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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 388, de 17/01/2014
cve: BOCG-10-D-388
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
17 de enero de 2014
Núm. 388
ÍNDICE
Página
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000828 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre retirada del anteproyecto de Ley Orgánica por el que el Gobierno pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e
interrupción voluntaria del embarazo ... (Página3)
162/000821 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de preservar en el ámbito público de AENA el servicio de extinción de incendios y salvamento en los aeropuertos ...
162/000822 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la finalización de las obras de la Y vasca y sus conexiones en AVE con la red de los Corredores Europeos del Atlántico y Mediterráneo ...
162/000823 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en relación con el cumplimiento de la obligación legal de vincular lo recaudado en concepto de tasas judiciales a la financiación del sistema de justicia
gratuita ... (Página7)
162/000824 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre tramitación de las reformas de vehículos y el equipamiento de los tractores agrícolas ... (Página8)
162/000825 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos en la Ley como condición imprescindible para la obtención de beneficios
penitenciarios por parte de presos condenados por actos terroristas ... (Página9)
162/000826 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la publicación anual de las balanzas fiscales ... (Página10)
162/000827 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre elaboración de un informe de expertos que permita consensuar propuestas dirigidas a mejorar la transparencia y la formación de los
precios de la energía en las subastas CESUR para la fijación de las tarifas de último recurso ... (Página12)
162/000829 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la lucha con carácter urgente y de forma eficaz contra el fraude y la elusión fiscal ... (Página14)
162/000830 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a decidir ... (Página16)
162/000831 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la paralización de cualquier incremento de subida de la factura eléctrica para el año 2014 ... (Página16)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000828
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación conferida por la Mesa, en su reunión del día 21 de diciembre de 2011, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre retirada del anteproyecto de Ley Orgánica por el que el Gobierno pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante eI Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por eI Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre retirada del anteproyecto de Ley Orgánica por el que el Gobierno pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la
interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público
garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y
responsable, sea respetada.
La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con
representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y
profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo
e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de
Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.
El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir
responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.
En este sentido, el 20 de diciembre de 2014 se presentó en el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado, las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la
libertad y los derechos de las mujeres.
Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y 'grave peligro para la
vida o la salud' de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del
embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.
Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las
mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como un excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después
de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año.
Por ello no es extraño que la iniciativa del gobierno haya provocado la aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de
dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde sólo ha provocado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e
interrupción voluntaria del embarazo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2014.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de la iniciativa ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de preservar en el ámbito público de AENA el servicio de extinción de incendios y salvamento en los aeropuertos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El proceso de privatización de AENA preocupa al BNG por diversos motivos y, como es conocido, no cuenta con nuestro respaldo ya que consideramos que la gestión de los aeropuertos debe permanecer íntegramente en manos públicas.
Una de las cuestiones sobre la que es necesario llamar la atención afecta al futuro del servicio que prestan los bomberos de los aeropuertos del Estado español. Actualmente trabajan para AENA alrededor de 1.500 bomberos, con categoría de
empleados públicos, distribuidos entre los diferentes aeropuertos del Estado. Unos empleados públicos que, según se recoge en sus condiciones, 'tienen el deber de sacrificio', 'el deber de socorro' y el deber de 'intervenir en caso de emergencia
aunque exista riesgo para su propia vida'. Cuentan con medios de gran especialización para afrontar incendios de importancia, lo que los convierte en los únicos capaces de hacer frente a grandes catástrofes.
El Real Decreto 13/2010 establecía la privatización parcial de AENA, contemplaba la creación de la sociedad mercantil AENA Aeropuertos S.A., que asumiría la mayor parte de personal, servicios, bienes, derechos y contratos de la sociedad
pública.
Especialmente preocupante es la posible integración del servicio de bomberos en el ámbito privado, que afectaría negativamente a la seguridad en los aeropuertos, lo que se debe preservar por encima de cuestiones de índole comercial. La
protección civil debe primar sobre otro tipo de criterios, de ahí la necesidad de instar al Gobierno a que preserve en el ámbito de gestión pública el servicio de extinción de incendios y salvamento de los aeropuertos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Preservar en el ámbito público de AENA el servicio de extinción de incendios y salvamento existente en los aeropuertos del Estado español, evitando su inclusión en el ámbito privado por ser un servicio que afecta a la protección civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la finalización de las obras de la Y vasca y sus conexiones en AVE con la red de los Corredores Europeos del Atlántico y Mediterráneo, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Los compromisos en su día establecidos entre el Ministerio de Fomento, ADIF y el Gobierno Vasco fijaban para el año 2016 el final de las obras de la nueva red ferroviaria Y vasca. Sin embargo, la incidencia de la crisis, el escaso interés
demostrado por el Ministerio de Fomento en favor del avance de las obras de la plataforma AVE al consignar partidas presupuestarias muy reducidas y no utilizadas en su totalidad,
las actuaciones pendientes de iniciar sobre la superestructura, así como el parón de los proyectos y las modificaciones en las diferentes conexiones de la 'Y vasca' con el resto de la red general vía Burgos y Pamplona, han llenado de
incertidumbres a la sociedad vasca que considera que la llegada del AVE no se produciría hasta el año 2022.
A ello se suma la falta de transparencia de la Ministra, señora Ana Pastor, y los responsables de ADIF por su no comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso para, precisamente, informar de la situación, aclarar el estado de los
compromisos y dar cuenta de las prioridades en inversión ferroviaria AVE que contempla el Gobierno en relación con un PITVI secuestrado.
Por tanto, queremos diferenciar, por un lado, los retrasos que afectan a las obras de la nueva red ferroviaria 'Y vasca' como consecuencia de la crisis y de los recortes en los Presupuestos Generales en inversiones. Y, por otro, la ruptura
unilateral de las actuaciones comprometidas referidas a este proyecto en el País Vasco sin una explicación clara por parte de la Ministra a pesar de habérselo solicitado en numerosas iniciativas parlamentarias.
Sin embargo, la ciudadanía se ha podido enterar, lo mismo que los Diputados, por medio de filtraciones interesadas a los medios de comunicación de las intenciones reales del organismo ADIF, dependiente del Ministerio de Fomento, sin que la
Ministra haya querido informar en este Pleno ni en la Comisión de Fomento, todo lo cual constituye un desprecio a la democracia Parlamentaria.
Según se ha podido conocer por lo publicado, en el mismo informe del Gestor de las Infraestructuras Ferroviarias se citan actuaciones preocupantes y contrarias a los compromisos asumidos en su día por el Ministerio respecto al gran retraso
de la fecha de puesta en marcha de la Y vasca y a su no priorización como parte del Corredor Europeo del Atlántico. Se anuncia, además, la no conexión entre Vitoria y Burgos en plataforma de alta velocidad hasta 2024 y su sustitución por la
incorporación de un tercer rail en la vía convencional para fecha desconocida, la no integración urbanística de las estaciones en San Sebastián, Vitoria y Bilbao, así como la posible conexión con la solución provisional del tercer hilo y sin plazos
de ejecución entre la Y vasca y el Corredor del Mediterráneo por Pamplona.
Al día de hoy y tras comprobar que en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 vuelven a destinar una partida de 190 millones para los tramos de obra que corresponde ejecutar al Gobierno en la Y vasca, todo parece
indicar que a ese ritmo inversor el AVE llegaría a las capitales vascas no antes del año 2022, permaneciendo como una isla sin conexiones en plataforma AVE con otras ciudades hasta fecha desconocida.
No resulta admisible, por tanto, que el Gobierno pudiera incumplir, sin ninguna explicación, los compromisos en su día contraídos con otras instituciones referidos al proyecto ferroviario denominado Y vasca, clave para la mejora de la
competitividad económica del territorio, de las comunicaciones y de la accesibilidad turística.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Adopte las medidas presupuestarias y de gestión necesarias para dar finalización a las obras de la Y vasca que son de su competencia de ejecución directa en el año 2016.
2. Acuerde con carácter urgente la encomienda de gestión en favor del Gobierno Vasco para que sea este quien licite, adjudique y ejecute el Nudo ferroviario de Bergara-Mondragón-Elorrio.
3. Apruebe el calendario de actuaciones de las obras de superestructuras en todo el trazado de la Y vasca, las correspondientes a los accesos a las ciudades de San Sebastián, Bilbao, Vitoria e Irún, así como las obras de adecuación o
reforma de sus estaciones para culminar todas ellas en 2018.
4. Lleve a cabo las actuaciones necesarias para que la Ministra de Fomento comparezca de forma urgente en la Comisión del Congreso para informar de la situación de la Y vasca y de los compromisos adoptados, tanto sobre los tres puntos
anteriores, como para explicar, con señalamiento de las soluciones técnicas y plazos concretos, las conexiones de la Y vasca con las ciudades de Burgos y Pamplona.
5. Establezca una fecha para la definitiva puesta en servicio del sistema ferroviario de AVE en el País Vasco y la llegada a sus capitales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en relación con el cumplimiento de la obligación legal de
vincular lo recaudado en concepto de tasas judiciales a la financiación del sistema de justicia gratuita, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, estableció, con el voto mayoritariamente contrario de los Grupos Parlamentarios de la oposición, un régimen de tasas judiciales que se ha convertido en una auténtica barrera económica para el acceso a la
jurisdicción. Así lo atestigua el notable descenso experimentado por la litigiosidad a lo largo del año 2013.
El Gobierno defendió el nuevo régimen de tasas, argumentando que la recaudación resultante de las mismas iba a utilizarse para financiar el sistema de justicia gratuita. En la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el día 7 de mayo de
2012, explicó a los representantes de las Comunidades Autónomas que lo recaudado se destinaría a 'la financiación del sistema de justicia gratuita'. Según refleja el acta de la citada sesión, la representación del Gobierno afirmó, literalmente, que
'los ingresos derivados de la tasa judicial quedan afectos a la financiación del sistema de asistencia jurídica gratuita (AJG)'.
En coherencia con ello, el artículo 11 de la propia Ley establece que 'la tasa judicial se considerará vinculada [...] al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada
ejercicio'; a lo que la disposición final séptima añade que esta disposición 'será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013'.
El cumplimiento de estas previsiones exige habilitar mecanismos financieros y presupuestarios para transferir a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia -entre las que se encuentran las que mayor peso demográfico
encierran dentro del Estado español, como Andalucía, Catalunya, Madrid, Valencia, Galicia o el País Vasco- la parte proporcional correspondiente al gasto total que genera el sistema de justicia gratuita.
La necesidad de articular esos mecanismos de transferencia de recursos a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, se hace más urgente y perentoria si cabe, desde el momento en el que el Gobierno aprueba el Real
Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, que amplía el ámbito subjetivo de los beneficiarios de la justicia
gratuita y eleva los umbrales de su cuantía, incrementando los costes de las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, nada de esto se ha hecho hasta la fecha. La Ley de tasas judiciales lleva en vigor más de un año, con el negativo efecto que ello ha producido en el derecho a la tutela judicial efectiva, pero la suma recaudadas como
consecuencia de su aplicación -más de 300 millones de euros a lo largo de 2013- sigue íntegramente en manos del Gobierno central, sin que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia dispongan de la parte proporcional
correspondiente al peso que la justicia gratuita reviste en su respectivo ámbito territorial, viéndose obligadas a financiar el turno de oficio con sus propios recursos.
En virtud de todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'Dar cumplimiento al mandato legislativo de vincular la recaudación de las tasas judiciales con el sistema de justicia gratuita y librar sin más demora a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, la parte de la
recaudación de las tasas judiciales correspondiente al peso que la justicia gratuita reviste en cada una de ellas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
tramitación de las reformas de vehículos y el equipamiento de los tractores agrícolas, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
La Orden del Ministerio de Agricultura, de 27 de julio de 1979, regula técnicamente el equipamiento de los tractores agrícolas con bastidores o cabinas oficialmente homologados. El Real Decreto 866/2010, de 2 julio, ha reformado la
tramitación de las reformas de vehículos con base en la citada Orden. Algunas Comunidades Autónomas, entre ellas Castilla y León, han comunicado recientemente las instrucciones a seguir en las inspecciones sobre la nueva consideración de estos
revestimientos.
La revisión, ateniéndose a la normativa vigente aprobada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con efectos de 1 de enero de 2012, conlleva que determinadas modificaciones en los revestimientos son consideradas como defectos
graves, lo que conlleva no superar la inspección de la ITV.
El parque de tractores de nuestro país se ha renovado considerablemente en los últimos años. Aun así, prevalece un parque de tractores muy antiguo utilizado en pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas para labores agrarias y traslado de
enseres con una utilización precaria, de baja intensidad. Todas las unidades que daten del 11 de diciembre de 1980 en adelante pueden tener problemas a la hora de superar la ITV.
La casuística es muy variada. En primer lugar, se encuentran los tractores que no han de ser objeto de ninguna modificación, en general porque sus revestimientos están debidamente homologados y no han sufrido ninguna modificación. Dentro
de los que incurren en defecto grave tras la nueva aplicación, también hay varios supuestos. El más leve implica que no exista anotación en la documentación del vehículo acerca de su instalación de seguridad antivuelco. El propietario necesita un
informe del fabricante que certifique esa configuración. El siguiente estado de gravedad lo ejemplifica un tractor en el que se ha montado un revestimiento sobre su plataforma antivuelco. En este caso, se precisa un estudio e informe de un
ingeniero o del propio fabricante para asegurar que el primero no afecta a la segunda.
El caso extremo sería el de un vehículo cuya instalación original ha sido retirada para que alguien que no es el fabricante colocara después una cabina no homologada. La solución es prácticamente inexistente, puesto que habría que empezar
el montaje del sistema de cero. Una operación muy costosa, sobre todo en tractores con una cierta edad.
Uno de cada cuatro tractores no sobrepasa la inspección por este problema. Se trata de una cuestión compleja. La difícil situación por la que atraviesan muchas explotaciones agrícolas y ganaderas, como consecuencia de la crisis económica,
unido al reducido tamaño de sus explotaciones, hace que en muchos casos sea muy difícil acometer en estos momentos importantes reformas estructurales asociadas a la puesta en marcha esta vieja normativa.
Es necesario realizar un esfuerzo informativo hacia los usuarios afectados que los soliciten, tanto en las estaciones fijas como móviles, con el fin de indicar lo dispuesto en la normativa aplicable y las distintas opciones disponibles,
dejando al usuario la decisión final a adoptar, al objeto de evitar que Tráfico pueda dar de baja su tractor. Pero también la búsqueda de soluciones institucionales que permitan dar respuesta a la acuciante gravedad económica que genera la
aplicación y desarrollo de la normativa expuesta y que puede llevar al cierre de algunas explotaciones al agravar su viabilidad, o bien generar inseguridad jurídica.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer una moratoria en la aplicación de la normativa sobre revestimientos del parque de tractores, estableciendo un plazo que permita conocer en
qué situación técnica se enmarca cada tractor, a la vez que se disponga de un tiempo suficiente para garantizar su adaptación al procedimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Juan Luis Gordo Pérez y Alejandro Alonso Núñez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos en la Ley como condición imprescindible para la obtención de beneficios penitenciarios por parte de presos condenados por actos terroristas, para su debate en
Pleno.
Exposición de motivos
El pasado día 28 de diciembre, sábado, el colectivo de presos del EPPK emitía un comunicado en el que reconocía el 'sufrimiento y daño multilateral generados' como consecuencia del conflicto y donde se mostraba dispuesto a estudiar la
posibilidad de que el proceso que culmine 'con la vuelta a casa' se efectúe 'de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial'. Asimismo, afirmaban los presos que podrían aceptar que su excarcelación se produjera
'utilizando cauces legales'. En ese comunicado, los presos dicen aceptar el nuevo escenario y manifiestan su renuncia expresa 'al método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos'. 'Asumimos toda
nuestra responsabilidad sobre las consecuencias' de las acciones y 'mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes', añaden.
El colectivo de presos del EPPK afirmaba en ese comunicado que 'somos rehenes de los Estados español y francés y a través de sus funcionarios sufrimos el acoso del sistema carcelario construido para aniquilarnos a nosotros y nuestros
familiares' y reclaman que 'los procedimientos judiciales sean revisados y evaluados, y reparado el daño causado'. Tras criticar 'la práctica de la tortura y la política carcelaria', añadía el comunicado que 'los enemigos de la libertad de Euskal
Herria que hoy son enemigos de la paz pretenden ahogar entre los muros de la prisión el proceso democrático que la ciudadanía vasca trata de llevar hasta el final'. El colectivo se muestra dispuesto a tratar de que el proceso de solución a la
cuestión de las personas presas sea escalonado, basado en compromisos individuales y en tiempo prudencial. 'Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa -nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria- se
efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena', explicaba en ese comunicado el autodenominado EPPK. Su objetivo dice ser 'buscar un amplio consenso que posibilite nuestro
regreso a casa, enmarcado en un proceso integral, que no ponga en cuestión nuestro carácter ni dignidad política'. Piden una hoja de ruta firme para resolver las consecuencias del conflicto político. 'Es hora de la responsabilidad política',
afirman.
Leído el comunicado del EPPK, es obvio que no hay en él un atisbo de arrepentimiento ni gesto alguno de solicitud de perdón a las víctimas. Está plagado de las mentiras habituales desplegadas históricamente por el mundo de ETA. Realiza un
ejercicio de victimismo insoportable para la sociedad democrática y presenta a los presos etarras condenados por delitos tipificados en el Código Penal como presos políticos, luchadores por la libertad y rehenes de los Estados español y francés. El
colectivo de presos del EPPK, con este comunicado, está presionando y exigiendo al Gobierno de España que busque los resquicios legales para excarcelarlos.
La legislación actual obliga a los presos de ETA a romper con la banda, pedir perdón a sus víctimas y colaborar con la Justicia para ser excarcelados, unos requisitos que van más allá de la asunción genérica del 'sufrimiento y el daño
multilateral generado' expresada en el comunicado. El mayor beneficio penitenciario contemplado en la Ley es la libertad condicional, que la otorgan los jueces y permite no
volver a prisión. Los requisitos para acceder a ella son estar clasificado en tercer grado penitenciario, haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y haber mostrado buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social.
Según establece el Código Penal, 'se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista' y 'haya colaborado activamente con las autoridades para la
identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas'. Indica el artículo 90 del Código Penal que esta voluntad 'podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de
la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas por su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y
colectivos ilegales que la rodean'. 'No se entenderá cumplida la circunstancia anterior si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito', sentencia el Código Penal.
El paso previo para acceder a la libertad condicional es el tercer grado penitenciario que, en la mayoría de los casos, permite salir todos los días de prisión con la única condición de volver al centro para dormir. La decisión de los
grados de cumplimiento recae sobre Instituciones Penitenciarias.
El artículo 72.6 de la Ley General penitenciaria señala que 'la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del
libro II del Código Penal o cometidos en el seno de organizaciones criminales, requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los
términos del apartado anterior, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda
armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o impedir la actuación o el desarrollo de las
organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón
a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración
con las autoridades'.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de UPyD presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que a los presos condenados por actividades terroristas y para evitar cualquier tipo de impunidad o injusticia se les aplique con todo rigor lo establecido en la Ley General
Penitenciaria (art. 72.6) y en el Código Penal (art. 90), de modo que se condicione la obtención de cualquier tipo de beneficio penitenciario al cumplimiento por parte del preso de todos y cada uno de los requisitos legalmente establecidos, sin
excepción: desvinculación definitiva de la banda terrorista, petición de perdón a sus víctimas, asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue condenado y colaboración fehaciente y acreditada con las autoridades y la
Justicia que permita resolver los crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el
Pleno del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la publicación anual de las balanzas fiscales.
Antecedentes
Las balanzas fiscales aportan información acerca de la recaudación de los ingresos procedentes de las Comunidades Autónomas por parte de la Administración General del Estado y de su retorno a las mismas por vía de gasto.
La publicación periódica de las balanzas fiscales por parte del Gobierno responde, esencialmente, a un ejercicio de transparencia y coherencia pero también de corresponsabilidad. En presencia de haciendas multijurisdiccionales como se da en
el Estado español, la información resultante de las balanzas es especialmente relevante para el correcto establecimiento de las funciones fiscales y de nivelación entre las distintas unidades territoriales. Este ejercicio continuado de
transparencia permite además constatar las contribuciones de las partes a la solidaridad territorial, dando margen a reequilibrar las posibles inequidades.
Esta práctica de publicar los flujos fiscales se realiza de forma habitual tanto por parte de la Comisión Europea con los países miembros de la Unión como por parte de los Estados federales con las jurisdicciones federadas, en razón de su
soberanía compartida.
Sin embargo, el Gobierno español sólo ha publicado oficialmente las balanzas fiscales de 2005, que fueron elaboradas por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) con posterioridad a la concreción de la metodología de cálculo y presentadas el
28 de julio de 2008 por el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.
Dicha publicación dio cumplimiento a 11 años de mandatos parlamentarios que instaban al Gobierno a realizar una publicación periódica de los flujos financieros entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.
Lograr aquella primera publicación requirió mucho tiempo. La causa principal evidentemente era política, pero las causas de la demora también fueron de índole técnica, fue preciso crear, en el marco del Instituto de Estudios Fiscales, un
grupo de trabajo compuesto por especialistas en la materia, para analizar los aspectos metodológicos relativos a la elaboración de Balanzas Fiscales al objeto de establecer una metodología común para su cálculo, de manera que permitiera determinar
los flujos financieros anuales entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, teniendo en cuenta la máxima territorialización posible de ingresos y gastos. Además, para el establecimiento de dicha metodología hubieron de
ser consultados los principales expertos en la materia, por expreso mandato del Congreso de los Diputados. Así, con la finalidad de no distorsionar resultados, aquella misma metodología, debiere ser aplicada en la elaboración de las nuevas balanzas
y supervisada, también en esta ocasión, por los principales especialistas en la materia e incluso incorporando especialistas internacionales que contribuyan a objetivar el debate.
El compromiso parlamentario era publicar las balanzas anualmente, pero han transcurrido más de cinco años y la sucesión de publicaciones de balanzas fiscales solicitada ha sido inexistente. La falta de continuidad en los trabajos de cálculo
de las transferencias Estado-Comunidades Autónomas se ha dado a pesar de que ya han sido remitidas al Tribunal de Cuentas las Cuentas Generales del Estado correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Recientemente el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha anunciado una próxima publicación de las balanzas fiscales, sin embargo, nada se sabe respecto a los métodos y bases de cálculo o sobre los responsables de su elaboración,
lo cual podría condicionar la bondad y objetividad de sus estimaciones y sus consecuentes conclusiones.
En este contexto, la presente Proposición no de Ley recalca que los cálculos se hagan 'ajustados al ciclo económico', para evitar las distorsiones que de lo contrario reflejarían las balanzas fiscales a causa del superávit público alcanzado
en 2006 y 2007, seguido de niveles muy elevados de déficit registrados por las Administraciones Públicas desde 2008, empezando por la Administración Central.
Convergència i Unió, considera que publicar anualmente las balanzas fiscales es una obligación por mandato parlamentario, y es también un ejercicio de transparencia y madurez que permite conocer una información muy trascendente para
cuantificar la solidaridad interterritorial y para poder evaluar posteriormente la bondad de los flujos financieros entre territorios, evaluaciones que hasta el momento no ha realizado el Estado español. Y no solo se trata de publicar, sino también
de garantizar, que las estimaciones sean rigurosas, acordes con las metodologías de cálculo establecidas y realizarse bajo supervisión de expertos independientes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a publicar con carácter anual las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central del último ejercicio liquidado, de acuerdo con la metodología de cálculo propuesta en el informe del Grupo de Trabajo
creado en el seno del Instituto de Estudios Fiscales, de fecha 27 de septiembre de 2006, y ajustadas por el ciclo económico, por lo que se deberá precisar los resultados de la balanza fiscal según los dos criterios de imputación propuestos: el
criterio de 'carga beneficio' y el criterio de 'flujo monetario'.
2. Hacer públicos todos los datos de base utilizados para el cálculo de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central.
3. Garantizar la supervisión de los trabajos de elaboración de las balanzas fiscales por un grupo de expertos independientes de entre los principales especialistas en la materia, incluyendo la participación de expertos internacionales.
4. Con carácter inmediato y urgente, elaborar y presentar las balanzas fiscales referidas al saldo de flujos de ingresos y gastos fiscales de acuerdo con el criterio del 'flujo monetario' y de 'carga beneficio', ajustadas por el ciclo
económico, correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000827
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley sobre elaboración de un informe de expertos que permita consensuar propuestas dirigidas a mejorar la transparencia y la formación de los precios de la energía en las subastas CESUR para la fijación de las tarifas de
último recurso.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante eI Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y entendiendo que la tramitación del informe mencionado en su parte dispositiva se
realizaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, disponer su conocimiento por eI Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario
autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en el
Pleno de la Cámara, una Proposición no de Ley para la elaboración urgente de un informe de expertos que permita consensuar propuestas dirigidas a mejorar la transparencia y la formación de los precios de la energía en las subastas CESUR, para la
fijación de las tarifas de último recurso.
Antecedentes
Tras el exorbitado incremento de la vigesimaquinta subasta CESUR, celebrada el pasado 18 de diciembre, para la fijación de la tarifa de último recurso, que acabó con una subida del 26,5 por ciento para el próximo trimestre, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en ejercicio de sus competencias, no dio validez a la misma, alegando 'concurrencia de circunstancias atípicas', lo que llevó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a anular esta subasta,
anunciando, posteriormente, que propondrá un nuevo sistema para la fijación del precio de la electricidad.
Posteriormente, el Consejo de Ministros, de 27 de diciembre, aprobó un Real Decreto-ley, a propuesta de la CNMC, que fija un mecanismo transitorio para calcular el precio voluntario al pequeño consumidor para la electricidad en el primer
trimestre del año, según el cual esta debería aumentar en un 2,3?% de media a partir del 1 de enero. Además, el Gobierno ha solicitado a la CNMC que estudie un nuevo mecanismo estable de fijación de los precios hasta ahora determinados por la
subasta CESUR, para que esté en funcionamiento en el segundo trimestre del año.
Esta situación ocurre en un momento en el que, según datos de Eurostat, España tiene el tercer precio más caro de la electricidad en Europa sólo por detrás de Chipre e Irlanda, y muy por encima de la media de los Veintiocho. Desde el año
2007, el precio del kilovatio por hora (kWh) en España se ha disparado un 74,5?%, incremento que contrasta con lo ocurrido en algunos de los principales países europeos como Francia, donde en el mismo periodo el kWh ha aumentado un 4,1?% o en
Alemania, donde desde 2007 ha aumentado en un 18,4?%.
A la espera de que el organismo de competencia emita el correspondiente informe exhaustivo relativo a las causas de no validación de la subasta, así como las que ofrezca el propio Ministerio sobre el desmesurado aumento de los precios, es
necesario ir más allá de las medidas que se están improvisando para el primer trimestre de 2014, por lo que urge que se evalúe y aborde el problema de la formación de los precios energéticos que deberán tenerse en cuenta para la determinación de la
tarifa con la mayor objetividad, sabiendo que necesitamos una política energética que elimine el déficit de tarifa, pero también que sea competitiva y eficiente para los consumidores domésticos (familias) y para las actividades empresariales
(pequeñas empresas).
Para ello desde Convergència i Unió consideramos primordial que el Gobierno, más allá de los trabajos que pueda hacer la CNMC y el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicite con celeridad un informe externo de expertos donde
se propongan medidas dirigidas a mejorar la transparencia y la formación de los precios en las subastas CESUR. Ello, debido al tecnicismo e importancia que subyace en el proceso de fijación de los precios del mercado eléctrico, exige la presencia
de los diferentes agentes implicados en dicho mercado, así como de expertos independientes en la materia, con el fin que garanticen la imparcialidad, eviten la posibilidad de futuros comportamientos anormales y especulativos en dicho mercado,
contribuyan a garantizar la competencia y a evitar posibles distorsiones en el precio energético.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar, en el plazo de un mes, un informe de expertos, representantes de los agentes implicados en las subastas de CESUR y de expertos externos independientes, bajo supervisión
parlamentaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, que tenga como objetivo proponer las modificaciones legales necesarias para mejorar la transparencia y la formación de los precios que hoy fijan las subastas
CESUR, lo cual debe contribuir a mejorar la competencia en el mercado energético.
Dicho informe será adicional a los trabajos que puedan llevar a cabo el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y deberá ser remitido y
debatido en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados previamente a la adopción del nuevo mecanismo estable de fijación de los precios que debería entrar en vigor para el segundo trimestre de 2014, buscando el
más amplio consenso posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la lucha con carácter urgente y de forma eficaz contra el fraude y la elusión fiscal, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Un tema crucial para la sociedad española y europea en el siglo XXI es la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, así como acabar con los paraísos fiscales, y son varias las razones que justifican dicha meta colectiva:
- Para defender el Estado de Derecho, dado que la corrupción está en el origen de una parte del fraude fiscal.
- Para financiar de manera sostenible el Estado del Bienestar y por ende la cohesión social, evitando además una competencia a la baja de los impuestos a nivel europeo e internacional.
- Para salir de la crisis evitando mayores recortes en las políticas públicas y contribuir así a sostener la demanda interna.
- Para estabilizar el déficit y la deuda pública.
- Como instrumento útil de política industrial que siente las bases de un crecimiento sano y duradero, ya que las empresas que no declaran sus beneficios apenas los destinan a inversiones de futuro, pero, asimismo en presencia de fraude
fiscal, las empresas más productivas, que son las cumplidoras con la tributación, tienen que pagar más impuestos menoscabando la competitividad de las mismas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, para luchar con carácter urgente y de forma eficaz contra el fraude y la elusión fiscal, insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha una estrategia inmediata de lucha contra el fraude con el objetivo de incrementar progresivamente la recaudación hasta lograr 30.000 millones de euros al año por este concepto.
2. Incrementar en 5.000 empleados públicos (inspectores, técnicos, agentes tributarios, administrativos) los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años,
doblando su número actual, al objeto de situar a España en la media de los países de mayor tamaño de la Unión Europea y de paliar el efecto negativo de las jubilaciones previstas en la AEAT.
3. Destinar al Presupuesto de la AEAT, para luchar contra el fraude fiscal, el 5% real de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la propia
AEAT, generándose el crédito de forma automática, sin necesidad de autorización posterior para su aplicación.
4. Abordar, para reducir la brecha entre tipos nominales y efectivos, una reforma fiscal que simplifique los impuestos, y que elimine deducciones y exenciones que no contribuyen a la eficiencia y equidad del sistema tributario.
5. Modificar fa normativa tributaria de forma que, para los beneficios tributarios que superen una determinada cuantía, se permita conocer la identidad de los contribuyentes beneficiarios de los mismos así como su concreto importe.
6. Crear una Oficina de Lucha contra el Fraude, integrada en la Agencia Tributaria, que coordine a los distintos departamentos de la Administración del Estado, colaborando igualmente con las restantes Administraciones Territoriales. Poner
en marcha un plan de formación y especialización de Jueces, Fiscales, Policía y Guardia Civil, creando, en su caso, una policía fiscal, dependiente de la nueva Oficina de Lucha contra el Fraude.
7. Reforzar la independencia de la Agencia Tributaria de modo que el Director/a sea nombrado/a por el Congreso de los Diputados por mayoría de 2/3 y por un plazo de seis años.
8. Reorganización interna en la Agencia Tributaria, primando la especialización en la investigación y la lucha contra el fraude, estableciendo un sistema retributivo en el que se prime la lucha contra el fraude fiscal.
9. Elaborar anualmente una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la efusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la
evaluación de los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.
10. Regular la responsabilidad solidaria de las instituciones financieras y asesores fiscales que colaboren en la evasión de impuestos y en la comisión de infracciones tributarias.
11. Impulsar en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, y que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista consensuada de sanciones. Entre dichas sanciones se incluirán:
la suspensión de los vigentes convenios de doble imposición; las empresas localizadas en paraísos fiscales no podrán acceder ni a ayudas ni a contratación alguna con las administraciones de los Estados miembros de las UE; pedir la revocación de
las licencias bancarias de las instituciones financieras que realicen operaciones en un paraíso fiscal y/o favorezcan activamente el fraude fiscal o que se nieguen a colaborar con las Autoridades Tributarias; no reconocer personalidad jurídica a
las entidades con domicilio en paraísos fiscales, etc.
12. Instar a la OCDE que ponga en marcha un nuevo modelo de Convenio que incluya la filosofía de la Ley FATCA, basada en el intercambio automático de información.
13. Exigir a las entidades financieras información sobre las empresas y particulares que tengan cuentas e intereses económicos en un paraíso fiscal,
14. Promover la supresión de los billetes de 500 euros, así como limitar los pagos en efectivo entre particulares y entre empresas, reduciendo los costes relacionados con los medios electrónicos de pago.
15. Exigir una información clara y transparente de la contabilidad de las empresas, también las multinacionales, ofreciendo a las grandes empresas acuerdos de colaboración con la Agencia Tributaria, a cambio de abrir su información fiscal.
Para estimular dicha colaboración, las empresas recibirán el correspondiente reconocimiento público.
16. Analizar y, en su caso, revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.
17. Reforzar el efecto disuasorio del Delito Fiscal, propiciando la reforma necesaria del Código Penal para que las condenas supongan el ingreso efectivo en prisión.
18. Realizar los cambios legales oportunos que posibiliten conocer el nombre de los grandes defraudares de nuestro país, comenzando por publicar la identidad de los defraudadores que se acogieron a la reciente amnistía fiscal, así como
reformar los procedimientos tributarios para poder perseguir de manera más eficaz el fraude de carácter organizado.
19. Incluir, en el Plan de Control Tributario anual de la AEAT, los aproximadamente 30.000 defraudadores que se acogieron a la Amnistía Fiscal.
20. Promover la concienciación social en el rechazo al fraude fiscal, desde la formación reglada hasta las campañas de concienciación dirigidas al conjunto de la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2013.-Pedro Saura García, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a decidir, para su
debate en el Pleno de la Cámara.
El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y
sociales más reaccionarios.
Por esto entendemos como algo irrenunciable el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ya que entra dentro de la libre decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones.
Defendemos una ley que garantice la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo que contemple, como mínimo, la prevención contra los embarazos no deseados, una educación sexual que recorra todos los estadios
educativos, la coeducación real y efectiva y, la trasmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres.
Apostamos por una ley que permita a las mujeres interrumpir su embarazo, respetando sus razones, sin restricciones y sin tutelas; para lo que se hace imprescindible la regulación de la objeción de conciencia sin que ésta pueda utilizarse
como coartada de la clase sanitaria más reaccionaria dentro del sistema sanitario público. Una ley que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. No atentar contra los derechos fundamentales de las mujeres y, por lo tanto, no modificar de manera restrictiva la actual ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sin que esta
pueda ser modificada si no es para garantizar y ampliar los derechos reconocidos en el texto vigente.
2. Retirar el anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros, de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
paralización de cualquier incremento de subida de la factura eléctrica para el año 2014, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La liberalización del sector eléctrico se produjo en el año 1997 con el objetivo de 'mejorar la competitividad y poder acceder a mejores precios'. En la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, se aprobaron los costes de Transición a Competencia,
estableciéndose un pago de 8.600 millones de euros a las compañías eléctricas para la amortización de sus inversiones. Finalmente, dichas compañías recibieron más de 12.000 millones de euros. Unos costes que el Gobierno incluyó en la tarifa
eléctrica.
Para las compañías eléctricas supuso un negocio redondo: amortizaron en tiempo récord todos sus activos (propiedades como centrales hidroeléctricas, nucleares o de carbón), y además se beneficiaron de un superávit, 3.400 millones de euros
(resultante de restar a los 12.000 millones los 8.000 millones) que estamos pagando todos.
El déficit tarifario es un cuento sin fin, un filón puesto que las compañías eléctricas no están cobrando la energía a un precio menor de lo que les cuesta. Desde la liberalización del sector, se crea un beneficio añadido para las
eléctricas que se conoce como 'beneficios caídos del cielo'. Por la venta de energía, las eléctricas tienen dos partidas de beneficio, uno de ellos se podría considerar ilegal porque está enmascarado en forma de déficit.
Por tanto, la causa estructural del déficit tarifario reside en un sistema de generación de precios totalmente opaco, consagrado en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Según el cual el precio final de la electricidad
en el mercado mayorista viene determinado por el precio de la última oferta en ser aceptada. Esto significa que, dada la existencia de tecnologías que producen a unos costes muy inferiores, los beneficios generados por este mecanismo a los
propietarios de dichas instalaciones de producción son exageradamente elevados. Es un sistema que produce unos beneficios extraordinarios a los agentes generadores de electricidad, sobre todo en el caso de energías clásicas como la hidroeléctrica y
la nuclear.
El mantra de que el déficit tarifario existe porque el precio de la electricidad no cubre los costes de producción es totalmente falso. El problema reside en la metodología utilizada para el cálculo del coste de producción a través de
subastas en el mercado mayorista, el conocido como 'pool' eléctrico.
Antes de la liberalización del sector se ligaba el precio de la energía al coste real de producción de cada una de las tecnologías, que es el sistema al que se debería volver.
El precio de la electricidad está compuesto por dos partes: los peajes eléctricos -que fija directamente el Ministerio de Industria- y otro componente variable que se determina a través de una subasta. La puja, en la que participan, además
de las grandes eléctricas (Endesa, lberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON), brokers como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, entre otros, y que desde Londres o Manhattan pueden determinar el precio de la Tarifa de Último Recurso (TUR), a
la que se acogen más de 20 millones de clientes, la inmensa mayoría del total (unos 25 millones).
La subasta eléctrica del 19 de diciembre para determinar la subida de la luz para enero de 2014 provocó un auténtico escándalo al acordar las empresas eléctricas un porcentaje de aumento que daría lugar a un incremento de la tarifa de la luz
de un 11?%. Un abuso de tal calibre que recibió el apelativo del 'tarifazo'. Un aumento de la luz que dio lugar a una escalada de protestas ya que situaría el precio de la factura eléctrica en un lugar inasumible para las mayorías sociales.
Precisamente, fue la presión social y política la que llevó al Gobierno a llevar a cabo una actuación sin parangón que fue la de anular la subasta e intervenir el precio de la luz, decretando en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre un
incremento del 2,3?%. El Ejecutivo decidió aprobar un aumento del 1,4?% para la parte liberalizada del recibo y de un 0,9?% para el tramo regulado, hasta un total del 2,3?%.
El Gobierno dejó claro en dicho Consejo de Ministros que se trata de una medida puntual, una medida transitoria a la espera de que se apruebe un mecanismo alternativo para la revisión del precio de la electricidad para los consumidores
domésticos a partir del 1 de abril.
Si bien se paró un aumento abusivo de la factura de la luz, la decisión gubernamental no supuso congelar la factura, sólo se moderó la subida. Para el BNG el contexto actual y el incremento de la pobreza energética son argumentos más que
suficientes para congelar las tarifas eléctricas durante todo el año 2014. El 2,3?% de aumento supone pagar 21,36 euros más al año, prácticamente dos euros más al mes, mientras los salarios han caído en porcentajes importantes, las pensiones se
han congelado, los salarios de los trabajadores públicos se han congelado por cuarto año consecutivo, al igual que el salario mínimo interprofesional, todo en un escenario de creciente incremento del coste de la vida.
Sin embargo, es cierto que la actuación del Gobierno viene a dar la razón al BNG cuando llevamos años demandando un cambio en el sistema de fijación del precio, cuando llevamos años advirtiendo de que el sector eléctrico es un sector
estratégico que nunca debió ser privatizado y que la tarifa eléctrica debería fijarla el Ejecutivo porque en la práctica no existe tal liberalización ya que está demostrado que las empresas pactan los precios con antelación a las subastas
trimestrales. Como ejemplo nos remitimos a la subasta del 27 de diciembre cuando el mismo Gobierno habló de 'manipulación del precio'.
En la cuestión energética el Gobierno debe velar por el bien de la ciudadanía, por el bien común, y es evidente que en un Estado donde la pobreza energética empieza a ser un problema grave, donde muchas familias no pueden asumir el pago del
recibo de la luz y pasan el invierno sin poder encender la calefacción, la electricidad debería permanecer en manos públicas.
El Estado español tiene la tercera factura de la luz más cara de la UE, mientras los salarios continúan una escalada decreciente, y el paro se sitúa en niveles históricos. Sin olvidar, que el recibo de la luz en el Estado español ha
aumentado en un 80?% en los últimos diez años, un 63?% en los últimos cinco años.
Un encarecimiento abusivo que ha llevado a la pobreza energética al 10?% de los hogares del Estado, cuatro millones de personas, casi 200.000 en Galicia, viven en situación de pobreza energética, pasando un invierno duro sin calefacción.
Una situación propia de los cuentos de Charles Dickens donde la miseria y la pobreza es la estampa habitual.
En esta cuestión debemos asimismo hablar de incumplimientos del Gobierno porque son varias las ocasiones en las que hemos oído al Ministro de Industria afirmar que no aumentaría la parte regulada del recibo.
Pero la sombra del tan manido déficit tarifario es demasiado alargada, y el titular del ramo se desdijo una vez que el Ministerio de Hacienda suprimió los 3.600 millones previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el 2014 para
pagar el déficit tarifario.
La Ley del Sector Eléctrico, recientemente aprobada en el Congreso, fue una hoja en blanco, una oportunidad perdida para solucionar todas estas cuestiones: el déficit tarifario, el sistema de fijación de precios eléctricos y el tema de la
pobreza energética. Sin embargo, el Gobierno optó por la calle del medio, satisfaciendo los intereses de las grandes empresas eléctricas y abandonando la protección de los intereses de los ciudadanos. Como se ha podido comprobar, el problema de
fondo sigue sobre la mesa mientras se aprueban reformas del sector eléctrico que no van a ninguna parte.
Por otra parte, y en el caso particular de Galicia, la cuestión de la tarifa eléctrica resulta todavía más sangrante. La comunidad gallega es excedentaria en la producción de energía, y a lo largo de muchas décadas ha asumido el elevadísimo
coste medioambiental, social y económico por la explotación de sus recursos naturales destinados a exportar energía. Galicia contribuye solidariamente a la aportación de las necesidades energéticas del Estado español, sin embargo su población, de
aplicarse la nueva Ley del Sector Eléctrico, podría soportar las tarifas de la luz más caras del Estado, debido a la aplicación de impuestos propios.
Por eso, sería preciso que la Comunidad gallega pudiese establecer su propia tarifa eléctrica de acuerdo a su condición de productora.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Congelar la factura eléctrica para el ejercicio 2014, de modo que no se aplique ningún incremento en el recibo de la luz que pagan los consumidores.
- Establecer una moratoria que impida cortes de luz en los hogares que sufren la pobreza energética por no poder asumir los elevados costes energéticos de encender la calefacción.
- Investigar si existe algún tipo de pacto o acuerdo entre las grandes compañías eléctricas en el proceso de subasta trimestral de los precios eléctricos, donde se determina el precio de la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen
la inmensa mayoría de los clientes.
- Investigar y auditar el fraude conocido como 'déficit tarifario' así como los beneficios extraordinarios y reparto de dividendos de las grandes compañías eléctricas.
- Establecer que en ningún caso el fraude conocido como 'déficit tarifario' se trasladará a los consumidores mediante el pago de millones de euros a través de la factura energética.
- Llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para que:
El precio de la electricidad se calcule en función de los costes de generación de cada tecnología.
Galicia pueda diseñar una tarifa eléctrica propia.
Se remuevan todos los elementos de opacidad y prácticas oligopolísticas en el mercado eléctrico.
- Presentar en el Congreso de los Diputados, para su debate y votación, un plan concreto para la nacionalización del sector eléctrico dada su condición de sector estratégico para el desarrollo social y económico del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
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