto y la construcción del nuevo Apeadero de la Tenería, proponiendo las modificaciones presupuestarias pertinentes, y convocando una reunión preparatoria entre el propio Ministerio de Fomento, el
gobierno de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos afectados por la duplicación de la línea C3.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las
obras para dotar al aeropuerto de Asturias del Certificado de Seguridad, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
AENA está programando obras en la Terminal Aeroportuaria de Asturias, para lograr la certificación del Aeropuerto, siguiendo los criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a partir de 2016.
Para conseguirlo, el Ministerio de Fomento ha adoptado la decisión de recortar el umbral de aterrizaje en 150 metros, sin aportar un análisis comparativo respecto de otras alternativas, como la de rellenar la vaguada situada en la cabecera
29, alternativa que no comportaría disminución de la longitud operativa de aterrizaje del Aeropuerto de Asturias.
El Gobierno autonómico de Asturias ha solicitado, por ello, que antes de seguir adelante con esa decisión, expertos de reconocido prestigio, analicen las opciones posibles para elegir la más idónea desde el punto de vista de la seguridad, el
impacto medioambiental, el coste y la operatividad, presente y futura, de las aeronaves que utilicen el aeropuerto asturiano; sin restarle a éste competitividad respecto de las terminales de su entorno.
Sin embargo, AENA de forma unilateral, desoyendo las innumerables peticiones desde diferentes ámbitos institucionales y profesionales, y ninguneando al Comité de Coordinación Aeroportuaria, ha licitado la primera y más barata alternativa
para dotar al aeropuerto del correspondiente certificado de seguridad, negándose a aceptar un proceso de decisión compartido con la Comunidad Autónoma Asturiana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Fomento:
- Paralice las actuales licitaciones en marcha y, en su caso, la adjudicación de las obras que contempla la primera alternativa, para posibilitar que el aeropuerto de Asturias acceda a la certificación de seguridad de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea.
- Analice con el Gobierno autonómico de Asturias las alternativas que permitirían, al aeropuerto asturiano, acceder a dicha certificación, eligiendo, teniendo en cuenta la posición del Principado de Asturias, la opción más idónea desde el
punto de vista de la seguridad, el impacto medioambiental, el coste, la operatividad, presente y futura, de los aviones que operan en el aeropuerto asturiano; así como de la competitividad de dicha terminal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2014.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el servicio de extinción de incendios y salvamento en el Ente Público Empresarial AENA, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, constituyó la Sociedad Mercantil Estatal, 'Aena Aeropuertos S.A.', encargada de
la gestión de todos los aeropuertos que hasta la fecha tenía encomendados la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), introduciendo, como novedad esencial, la separación entre las funciones de gestión de los
sistemas de navegación aérea y de gestión aeroportuaria, tradicionalmente desempeñadas por AENA.
La disposición transitoria segunda del citado Decreto-ley establecía que el ejercicio efectivo de funciones y obligaciones en materia de gestión aeroportuaria por parte de Aena Aeropuertos S.A. se comenzaría a ejercer, de manera efectiva,
cuando se determinara, mediante Orden del Ministro de Fomento, el personal y el conjunto de bienes, derechos, contratos, expedientes y obligaciones de la entidad pública empresarial AENA que vayan a ser asumidos por aquella sociedad. Por tanto,
conforme a lo previsto en la citada disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 13/2010, Aena Aeropuertos no inició de manera efectiva tales funciones y obligaciones en el mismo momento de su constitución sino que, con posterioridad a dicho
momento, se inició un proceso de delimitación del conjunto de activos, pasivos y relaciones jurídicas de AENA que, legalmente, debía asumir aquella sociedad estatal por su vinculación con la actividad de gestión aeroportuaria.
Como corresponde a su carácter de sociedad estatal, sin perjuicio de la aplicación de la normativa administrativa que corresponda en materia presupuestaria, patrimonial, contable y de control financiero, Aena Aeropuertos se rige por lo
dispuesto en la legislación mercantil, con una serie de especialidades, y los contratos con su personal son de naturaleza laboral, subrogándose, en su caso, en los que tenía otorgados AENA con el personal dedicado principalmente a las actividades
aeroportuarias.
Por ello es fundamental que, entre los servicios y el personal que deben continuar adscritos a la entidad pública AENA, se mantenga el servicio de salvamento y extinción de incendios de los aeropuertos ya que, la importancia del bien
jurídico protegido, el derecho a la vida y a la integridad física garantizado en el artículo 15 de la Constitución, obliga a que sean los poderes públicos los que tomen parte activa en esa protección.
Por otro lado, el traspaso tendría como consecuencia, a raíz del cambio de régimen jurídico, la pérdida de autoridad y, por tanto, de la capacidad de dar órdenes que sean directamente ejecutables y de la obligación de acatar dichas órdenes
por parte de los particulares, redundando todo ello en una merma de la eficacia en un servicio fundamental para garantizar la seguridad y la integridad física de los usuarios de los aeropuertos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener la adscripción del servicio de extinción de incendios y salvamento en el ente público empresarial AENA, garantizando la condición de empleados públicos del cuerpo de bomberos de
AENA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la operatividad del aeropuerto de Asturias y de aquellos que prestan un servicio necesario y de evidente utilidad pública, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Con el objetivo de que el aeropuerto de Asturias pueda cumplir con las nuevas recomendaciones y obligaciones técnicas recogidas en el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de
aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado, se hace necesario alejar trescientos metros los mástiles de metal que soportan el sistema ILS de la cabecera de su pista de aterrizaje. Para ello
hay dos posibilidades técnicas, bien optar por rellenar la vaguada en la que se encuentra el sistema ILS y aumentar así la longitud operativa de la pista, o bien mantener el sistema antiniebla en la posición actual y remodelar la cabecera de la
pista acortando su longitud en ciento cincuenta metros.
El pasado mes de septiembre el director de Proyectos de AENA, Ángel Gallego, anunciaba que esta última era la opción elegida por el Ministerio de Fomento, puesto que resultaba la opción mucho más económica estimándola en un coste de unos 1,2
millones de euros frente a los cerca de 4 millones de euros que costaría la segunda opción. Sin embargo, esta diferencia económica no parece ser tan determinante cuando finalmente el importe de su licitación asciende a 3.022.813 euros.
Además esta opción es contraria al actual Plan Director del aeropuerto de Asturias que prevé la posible expansión y crecimiento de la infraestructura en 200 m, y no cuenta con el visto bueno del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas
(SEPLA), que ha solicitado un informe técnico para determinar la respuesta que tendrían los diferentes modelos de aeronaves con 150 metros menos de pista y en diferentes condiciones atmosféricas.
De persistir en este recorte se estará condenado tanto el futuro como la operatividad actual del aeropuerto de Asturias, y se dificultará la instalación de nuevas aerolíneas y de nuevos tráficos al aeropuerto.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a:
1. Paralizar el actual proyecto para desplazar en 150 metros hacia el interior de la pista el punto inicial para las operaciones de aterrizaje por la cabecera 29 del aeropuerto de Asturias.
2. Acordar, en el seno del Comité de Coordinación Aeroportuaria, la solución técnica más apropiada para adaptar el aeropuerto de Asturias a las disposiciones técnicas establecidas en el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, sin afectar a su
operatividad actual.
3. Instar al Gobierno a establecer una política de infraestructuras aeroportuarias racional, que dé prioridad a las mejoras necesarias para mantener la operatividad de aeropuertos consolidados que prestan un servicio necesario y de evidente
utilidad pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación a la parada de tren en la Estación de Montoro, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las líneas ferroviarias españolas no transportan todo su potencial en viajeros y mercancías, y en algunos casos, se reducen algunas líneas y frecuencias. Múltiples estudios y expertos en este medio de locomoción creen que hay múltiples
razones para utilizar y potenciar más el uso del tren. Esta Proposición no de Ley persigue la potenciación de este uso en el municipio de Montoro y en la comarca del Alto Guadalquivir.
El informe TREN2020, realizado por CCOO, Greenpeace y WWF, y que es un estudio diagnóstico sobre la red ferroviaria española y un banco de propuestas para potenciar la oferta y la demanda del ferrocarril como un elemento clave para mejorar
la situación ambiental y social del transporte, en su apartado sobre las propuestas de mejora se incluye la línea Córdoba-Jaén y propone la reapertura de la estación de Montoro.
En relación a la demanda de este medio de transporte para esta Comarca, podemos dividirla en tres grandes grupos: la de movilidad de la población de la zona, la de acercamiento de los servicios públicos de Montoro y la de uso turístico.
Vamos a analizar cada uno de ellos:
Movilidad de la población: Montoro está situado en la centralidad de la comarca del Alto Guadalquivir, por lo que la zona de influencia para esta movilidad de población, podemos definirla como la suma de la población de los municipios de
Adamuz, Bujalance, Cardeña, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro y Pedro Abad. Esta población suma un total de 34.500 habitantes, que mejorarían en diferentes tipos de movilidad, como es la necesaria por motivos laborales, la motivada por
estudios (hay que destacar que el ferrocarril hace parada en el Campus de Rabanales) o los desplazamientos de carácter personal. Una población con necesidades tanto de salida a sus lugares de destino, como de regreso a sus poblaciones.
Acercamiento de servicios: En Montoro están instalados una gran cantidad de servicios públicos debido a su carácter central en la comarca. Ejemplos de ellos son, dos Juzgados de Primera Instancia, Mancomunidad de Municipios del Alto
Guadalquivir, Hacienda Local, Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, Centro Comarcal de Servicios Sociales, Oficina Comarcal Agraria, Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Excma. Diputación de Córdoba, Servicio Andaluz de
Empleo, Servicio de Empleo Público Estatal, Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía, dos Institutos de Enseñanza Secundaria Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos), Centro de Iniciativas Empresariales, Centro
Comarcal de Salud, Registro de la Propiedad, Conservatorio Elemental de Música, Escuela Oficial de Idiomas, Residencia de Ancianos, etc.
Estos servicios requieren, tanto para los profesionales que trabajan en ellos o los usan, como para los usuarios en general, de una cierta capacidad de transporte. Podemos calcular de forma aproximada, un número cercano a las 1.000 personas
diarias que intervienen en estos servicios.
Uso turístico: Montoro y la comarca del Alto Guadalquivir poseen distintos recursos turísticos como son los de naturaleza (Parque Natural de Cardeña-Montoro, Monumento Natural Meandro Río Guadalquivir), y
los de Patrimonio (Conjunto Histórico Artístico de Montoro, zonas monumentales de los diferentes municipios). Posee además una serie de infraestructuras turísticas como son hoteles, alojamientos rurales, empresas de turismo activo, etc. Y
por último también existen instalaciones de ocio y deportes, como Piscina Municipal Cubierta, Teatro, Plaza de Toros, Instalaciones Deportivas, etc.
Gracias a ello, la zona dispone de un gran potencial turístico, que se vería muy reforzado si existiera una oferta adecuada de transporte de recepción. Tanto para el turismo regional mediante el transporte de Media Distancia (línea
Cádiz-Jaén y sus intercomunicadores con el resto de capitales andaluzas) como el nacional a través de las distintas líneas de Larga Distancia).
En resumen, la mejora en movilidad con la existencia de ferrocarril sería de gran relevancia para el municipio y su zona de influencia.
Oferta actual:
La oferta actual de transporte público en el municipio de Montoro, y que por ende afecta a su zona de influencia, es solo de transporte por carretera a través de la empresa de autobuses Ramírez S.L.
La frecuencia de viajes diarios es de nueve en dirección Córdoba y de nueve de regreso desde Córdoba. Frecuencia que se reduce a tres en cada sentido los sábados y solo dos en cada sentido los domingos.
Como es lógico, la capacidad por viaje es de aproximadamente 50 plazas (capacidad del autocar), y repartido para todo el trayecto desde Andújar hacia Córdoba.
Por tanto, y resumiendo, la única posibilidad de transporte público en Montoro es en dirección a Córdoba (la ruta Montoro-Andújar es marginal y no tiene demanda real), solo por carretera y con poca capacidad.
Como curiosidad, este déficit de transporte público en un municipio cercano a la capital ha tenido probablemente como efecto el incremento del parque automovilístico del municipio, uno de los más altos de la provincia (más de 6.000 vehículos
para una población de 9.834 habitantes) y que en un pueblo histórico como Montoro ocasiona múltiples problemas de tráfico.
Posibilidades que ofrece la disponibilidad de ferrocarril:
La posibilidad de línea de ferrocarril y estación en Montoro (existente desde principios del siglo XX, en la línea Manzanares-Córdoba, explotada por la empresa MZA), permite incrementar fácilmente (apenas es necesaria inversión) la capacidad
de movilidad en el municipio.
Por un lado, existe la línea de Media Distancia Regional Cádiz-Jaén, con una frecuencia de cuatro viajes diarios en cada sentido todos los días de la semana. Esta línea permite la conexión de Montoro no solo con la capital Córdoba (como
hacia el servicio de autobuses), sino también con Sevilla y Cádiz (y estaciones intermedias) en sentido oeste y con Jaén (y estaciones intermedias) en sentido este.
Además, esta línea permite completar toda la geografía andaluza, con lo nodos de Sevilla (conexión con Huelva), Córdoba (conexión con Málaga y Granada por Bobadilla) y Jaén (conexión con Granada y Almería).
En cuanto al transporte de largo recorrido, permitirá, con transbordo en Córdoba, el enlace con la mayor parte de la geografía española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ponga en uso, lo antes posible, la Estación de Montoro, y que se establezca una frecuencia de trenes, suficiente para cubrir las necesidades de los habitantes de la Comarca e impulsar su
desarrollo económico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2014.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no Ley de modificación del Código Técnico de la Edificación que establezca una normativa sobre protección frente al gas radón, para su debate en comisión.
España (INSHT) desde el punto de exposición laboral, y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) , advierten del peligro de la exposición al gas radón.
Pese a las reiteradas demandas de los especialistas en salud pública, de los colectivos médicos, científicos y de los colegios profesionales, sobre la necesidad de que las administraciones tomen medidas, en España no existe normativa alguna
de obligado cumplimiento y de carácter nacional, autonómico y/o municipal, para que los edificios construidos en zonas de riesgo cuenten con las adecuadas medidas de protección.
El Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 16 de marzo) en su Documento Básico de Salubridad, establece que se deben eliminar los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, garantizando
la extracción del aire viciado por los contaminantes, pero no tiene en cuenta las especiales características del gas radón. Tampoco en el RD 238/2013, de 5 de abril, que modifica artículos e instrucciones del RITE (Reglamento de Instalaciones
Térmicas de Edificios) del RD 1027/2007, de 20 de junio, se regula este contaminante, indicando solo que hay que evitar la presencia de contaminantes atmosféricos que produzcan efectos sobre la salud.
De hecho, el radón sólo se regula en el artículo 62.1a del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y sólo en lo relativo a la exposición en ambientes
de trabajo.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha elaborado un estudio general sobre las concentraciones de radón en viviendas españolas y otro donde se presentan mapas de exposición potencial al radón en España donde se diferencian tres categorías de
riesgo que van de 0 a 2. En las zonas de categoría 2 se insiste en la importancia de medir la concentración del radón en los edificios y el propio CSN ha publicado un informe para la protección de los edificios frente al gas radón (Informe técnico
/2010).
En muchos países con un desarrollo económico equivalente al español existen guías, recomendaciones y políticas de concienciación social sobre los riesgos que representa el radón. Se aconseja a la población la adopción de medidas preventivas
para nuevas edificaciones y la necesidad de evaluar la situación de los edificios ya construidos, para implementar, si fuera necesario, las medidas de remediación adecuadas. En concreto en Irlanda ya se están adoptando medidas preventivas de
aplicación en edificios de nueva construcción según la zonificación establecida en los mapas de exposición al radón.
En definitiva, el objetivo de esta Proposición no de Ley es que se establezca una reglamentación con las medidas adecuadas para proteger a la población de la exposición prolongada al gas radón de forma que a través de diversas soluciones de
remediación se reduzcan los riesgos sobre la salud de la población, ofreciendo las soluciones adecuadas en función de la problemática específica de cada edificación.
Por todo ello se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a:
1. Modificar el Código Técnico de la Edificación estableciendo las medidas necesarias para implantar una normativa específica de protección frente al gas radón, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS.
1.1 La normativa deberá establecer dos niveles de protección, uno básico para todos los edificios de nueva construcción en las áreas de riesgo reconocidas por el CSN y un segundo nivel, de carácter obligatorio, para edificios públicos ya
construidos como escuelas, guarderías, hospitales, etc., atendiendo de igual forma a las áreas de riesgo delimitadas por el CSN, y que obligue, en caso necesario, a implantar las medidas de remediación adecuadas.
2. La utilización de todos los medios que están disponibles y en especial los técnicos y humanos de los que dispone el Consejo de Seguridad Nuclear, para mejorar el conocimiento sobre las áreas españolas con riesgo ambiental por radón y
divulgar e informar a los ciudadanos de las medidas que pueden adoptar para paliar los efectos nocivos de este gas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las causas y
consecuencias del recorte de la pista del aeropuerto de Asturias, para su debate en la Comisión de Fomento.
El aeropuerto de Asturias es una infraestructura de primer orden en una región periférica como Asturias, cercada por la cordillera hacia la meseta y con una autopista de perpetuo peaje que condiciona su conectividad. Durante años el Partido
Popular ha interpelado en el Parlamento Regional consultas sobre la escasa operatividad del aeropuerto de Asturias en condiciones de baja visibilidad, escasez de rutas o ausencia de una política aeroportuaria clara a los diferentes gobiernos del
Principado. Ahora tiene la oportunidad de contrastar sus declaraciones y acciones con la realidad y actuar en consecuencia.
Tras el primer intento fallido de privatizar AENA a precio de saldo, la decisión tomada desde el Ministerio de Fomento y AENA Aeropuertos de recortar 150 metros de pista parece perseguir el cumplimiento de las recomendaciones europeas que
harían posible una eventual privatización antes de las próximas elecciones generales de 2016. El aeropuerto de Asturias entraría junto con los aeropuertos de Barcelona, Gran Canaria, Sevilla, Menorca y Lanzarote en uno de los tres lotes en los que
se pretendería privatizar la red de infraestructuras aéreas. La otra alternativa, de rellenar la vaguada y ampliar la pista no es una opción para el ejecutivo porque no estaría lista a tiempo para una eventual venta antes de los comicios de 2016.
La norma a la que el Ministerio alude para justificar el recorte de 150 metros de pista (trasladar el umbral de la pista 150 metros sobre la cabecera actual disminuyendo la longitud útil de pista) es una recomendación en la que se aconseja
eliminar cualquier elemento que no se pueda quebrar fácilmente y que esté situado a una distancia inferior de 300 metros de las cabeceras de las pistas. Para poder cumplir tal recomendación es necesario alejar los mástiles de metal que soportan el
sistema ILS de la cabecera de la pista 29 pudiendo optar por rellenar la vaguada y aumentar la longitud operativa de la pista o mantener el sistema antiniebla en la posición actual y remodelar la cabecera de la pista acortando su longitud en 150
metros. A raíz de la radical solución adoptada por el Ministerio, Álvaro Gammicchia, representante del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEDLA) en el comité de seguridad del aeropuerto de Asturias sostiene que 'nosotros tenemos claro
que no nos gusta, porque nunca somos favorables a perder metros de pista .Queremos saber la respuesta de los diferentes modelos de aeronaves con 150 metros menos de pista y en diferentes condiciones: viento de cola o pista contaminada, es decir,
mojada' En su opinión, 'el proyecto ha generado más problemas al aeropuerto que el beneficio que supuestamente se busca', ya que considera que, en esta nueva normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 'España está siendo más papista
que el Papa. Se trata de recomendaciones europeas que aquí se quieren imponer como norma. Sin embargo, los cambios a que obliga generan más problemas, por lo que nosotros debemos tener todas la garantías de que se operará con seguridad'.
En septiembre de 2013, cuando se dio a conocer la noticia del recorte de pista, el Ministerio de Fomento a través de su director de proyectos, Ángel Gallego afirmaba que 'el recorte de pista es la mejor opción desde el punto de vista
económico, con un coste de 1,2 millones de euros, ya que la otra medida estudiada consistente en rellenar la vaguada en la que está el equipo antiniebla del aeropuerto y que conllevaría aumentar la longitud útil de pista, obliga a un gran movimiento
de tierras, sale por 4 millones'
Sin embargo, el precio final con el que salía a concurso la licitación del recorte de la pista del aeropuerto de Asturias a finales de año asciende a 3,1 millones de euros más IVA, muy superior a los 1,2 millones anunciados. La diferencia
con la opción de rellenar la vaguada (4 millones de euros, aunque con un plazo
de ejecución mayor que superaría el umbral de las elecciones nacionales) decisión que permitiría aumentar la longitud útil de la pista en 150 metros, pierde peso como 'mejor opción desde el punto de vista económico'. Los sobrecostes de las
obras de nuevas grandes terminales en aeropuertos como Santiago, León o Pamplona donde se optó por no ampliar las existentes sino gastar millones en nuevas terminales, cada día más en entredicho, chocan con la negativa de una inversión mínima que
incurrirá en un 'peaje' muy costoso de revertir.
El recorte de la pista choca con el Plan Director del Aeropuerto, ratificado en 2001, que prevé la posible expansión y crecimiento de la infraestructura en 200 metros si las condiciones lo requirieran, e incumple el Real Decreto de 1988
sobre los aeropuertos de interés general.
Para no incumplir el Plan director vigente el Ministerio comunicó en octubre de 2013, en respuesta a una pregunta del diputado que suscribe, que el Ministerio trabaja en la redacción de un nuevo plan director para el aeropuerto de Asturias
en el que se eliminará la opción expansiva limitando la posibilidad de crecimiento del aeropuerto ya que lo considera suficiente para las aeronaves que se espera operen en el aeropuerto. Sin embargo, el Plan director de los aeropuertos es, por
definición, la hoja de ruta a seguir para la expansión de los aeropuertos de la red AENA.
En aeropuertos con características similares al caso asturiano (volumen de pasajeros, longitud de pista y altitud de la misma) como pudiera ser el caso del aeropuerto de Coruña, AENA licitó en 80 millones de euros la ampliación de la pista
hasta alcanzar los 2.482 metros para permitir la óptima operación de aviones contemplados en su plan director. En Asturias una diferencia de 0,9 millones de euros condenará el futuro de la infraestructura con una pista para aterrizajes de 2.050
metros, insuficiente para ciertas aeronaves que ya operan en Asturias en condiciones atmosféricas desfavorables (viento cruzado, lluvia...), no para futuribles lejanos.
El recorte de la pista no afectará a la línea de despegue, pero para que un avión despegue desde Asturias antes tiene que aterrizar. Y aquí es donde llegan los problemas: Al alejar el punto de toma de tierra de los aviones de las balizas
antiniebla acortando la pista útil para el aterrizaje se limita las prestaciones del aeropuerto bajo condiciones climatológicas adversas como son las rachas de viento cruzado que estos días azotan el Cantábrico, aterrizajes en pavimenta deslizante
por lluvia... En el caso de los aviones comerciales tipo A320 o B737 que operan en Asturias la nueva longitud de pista debería de ser suficiente, pero no así para otras aeronaves como el A330 que Air Europa utilizó de forma regular en la ruta a
Lanzarote. Es para las aeronaves de segmento de más de 200 pasajeros donde la longitud de pista en el aterrizaje es un tema crucial. Con la decisión, Asturias pierde competitividad respecto a los aeropuertos vecinos de Coruña, Santander e incluso
León en cuestión de operatividad, una de las principales premisas de las aerolíneas a la hora de abrir rutas.
Junto con la decisión del recorte de la pista, AENA prevé aplicar el 'plan de racionalización de NDB' en Asturias; es decir, Asturias perderá sus dos radio-ayudas (denominadas NDB) que guían a los aviones tanto para llegar a la pista como
para salir de ella. Con ellas perderá, además, su actual nivel de operatividad, ya que sin su presencia los movimientos aéreos en el Principado dependerán, exclusivamente del VOR instalado en 2010. Se trata de un elemento muy moderno cuya
tecnología requiere una calibración reiterada, que obliga a apagarlo, y está sujeto a averías, de las que ya ha sufrido varias este año, En esos momentos, las aeronaves dependen de los NDB. Sin ellos, el apagón del VOR se traducirá en el cierre
automático del tráfico aéreo en Asturias. No se podrá aterrizar ni despegar.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) A paralizar la obra de recorte de la pista del aeropuerto de Asturias.
2) A valorar la opción alternativa de rellenar la vaguada y ampliar la pista como hace en el aeropuerto de A Coruña.
3) A mantener con ello las dos radio-ayudas NDB para garantizar el guiado de seguridad de los aviones en la pista, en el caso de averías del sistema VOR.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Educación y Deporte
161/002342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
homologación de los títulos universitarios de ingeniería de planes de estudios anteriores al Plan Bolonia, para su debate en la Comisión de Educación y Deportes.
Exposición de motivos
Ciudadanos del Estado español con títulos universitarios de ingeniería obtenidos con los planes antiguos, antes del Plan Bolonia, están teniendo problemas en países extranjeros por la no equiparación de sus títulos universitarios.
Cada vez afecta a más ingenieros y empresas del Estado español con obras de ingeniería en países de América Latina, EE.UU., Canadá o países de Oriente Medio. El Gobierno español debería solucionar cuanto antes este problema y equiparar los
títulos de ingeniería superior obtenidos con los planes de estudio anteriores al Plan Bolonia con el nivel actual de Máster. Es necesario adaptar la situación de estos titulados superiores a la de otros países de la UE porque se está obstaculizando
la movilidad y la competitividad de muchos ingenieros y empresas del sector.
También afecta a la hora de conseguir licitaciones internacionales de obras.
Sirva de ejemplo lo sucedido con las obras de construcción del metro de Botogá, donde no se han reconocido los títulos superiores de un grupo de ingenieros de Caminos de la compañía española Saitec, debido a que el Ministerio de Educación de
Colombia los califica como 'diplomas pregrado'.
Con el Plan Bolonia los títulos universitarios se cursan en cuatro años más un año de máster, mientras que con los planes antiguos las diplomaturas se obtenían después de cursar tres años, y la licenciatura después de cinco años. En Europa
lo general es cursar tres años de grado y dos años de máster.
La cuestión es que es complicado encontrar una equivalencia a cada título antiguo puesto que varía la duración y sus características.
A la hora de presentarse a concursos de obras en el extranjero, algunas empresas españolas se ven obligadas a hacer pequeñas trampas legales como presentar a los concursos a ingenieros e ingenieras locales, a ingenieros que leyeron sus tesis
doctorales o a ingenieros que han hecho un máster acelerado en una universidad privada para habilitarlos como ingeniero con maestría.
Desde luego no está en cuestión fa formación de ingenieros e ingenieras en el Estado español, de reconocido prestigio, pero que sin embargo se ven cuestionados por esta circunstancia. Huelga decir que se trata de un tipo de licenciatura muy
demandada en países extranjeros. El éxodo de personas con alta cualificación, como pueden ser los ingenieros, es un goteo constante debido a las graves dificultades de lograr trabajo en el Estado español.
Precisamente emigrar es una de las salidas laborales que tienen este tipo de carreras o muchos jóvenes que se forman en universidades del Estados español. Es de todos sabido que el Estado español se está convirtiendo en una máquina
exportadora de mano de obra altamente cualificada debido a la falta de expectativas laborales. Aquí se forman nuestros jóvenes, se invierte en sus estudios para después tener que viajar a países extranjeros donde poder desarrollar su actividad
profesional.
Si a esto añadimos la falta de equiparación de sus títulos universitarios, pues se les está cerrando el camino tanto dentro como fuera.
En el año 2013, los Ingenieros de Caminos que se dirigieron al Ministerio de Fomento por este problema, consiguieron un certificado de Educación para demostrar en el extranjero la homologación de sus títulos, pero carece de valor jurídico.
En el Estado español existen 201.000 ingenieros colegiados. Además hay muchos titulados que no están colegiados. Según las informaciones, los más afectados son las Ingenierías de Caminos, Industriales, Minas, y Telecomunicaciones.
A priori, la homologación no parece una cuestión compleja puesto que como dicen los propios afectados de Telecomunicaciones, hubiese sido suficiente con publicar en el 'BOE' que se equiparan las ingenierías al nivel EQF-7 que es el de
máster.
Cada vez son más numerosos los afectados por las razones ya expuestas. Sin embargo el Gobierno sigue sin tomar las riendas de un problema que se viene advirtiendo desde el año 2012.
También las empresas constructoras y de ingeniería del Estado español son víctimas de esta laguna legal puesto que compiten en concursos para obras en países extranjeros. Los problemas se localizan fundamentalmente en América Latina, en
Estados Unidos, Canadá o países de Oriente Medio, donde suele demandarse el grado de maestría.
Es preciso solucionar este vacío cuanto antes, equiparando los títulos universitarios de la rama de ingeniería de los planes de estudio anteriores al Plan Bolonia con el nivel actual de máster, puesto que se dan casos de ingenieros con
muchos años de experiencia laboral, seis años de carrera, que se ven cuestionados en su profesionalidad o en su estatus académico.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Equiparar cuanto antes los títulos universitarios de ingeniería de los planes de estudios anteriores al Plan Bolonia con el nivel actual de máster, con el fin de terminar con los problemas laborales que muchos ingenieros e ingenieras
tienen a la hora de desarrollar sus actividades profesionales o reconocer sus títulos en países del extranjero, sobre todo de América Latina, EE.UU., Canadá o países de Oriente Medio.
- Solucionar este problema de homologación de carreras universitarias anteriores al Plan Bolonia que también afecta a empresas españolas de ingeniería a la hora de concursar para obras en países extranjeros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para solicitar cambios normativos para los títulos de grado de las enseñanzas artísticas, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, reguló de forma específica, en sus artículos 54 a 58
las enseñanzas artísticas superiores señalando como tales los estudios superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales y los estudios superiores de diseño y de
artes plásticas, entre los que se incluyen los de cerámica y de vidrio.
Como bien indica el propio decreto, el mismo ordena las enseñanzas artísticas superiores desde la doble perspectiva de su integración en el sistema educativo y el planteamiento global del conjunto de las enseñanzas artísticas, dota a las
mismas de un espacio propio y flexible en consonancia con los principios del Espacio Europeo de la Educación Superior.
Con este fin el Real Decreto 1614/2009 propone un cambio estructural basado en la flexibilidad en la organización de la enseñanza y la renovación de las metodologías docentes, cuyo objetivo se centra en el proceso de aprendizaje del
estudiante, la adquisición de competencias, la adecuación de los procedimientos de evaluación, la realización de prácticas externas, la movilidad de los estudiantes y la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida.
En cambio, el Tribunal Supremo, dictó el 13 de enero de 2012 (STS 299/2012) una sentencia como respuesta a la demanda presentada por la Universidad de Granada impugnando el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A esta sentencia, se han acompañado otras sentencias del mismo tribunal 320/2012, 321/2012, 348/2012 y 364/2010 sobre la misma cuestión, como consecuencia de los recursos interpuestos
por distintas universidades.
Las sucesivas sentencias estiman parcialmente la impugnación interpuestas por las universidades y declara nulos los artículos que aluden a la estructura de los estudios de Grado, a los correspondientes títulos, a los contenidos y al acceso
de estudiantes (artículos 7.1, 8, 11, 12). También se anula la disposición adicional, se refiere a medidas para evitar títulos coincidentes, lo cual vulnera, según la sentencia, la autonomía universitaria.
Desde el punto de vista de la interpretación jurídica, el TS reconoce que la ausencia de la denominación de 'grado' en el texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, impide que un Real Decreto posterior equipare las
enseñanzas artísticas superiores al resto de estudios del mismo nivel académico. La anulación de los preceptos del decreto niega a las enseñanzas artísticas la denominación de 'grado' y en estos momentos nos encontramos en un limbo jurídico
respecto a este tipo de enseñanzas, cuya situación se retrotrae antes del Real Decreto 1614/2009. Es por todo ello lo que consideramos imprescindible atribuir a las enseñanzas artísticas superiores el mismo nivel que las demás enseñanzas
superiores, con pleno derecho en el Espacio Europeo Educativo Superior (EFES).
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a promover las reformas legislativas necesarias para que los alumnos que hayan terminado los estudios superiores de música o de danza, Arte Dramático, Conservación y Restauración de
Bienes Culturales y los de vidrio, obtengan el Título Superior o Grado en sus respectivas especialidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002365
A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre las subvenciones y ayudas públicas ilegales a los equipos de fútbol profesional, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El pasado mes de diciembre el Comisario Europeo de Competencia, don Joaquín Almunia, abría un proceso de investigación sobre una serie de equipos de fútbol profesional de nuestro país para esclarecer si estos habían recibido ayudas públicas
incompatibles con las normas comunitarias.
En este caso en concreto, se ha comenzado a investigar el estatus fiscal de 4 equipos: Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Club Atlético Osasuna al considerar que, entre otras cuestiones, se han
beneficiado de su no conversión en sociedades anónimas. Esto hace que tributen en el Impuesto de Sociedades un 25 % en lugar de un 30 % como el resto de clubes que sí son Sociedades Anónimas Deportivas. Asimismo, y en el caso concreto del Real
Madrid Club de Fútbol, se sospecha también que éste pudo recibir ayudas públicas en la recalificación de la antigua Ciudad Deportiva del Paseo de la Castellana. Estas supuestas ayudas también están bajo investigación de la Comisión en lo que se
refiere a otros 3 equipos de fútbol españoles, en este caso de la Comunidad Valenciana (Hércules Club de Fútbol, Elche Club de Fútbol y Valencia Club de Fútbol), cuestionando los avales que la Generalitat Valenciana concedió a los préstamos de 118
millones de euros percibidos.
Si bien es cierto que la investigación de la Unión Europea se ha centrado sobre la situación de estos equipos, la realidad es que las ayudas públicas, directas o indirectas, a los clubes de fútbol profesional españoles son un hecho de sobra
conocido y muy extendido en nuestro país. A nadie le sorprende ver la
publicidad de ayuntamientos, diputaciones provinciales o comunidades autónomas en las camisetas de los equipos u otros patrocinios de entidades públicas (consejerías de turismo, televisiones autonómicas, etc.). Ejemplos de esta práctica no
faltan pudiendo citar casos como el del Atlético de Madrid y el Ayuntamiento de Marbella, el patrocinio del Aeropuerto de Castellón al Villareal C. F., el del Espanyol o el del Osasuna, cuyo estadio está patrocinado por la Comunidad Foral.
Pero ya casi tampoco sorprende el que un Ayuntamiento recalifique terrenos para favorecer la venta de un estadio y la construcción de uno nuevo, o que directamente se dedique a construir dichos estadios para sus equipos locales, cediéndolos
después a los clubes de fútbol profesional a asequibles precios, muy alejados de los de mercado.
Como ejemplo reciente de esta práctica puede señalarse la del Athletic de Bilbao, que tuvo la idea de construirse un nuevo campo con subvenciones públicas por valor de 175 millones, con la condición de que siguiera siendo propiedad del Club.
Como quiera que esa operación era manifiestamente ilegal decidieron, en lo que parece un claro fraude de ley, articularlo mediante una operación de ingeniería societaria en virtud de la cual el nuevo campo sería propiedad de una sociedad anónima,
San Mamés Barria, en cuyo capital la Administración ostenta una participación mayoritaria y el club queda como socio minoritario, en proporción a lo que supuestamente valía el solar del viejo San Mamés. Así, y con la finalidad de beneficiar al
Club, el nuevo estadio, financiado con dinero público, se ha puesto a disposición del Athletic durante un siglo por el módico precio de 500.000 euros anuales, valoración que dista mucho de un precio normal de mercado, que por cierto nadie ha
justificado, que sepamos.
Por citar otro caso de tantos, el Ayuntamiento de San Sebastián, a través de una sociedad municipal titular nominal del campo de Anoeta, firmó un contrato de arrendamiento en favor de la Real Sociedad por 40 años y por el modesto precio de
3,1 millones de euros, a pesar de que, como reconoce el Club, el 'valor razonable' de ese contrato de arrendamiento era en realidad de 63,8 millones, equivalente a 1,6 millones anuales, lo que supone que la Real Sociedad solo paga el 5 % del
verdadero valor del alquiler de estadio y que puede cifrarse la subvención indirecta en algo más de 1,5 millones de euros anuales.
En otras ocasiones ni siquiera se utilizan tantos artificios para intentar esconder las ayudas, como pasa en el caso del Valladolid, el Málaga, el Granada, el Getafe y una largo etcétera de clubes profesionales de fútbol a los que los
poderes públicos han cedido los estadios de titularidad municipal a precios módicos o con otro tipo de beneficios o subvenciones encubiertas.
Desgraciadamente, las innumerables ayudas públicas que ha recibido el fútbol profesional tampoco han conseguido o favorecido que los equipos tengan una saneada situación económica, sino que ha colaborado precisamente a lo contrario, pues los
equipos han destinado cada vez mayores gastos a fichajes multimillonarios, inflando un mercado que a la postre se ha vuelto en su contra, como lo demuestra la situación concursal en la que se encuentran o han pasado nada menos que 20 equipos
españoles, cuyos concursos han podido salir adelante sin recurrir a la liquidación solo gracias (una vez más) a fondos públicos de instituciones o entidades controladas por los partidos políticos, como Cajas de Ahorros u otros entes del sector
público, que han condonado o refinanciado las deudas existentes, con una finalidad claramente electoralista.
Esa cercanía entre los clubes de fútbol profesional, sus gestores y los políticos de uno y otro color se ha gestado en los famosos palcos VIP de muchos estadios, ejemplo vivo de una forma de hacer negocios en España caracterizada en
demasiadas ocasiones por el amiguismo y la corrupción.
Estas ayudas no sólo contravienen el derecho europeo y suponen una ventaja para nuestros equipos con respecto a los del resto de Europa, sino que suponen también un importante agravio hacia el resto de la ciudadanía y el mundo empresarial,
en una situación de acuciante crisis como la que vivimos actualmente. Así, y a pesar de los esfuerzos del Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional, los clubes de fútbol españoles aún deben mas de 600 millones de euros a la
Hacienda Pública -deuda que ya se ha pactado no se devuelva en su totalidad hasta el año 2020-, que destaca con el trato que ese organismo público suele dispensar a ciudadanos anónimos normales.
Esta situación supone también un importante agravio no sólo hacia el resto del deporte no profesional (cada vez más precarizado y abandonado), sino incluso para los equipos de fútbol semi-profesionales que juegan en 2.ª División B y Tercera
División o categorías inferiores. Estos equipos afrontan mayores dificultades financieras que los clubes profesionales y sin embargo carecen de sus ayudas, viendo como sus ingresos por patrocinios y publicidad caen en picado, ayudados también por
la falta de una cultura y una Ley de Mecenazgo eficaz que pueda impulsar el deporte amateur.
Los éxitos de nuestra selección nacional y de los principales equipos de fútbol profesional en las competiciones internacionales han reforzado a nuestro país en el mapa mundial de ese deporte, y sin duda potencian la llamada 'Marca España'.
Sin embargo, estos éxitos y esta buena imagen se están viendo ensombrecidos por estos hechos que comentamos, que se perciben en el exterior como competencia desleal y que provocan una creciente e injusta sospecha sobre todo el deporte español.
A esa sensación contribuye sin duda que, contando con una Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y las correspondientes autoridades de la competencia autonómicas (con un presupuesto considerable todas ellas) haya tenido
que ser la Comisión Europea la única que haya abierto una investigación sobre la materia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar, con la colaboración de las autoridades de competencia españolas y el Tribunal de Cuentas, una completa auditoría al fútbol profesional español mediante la elaboración de un estudio
sobre las subvenciones y ayudas públicas, directas o indirectas, a los clubes de fútbol profesional y su compatibilidad con las normas de la competencia españolas y europeas, adoptando las medidas oportunas para que se respete la legalidad en dicha
materia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de modificar los criterios exigidos a los autónomos para poder percibir la prestación por desempleo cuando han cotizado por ello, para su debate en Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Al igual que sucede con los trabajadores del régimen general, los trabajadores autónomos tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo siempre y cuando hayan cotizado para ello de forma voluntaria.
Sin embargo, desde que se reconoció este derecho a los autónomos, en noviembre de 2011, las estadísticas indican que la Seguridad Social solo ha aprobado dos de cada 10 solicitudes.
Según los datos publicados, en los diez primeros meses del 2013, 5.531 trabajadores por cuenta propia solicitaron el cobro de la prestación por desempleo, habiendo cotizado previamente para esta prestación. La Seguridad Social rechazó 3.583
peticiones, admitiendo solo 1.173 (el 21,2 %) solicitudes. Sabemos que casi 500 autónomos han recurrido judicialmente por estas denegaciones.
En el caso concreto de Galicia, en el último año solo han cobrado el desempleo 77 autónomos puesto que el 80 % de las solicitudes (que son más de 350) han sido rechazadas o están pendientes de fallo judicial.
Las asociaciones y organizaciones de autónomos responsabilizan de esta situación a la Seguridad Social y a las mutuas. El rechazo de las prestaciones por desempleo a trabajadores autónomos que han cotizado por ello ha provocado un gran
malestar en este colectivo, muy numeroso en el Estado y en Galicia.
Los autónomos afectados explican que las mutuas rechazan la petición de prestación del paro alegando la rigidez de las normas establecidas. Concretamente, se exige que el trabajador demuestre que
tiene dos trimestres seguidos de pérdidas en sus negocios, del 30 % en un año o del 20 % en dos años consecutivos y completos.
La realidad demuestra que la mayoría de los autónomos si tienen problemas económicos se ven obligados a cerrar antes del tiempo estipulado.
La gran mayoría de los trabajadores por cuenta propia solicitan la prestación por cese de actividad y siempre se debe a causas económicas.
Dada la problemática descrita que este colectivo de trabajadores ha denunciado, la Ministra de Empleo se mostró favorable a flexibilizar los requisitos establecidos para acceder a la prestación por desempleo.
Lo poco que se conoce del anteproyecto de ley de mutuas, que está en fase de consultas, recoge que los nuevos trabajadores por cuenta propia que se den de alta tendrán que cotizar obligatoriamente por cese de actividad.
Con la ley actual, los autónomos para cobrar el paro cuando finalizan sus actividades, deben cotizar simultáneamente por este contingente y por accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Según parece, el anteproyecto pretende desligar ambas contingencias. Así los autónomos deberían cotizar por la prestación por cese de actividad, mientras que la cuota por accidente profesional sería voluntaria.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a:
- Flexibilizar los criterios exigidos a los trabajadores autónomos para poder percibir la prestación por desempleo cuando han cotizado por ello.
- Ante el elevado número de denegaciones de solicitudes de autónomos para percibir el paro, proceder a una modificación de la legislación en esta materia a fin de adaptarla a las circunstancias y a los problemas reales de este colectivo.
- Aprobar medidas que alivien y mejoren la difícil situación por la que atraviesan los autónomos, dando marcha atrás en medidas contraproducentes como la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social para autónomos con más de diez
trabajadores, aprobando medidas que faciliten el crédito o medidas fiscales para este colectivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002363
A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la elaboración de un Índice de Precios al Consumo propio para los pensionistas, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Constitución Española, en sus artículos 41 y 50, consagra un sistema público de Seguridad Social que garantice prestaciones suficientes, adecuadas y periódicamente actualizadas. Se trata de un mandato constitucional que se ha llevado a
la norma mediante la inclusión en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) de preceptos relativos a la revalorización de las pensiones, con el fin de que mantengan su poder adquisitivo a lo largo del tiempo.
La actual regulación del artículo 48 de la Ley General, el relativo a la revalorización, está configurado por la redacción dada al mismo como consecuencia de los acuerdos políticos y sociales derivados del Pacto de Toledo de 1995, que en su
recomendación segunda planteaba la revalorización anual de las pensiones.
Desde el año 1997, momento en que se reconoce esta revalorización automática de las pensiones, han sido muchos los avatares que ha sufrido este artículo, tanto en la propia LGSS como en aplicación de
otras Leyes. En efecto, ya en el año 1998 se modificó el artículo 48 de la LGSS, en lo relativo al efecto de las revalorizaciones en los años en que la previsión de incremento de las pensiones fuera superior al incremento real final, y
posteriormente, han sido varias las veces en las que las Leyes de Presupuestos han determinado la no aplicación de revalorizaciones de las pensiones, congelando las mismas, o determinando que la revalorización sea inferior a lo señalado en la LGSS.
Por otro lado, los poderes públicos garantizarán no solo que las pensiones sean adecuadas, sino que han de ser periódicamente actualizadas. Esta actualización no puede entenderse como un simple acto formal de actualizar las pensiones en las
cantidades que coyunturalmente encajen en la política económica del partido que gobierne, sino que una interpretación racional lleva a considerar que las pensiones se deben actualizar para que sigan siendo 'adecuadas'. Una pensión que es
inicialmente 'adecuada', si no se revaloriza correctamente, deja de ser 'adecuada'. No parece lógico pensar que el precepto constitucional pretenda que las pensiones sean 'adecuadas' exclusivamente en su momento inicial.
Los reiterados incumplimientos de la normativa legal de revalorización de las pensiones han sido justificados, por los gobiernos proponentes de los mismos, en función de cuestiones de carácter coyuntural derivadas de la situación económica
general del país. Así, han sido varias las veces en las que, tanto bajo mayoría popular como con mayoría socialista, las pensiones no han sido revalorizadas de acuerdo al precepto legal que lo regula sino que, aprovechando el rango legal de la Ley
de Presupuestos, se ha modulado la aplicación del artículo 48 de la LGSS.
El riesgo para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones empeorará gravemente en el futuro, sin duda, con la última reforma aprobada unilateralmente, y al margen del Pacto de Toledo, por el Partido Popular. No obstante, como
éste niega que la pérdida continuada del poder adquisitivo que prevén el resto de Grupos Parlamentarios vaya a producirse, sería importante (para que pueda dilucidarse esta cuestión mediante un debate público informado en el futuro) contar con los
indicadores adecuados para medir correctamente la evolución del poder adquisitivo de las pensiones.
El mecanismo que se ha venido aplicando para proceder a la revalorización de las pensiones (cuando se ha hecho cumpliendo completamente el precepto de la Ley General de la Seguridad Social), ha tenido en cuenta como índice para la
actualización de dichas prestaciones el Índice de Precios al Consumo, que el INE calcula oficialmente. Se trata de un índice que refleja el nivel general de precios en una fecha determinada, tomando como referencia el conjunto de la ciudadanía del
país y considerando una cesta de la compra de 491 artículos que son consumidos habitualmente por la población.
El Índice de Precios al Consumo sirve para calcular la inflación. Referenciándolo entre dos fechas determinadas, nos indica el incremento o descenso de los precios de la cesta de la compra estándar de un ciudadano español medio.
Considerando que el citado ciudadano tuviera un poder de compra determinado en una fecha concreta, transcurrido un tiempo, para mantener el mismo poder de compra, debería de tener una mayor renta nominal que compensase la diferencia entre el IPC de
la primera y la última fecha.
Aplicar este índice para estudiar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es fruto de una convención, que supone que los pensionistas tienen los mismos hábitos, costumbres y necesidades de consumo que la media de los
ciudadanos del país. Si se tratara de un colectivo disperso, poco numeroso y de características heterogéneas, acudir al IPC general para determinar el mantenimiento de su poder de compra sería la menos mala de las opciones; pero los pensionistas
son un colectivo muy numeroso, bastante homogéneo en sus características y con unos hábitos de consumo diferenciados. Por ello, sería aconsejable, y técnicamente sencillo, contar con un índice de precios al consumo para medir la evolución del poder
adquisitivo de las pensiones propio del colectivo al que va dirigido.
Dicho índice reflejaría los precios de los bienes y servicios que son utilizados por los pensionistas, ponderando menos aquellos productos que por su naturaleza conforman una parte escasa del consumo de los jubilados, e incorporando un mayor
peso específico para aquellos que los afectan en mayor medida. Por ejemplo, es evidente que productos como el transporte, la enseñanza, las comunicaciones informáticas, el ADSL, los juguetes o la ropa infantil, tienen menos peso en la cesta de la
compra de los jubilados que en la cesta de la compra media. Por el contrario, el agua, la luz, el gas, la alimentación, los medicamentos... tienen un mayor peso específico entre los pensionistas que en la media. Tales distinciones no son
sutilezas académicas, sino que tienen una gran importancia práctica. Así, en la actualidad coexisten en España un IPC general relativamente estable y fuertes subidas en componentes como la electricidad o los medicamentos.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un índice de precios que se base en los hábitos de consumo específicos de los pensionistas, con el objetivo de conocer mejor la evolución del poder adquisitivo de las pensiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002364
A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Diez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la mejora de las estadísticas laborales, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Desde el Ministerio tradicionalmente llamado de Trabajo ha venido realizándose de forma continuada desde los años ochenta un esfuerzo para producir estadísticas de calidad sobre diferentes aspectos del mercado de trabajo. Se trata de
estadísticas que se producen tanto a partir de fuentes administrativas como de encuestas. Aparte de su gran utilidad para el propio diseño de políticas y medidas por parte de las Administraciones Públicas, también han acabado siendo una fuente
imprescindible de información para los investigadores del mercado de trabajo español. Entre muchos otros, dos ejemplos destacados de este tipo de fuentes son la Encuesta de Coyuntura Laboral (una encuesta a empresas) y la Muestra Continua de Vidas
Laborales (elaborada a partir de fuentes administrativas, básicamente los registros de la Seguridad Social).
Este esfuerzo ha ido más allá del Ministerio, pues el Instituto Nacional de Estadística realiza trimestralmente (bajo la coordinación de Eurostat) la Encuesta de Población Activa, que proporciona las cifras básicas que permiten medir la
evolución del empleo y del paro en España, ampliamente utilizada no sólo por la Administración o por los medios españoles, sino también como fuente inestimable a nivel nacional e internacional para investigadores laborales de distintas
especialidades, como sociólogos y economistas dedicados al estudio del mercado de trabajo.
A pesar del esfuerzo realizado (y de la constante atención del Plan Estadístico Nacional a los temas laborales) conviene evitar que no se pierdan ahora estos importantes logros como consecuencia de unos recortes presupuestarios
indiscriminados; por el contrario, convendría incluso perseverar en el esfuerzo para conseguir una mejora adicional de la calidad en algunos aspectos especialmente relevantes.
La actual situación de crisis económica (especialmente clara en las altísimas cifras de desempleo) ha llevado a emprender diferentes cambios legales y reformas laborales. Sin embargo, la información estadística existente no permite una
verdadera evaluación de los efectos de buena parte de los cambios legales que se han realizado. Se trata de un asunto especialmente importante, ya que el empeño en conseguir determinados resultados a partir de cambios en la normativa legal, más
allá de opiniones de distinto signo sobre el funcionamiento económico, puede y debe ser medido y evaluado.
Diferentes organismos internacionales han señalado también la necesidad de evaluar las políticas que se ponen en marcha y se ha hecho mención especial a la necesidad de evaluar las reformas laborales por parte del Fondo Monetario
Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o la Comisión Europea.
Los investigadores académicos vienen señalando en los últimos años la necesidad de dar un nuevo impulso a la calidad y contenido de las estadísticas laborales, a fin de realizar verdaderas evaluaciones y conseguir un mejor conocimiento, que
repercuta en un mejor diseño de las políticas del mercado de trabajo para que consigan sus objetivos.
Sin embargo, los indiscriminados recortes presupuestarios de los últimos años conllevan el riesgo de repercutir negativamente no sólo en la mejora de estos instrumentos (esenciales para el diseño de las políticas del mercado de trabajo) sino
incluso en su mantenimiento eficaz. Ello pese a que su coste se traduce en cifras de las que cabe lograr ahorros muy limitados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia plantea la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener y mejorar la calidad de las estadísticas laborales, de forma que sea posible diagnosticar de forma fiable los problemas del mercado de trabajo español, así como evaluar los
resultados de las distintas reformas legislativas.
Con ese fin, se proponen como mínimo las siguientes medidas:
1. La mejora de la información relativa a indemnizaciones y despidos, esencial para evaluar aspectos críticos de las últimas reformas laborales. Los datos existentes sobre despidos e indemnizaciones son parciales, dispersos y no permiten
conocer cuestiones fundamentales, como la indemnización media que efectivamente se paga en España. Mucho menos permiten evaluar el impacto causal de las reformas que han cambiado el sistema de despido español. Las diferentes investigaciones han de
construirse a partir de fuentes diferentes, no homogéneas entre sí y dramáticamente incompletas. Algo sorprendente en un país que lleva discutiendo sobre la relevancia de los costes de despido desde los años ochenta.
2. La Estadística sobre Convenios Colectivos contiene información útil, pero necesita de mejoras esenciales para realmente permitir que se conozca la evolución de la estructura de la negociación colectiva y cómo evolucionan los salarios
efectivamente percibidos en relación con los salarios pactados. En este sentido, una vía poco costosa consistiría en unir en los propios servicios estadísticos de la Administración Pública (el INE o el Ministerio de Empleo) la información
administrativa de esta Estadística sobre Convenios Colectivos a las diferentes encuestas a empresas que se realizan con el fin de conocer la evolución de los costes salariales en España. La unión con la Muestra Continua de Vidas Laborales también
sería extremadamente útil para conocer la relación entre la negociación colectiva y los salarios percibidos por los trabajadores.
3. Un aspecto incluido en varios Planes Estadísticos Nacionales, pero no llevado a cabo, consiste en elaborar un índice de coste salarial a partir de un conjunto de trabajadores con características constantes, de modo similar a como se
elabora el Índice de Precios al Consumo. Esta es la única manera de conocer cuestiones esenciales, como la verdadera evolución de los salarios a lo largo del ciclo económico, fuertemente afectada por el hecho de que en las crisis los primeros que
pierden su empleo son trabajadores con bajos salarios, lo cual provoca que aparentemente aumente el coste salarial. De la misma manera, con la expansión, la baja antigüedad de los recién contratados hace parecer que los salarios medios están
cayendo.
4. Los recortes presupuestarios han puesto en peligro la pervivencia de la Encuesta de Coyuntura Laboral (realizada por el Ministerio de Empleo). Esta encuesta es la única fuente que a día de hoy permite el estudio directo de los flujos
brutos del mercado de trabajo, tanto de puestos de trabajo como de trabajadores desde el punto de vista de la empresa. Hasta 2012 venía realizándose trimestralmente e incluyendo con cierta periodicidad módulos especiales sobre temas específicos,
que se han convertido en fuentes inestimables de información para conocer, por ejemplo, las pautas de contratación de las empresas. Es además la única fuente que ha permitido estimar de manera fiable para el sector empresarial español una cuestión
tan sensible como el grado de cumplimiento de la cuota de empleo para las personas con discapacidad. Esta encuesta también ha sido utilizada en diferentes investigaciones académicas, publicadas en revistas científicas de prestigio internacional.
Se trata asimismo de una herramienta crucial para conocer la evolución de la contratación bruta por tipo de contrato en las empresas, algo que serviría para realizar una verdadera evaluación del impacto de las reformas laborales sobre la
contratación de temporales e indefinidos. Es también la única base de datos organizada por empresas que permite estudiar la evolución de la jornada normal y las horas extraordinarias, los días perdidos por diferentes causas, distinguir los tipos de
bajas en despidos de diferente tipo, abandonos, jubilaciones, etc. Seria, por todo ello, esencial recuperar su elaboración con carácter trimestral.
5. Si, a pesar de lo expuesto en el punto anterior, siguiera sin realizarse la Encuesta de Coyuntura Laboral, debería incorporarse la información que ahora se recoge en ella en otras encuestas a empresas que ya realiza el Instituto Nacional
de Estadística. En concreto, las encuestas que se dedican a medir los
costes laborales podrían incorporar las preguntas relacionadas con la contratación y la salida de trabajadores, con lo que se complementaría la información que en ellas ya se incluye sobre el coste de las salidas, en especial de los
despidos. En tal caso, también podría considerarse la expansión de la Muestra Continua de Vidas Laborales, pasando a estructurarse por empresas y no solo por trabajadores, de manera que los registros de la Seguridad Social permitiesen unir la
información sobre altas y bajas totales que se realizan en las empresas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, CV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de las emisiones de Catalunya Ràdio y TV3 en la Comunitat
Valenciana, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El pasado viernes 17 de enero el Ministerio de Industria notificaba a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) la apertura de un expediente sancionador por dos supuestas infracciones sobre las emisiones de Catalunya Ràdio y Catalunya
Informació. Cada una de estas infracciones puede suponer una multa de hasta 500.000 euros. Se requiere a ACPV que 'adopte las medidas necesarias para el inmediato y efectivo cese de las emisiones; con la advertencia que, en caso de incumplimiento
de lo requerido, la Administración actuante procederá al precintado de los equipos y aparatos que formen parte de la red de difusión'. La entidad ha cesado las emisiones, dejando un panorama comunicativo desolador en la Comunidad Autónoma, ya que
el pasado 29 de noviembre la Comunitat Valenciana se quedaba sin emisión de radio y televisión en catalán tras la decisión del Consell de cerrar RTVV.
Este ataque a la libertad de expresión y a la lengua catalana, se acumula a la persecución injustificada del Gobierno Autonómico Valenciano a la entidad ACPV, que fue sancionada injustamente. La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de
diciembre de 2012 estableció que el Gobierno valenciano no tenía autoridad para sancionar a ACPV por el hecho de facilitar la recepción de TV3 en Valencia y ordenaba el retorno del importe de la multa impuesta a ACPV. Asimismo, el TS afirmaba que
'la difusión de aquellas emisiones televisivas más allá de los límites territoriales de la Comunidad Autónoma Catalana era y es sin duda lícita' y planteaba la necesidad de dar cobertura legal a esta actividad lícita. El Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana en enero de 2013 también se pronunció en términos similares.
El 3 de mayo de 2013 los Gobiernos valenciano y catalán firmaban un acuerdo de reciprocidad que implica la emisión efectiva de la señal de los programas de las radios y televisiones públicas valencianas en Cataluña, y de las radios y
televisiones públicas catalanas en Valencia. Pero en la medida que la solución se remite a la concesión de un nuevo múltiplex por parte del Gobierno del Estado, el Acuerdo no se ha puesto en práctica. Esta situación de parálisis está afectando a
los legítimos derechos de la ciudadanía y de Acción Cultural del País Valenciano. El lamentable cierre de Radio Televisión Valenciana imposibilita las emisiones de Canal 9 en Catalunya, pero no las de TV3 o Catalunya Ràdio en la Comunitat
Valenciana.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que retire el expediente sancionador a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y permita la emisión de Catalunya Ràdio y Catalunya Informació en la Comunitat Valenciana, dando cobertura legal a esta actividad lícita.
2. Que, para dar cumplimiento al acuerdo firmado por los gobiernos valenciano y catalán el mes de mayo de 2013, conceda un múltiplex para que se puede emitir TV3 en la Comunitat Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2014.-Laia Ortiz Castellví y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural.
161/002355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la renovación y modernización de destinos turísticos maduros del litoral mediterráneo y de los archipiélagos, para su debate en Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Con la creciente demanda de un turismo masivo, en los años 50 comienzan a desarrollarse los primeros núcleos turísticos en el litoral de nuestro país. Así, en Baleares, Benidorm, Canarias y algunos espacios de la Costa del Sol empiezan a
surgir las primeras zonas de gran afluencia turística sin la intervención de la Administración ni para fomentar ni controlar la transformación fundamental e irreversible del litoral español.
A finales de los años sesenta, el 74 % de los turistas internacionales que visitaban a España se dirigían a las zonas costeras, especialmente a las zonas mediterráneas, iniciándose sobre una parte considerable de la costa un acoso
especulativo y urbanístico que, principalmente en Canarias, Baleares, Levante y la Costa del Sol, se hacía muy difícil de combatir, convirtiendo el territorio en un destino turístico de baja calidad e hipotecando el desarrollo de un turismo
sostenible que es imprescindible en estos momentos.
De este modo, el turismo masivo comenzó a invadir las playas españolas, terminando por imponerse el actual modelo de sol y playa, concentrado en el litoral y de estacionalidad, sin tener en cuenta la gran especulación que comportaría y el
enorme coste ambiental. El turismo comenzó a ser un sector económico esencial para la restringida economía española, dejando la Administración en manos de los turoperadores internacionales tanto la construcción y comercialización del turismo, como
su promoción exterior.
Es a partir de 1962 cuando se empieza a considerar al turismo como política de Estado, creando una estructura administrativa y unas líneas de política turística que se mantuvieron durante más de 20 años.
Con la crisis de los años setenta se tomaron algunas medidas de corrección, pero no sería hasta mediados de los ochenta y principios de los noventa, ante la debilidad del sector turístico español, cuando se plantea la necesidad de elaborar
estrategias para la planificación e intervención turística, coherentes y coordinadas con los agentes y sectores turísticos.
Esta nueva política queda reflejada en los diversos planes estratégicos que, desde el Gobierno de España, se han venido elaborando hasta la actualidad, como el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español -FUTURES I- (1992-1995); el
Plan Marco de Competitividad del Turismo Español II -FUTURES II- (1996-1999); el Plan Integral de Competitividad del Turismo Español -PICTE- (2000-2006), y el Plan del Turismo Español Horizonte 2020 (2007-2011), que también perseguía como objetivo
la recualificación de destinos maduros y que articuló tres importantes iniciativas: la creación del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), el Plan de Renovación e Instalaciones Turísticas (Plan
Renove Turismo) y la constitución de los consorcios para la recualificación de destinos maduros: Platja de Palma, Costa del Sol Occidental, San Bartolomé de Tirajana y Puerto de La Cruz.
A pesar de todos estos planes e instrumentos, los destinos del litoral mediterráneo y de los archipiélagos de Canarias y Baleares siguen presentando actualmente ciertas incertidumbres acerca de su competitividad y capacidad de adaptación a
las tendencias del mercado turístico, razones que justifican la necesidad de seguir profundizando en la rehabilitación y/o valorización de los espacios turísticos del litoral.
Es conveniente recordar que el litoral mediterráneo y los archipiélagos de Baleares y Canarias concentran la mayor parte de nuestra oferta en el turismo masivo de sol y playa, conformando un área que
es clave para el sistema económico, social y territorial español. Es una zona que aglutina el 51,2 % del total del PIB español, merced a la concentración del 55 % (26 millones de habitantes) de la población y la generación del 53 % (9,8
millones) del total de ocupados, con un parque de viviendas que representa el 48,4 % (12,1 millones) del total nacional. La elevada presencia de segundas residencias y viviendas vacías hace que se estime un presumible uso turístico de gran parte de
ese parque.
Al mismo tiempo, el litoral mediterráneo y los archipiélagos concentran como destino cerca del 83 % de los turistas internacionales recibidos en España y el 84 % del gasto turístico realizado durante sus viajes. Es el destino elegido por el
50 % de los viajes de los residentes en España. El total de las pernoctaciones, tanto de extranjeros como de residentes, asciende a 199 millones, lo que representa el 79 % del total nacional. Además, cerca del 75 % de las plazas regladas que
existen en España se sitúan en este espacio.
El pasado mes de noviembre España recibió 3,3 millones de turistas internacionales, con un crecimiento del 9,3 % en relación al año anterior.
Entre enero y noviembre visitaron nuestro país 57,6 millones de turistas, lo que ha supuesto una subida interanual del 5 %. Países nórdicos, Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia han sido los principales autores del aumento.
Esta mayor llegada de turistas a España como consecuencia, entre otras razones, de los problemas geopolíticos de destinos competidores del norte de África, no puede dejar en un segundo plano los problemas estructurales que sufre el sector
turístico, especialmente en nuestro litoral mediterráneo y de los archipiélagos de Canarias y Baleares.
Sería un grave error hablar solo de turistas y más turistas. El Gobierno de España debe impulsar con un mayor compromiso presupuestario los procesos de reconversión de destinos turísticos maduros a través del Fondo para la Modernización de
las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), que debe ser la vía de financiación tanto para las entidades públicas como para las empresas privadas comprometidas con acciones de reforma y modernización de destinos maduros. El Gobierno de España debe ser
capaz de que los destinos turísticos maduros en reconversión se conviertan en zonas de atracción de inversión pública y privada.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aumentar la dotación del FOMIT para el año 2014 en 145 millones de euros.
2. Aumentar la dotación de los Planes de Recualificación Integral de Destinos Turísticos para el año 2014 en 40 millones de euros.
3. Facilitar la disponibilidad de fondos y acceso al crédito para las empresas relacionadas con el sector turístico comprometidas con acciones de reforma y modernización de destinos maduros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2014.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su discusión ante la
Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa al restablecimiento urgente de la señal de las emisoras de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en la Comunitat Valenciana.
Antecedentes
Desde hace aproximadamente dos meses, tras el cierre por decisión de la Generalitat Valenciana de la Ràdio i Televisió Valenciana, Canal 9 y Ràdio 9, las únicas emisoras que emitían en catalán en esta
comunidad eran Catalunya Ràdio y Catalunya Informació, después de que ya en 2011 la entidad Acció Cultural del País Valencià (ACPV), propietaria de la red de repetidores que distribuían la señal, se viera obligada a cortar las emisiones de
TV3, por presiones sancionadoras del Gobierno del Estado.
El pasado lunes 21 de enero de 2014, estos dos últimos medios de comunicación en catalán, por orden del Gobierno del Estado a través del Ministerio de Industria y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y mediante nuevas amenazas
sancionadoras, con el apoyo de la Generalitat Valenciana y a raíz de una denuncia de la entidad Círculo Cívico Valenciano, dejaron definitivamente de emitir en la Comunitat Valenciana. La única posibilidad de acceder a los distintos medios de
comunicación en la lengua que también es propia de los valencianos, el catalán, es ahora a través de internet.
Al margen de las presuntas infracciones que se le imputan a la Entidad propietaria de los repetidores cuyas sanciones pueden alcanzar hasta los 500.000 euros cada una, parece difícil creer que la única solución a ese problema haya sido la
interrupción inmediata de la señal de las emisoras.
A partir de ese martes, y con el apagado de Catalunya Ràdio y Catalunya Informació se eliminan los dos últimos canales audiovisuales en catalán que sobrevivían en la Comunitat Valenciana. En menos de cuatro años, entre el Gobierno estatal y
el Gobierno autonómico de la Comunitat Valenciana han eliminado un total de diez canales en catalán, los tres del valenciano Canal 9, los cuatro canales de la Televisió de Catalunya y las radios.
El Gobierno a menudo hace gala de ser un acérrimo defensor de la Constitución, la cual en su artículo 3.3 señala:
'3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.'
Permitir y facilitar la eliminación de diez canales de medios de comunicación en catalán en un período de menos de 4 años significa la existencia de una activa política de persecución del catalán en los medios de comunicación, lo cual
constituye una conducta inconstitucional, ya que a resultas de estas actuaciones desaparece la totalidad de canales audiovisuales en catalán de la Comunitat Valenciana, con capacidad de emisión para la totalidad del territorio, sea en su variante
lingüística del Principado o en su variante valenciana.
Estas actuaciones constituyen, además, un duro golpe a la pluralidad cultural y lingüística, a la vez que debilitan la necesaria pluralidad informativa que debe presidir en toda sociedad democrática. El monolingüismo audiovisual y
radiofónico al que desde ayer se condenó a la Comunitat Valenciana no debe ni puede ser el camino que siga el Gobierno si realmente está interesado en fomentar la convivencia de las distintas expresiones culturales y realidades lingüísticas que
existen en el Estado español.
Por todo ello Convergència i Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar una solución urgente y a adoptar todas las medidas necesarias para el restablecimiento de la señal de las emisoras en catalán de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en la
Comunitat Valenciana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de realizar gestiones para que se celebre la World Fishing Exhibition en Vigo en el año 2016, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La edición del 2015 de la Feria Mundial de la Pesca, World Fishing Exhibition, que cada seis años se celebra en la ciudad de Vigo, se ha cancelado. Así lo ha anunciado el pasado diciembre el Comité Ejecutivo responsable de la organización
de este evento internacional desde hace 40 años. La nueva fecha del evento se pospondría al año 2016 pero en sedes distintas, se barajan países situados en Asia.
Las razones esgrimidas para anular esta importante cita pesquera, según ha trascendido, se debe fundamentalmente a problemas organizativos pero también de índole económica.
Esta Feria Mundial de Pesca tiene una gran importancia, y ha llegado a congregar a más de cuarenta máximos responsables ministeriales de la Pesca a nivel mundial, lo que se dio en denominar la conferencia internacional de Ministros de Pesca.
Han acudido responsables de la FAO, y otros muchos expertos en materia pesquera, así como empresas del sector. Es un punto de referencia mundial para todos los agentes implicados en la industria de la pesca y de gran interés para el sector naval.
Sin ir más lejos, en la última Feria celebrada en Vigo en el año 2009, se contó con la presencia de 800 empresas pertenecientes a 51 países, y contó con la presencia de más de 70.000 visitantes.
Se trata de un evento que lleva cinco décadas de andadura. La World Fishing Exhibition nació en Londres, esa fue su sede hasta que en 1973 se trasladó a Vigo. A partir de 1985 siempre se reunió en Galicia, en la ciudad viguesa.
Ante esta noticia, representantes del sector empresarial gallego han pedido un último esfuerzo para que no se dé por perdida la World Fishing Exhibition en Vigo en el 2016. Hay que tener en cuenta lo que este evento representa para la
economía de Galicia donde el sector MAR-INDUSTRIA tiene un peso relevante. No menos importante es la incidencia que tiene en el sector comercial y hostelero, además de la importante proyección internacional que posee. Cuestiones todas que son
necesarias a tener en cuenta, sobre todo cuando se cuenta con las cifras de paro más altas de la UE.
Aunque es una Feria organizada desde la iniciativa privada, siempre contó con la colaboración de las administraciones públicas, en este caso el Gobierno central y la Xunta. De hecho, en la última edición de 2009, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se encargó de sufragar la denominada conferencia internacional de ministros de pesca, aportando más de 800.000 euros.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Llevar a cabo las gestiones y actuaciones necesarias, conjuntamente con las otras administraciones implicadas -Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Vigo-, para lograr acuerdos con los sectores económicos de Galicia, de manera especial con el
Comité Ejecutivo organizador de la World Fishing Exhibition, para garantizar que este evento se pueda realizar en el año 2016 en la ciudad de Vigo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
tarifa eléctrica aplicable a regadíos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La agricultura de regadío juega un papel transcendental en la economía española desde hace decenas de años. Supone en la actualidad más del 50 % de la producción final agrícola y ocupa solo el 13 % de las tierras agrícolas.
Sobre la agricultura de regadío, que ocupa en España unos 3,4 millones de hectáreas, se asientan las explotaciones más dinámicas y más competitivas de nuestro país.
Las cifras son elocuentes: el regadío supone el 2,8 % del PIB nacional, pero si tenemos en cuenta su relación con el conjunto del sector agroalimentario, estas cifras se sitúan en el entorno al 15 % de la economía nacional.
También desde un punto de vista social el regadío cobra su importancia puesto que la transformación en regadío de toda o parte de su explotación ha sido la única salida rentable para miles de agricultores. Una hectárea de regadío produce
seis veces más que una de secano y genera una renta cuatro veces mayor. Una hectárea de regadío genera hasta 50 veces más empleo que una de secano. Por último destacar que a partir de los productos del regadío español se ha constituido un potente
sector industrial agroalimentario.
Es un sector que se ha modernizado mucho en los últimos años, introduciendo los mejores y más modernos sistemas de regadío, hasta situarnos como país en los mejores niveles tanto por ahorros en consumo de agua como en los mínimos costes
ambientales. Los productos del regadío español son la principal base de nuestra oferta exportadora que constituye el principal motor de la recuperación de nuestra economía.
No obstante, la situación actual de nuestros regadíos es muy preocupante. Estamos asistiendo a una permanente pérdida de competitividad debido a la presión del incremento de costes de producción, situación que viene siendo denunciada por
las Organizaciones Profesionales Agrarias y por las entidades representativas de las Comunidades de Regantes.
Los agricultores de regadío vienen soportando unos incrementos de los costes de la energía y también de fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, etc., frente a un estancamiento de los precios de venta de los productos. Es evidente la
permanente pérdida de competitividad y el permanente abandono de explotaciones.
En este crecimiento de los costes de producción agrícola son los costes eléctricos los que más preocupan. Las tarifas eléctricas de regadío han experimentado Unos crecimientos alarmantes en los últimos años. Según FENACORE (Federación de
Comunidades de Regantes de España) 'con la modificación de la legislación energética del pasado mes de agosto, vamos a soportar un sobrecoste de 100 millones de euros, lo que supone una subida media de la factura de la luz de un 16 %.
Concretamente, el coste fijo del término de potencia, que se paga mensualmente, aunque la instalación de riego no esté funcionando, se ha incrementado un 115 %, lo que se suma a la subida acumulada del 450 % que ha experimentado desde la
desaparición de las tarifas especiales; un coste fijo injusto que está haciendo inviable gran parte del riego modernizado y, sinceramente, nos está llevando a la ruina'.
Para ASAJA, 'Las nuevas tarifas eléctricas son un peligro de ruina para el campo' y 'exige al Gobierno Central que abarate las tarifas eléctricas para riego porque son un atraco'. Para la COAG las nuevas tarifas 'son inasumibles, un ataque
frontal...'. La UPA también considera que las nuevas tarifas 'Son un ataque al sector del regadío'. La UNIÓ, alerta 'Que tras la reforma energética la electricidad en los pozos de riego se ha encarecido de media más de un 100 %'.
Solo la subida de los costes regulados, fijados en la orden IET/1491/2013 de 1 de agosto, ha supuesto un aumento del término de potencia de un 112 % para los costes fijos del regadío, que sumado a las subidas anteriores va a suponer para
muchas zonas regables un incremento superior al 1.000 % por este concepto de coste regulado, que ha de pagar el agricultor utilice o no los motores.
El Partido Popular fue muy beligerante con el entonces Gobierno Socialista en relación con la cuestión de las tarifas eléctricas de regadío, prometiendo en su momento su reposición cuando llegara al Gobierno. Es evidente que no ha cumplido
esta promesa electoral, Ahora alega que las tarifas especiales para el regadío son incompatibles con la legislación europea. Pero, además, todas sus decisiones en esta materia están suponiendo los mayores incrementos de tarifas de la historia para
los regantes como consecuencia de la modificación del término de potencia de la tarifa eléctrica. Es necesario parar esta dinámica de incrementos de precios de tarifas de acceso de la energía.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar, con carácter inmediato, las medidas para el establecimiento de unas tarifas de acceso eléctricas para las explotaciones de regadío que se ajusten a las particularidades de consumo estacional
de este sector, más baratas que las actuales, para evitar la pérdida de competitividad de la agricultura de regadío española. Estas medidas deben, en todo caso:
- Evitar la penalización actual de los consumidores estacionales debido al aumento del peso del término de potencia de la tarifa de acceso y que discrimina de manera desproporcionada a este tipo de consumidores.
- Asegurar que se factura por potencia real registrada en contador y no por la potencia teórica contratada.
2. Fomentar el establecimiento de los contratos de temporada, eliminando las penalizaciones actuales y abriendo la posibilidad legal de que, con un solo contrato, se pueda disponer de distintas potencias para su uso en los meses de
temporada de riego y en el resto de los meses del año.
3. Aprobar un Plan de fomento para que las Comunidades de Regantes y explotaciones de regadío consuman la energía eléctrica que produzcan ellas mismas.
4. Establecer medidas para favorecer las centrales de compra, que constituyan las Comunidades de regantes u otras fórmulas de asociación, y la despenalización de la tarifas de temporada mediante la firma de más de un contrato por año; uno
anual con una mínima potencia para el mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo.
5. Aplicar un IVA reducido a las Comunidades de Regantes en la misma línea que la establecida en Italia para las instalaciones de riego y drenaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2014.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/002348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de los Diputados Alfred Bosch i Pascual, Joan Tardà i Coma y Teresa Jordà i Roura de Esquerra Republicana Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la emisión de TV3 y Catalunya Ràdio en la Comunitat Valenciana, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El artículo 11.1 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias establece que las autoridades públicas que, de manera directa o indirecta, tengan competencias, atribuciones o un papel que representar en dicho ámbito 'deben
fomentar y/o facilitar la creación de, al menos, una emisora de radio y un canal de televisión en las lenguas regionales o minoritarias', así como la emisión televisiva y radiofónica en dicha lengua de manera regular. La Carta incluso establece la
necesidad de formación de profesionales y de financiación de los medios y emisiones.
Asimismo, en el artículo 11.2 se establece que 'las Partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una
lengua regional o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en dicha lengua'.
Finalmente, en el artículo 11.3 las Partes se comprometen 'a velar por que los intereses de los hablantes de lenguas regionales o minoritarias estén representados o sean tomados en consideración en el marco de las estructuras que se crearen
de conformidad con la ley, con objeto de garantizar la libertad y la pluralidad de los medios de comunicación'.
El cierre definitivo de Radiotelevisió Valenciana, junto a la impuesta paralización de las emisiones de TV3 y Catalunya Radio, supone de facto la vulneración de los derechos de los catalanohablantes. La pasividad del Gobierno español
implica el incumplimiento de los compromisos adoptados en la Carta.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Habilitar el espacio radioeléctrico necesario para garantizar la emisión de los distintos canales de radio y televisión de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la Comunitat Valenciana.
2. Realizar las modificaciones legislativas oportunas, en su caso, para hacer efectiva la emisión de dichos canales.
3. Permitir que Acció Cultural del País Valencià desarrolle la gestión de los canales, como ha hecho históricamente.
4. Permitir, mientras no se realiza la emisión normalizada tal y como se detalla en los puntos anteriores, la emisión de TV3 y Catalunya Ràdio mediante los repetidores de Acció Cultural del País Valencià.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-Alfred Bosch i Pascual, Joan Tardà i Coma y Teresa Jordà i Roura, Diputados.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Igualdad
161/002356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
situación de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en África, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Los últimos informes de ILGA y de Amnistía Internacional señalan que 76 países en el mundo criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo, y en 7 de ellos estas relaciones son castigadas con la pena de
muerte. El continente donde más se mantiene esta criminalización es África, donde 37 países penalizan todavía la conducta homosexual y las relaciones entre personas del mismo sexo, 31 de ellos en África subsahariana.
El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, firmó el pasado 13 de enero una ley que criminaliza las relaciones homosexuales, prohibiendo las relaciones entre personas del mismo sexo, persiguiendo la pertenencia a organizaciones de defensa
de los Derechos Humanos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, imponiendo penas de hasta 14 años de prisión. La anterior normativa de este país ya penalizaba con la cárcel las relaciones entre personas del mismo sexo, pero la nueva ley
amplía el abanico de supuestos en los que perseguir la homosexualidad y a quienes apoyen o ayuden a personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. De este modo, se pone, además, en grave peligro los programas de prevención del VIH en este
colectivo en un país azotado por esta pandemia. En definitiva, esta legislación supone, en la práctica, una caza a las minorías sexuales en el país más poblado de África, promovida por las autoridades estatales.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que en los primeros días de entrada en vigor de esta ley se ha elaborado por parte de la policía una lista con 168 personas sospechosas de
ser gays, mediante tortura, y se ha detenido ya a decenas de personas por esta causa. Tanto la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los DDHH como el propio Secretario General de la ONU han señalado que esta ley introduce una amplia gama de
delitos, que suponen una violación de los derechos humanos fundamentales. ONUSIDA y el Fondo Mundial han señalado que la ley también corre el riesgo de obstruir la puesta en práctica de respuestas eficaces contra el VIH/Sida. La Alta Comisionada,
Navi Pillay, ha señalado que 'pocas veces he visto una
legislación que en tan pocos párrafos viole directamente tantos derechos humanos fundamentales y universales'. Varios países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Canadá, que ha cancelado una visita oficial del presidente de Nigeria a este
país, ya han condenado al más alto nivel, y de forma contundente, esta ley.
Como en Nigeria, el Parlamento de Uganda aprobó el pasado 20 de diciembre una nueva ley anti-homosexualidad, de conformidad con la cual cualquier persona sospechosa de 'promover' o tener relaciones homosexuales en Uganda podrá ser castigada
hasta con cadena perpetua (en el proyecto inicial era castigada con la pena de muerte). La homosexualidad ya es un 'crimen' en Uganda, que castiga con hasta siete años de cárcel las relaciones con personas del mismo sexo. Esta nueva ley, que
entrará en vigor en cuanto sea firmada por el presidente de Uganda, amplía la discriminación, castiga las relaciones con personas del mismo sexo con cadena perpetua, penaliza la 'promoción' de actividades consideradas LGBT, persigue a los defensores
de los derechos humanos de las personas LGTB, así como el trabajo de prevención y detección del VIH, y obliga a cualquiera a denunciar a sus propios vecinos/as por esas actividades. Ante la presión internacional el Presidente Ugandés rechazó firmar
la ley del Parlamento el pasado 17 de enero, y fue devuelta a este; ahora el Parlamento puede volver a enviar la ley al presidente con enmiendas o sin ellas y la ley quedaría promulgada y entraría en vigor.
En mayo de 2013, los periodistas Jon Sistiaga y Hernán Zin, tras visitar este país para realizar el documental 'La caza al homosexual', impulsaron una acción de recogida de firmas con el fin de pedir al Gobierno español que intervenga ante
la Unión Europea y las autoridades ugandesas para paralizar esta legislación denominada 'ley MataGays', a cuya petición se han sumado ya más de 235.000 ciudadanos y ciudadanas en nuestro país.
Junto a Uganda y Nigeria, Camerún es el país de África que hasta ahora acumulaba más casos de persecución y violencia de Estado contra los homosexuales, según señaló Human Rights Watch en un informe de marzo de 2013. El pasado mes de julio
fue brutalmente asesinado en Yaoundé, Eric Lembembe de 33 años, Director Ejecutivo de CAMFAIDS, una organización de derechos humanos que trabaja para proteger los derechos de las minorías sexuales en Camerún. Al asesinato de Lembembe han seguido
otros muchos tipos de violencia contra la población LGTB, incluyendo el incendio de la oficina de la organización defensora de los derechos humanos. La oficina de Michel Togue, un abogado de derechos humanos, fue asaltada, robándole documentación
sobre los casos que defendía. Tanto Togue como la abogada Alice Nkom han recibido repetidas amenazas de muerte por su defensa de las personas LGBT en los tribunales cameruneses. El último episodio de esta larga violación de los derechos humanos en
este país africano es la muerte, el pasado 13 de enero, a causa de una hernia no tratada, de Roger Mbede, símbolo de la lucha por el derecho de los homosexuales en Camerún, después de ser condenado a 5 años de prisión por reconocer que estaba
enamorado de otro hombre en un mensaje de móvil, Mbede desarrolló la hernia en la cárcel y falleció a causa de la misma tras negársele tratamiento médico.
Ante estas violaciones de Derechos Humanos de las personas LGTB en África, el Gobierno español no puede permanecer impasible, y así lo demandan cientos de miles de españoles que exigen una intervención clara, decidida y eficaz de nuestras
instituciones frente a la cada vez mayor persecución y penalización legislativa en estos países africanos, que violan los derechos humanos persiguiendo tanto las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo como a las organizaciones de
defensa de los derechos humanos de las personas LGTB y a los propios defensores de los derechos humanos.
Además, a ello debernos añadir que, muy preocupadas por estas terribles situaciones, las organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales españolas, encabezadas por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales (FELGTB), han declarado 2014 como el 'Año por el Reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas LGTB' en el mundo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su rotunda condena a las leyes que criminalizan a las homosexuales y persigue a los defensores de los derechos humanos de las personas LGTB, como las recientemente aprobadas en Nigeria, Uganda y Camerún, al tiempo que reclama
a los Gobiernos de estos países respeten los Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos que han ratificado.
2. Asimismo, muestra su profundo pesar por las muertes en Camerún de los activistas de los derechos humanos, Eric Lembembe y Roger Mbede, y su total rechazo a la persecución y hostigamiento de la que son objeto las organizaciones y los
defensores de los derechos humanos de las personas LGTB en este país. En consecuencia, solicita a sus autoridades la apertura de investigaciones para encontrar a los asesinos del Sr. Lembembe y para dilucidar las causas del fallecimiento y las
denuncias sobre la negación de acceso a tratamiento que provocaron la muerte del Sr. Mbede y que impulse las investigaciones policiales necesarias para encontrar a los responsables de los ataques sufridos por los defensores de los derechos de
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales cameruneses.
3. Insta al Gobierno de España a realizar las gestiones diplomáticas oportunas para pedir de la Comisión Europea y de nuestros socios europeos una condena enérgica de las legislaciones contra las personas homosexuales y los defensores de
los derechos humanos de las personas LGTB en Nigeria, Uganda y Camerún, así como de aquellas otras que se puedan aprobar en cualquier otra parte del mundo.
4. Insta al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a trasladar la condena y repulsa del Gobierno de España en relación con esta legislación y el traslado de los acuerdos de esta Cámara sobre esta materia a los gobiernos de
Nigeria, Uganda y Camerún, a través de nuestras representaciones diplomáticas en estos países y de las delegaciones diplomáticas de estos países en España.
5. Insta al Gobierno de España a establecer un protocolo que garantice una especial atención en nuestras delegaciones diplomáticas a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas procedentes de estos países perseguidas
por su orientación sexual e identidad de género y/o por su defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
6. Su apoyo al 'Año por el Reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas LGTB', instando al Gobierno a que colabore con los trabajos y actividades que se desarrollen por parte de las organizaciones de lesbianas, gays, transexuales
y bisexuales promotoras del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2014.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
181/001559
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Chesús Yuste Cabello
Texto:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno con respecto al Delegado del Gobierno español en Aragón ante las críticas realizadas por colectivos ciudadanos e instituciones con motivo de los acontecimientos
ocurridos en la ciudad de Zaragoza durante los días 17 a 19 de enero de 2014, con motivo de sucesivas concentraciones y manifestaciones de apoyo a los vecinos del barrio de Gamonal en Burgos, a las que se respondió con una desproporcionada
presencia de la Policía Nacional ocupando las calles del centro de Zaragoza, la petición de identificación de forma indiscriminada a todos los asistentes a la concentración y a ciudadanos que solo pasaban por ahí, y las detenciones indiscriminadas a
personas ajenas a los incidentes tal como confirman testigos presenciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Diputado.
Comisión de Economía y Competitividad
181/001540
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad
Diputado don Rubén Moreno Palanques
Texto:
¿Qué balance hace la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de los acuerdos suscritos con la iniciativa privada en el ámbito de la I+D+i biomédica desde el comienzo de la X Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2014.-Rubén Moreno Palanques, Diputado.
181/001548
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad
Diputado don Alberto Garzón Espinosa
Texto:
¿Cuáles han sido los motivos concretos de la intervención por parte del FROB de la Caja Rural Comarcal de Mota del Cuervo y de su venta urgente a Globalcaja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.
Comisión de Fomento
181/001542
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿CuáI es la posición del Gobierno a día de hoy en el conflicto abierto entre Sacyr y el Gobierno de Panamá, y qué iniciativas está adoptando para tratar de solucionarlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/001543
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Delgado Arce
Texto:
¿Cuál es la situación de los proyectos de carreteras que tiene en marcha el Ministerio de Fomento en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2014.-Celso Delgado Arce, Diputado.
181/001544
Grupo Parlamentario Socialista
Preguntas con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María José Rodríguez Ramírez
Texto:
¿Qué explicación da el gobierno a los numerosos y constantes incidentes que se producen en la conexión de Huelva con Madrid a través de la línea ferroviaria Alvia en las últimas semanas de 2013 y primeras de 2014 que vienen retrasando el
trayecto y perturbando notablemente la calidad del servicio a los usuarios de la línea? ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el gobierno para solucionarlas a corto plazo y cuál ha sido su coste? ¿Qué actuaciones tiene previsto el gobierno acometer
para darles una solución definitiva y mejorar la conexión ferroviaria de la provincia de Huelva con Madrid? ¿Qué inversión suponen dichas medidas y en qué plazo las va a llevar a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2014.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
181/001547
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
¿Cuáles han sido los motivos por los cuáles se ha sancionado con una falta muy grave al Coordinador de Operaciones del aeropuerto de Palma a raíz de la emergencia aérea de la aeronave RCH317 sucedida el 18 de junio de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2014.-Pere Macias i Arau, Diputado.
181/001555
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María del Carmen Silva Rego
Texto:
¿Cuándo prevé el Gobierno que entrará en funcionamiento la Autopista del Mar de Vigo y qué presupuesto se prevé para su puesta en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-María del Carmen Silva Rego, Diputada.
181/001556
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María del Carmen Silva Rego
Texto:
¿Ha renunciado el Gobierno a la construcción de una vía alternativa a la Autovía Vigo/Porriño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-María del Carmen Silva Rego, Diputada.
181/001557
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Delgado Arce
Texto:
¿Cuál es el balance de los servicios ferroviarios operados por RENFE en larga y media distancia en el año 2013 en y con destino a la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2014.-Celso Delgado Arce, Diputado.
Comisión de Educación y Deporte
181/001541
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Cómo piensa evitar el Gobierno, dado el descenso del número de becados y la cuantía de las becas, la limitación de muchos ciudadanos a la hora de acceder a la educación y formación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/001546
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña Paloma Rodríguez Vázquez
Texto:
¿Se procederá por parte del Gobierno a la implantación en el CAIIS de Melide de un punto de información de la Tesorería de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001558
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Qué estrategia tiene el Gobierno en el sector de los biocarburantes de cara a cumplir con el objetivo del 10 % de la energía final en el transporte de fuentes renovables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001545
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Laura Seara Sobrado
Texto:
¿Tenía conocimiento el Gobierno de España del nuevo reparto de los Fondos del Programa Leader Galicia y de los criterios que se utilizaron para el mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001553
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
¿Considera el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que el Muro de Costa para la protección del Paseo Nuevo de San Sebastián, especialmente en el sector urbano del Paseo de Salamanca y de la Sociedad Fotográfica y Museo San
Telmo, está suficientemente protegido con escollera de grandes bloques de piedra para evitar los daños y riesgos que cada año provoca el temporal de olas del Mar Cantábrico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.
181/001554
Grupo Parlamentario Socialista
Preguntas con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña María José Rodríguez Ramírez
Texto:
¿Qué actuaciones y con qué coste, se recogen en las conclusiones del estudio realizado por la Dirección General de Costas para intervenir ante el deterioro del litoral onubense? ¿Cuáles de ellas prevé llevar a cabo el Gobierno en 2014 y en
qué fecha? ¿Con cargo a qué partidas del Presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2014.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
181/001560
Grupo Parlamentario Socialista
Preguntas con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Guillermo Meijón Couselo
Texto:
¿Está dispuesto el Gobierno a acometer actuaciones para proceder a corregir los niveles de contaminación en la ría de Arousa, señalados en un estudio realizado por científicos de la Universidad de Vigo y del Instituto de Investigación
Mariñas del CSIC? ¿Qué actuaciones, en qué plazos y cuál sería su financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2014.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.