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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 375, de 13/12/2013
cve: BOCG-10-D-375
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de diciembre de 2013
Núm. 375
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas .... (Página3)
GRUPO PARLAMENTARIOS
010/000008 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre un Programa de Compensación de Daños por acontecimientos adversos con Vacunas en España (PCDV) ...
162/000793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los cuidados paliativos en España ... (Página5)
162/000794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización de la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente ... (Página6)
162/000795 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre prohibición de la importación, fabricación, venta y uso de cigarrillos electrónicos en España ...
162/000796 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la privatización de AENA ... (Página8)
162/000797 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para poner fin a las devoluciones ilegales en frontera ... (Página9)
162/000798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para promover una nueva política hacia los nuevos españoles ... (Página11)
162/000799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al voto de los españoles residentes en el extranjero ... (Página13)
162/000800 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre adopción de medidas para gestionar con eficacia y seguridad la frontera de Melilla ... (Página14)
162/000801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la moratoria de pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las
Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro ... (Página15)
162/000802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los derechos y la estabilidad laboral de los trabajadores de la Base de Morón (Sevilla) ... (Página16)
162/000803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el apoyo al sector del atún rojo ... (Página20)
162/000804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre energías renovables ... (Página21)
162/000805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, contra las comisiones abusivas de bancos y cajas ... (Página23)
162/000806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre exclusiones sanitarias en España tras el Real Decreto-ley 16/2012 ... (Página24)
162/000807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas ante los daños causados por las tormentas de granizo en la provincia de Almería ... (Página25)
162/000808 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la elaboración de un Programa Estatal de Prevención y Diagnóstico precoz del VIH/SIDA ... (Página26)
162/000809 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede ... (Página27)
162/000810 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al rechazo y condena de todo tipo de actos violentos ... (Página30)
162/000811 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre concesión de la nacionalidad española a los sefardíes ... (Página30)
162/000812 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la retirada del Plan Estratégico de Navantia ... (Página31)
162/000813 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al proceso de venta de NCG ... (Página33)
162/000814 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la asignación tributaria del 0,7% del IRPF destinada a otros fines de interés social de carácter ambiental ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
PIGEM I PALMÉS, M.ª Mercè 03-12-2013
Alta:
SAYÓS I MOTILLA, Maria Carme 10-12-2013
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Barcelona:
SAYÓS I MOTILLA, Maria Carme CiU
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: SAYÓS I MOTILLA, Maria Carme.
Circunscripción: Barcelona.
Número: 386.
Fecha: 4 de diciembre de 2013.
Formación electoral: CiU.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000008
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
(010/000004)
Número de miembros al 10 de diciembre de 2013: 16.
Baja:
PIGEM I PALMÉS, M.ª Mercè 03-12-2013
Alta:
SAYÓS I MOTILLA, Maria Carme 10-12-2013
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un Programa de
Compensación de Daños por acontecimientos adversos con Vacunas en España (PCDV), para su debate en Pleno.
Durante la segunda mitad del siglo XX la vacunación se consolida como exitosa medida preventiva.
Los diferentes países fueron tomando decisiones respecto a sus objetivos de inmunización, elaboración de calendarios vacunales o financiación de los programas.
La emergencia de nuevas consideraciones y responsabilidades sociales y la necesidad de una divulgación pública más completa de los costes en la prevención de enfermedades. Años después volvía a expresar 'la necesidad de un sistema
equitativo de compensación a los receptores de vacunas inevitablemente dañados por las mismas'.
Se han identificado un total de 19 países que cuentan con este tipo de programas. Alemania (1961) y Francia (1964) fueron los pioneros en implementar un PCDV, siguiéndoles durante la década de los setenta otros 7 países, 4 más durante los
años ochenta, 3 en los noventa, completando el conjunto, ya en el siglo XXI, 3 países más, el último de ellos en 2005. La mayoría de estos programas se radican en países europeos.
Es significativo que la puesta en marcha de algunos de estos programas compensatorios haya ido precedida de algún episodio de preocupación o alarma ante los efectos ocasionados por una vacuna.
Los diferentes PCDV guardan elementos comunes, como han puesto de manifiesto varios autores: administración y financiación (entes gubernamentales, participación de la industria, esquemas mixtos, tasas por dosis de vacuna), criterios de
elegibilidad (los tipos de vacunas cubiertas varían y pueden incluir las del calendario vacunal, adultos, viajeros, ocupacionales), procedimiento y toma de decisiones (comisiones ministeriales, de salud pública, grupos de expertos, comités de
evaluación mixtos, Corte Federal), pruebas requeridas (causa probable, relación causa-efecto, probabilidad razonable, balance de probabilidades, probabilidad preponderante), elementos de compensación (costes médicos, discapacidad, rehabilitación,
pensión, salarios perdidos), derechos de litigación (posibilidad o no de apelar y reclamar por la vía penal).
Hay que aceptar el hecho de que en España hay una polémica abierta que pone en cuestión algunas vacunas, haciendo el énfasis en la preocupación sobre su seguridad, su coste-eficiencia o la debilidad de su evidencia científica.
La administración estatal debería tomar la iniciativa de poner un PCDV en España. Lo justifican, responsabilidad política, disminuir la preocupación pública o contribuir a la equidad.
Las recomendaciones para implantar un PCDV, reforzando el buen nivel de aceptabilidad general de las vacunas en el país. La estructura administrativa debe estar fortalecida por la participación de la judicatura y garantizada por la ausencia
de conflictos de intereses.
La elaboración de una lista de daños compensables, articulación del fondo compensatorio, que con una participación a partes iguales entre la administración y la industria.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La puesta en marcha de un Programa de Compensación de Daños por efectos adversos de las vacunas (PCDV).
2. Entre otras medidas, dicha PCDV contemplaría:
a) Lista de daños.
b) Una estructura administrativa.
c) Toma de decisiones.
d) Un fondo compensatorio.
e) El derecho de litigación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los cuidados
paliativos en España, para su debate en Pleno.
Uno de cada tres pacientes españoles morirá con 'un dolor intenso' por falta de cuidados paliativos.
La prevalencia del dolor en personas que sufren enfermedades terminales en España: Doscientas cincuenta mil personas requieren anualmente esta atención en España, de las que la mitad necesitan equipos especializados. Cerca del 60% de los
enfermos en fase terminal puede presentar dolor y entre el 30 % y 35 % de los casos, este puede llegar a ser 'grave o severo'.
Pero a veces el sufrimiento emocional es peor que el físico.
En el 30 % de los casos, los pacientes en fase avanzada puede sentir desánimo y en el 43 %, 'niveles elevados de angustia' que necesitan el apoyo de profesionales. Además, los cuidadores y familiares también necesitan atención.
Por otro lado, entre 1.000 y 2.000 menores necesitarían cuidados paliativos en España, solo el 20 % goza de cobertura de este servicio.
Solo la mitad de los pacientes con enfermedades en fase avanzada en España recibe los cuidados paliativos que necesita, pero más de 125.000 pacientes necesitan cada año personal especializado porque su situación es mucho más compleja.
Actualmente, España necesita 1.500 médicos expertos en cuidados paliativos, con formación avanzada. De 43 facultades de medicina, solo la mitad imparten asignaturas optativas de Paliativos y únicamente hay seis con programas formativos
obligatorios. En España hay 400 unidades de equipos especializados en cuidados paliativos, son solo la mitad de lo que se necesitaría para poder fallecer sin dolor.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que evalúe la estrategia de cuidados paliativos.
2. Que aumente el número de equipos especializados, que hoy son tan solo la mitad de los necesarios en adultos y el 20 % en niños.
3. Que mejore la formación básica y especialización de expertos en cuidados paliativos.
4. Relance el apoyo presupuestario o la estrategia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización de la
Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente, para su debate en la Pleno.
Exposición de motivos
La seguridad del paciente es considerada una cuestión prioritaria en las políticas de calidad de los sistemas sanitarios, una actividad cada vez más compleja y especializada que entraña riesgos asistenciales y en la que no existe un sistema
capaz de garantizar la ausencia de eventos adversos, pues es el resultado de la combinación de factores inherentes al propio sistema, mejoras tecnológicas y actuaciones de naturaleza humana.
Los efectos no deseados secundarios a la atención sanitaria representan una causa de elevada morbilidad y mortalidad en todos los sistemas sanitarios desarrollados. A las consecuencias personales en la salud de los pacientes por estos daños
hay que añadir el elevado impacto económico y social de los mismos.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en diciembre de 2011, alrededor del 10 % de los pacientes ingresados en hospitales sufren algún efecto adverso (EA) como consecuencia de la
atención sanitaria, el 50 % de estos efectos adversos podrían haberse evitado aplicando prácticas seguras de efectividad demostrada.
La seguridad del paciente se sitúa en el centro de todas las políticas sanitarias de los países desarrollados y de diversas organizaciones internacionales, entre las que especialmente destacan la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Comité de Sanidad del Consejo de Europa, la Comisión Europea y diversas agencias e instituciones académicas. Estas instituciones han venido desarrollando estrategias, planes, acciones y medidas
legislativas con el fin de controlar los eventos adversos evitables en la práctica clínica.
En el ámbito interno, la ley 16/2003 de Cohesión y Calidad incluyó la seguridad de los pacientes como una de las estrategias destacadas en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. La Estrategia en seguridad del paciente viene
desarrollándose desde el año 2005 en colaboración con las Comunidades Autónomas, respetando y complementando las acciones que cada una de ellas desarrolla en el ejercicio de sus competencias.
En una línea de trabajo similar, la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que depende del Ministerio de Sanidad, convocó una reunión de expertos en febrero de 2005 con el objetivo de mejorar la identificación de los
problemas relacionados con la seguridad de los pacientes y la gestión de los riesgos sanitarios en el Sistema Nacional de Salud, así como la priorización de los puntos críticos y la definición de estrategias de intervención. Organización, cultura,
formación, sistemas de información y registro, evaluación, participación ciudadana, marco jurídico e investigación, fueron los puntos críticos destacados por los expertos durante el citado encuentro, en el que se propusieron planes de intervención a
corto, medio y largo plazo que la Agencia de Calidad condensó en la Estrategia en Seguridad del Paciente.
En diciembre de 2011, la Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad de la Agencia de Calidad, publicó el 'Desarrollo de la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente', un documento de balance sobre el trabajo realizado y el nivel de
cumplimiento de los objetivos establecidos seis años y diez meses antes.
El informe concluye que la actividad desarrollada, integrada en el Plan de Calidad para el SNS, ha permitido impulsar numerosas iniciativas alineadas con las recomendaciones internacionales y encaminadas hacia la consecución de mejoras en la
seguridad de los pacientes. Se han elaborado programas de formación, difusión del conocimiento y cultura -conferencias, cursos 'on-line', publicaciones e incluso un máster-, y se ha puesto en marcha un sistema de notificación de eventos adversos y
análisis e implementación de prácticas seguras -higiene de manos, identificación inequívoca de pacientes, uso seguro de medicamentos, cirugía segura y unidades de gestión de riesgos- que han generado importantes avances en el SNS.
No obstante, el propio Ministerio de Sanidad reconoció la necesidad de continuar promoviendo proyectos en coordinación con las Comunidades Autónomas, las sociedades científicas y otros organismos, tanto nacionales como internacionales, para
impulsar y evaluar prácticas clínicas seguras desde la concienciación de los profesionales y la implicación de los pacientes.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial del SNS celebrado el 21 de marzo de 2013 en materia de
seguridad de los pacientes, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actualizar la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente en coordinación con las Comunidades Autónomas, los profesionales sanitarios y los pacientes, orientándola hacia la prevención de
los efectos adversos y evaluando su impacto en el Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la prohibición de la importación, fabricación, venta y uso de
cigarrillos electrónicos en España, para su debate en el Pleno.
La presente iniciativa tiene por objetivo acabar con el vacío legal que rodea a los cigarrillos electrónicos, cuyo uso no está regulado en España, a pesar de que las ventas no han dejado de aumentar en los últimos meses. Efectivamente, el
Ministerio de Sanidad no ha regulado todavía en firme el uso de los cigarrillos electrónicos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja su uso 'hasta que no haya datos que demuestren que son productos seguros, eficaces y de
calidad aceptable, y que esto esté certificado por un organismo regulador nacional competente'. La ausencia de regulación es paradójica, dado que se trata de un producto en auge y cada vez más extendido que ha poblado de establecimientos de venta
todas las ciudades españolas, sin que siquiera esté prohibido su venta a los menores. En España, ni el Comisionado para el Mercado de Tabacos, ni el Ministerio de Hacienda ni en el Ministerio de Sanidad dicen tener datos sobre el consumo de estos
pitillos, tampoco sobre la proliferación de tiendas que los venden.
Los pitillos electrónicos llevan una resistencia que calienta un líquido para generar un vapor que se absorbe como si fuera humo. Suelen llevar nicotina, agua, aromas y sustancias cancerígenas como el formaldehído o las nitrosaminas, que
varían según el fabricante. Además, no está demostrado que estos cigarrillos constituyan una ayuda efectiva para dejar de fumar. Sin embargo, su consumo ha aumentado de forma exponencial. En Europa, las ventas ascendieron a 500 millones de euros
en 2012 y las ventas totales mundiales de este producto alcanzarán los 2.000 millones de euros en 2013. En Estados Unidos superaron los 300 millones de dólares en 2011 y se duplicaron al año siguiente. Goldman Sachs estima que, en 2013, alcanzarán
los 1.000 millones de dólares. Y muchos analistas auguran que en un máximo de 10 años, el consumo de estos cigarrillos superará al de los convencionales.
Estos cigarrillos pueden suponer para las tabacaleras una magnífica vía para retener el hábito de fumar entre los que quieren desengancharse, volver a socializar el consumo de tabaco en espacios cerrados e incluso hacer más atractivo el
fumar para los jóvenes. Si fuera así, su venta libre echaría por tierra los avances conseguidos con la aprobación de la primera ley antitabaco, en 2005, y su posterior modificación, en 2010.
Francia decretó en mayo de 2013 la prohibición de usarlos en todos los sitios en los que está prohibido fumar tabaco convencional. Fue el primer gran país europeo que estableció este tipo de prohibición. Otros países han prohibido por
completo la venta y uso de cigarrillos electrónicos; es el caso de Grecia, Lituania, Australia, Brasil, Panamá o Singapur. En Canadá se prohíbe su importación. En Italia, Sanidad anunció a principios de julio de 2013 que quería prohibir su uso en
los colegios y no se permite su venta a menores de 16. Malta lo regula como un producto de tabaco -se puede comprar en estancos- pero prohíbe su uso en espacios públicos cerrados, en bares, restaurantes y en los lugares de trabajo. En Reino Unido,
Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Hungría, Holanda, Rumania, Eslovaquia y Suecia, el cigarrillo electrónico se equipara a un medicamento para dejar de fumar, regulándose igual que otros productos parecidos como los parches o chicles
de nicotina. En Bélgica y Luxemburgo, si el cigarrillo electrónico contiene extracto de tabaco se considera un producto de tabaco. Si solo contiene nicotina se regula como un medicamento para dejar de fumar.
En España, el Gobierno catalán prohibirá el uso de estos dispositivos en todas sus dependencias, incluidos los centros educativos. Tampoco se podrá 'vapear' -como se conoce el acto de fumar estos cigarrillos- en hospitales y centros de
salud de la red pública. El Departamento catalán de Salud quiere ir todavía más lejos y conseguir que el Parlamento autónomo apruebe aplicar a estos cigarrillos la misma legislación que al tabaco, lo que supondría prohibir su uso en locales
públicos cerrados, como bares y restaurantes.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular la importación, fabricación, venta y uso de los cigarrillos electrónicos en España.
2. Promover la prohibición de fumar cigarrillos electrónicos en lugares públicos cerrados, aplicando a este producto las mismas normas que rigen el consumo de tabaco convencional.
3. Promover, al menos, las siguientes restricciones a estos productos:
a) la prohibición de la venta a menores,
b) la prohibición de la publicidad,
c) la prohibición de fumar en centros educativos, hospitales y centros de salud,
d) la prohibición de los cigarrillos electrónicos que contengan más de 30 mg/ml de nicotina,
e) la obligación de los fabricantes e importadores de proporcionar a las autoridades competentes una lista de todos los ingredientes que contienen,
f) la consideración de los cigarrillos electrónicos como medicamentos.
4. Mantener, sin excepción alguna, la prohibición de fumar tabaco, tal y como plantea la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de
la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la privatización de AENA, para su debate en el Pleno.
La intención del Gobierno de privatizar AENA Aeropuertos, filial 100 % de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), cuenta ya con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Privatizaciones, un
organismo ciertamente desprestigiado que ya avaló las inviables privatizaciones de Loterías y Apuestas del Estado y de las sociedades concesionarias de Barajas y El Prat. Todo parece indicar que dicho Consejo es el encargado de legitimar los
procesos privatizadores de los gobiernos de turno al margen del interés general.
La prestación del servicio aeroportuario con criterios estrictamente mercantiles puede conducir a que el coste implícito de las privatizaciones recaiga sobre la calidad de los servicios y las condiciones laborales, generando la sustitución
del monopolio público por un monopolio privado. La rentabilidad del capital privado puede pretender asegurarse aumentando las tasas para incrementar los ingresos manteniendo el mismo nivel de inversiones, reduciendo las inversiones con el
consiguiente empeoramiento de la calidad y seguridad del servicio, o recortando las condiciones laborales de los trabajadores 'privatizados'.
Desde un modelo de Estado descentralizado existe una alternativa que consiste en la colaboración desde lo público. Esto no supone otra cosa que una colaboración entre diferentes administraciones (central-autonómica-local) en la gestión del
modelo aeroportuario que permita, manteniendo unos estándares mínimos de calidad homogéneos, acercar la toma de decisiones a las instituciones más próximas a los ciudadanos.
Frente a la privatización, este modelo garantiza la transparencia y la participación en la toma de decisiones, la no dependencia de las estrategias del mercado a la hora de prestar el servicio público, la garantía de seguridad,
accesibilidad, universalidad y la continuidad y estabilidad de la prestación del servicio.
Además, la privatización de AENA puede suponer un freno al desarrollo económico y social de los entornos aeroportuarios y dejar sin efecto la participación de los comités de coordinación aeroportuarios, ya que primarán los intereses de los
inversores sobre el desarrollo social y económico de los territorios. El proceso privatizador de AENA, entidad pública que financia su actividad con recursos propios, no considera su valor como infraestructura vertebradora social, territorial y de
desarrollo económico.
Por lo que conocemos sobre el calendario que baraja el Gobierno para la privatización, los porcentajes de las colocaciones de capital y las valoraciones por el 100 % de AENA, podríamos encontrarnos con que el ingreso para las arcas del
Estado apenas llegaría a los 3.000 millones de euros en el mejor de los casos, ya que si el precio final de la privatización es inferior al montante de la deuda de la empresa la operación también podría saldarse sin ingreso alguno.
Así, se entregaría a precio de saldo a empresas privadas unos activos públicos de gran valor. Estamos hablando de una red de 47 aeropuertos y helipuertos en España, entre los cuales se encuentran Barajas y El Prat que están incluidos entre
los 10 de mayor tráfico en Europa, de 18 aeropuertos en América Latina y de la recién adquirida terminal de Luton, el cuarto aeropuerto de Londres.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar cualquier proceso privatizador y asegurar la gestión pública directa de las infraestructuras aeroportuarias del Estado.
2. Establecer un nuevo modelo descentralizado de gestión de los aeropuertos que disponga de los recursos materiales y humanos necesarios para hacer realidad un servicio público seguro y de calidad, y que garantice la cohesión social y
territorial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para poner fin a las devoluciones ilegales en frontera, para su debate
en Pleno.
Según estimaciones de expertos y ONG, basados en datos facilitados por Interior, 5.000 inmigrantes han sido expulsados de forma ilegal desde que en 2001 empezaran estas prácticas.
Los expertos en inmigración y las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos a ambos lados de la frontera sur de Europa, estiman más de 5.000 inmigrantes, en su mayoría de origen subsahariano, han sido expulsados sin
respetar la ley, y sin los trámites administrativos oportunos, en los doce años que lleva realizándose esta práctica por parte de la Guardia Civil.
Incluso hace unos meses, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) solicitaba a la Fiscalía que dijera si las devoluciones de inmigrantes a través del vallado eran o no legales y denunciaba que la Comandancia de la Guardia Civil de
Melilla se 'negaba' a dar a los guardias un protocolo de actuación y que dejaba a estos 'indefensos' ante una posible actuación ilícita.
Estos datos se desprenden, entre otros, de los propios números que facilita el Gobierno central y que estiman en más de 400 las expulsiones que de media se realizan cada año. En las entrevistas de las organizaciones sociales realizadas
regularmente en los campamentos de inmigrantes localizados en el monte Gurugú, ocho de cada diez personas aseguran haber entrado a Melilla y posteriormente haber sido expulsados por agentes a través de puertas distribuidas por todo el perímetro
fronterizo.
Muchos de estos subsaharianos denuncian además agresiones y describen con precisión y detalle a las personas que les expulsan y los lugares por donde lo hacen, que suelen ser zonas escondidas, de difícil acceso y que carecen de cámaras de
seguridad; como es el caso del lateral del Cementerio Musulmán, la zona A-13/A-14, conocida como 'el hito quince', y a veces puertas cercanas a los pasos de Farhana y Mariguari.
En definitiva, se pone de relieve una práctica ilícita que se viene repitiendo desde hace muchos años contraviniendo tanto la ley de extranjería como los decretos que la desarrollan, así como los convenios internacionales en materia de
derechos humanos.
Para el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Pascual Aguelo, si estamos ante una expulsión masiva -como ocurrió con los inmigrantes de Isla de Tierra o como ocurre cuando hay un salto de
gran número de subsaharianos- España debe respetar el Protocolo adicional número 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas de extranjeros.
Además, según establece nuestra legislación, para cualquier expulsión, a través de la valla o no, debe abrirse un expediente de devolución que conlleva la comunicación de apertura de expediente en el que se garantice la asistencia letrada,
formular alegaciones, entre ellas la no devolución por razones humanitarias o la solicitud de protección internacional. Pero todo apunta a que ninguna de esas garantías se cumple en las expulsiones arbitrarias por la valla.
La actual legislación de extranjería establecida por la LO 4/2000, tras sus sucesivas modificaciones, adolece de claridad a la hora de delimitar con precisión los procedimientos y las garantías aplicables en las expulsiones, devoluciones y
denegaciones de entrada a territorio español de ciudadanos extranjeros.
La figura de la expulsión, sanción que se contempla con varias modalidades, es la que recoge un procedimiento más completo y previsiones legales más detalladas de las garantías de su ejecución. Sin embargo la devolución, en especial en la
circunstancia de aquellos 'que pretenden entrar a territorio español', es susceptible de varias interpretaciones lo que ha conducido a la práctica de expulsiones colectivas, prohibidas por el Derecho internacional, sin ningún tipo de garantías ni
acceso al procedimiento de protección internacional.
Debido a lo anterior y a que realmente la figura de la devolución no aporta nada que no esté contemplado en la expulsión, no se justifica su mantenimiento en el ordenamiento jurídico.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abordar a la mayor brevedad la reforma de la LO 4/2000 eliminando la figura de la devolución.
2. Garantizar que, en cualquier circunstancia de llegada masiva de migrantes bajo la soberanía efectiva del Estado español, se inicien procedimientos administrativos que contemplen las circunstancias individuales de cada persona.
3. Garantizar que, en cualquier circunstancia de llegada masiva de migrantes bajo la soberanía efectiva del Estado español, se informe a la delegación en España del ACNUR de esta circunstancia y se permita el acceso de las organizaciones no
gubernamentales especializadas en materia de protección internacional para que asesoren a estas personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para una nueva política hacia los nuevos españoles, para su debate en el
Pleno.
El Instituto Nacional de Estadística señala que la población española cayó en 2012 por primera vez desde que existen estadísticas demográficas, y añade que si los saldos migratorios no lo impiden, en 2017 morirá más gente de la que nazca y,
por tanto, España perderá población. El INE estima que en los próximos 10 años el país perderá 2,6 millones de habitantes y se quedará en 44. Eurostat, la agencia estadística europea, ha confirmado y ampliado ahora la magnitud de la pérdida. El
número de personas que salieron de España -inmigrantes que se van o nacionales que deciden marcharse- es el mayor de toda la Unión Europea. Eurostat afirma que la crisis sitúa a España a la cabeza de los países europeos que pierden población. El 1
de enero de 2012 había 46,8 millones de personas, cifra que un año más tarde había menguado a 46,7.
En Alemania, pese a su tradición jurídica del 'ius sanguinis', el reciente acuerdo de gobierno entre la CDU-CSU y el SPD incluye medidas legislativas para facilitar la adquisición de la nacionalidad alemana por los extranjeros nacidos en
este país. Si no fuera por la inmigración, Alemania perdería población a marchas forzadas; pero la llegada de extranjeros le ha permitido crecer hasta superar los 80,5 millones de habitantes.
Francia, en el marco de su doctrina clásica del 'ius soli', los hijos que hayan nacido en territorio francés de padres extranjeros pueden adquirir la nacionalidad francesa y cuando alcanzan la mayoría de edad pueden optar entre mantenerla o
renunciar a ella, conservando la nacionalidad de sus padres.
Francia, Suiza, Canadá y otros países facilitan la doble o múltiple nacionalidad de sus nacionales, pudiendo éstos tener simultáneamente los pasaportes expedidos por varios Estados. No así España, donde por miopía ha sido tradición la
obligación de renunciar a la nacionalidad de origen para adquirir la española.
Entre los años 1995 y 2011, según el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPD, España otorgó la nacionalidad española a 749.563 extranjeros, entre ellos varias decenas de miles de hijos y nietos de españoles de origen en aplicación de
la Ley de Memoria Histórica. Según esa misma fuente, las nacionalizaciones aumentan una media de 20 % cada año, lo que lleva a suponer que, para este año 2013, los nuevos españoles rondarán el millón de personas. A ellos habría que sumar los hijos
de la población nacionalizada que, al hacerse españoles uno o ambos padres, pasaron a ser, ellos también, ciudadanos españoles. Tomando en cuenta que la media por familia emigrante, sobre todo entre latinoamericanos ronda, de media, tres o cuatro
hijos, los nuevos españoles en edad de votar pueden superar pronto el millón y medio de personas.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, en el año 2012, la población inmigrante representaba el 12,14 % del total de población del país. En 2011 eran el 12,19 %; en 2010, el 12,22 %; en 2009, el 12,08 %, y, en 2008, el 11,41 %. En
1998 eran muchos menos: el 1,6 %. Ese mismo año 1998, los empadronados extranjeros nacidos en España eran apenas 85.000 personas.
En cuanto al origen geográfico de los nuevos ciudadanos, según datos provisionales obtenidos del Padrón de habitantes del INE, a 1 de enero de 2012, había adquirido la nacionalidad española un 35 % de las aproximadamente 2.400.000 personas
procedentes de América Latina y que residían en España, de las cuales las mujeres ocupaban un porcentaje mayoritario. En 2011 las nacionalizaciones femeninas fueron 55 % del total. Este dato puede explicarse porque muchas mujeres adquieren la
nacionalización por
matrimonio en mayor porcentaje que los varones: en 2011, el 70 % de nacionalizaciones por matrimonio correspondía a mujeres. También es relevante el porcentaje de mujeres que adquirió la nacionalidad española por residencia previa de dos
años (un 57 %). Los que adquieren la nacionalidad por residencia de diez años son, en su mayoría, varones (63 %). La explicación radica en la presencia abrumadora de mujeres en el grupo de emigrantes latinoamericanos, en tanto ocurre lo opuesto en
el colectivo africano, con presencia abrumadora de varones. Por último, otro dato relevante es la juventud de los nuevos españoles. Una vasta mayoría posee ente 25 y 44 años. La edad media de las mujeres que adquieren la nacionalidad española es
de 36 años, en tanto que entre los hombres la edad media es 34,5. Hablamos, pues, de población joven con varios hijos.
El impacto que pueden tener los nuevos ciudadanos en un país y partido podemos medirlo en EE.UU., país construido por sucesivas oleadas de migraciones. España está viviendo, en la última década, un fenómeno similar -mutatis mutandis- al de
EE.UU., con la diferencia que, aquí, no ha surgido ningún gobierno que haya entendido cabalmente la magnitud del fenómeno y su impacto económico, social y ciudadano.
La permanencia en España de varios millones de residentes extranjeros privados de derechos políticos y víctimas de discriminación o segregación social, se presta a la manipulación electoral y facilita la incitación al racismo y a la
xenofobia por parte de partidos y candidatos sin escrúpulos. De ahí la importancia de conceder el derecho de voto activo y pasivo a todos los extranjeros con arraigo en España, como ya ocurre en países como Suecia, Dinamarca o Irlanda, y no sólo a
los nacionales de Estados miembros de la UE en las elecciones municipales y europeas.
Los datos recogidos dan medida del gran cambio que se ha producido en la sociedad española en la última década, cambio que no se ha reflejado en los programas de los partidos políticos españoles, que, en general, actúan de espaldas a ese
cambio. Los nuevos españoles han sido, son y siguen siendo invisibles en términos políticos. Ningún partido ha mostrado el menor interés en preocuparse por ellos o en defender sus derechos ante un sistema legal que, en muchos rincones, contiene
normas tintadas de racismo, que menoscaban derechos humanos esenciales de este cada vez más numeroso sector de ciudadanos.
El punto de partida de una nueva política para los nuevos españoles puede ser una rectificación de las normas legales discriminatorias contra los nuevos españoles y los inmigrantes. Tal es el caso de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del
Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que contiene normativas distintas, sobre todo en el ámbito de derechos sociales, entre españoles de origen y españoles nacionalizados. Un ejemplo de esta normativa discriminatoria la vemos en el
caso de los retornados, pese a los artículos 14 y 42 de la Constitución Española. En todas las páginas web que se pueden consultar aparece que todos los españoles que reúnan los requisitos pueden solicitarlo. No obstante, hay una norma oculta que
la aplican las delegaciones provinciales del gobierno, donde el solicitante se entera de que ese certificado sólo pueden pedirlo 'los españoles de origen'. Ello implica que los nuevos españoles que hayan salido de España a trabajar en terceros
países, con excepción de los comunitarios, quedan excluidos de todas las prestaciones sociales de que pueden gozar los españoles de origen.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover una nueva política para los nuevos españoles, que integre entre otras medidas:
a) El reconocimiento de la nacionalidad española a los nacidos en España de padre o madre extranjeros afincados en nuestro país. La atribución de la nacionalidad española se produciría a raíz de su nacimiento, mediante solicitud presentada
por los padres. Cuando el beneficiado alcanzara su mayoría de edad, podría optar por mantener la nacionalidad española, conservar la de uno de sus padres o bien ostentar simultáneamente ambas nacionalidades.
b) La identificación de las leyes y reglamentos que contengan disposiciones discriminatorias en perjuicio de los nuevos españoles o de sus familiares. Una vez identificadas estas normas, proponer en las instancias que correspondan su
derogación inmediata.
2. Reconocer la doble nacionalidad simultánea, española y del Estado de origen, a los extranjeros que adquieran la nacionalidad española y así lo soliciten.
3. Desplegar una política integral que fomente la natalidad en España, en particular facilitando el arraigo y la igualdad de derechos económicos, sociales y ciudadanos a los extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española y al
conjunto de los extranjeros residentes en España.
4. Reconocer el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales, municipales y autonómicas, a los extranjeros con residencia previa de 3 años en España, y en las legislativas y referéndum cuando su residencia previa sea de 5
años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta
para su debate Pleno la siguiente Proposición no de Ley relativa al voto de los españoles residentes en el extranjero.
El actual procedimiento de voto de los españoles que residen en el extranjero, regulado en el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral (LOREG), es fruto de la reforma de este artículo por la Ley Orgánica
2/2011, de 28 de enero.
La modificación introducida en la legislación electoral, privando a los españoles residentes en el extranjero del derecho al voto en las elecciones municipales e introduciendo el mecanismo del 'voto rogado' para la participación en las
elecciones autonómicas, se ha traducido en todos los procesos electorales posteriores en una bajísima participación lo que evidencia el rechazo de los electores de la emigración a dicho cambio.
La legislación vigente cercena el derecho electoral que asiste a la amplia comunidad de ciudadanos españoles que residen en el exterior y muchos de ellos han expresado a título particular o a través de acuerdos internos de fuerzas políticas,
en colectivos y en los foros abiertos con el Gobierno que se sienten tratados como 'ciudadanos de segunda'. Así ha quedado patente en numerosas ocasiones en el CRE, el Concejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Además de ello, existen otros temas que son de suma importancia para los ciudadanos que residen en el exterior y que deben ser afrontados con la misma entereza y valentía, entre los que se destacan, la creación de una nueva Ley de
Nacionalidad donde se ampare al cónyuge en su derecho a la nacionalidad, en igualdad de condiciones con los residentes en el territorio español, en la que también y de manera definitiva se excluya el lamentable término 'españoles de origen', como
expresión de diferenciación entre los que nacimos aquí y los nacidos allá.
Otra de las reivindicaciones que mantiene vigente la comunidad que reside en Venezuela es la apertura de un segundo Consulado Español de Carrera en el interior del país.
Por todo ello, se insta al Gobierno:
'1. A que promueva la modificación del artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral (LOREG), modificado por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, suprimiendo el mecanismo del 'voto rogado?.
2. A que promueva la modificación legislativa correspondiente para permitir el acceso a la nacionalidad española a los cónyuges de los españoles que residen en el exterior.
3. A que impulse la apertura de un segundo Consulado Español de Carrera en el interior de Venezuela.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
adopción de medidas para gestionar con eficacia y seguridad la frontera de Melilla, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Existe una gran preocupación ciudadana por los hechos que, en relación a la inmigración, vienen sucediéndose en los últimos años en toda la frontera sur de Europa.
En España las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla muestran caracteres específicos, por su particular ubicación geográfica, dentro del continente africano y su peculiar situación respecto al Sistema Schengen del que España es parte.
Sabemos con certeza que la realidad que percibimos no es más que un pequeño reflejo de una situación que se explica por la miseria, la desesperación, el exterminio, las guerras y el desplazamiento poblacional que asola buena parte de África.
Especialmente la subsahariana.
Todas estas circunstancias están presentes en las personas que intentan traspasar la frontera de la Ciudad Autónoma de Melilla y la problemática que le afecta.
Son innumerables los africanos que caen en las redes de mafias sin escrúpulos y que viajan miles de kilómetros poniendo en riesgo su vida. Lo hacen como respuesta a una situación terrible, huyendo en muchos casos de guerras, miseria y
hambre, situaciones todas ellas que actúan como una suerte de efecto expulsión de sus territorios de origen.
Otros tal vez vengan en busca de las oportunidades que sus países de origen les niegan a ellos y a sus hijos, pero que hace que, al final, asistamos a un grave problema humano para el que tenemos que encontrar respuestas.
Es ejemplar el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y muy especialmente la Guardia Civil que custodia diariamente la valla y se enfrenta con gran profesionalidad y humanidad, a los problemas que provoca la
gestión de las fronteras en esa Ciudad Autónoma, llevándolo a cabo, en ocasiones, con escasos medios personales y materiales. Es pues imprescindible mejorar sus condiciones de trabajo y prestar especial atención a la protección contra los riesgos
laborales. Finalmente, no puede seguir combatiéndose la inmigración en el mar con los medios que actualmente cuenta la Guardia Civil en Melilla. Las embarcaciones que se utilizan en el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), no son las
adecuadas para interceptar las pateras de inmigrantes subsaharianos que intentan acceder irregularmente a la ciudad autónoma.
Es imprescindible que no se utilice la inmigración como arma de propaganda y de control, que no se siga usando el miedo a los diferentes como avieso argumento para cohesionar la sociedad, adoptando medidas populistas y que se prescinda, para
controlar la frontera, de elementos que afectan de manera grave a la integridad de las personas. No todo vale, España no puede permitirse la instalación de esos elementos tan sumamente lesivos.
Bien es verdad que la dimensión humana no excluye otras dimensiones del problema. La gestión de la frontera tiene y exige una actuación especial, cuidadosa y, en ocasiones, difícil. Pero esta dificultad en la gestión de las fronteras no
puede obviar la obligación de realizar las actuaciones de control fronterizo por parte de las FCSE bajo parámetros operativos amparados y guiados por nuestro ordenamiento jurídico, y, en todo caso, con absoluto respeto a los derechos humanos de los
ciudadanos que, pretenden cruzar esta frontera exterior. Asimismo debemos asegurar la integridad personal y la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan su actuación en un lugar tan complicado
como este, en ocasiones con riesgo propio de su integridad, especialmente cuando se producen avalanchas sorpresivas en la frontera o ataques en la aduana.
Asegurar el control de la frontera atendiendo a los principios mencionados, es la mejor manera de contribuir a generar una política de inmigración eficaz y creíble para España dentro de la Unión Europea y frente al resto del mundo. Pero
para ello se requiere el incremento de los recursos dedicados a inteligencia y de los medios humanos, tecnológicos y materiales, en cuantía suficiente para llevarla a cabo con garantías, conscientes de que la frontera nunca será del todo
infranqueable.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retirar las cuchillas instaladas para atajar la inmigración a fin de evitar mutilaciones o lesiones graves a las personas.
2. Incrementar de manera inmediata el catálogo de puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla y proceder a su cobertura para que pueda ampliarse el número efectivo de miembros de la Guardia Civil en
perímetro. Así mismo, aquellos puestos que, esté previsto, sean prestados por especialistas, como por ejemplo las actividades en el mar, deben ser ocupados por personal debidamente cualificado.
3. Mejorar los medios materiales con los que trabajan los miembros de las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla y especialmente las embarcaciones que utilizan en el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).
4. Adoptar medidas en materia de descansos, permisos y aquellos otros que incentiven las funciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestan en Melilla, dando especial respaldo a aquellos miembros que prestan servicios en
puestos de especial dificultad y en condiciones problemáticas.
5. Mejorar la inteligencia y aumentar la tecnología de control de la frontera mediante el uso, entre otros, de aviones no tripulados, instalando radares en puntos estratégicos, sensores de movimiento y alarmas acústicas y lumínicas de alta
intensidad en todo el perímetro, así como dotar tecnológicamente a los agentes encargados del control fronterizo.
6. Poner en funcionamiento, de manera inmediata la denominada frontera inteligente llevando a cabo modificaciones en la infraestructura que separe vehículos, motos, bicicletas y personas.
7. Dictar el Ministerio del Interior una instrucción sobre los procedimientos y actuaciones que deben seguir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de detención de inmigrantes en situación irregular, que acaben de acceder a
territorio español, de conformidad a la legislación en vigor.
8. Reforzar la colaboración y cooperación con Marruecos en la lucha contra la inmigración irregular en todas sus facetas, y promover la ampliación de la cooperación española y de la UE en otras materias de mutuo interés.
9. Adoptar medidas para afianzar la lucha contra la inmigración clandestina y canalizar los flujos migratorios por vías legales, invirtiendo con recursos suficientes en integración de inmigrantes, cooperando con los países de origen y
tránsito para su desarrollo y también para su colaboración en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y apoyando la ampliación de la política europea de inmigración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 noviembre de 2013.-Antonio Ramón María Trevín Lombán y José Martínez Olmos, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la moratoria de pago de deudas con la Seguridad Social de
instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro, para su debate en el Pleno.
La Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995 estableció una moratoria en el pago de deuda por cotizaciones a la Seguridad Social de las instituciones sanitarias de titularidad pública o privadas sin
ánimo de lucro. Concretamente, en su disposición adicional trigésima establecía una moratoria de diez años sin intereses y con tres años más de carencia.
Para disfrutar de la moratoria, las entidades acogidas debían mantenerse al corriente de las cuotas de Seguridad Social, y conceptos de recaudación conjunta, devengados a partir del 1 de enero de 1995.
A partir del ejercicio 1997, todas y cada una de las respectivas leyes de Presupuestos Generales del Estado han incorporado una disposición adicional en la que se ampliaba la carencia en el pago de la deuda histórica con la Seguridad Social,
y se mantenía el pago aplazado por un plazo de 10 años.
En el proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 2014 no se incluyó ninguna disposición adicional prorrogando, un año más, el periodo de carencia ni se incorporó en su trámite en el congreso.
Si no se aprobara ninguna medida ampliando la moratoria, ello supondría que las entidades afectadas deberían realizar el pago de la deuda por cotizaciones a la Seguridad Social de períodos anteriores al 31 de diciembre de 1994 en diez
anualidades, a partir del mes de diciembre de 2014.
Cabe recordar que esas deudas eran fruto de un deficiente modelo de financiación de la sanidad pública. El impacto económico de la devolución de esta deuda histórica con la Seguridad Social, dejaría a las Instituciones Sanitarias afectadas
en una situación de riesgo extremo respecto su sostenibilidad. Los 99 expedientes de moratoria concedidos suponen unos 689 millones de euros, de los cuales un porcentaje muy elevado corresponden a centros hospitalarios catalanes.
Cabe recordar que la disposición adicional quincuagésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social sobre Deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya
titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro establece que 'Con pleno respeto al equilibrio contable y patrimonial del sistema de la Seguridad Social, el Gobierno presentará, en el plazo de un año, un Informe
que contenga propuestas concretas para resolver la situación de la deuda sanitaria recogida en la disposición adicional trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y que desde entonces ha sido
objeto de reiteradas prórrogas en las sucesivas Leyes de Presupuestos y decretos-leyes de prórroga presupuestaria' A fecha de hoy, el gobierno no ha cumplido con dicho mandato legal, cosa que hace todavía más justificable prorrogar la carencia,
hasta que se realice el 'Informe que contenga propuestas concretas' que dé respuesta a esta situación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Establecer una nueva prórroga en el pago de las deudas con la Seguridad Social de las instituciones sanitarias, en los mismos términos que se lleva produciendo desde la ley de presupuestos de 1994.
- Dar cumplimiento a disposición adicional quincuagésima de la Ley 27/2011 y presentar un Informe que contenga propuestas concretas para resolver la situación de la deuda sanitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000802
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a los derechos y la estabilidad laboral de los trabajadores de la Base de Morón (Sevilla).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la comparecencia a la que se refiere el punto 10 se tramitaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no
de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
los derechos y la estabilidad laboral de los trabajadores de la Base de Morón (Sevilla), para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los problemas y amenazas para la seguridad en la lucha contra el terrorismo internacional han llevado a los Estados Unidos a plantear la transformación más importante en su esquema de bases militares a nivel nacional y en países terceros
desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La puesta en práctica de esta nueva política de seguridad y defensa norteamericana requiere una importante revisión de la estrategia de bases militares de EE.UU. en el extranjero en cuanto al
diseño de una nueva estrategia de bases militares adaptada a la política ofensiva contra el terrorismo internacional, con un claro epicentro en la zona de Oriente Medio y África.
Esta nueva estrategia de bases de EE.UU. implica cambios tanto a nivel de ubicación geográfica de las fuerzas estadounidenses como en la naturaleza y en el alcance de las misiones y operaciones que se están ya realizando y se van a realizar
en el futuro haciendo uso de esas instalaciones militares. En este contexto, EE.UU. está procediendo a una disminución de su presencia militar en Europa continental y a una redefinición de la utilización de las bases militares conjunta de Morón de
la Frontera y Rota, las cuales están siendo objeto de cambios y modificaciones que obedecen a los objetivos de la nueva estrategia de bases estadounidenses.
La nueva estrategia y la redefinición de la utilización de las bases militares, está teniendo reflejo en la reforma y ampliación de algunas de las instalaciones, en el aumento del personal militar y civil no permanente en detrimento del
personal permanente de las bases, y en el aumento cuantitativo de su uso, además del cambio de naturaleza de las misiones que desde allí se desarrollan o se apoyan.
Esta estrategia de bases sigue en proceso de implantación y, si bien algunos de sus efectos ya se han manifestado en las bases de Rota y Morón, los últimos acontecimientos confirman que EE.UU. está profundizando en estos cambios en las dos
bases militares en territorio español.
El aumento de la fuerza militar rotatoria en las bases en detrimento de la disminución de la fuerza permanente estadounidense no es una medida destinada a disminuir la presencia militar norteamericana en España, sino a adaptar las
características de sus niveles de fuerza a la estrategia de seguridad norteamericana y a su nueva estrategia de bases.
Así pues, no se trata de una decisión diseñada por las autoridades españolas, sino que responde a la tendencia de flexibilidad y de disminución del personal dependiente de las bases que EE.UU. está llevando a cabo en muchos países de Europa
donde dispone de bases militares. En definitiva, se hace necesario reequilibrar la relación bilateral, ya que en la práctica aumenta el nivel de efectivos militares que pueden desplegarse en España aunque éstos no tengan carácter permanente.
Uno de los beneficios tangibles de la cesión de soberanía en dichas bases en territorio español ha sido el empleo directo e indirecto para las zonas próximas a las instalaciones militares.
La Base de Morón, además de ser la sede del Escuadrón Aéreo 496 de USAFE, cuya plantilla permanente es de 100 efectivos militares (además de otros 96 militares con autorización temporal, que incluye miembros de la US Navy para el control del
espacio aéreo de Mali) y 18 elementos civiles, tiene sus servicios aeroportuarios, el mantenimiento de instalaciones militares y servicios auxiliares como servicios de alojamiento y de restauración de EE.UU. licitados a la empresa contratista
Vinnell, Brown & Root (VBR), LLC, sucursal en España.
VBR gestiona el contrato desde el 1 de septiembre de 2010 hasta la finalización del mismo el 30 de septiembre de 2014.
Para llevar a cabo estos servicios, VBR inició su contrato con una plantilla de 594 empleados con contrató de trabajo sujeto a la legislación laboral española (entre los que hay 25 empleados estadounidenses con permiso de residencia) y 60
empleados estadounidenses con permisos especiales (Securíty Clearance) concedidos por el Comité Permanente.
En diciembre de 2010 procedió a ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó exclusivamente a empleados españoles, concretamente a 119 empleados.
En abril de 2013, el Gobierno de España, previa petición del Departamento de Defensa de EE.UU., autorizó el despliegue en la Base de Morón de 550 infantes de Marina y ocho aeronaves, como fuerza de respuesta rápida a la crisis en el norte de
África y el Sahel.
Sin embargo, coincidiendo en el tiempo, aparecieron las bases del nuevo contrato de prestación de servicios civiles presentadas en su página web (www.fbo.gov) por las Fuerzas Aéreas de EE.UU. (USAFE) se obliga, primero, VBR, actualmente
encargada de prestar dichos servicios, a despedir a 144 trabajadores a través de un ERE (publicando, además, los nombres y apellidos de los empleados a despedir) y, en segundo lugar, a la empresa licitadora que obtenga el próximo contrato a partir
de octubre de 2014 a excluir a los trabajadores españoles que actualmente trabajan en tres de los departamentos que prestan servicios en la pista de vuelo (Combustibles-ROL, Terminal AéreoATOC y Parque Móvil-Vehicle Operatíons).
Se establece, de este modo, una nueva estrategia militar de USAFE en el suelo español que choca frontalmente con la política anterior en la que un incremento de la actividad militar siempre había generado un aumento de las contrataciones,
puesto que lo lógico es que la empresa necesite más servicios y recursos para cumplir con la misión encomendada.
Esta nueva situación provocó una enorme preocupación e incertidumbre, no sólo entre los trabajadores de la Base, sino también entre los ciudadanos de la zona por la ejecución de un nuevo ERE (despido colectivo) y la militarización de
departamentos cubiertos por trabajadores españoles, además de las constantes denuncia por incumplimiento de la legislación laboral española y los derechos fundamentales de los trabajadores.
El referido despido colectivo ha afectado exclusivamente a 66 empleados con contrato español, que sumados al ERE de 2010 y a cinco despidos individuales que se saldaron con el reconocimiento de su improcedencia por parte de VBR, totaliza 190
trabajadores españoles despedidos.
Paralelamente, el número de empleados de EE.UU. con permiso especial del Comité Permanente se ha incrementado desde los referidos 60 del inicio del contrato en 2010 hasta totalizar 84, dándose la paradoja de que mientras se procedía a
despedir a cinco empleados españoles en el departamento de bomberos, se contrataba a tres bomberos estadounidenses.
Asimismo, existen informaciones de que el Gobierno de EE.UU, quiere incrementar el contingente de infantes de Marina hasta 1000 militares y prorrogar su permanencia en la Base de Morón hasta 2018, coincidiendo con el anuncio de 42 vacantes
para el personal militar estadounidense de USAFE para cubrir diversos puestos que actualmente vienen desarrollando empleados españoles.
Es por ello que creemos imprescindible dar una solución a la conflictividad laboral en la comarca, estableciendo un diálogo urgente entre el Gobierno español y estadounidense para evitar dichos despidos, pendientes de resolución de una
demanda colectiva que tiene que tiene señalado su enjuiciamiento el próximo 5 de diciembre. Es indispensable pues que se tenga en cuenta a los trabajadores de la Base en cualquier cuestión laboral que les afecte, y que se establezcan mecanismos que
permitan alguna interlocución directa entre los trabajadores de VBR y la administración estadounidense, interlocución que ya existe en el resto de bases de utilización conjuntas en Europa y en la propia empresa VBR en Turquía, bajo el mismo contrato
de prestación de servicios.
Apoyamos la cooperación en materia defensiva entre España y Estados Unidos en la instalación y el uso de las bases por parte de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. Pero, evidentemente, es imprescindible que este apoyo siga comportando el
mutuo beneficio, que ha de materializarse entre otras en unas ineludibles contraprestaciones en el ámbito laboral, mediante la creación de empleo duradero y de calidad.
La relación de cooperación entre Estados para afrontar de manera conjunta las necesidades que no pueden satisfacerse de manera individual, para que sea sólida, ha de procurar beneficios mutuos.
Así pues, la cooperación en materia defensiva entre España y Estados Unidos ha de favorecer el beneficio mutuo y un nivel aceptable de compensación para cada Estado implicado, dotándose de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambos Estados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Valorar la necesidad y conveniencia de una revisión de aquellos extremos del Convenio que resulten necesarios si se modifica con carácter continuado el volumen de la fuerza militar rotatoria en las bases, aunque ello sea en detrimento de
la fuerza permanente estadounidense, si de dicha actuación finalmente se deriva un incremento de la presencia militar norteamericana o cambios de naturaleza de las misiones que desde allí se desarrollan y de su utilización.
2. Incluir una revisión del Anejo 8, artículo 8.1.2 y 8.2 del Convenio Bilateral para garantizar el empleo en la Base de Morón para el personal sujeto, estableciendo una ratio de empleados contratistas españoles y personal militar y civil
de EE.UU., además de un cupo mínimo de trabajadores españoles que han de ser empleados por el contratista concesionario de los servicios aeroportuarios, de mantenimiento y auxiliares de dicha instalación militar.
3. Realizar los acuerdos necesarios con el Gobierno de EE.UU. para que el despliegue de 550 infantes de Marina en la Base de Morón, y el previsto de otros 450, se traduzca en beneficios económicos y laborales para los trabajadores
españoles de VBR en dicha Base y para la comarca.
4. Reclamar del Gobierno de EE.UU. que mantenga los puestos de trabajo en la plantilla de servicios civiles de VBR de la Base de Marón, y los incremente en proporción a las nuevas necesidades como consecuencia de la incorporación de los
infantes de la Marina y del aumento de las Fuerzas Aéreas de EE.UU.
5. Exigir al Gobierno de EE.UU. que incorpore en las bases del nuevo contrato de prestación de servicios a los tres departamentos referenciados anteriormente y que en la última actualización de dichas bases el pasado 8 de mayo de 2012,
continúan sin aparecer, lo que evidencia que van a ser cubiertos por personal militar, sustituyendo a los trabajadores españoles que actualmente cubren dichos puestos.
6. Requerir al Gobierno de EE.UU. que establezca mecanismos para impedir la publicación en una página oficial de su gobierno de información confidencial de trabajadores españoles, atentando contra sus derechos más básicos y, posiblemente,
vulnerando la Ley de Protección de Datos vigente en España.
7. Exigir al Gobierno de EE.UU. que impida la política actual de, las empresas adjudicatarias de sustituir paulatinamente trabajadores españoles por americanos, como está ocurriendo actualmente en el departamento de bomberos.
8. Adoptar las medidas necesarias que permitan interlocución directa del comité de empresa de VBR con las autoridades norteamericanas en la Base de Morón en su función de salvaguarda de los derechos laborales de los trabajadores de la Base.
9. Reclamar que se revise el artículo 8.2 del Anejo 8 para que los empleados de contratistas norteamericanos y que tengan la nacionalidad de los EE.UU. queden plenamente sujetos a la legislación laboral española, así como a las
obligaciones en materia de Seguridad Social y tributación de sus rentas a la Hacienda Pública españolas.
10. Informar anualmente al Congreso de los Diputados mediante comparecencia del Ministro de Defensa de todas aquellos hechos relevantes que se deriven del Convenio el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América de
Cooperación para la Defensa, incluyendo entre los hechos relevantes todo lo referido al personal que presta servicios en las Bases tanto españoles como empleados por el Departamento de Defensa de EE.UU. (con la consideración de 'elemento civil?),
así como previsión de futuro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.-Isabel Pozuelo Meño y Antonio Francisco Pradas Torres, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
apoyo al sector del atún rojo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
España es el país europeo que más atún rojo pesca, con una cuota de 2.504 toneladas para 2013, de las 13.500 toneladas que se reparten todos los Estados miembros de la Unión Europea.
La flota española dedicada a la captura del atún rojo en el Atlántico Este y en el Mediterráneo es, fundamentalmente, andaluza. En Andalucía la pesquería de atún rojo es llevada a cabo por las empresas almadraberas, la flota artesanal que
opera en el Estrecho, con base en Tarifa y Algeciras, y la flota de palangre de superficie del Mediterráneo, con base principalmente en Carboneras.
Las posibilidades de pesca de esta especie constituyen la base de la actividad de 74 barcos y cuatro almadrabas, generando casi 600 empleos directos y cerca de 2.000 indirectos, en actividades vinculadas a esta pesquería, en Andalucía.
Desde 2006, la pesquería del atún rojo del Atlántico Este y Mediterráneo está sometida a un Plan de Recuperación, cuyo objetivo es alcanzar el rendimiento máximo sostenible con una probabilidad del 60 % en 2022.
En los últimos años, las restricciones derivadas del mencionado Plan de Recuperación, así como de las decisiones adoptadas en las sucesivas cumbres de ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico), han supuesto una
disminución de las cuotas.
Los profesionales andaluces que trabajan en la pesquería artesanal son los principales interesados en la conservación del atún rojo, que durante generaciones ha sido su medio de vida. Prueba de su firme compromiso en esta dirección es la
progresiva reducción de la capacidad pesquera de nuestra flota, contribuyendo activamente a la recuperación de la especie.
El comité científico del ICCAT ha emitido su evaluación para 2012 sobre el stock de atún rojo. En líneas generales, el informe y las valoraciones estadísticas realizadas por este organismo, apuntan a una mejora de la situación del stock del
atún rojo con respecto a la última evaluación de 2010. Algún informe científico avala, incluso, la recuperación del estado real de los caladeros a niveles de los años 70 del pasado siglo.
En coherencia con estos informes, en la reunión del ICCAT, celebrada en Ciudad del Cabo (República de Sudáfrica) entre el 18 y el 25 de noviembre, su Comité Científico admitió la posibilidad de incrementar la cuota de atún rojo hasta en 500
toneladas. No obstante, la Comisión Europea ha impedido cualquier incremento de la cuota para el año 2014.
Esta decisión resulta crucial para el futuro de la flota dedicada a la pesquería del atún rojo y, especialmente, a la flota andaluza, tanto la que opera en el Estrecho de Gibraltar como la de Carboneras.
Por otro lado, es necesario mantener el carácter de las almadrabas como observatorio científico. Es precisamente la labor de investigación científica la que permite, en su caso, negociar adecuadamente el incremento de cuotas pues solo el
conocimiento detallado y real de los caladeros constituyen argumentos de peso en las negociaciones internacionales de distribución de cuotas y posibilidades de pesca. La catalogación de las almadrabas como observatorio científico permite, además,
que se prolongue el período de actividad laboral de los trabajadores del sector con los consiguientes beneficios socio-laborales para los mismos.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer adecuadamente el esfuerzo de los pescadores andaluces y su firme y activo compromiso con la preservación del atún rojo y con el cumplimiento de las normas, algunas muy restrictivas para el desarrollo de su actividad de forma
rentable.
2. Reclamar mayores cuotas ante las autoridades de la Unión Europea, basándose en el informe del comité científico del ICCAT sobre el estado de la población de atún rojo y en las valoraciones efectuadas sobre la mejora observada en este
recurso, de modo que:
- Se establezca un incremento progresivo del TAC para los próximos tres años, permitiendo aunar los objetivos de recuperación de la especie y de la rentabilidad y mantenimiento del empleo del sector pesquero andaluz, que desarrolla su
actividad de manera sostenible.
- Se mantengan en vigor el resto de las medias contempladas en el Plan de Recuperación, necesarias para garantizar los objetivos de recuperación de la especie.
3. En tanto se obtiene este incremento de las cuotas, arbitrar alternativas para la flota española dedicada a la pesquería del atún rojo.
4. Mantener a las almadrabas como observatorio científico para realización de estudios sobre la población del atún rojo por parte del Instituto Nacional de Oceanografía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.-María Consuelo Rumí Ibáñez y Francisco González Cabaña, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro y don Pedro Quevedo Iturbe, Diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del
Congreso de la Cámara, presentan para su debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley sobre energías renovables.
La actual crisis económica y financiera internacional ha motivado un replanteamiento de las políticas europeas de crecimiento económico y generación de empleo, con objeto de ayudar a Europa a 'salir fortalecida de la crisis y convertirla en
una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social'. En este sentido, la Estrategia Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente:
- Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
- Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.
- Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.
Dentro de la estrategia, se han acordado cinco objetivos principales representativos de las tres prioridades para el conjunto de la Unión Europea (UE) y particularizados para cada Estado miembro. Asimismo, la CE propone siete iniciativas
emblemáticas para catalizar los avances en cada tema prioritario y que deben materializarse tanto en la UE como por los Estados miembros.
En lo que respecta al 'crecimiento sostenible' apuesta por 'una Europa que utilice eficazmente los recursos', para ayudar a desligar crecimiento económico y sobreexplotación de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas
emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar el sector del transporte y promover la eficacia energética.
Los objetivos son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % en comparación con los niveles de 1990, incrementar el porcentaje de las energías renovables en nuestro consumo final de energía al 20 % y aumentar un 20 % la
eficacia en el uso de la energía.
Pese a ello, el Gobierno de España no ha dado los pasos encaminados a cumplir los objetivos trazados por las autoridades comunitarias. De hecho, el comisario de Energía europeo, Günther Oettinger, recordó el pasado día 20 de septiembre que
España 'sabe que tiene que cumplir los objetivos' acordados en cuanto al porcentaje de energías renovables para 2020 (el 20 %)'. En este sentido, expresó su preocupación por el recorte de las primas a las energías renovables: 'Las ayudas a las
infraestructuras son competencia
de los Estados miembros. Una de nuestras preocupaciones es que los recortes a corto plazo puedan afectar a la capacidad ya instalada. Hemos alertado contra esos recortes.
Seis días después de la advertencia del comisario de Energía, la Comisión Europea abrió expediente a España -también a Italia- por no cumplir con la normativa europea en materia de energías renovables. Bruselas afirma que España no ha
comunicado las medidas que tiene previsto poner en marcha para cumplir con la transposición de la directiva de energías renovables, que incluía el objetivo de alcanzar una cuota en 2020 del 20 %.
Por otra parte, las medidas incluidas por el Gobierno del Estado en la reforma energética, entre las que figura una nueva metodología de retribución para el régimen especial, será un duro golpe al sector de las renovables. Los cambios,
según ha denunciado el sector, podrían tener un efecto significativamente adverso sobre el sector de las renovables.
Canarias está avanzando con paso firme en su apuesta por un modelo económico y energético responsable, inteligente y sostenible; una apuesta de futuro que no tiene marcha atrás porque, entre otras razones, está en clara sintonía con las
conclusiones de los principales expertos -a escala internacional y local- en economía, energía, turismo o ciencia.
Canarias, por su situación geográfica y por las potencialidades de su clima, aspira a ser un laboratorio mundial en el estudio y la aplicación de nuevas iniciativas que contribuyan a fortalecer el incipiente sector de las energías
renovables. El proyecto de Gorona del Viento, en la isla de El Hierro, cuyo objetivo final es que el consumo de la Isla se cubra con energía procedente de fuentes renovables, es el más claro ejemplo de la senda que se debe seguir en Canarias con
una perspectiva de futuro rentable y sostenible.
Generar electricidad en Canarias tiene un coste actualmente de unos 230 por MWh (costes fijos y variables). En cambio, generar electricidad en las Islas con energía eólica cuesta 89 por MWh. El consejero delegado de la patronal eólica
europea, Thomas Becker, señalaba, a este respecto, un hecho incontestable: 'llevar combustible allí a Canarias mucho más caro que instalar una central eólica y producir del viento'.
El Gobierno de Canarias adjudicó en 2009 y 2010 un total de 440 MW a través de un concurso eólico pero, sin embargo, no se ha instalado ni un solo aerogenerador pese al tiempo transcurrido. La Asociación Canaria de las Energías Renovables y
la Asociación Eólica de Canarias apuntan que 'si ya se hubiesen instalado los 440 MW de dicho concurso eólico, nos estaríamos ahorrando cada año 150 millones de euros, es decir, casi medio millón de euros al día'.
Los aerogeneradores siguen sin ser instalados por la burocracia administrativa y por los impedimentos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que, lejos de colaborar en la búsqueda de soluciones técnicas, se limita a aplicar la norma
de forma estricta manteniendo en todo momento una posición de intransigencia que imposibilita cualquier tipo de entendimiento.
Por otra parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo decidió en 2012 dejar sin retribución a todos los parques eólicos y suspender la tramitación de las subestaciones de Red Eléctrica de España necesarias para conectar los parques a
la red Eléctrica. Estas subestaciones llevan año y medio paralizadas y sin ellas los parques eólicos no se podrán instalar.
Por todo ello, se insta al Gobierno a que:
'1. Se comprometa a cumplir los objetivos trazados en la Estrategia Europa 2020, que obliga a los Estados miembros a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % en comparación con los niveles de 1990, incrementar el
porcentaje de las energías renovables en nuestro consumo final de energía al 20 % y aumentar un 20 % la eficacia en el uso de la energía.
2. Establezca una estrategia común con el sector eléctrico y las empresas especializadas en energías renovables para la definición de un marco que fije unos criterios fundamentales y unos plazos concretos para el desarrollo de las energías
limpias en el Estado.
3. Que apueste firmemente por el desarrollo de las energías renovables en Canarias, contribuyendo de esta manera a un ahorro significativo en los costes de producción de energía, y garantizando un servicio más sostenible y respetuoso con el
medio ambiente.
4. Que impulse el papel de Canarias como laboratorio mundial en el estudio y desarrollo de energías renovables, y que estos proyectos formen parte de las líneas de colaboración y cooperación con África.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario ?U, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley contra las comisiones abusivas de bancos y cajas, para su debate en el
Pleno.
Históricamente, los bancos y cajas han impuesto comisiones y condiciones abusivas a sus clientes. Prueba de ello, la encontramos en 2010 cuando la Comisión Europea presentó un estudio en el que se evidenció los abusivos precios y la falta
de transparencia de las comisiones por servicios financieros que aplica la banca española, revelando que España se encuentra a la cabeza de la UE en el cobro de comisiones. En 2011, incluso el comisario Michel Barnier, criticó a España e Italia por
las comisiones y la falta de claridad e instó al gobierno a que tomara la iniciativa para resolver estos abusos.
Esta situación de indefensión histórica de las personas usuarias de los servicios financieros, se puede ver agravada por el proceso de reestructuración del sistema financiero. Esta reestructuración está provocando dos procesos paralelos.
De un lado una concentración excesiva de nuestro sistema financiero, creando un nueva situación de oligopolio y, por otro lado, el evidente riesgo de exclusión del servicio financiero por razones territoriales y sociales.
Debido a la concentración del sector bancario español, derivada de la absorción o fusión de las entidades más pequeñas por parte de las grandes, se está creando una situación de oligopolio financiero que limita la competencia y permite que
se generen abusos bancarios contra los ciudadanos. Los bancos 'demasiado grandes para caer' no deberían existir. Si en una situación de elevada competencia el sector tenía un riesgo muy elevado, en una situación de concentración y oligopolio puede
ser aún mayor.
En los últimos años todas las comisiones han subido mucho más que el IPC. Las comisiones que más han subido son las ligadas a mantenimiento de cuentas, tarjetas, sacar dinero en cajeros o las hipotecas. Por poner un ejemplo reciente, 'La
Caixa' ha comunicado a sus clientes que subirá las comisiones mensuales de mantenimiento de los 2,9 actuales a 4 , un 38 % más que en 2013 y con un incremento acumulado del 222 % desde el 2010. Hay que tener en cuenta que, según el informe
corporativo de dicha entidad, tienen casi 13 millones de clientes, es la primera entidad financiera en banca de particulares y tiene una cuota de mercado del 20 % entre las personas pensionistas.
Este proceso, que va parejo al del incremento muy importante de los servicios básicos, como luz y agua, está provocando problemas importantes en personas con escaso poder adquisitivo. Y muy especialmente en aquellos sectores sociales, como
los pensionistas que aúnan escaso ingresos y dificultades para acceder a la banca electrónica.
En estos momentos coinciden medidas políticas como la ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social que comporta un incremento del 0,25 % de las pensiones en 2014,
con una previsión de inflación del 1,5 % con un aumento de los recibos básicos y del coste de los servicios financieros. Sin duda, eso va suponer que para muchos colectivos como las personas sin ingresos, las personas con contratos precarios o los
pensionistas. En este último colectivo es especialmente preocupante la situación de los perceptores de pensiones mínimas, que van a ver como el miserable incremento de las pensiones en 2014 se lo va a comer integro el aumento de los costes
financieros, y, recordemos, una cuenta corriente es un requisito imprescindibles para poder percibir la pensión.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Establecer legalmente un índice de precios oficiales de los servicios financieros. Dicho índice de precios contemplará una tarifa social mínima a la que será de aplicación para todas aquellas personas con unos ingresos que no superen 1,5
veces el Salario Mínimo Interprofesional vigente.
- Desarrollar reglamentariamente todas las normas que hagan posibles la reducción de los precios de las comisiones bancarias y adaptar las prácticas bancarias a las normas europeas sobre control de la falta transparencia, para asegurar el
asesoramiento adecuado y la información a los consumidores.
- Llevar a cabo todas aquellas medidas necesarias para evitar la exclusión financiera generada por la concentración bancaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre exclusiones
sanitarias en España tras el RDL 16/2012, para su debate en Pleno.
Como ya avisaban las organizaciones no gubernamentales del entorno migratorio, pretender hacer política migratoria reformando el sistema sanitario es peligroso, pero hacerlo con prisas y desde el más absoluto desconocimiento tanto de la
normativa vigente en materia de extranjería como de la sanitaria es simplemente temerario.
Es difícil cuantificar los casos que van apareciendo, poco a poco, de personas que han perdido el derecho a la asistencia sanitaria en España (en adelante el aseguramiento) pero haberlos los hay y no todos, al contrario de lo que afirma la
Ministra de Sanidad, son extranjeros sin permiso de residencia.
Los requisitos que se exigen para conceder permisos de residencia se adecuan correctamente a la legislación de modo que solo se exige seguro médico a los ciudadanos comunitarios que solicitan permiso de residencia sin ejercer actividad y a
sus familiares no comunitarios como dice la Disposición Final 5.ª del RDL 16/2012. Es decir para aquellas personas que solicitan permiso de residencia por el RD 240/2007 sin ejercer actividad con posterioridad al 24 de abril de 2012, fecha de
entrada en vigor y sus familiares.
Lo que no se tienen en cuenta en ese momento es que, en el caso de los comunitarios que si ejercen actividad o sus familiares, los hijos mayores de 26 años y los ascendientes no pueden ser beneficiarios de los mismos.
Como la información del INSS que indica que las personas cuyo permiso ha sido concedido después del 24 de abril del año pasado no tienen derecho a ser asegurados por no superar el límite de rentas, no especifica si el agrupante cotizaba o no
cuando obtuvo el permiso de residencia para sus familiares, se aplica esta disposición a personas a las que nunca se les exigió seguro médico para concederles el permiso de residencia.
Debido a esto, se niega el derecho al aseguramiento a los hijos mayores de 26 años y a los ascendientes extranjeros de personas comunitarias y españolas aunque estos últimos ejerzan actividad.
Las personas con permiso de residencia en España pero sin derecho al aseguramiento, tampoco tienen derecho, según la redacción actual de las leyes, a la atención de urgencia o por embarazo con cargo a fondos públicos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Derogar todos los artículos del RDL 16/2012 que modificaban leyes referentes al aseguramiento de las personas y leyes que regulan la estancia de los extranjeros en nuestro país. Sobre todo, instar al Ministerio de Sanidad a recuperar la
universalidad de la asistencia sanitaria en España, adoptando los cambios legislativos que para ello se requieran.
2. En tanto no se deroguen todos los artículos del RDL 16/2012 que afectan al aseguramiento, introducir los cambios necesarios en el artículo 1. tres del mismo, para garantizar la atención de urgencia y por embarazo con cargo a fondos
públicos a todos los residentes no asegurados.
3. A revisar la instrucción del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre el aseguramiento de las personas que han obtenido su permiso de residencia después del 24 de abril de 2012 para adecuarla a la
normativa vigente. (Incluir en el aseguramiento por la tercera vía -límite de ingresos- a todas aquellas personas a las que no se les exige seguro médico para obtener el permiso de residencia).
4. A armonizar los requisitos que se exigen a los extranjeros para conseguir el permiso de residencia, de forma que no queden personas desprotegidas del derecho a la salud.
5. A instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Sanidad a repasar juntos cómo se está aplicando el RDL 16/2012, y qué personas que el Ministerio de Sanidad 'no quería excluir? están siendo excluidas por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
ayudas ante los daños causados por las tormentas de granizo en la provincia de Almería, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado día 20 de noviembre, entre las 15:00 y las 16:00 horas, se produjeron importantes tormentas de lluvia y granizo, que descargaron más de 40 litros de agua por metro cuadrado, en la provincia de Almería. Estas tormentas afectaron
de forma especial a la zona del Poniente almeriense y, sobre todo, al municipio de El Ejido.
En esta zona, importante por su producción agrícola, según las primeras estimaciones llevadas a cabo por las organizaciones agrarias y a falta de una evaluación definitiva, se han visto afectadas entre 100 y 350 hectáreas y han quedado
dañados buena parte de los invernaderos (estiman que se han derrumbado 4 de cada 10 de los invernaderos de la zona) y explotaciones agrarias, instalaciones de riego y tuberías, infraestructuras de comunicaciones y caminos rurales. Asimismo, han
sufrido daños muchas comercializadoras hortofrutícolas de la zona afectada por el temporal, que han visto sus almacenes inundados y sufren desperfectos en sus instalaciones.
Según las mismas organizaciones profesionales agrarias, las pérdidas para los agricultores se cifran en torno a 32 millones de euros, de los cuales 30 millones corresponden a pérdidas en los cultivos, pues se da por perdida buena parte de la
cosecha de los invernaderos de El Ejido de este año.
Frentes a estas pérdidas en la cosecha, los agricultores de El Ejido demandan una actuación decidida y urgente de las administraciones públicas que permita afrontar los daños producidos en la producción agrícola almeriense y las pérdidas
económicas que este temporal les ha producido y recuperar, cuanto antes, su capacidad productiva.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de la forma más rápida posible, a:
1. Establecer un Plan de Recuperación de la zona afectada en la provincia de Almería por las tormentas de lluvia y granizo producidas el pasado 20 de noviembre.
2. Aprobar un Real Decreto-Ley que arbitre las ayudas necesaria para paliar los daños, personales y materiales, producidos por estas tormentas y que contemple, como mínimo, las ayudas establecidas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la
que se aprueban medias urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas y, en especial, las medidas relativas a exenciones y otros beneficios fiscales y la
moratoria en los pagos a la Seguridad Social por parte de los afectados por esta catástrofe.
3. Establecer una línea de créditos bonificados para reponer las instalaciones afectadas por esta catástrofe natural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.- María Consuelo Rumí Ibáñez, Alejandro Alonso Núñez y Gracia Fernández Moya, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la elaboración de un Programa Estatal de Prevención y Diagnóstico precoz del VIH/SIDA, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Según los datos facilitados por la Coordinadora Estatal de VIH/SIDA (CESIDA) en nuestro país existen actualmente entre 130.000 y 150.000 personas infectadas con VIH de entre las cuales entre el 25 % y el 30 % desconocen que están infectados,
siendo vectores de infección potenciales para otras personas.
El avance de nuevos tratamientos, más simples y con menor toxicidad, en el tratamiento del VIH/SIDA están potenciando una visión errónea de la patología. El VIH/SIDA se ha comenzado a concebir como una enfermedad crónica fácilmente
controlable por lo que una parte importante de la población baja la guardia a la hora de tomar medidas preventivas, sobre todo en lo concerniente a las relaciones sexuales sin protección alguna.
El último estudio realizado por la Red de Investigación en Sida ha arrojado unos resultados preocupantes en relación a la incidencia de nuevos casos de VIH diagnosticados en nuestro país en el periodo 2004-2011. Según dicho estudio el 50,2
% de los nuevos casos de VIH que se han diagnosticado en España en dicho periodo se han diagnosticado de manera tardía, con las consecuencias clínicas y epidemiológicas que conlleva para la persona infectada y la sociedad en general.
En dicho estudio, de los 5.062 nuevos diagnósticos que se analizaron en esos siete años, el 82 % eran españoles, hombres, infectados por transmisión sexual con una media de edad de entre los 31 y 46 años.
Dicho estudio reveló que las cifras de mortalidad temprana en diagnósticos tardíos, es decir, en el año posterior al diagnóstico, asociadas al desarrollo del SIDA eran más elevadas que en pacientes en los que el diagnóstico de la infección
del VIH se hacía de manera precoz. Los fallecimientos de la población maestral del estudio también señalaban que la tasa de mortalidad en los diagnosticados de manera tardía era superior a los diagnosticados en las primeras fases de la infección y
que no habían desarrollado el SIDA, siendo la principal causa de muerta la propia enfermedad (51 % de los fallecidos).
Los especialistas que realizaron dicho estudio fueron claros en sus conclusiones: el porcentaje de personas con diagnóstico tardío de la infección de VIH es muy elevado y se concentra en determinados grupos de población, siendo importante
prevenir estos contagios o, al menos, detectarlos a tiempo para evitar nuevos mediante la elaboración de estrategias y programas que fomenten un diagnóstico precoz del VIH. El sujeto que conoce su infección y es tratado en una fase precoz del
proceso tiene una mejor respuesta al tratamiento, un mejor pronóstico, disminuyendo significativamente las probabilidades de desarrollar el SIDA y disminuyen las probabilidades de transmisión del virus.
Esta detección precoz no sólo tiene repercusiones clínicas favorables para las personas infectadas sino que dadas las limitaciones de recursos a los que debe hacer frente el Sistema Nacional de Salud, el tratamiento en fases tempranas de la
enfermedad supone un ahorro en el corto y medio plazo al disminuir los ingresos hospitalarios, la necesidad de pautas antirretrovirales más costosas y la de otros fármacos accesorios utilizados para controlar las infecciones derivadas del SIDA,
mejorando la calidad de vida de las personas y permitiéndoles una vida laboral más activa y productiva. A esto hay que añadir que el diagnóstico y tratamiento precoz disminuye el número de nuevas infecciones y por tanto, la necesidad de tratar
nuevos pacientes.
Siendo tan patente la importancia de un diagnóstico precoz, las administraciones deben comprender que cuanto más accesible sea un diagnóstico fácil, rápido y anónimo del VIH mayores posibilidades existen para que las personas infectadas
comiencen el tratamiento de manera precoz consiguiendo unos resultados más favorables en el proceso de desarrollo de la enfermedad y limitando su transmisión a otros ciudadanos. Facilitar y garantizar el acceso por parte de los poderes públicos a
las pruebas rápidas orales del VIH, que han demostrado tasas de precisión similares a las pruebas sanguíneas tradicionales en la detección de la infección por VIH, así como pruebas convencionales, en farmacias, centros de atención primaria o centros
hospitalarios puede ser el primer paso para detener el aumento de infecciones por VIH en nuestro país, así como para mejorar las expectativas de los infectados en relación con el desarrollo del SIDA.
Numerosas ONG, e incluso diferentes servicios sanitarios en algunas Comunidades Autónomas, están utilizando este mecanismo de diagnóstico del VIH como un primer cribado barato, rápido, cómodo y anónimo que facilite el diagnóstico y
tratamiento precoz de personas infectadas por VIH.
Los poderes públicos deben asegurar y mejorar la salud de la población actual y futura, mediante las acciones preventivas y curativas específicas para cada caso, entendiendo la promoción de la salud de los ciudadanos y la prevención de las
enfermedades como una contribución decisiva al bienestar.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un Programa Estatal de Prevención y Diagnóstico precoz del VIH/SIDA que se incorpore al Programa Multisectorial VIH/SIDA de manera que:
a) Se facilite el acceso universal a las pruebas de detección orales de VIH en farmacias, centros de atención primaria y hospitales como medida para combatir la extensión de las infecciones por VIH facilitando el diagnóstico y tratamiento
precoz de la infección, así como el acceso a pruebas rápidas convencionales en centros sanitarios y municipales.
b) Incluya cursos de formación en los centros educativos sobre la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual.
c) Incluya las medidas legislativas pertinentes para restaurar la cobertura sanitaria a todas las personas inmigrantes indocumentadas infectadas por VIH/SIDA que hayan quedado sin prestación sanitaria al entrar en vigor el Real Decreto-ley
16/2012, con el fin de prevenir potenciales riesgos para la Salud Pública.
2. Publicar los datos correspondientes al año 2012 de la evaluación del Programa Multisectorial VIH/SIDA 2008-2012.
3. Aumentar el presupuesto destinado para el Programa Multisectorial VIH/SIDA en el ejercicio 2015 con una cuantía superior a la establecida para el ejercicio 2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, para su debate en el Pleno de la Cámara.
En pocas semanas se cumplirán 35 años de la promulgación de la Constitución Española y, tan sólo unos días más tarde, de la publicación de los Acuerdos entre España y la Santa Sede.
Si la Constitución garantizó a todos los ciudadanos y ciudadanas, y a todas sus comunidades, la libertad ideológica, religiosa y de culto en un Estado que se declaraba laico y no confesional y, por ello, neutral ante el hecho religioso, los
segundos regularon las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica con el propósito de establecer unas relaciones privilegiadas de cooperación con ella para así atender a las creencias religiosas entonces muy mayoritarias en la sociedad
española.
Los Acuerdos del Estado con el Vaticano se negociaron en el proceso de transición política; un contexto que, junto a otros retos esenciales de aquel momento, buscaba la normalización democrática de la vieja cuestión religiosa proporcionando
garantías a la Iglesia católica y a los ciudadanos católicos.
Este carácter paralelo al proceso constituyente impidió que el compromiso rotundo de la Constitución con la libertad ideológica y religiosa, tan solemne que las garantiza sólo después de consagrar el derecho a la vida, proporcionase sin más
a los ciudadanos la convicción de que sus creencias quedaban plenamente salvaguardadas sin necesidad de otro instrumento jurídico.
Hoy, por el contrario, los ciudadanos y las ciudadanas saben que la garantía de sus derechos y libertades se encuentra en la propia Constitución y que a su defensa se deben todos los poderes públicos.
Saben que ninguna restricción se puede imponer a los derechos que la Constitución consagra sino en los términos que la propia Constitución admite.
Saben que si se produce alguna violación de sus derechos y libertades, la acción de los Tribunales, incluido en última instancia el Tribunal Constitucional, anula normas y decisiones inconstitucionales y repone a la ciudadanía el uso pleno
de los derechos que les hayan sido menoscabados.
En estos años, la sociedad española ha evolucionado profundamente. Lo ha hecho de la mano del sistema de derechos y libertades, del desarrollo económico, del incremento de la renta disponible, de la implantación efectiva de un amplio
sistema de protección social, de la extensión de la educación y la cultura, del reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres, de la tutela de los derechos de las minorías.
Es una sociedad que ha transformado su forma de entender el derecho al trabajo, la aspiración al bienestar, el requerimiento de seguridad, la acción política; pero también, y sobre todo, es una sociedad que ha modificado su forma de
entender la vida personal, las relaciones familiares, el derecho a la intimidad, hasta la forma de afrontar la enfermedad y la muerte.
Es una sociedad que, por ello, y simultáneamente, ha sabido dotarse, para hacer frente a estos retos y estas nuevas realidades, de una moral cívica, que hunde sus raíces en los principios, valores y derechos constitucionales.
Muchos ciudadanos y ciudadanas han hecho compatibles estos criterios y valores de conducta con los que rigen sus acciones y sus íntimas convicciones religiosas. Otros, en el marco de la ley, superponen estas últimas a las primeras mediante
compromisos o exigencias adicionales. Otros, conducen su vida y sus actos exclusivamente conforme a lo que marcan la Constitución, las leyes y su propia conciencia. Y otros, en fin, por propia elección o de la mano de la importante inmigración
conocida en España en los últimos años, se rigen por creencias y prácticas religiosas menos conocidas y reconocidas tradicionalmente entre nosotros pero no por ello menos reales. Todos lo hacen con la libertad que la Constitución les garantiza.
Es una sociedad tolerante en la que los ciudadanos gozan de libertad para vivir sus convicciones y creencias; que no combate la religión, sino que la tutela y respeta; que la sitúa en la conciencia de las personas y no obliga a nadie a
actuar conforme a los preceptos de ninguna confesión religiosa si no participa de ellos.
Es una sociedad plural que merece y requiere un Estado laico en sus disposiciones, en sus actuaciones, en sus manifestaciones. Un Estado en el que los poderes públicos no interfieran en la conciencia de las personas, pero en el que las
religiones no traten de imponer su visión de la convivencia pública de los ciudadanos. Un Estado en el que convivan convicciones diversas y ciudadanos iguales.
Hoy, todos los datos de que disponemos ponen de relieve que la nuestra es una sociedad diversa también en cuanto a sus convicciones y creencias y que, en todo caso, en estos años se ha secularizado progresiva e inequívocamente en cuanto tal.
Y, por ello, los ciudadanos someten sus decisiones personales y colectivas a criterios complejos, no necesariamente vinculados, en su mayoría, a las prescripciones de una confesión religiosa; ni siquiera a la que, por su arraigo histórico y su
profundo peso cultural, puede considerarse mayoritaria en España.
Sin embargo, los Acuerdos entre España y la Santa Sede establecen un régimen de relaciones que objetivamente no responden a esta nueva realidad pues suponen compromisos excepcionales del Estado
con la Iglesia Católica que, en la práctica, se extienden más allá del ámbito propio de actuación de ésta con la consiguiente intrusión en la vida y las creencias de no católicos y que, incluso, recogen compromisos que la realidad ha
superado
El Estado, a lo largo de los años, ha cumplido escrupulosamente las obligaciones que asumió con la firma de los Acuerdos con la Santa Sede. Lo ha hecho, incluso, más allá de lo que los Acuerdos le imponían con el fin de paliar las
dificultades que ha encontrado la Iglesia para cumplir por su parte los compromisos que había contraído.
Pero también es cierto que, en estos años, el ejercicio de la actividad normativa del Estado en determinados ámbitos (educación, derechos de las mujeres, regulación del matrimonio, libertad sexual y reproductiva, derechos de las personas
LGTB) se ha visto obstaculizado por posiciones de la Iglesia que llegan a negar la legitimidad del Estado para dictar sus propias leyes y han generado controversia creciente en relación con asuntos como la inclusión de la religión en el currículo
escolar, la regulación de las relaciones familiares o el régimen fiscal de determinados bienes y actividades.
Desde esta legitimidad de comportamiento, ha llegado el momento de poner fin a un sistema de relaciones con la Iglesia que se basa en un instrumento jurídico de carácter general y que, al haber sido concluido antes de la promulgación de la
Constitución, se ha convertido en un límite a la libre acción del sistema democrático pues le impide servir en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos y no permite desarrollar legalmente la libertad religiosa sino que la condiciona.
Ha llegado el momento de regular sobre otras bases las garantías que los ciudadanos de convicciones católicas requieren para el ejercicio de la libertad religiosa protegida por la Constitución y que la Iglesia católica solicita para actuar
con libertad en nuestra sociedad.
Y ha llegado, en fin, el momento de revisar la protección del derecho a la libertad religiosa sobre la base de cuatro principios fundamentales.
El primero, el reconocimiento efectivo de esa libertad, en condiciones de igualdad, para todos los ciudadanos y todas las confesiones, con reconocimiento expreso de su alcance para los no creyentes.
El segundo, la libertad del Estado y del poder civil para, dentro del respeto a la Constitución y a los derechos y libertades en ella consagrados, ejercer con autonomía su capacidad de regular la convivencia y la prestación de los servicios
públicos esenciales.
El tercero, la asunción efectiva por el Estado de la tutela activa del hecho religioso y de su trascendencia para muchos ciudadanos, mediante los acuerdos de colaboración que se arbitren con las confesiones que así lo soliciten,
señaladamente en relación con la Iglesia Católica dada la profunda huella que a lo largo de la historia, y también en el presente, ha dejado en la sociedad española, pero sin incorporar privilegios exorbitantes ni más límites a la acción del Estado
social y democrático de Derecho que los que establece la Constitución o los que éste asuma libremente.
El cuarto, la actuación estrictamente laica y neutral del Estado en sus manifestaciones públicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Proceda de inmediato a la denuncia de los Acuerdos entre España y la Santa Sede.
2. Presente, en el plazo de seis meses, un Proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia en el que se recojan las normas comunes para todas las confesiones religiosas, se protejan, asimismo, los derechos de los no
creyentes, se garantice la igualdad de trato para todos los ciudadanos sin que prevalezca discriminación alguna entre ellos en función de su religión o creencias y se establezcan las bases para eventuales acuerdos de colaboración con las distintas
confesiones religiosas con arraigo en España.
3. Establezca un Protocolo Civil de obligado cumplimiento para todos los actos solemnes organizados por las autoridades del Estado en el que se garantice la aconfesionalidad de los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al rechazo y condena de todo
tipo de actos violentos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En los últimos tiempos, han sido varios los actos de violencia que ha sufrido nuestro país, siendo la mayoría reivindicados por grupos extremistas. Entre ellos, los artefactos colocados en la Catedral de la Almudena y en la Basílica de El
Pilar, ambos reivindicados por grupos anarquistas, o el triste episodio de violencia que se vivió en el Centro Cultural Blanquerna en Madrid.
Nuestro sistema democrático es incompatible con cualquier acto de violencia que vulnere la libertad, la dignidad y la convivencia en paz entre los españoles. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin
de defender un posicionamiento político o ideológico.
Por ello, es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, con independencia de los pretextos o la ideología en que se ampare. La
violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores.
También es nuestra obligación defender la dignidad del ser humano y los derechos y las libertades que le son inherentes, así como propugnar la democracia y el Estado de Derecho como base de una convivencia plural, en libertad e igualdad.
Todos los ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, debemos estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Condena todo tipo de actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos.
2. Rechaza cualquier tipo de acto o conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad, socavando los fundamentos de nuestra democracia.
3. Se solidariza con las víctimas de la violencia y respalda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre concesión de la nacionalidad
española a los sefardíes, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En marzo de 1492 se promulgó el Decreto de la Alhambra, otorgando a los judíos españoles de plazo hasta el 31 de julio para convertirse al cristianismo o tomar el camino del exilio.
Con esta decisión, los judíos fueron expulsados de España, viéndose así obligados a abandonar una tierra a la que se habían entregado por más de 1.500 años, ya que los primeros judíos que llegaron a
España lo hicieron tras la toma de Jerusalén por Tito y la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 D.C., que dio lugar a la diáspora.
Los judíos españoles se llamaban sefarditas o sefardíes, esto es 'españoles' (Sefarad es 'España' en hebreo), y como españoles han sido reconocidos desde entonces por el mundo, conformando una de las más importantes familias del pueblo
judío. En ese exilio mantuvieron con gran apego y respeto sus costumbres y raíces españolas, de modo que conservaron celosamente, no sólo el recuerdo y amor por España, sino también sus tradiciones, cultura y lengua. Su lengua, en concreto, es
denominada Ladino, o judeoespañol, que es la lengua materna de los sefardíes, los judíos españoles, y que es una forma de castellano antiguo todavía vivo por el mundo gracias a las comunidades sefarditas, desde el Norte de África a Grecia, los
Balcanes, Turquía y, por supuesto, Israel.
Tras la expulsión, los judíos españoles se trasladaron inicialmente a Portugal, a Marruecos y al Mediterráneo Oriental. Posteriormente, tras la expulsión de Portugal, a América y a otros países de Europa Occidental. Más adelante, las
comunidades de judíos españoles sufrieron la persecución y el Holocausto a manos del régimen nazi y sus aliados. En ese periodo, en notables ocasiones, y en consideración a su origen sefardí, diplomáticos españoles les ofrecieron protección en
varios países ocupados por el III Reich, evitando su muerte en los campos de exterminio.
Hoy existen aproximadamente dos millones de judíos sefarditas repartidos por el mundo, fundamentalmente en América, Norte de África y Oriente Medio, incluido Israel. Se puede afirmar que los sefarditas forman una de las comunidades más
entrañables y leales a la hispanidad de las que conforman la familia de los pueblos hispanos.
Los sefardíes, por tanto, han estado ligados al nacimiento y conformación de la nación española, a la que en su día aportaron figuras cumbre del conocimiento. Los descendientes de los antiguos judíos españoles, expulsados a su pesar en
1492, conservaron su identificación con España. En su poesía, su música, su arte, su gastronomía, sus fiestas y en sus ceremonias religiosas, los sefardíes viven todavía la añoranza de ser españoles.
Por ser los sefarditas testimonio vivo de una de las decisiones más injustas de la historia de España, y por su lealtad a sus raíces, creemos necesario desde el Grupo Parlamentario Popular contribuir al proceso de concordia y al reencuentro,
abriéndoles para siempre las puertas de su país, España.
Recientemente, en Portugal, mediante la Ley 43/2013, el parlamento aprobó por unanimidad la concesión de la nacionalidad portuguesa a los descendientes de los judíos sefarditas portugueses, para posteriormente proceder a modificar el
Reglamento de Nacionalidad Portuguesa, aprobado por el Decreto Ley n.º 237-A/2006, de 14 de diciembre.
Es el momento de que la democracia española recupere para su ciudadanía a los que aún sufren la injusticia y el agravio, a los descendientes de los judíos españoles expulsados hace más de quinientos años, que nunca quisieron dejar de ser
españoles, y nunca dejaron de sentirse tales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar un procedimiento reglado para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes por carta de naturaleza, con independencia de su lugar de residencia y de manera que no tengan
que renunciar a su nacionalidad anterior al adquirir la nacionalidad española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la retirada del Plan estratégico de Navantia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La empresa nacional Navantia cuya trayectoria se inicia con la creación de astilleros vinculados al ámbito militar ha adquirido a lo largo de tres siglos un gran prestigio internacional destacando tanto por la calidad y eficiencia en la
construcción y reparación de buques, como por los métodos de trabajo empleados y la alta tecnología que ha desarrollado. La industria naval es un sector estratégico para nuestro país y así ha de ser considerado.
Durante los dos últimos años, con el Gobierno del Partido Popular, los astilleros públicos españoles, bajo la excusa de la crisis, han sufrido un inexplicable proceso de paralización debido a la falta de encargos del Ministerio de Defensa, a
una nefasta política comercial y a una estrategia errada del Gobierno de España y de la cúpula directiva de Navantia que derivan en una importante pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos incidiendo de forma muy negativa en la economía
del país y especialmente en las zonas en que se ubican los astilleros.
Los reiterados incumplimientos del Gobierno con la garantía de carga de trabajo para los astilleros junto con la desidia demostrada por parte del Ejecutivo han puesto en una situación límite a las y los trabajadores del sector naval público
español, que se verá agravada si se lleva a cabo el anunciado Plan estratégico para Navantia que, sorprendentemente, considera a la empresa no competitiva ni sostenible.
A ello se une la pérdida del contrato de Gas Natural para hacer 5 gaseros que podían reportar a la empresa 600 millones de euros y 6.500 puestos de trabajo. Parece que la dirección de Navantia no hizo una oferta en firme para optar al
contrato y la empresa ha decidido hacerlos en astilleros de Japón y Corea.
El Gobierno del Partido Popular en lugar de adoptar una postura proactiva para la continuidad del sector naval, permite la irresponsable dejación de funciones de los distintos equipos directivos de Navantia, mostrándose más preocupado en
obedecer las consignas neoliberales austeridad que en atender las demandas de las y los trabajadores que, a través de sus movilizaciones, exigen carga de trabajo para los astilleros, actividad económica y empleo.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos manifestado en múltiples ocasiones nuestra preocupación tanto por la posición de mercado de nuestros astilleros en el ámbito nacional e internacional como por la pérdida de contratos con empresas
que tienen una fuerte implantación en España y un gran consumo de mercado en nuestro país. Ante la actual situación, los socialistas entendemos que es inexplicable la pasividad de la Administración que tiene consecuencias tan negativas para los
astilleros y consideramos urgente que se asuman responsabilidades políticas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en el Congreso presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retirar de forma inmediata el Plan estratégico de Navantia y negociar un Plan de viabilidad para la empresa con las y los trabajadores y el arco parlamentario de forma que se garantice la continuidad de todos los centros de Navantia y de
los puestos de trabajo sujetos a convenio.
2. Incrementar la carga de trabajo para los astilleros públicos por parte del Ministerio de Defensa.
3. Realizar las actuaciones necesarias para revertir el contrato de Gas Natural y que los gaseros se realicen en los astilleros de Navantia.
4. Establecer la máxima implicación de los Ministerios competentes y desde la misma Presidencia del Gobierno para cerrar las relaciones comerciales iniciadas.
5. Proceder a exigir las responsabilidades políticas de la cúpula directiva de Navantia y SEPI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.-Manuel Chaves González, María Paloma Rodríguez Vázquez, María Carmen Sánchez Díaz, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Francisco González Cabaña y María del Carmen Silva Rego,
Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
proceso de venta de NCG, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El BNG considera de importancia estratégica para Galicia la permanencia de NCG Banco como banco gallego independiente, por ser una herramienta fundamental para la permanencia en Galicia del ahorro de los gallegos y gallegas.
Esta permanencia está amenazada por el anuncio del FROB de vender la entidad antes del final del año a través de una subasta.
La anunciada venta significaría un negocio ruinoso para los contribuyentes, pues después de destinarse más de 9000 millones de euros de recursos públicos para su saneamiento, la venta en régimen de subasta sólo permitiría, en el mejor de los
casos, recuperar una pequeñaparte del dinero público invertido.
Por otra parte, el proceso de venta se acomete sin que se haya resulto el proceso de restitución del dinero invertido por las personas estafadas mediante la subscripción de participaciones preferentes, asegurando la devolución íntegra de sus
ahorros.
Si la venta ofrece serias dudas tanto en la oportunidad de vender la entidad como en el momento elegido para que esta sea puesta en venta, la evolución del proceso de subasta aporta aún más motivos para demandar la inmediata paralización de
este proceso. La prensa recogía en los últimos días noticias relativas a que los beneficios fiscales que pueda aplicar el comprador no se tendrán en cuenta en el momento de valorar las ofertas. Según diferentes medios, se trata de un cambio en los
criterios del FROB, después de haber comunicado a las instituciones internacionales el criterio contrario, que avalaba incluso un informe legal elaborado por un miembro del Consejo de Estado en excedencia.
Además, los posibles comparadores no conocen las reglas que van a regir la operación, puesto que no se establece si se compensarán con algún mecanismo los beneficios fiscales a utilizar (las entidades estatales tienen derecho a deducir 4.500
millones, y las internacionales, 2.500) o si se aceptará un esquema de protección de activos.
Por lo tanto, la falta de transparencia y de neutralidad, la indefinición y la falta de seguridad jurídica siguen siendo la tónica en el proceso de venta de NCG establecido por el FROB, cuyas reglas siguen sin conocerse públicamente. Es
inconcebible la arbitrariedad, discrecionalidad y falta de rigor con que avanza este proceso de subasta de una entidad financiera cuyo capital está nutrido de forma significativa por fondos públicos y que administra millones de recursos de
ahorradores que deben ser tutelados por las instituciones públicas. El proceso de venta de NGB comenzó de manera errada y continúa peor, lo que nos hace temer que se imputará al erario público una pérdida ingente de fondos aportados en beneficio de
bancos o fondos privados, por una gravosa asunción por parte de los contribuyentes de los errores del FROB en una apresurada venta, por lo que para el BNG lo más sensato es demandar su inmediata paralización.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Paralizar el proceso de venta de NCG (Novacaixagalicia) debido a la falta de transparencia, neutralidad, indefinición y falta de seguridad jurídica que se está observando en dicho proceso, además de su quebranto económico por haber
inyectado más de 9.000 millones de euros que apenas serán recuperados en subasta.
- Mantener a NCG como entidad pública nacionalizada otorgándole el carácter de entidad sistémica para que el ahorro de los gallegos y gallegas permanezca en Galicia.
- Adoptar decisiones en relación a NCG que no estén presididas por la premura ni por la inmediatez dado que la UE estableció un plazo hasta el año 2019.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF destinada a otros fines
de interés social de carácter ambiental, para su debate en el Pleno de esta Cámara.
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 599/2007, de 4 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los fines de interés social de la asignación tributaria del IRPF y el Real Decreto
195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y procedimiento para solicitar ayudas para fines de interés social, derivadas de la asignación tributaria del IRPF.
La finalidad de este nuevo Real Decreto 599/2007 es destinar parte de los fondos obtenidos a través de la recaudación del IRPF a finalidades de interés social de carácter ambiental, de la misma manera que desde finales de los años 80 se
vienen financiando actividades de cooperación y voluntariado social y de cooperación internacional para el desarrollo. Se trata de una iniciativa que responde a la creciente sensibilización social de la ciudadanía por las cuestiones
medioambientales. Cabe destacar que este cambio coincidió con el incremento de la asignación tributaria del 0,52 % al 0,7 %.
De esta manera el Gobierno reconoce a las ONGs ambientales como potenciales beneficiarias de la casilla del 0,7 % del IRPF, por lo que pasan a tener la consideración de finalidades de interés social los programas de asociaciones declaradas
de utilidad pública, así como las fundaciones adscritas al Protectorado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que fomenten, en relación a la defensa del medio natural y la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos
naturales y la prevención de la contaminación y del cambio climático.
Con esta reforma las organizaciones medioambientales pasan a ser un beneficiario más de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF junto con las organizaciones sociales y las de cooperación. En esta línea anualmente se consignan en un
concepto específico de los presupuestos de los Ministerios correspondientes para su financiación pero el porcentaje de distribución no queda claro.
En los últimos años, aproximadamente el 78 % de la recaudación se ha dirigido a financiar proyectos sociales, un 19 % proyectos de cooperación internacional y un 3 % proyectos medioambientales.
Como se puede observar, en el caso de las organizaciones medioambientales la cifra es muy inferior en comparación con los otros dos conceptos, hecho que pone de relieve la urgente necesidad de elevar el porcentaje que se destina a las
organizaciones con carácter medioambiental, no se trata de entrar en una competición entre sectores, sino de establecer un sistema justo y equitativo para todos los beneficiarios que quizás conlleve el incremento de la asignación tributaria o la
compensación por parte del Gobierno para que nadie salga perdiendo.
Además la convocatoria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, continua estableciendo unos requisitos que impiden la presentación de solicitudes de organizaciones autonómicas porque se exige, entre otros criterios, que
sean asociaciones con actividad acreditada, al menos, en más de una Comunidad Autónoma, hecho que se lleva repitiendo en las sucesivas convocatorias y en la última de 2013.
Por todo ello, y considerando que es necesario avanzar hacia una reforma de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF, en línea de conjugar la doble lógica autonómica y estatal, posibilitando las competencias
exclusivas y compartidas de las comunidades autónomas y garantizando una mayor dotación de recursos para los programas sociales y ambientales por parte de las ONGs sociales y ambientales, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la próxima convocatoria del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, para la asignación del 0,7 % del IRPF a organizaciones con carácter medioambiental:
1. Se garantice que un porcentaje mínimo del 15 % del total de fondos recaudados se destinan a las organizaciones medioambientales, articulando las medidas oportunas para que las entidades sociales no vean mermados sus recursos.
2. Se elimine el requisito de implantación estatal y/o de actuación en más de una comunidad autónoma para acceder a dicha convocatoria.
3. Se avance en la necesaria reforma de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF en los términos siguientes:
a) La territorialización a nivel autonómico de la gestión y distribución del 0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social y ambiental.
b) El establecimiento de un tramo autonómico del 50 % sobre la recaudación del 0,7 % del IRPF, el cual será gestionado de manera íntegra por las comunidades autónomas en la próxima campaña de la renta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2013.- Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.