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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 383, de 27/12/2013
cve: BOCG-10-D-383
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de diciembre de 2013
Núm. 383
ÍNDICE
Página
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000013 Calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio de 2014 ... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002258 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acceso a la nacionalidad para los descendientes de españoles y españolas ... (Página5)
Comisión de Justicia
161/002268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el rechazo de concesión de indultos por parte del Gobierno a personas condenadas por corrupción ... (Página6)
161/002275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la eliminación de las exenciones a la obligación de testificar y concurrir al llamamiento judicial para declarar ...
Comisión de Interior
161/002262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la retirada de las llamadas 'concertinas' del perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla ... (Página8)
161/002271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reconocimiento a Manuel José García Caparrós como víctima del terrorismo ... (Página9)
Comisión de Defensa
161/002265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas ... (Página11)
Comisión de Economía y Competitividad
161/002251 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al alcance de la sanción de la Comisión Europea a entidades financieras por participar en carteles ilegales relacionados con la manipulación de los
tipos de interés de referencia (Euribor y Tibor) ... (Página13)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre actuaciones del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ...
Comisión de Fomento
161/002259 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la acometida de obras e instalaciones para reducir y evitar peligro de circulación en los pasos a nivel de Fuenmayor ...
161/002260 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre creación de la primera región aeroportuaria sostenible en torno al aeropuerto de El Altet, ahora aeropuerto de
Alicante-Elche ... (Página16)
161/002261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre pago de las expropiaciones realizadas para la construcción de la línea de alta velocidad hasta la frontera francesa en la provincia
de Girona ... (Página17)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proyecto 'Línea aérea de transporte de energía eléctrica de 400 kv, doble circuito, Fontefría-Frontera Portuguesa, en la provincia de Pontevedra' ...
(Página19)
161/002273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la aprobación de una partida destinada a la construcción de un dique flotante para Navantia en la ría de Ferrol ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prestación de servicios ambientales proporcionado por los montes ... (Página21)
161/002257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para la puesta en marcha de obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar ... (Página22)
161/002263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de ahorro y eficiencia energética para las actividades agrícolas de regadío y en particular para las comunidades de regantes
... (Página23)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las empresas familiarmente responsables ... (Página24)
161/002269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación de los cigarrillos electrónicos ... (Página26)
Comisión de Cultura
161/002252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la problemática que sufren los artistas plásticos canarios para la movilidad de su producción artística entre Canarias, el resto del territorio del
Estado español y el espacio europeo ... (Página27)
161/002253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración por parte de la UNESCO, del arte del bordado en Lorca y su puesta en escena en los desfiles bíblico-pasionales como
patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad ... (Página29)
161/002256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la candidatura de la 'Fiesta del Cascamorras', de Guadix y Baza (Granada), como patrimonio cultural e inmaterial de la UNESCO ...
161/002274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la aplicación del tramo superreducido del IVA para productos y servicios culturales ...
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la movilidad en el Camino de Santiago ... (Página32)
161/002266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para incentivar el uso de las advertencias ópticas (intermitentes) por los conductores españoles ... (Página33)
161/002270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación y mejora de los exámenes para determinar las capacidades visuales en la conducción de vehículos ... (Página34)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para posibilitar una real y efectiva creación y mantenimiento de empleo de personas con discapacidad cuando las empresas
eligen la opción de suscribir esa medida alternativa con Centros Especiales de Empleo ... (Página35)
161/002277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la instalación de avisadores sonoros en los semáforos para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001457 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre consideración de la modificación del trazado de la 'Línea aérea de transporte de energía eléctrica de 400 kV, doble circuito, Fontefría-Frontera
Portuguesa, en la provincia de Pontevedra' a su paso por el municipio de Arbo ... (Página37)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000013
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado aprobar, oída la Junta de Portavoces, el calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones febrero-junio de 2014.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CALENDARIO DE SESIONES PLENARIAS PARA EL PERIODO DE SESIONES FEBRERO-JUNIO 2014
VI PERIODO DE SESIONES
Semana;Con/Sin Pleno;Observaciones
Del 4 al 6 de febrero;Sin Pleno;
Del 11 al 13 de febrero;Con Pleno;
Del 18 al 20 de febrero;Con Pleno;
Del 25 al 27 de febrero;Con Pleno;
Del 4 al 6 de marzo;Sin Pleno;
Del 11 al 13 de marzo;Con Pleno;
Del 18 al 20 de marzo;Con Pleno;
Del 25 al 27 de marzo;Con Pleno;
Del 1 al 3 de abril;Sin Pleno;
Del 8 al 10 de abril;Con Pleno;
Del 15 al 17 de abril;Sin Pleno;Semana Santa
Del 22 al 24 de abril;Sin Pleno;
Del 29 al 30 de abril;Con Pleno;Festivos los días 1 y 2 de mayo
Del 6 al 8 de mayo;Con Pleno;
Del 13 al 14 de mayo;Con Pleno;Festivo el día 15 de mayo
Del 20 al 22 de mayo;Sin Pleno;Elecciones Parlamento Europeo
Del 27 al 29 de mayo;Con Pleno;
Del 3 al 5 de junio;Sin Pleno;
Del 10 al 12 de junio;Con Pleno;
Del 17 al 18 de junio;Con Pleno;Festivo el día 19 de junio
Del 24 al 26 de junio;Con Pleno;
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/002258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
acceso a la nacionalidad para los descendientes de españoles y españolas, para su debate en la Comisión Constitucional.
Motivación
Con la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, se ampliaba la
posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles. Con ello se satisfacía una legítima pretensión de la emigración española, que incluía singularmente
a los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura.
Esta posibilidad, recogida en la disposición adicional séptima de dicha ley, establecida inicialmente para un plazo de solicitud de dos años, y ampliado una más posteriormente por acuerdo de Consejo de Ministros, ha llevado a que muchos
descendientes de españoles que residen en el exterior por motivos de exilio, hayan podido acceder a la nacionalidad que debía reconocerles por una deuda histórica de nuestro país.
Sin embargo, si bien la medida fue muy bien acogida en su momento y la mayoría de afectados por esta nueva regulación han podido acceder a la nacionalidad española sin mayor complicación, se han producido algunos casos de imposibilidad de
acceso porque aquella disposición adicional séptima dejo ciertos aspectos en el aire que, ante la falta de regulación concreta, impidieron de hecho el acceso a la nacionalidad españoles para algunos descendientes de españoles y, sobre todo, de
españolas que abandonaron nuestro país en un momento de extrema gravedad y pobreza.
El Partido Socialista considera que es de justicia reconocer la nacionalidad para todas y todos los descendientes de españoles que entre los años 1936 y 1955 tuvieron que abandonar nuestro país acuciados por el miedo y el hambre, por lo que
es necesario plantear una reforma legal que de manera inclusiva reconozca su derecho a aquellos que no pudieron optar por la nacionalidad española en su momento.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar en el plazo de seis meses las iniciativas parlamentarias oportunas que puedan recoger y regular el acceso a la nacionalidad para los descendientes de españoles y españolas a los que no se pudo aplicar la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007.
2. Prestar especial atención a la inclusión de los siguientes supuestos, que son aquellos que mayor incidencia tuvieron entre los descendientes de españoles que no pudieron acogerse a la regulación anteriormente mencionada:
- Los descendientes de emigrantes españolas, ya que las mujeres españolas no trasmitían la nacionalidad que ostentaban hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, por lo que nos
encontramos ante una discriminación brutal por el mero hecho de ser descendientes de españolas en lugar de españoles.
- Los descendientes de varón que tuvieron que renunciar a la nacionalidad española antes del nacimiento de sus hijos. Algunos países receptores de nuestros exiliados exigieron a estos que renunciaran a la nacionalidad española y adoptaran
la nacionalidad de su país de acogida para poder trabar y sobrevivir en él. Aquellos que firmaron esta renuncia cuando sus hijos ya habían nacido, no tuvieron inconveniente para trasmitir la nacionalidad. Sin embargo, cuando esta renuncia se
produjo antes del nacimiento de sus descendientes, estos no pudieron optar a la nacionalidad española y, por ende, no se ha trasmitido a sus nietos a través de la disposición recogida en la Ley 52/2007.
- Hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica. Aquellos que han tramitado y obtenido la nacionalidad española acogiéndose a los supuestos que recogía la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007, en principio trasmitían la nacionalidad a sus hijos siempre que estos fueran menores de edad. Nos encontramos pues que, aquellos mismos hijos que hubieran cumplido los 18 años en el momento en que su padre o madre haya sido considerado
español, no han optado a poder obtener la nacionalidad española. Esto ha supuesto en muchas familias diferenciaciones entre unos hijos y otros.
3. Modificar en cualquier caso, la legislación que regula el acceso a la nacionalidad española y que establece la obligatoriedad de los descendientes menores de edad de ratificar la nacionalidad. En el año 2003 se incluía en el Código
Civil el artículo 24.3 en el que se indica que: los españoles nacidos en el exterior, hijos de padre o madre españoles nacidos también en el exterior, perderán la nacionalidad española si en el plazo de tres años desde su emancipación o mayoría de
edad no declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Ramón Jáuregui Atondo y María del Carmen Silva Rego, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/002268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre el rechazo de concesión de indultos por parte del Gobierno a personas condenadas por corrupción, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena, regulado por la Ley de 18 de junio de 1870, cuya última modificación se produjo en el año 1988.
El uso y abuso que los gobiernos realizan de esta extraordinaria potestad genera de manera justificada la indignación tanto de la ciudadanía como del poder judicial, que observa como aquellos que delinquen aprovechando su condición de cargos
públicos, después utilizan su influencia en el partido político del gobierno para evitar el cumplimiento de las condenas y así logran esquivar el principio de igualdad ante la justicia.
El último ejemplo deplorable ha sido el del exalcalde de Torrevieja, el señor Hernández Mateo, cuya petición de indulto cuenta con la firma de un amplio número de diputados del PP de las Corts Valencianes, lo que ha generado la petición de
suspensión de la ejecución de la pena por parte del Ministerio Fiscal, sorprendiendo así a la ciudadanía.
Es por ello que es necesario poner veto a esta práctica, instando al Gobierno a anunciar públicamente la denegación de todos los indultos solicitados relativos a personas condenadas por delitos de malversación
de caudales públicos, prevaricación o cualquiera de los recogidos en los siguientes títulos del vigente código penal:
- Título XIV. De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social [arts. 305 a 310 bis].
- Título XIX. Delitos contra la Administración pública [arts. 404 a 445].
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rechazar todos los indultos solicitados relativos a personas condenadas por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación o cualquiera de los recogidos en los títulos XIV, de
los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social [arts. 305 a 310 bis], y título XIX, delitos contra la Administración pública [arts. 404 a 445] del vigente código penal, o cualquier otro relacionado con la corrupción de cargos
públicos, y hacer pública tal decisión de manera inmediata.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Joan Baldoví Roda, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la eliminación de las exenciones a la obligación de testificar y concurrir al llamamiento judicial para declarar, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La declaración testifical es una manifestación del deber de prestar auxilio a la Administración de Justicia y, así, indica el artículo 410 de la LECr, que 'todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén
impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley'.
Del precepto transcrito pueden extraerse dos obligaciones: la de concurrir al llamamiento judicial, previa citación, y la de declarar cuanto sepa el llamado. Sin embargo, ciertas personas están por Ley exentas de ambas obligaciones o
exclusivamente de concurrir ante el juez en razón del cargo público que ocupan o han ocupado.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 eximió a determinadas autoridades de la obligación de declarar: el Rey; su consorte; el Príncipe heredero y el Regente del Reino. Y a otras, de la obligación de acudir al llamamiento del juez,
pudiendo declarar por escrito: las demás personas reales; los Ministros de la Corona; los Presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados; el Presidente del Consejo de Estado; las autoridades judiciales de categoría superior a la del que
recibiere la declaración; el Gobernador civil y Delegado de Hacienda de la provincia, el Capitán General del distrito y el Gobernador militar en cuyo territorio se hubiere de recibir la declaración; los Embajadores y demás representantes
diplomáticos acreditados cerca del Gobierno español; los Capitanes Generales del Ejército y Armada; los Arzobispos y Obispos.
Inicialmente, por tanto, esos privilegios de una norma del siglo XIX no alcanzaban a los Presidentes, miembros del Gobierno y otras autoridades de las comunidades autónomas porque entonces no existían. Pero por Ley Orgánica 12/1991 de 10 de
julio, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue conocida en los medios como 'la ley de privilegios', éstos se ampliaron a un número muy considerable de autoridades y cargos públicos, quedando regulado como sigue:
1.º Están exentas de la obligación de comparecer al llamamiento del Juez y de prestar declaración: el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino. También están
exentos del deber de declarar los Agentes Diplomáticos acreditados en España, en todo caso, y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares, si concurren en ellos los requisitos
exigidos en los tratados. (art. 411 LECrim).
2.º Están exentas de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito las demás personas de la Familia Real (art. 412.1 LECrim).
3.º Pueden informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo: El Presidente y los demás miembros del Gobierno. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado. El Presidente del Tribunal
Constitucional. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial. El Fiscal General del Estado. Los Presidentes de las Comunidades Autónomas (art. 412.2 LECrim). Tratándose de otros hechos, se les tomará declaración en su domicilio o
despacho oficial (art. 412.3 LECrim).
4.º El privilegio de informar por escrito sobre los hechos de que hubieren conocido por razón de su cargo se extiende no solo a los que ostenten tales responsabilidades en el momento de prestar declaración, sino también a quienes las
hubieran desempeñado en el pasado (art. 412.4 LECrim).
5.º Podrán declarar en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros: Los Diputados y Senadores. Los Magistrados del Tribunal Constitucional y los Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los Fiscales de Sala
del Tribunal Supremo. El Defensor del Pueblo. Las Autoridades Judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración. Los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
El Presidente y los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado. El Presidente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas. Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. Los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y
asimilados, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, los Gobernadores civiles y los Delegados de Hacienda. (art. 412.5 LECrim).
Tales privilegios por el que determinadas personas quedan exentas de declarar o de hacerlo en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos, son claramente contrarios al principio de igualdad ante la ley contenido en el artículo 14 de la
Constitución Española, así como al aludido deber de colaborar con la justicia. Además, la posibilidad que se da a algunos cargos de declarar por escrito rompe con el principio de inmediación y puede poner en peligro el éxito de la investigación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno que en el plazo máximo de tres meses impulse las reformas legales necesarias a fin de eliminar las exenciones de autoridades y cargos públicos a la obligación de testificar y concurrir al
llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley, salvo que concurran los requisitos exigidos en los tratados internacionales de los que España
sea parte y sin perjuicio de la obligación de guardar secreto en los casos legalmente previstos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Interior
161/002262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa a la retirada de las llamadas 'concertinas' del perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla.
Exposición de motivos
En las últimas semanas el tema de las cuchillas que culminan las alambradas sobre las vallas que, supuestamente, protegen el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla ha sido de gran actualidad, causando todo tipo de reacciones y un gran
número de noticias y declaraciones en los medios de comunicación que, sin duda, a nadie dejan indiferente.
Numerosos testimonios han puesto de manifiesto que las llamadas concertinas pueden causar heridas graves, desgarros e incluso daños en órganos internos en aquellas personas que intenten acceder al territorio del estado español, llegando en
algunos casos incluso a provocar la muerte.
El Secretario de Estado de Estado de Seguridad ha reiterado el carácter disuasorio de las concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y ha declarado que no son 'monumentos históricos' y que deben ser 'inexpugnables' y ofrecer un
aspecto disuasorio para las mafias. Pero, como se demostró a mediados de la pasada década, entre los años 2005 y 2007, en los que ya se instalaron este tipo de alambradas, como método de contención del paso a través de las fronteras ha resultado
ser totalmente ineficaz, porque no han evitado los flujos migratorios.
En opinión de Convergència i Unió el alambre de cuchillas deben ser retiradas ya que atentan contra los derechos humanos más elementales. La utilización de estos dispositivos en las rejas de Melilla o de Ceuta es de una crueldad sin medida
que no puede ser aceptada como método preventivo en una sociedad civilizada. Las concertinas y sus efectos conllevan una criminalización 'per se' de la inmigración que no puede ser compartida.
El espacio fronterizo no puede ser una negación del espacio de libertad, justicia y seguridad que proclama ser la Unión Europea y esas vallas metálicas coronadas de espinas no pueden ser la imagen que el Estado español ofrezca al mundo de su
trato a los inmigrantes y del respeto a los Derechos Humanos.
Las medidas a adoptar en relación a la inmigración por un país desarrollado no pueden ser medidas coercitivas e inhumanas, no puede ser la demonización de todas aquellas personas que escapan de sus países, muchos de ellos asolados por la
guerra y el hambre, en busca de una vida mejor. Y sobre todo, no pueden ser estas las medidas que adopte un país que durante varias décadas del siglo pasado, y de nuevo en la actualidad, ha sido emisor de flujos migratorios.
Los flujos migratorios deben ser abordados desde una política adoptada desde el consenso en el seno de la Unión Europea, con un enfoque integrado, teniendo en cuenta otros parámetros más allá de la seguridad, como la justicia y la creación
de un marco solidario de fomento del desarrollo económico y social.
Por todo ello, considerando que las llamadas concertinas constituyen una medida contraria a los Derechos Humanos, el Grupo Parlamentario Catalán presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la retirada inmediata del alambre con cuchillas instalado sobre las vallas del perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla, por representar un riesgo para la integridad física de las personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley de reconocimiento a Manuel José García Caparrós como víctima del
terrorismo, para su debate en la Comisión de Interior.
El 4 de diciembre de 1977 salieron a las calles de Andalucía dos millones de personas, calculándose que en Málaga esa cifra superó las doscientas mil personas. Reclamaban el Estatuto de Andalucía.
Cuando la manifestación en la capital malagueña llegó a la altura de la Diputación, tuvieron lugar carreras, detenciones, golpes y un muerto por bala: Manuel José García Caparrós, sindicalista de las Comisiones Obreras.
Ninguna investigación, realizadas en el clima político de la transición, concluyó con responsabilidades para nadie. Ni la investigación policial ni la comisión en el Congreso de los Diputados aclararon nada, en un contexto de buscado
silencio político y con la sistemática desaparición de pruebas. Un reciente trabajo de investigación de Rosa Burgos, titulado 'la muerte de García Caparrós en la transición política' y publicado en 2007 ha sido el intento más preciso que existe
hasta el momento para dilucidar lo que ocurrió realmente aquel 4 de diciembre.
Manuel José García Caparrós fue nombrado hijo predilecto de Andalucía (a titulo póstumo) el 19 de febrero del año 2013 por el Parlamento de Andalucía, por su 'ejemplo de entrega a unos ideales y a la consecución de libertad para su tierra'.
Ya en 2004 había sido nombrado hijo predilecto de la ciudad de Málaga por parte del ayuntamiento, y en 2009 fue nombrado hijo predilecto de Málaga por parte de la Diputación Provincial. Asimismo su nombre es reconocido también en las calles de las
ciudades andaluzas.
La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Victimas del Terrorismo, determina en su artículo 3 que: 'La presente Ley será de aplicación, a quienes sufran la acción terrorista, definida ésta como la
llevada a cabo por personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública. Será aplicable, igualmente, a las víctimas de los actos dirigidos a
alcanzar los fines señalados en el párrafo precedente aun cuando sus responsables no sean personas integradas en dichas organizaciones o grupos criminales.'
En su artículo 3 bis b), introducido por Ley 2/2012, de 29 de junio, y modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre se establece lo siguiente 'b) Cuando, sin mediar tal sentencia, se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias
judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos. En estos casos, la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos
legalmente exigidos podrán acreditarse ante el órgano competente de la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba admisible en derecho'.
Entendemos que la regulación sobre los destinatarios de la referida Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Victimas del Terrorismo, no puede obviar asesinatos como el de Manuel José García Caparrós;
víctima del terrorismo, que ni pudo ser investigado ni juzgado con garantías en ese momento previo a la aprobación de la Constitución, marcado por el oscurantismo y la impunidad en torno a muchos de estos actos. Es incomprensible que casos de
víctimas del terrorismo, hoy perfectamente acreditables ante la Administración General del Estado, queden excluidos de los beneficios establecidos por la citada Ley. En el caso concreto de la presente iniciativa, tal consideración haría justicia
con quien simboliza la lucha por la libertad del pueblo andaluz. Una lucha que ha sido siempre objetivo de la violencia atroz ejercida por la extrema derecha.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados rinde homenaje a la incluir en el ámbito de aplicación, sindicalista de las Comisiones Obreras asesinado en Málaga durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 por la autonomía andaluza, como ejemplo
de entrega a unos ideales y a la consecución de la democracia y la libertad de su tierra.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el ámbito de aplicación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Victimas del Terrorismo casos como el de Manuel José García
Caparrós, víctimas de terrorismo durante la transición política.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Defensa
161/002265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En el importante cambio normativo que están inmersas nuestras Fuerzas Armadas en los últimos años, es muy posible que estemos dejando en un segundo plano al personal con discapacidad, militares que por enfermedad, accidentes, lesiones o
heridas en operaciones en el exterior, pasaron a la situación administrativa de 'retirados' por pérdida de condiciones psicofísicas, viéndose truncadas, involuntariamente, sus carreras profesionales.
Al contrario de lo que ha ocurrido en el ámbito legislativo general, donde Gobierno Central y Comunidades Autónomas, concienciadas, han desarrollado una regulación concreta para ayudar a la integración de personas con discapacidad, muy poco
se ha hecho al respecto de este colectivo de militares, personas perceptoras también de muchas respuestas discriminatorias por parte de la misma sociedad, y quienes desde hace tiempo, vienen reclamando de las instituciones -a las que han servido con
abnegación, disciplina y lealtad- de una mayor atención, reivindicando y solicitando casi siempre reparaciones de tipo moral o meramente simbólicas.
Podríamos decir, que nuestras leyes y sus instrumentos, a día de hoy, son claramente insuficientes. Así, la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, tímidamente incluyó la posibilidad de que los militares pasados al retiro por insuficiencia de
condiciones psicofísicas, podrían ser adscritos a las unidades a fin de participar en ellas en actos de tipo protocolario. En la disposición final duodécima de Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los Miembros de las
Fuerzas Armadas, se habla de la reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar, concretamente en lo referido también al 'personal discapacitado en situación de retirado', algo cuyo alcance, desde el punto de vista regulatorio, está
todavía por determinar.
Es notorio, que muchos de esos profesionales con invalidez, retirados de las Fuerzas Armadas, mantienen actitudes y capacidades que perfectamente les habilitan para seguir ejerciendo trabajos y labores específicas dentro de las FAs, por lo
que resulta paradójico que la tendencia general haya sido apartarlos del Ejército.
Una plausible excepción a esa tendencia, fue la Orden ministerial 16/2012, de 14 de marzo, por la que se regula la adscripción de personal militar a unidades del Ministerio de Defensa en especiales circunstancias. Aunque debemos indicar,
que fue consecuencia de un hecho puntual para tratar de reparar, en justicia, el lamentable caso de un joven oficial de Infantería con discapacidad por la explosión de un artefacto en las proximidades de Ludina (Afganistán).
Fruto de esa urgencia, consideramos que la citada Orden, no fue todo lo amplia que debería haber sido, produciéndose además una clara discriminación a militares cuyas lesiones también relacionadas y acontecidas en el ejercicio de su labor
profesional y calificadas como en 'acto de servicio', no vienen recogidas en el ámbito de aplicación de su artículo 2, que dice textualmente: 'Podrán solicitar la adscripción prevista en esta Orden ministerial el personal que haya cesado en su
relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas por insuficiencia de condiciones físicas ocasionada en alguna de las siguientes circunstancias:
a) En un acto de servicio en relación de causalidad directa con una acción encomendada en el seno de una operación militar en el exterior.
b) Preservando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en situaciones de emergencia, grave riesgo o catástrofe.
c) En otras circunstancias excepcionales.
d) Como consecuencia de acto terrorista'.
Posteriormente, el Real Decreto 973/2012, de 22 de junio, otorgó efectividad por primera vez -hasta entonces estaba reservado al personal fallecido en acto de servicio- a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2007, de la Carrera
Militar, promoviéndose al empleo superior, con carácter honorífico, a miembros de las Fuerzas Armadas retirados por incapacidad permanente para el servicio en acto de servicio o como consecuencia del mismo.
Sin embargo, el anteriormente citado Real Decreto fue de aplicación a un número muy concreto de militares afectados, dejándose fuera -en evidente olvido- a la mayoría de miembros de las FAs, que también pasaron a la situación de retiro como
consecuencia de incapacidad permanente, con motivo de lesiones, enfermedades o accidentes, calificados como 'en acto de servicio', recordando que el apartado segundo del referido artículo 2.2 expresa que: 'En todo caso, se iniciará expediente para
la concesión del empleo superior con carácter honorífico a los militares fallecidos en acto de servicio o retirados por incapacidad permanente para el servicio, siempre que se produzca en acto de servicio o como consecuencia del mismo'.
No encontramos en este párrafo, por tanto, más requisitos que el estar 'retirado por incapacidad permanente en acto de servicio', y dentro de esa calificación, hay un gran número de personal que no se han visto beneficiados por tal derecho.
En el Grupo Parlamentario de UPyD, somos conscientes que desde fuentes gubernamentales se es cada vez más sensible con la necesidad de establecer un marco regulatorio mucho más extenso y detallado para todo el personal de las FAs, afectados
por incapacidades en sus distintas modalidades, pero no llegamos a entender 'las distinciones, categorías y escalones' que artificialmente se están estableciendo, a la hora de premiar servicios y sacrificios, entre quienes tuvieron que abandonar las
Fuerzas Armadas -muy a su pesar- por incapacidades e insuficiencias físicas causadas en el ejercicio de su deber profesional, es decir, en 'acto de servicio'.
De igual manera, encontramos rasgos discriminatorios hacia el personal militar retirado por 'pérdida de condiciones psicofísicas en acto de servicio como consecuencia de lesiones, accidentes o enfermedades invalidantes', en el Real Decreto
1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de recompensas militares, modificado a su vez por Real Decreto 20/2013, de 18 de enero. Así, para la concesión de la Cruz del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico con distintivo
amarillo, especifica, se concederán: 'Por acciones, hechos o servicios que entrañen grave riesgo y en los casos de lesiones graves o fallecimiento, como consecuencia de actos de servicio, siempre que impliquen una conducta meritoria'. 'También
podrán ser otorgadas dichas cruces con distintivo amarillo a las personas que en acto de servicio o con ocasión de este fallezcan o sufran lesiones graves, sin haber contribuido, por imprudencia, desobediencia u otras circunstancias, a este
resultado'.
Como se puede observar, quedan excluidas aquellas personas con discapacidad en 'acto de servicio' que 'no hayan fallecido' o cuyas circunstancias no se produjesen como consecuencia de 'servicios o hechos de grave riesgo', ya que se refieren
principalmente a hechos en teatros de operaciones internacionales, atentados terroristas o ejercicios en territorio nacional.
Establece, sin embargo el Real Decreto citado, en su artículo 41 para la Cruz del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico con distintivo blanco, otro escalón de méritos, como son los 'trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos',
añadiendo también aquellos 'que no se encuentren definidos en las tres secciones anteriores de este capítulo'.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de UPyD presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Modificar la Orden ministerial 16/2012, de 14 de marzo, añadiendo a su artículo 2, 'Ámbito de aplicación', a quienes 'hayan cesado en su relación de servicios profesionales con las FAs, por insuficiencia de condiciones físicas
ocasionadas en acto de servicio, como consecuencia de lesiones, accidentes o enfermedades invalidantes'.
2.º Modificar el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de recompensas militares, modificado a su vez por Real Decreto 20/2013, de 18 de enero, añadiendo un nuevo apartado a su artículo 43 para
que puedan tener derecho a dicha recompensa -Cruz Mérito Militar con distintivo blanco- quienes 'hayan cesado en su relación de servicios profesionales con las FAs, por insuficiencia de condiciones físicas ocasionadas en acto de servicio, como
consecuencia de lesiones, accidentes o enfermedades invalidantes'.
3.º Iniciar el expediente que se cita en artículo 24 de la Ley 39/2007 para la concesión del empleo superior con carácter honorífico, a todo el personal que se encuentre retirado de las FAs, por incapacidad permanente como consecuencia o en
'actos de servicio', y que hasta el momento, no hayan sido ascendidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Economía y Competitividad
161/002251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
al alcance de la sanción de la Comisión Europea a entidades financieras por participar en carteles ilegales relacionados con la manipulación de los tipos de interés de referencia (Euribor y Tibor), para su debate en la Comisión de Economía y
Competitividad.
Exposición de motivos
La Comisión Europea ha impuesto una sanción record de 1.712 millones de euros a ocho entidades financieras internacionales por participar en carteles ilegales en los mercados de derivados financieros (Tibor y Euribor) que operan en el
Espacio Económico Europeo (EEE).
Las entidades sancionadas son Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan y Citigroup, además del bróker RP Martin. Tres de estas entidades (Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland y Société Générale), además de
Barclays que no ha sido sancionada al colaborar con la investigación o participar en el programa de clemencia, participaron en un cartel relacionado con la manipulación de los tipos de interés de referencia que se aplican a millones de hipotecados,
ahorradores y empresas, a través de productos derivados vinculados a índices como el Euribor (Euro Interbank Offered Rate). El Euribor es el índice de referencia publicado diariamente que indica el tipo de interés promedio al que las entidades
financieras se ofrecen a prestar dinero en el mercado interbancario de la zona euro y se calcula actualmente usando los datos de los 44 principales bancos que operan en Europa.
Por otro lado, seis de estas entidades financieras participaron también en uno o más carteles bilaterales relativos a los derivados de tasas de interés denominadas en yenes japoneses.
Según la investigación de la Comisión Europea, el cartel de los derivados de tipos de interés del euro funcionó entre septiembre de 2005 y mayo de 2008. El cártel estaba dirigido a distorsionar el curso normal de los componentes del precio
de estos derivados. Los operadores de los diferentes bancos acordaron el cálculo del Euribor, así como sus estrategias comerciales y de precios, lo que supone una práctica prohibida por el derecho de la competencia según el artículo 101 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Un instrumento de prueba que ha posibilitado la detección de estos carteles ha sido el programa de clemencia puesto en marcha por las autoridades de defensa de la competencia de la Comisión Europea. Si bien es cierto que las empresas que se
acogen a este programa denunciando prácticas prohibidas están exentas de las multas (en este caso Barclays y USB), éstas no están exentas de indemnizar a las víctimas del cartel por los daños causados por su participación en dichas prácticas
concertadas.
En rueda de prensa, Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión Europea y encargado de la política de competencia, señaló que 'La decisión de hoy envía un mensaje claro de que la Comisión está decidida a combatir y sancionar estos
carteles en el sector financiero. Una sana competencia y la transparencia son fundamentales para que los mercados financieros funcionen correctamente, al servicio de la economía real en lugar de los intereses de unos pocos.'
En todo caso, la Comisión Europea con esta sanción se centra únicamente en las infracciones de las normas de competencia y, en particular, en la colusión entre competidores en los mercados de derivados
financieros. La participación en un cartel es una infracción muy grave de la normativa de competencia por lo que la autoridad europea debe imponer una multa suficientemente disuasoria para garantizar que, en este caso, otras entidades
financieras se abstengan de incurrir en dicha conducta. La responsabilidad de la autoridad antimonopolio de la UE es velar por que se respeten las normas de competencia efectiva en el sector financiero. Igualmente, la Comisión Europea también está
investigando otros productos y sectores financieros, como los Credit Default Swaps (CDS), los mercados de divisas o productos denominados en francos suizos.
La manipulación de esos índices de referencia ha perjudicado, entre otros, a millones de ciudadanos europeos que han suscrito un crédito o préstamo hipotecario cuyo tipo de interés está vinculado a estos índices. En España, el Euribor a 1
año se publica en el BOE y se considera un índice muy importante ya que es, entre otras cosas, el tipo oficial de referencia más utilizado para préstamos hipotecarios. Sin embargo, corresponderá a las autoridades de regulación financiera detectar
el alcance a título individual de la posible manipulación de los índices de referencia que se hayan detectado en los diferentes bancos y las posibles compensaciones que los usuarios y consumidores puedan exigir al ser perjudicados por dicha
manipulación.
En definitiva, estos casos de prácticas concertadas contrarias a las normas de competencia y, en concreto, los carteles ligados a la manipulación de los índices de referencia en el sector financiero nos indican hasta qué punto la ausencia de
transparencia y de una regulación 'blanda' (soft law) y una supervisión laxa es caldo de cultivo para los abusos de posición, dominante y prácticas anticompetitivas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evaluar el alcance sobre los usuarios que tengan suscritos créditos o préstamos hipotecarios vinculados al tipo de interés de referencia interbancario como el Euribor, de la sanción impuesta a ocho entidades financieras internacionales
por participar en carteles ilegales contrarios a las normas de competencia de la Unión Europea, adoptando, en consecuencia, las medidas que correspondan respecto de la determinación de responsabilidades de las entidades financieras, a efectos de las
posibles compensaciones que los usuarios puedan exigir al ser perjudicados por dicha manipulación.
2. Con el objetivo de aumentar la transparencia y mejorar la competencia efectiva en el sector financiero, defender ante las instituciones europeas una nueva regulación y supervisión de los tipos de interés de referencia al que las
entidades financieras se ofrecen a prestar dinero en el mercado interbancario de la zona euro (Euribor).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre actuaciones del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Hace pocos día el director al frente del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, Luis Jones, ha presentado su dimisión por discrepancias con el director general del organismo, Santiago Menéndez, 'en
materias relacionadas con el personal de Inspección y específicamente en relación con nombramientos concretos y criterios para la reasignación de funcionarios', según explicó el mismo a los 17 jefes regionales de inspección y a sus subdirectores
generales y otros colaboradores.
Los motivos al parecer son las notables diferencias que han surgido con el titular de dicha Dirección General en los últimos meses en relación con diversos asuntos que constituyen ámbitos esenciales de decisión del Departamento de
Inspección, y que se han resuelto en contra del criterio del Departamento. Diferencias que no han hecho sino agudizarse recientemente, constituyendo su último episodio la imposibilidad de resolver, teniendo en cuenta el criterio del Departamento,
la sustitución, tras su renuncia el pasado 11 de noviembre, del Jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes en un plazo razonable de tiempo.
La dimisión de este miembro de la alta dirección de la Agencia Tributaria, se produce apenas unas semanas después de que se conociera el cese de una inspectora de la Delegación de Grandes Contribuyentes y la dimisión de su jefe directo, tras
rechazar un recurso de reposición de la multinacional cementera CEMEX contra una sanción tributaria millonaria.
Tras estos ceses y dimisiones se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ordene al Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que emprenda las actuaciones necesarias para:
1. Dilucidar si estas dimisiones y ceses pueden estar relacionadas con el expediente de liquidación o de sanción a CEMEX.
2. Aclarar si un despacho de asesores ha intentado influir sobre alguna autoridad de la AEAT o del Ministerio de Hacienda para cambiar de criterio en diversos asuntos esenciales, como el referido en el anterior punto, entre otros, qué
autoridad o autoridades han podido reunirse con personal de este despacho de asesores, y cuáles han podido ordenar el cambio de criterio al Delegado Central de Grandes Contribuyentes, y si la desatención de estas 'órdenes' son las causas que están
provocando estos ceses y dimisiones.
3. Verificar si el Delegado Central de Grandes Contribuyentes o cualquier otra autoridad de la AEAT o del Ministerio de Hacienda han tratado asuntos incluidos entre las competencias atribuidas a la Dependencia de Control Tributario y
Aduanero por el apartado sexto de la Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, en
su redacción vigente al momento de los hechos.
4. Comprobar si el auxilio judicial en el caso Noos es o no es el más adecuado a juzgar por las informaciones que se están conociendo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Fomento
161/002259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
acometer obras e instalaciones para reducir y evitar peligro de circulación en los pasos a nivel de Fuenmayor, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En el municipio de Fuenmayor, La Rioja, discurre la línea de ferrocarril Castejón-Bilbao, en cuyo recorrido existen seis pasos a nivel sin barrera, cuatro de ellos sin señalización acústica ni luminosa (pp.kk. 93/122, 94/356, 95/610,
96/815) y todos ellos (pp.kk. 88/715, 99/036, además de los cuatro ya detallados) en unas condiciones muy precarias en cuanto a paso de accesibilidad o cruce del mismo, lo que conlleva una alta peligrosidad en el tránsito de los caminos para
agricultores y usuarios.
En estos últimos años, las malas condiciones que presentan los seis pasos han podido ser la causa de los varios accidentes que se han producido en ellos.
La mejora en los accesos a los pasos a nivel y la colocación de señales luminosas y acústicas en los mismos, harían disminuir el riesgo de accidentes en los pasos a nivel del municipio.
El Ayuntamiento de Fuenmayor ha reiterado en numerosas ocasiones su petición a ADIF para que señalizara o suprimiera estos pasos a nivel, además, en junio de 2009 presentó ya al Ministerio de Fomento y ADIF una 'Separata de trazado de
proyecto constructivo para la supresión de los pasos a nivel de los pp.kk. 88/715, 90/837, 93/122, 94/356, 95/610 y 99/036, redactado por SOCRAN ingenieros, S.L.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer las siguientes obras e instalaciones para reducir y evitar peligro de circulación:
1. Dotar de señalización luminosa y acústica, clasificado como clase B, pasos a nivel protegidos con señalización luminosas y acústicas (SLA), según Orden ministerial de 2 de agosto de 2001, los pasos situados en los pp.kk. 93/122, 94/356,
95/610 y 96/815.
2. Señalizar como tránsito cortado y/o prohibición de paso el eliminado paso a nivel situado en el punto kilométrico 90/837.
3. Pavimentación y acondicionamiento del firme existente con capa de asfalto bituminoso previa, subbase de zahorras artificiales, previamente compactadas en los seis pasos existentes abiertos y en uso en la actualidad (pp.kk. 88/715 y
99/036 además de los cuatro ya detallados en el punto primero).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-César Luena López, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre creación de la primera región aeroportuaria sostenible en torno al
aeropuerto de El Altet, ahora aeropuerto de Alicante-Elche, para su debate en la Comisión de Fomento.
España cuenta con 47 aeropuertos y 2 helipuertos gestionados por el ente público Aena Aeropuertos, dependiente del Ministerio de Fomento. Sólo ocho de esos 47 aeródromos son oficialmente rentables. El conjunto de aeropuertos españoles
registró en 2011 pérdidas de 220 millones de euros acumulando así una deuda pública que a día de hoy supera los 12.300 millones. Estos escalofriantes datos evidencian que el plan de gestión y expansión del transporte aéreo es insostenible y, sin
embargo, sigue en marcha sin cuestionar sus dramáticas consecuencias a escala nacional y mucho menos local.
El aeropuerto de El Altet, (ahora aeropuerto de Alicante-Elche) con más de un siglo de historia y uno de los más rentables de AENA, está consolidado internacionalmente y además hace referencia a su ubicación geográfica, indispensable para el
turista. Ocupa el sexto lugar en la red aeroportuaria española por número de pasajeros con más de cien vuelos diarios que surcan los cielos de El Altet y Torellano.
Los vecinos de esas pedanías llevan conviviendo desde hace 46 años con esta situación. A la ansiedad, depresión, insomnio o enfermedades cardiovasculares que sufren como consecuencia de la contaminación acústica, hay que sumar numerosas
afecciones originadas por el contacto directo con gases nocivos, y sustancias altamente tóxicas liberadas a la atmósfera por la combustión de queroseno, entre ellas, un potente cancerígeno: el benceno.
En esta misma dirección hay que señalar que la exposición de los vecinos a los campos electromagnéticos emitidos por los radares de control de tráfico aéreo es otro de los impactos producidos por la actividad aeroportuaria, que aunque poco
estudiado también hay que tener en cuenta dada la existencia de alarmantes informes científicos que respaldan la relación entre la exposición a estos campos electromagnéticos y el cáncer.
A todo lo anteriormente expuesto hay que sumarle otros impactos negativos como el condicionamiento en el diseño urbanístico o la destrucción y alteración de los recursos naturales de estas pedanías, todo ello sin repercutir positivamente en
la economía de sus habitantes. De los 3.500 empleos directos que genera este aeropuerto tan sólo un 1 % pertenecen a vecinos de las mismas, directos afectados por la actividad aeroportuaria.
Por otro lado, un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, señala que este aeropuerto es uno de los peor conectados del Mediterráneo. Por su parte el Instituto de Estudios Turísticos de esta
misma provincia señala que los turistas eligen, entre otros, destinos como Benidorm, Torrevieja, Calpe, Denia o Jávea, a pesar de encontrarse a escaso metros de parajes naturales de elevado interés turístico como las playas vírgenes de El Altet y
Balsares, El Fondet de la Senieta o El Clot de Galvany.
Por tanto, parece deducirse que la causa principal de que los turistas pisen, pero pasen del municipio ilicitano, son, entre otras, las nefastas conexiones entre aeropuerto y su entorno más inmediato y que el 80 % de los turistas que llegan
a este aeropuerto son viajeros low cost.
En un planeta de recursos finitos, un desarrollo sostenible no es una alternativa, sino una necesidad fundamental para generar riqueza y asegurar el bienestar de la humanidad. Es hora de que el transporte aéreo se establezca como una
actividad económica sostenible y para que el transporte aéreo vuele hacia la sostenibilidad debe seguir la ruta de la eficiencia energética.
Es hora de que genere un impacto positivo sobre la sociedad y el medio ambiente y para ello se debe trabajar conjuntamente entre las distintas administraciones públicas para empezar a crear regiones aeroportuarias sostenible, que relacionen
las sinergias existentes entre los aeropuertos y los diferentes recursos de los territorios en los que se ubican, empezando, por ejemplo, con este aeropuerto dado que las pedanías de El Altet y Torrellano son el contexto ideal para crear una región
aeroportuaria sostenible que vincule en la práctica el dinamismo del aeropuerto, con la creación de empleo y la activación económica de estas pedanías primando el respeto hacia el medio ambiente.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se adopten las medidas oportunas en colaboración con las Administraciones y Empresas Públicas correspondientes para:
1. Convertir el aeropuerto de El Altet (ahora aeropuerto de Alicante-Elche) en la primera pieza de una región aeroportuaria sostenible, más eficiente energéticamente y menos contaminante.
2. Integrar a la población directamente afectada en el complejo aeroportuario mediante un convenio laboral y de formación entre Aena y El Ayuntamiento de Elche.
3. Crear un carril bici-peatonal que conecte el aeropuerto con Torellano, El Altet y Balsares, infraestructura clave para fomentar un turismo de calidad en estas pedanías ilicitanas.
4. Revalorizar los espacios públicos degradados, disminuir los impactos negativos de la actividad aeroportuaria y fomentar la creación de puestos de trabajo a través de la producción y elaboración de productos ecológicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para hacer el efectivo pago de las expropiaciones realizadas para la construcción de la línea de alta velocidad hasta la frontera francesa en la provincia de Girona.
El pasado mes de mayo, ADIF comunicó a los propietarios afectados por las expropiaciones derivadas de la construcción del AVE hasta la frontera con Francia, en la provincia de Girona, que rechazaba pagar
una treintena de los 120 mutuos acuerdos firmados, y que los trasladaba al jurado de expropiaciones, decisión que provoca un retraso adicional en el proceso de entre tres y cuatro años, lo que generará a la Administración unos intereses de
demora que se sumarán a los cinco millones de la expropiación.
ADIF ha remitido al jurado de expropiaciones otros 100 casos que aún están pendientes de regularizar, y sobre los que no ha alcanzado un acuerdo de precios.
Este hecho sin precedentes ocurre sobre unas fincas ocupadas hace 6 años, en 2007, y tiene unos efectos muy perjudiciales para los propietarios expropiados, por no haber cobrado, y para la propia administración, que deberá pagar intereses de
demora desde el año 2007 hasta ahora, más los intereses que correspondan al tiempo que tarde el jurado en resolver los expedientes y ADIF en pagar, lo que podría suponer en total una espera de tres o cuatro años más, es decir, una década desde la
ocupación de los terrenos.
Esta demora puede llegar a suponer un incremento de la valoración de las fincas de hasta un 36 por ciento. Teniendo en cuenta que la deuda por las expropiaciones de este tramo del AVE es de unos cinco millones de euros, Ios intereses que se
tendrán que sumar supondrán como mínimo 1,8 millones de euros.
Las expropiaciones se realizaron a partir de las superficies afectadas según la relación de bienes y derechos publicada de los diferentes proyectos constructivos aprobados. Como es habitual en estos proyectos, ya desde el año 2007, para
poder ejecutar las obras hizo falta la ocupación de fincas e incrementos de expropiación no contemplados en los proyectos aprobados.
Los propietarios afectados colaboraron con la obra dejando ocupar estos incrementos de superficie sin que hubiera el proyecto constructivo aprobado, a cambio lógicamente, de que estos incrementos estuvieran contemplados en unas actas
complementarias y que se les indemnizara por el mismo precio que se les había indemnizado por la primera expropiación, pues se trataba de la misma finca afectada.
Sin la colaboración de los propietarios afectados, a fecha de hoy, las obras estarían paradas y sin terminar, ya que tras más de 5 años, en la mayoría de casos aún no se ha realizado el proyecto expropiatorio necesario para la adquisición de
dichos incrementos de superficie.
Esta colaboración funcionó hasta antes del verano del 2011, cuando desde ADIF se comunicó que no podían firmar ningún Mutuo Acuerdo más sin tener una tasación externa. Dicha tasación no mantuvo los precios acordados y ya pagados vía
justiprecio, sino que los bajaba. Lógicamente, los propietarios no están dispuestos a aceptar un valor del suelo inferior al que ya se les indemnizó por la misma finca afectada y menos cuando estas fincas fueron ocupadas desde el inicio de la obra.
Han pasado 6 años y a fecha de hoy la obra está totalmente realizada con los trenes circulando. Cuando el Gobierno está articulando mecanismos para exigir a las administraciones territoriales el pago de sus facturas a 30 días, no resulta
aceptable que mediante argucias legales el propio Gobierno retrase el pago de unas expropiaciones que debieran haber sido pagadas hace seis años. Tampoco resulta aceptable que en estos momentos, ADIF esté aprobando los proyectos complementarios y
proceda a convocar de nuevo a los propietarios al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de unas fincas que ocupó en 2007, ahora lo que corresponde es cerrar un Justiprecio complementario con la misma base de precios y pagar a los afectados.
Los cambios de criterio aplicados por ADIF en el pago de lo establecido en los mutuos acuerdos, generan una gran inseguridad a los afectados que cumplieron con lo acordado, lo cual motiva a que futuros actos de expropiación sean vistos con
recelo por los afectados y no exista una voluntad de colaboración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Restablecer los importes pactados por los mutuos acuerdos en las expropiaciones y los incrementos de superficie en la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa a los afectados en la provincia
de Girona.
2. Hacer efectivo el pago de las expropiaciones realizadas para la construcción de la línea de alta velocidad hasta la frontera francesa con carácter inmediato.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
proyecto 'Línea aérea de transporte de energía eléctrica de 400 kv, doble circuito, Fontefría-Frontera Portuguesa, en la provincia de Pontevedra', para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La compañía Red Eléctrica Española (REE) está acometiendo el proyecto 'Línea aérea de transporte de energía eléctrica de 400 kV, doble circuito, Fontefría-Frontera Portuguesa, en la provincia de Pontevedra'.
El proyecto de construcción de dicha línea eléctrica de alta tensión (LAAT) afecta en su recorrido al municipio de Arbo (Pontevedra) y está generando en sus habitantes una profunda preocupación acerca de las consecuencias que el trazado
definitivo escogido por Red Eléctrica Española pueda acarrear sobre el vecindario afectado.
Esta legítima preocupación es compartida también por el conjunto de la corporación municipal que cuestiona también el emplazamiento seleccionado por su ubicación próxima a viviendas y lugares de común actividad por parte de los vecinos y
vecinas de la zona de referencia.
En base a ello, la corporación municipal de Arbo encargó un informe sobre el emplazamiento de dicha línea eléctrica cuyas conclusiones recomiendan no permitir el funcionamiento de la LAAT más que en los emplazamientos más rigurosos, previa
obtención de licencia de actividad calificada o ambiental, a una distancia lo más alejada posible de entornos y construcciones residenciales.
En dicho informe, se indica explícitamente como trazado preferente la opción propuesta en su día por el propio Ayuntamiento de Arbo y que situaría las construcciones habitables a una distancia superior a los 330 metros, en lugar de los
escasos 20 metros a que quedarían con el trazado de REE, que además sobrevuela fincas de cultivo agrícolas.
Además, se señala que la alternativa propuesta por el Ayuntamiento de Arbo permitiría minimizar los efectos de los incendios y las posibles fugas y emanaciones tóxicas contempladas, dependiendo de los vientos dominantes, y reduciría
significativamente los riesgos relativos a la contaminación acústica y, especialmente, a los campos electromagnéticos.
Por otra parte, el uso actual y la clasificación del suelo del trazado alternativo definido en la propuesta municipal es la de rústico forestal, no existiendo suelo edificable en núcleo rural en una distancia de 280 metros. Por el
contrario, en la opción de REE se cruza un área poblacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de Diputados insta al Gobierno a atender la petición del Ayuntamiento de Arbo en relación al proyecto de la 'Línea aérea de transporte de energía eléctrica de 400 kV, doble circuito, Fontefría-Frontera Portuguesa, en la
provincia de Pontevedra' que está acometiendo Red Eléctrica Española, procediendo al cambio de trazado de la línea escogido por dicha empresa y optando por la propuesta alternativa formulada por la corporación municipal de dicho ayuntamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de aprobar una partida destinada a la construcción de un dique flotante para Navantia en la ría de Ferrol. Debate en la Comisión de Industria.
Exposición de motivos
Hace días zarpó de Ferrol el último encargo que tenían los astilleros públicos de Navantia, el buque 'Adelaide'. Los astilleros están sin carga de trabajo, lo que ha acrecentado la inquietud, la preocupación y el malestar de los miles de
trabajadores por la nula y nefasta política comercial de Navantia, por la falta de iniciativa de la SEPI y del Gobierno español a pesar de las advertencias que se venían produciendo desde hace más de un año. Ninguna de las promesas de futuros
contratos realizadas por el partido en el Gobierno se ha materializado. Los flotes de Pemex siguen siendo un espejismo al que nunca se llega.
Recientemente hemos visto como Navantia perdía el contrato de construcción de cuatro buques gaseros para la nueva ruta de transporte de gas entre Estados Unidos y Japón para Stream (formada por Gas Natural y Repsol). Una oportunidad única
ante la cual ha fallado estrepitosamente la política del Gobierno, un Gobierno ausente, inexistente y fantasmagórico, incapaz de negociar con empresas como Gas Natural o Repsol para conseguir que al menos alguno de los contratos de los gaseros para
Navantia.
La previsión de falta de carga de trabajo para los astilleros de Ferrol no es algo nuevo, que haya sucedido de manera imprevista. Es una previsión con la que se lleva trabajando desde hace al menos dos años.
El BNG lleva tiempo alertando en sus iniciativas parlamentarias sobre esta situación, tiempo advirtiendo de la necesidad de adoptar medidas con carácter urgente y tiempo proponiendo soluciones que el PP asumió en campañas electorales pero de
las que se olvidó una vez que llegó al Gobierno.
En este caso nos referimos en concreto a la propuesta de construcción de un dique flotante.
El sector naval es un sector básico de la economía gallega, representa el 5,7 % del PIB de Galicia. En el año 2008 empleaba de manera directa a más de 10.000 trabajadores, además de multitud de empleos indirectos. Sin embargo, desde
entonces hay que lamentar la pérdida de miles de puestos de trabajo y hoy en día solo se conservan 5.600 puestos de trabajo en el naval. La construcción naval está atravesando sin lugar a dudas la mayor crisis de su historia y está en peligro su
propia supervivencia.
Sin olvidar que la desaparición de los astilleros supondría un duro golpe para la comarca de Ferrolterra puesto que depende significativamente de la actividad del sector naval.
Sabe el Gobierno que el sector naval de Ferrolterra es una víctima de las políticas de la UE que han limitado su actividad, dejándole relegado al campo militar, un ámbito agotado y con escaso futuro.
Frente a las costas gallegas discurre uno de los corredores marítimos internacionales más frecuentados. Precisamente, los astilleros de la ría de Ferrol gozan de una posición geográfica privilegiada para atraer mercado de construcción naval
civil. Pero además de una adecuada política, también se deben realizar algunas inversiones de infraestructuras como un dique flotante apto para la reparación de grandes buques.
El dique flotante sería un complemento necesario para atraer carga de trabajo. Es una demanda compartida por el conjunto de la sociedad de Ferrolterra.
El partido en el Gobierno prometió en varias ocasiones la construcción de esta infraestructura, aunque sigue pretextando reticencias por parte de la UE que a día de hoy no han sido confirmadas. A nuestro modo de ver, el Gobierno no se
implicó profundamente en este tema, no mantuvo una actitud activa ni comprometida y abandonó a la primera de cambio.
El Gobierno central ha optado por una actitud de falta de compromiso respecto al dique flotante. Sin embargo, en pleno debate de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado 2014 en el Senado, diversos alcaldes del PP de
Ferrolterra prometieron al Comité de Empresa de Navantia que presentarían una enmienda a los Presupuestos para consignar fondos económicos destinados a la fabricación del dique flotante. Cabe añadir que el partido en el Gobierno no presentó ninguna
enmienda a los Presupuestos sobre esta infraestructura. Es más, rechazó las enmiendas presentadas por el BNG en el trámite en el Congreso que pedían 140 millones de euros para el dique.
La votación de las enmiendas y del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2014 en el Senado finalizó el jueves 12 de diciembre, sin que conste ninguna transaccional por parte del grupo popular en este sentido.
Tristemente cabe concluir que el PP ha vuelto a engañar a los trabajadores de Navantia con falsas promesas. Una actitud totalmente reprochable porque juega con los sentimientos de miles de personas que se encuentran en una situación de
desesperación por la falta de perspectivas futuras.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Negociar en la Unión Europea la anticipación de la fecha de vencimiento de las limitaciones que pesan sobre los centros de Navantia en la ría de Ferrol para que puedan construir buques y operar en el campo 'off shore'.
2. Demandar a la SEPI que impulse el centro de reparaciones de Navantia en la ría de Ferrol, con objeto de incrementar la carga de trabajo en el campo de la reparación y transformación de buques.
3. Aprobar una partida destinada a impulsar la construcción de un dique flotante que permita que el centro de reparaciones de Navantia en la ría de Ferrol pueda ofertar también la reparación y transformación de grandes buques, encomendando
la construcción del mismo a los propios astilleros de Navantia en la ría de Ferrol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la prestación de
servicios ambientales proporcionado por los montes, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Naciones Unidas, en el año 2005, publicaba la primera Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, con el título 'Ecosystems and Human Well-being', con el objetivo de evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas y para
establecer la base científica para realizar acciones que garantizaran su conservación, el uso sostenible de los ecosistemas y cuantificar sus contribuciones al bienestar humano. Naciones Unidas definía, de forma genérica, los servicios
ecosistémicos o servicios ambientales de los ecosistemas como los beneficios, en algunas ocasiones incluso fundamentales para el sostenimiento de la vida, que las personas obtienen de los sistemas naturales.
La naturaleza nos proporciona múltiples bienes y servicios esenciales para el bienestar humano y para el desarrollo socioeconómico de la sociedad, entre los que destacan: los recursos hídricos y su regulación natural; la mitigación de los
impactos de desastres naturales o el control hidrológico de fenómenos como inundaciones, erosión y salinización de los suelos; mitigación de los efectos de las emisiones de gases con efecto invernadero y almacenamiento a largo plazo del carbono en
la biomasa y materia orgánica del suelo; la biodiversidad a nivel de paisaje, especie y diversidad genética; y valores estéticos que sirven como fuente de inspiración cultural, elemento para la salud y calidad de vida o recurso económico para el
ecoturismo.
Distintos proyectos internacionales han intentado cuantificar el valor económico de los servicios prestados por los ecosistemas (con especial atención a la propia diversidad biológica). El estudio sobre 'Economía de los Ecosistemas y la
Biodiversidad' (TEEB) que permite evaluar los servicios prestados por los ecosistemas y, por consiguiente, las repercusiones económicas de la pérdida de biodiversidad, es un ejemplo. Según este estudio la pérdida de biodiversidad tiene un coste
anual estimado de 50.000 millones de euros al año en todo el mundo, y sin políticas adicionales, se estimaba que el coste en términos de bienestar en 2050 sería análogo al de la pérdida del 7 % del consumo total. Este estudio recomendaba redoblar
los esfuerzos para el desarrollo de técnicas de valoración de los beneficios que proporcionan los ecosistemas y su biodiversidad, paso esencial para poder diseñar instrumentos financieros y fiscales para la protección de los ecosistemas y la
biodiversidad.
El Consejo Europeo del 25 y 26 de marzo de 2010, se congratulaba de la publicación del estudio TEEB y de sus conclusiones, y subrayaba la importancia de integrar el valor económico de la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos en el proceso de toma de decisiones de los sectores público y privado e incorporar los valores de la biodiversidad en los sistemas de cuentas nacionales.
Los bosques son los principales ecosistemas cuando se trata de los servicios y funciones ambientales, especialmente por la gran cantidad de servicios que estos prestan. Por este motivo es necesario reconocer la consideración de los bosques
y los montes, en general, como infraestructuras ambientales prestadoras de servicios ambientales.
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, ya recoge parte de este reconocimiento, y establece que las Administraciones públicas regularán los mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de los montes. Sin
embargo, no se concretan los mecanismos para que los usuarios realicen el pago por los servicios ambientales, y la utilización de esos ingresos tanto para mantener estos montes en su estado de conservación actual y para potenciar una gestión
forestal sostenible. En particular parte de los ingresos obtenidos deben aplicarse a compensar el llamado 'coste de oportunidad', es decir, los ingresos a que los propietarios privados de los bosques renuncian al conservarlos como tales.
Sin embargo, los defensores de los servicios ambientales reconocen que mientras el costo de la madera puede ser calculado con cierta facilidad, el costo por los servicios ambientales citados es mucho más difícil de ser calculado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incentivar, en la futura modificación de la Ley de Montes, la consideración de los montes como prestadoras de servicios ambientales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la puesta en marcha de obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Las obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar integrados en USUJ deben mantener la mayor prioridad y urgencia en el nuevo Plan Hidrológico del Júcar, tal y como se establece en el plan vigente. Esta prioridad se
justifica en la necesidad de generar nuevos recursos en un sistema deficitario como es el Júcar donde no se cumplen las garantías si se atienden todas las asignaciones previstas.
Es inadmisible que se pretenda acometer con la misma prioridad actuaciones encaminadas a consumir más recursos. Primero hay que generar el recurso y después incorporar nuevos usos.
El Convenio del embalse de Alarcón, de 23 de julio de 2001, prevé como contraprestación a la entrega del embalse para la gestión optimizada del sistema Alarcón-Contreras-Tous la ejecución inmediata de las obras de modernización de los
regadíos integrados en USUJ.
Tanto la Administración General del Estado como la Administración Autonómica son competentes en la ejecución de las obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar, así lo han reconocido reiteradamente y las han declarado como
actuaciones básicas, prioritarias y urgentes. Esta prioridad, para que no sea una mera declaración de intenciones, debe hacerse efectiva en los Presupuestos de ambas administraciones.
Además, y de una manera especialmente notable, estas obras de modernización se revelan como básicas para liberar recursos de agua superficial que pueden atender otras necesidades perentorias, como el abastecimiento de los municipios de las
comarcas de La Ribera Alta y La Ribera Baixa del Xúquer, afectadas por una grave problema de contaminación por nitratos en los acuíferos de los que se abastecen estas poblaciones desde hace ya años que están viendo agravada su ya precaria situación
ante la aparición en las analíticas de restos de productos fitosanitarios. Estas comarcas, por donde discurre el río en sus tramos medio y bajo, deben tener de una manera clara y obligada la máxima prioridad y urgencia en las inversiones en materia
de modernización y abastecimiento.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Que se incluya en la normativa del nuevo PHJ la mayor prioridad y urgencia de la modernización de los regadíos de USUJ.
Segundo. Que se incluyan en el programa de medidas las inversiones necesarias para la terminación de la Modernización de los Regadíos Tradicionales del Júcar con la mayor prioridad y urgencia, de manera que esta prioridad se manifieste en
los presupuestos. Para ello en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 se dispondrán inversiones de 20,91 millones de , 25 millones de en los PGE de 2015 y el resto de las actuaciones que completen la modernización en el periodo
2016-2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.-José Luis Ábalos Meco, Herick Manuel Campos Arteseros, Ciprià Císcar Casabán, Carmen Montón Giménez, Joaquín Francisco Puig Ferrer e Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una Proposición no de Ley para la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética para las actividades agrícolas de regadío y en particular para las comunidades de regantes.
Antecedentes
El consumo energético es un coste importante en los trabajos correspondientes a la agricultura de regadío, por lo que resulta importante aplicar políticas energéticas que contribuyan a la reducción de costes de estas actividades y también
porque ello contribuye a la sostenibilidad del desarrollo rural.
Las Comunidades de Regantes, sean de riego de apoyo o de riego completo, necesitan estaciones de bombeo para suministrar la presión necesaria a la red de distribución, por lo que son grandes consumidoras de energía eléctrica, los costes
energéticos pueden representar entre el 60 % y el 70 % de los costes totales de estas corporaciones.
La importancia de estos costes ha propiciado que las Comunidades de Regantes siempre hayan tenido en cuenta las necesidades de eficiencia energética, tanto en la construcción de la red de canalizaciones como en su mantenimiento anual, de
manera que tradicionalmente han aplicado las mejores técnicas disponibles para minimizar su consumo energético.
No obstante su control sobre los costes energéticos, la aplicación del Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y la puesta en marcha de
la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial para el segundo trimestre de 2013, está acarreando graves consecuencias para la sostenibilidad energética de las
Comunidades de Regantes y de las actividades agrícolas de regadío, poniendo en riesgo su vialidad.
Las reformas energéticas acometidas han aumentado significativamente el importe de su factura eléctrica, sin que haya margen de maniobra en ninguno de los dos elementos básicos de los que se compone la misma.
Así, por lo que refiere a la energía consumida en kWh, las instalaciones ya muestran una eficiencia y mantenimiento adecuados tal y como ha sido contrastado por las auditorías energéticas realizadas en las Comunidades de Regantes. Por lo
que refiere al precio de la Energía, que equivale a la parte regulada y dependiente de un mercado teóricamente libre, las Comunidades ya solicitan ofertas conjuntas y participan en subastas colectivas, por lo que ya participan de las menores tarifas
del mercado.
Por lo que refiere al segundo elemento, al término fijo de potencia o potencia contratada en los diferentes periodos tarifarios, cabe señalar que las Comunidades de Regantes tienen un consumo energético estacional, al que no se ajusta la
tarifa estacional regulada. Se ven obligadas a contratar un término de potencia elevado, tanto para los meses de bajo consumo energético como para los de alto consumo. Además, deben contratar obligatoriamente en cada periodo tarifario una potencia
mayor o igual que en el periodo tarifario anterior, de acuerdo con el Real Decreto 1164/2011, lo cual no se ajusta a la realidad. Respecto al precio de la potencia, fijado periódicamente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la última
regulación ha venido impuesta por la Orden IET/1491/2013, produciendo un aumento del precio del 115,47 % en la tarifa 6.1 y un incremento del 125,12 % en la 3.1 desde el año 2012.
Todo ello ha comportado unas alzas no asumibles en los costes energéticos de las actividades agrícolas de regadío y, en particular, de las Comunidades de Regantes, lo cual conduce a generar una disminución de uso de agua de riego y por ende,
puede poner en peligro la viabilidad de las explotaciones agrícolas y de las propias Comunidades de Regantes.
El conjunto de Organizaciones agrarias del Estado, así como las Federaciones de Comunidades de Regantes han expresado los enormes problemas que genera la entrada en vigor del Real Decreto- ley 9/2013 y la Orden mencionados. A su vez, dichas
disposiciones revisan también los peajes y primas de las energías alternativas, haciendo inviable que las Comunidades de Regantes se planteen como posible solución la implantación de tecnologías de eficiencia energética en el sector de las energías
renovables para intentar mantener constantes les costes energéticos.
Por todo ello, y con el fin de mejorar los costes energéticos de las actividades agrícolas de regadío en general y de las Comunidades de Regantes en particular, así como garantizar su sostenibilidad, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar, en el plazo de tres meses, la adopción de un conjunto de medidas destinadas de ahorro y eficiencia energética del sector agrícola, y en particular de las comunidades de regantes, las
cuales serán adoptadas por el Ministerios de Industria, Energía y Turismo y por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el objetivo de contribuir a mejorar la competitividad de las actividades agrícolas de regadío. Entre
dichas medidas se contemplará:
1. La posibilidad de contratación de potencia de manera diferenciada para cada mes del año o por tramos del año, ajustada a las necesidades de riego.
2. Adecuar la regulación del autoconsumo en las actividades agrarias mediante la realización de un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre las empresas familiarmente responsables, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Las familias son la base de las relaciones sociales y en la actualidad, son el sustento de muchos españoles que se han visto superados por la actual situación de crisis económica, caracterizada en nuestro país por presentar un elevado índice
de paro.
Ante la realidad descrita es necesario que todos los poderes públicos y la sociedad en su conjunto, diseñen y pongan en marcha medidas que persigan disminuir la tasa de paro y recuperar la situación económica previa a la crisis, todo ello,
sin dejar de lado la obligada protección de las familias, es decir, es hora de establecer políticas que persigan hacer compatibles el trabajo y la familia.
Fruto de esa necesidad, y dentro del abanico de políticas desarrolladas por el Gobierno, fue la puesta en marcha de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, como un proyecto que combinaba tanto el objetivo de fomentar el
empleo joven, como la sensibilidad hacia la conciliación laboral mediante fórmulas como el teletrabajo.
El Gobierno de la Nación ha recogido esta demanda social y por ese motivo, ha puesto en marcha medidas como el programa 'Igualdad y Conciliación', que persigue principalmente que los padres y madres tengan más facilidades para conciliar su
trabajo con la atención a su familia y está diseñando otras como el próximo 'Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres' y el 'Plan Integral de Apoyo a la Familia', que contarán entre sus principales ejes de actuación con la
'conciliación de la vida personal, laboral y familiar y corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares'.
Por otro lado, se está trabajando en el seno del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) en la elaboración de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, que se configurará como el marco
nacional de referencia en dicha materia. Esta Estrategia prevé incorporar mecanismos de fomento de la conciliación personal, familiar y laboral, e involucrar a toda la sociedad en la aplicación de los criterios, principios y valores que la RSE ha
demostrado esenciales para el desarrollo sostenible de la sociedad.
Además del compromiso del Ejecutivo con la conciliación, algunas empresas privadas están apostando por iniciativas que permitan a sus trabajadores compatibilizar la vida laboral y personal, como por ejemplo, adoptando el modelo de empresa
familiarmente responsable.
Este modelo de empresa promueve una nueva cultura del trabajo, incorporando un sistema integral de gestión, que aspira a alcanzar una eficaz conciliación entre la esfera laboral, la familiar y personal de sus empleados, basándose en la
flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuos.
Este sistema de gestión favorece una mejora de la productividad, mediante una concepción del trabajo basado en el rendimiento y la eficacia al margen de la cantidad de horas trabajadas y de la presencia física del trabajador. Todo ello
contribuye a disminuir el absentismo y la rotación laboral, y por tanto, a retener el talento, gracias a una mayor calidad de vida de los trabajadores y a la generación de un clima de paz social en la empresa, beneficios que revierten directamente
tanto en la empresa como en la sociedad.
Asimismo, aunque Gobierno y empresa son agentes económicos distintos, ambos influyen en el devenir de la sociedad, por ese motivo, deben adoptar comportamientos dirigidos a garantizar el bienestar de todos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, instrumentos de apoyo y reconocimiento a aquellas empresas que acrediten ser familiarmente responsables y a plantear nuevas medidas en
el marco de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
regulación de los cigarrillos electrónicos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En los últimos años, en varios países, la comercialización de cigarrillos electrónicos (dispositivos electrónicos de vaporización de nicotina u otras sustancias con forma de cigarrillo) ha crecido muy rápidamente, doblando o triplicando cada
año el número de usuarios.
Los cigarrillos electrónicos son dispositivos con forma de cigarrillo convencional que liberan determinadas dosis de nicotina, sin mediar combustión sino a través de un proceso de calentamiento electrónico de la nicotina (Wayne 2006). La
nicotina es un producto adictivo de consumo humano, por lo que su uso debe estar regulado. Su situación legal en la Unión Europea es poco clara, ya que no es un producto de tabaco, pero tampoco ha pasado los filtros de los productos farmacéuticos,
a pesar de contener nicotina.
Su eficacia, seguridad, utilidad para dejar de fumar, y papel en la prevención y control del tabaquismo son motivo de controversia en la actualidad. Su uso es defendido y denostado al mismo tiempo, mientras que se está incrementando su
utilización en algunos países, aunque también aumenta la controversia sobre su uso.
En relación con su eficacia, son pocos los estudios realizados sobre la eficacia para dejar de fumar y/o disminuir el consumo de tabaco mediante los cigarrillos electrónicos, por lo que no hay suficiente evidencia científica para recomendar
su uso, según la Sociedad Española de Médicos de Familia, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y otras sociedades científicas.
Hay tres aspectos preocupantes de la seguridad del cigarrillo electrónico:
El primero es la cantidad de nicotina liberada en cada inhalación que puede variar. En relación con la seguridad, el estudio de la Agencia de Medicamentos y Alimentos (FDA) de EEUU, ha revelado que la cantidad de nicotina viene determinada
por la carga de los cartuchos que se utilicen, o la concentración del líquido con que sean recargados (por lo general entre 0 mg y 36 mg por gramo). Es decir, hay e-cigs, sin nicotina según el fabricante, en los que se ha detectado la presencia de
nicotina.
En segundo lugar, los cigarrillos electrónicos pueden contener otras sustancias dañinas para la salud (nitrosaminas, o dietinelglicol). Algunas marcas liberan cantidades detectables de nitrosaminas, compuesto cancerígeno que también se
encuentra en el humo de los cigarrillos convencionales y muchos de ellos liberan un compuesto químico llamado dietilenglicol (se usa como anticongelantes en los coches) por lo que no puede afirmarse alegremente que solo liberan 'vapor de agua'.
Los efectos sobre la función pulmonar de los cigarrillos electrónicos son motivo de preocupación, y la FDA ha puesto a los cigarrillos electrónicos bajo vigilancia sobre su eficacia y seguridad.
En tercer lugar, el cigarrillo electrónico puede estimular el hábito de fumar en exfumadores y puede ser una forma de introducir a los jóvenes en el consumo de tabaco. Por varias razones, es de temer que la promoción de estos productos
pueda minar las estrategias en el control del tabaquismo que sí tienen eficacia demostrada.
En relación con la influencia que pueden tener en la prevención y control del tabaquismo, según un reciente posicionamiento del European Network of Smoking Prevention (ENSP), basado en información reciente de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que desaconseja el uso de cigarrillos electrónicos, al menos, hasta que algún organismo regulador competente compruebe su efectividad, seguridad y calidad, recomienda que se informe 'encarecidamente' a los consumidores de que no se ha
probado su utilidad científicamente y, por tanto, no deben usarse.
Por tanto hay bastante unanimidad para considerar que el cigarrillo electrónico:
- No debe ser considerado como un producto comercial ordinario.
- Si se permiten en el mercado, debe ser regulado.
- Si se comprueba su eficacia científicamente como un método para dejar de fumar seguro y efectivo, debe tener una licencia como un producto médico por la Agencia Europea del Medicamento.
- Según la Semfyc existen serias dudas sobre su eficacia, efectividad y seguridad como método para dejar de fumar.
El uso de cigarrillos electrónicos en espacios donde está prohibido fumar puede causar confusión debido a su semejanza con los cigarrillos tradicionales.
En nuestro país se permite su comercialización, pero están en el terreno de la alegalidad o vacío legal. Es difícil de entender que, si estos productos contienen nicotina, no estén regulados como producto farmacológico.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que la AEMPS y el INC en el uso de sus competencias respectivas, inicien de forma inmediata un estudio exhaustivo sobre la composición de estos productos, a fin de poder determinar la existencia de sustancias no declaradas entre sus
componentes y su posible impacto nocivo sobre la salud.
2. Que el próximo CISNS se incluya un punto del orden del día con un informe previo y toma de acuerdo para coordinar con las CC.AA. el uso, la promoción, la venta y la comercialización de los cigarrillos electrónicos en nuestro país.
3. Que hasta que se tomen los acuerdos definitivos, en base a los estudios presentados al CISNS, se adopten medidas en base al principio de precaución, en cuanto a la limitación de su uso, venta y comercialización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Gracia Fernández Moya, Pilar Grande Pesquero, María del Puerto Gallego Arriola, María Consuelo Rumi Ibáñez y José Martínez Olmos, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/002252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la problemática que sufren los artistas plásticos canarios para la movilidad de su producción artística entre Canarias, el resto del territorio del Estado Español y el espacio europeo, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Desde hace décadas los artistas plásticos de Canarias vienen demandando una solución ante los problemas de tipo aduanero y fiscal que sufren para la movilidad de su producción artística entre Canarias, el resto del territorio del Estado
español y el espacio europeo. Estas dificultades les afectan tanto cuando se trata de exponer su obra en otra Comunidad Autónoma, como para su regreso a Canarias, así como también afecta a los artistas procedentes de la Península que pretenden
divulgar su obra en el Archipiélago.
El acceso y disfrute a la cultura es un derecho protegido en nuestro ordenamiento constitucional (art. 44 CE), que recoge como principios generales de la organización territorial del Estado que todos los españoles tienen los mismos derechos
y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libre circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el
territorio español (art. 139 CE). A pesar de ello, la realidad es que el especial régimen fiscal que beneficia a la Comunidad Autónoma de
Canarias conlleva que la circulación de bienes entre la Península y nuestro archipiélago, y viceversa, sean considerados importaciones y exportaciones, dificultad que afecta también a su movilidad por el resto de países de la Europa
comunitaria.
Esta situación, que deriva del tradicional régimen especial de franquicias que se ha venido aplicando a Canarias, perjudica las posibilidades de desarrollo de la creatividad de los artistas de Canarias, ya que su producción, a efectos de su
movilidad por el resto del territorio español y comunitario, se considera como si de un bien comercial más se tratase, y no como un bien cultural. Hasta tal punto resulta perjudicial para el desarrollo de la creatividad artística en Canarias que
muchos creadores han visto obstaculizada, cuando no imposibilita, su capacidad de exponer su obra en ciudades peninsulares y, con ello, las posibilidades derivadas de la lejanía y la insularidad que afectan a la movilidad de cualquier proyecto
cultural desarrollado en el Archipiélago.
En algunos casos, y para tratar de superar las dificultades burocráticas y aduaneras referidas, los artistas optan por desplazarse con su obra como si de su propio equipaje o enseres personales se tratara. Ello, además de producir un efecto
indeseable al contravenir la normativa existente, conlleva riesgo para la integridad de las obras de arte y, en el caso concreto de la escultura, puede limitar, consciente o inconscientemente, al escultor a la hora de concebir y realizar esculturas
cuyo formato resulta más fácilmente transportable, lo que en efecto produce una limitación a su capacidad creativa.
Todo lo hasta aquí expuesto se opone a lo expresado en la Agenda21 de la Cultura y en su Documento de Orientación Política sobre la Cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, que expresamente recoge que 'los gobiernos deben
garantizar el acceso universal a la cultura y a sus manifestaciones, y la defensa y mejora de los derechos de los ciudadanos y la libertad de expresión y el acceso a la información y los recursos'.
Asimismo, resulta afortunado lo expuesto en el Informe Artistas y Derechos de Aduanas, elaborado por la Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales en el año 2005, donde expresamente se cita que 'es necesario que se fomente el arte para
que se produzca arte; es necesario que se produzca arte para que puedan formarse los patrimonios artísticos y es necesario que se difunda el arte para que pueda pasar a formar parte real de la cultura de los pueblos'.
Para que todo esto pueda ser posible en Canarias, se hace preciso superar una situación que no dudamos resulta complejo abordar, pero que requiere voluntad, implicación y compromiso en aras a conseguir, no un privilegio, sino hacer efectivo
el derecho del arte canario a circular libremente, del mismo modo que lo hace el producido en cualquier otra Comunidad Autónoma, partiendo de la base, reiteramos, de que no se trata de un bien comercial, sino de bienes culturales. Concepto, este
último, que aparece claramente recogido en el Documento sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, aprobado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, en su 33.ª reunión celebrada en París, y que fue ratificado por el gobierno español el 18 de diciembre de 2006. Dicho documento, entre otras consideraciones, dice textualmente: '... las actividades, los bienes y los servicios culturales
son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si sólo tuviesen un valor comercial'.
Superar la situación de conflicto actual entre el derecho a la libre expresión artística, el deber de fomento de la cultura y su libre difusión, requiere de la colaboración y cooperación de las distintas administraciones públicas implicadas
en el proceso, ya que el fomento de la Cultura es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, pero las competencias sobre régimen aduanero, arancelario y de comercio exterior recaen de forma exclusiva en el Estado.
El REF siempre se ha conformado como un pilar básico del progreso de Canarias, constituyendo un elemento esencial del acervo histórico. La próxima renovación del REF para el periodo 2014-2020 será primordial y estratégica para Canarias. La
generación y el mantenimiento del empleo, el fomento de la competitividad, la innovación y la financiación de las empresas, la diversificación económica, la apertura al exterior, la compensación de los sobrecostes que soportan las actividades
productivas en las islas y la producción artística como bienes culturales, deben ser nuestro principales retos en la renovación del nuevo REF.
Si somos capaces, con una única voz, de defender estas premisas, con la colaboración del Gobierno de España, primero, y de la Comisión Europea después, estamos ante el instrumento más potente y el revulsivo más intenso que pueda tener
Canarias para afrontar la salida de esta dura crisis económica y el consiguiente descenso del número de parados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En el marco de la nueva negociación del Régimen Económico y Fiscal para Canarias para el periodo 2014-2020, y su desarrollo normativo, considere contemplar a la producción artística como bienes culturales, y no meramente como bienes
comerciales o de mercado, a los efectos de su libre circulación por el territorio del Estado con motivo de su exposición o divulgación.
2. En el marco de esa negociación, mantenga encuentros con los responsables del Gobierno de Canarias para que, entre tanto se consigue dar una solución óptima a la situación que afecta a la movilidad de las artes plásticas en Canarias, se
estudien las medidas adecuadas para facilitar el traslado de las obras de los artistas plásticos fuera de Canarias para su exposición o participación en concursos o acontecimientos culturales de relevancia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la declaración, por parte de la UNESCO,
del arte del bordado en Lorca y su puesta en escena en los desfiles bíblico-pasionales como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO (París, 2003) establece que el patrimonio cultural inmaterial se constituye por los 'usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural'.
El patrimonio cultural inmaterial se caracteriza por ser a la vez tradicional y vivo. Infunde un sentimiento de identidad, es recreado constantemente por las comunidades y transmitido de generación en generación.
Así define y caracteriza la UNESCO el patrimonio cultural inmaterial. El bordado artístico de Lorca entra de lleno en esta aceptación, al ser una tradición 'la del bordado' que sigue viva y es celebrada y vivida por diferentes personas y
grupos, detentando gran relevancia en los procesos de construcción de la identidad colectiva lorquina. Es una manifestación social dinámica y responde a prácticas en continuo cambio y protagonizadas por diferentes individuos como las bordadoras,
los directores artísticos y la asociación cultural de El Arte del Bordado en Lorca y su puesta en escena en sus Desfiles Bíblico Pasionales. Por lo que se trata de un conocimiento y una tradición compartida por una comunidad.
Los bordados artísticos de Lorca son un patrimonio único en lo artístico y de un valor incalculable creando bellísimos matizados en seda y oro. Realizados con técnicas únicas patentadas por las propias cofradías.
En Lorca esta tramitación artesana data de la Edad Media y se ha seguido produciendo y renovando con bordados cada vez más originales e ilustrados hasta llegar a nuestros días.
La máxima representación del bordado artístico de Lorca la encontramos en las distintas prendas que portan los personajes en los desfiles bíblico-pasionales de la Semana Santa lorquina, se trata de obras (túnicas, mantos, banderas...) que
han sido reconocidas por su excelente valor técnico y estético hasta el punto de convertirse en una manifestación cultural única en la Región. Esta suntuosidad y apariencia pictórica de las piezas textiles aportan colorido, brillo y atractivo
artístico a las procesiones.
Las obras bordadas más destacadas y de mayor valor artístico se pueden contemplar todo el año en los Museos de Bordados con los que cuenta la ciudad. En ellos, se puede ver y apreciar el rico patrimonio que han ido atesorando las cofradías
a lo largo del tiempo, lo que permite acercarse a la historia de los Desfiles Bíblicos de Lorca.
Se trata de una técnica que pervive gracias a los talleres de las distintas cofradías así como también a talleres particulares que bordan incluso para otras ciudades. Se trata de un trabajo colectivo especializado, que exige un largo
proceso creativo, en el que intervienen los directores artísticos, autores de los diseños y responsables de la dirección de las obras, y las bordadoras, sobre las que recae el esmerado proceso de ejecución de cada una de las piezas que puede durar
incluso años.
Es por lo dicho y mucho más, por lo que las cofradías que conforman la Semana Santa de Lorca, en colaboración con el Ayuntamiento, se han unido en la asociación 'El Arte del Bordado en Lorca y su puesta en escena en sus desfiles
Bíblico-Pasionales'. Con el objeto de trabajar en la consecución de la tradición del bordado de Lorca como Bien de Interés Cultural, y que el arte del bordado en Lorca forme parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad ante la UNESCO.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la
inscripción de la candidatura del arte del bordado en Lorca y su puesta en escena en los desfiles bíblico-pasionales en la lista Representativa del patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, sin que implique coste adicional alguno
presupuestario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la candidatura de la
'Fiesta del Cascamorras', de Guadix y Baza (Granada), como patrimonio cultural e inmaterial de la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En las localidades granadinas de Guadix y de Baza, separadas entre sí por unos cincuenta kilómetros de distancia, se celebra desde hace más de quinientos años la llamada Fiesta del Cascamorras.
Los orígenes de esta fiesta se remontan a 1490 cuando al iniciar las obras de la Iglesia de la Merced en Baza se encontró una talla de Nuestra Señora de la Piedad, lo que dio lugar a una disputa sobre la posesión del icono acordando dejar la
propiedad de la imagen para Baza y el derecho a celebrar las fiestas al Cabildo de Guadix el 8 de septiembre. Asimismo parece que se alcanzó entonces un acuerdo tácito por el que si un comisionado de la ciudad de Guadix lograba entrar en Baza y
llegar a la iglesia de la Merced sin ser manchado, podría recuperar a la Virgen para Guadix.
Desde entonces cada año los accitanos van de romería a celebrar las fiestas religiosas que por derecho les correspondía. Esta comitiva se trasladaba a Baza acompañándoles un bufón, precursor del 'Cascamorras' actual.
En la actualidad, la celebración del Cascamorras, goza de la condición de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, mediante declaración acordada por Resolución de 30 de enero de 2001, de la entonces Dirección General de Fomento y Promoción
Turística.
Igualmente dicha fiesta fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, mediante Resolución de 6 de junio de 2006, de la Secretaría General de Turismo, órgano dependiente del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. El pasado mes de agosto, la fiesta de Cascamorras de Guadix y Baza fue declarada de Interés Turístico Internacional.
El Grupo Popular comparte la necesidad de proteger esta conmemoración y conviene con el objetivo de impulsar su candidatura como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, merecedora de tal distinción por su trascendencia cultural,
mantenida desde hace más de quinientos años entre las dos poblaciones.
Por todo ello se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la
inscripción de la candidatura de la 'Fiesta del Cascamorras' que se conmemora en las localidades granadinas de Guadix y Baza, en la lista Representativa del patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, sin que implique coste
adicional alguno presupuestario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la aplicación del tramo superreducido del IVA para productos y
servicios culturales, para su debate en la Comisión de Cultura.
La Industria cultural española constituye un motor económico y de crecimiento, representando el 3,2 % del PIB estatal y dando empleo a cerca de 500.000 trabajadores. A estas alturas ya podemos determinar que no es solo la crisis la que está
maltratando a las industrias culturales; es la política del Gobierno destinada a devaluar los salarios y a empobrecer a la sociedad la que está castigando el consumo en general y, específicamente, el consumo de servicios y productos culturales. El
golpe de gracia fue la subida desproporcionada de trece puntos del IVA aplicable al sector cultural a partir del 1 de septiembre de 2012, convirtiendo España en una excepción a nivel europeo, con el IVA cultural más alto de los estados de la
eurozona. Un año después ya podemos medir el impacto de esa medida en el número de salas de cine o de teatro que han cerrado o en la caída de la recaudación.
Según denunciaron el pasado 2 de agosto los representantes de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española (que agrupa a la Asociación de Promotores Musicales de España, APM, la Asociación de Representantes
Técnicos del Espectáculo, ARTE, la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, FAETEDA, la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, FAPAE, y la Federación de Empresarios de Cine de España, FECE, entre
otras), el impacto del incremento desproporcionado del IVA ha supuesto la pérdida de 4.226 empleos directos, el cierre de un 20 % de empresas y la pérdida de 43 millones de espectadores.
Según los datos que aporta el informe sobre el impacto del incremento del IVA en las artes escénicas de septiembre de 2012 a agosto de 2013, de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA), la recaudación en
relación con el mismo período del año anterior descendió un -26,04 % y la recaudación neta un -33,99 %, dejando de ingresar 84.122.183 euros, mientras el número de espectadores descendía un -29,01 % (siendo de un -21 % en Madrid y Barcelona y de un
-42 % en el resto de España). Se estima que el sector de artes escénicas ha perdido 1.800 puestos de trabajo directos. El informe concluye que la subida del IVA en artes escénicas ha tenido un impacto negativo sobre la recaudación global de
impuestos (IRPF, incluido derechos de autor, y Sociedades) y Seguridad Social, que se ha reducido en 40.032.613,18 euros, mientras que por IVA solo se han recaudado 14.507.755,41 adicionales, apenas la mitad de lo estimado a priori.
Por su parte, según datos aportados por la Federación de Empresarios de Cine de España (FECE), de septiembre de 2012 a marzo de 2013, la taquilla neta en las salas de cine se ha reducido en un -5,3 %.
Debido al impacto del IVA, a lo largo de 2012 han cerrado 141 pantallas de cine y 17 complejos cinematográficos, perdiéndose un 12,7 % del empleo en el sector de salas de cine. El consumo se ha centrado en las grandes superproducciones,
reduciéndose la taquilla de las películas europeas o independientes. En los primeros siete meses desde la entrada en vigor de la subida del IVA, la taquilla neta en la Península y Baleares caía un -8,92 %, mientras que crecía un +5,13 % en las
Islas Canarias, donde el impuesto especial IGIC solo había subido dos puntos. Asimismo, mientras en la península y Baleares el número de espectadores se mantenían estables con un +0,92 %, en las Canarias la afluencia a las salas de cine aumentaba
un +10,32 %, demostrando la relación directa entre el impuesto y el número de espectadores.
Recientemente tanto la Plataforma en Defensa de la Cultura, que agrupa a 43 asociaciones y colectivos, como la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras del Espectáculo, que agrupa a 16 asociaciones, se han movilizado reclamando la
reducción del IVA para los productos y servicios culturales.
Desde el primer momento el GP. La Izquierda Plural nos opusimos a la subida del IVA con carácter general y con carácter específico en cuanto a su aplicación al sector cultural. Y en el reciente debate sobre los Presupuestos Generales del
Estado para 2014, hemos defendido que se aplique el tipo superreducido del 4 % a los productos y servicios culturales, como ya ocurre con el libro en papel (y el libro digital en soporte físico) y como también está ocurriendo con las industrias
culturales en los Estados del entorno europeo. (Luxemburgo, 3 %, Chipre y Malta, 5 %, Francia, 5,5 %, Bélgica y Holanda, 6 %, Grecia, 6,5 %, Alemania, 7 %, Eslovenia, 8,5 %, Irlanda, 9 %, Italia y Austria, 10 %,...). Un año después ha llegado el
momento de que el Gobierno corrija el error, en lugar de empecinarse en él.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reformar el Impuesto sobre el Valor Añadido para aplicar a los productos y servicios culturales el tipo superreducido del 4 %.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre la mejora de la movilidad en el Camino de Santiago, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Durante los últimos años y a raíz del nombramiento del Camino de Santiago Francés como Itinerario Cultural Europeo (1987) y su declaración como Patrimonio de la UNESCO (1993) por el Consejo de Europa, la afluencia de peregrinos se incrementa
año tras año existiendo muchas y diversas maneras de transitarlo, como pueden ser a pie, en bici, a caballo o en coche. Hay mil formas, a veces novedosas e incluso pintorescas.
Además, este tránsito continuo tiene una mayor afluencia en los meses de primavera y verano y en ocasiones se convierte en un verdadero caos para la movilidad a lo largo de sus 750 kilómetros, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela.
Sólo el pasado año 2013 las administraciones implicadas calcularon que unas 75.000 personas circularon por esta ruta.
Como se recordará, el trazado del Camino de Santiago discurre por diversas vías de distinta titularidad, del Estado, de la Comunidad Autónoma, de las Diputaciones, caminos forestales o travesías urbanas de titularidad municipal.
En este sentido, y al ser distintas administraciones las responsables de este itinerario, la diferencia que se percibe al transitar por tramos de una u otra titularidad es cuanto menos llamativo y a menudo comparativamente agraviante, ya que
en cuestión de metros (dependiendo de su titularidad) se pasa de tramos perfectamente adaptados con sendas para caminantes, carriles para bicicletas y aceras para peatones; a otros por el contrario, que discurren por carreteras nacionales y
autonómicas en las que ni siquiera existen arcenes que den seguridad al peregrino, y a la vez, al tráfico rodado que circula por ellas.
Así, para conseguir la tan deseada 'Compostela' -documento que acredita que el peregrino ha hecho el recorrido necesario- no todos ellos efectúan el camino en su totalidad, sino que depende de los kilómetros necesarios, del tiempo disponible
del viajero o de la disponibilidad económica. Por eso, hay zonas donde se produce mayor afluencia de peregrinos y como consecuencia la movilidad más complicada e insegura, concretamente esto ocurre en las etapas que unen El Bierzo con Santiago de
Compostela.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista considera prioritario garantizar una movilidad segura y eficaz en este Itinerario Cultural Europeo, espejo de España al mundo y paso continuado de razas, culturas, lenguas, religiones.
Además, no podemos olvidar que el Camino de Santiago es un motor económico y cultural que genera riqueza a municipios donde la industria brilla por su ausencia y la despoblación está esquilmando comarcas enteras.
Considerando lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha un plan que aglutine a las distintas administraciones implicadas a fin de mejorar la movilidad, la seguridad y el tránsito, tanto del peregrino como de los demás usuarios de las vías en el Camino de Santiago.
2. Habilitar una partida presupuestaria para los municipios transitados para mejora de la movilidad en los tramos que discurran por dicho municipio, para que dicha mejora no dependa exclusivamente de las posibilidades o prioridades
económicas de cada uno de los municipios.
3. Colaborar para aunar criterios en infraestructuras de manera que, independientemente de la titularidad y del tipo de vía se garantice la seguridad de los usuarios, promoviendo la construcción de nuevas vías donde no las haya y
garantizando el mantenimiento las existentes.
4. Adecuar la señalización homogeneizándola y mejorándola.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre 2013.-María Luisa González Santín, Helena Castellano Ramón, Julio Villarrubia Mediavilla, Albert Soler Sicilia, María Virtudes Monteserín Rodríguez, Laura Carmen Seara Sobrado, María del
Puerto Gallego Arriola, Juan Moscoso del Prado Hernández, César Luena López y Vicente Guillén Izquierdo, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
incentivar el uso de las advertencias ópticas (intermitentes) por los conductores españoles, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Dirección General de Tráfico ha desarrollado a lo largo de los últimos años una serie de campañas de prevención de accidentes y de divulgación y educación vial que no pueden por menos que considerarse como muy exitosas vistos los
resultados en términos de disminución de accidentes y, lo más importante, en la constante disminución de pérdidas de vidas humanas.
Sin duda ha contribuido a ello, la concienciación de los ciudadanos que cada vez han sido más conscientes de su responsabilidad a la hora de conducir un vehículo, haciéndolo de manera responsable y con utilización de los mecanismos a su
alcance que ofrecen la mejoría, también evidente, de los vehículos.
Ello no obstante, es fácil comprobar de manera cotidiana y cada vez más normal como los conductores olvidan utilizar los intermitentes de sus vehículos para avisar al resto de conductores de la maniobra que pretenden realizar. Ello conlleva
peligro para todos los conductores implicados sin que parezca que lleve a la conciencia de los mismos la necesidad de usar los mecanismos para aviso, como son los intermitentes.
La regulación de utilización de advertencia de las maniobras que debe utilizar el conductor se halla regulado en el actual Código de Circulación en sus artículos 108 y 109 en cuanto a la obligación de advertencia de las maniobras y cómo
deben usarse las advertencias ópticas.
Parece claro que es urgente llevar a la conciencia de los conductores la necesidad de usar los mecanismos de advertencias ópticas en el aviso de maniobras y, visto el éxito que la Dirección General de Tráfico ha tenido con sus campañas de
divulgación, educación vial y prevención de accidentes, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las campañas necesarias de educación/seguridad vial para concienciar a los conductores de cumplir el Código de Circulación en cuanto a la utilización de los mecanismos de
advertencias ópticas (intermitentes), como aviso de las maniobras a realizar con sus vehículos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Teresa Cunillera Mestres, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de ley sobre
ampliación y mejora de los exámenes para determinar las capacidades visuales, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El miércoles 26 de junio compareció en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados don Javier Cañamero Martín, Presidente de la asociación Visión y Vida y entre otras cuestiones planteó lo siguiente:
En seguridad vial cuentan los vehículos, cada vez más seguros, las infraestructuras, también más seguras, y los conductores, entre los que se han instaurado mejoras en su comportamiento, pero faltan avances en la identificación y control de
las condiciones psicofísicas necesarias para una conducción óptima y segura. El 90 por ciento de la información necesaria para la toma de decisiones sobre la conducción el conductor la recibe a través de la vista.
En enero de 2011 la asociación Visión y Vida hizo público el estudio: 'El estado de la visión de los conductores españoles'.
De los resultados del estudio que han llevado a cabo, se desprende las siguientes conclusiones: cierta alarma en el sentido de constatar que alrededor de seis millones de conductores, es decir, un 24,4 por ciento, están afectos de, al
menos, una deficiencia visual y que algo más de un millón de conductores no debería conducir.
Y por ello hacen recomendaciones respecto a la normativa actualmente existente en relación a los valores de corte para el campo visual, el deslumbramiento y la capacidad visual, a la vez que creen necesario más rigor en los exámenes visuales
y que estos sean más exhaustivos.
Así mismo proponen introducir medidas de capacidades, que no se tienen en cuenta y que deberían ser valoradas, especialmente referidas a estudio de la sensibilidad al contraste, la estereoagudeza, la agudeza visual de cerca y la miopía
nocturna.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar la normativa actual en el sentido de mejorar los exámenes de las capacidades visuales, de la tolerancia al deslumbramiento y del campo visual, modificando los valores de corte.
2. Introducir la medida de capacidades que actualmente no se tienen en cuenta y que deberían ser valoradas: estereoagudeza, agudeza visual de cerca y visión nocturna.
3. Establecer restricciones a la conducción para aquellos conductores que presenten déficits visuales que no se puedan corregir.
4. Modificar la reglamentación de los centros autorizados para el reconocimiento de conductores en el sentido de realizar los exámenes más rigurosos y más exhaustivos.
5. Promover campañas de sensibilización, desde la DGT y en colaboración con organizaciones, de los conductores sobre la importancia de controlar las capacidades visuales en la conducción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 diciembre de 2013.-Guillén García Casulla y Carlos Corcuera Plaza, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para posibilitar una real y efectiva creación y mantenimiento de empleo de personas con discapacidad cuando las empresas eligen la opción de suscribir esa medida alternativa con Centros Especiales de Empleo, para su debate en
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, establece en su artículo 38.1: 'Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el
2 por ciento sean trabajadores minusválidos. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de
contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores minusválidos que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o
privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal'.
Por otro lado, la LISMI establece, en su artículo 38.2: 'De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación
colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83, números 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente'. Dichas medidas
alternativas se encuentran recogidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.
Actualmente las medidas alternativas, que se supone son excepcionales, se están convirtiendo en el principal método de cumplimiento de la obligación impuesta por el primer apartado del artículo 38, puesto que se puede formalizar cualquier
tipo de contrato de suministro y servicios con un centro especial de empleo, sin que el objeto del contrato tenga relación directa con la mano de obra empleada en su realización por parte de trabajadores con discapacidad.
De tal forma que, para explicarlo de una forma gráfica, se contrata el suministro de cestas de Navidad en lugar de contratar trabajadores con discapacidad o, un servicio de agencia de viajes todo incluido, en lugar de cualquier otro servicio
realizado por trabajadores con discapacidad.
Por ello, es necesario que se establezca que la posibilidad que tiene la empresa obligada a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, puede ser sustituida mediante la realización de una medida alternativa, siempre que la ejecución
de esta medida alternativa suponga una real y efectiva creación y mantenimiento de empleo de personas con discapacidad cuando se elige la opción de suscribir esa medida alternativa con Centros Especiales de Empleo.
El propio Gobierno, en la Memoria del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2014, recoge que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social menciona que la adopción de las Medidas Alternativas es una opción que está 'utilizada de forma
creciente'.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de UPyD presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno realizar las modificaciones legales necesarias para regular las medidas sustitutorias de la obligatoriedad de contratar trabajadores con discapacidad que tienen las empresas. Dicha regulación
contemplará que cuando las empresas recurran a los Centros Especiales de Empleo sigan manteniendo de forma efectiva la misma proporción de contratación de personas con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la necesidad de instalar avisadores sonoros en los semáforos para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad.
Exposición de motivos
Lograr la accesibilidad universal entendida en su sentido más amplio y comprensivo es uno de los grandes retos en el proceso de inclusión, normalización y plena ciudadanía de las personas con discapacidad. Todas las organizaciones, públicas
y privadas, están convocadas a este compromiso colectivo que no admite ni demoras ni pretextos.
En los últimos años nuestras ciudades y pueblos han ido adoptando medidas que mejoran la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, facilitando su movilidad para que, por ejemplo, ir en silla de ruedas o con un
perro guía no suponga una carrera de obstáculos.
La problemática que supone para las personas ciegas y con deficiencias visuales efectuar los cruces regulados por semáforos sin la ayuda de otros peatones sin discapacidad visual, ha motivado el diseño de mecanismos acústicos que faciliten
el tránsito de este colectivo de personas. Entre otras medidas, se han instalado semáforos que cuentan con avisador sonoro, un dispositivo que emite una señal acústica audible con la finalidad de informar a las personas con discapacidad visual del
momento en el que pueden cruzar la calzada con seguridad; es decir, cuando el semáforo para el peatón está en verde.
En el año 2010 el IMSERSO suscribió un convenio de colaboración con la FEMP, la Fundación ONCE y el CERMI para la promoción de la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito local que, entre otras actuaciones, permitió crear el
Observatorio de la Accesibilidad Municipal para conocer la situación en cuanto a la accesibilidad universal en los municipios españoles, así como, los avances producidos en esta materia.
Este Observatorio realizó en 2011 una evaluación que pone de manifiesto que, aunque hemos mejorado sensiblemente en la aplicación de criterios de accesibilidad, todavía existen muchas barreras que impiden o dificultan que las personas con
discapacidad puedan acceder a los mismos y a los servicios que ofrecen en condiciones de igualdad.
Del total de semáforos evaluados, un 67,6 % no poseía avisador acústico. La inexistencia de pasos de peatones con semáforo y avisador sonoro conlleva para personas con discapacidad visual la imposibilidad de realizar el cruce en condiciones
plenas de seguridad, teniendo que depender de otras personas. El informe destaca que este dato reviste especial gravedad si se compara con el bajo coste de esos sistemas de aviso.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE y el CERMI, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para que los semáforos cuenten con avisadores
sonoros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.-Joan Ruiz i Carbonell y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001457
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Piensa el Ministerio de Industria considerar la modificación del trazado de la 'Línea aérea de transporte de energía eléctrica de 400 kV, doble circuito, Fontefría-Frontera Portuguesa, en la provincia de Pontevedra' a su paso por el
municipio de Arbo, atendiendo así a la petición efectuada por la corporación municipal de dicho ayuntamiento en base a los perjuicios que ocasionaría mantener el trazado seleccionado por la empresa Red Eléctrica Española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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