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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 367, de 29/11/2013
cve: BOCG-10-D-367
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de noviembre de 2013
Núm. 367
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000042 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para analizar la situación de los seguros agrarios, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ...
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000779 Proposición no de Ley presentada por los Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre concesión de un salvoconducto para viajar a España al exanalista estadounidense Edward Snowden ...
162/000780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a dotación de carga de trabajo a los astilleros públicos de Navantia ... (Página6)
162/000781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la financiación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ... (Página8)
162/000782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre equiparación del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a nivel de Máster del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior ... (Página9)
162/000783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico ... (Página11)
162/000784 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Mixto, Catalán (Convergència i Unió), para la defensa y promoción de una
televisión pública en valenciano y de calidad en la Comunitat Valenciana ... (Página12)
162/000785 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre cumplimiento de las recomendaciones de la ONU sobre desapariciones forzadas en España ...
162/000786 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Vasco (EAJ-PNV), sobre creación de una comisión de la verdad ... (Página15)
162/000787 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre desbloqueo de las adopciones internacionales en la Federación Rusa ... (Página17)
162/000788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las recomendaciones realizadas al Estado español por el Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada ...
162/000789 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para evitar la percepción del subsidio de desempleo por excarcelación y otras prestaciones de carácter público por parte de
terroristas que no han mostrado arrepentimiento ni colaborado con la Justicia ... (Página19)
162/000790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre prolongación voluntaria de la actividad del profesorado de los cuerpos docentes universitarios más allá de su edad de
jubilación ... (Página20)
162/000791 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los propósitos del Gobierno en relación con la reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
... (Página21)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
244/000001 Propuesta de nombramiento de miembros del Consejo General del Poder Judicial... (Página22)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000042
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para analizar la situación de los seguros agrarios.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el
conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con eI artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de
creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presentar propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para analizar la
situación de los seguros agrarios.
Exposición de motivos
El sistema nacional de seguros agrarios viene constituyéndose, desde hace más de 30 años, en una de las piezas fundamentales de la política agraria. El desarrollo de este sistema se debe, en gran medida, a las peculiares condiciones
agroclimáticas que presenta nuestro territorio nacional, especialmente amenazado por inclemencias climatológicas (sequía, lluvia fría...) y catástrofes naturales (incendios, inundaciones...), a la incidencia especial que tiene el clima en la
actividad agrícola y ganadera.
Se trata de un sistema capaz de dar cobertura a los daños producidos en las producciones agrícolas, ganaderas y forestales como consecuencia de riesgos no controlables. Con dicho sistema combinado de seguros agrarios, se garantiza a los
agricultores unos ingresos mínimos en las explotaciones, incluso cuando se producen todo tipo de catástrofes naturales que perjudican sus cosechas.
Tradicionalmente, el sistema se apoyaba en la actuación conjunta de instituciones públicas y privadas, con ayudas públicas que favorecían el aseguramiento.
Buena parte de las primas se abonaban con cargo a subvenciones, tanto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -a través de su organismo autónomo ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios) como de las distintas
Comunidades Autónomas. Estas aportaciones han alcanzado en torno a los 300 millones de euros (Estado) y 130 millones (Comunidades Autónomas), que permitían a los asegurados hacer frente a entre el 50% y el 60% del coste de las primas de los seguros
agrarios.
El sector asegurador privado se agrupa en AGROSEGURO, entidad privada que integra a todas las empresas aseguradoras, tanto nacionales como extranjeras que operan en el ámbito del seguro agrario combinado.
Con la crisis económica estas aportaciones públicas se han visto drásticamente reducidas. La aportación estatal al Plan Estatal de Seguros Agrarios ha pasado de 274,10 millones de euros, en el Presupuesto para el año 2011, a 199,18 millones
en el Proyecto de Presupuesto para el año 2014. Esto supone una reducción de casi el 28% en estos últimos años.
Como consecuencia de estas reducciones presupuestarias, las primas de los seguros agrarios se han visto notablemente incrementadas.
Por todo ello, también se han visto reducidas el número de pólizas suscritas por los agricultores. De 582.694 en 2011 han pasado a poco más de 400.000 en 2012.
Por otro lado, recientemente la Comisión Nacional de la Competencia y de los Mercados recomendó, en una carta y una nota enviada al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una revisión en profundidad del sistema de seguros
agrarios y del funcionamiento de AGROSEGURO que, desde su peculiar perspectiva, es cuestionable desde el punto de vista del Derecho de la Competencia.
Es necesario, por todo lo expuesto, cuestionarse y redefinir los pilares estructurales del sistema de seguros agrarios a través de un Pacto Nacional que negocie un nuevo sistema de seguros agrarios. En definitiva, se trata de convertir la
política de aseguramiento agrario en una línea central de la política agraria de nuestro país.
Para ello, la creación de una subcomisión parlamentaria en el que se escuche tanto al sector afectado como a las organizaciones profesionales agrarias y a los expertos se erige en un mecanismo adecuado para iniciar este complejo proceso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la creación en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de una Subcomisión para el estudio de un nuevo Sistema de Seguros Agrarios.
Reglas de organización y funcionamiento
A) Composición.
La Subcomisión se compondrá de diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergencia i Unió), de
lU, ICV-EUiA, CHA La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
B) Adopción de Acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar, tras la comparecencia de interesados, organizaciones agrarias y expertos, el análisis de la situación así como las recomendaciones relativas a las reformas que han de producirse en el sistema de seguros
agrarios para su sostenibilidad futura.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio correspondiente y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su constitución, prorrogable por decisión del Pleno de la Cámara cuando los trabajos de la subcomisión así lo
aconsejen. El mencionado Informe, una vez aprobado por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley para la concesión de un salvoconducto para viajar a España al exanalista
estadounidense Edward Snowden, para su debate en el Pleno.
Rusia ha concedido asilo temporal de un año al exagente estadounidense que reveló el espionaje de Estados Unidos a Europa, Edward Snowden, pero no le acoge como refugiado advirtiendo que 'no es un perseguido político'. Este plazo terminará
en agosto de 2014 y a partir de ese momento, Snowden volvería a estar en riesgo de extradición a su país, expuesto a juicio sumarísimo y severa sentencia. Por ello es fundamental que se le ofrezca la posibilidad de solicitar asilo político El
partido Los Verdes ha planteado en el Parlamento alemán la conveniencia de concederle asilo político. Efectivamente, Edward Snowden ha ofrecido a la canciller alemana, Angela Merkel, a la Fiscalía federal y al Parlamento germano su ayuda para
reunir todos los detalles relativos a las escuchas de la NSA estadounidense. Snowden explicaba en una carta remitida al gobierno alemán que está en condiciones de cooperar en la búsqueda responsable de los hechos y aclarar la verdad y autenticidad
de los documentos publicados.
En respuesta al Grupo Parlamentario que suscribe la presente iniciativa, y tras la solicitud presentada por una representante del exagente en la Embajada española en Moscú, el Gobierno ha asegurado que sólo estudiaría dar asilo a Edward
Snowden, en el caso de que éste lo pidiera y siempre que se encontrase en territorio español. En todo caso, el Gobierno apunta que en el hipotético caso de que el extécnico de los servicios secretos de Estados Unidos presentara su solicitud, ésta
'se estudiaría', de acuerdo con los principios y los requisitos de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a conceder a Edward Snowden un salvoconducto para viajar a España, para que pueda:
1) Testificar ante el Congreso de los Diputados y ante el fiscal general con el fin de contribuir con la información en su poder al esclarecimiento del escándalo de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense a
ciudadanos españoles.
2) Solicitar formalmente asilo en nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de dotar con urgencia de carga de trabajo a los astilleros públicos de Navantia. Debate en Pleno,
Exposición de motivos
Las malas noticias para el sector naval público parecen sucederse sin que el Gobierno central tome de una vez las riendas del problema y evite la desaparición de los astilleros públicos de Navantia, con especial referencia a los centros de
Ferrolterra, cuya situación de inactividad es verdaderamente preocupante.
La falta de carga de trabajo es un clamor. Y las promesas de futuros contratos son solamente palabrería que nunca se ve reflejada en hechos, La pérdida de puestos de trabajo en los astilleros de la Ría de Ferrol se cuenta por miles, y lo
que nos podría deparar el futuro sería trágico si no se remedida con agilidad.
Recientemente hemos tenido conocimiento de que Navantia no ha logrado hacerse con el contrato de construcción de cuatro buques gaseros para la nueva ruta de transporte de gas entre Estados Unidos y Japón para Stream (formada por Gas Natural
y Repsol). Se trataba de una oportunidad única, de un contrato valorado en 800 millones que se han llevado astilleros asiáticos, en concreto, el astillero coreano de Hyundai y al japonés de Imabari.
Según se ha recogido en los medios de comunicación, la pérdida de este importante contrato ha generado un gran malestar en el Ministerio de Industria, cuyo Ministro le habría mandado una carta al Presidente de Gas Natural para que se reúna
con Navantia. Cabe preguntarse si el Ministro realizó gestiones con antelación para evitar este lamentable desenlace.
En cambio, la dirección de Navantia afirma que no tiene información oficial de que el proceso de adjudicación de los gaseros esté finalizado. Pero mucho nos tememos que estemos ante la clásica maniobra de dilación, dejar pasar el tiempo
hasta que la situación sea irreversible y no haya remedio. Es preciso recordar que sólo faltan unas tres semanas para que se termine la fabricación del único barco en construcción, el 'Adelaide' en la Ría de Ferrol.
El Gobierno debería trabajar contra reloj, afrontando la situación con urgencia, porque cuando los astilleros de Navantia en Ferrolterra terminen el 'Adelaide', la plantilla auxiliar que trabaja en dichas instalaciones quedará sin empleo, y
los trabajadores del astillero público permanecerán en la subactividad.
El BNG lleva años alertando en sus iniciativas parlamentarias sobre esta situación, años advirtiendo de la necesidad de adoptar medidas con carácter urgente y años proponiendo soluciones que el PP asumió en campañas electorales, pero de las
que se olvidó una vez que llegó al Gobierno. Nos referimos con ello a la propuesta de dique flotante que daría carga de trabajo para más de dos años, a la necesidad de batallar en la UE para que se levante el veto que pesa sobre Navantia Fene para
la construcción de buques civiles, entre otras medidas.
La caída de la actividad en los astilleros públicos de Ferrolterra ha llevado a la pérdida de unos 3.000 puestos de trabajo directos, ha cerrado más de media docena de compañías auxiliares, lo que ha aumentado de manera alarmante las cifras
de paro en la zona.
El Presidente de Navantia, en su última comparecencia en el Congreso, aludió a un Plan de viabilidad para los astilleros para el periodo 2014-2017, asegurando que no afectaría a los puestos de trabajo. Sin embargo, este tipo de malas
noticias, la pasividad ante la situación de unos astilleros punteros, de gran desarrollo tecnológico, nos llevan a pensar que el Gobierno está dejando caer a uno de los principales sectores industriales. El hecho de encontrarnos con las gradas
vacías hace pensar que es la justificación que el Ejecutivo necesita para proceder a ejecutar una nueva reestructuración del naval.
Sobre todo porque en las negociaciones entre la dirección de Navantia y los representantes sindicales, la compañía se ha comprometido a no aplicar un Expediente de Regulación de Empleo durante este año. Algo fácil de mantener si tenemos en
cuenta que queda apenas un mes para finalizar el presente ejercicio. Sin embargo, la dirección no ha querido comprometerse en relación al mantenimiento de los puestos de trabajo para el 2014. Lo cual es un síntoma negativo que da que pensar.
La pérdida de los gaseros ha sido un duro golpe para los trabajadores de las plantillas de Ferrol y Fene que consideran que el Gobierno no ha hecho bien sus deberes ante Gas Natural.
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar con carácter inmediato de carga de trabajo a los astilleros de Navantia de Ferrol, Fene y Cádiz, en las diferentes actividades que realizan tanto en la construcción naval como en otras áreas,
2. Impedir cualquier Plan de Reestructuración que suponga la eliminación de puestos de trabajo en Navantia, la reducción de la capacidad de producción, o el deterioro de las condiciones de trabajo.
3. Contar en todo este proceso con las compañías auxiliares que desarrollan su actividad en los centros de Navantia.
4. Emprender un conjunto de actuaciones destinadas a presionar a la UE para que se levante el veto que pesa sobre Navantia Fene para construir buques civiles, y desechar cualquier estrategia industrial de la UE que pretenda establecer el
monocultivo militar. En consonancia con lo anterior, anular el veto existente en relación a la construcción naval civil así como la limitación al 20% de la facturación de la empresa que se estableció en el anterior Plan de Reestructuración de 2005.
5. Dotar al centro de Navantia Fene del necesario personal de gestión, técnico y productivo para poder llevar a cabo proyectos en el ámbito de la construcción naval civil como buques mercantes, de modo que sus instalaciones no caigan en la
total infrautilización.
6. Cambiar el modelo de producción consistente en la realización de bloques por determinados centros que sufren después largos desplazamientos que, además de elevar innecesariamente los costes de producción, sirven sólo para generar precios
de transferencia entre el centro gestor del proyecto y los otros centros 'auxiliares', a beneficio de los primeros y empeorando los resultados de los segundos. El reparto de trabajo debe hacerse a nivel de proyectos dentro de un programa
determinado.
7. Crear Unidades Territoriales con una Dirección única que tengan competencias plenas en la gestión y responsabilización. De modo que se puedan adoptar las medidas precisas en los ámbitos de la ingeniería, diseño, I+D+I, financiero, de
inversión y productivas, que permitan optimizar los resultados de los centros y maximizar las sinergias entre los centros de una misma Unidad, y como derivada, del conjunto de la empresa: Ferrol-Fene, Cádiz, Cartagena. Así, la Unidad Central debe
configurarse como un órgano de coordinación y gestión de aquellas actividades en las que la existencia de economías de escala sean determinantes: grandes compras o el ámbito comercial.
8. Negociar con los Gobiernos autonómicos donde están localizados centros de Navantia, como es el caso de la Xunta de Galicia, su participación en los Consejos de Administración de la Empresa, así como posibilitar la participación de dichos
Gobiernos en el capital social de la Empresa. En esa línea, debería ser la Xunta de Galicia la que efectuase la gestión íntegra y exclusiva de las medidas de carácter reindustrializador que se pudiesen realizar.
9. Consolidar la situación financiera de la Empresa dentro de unos parámetros empresariales normales, superando el grave desequilibrio existente, e impidiendo que debido a la nefasta gestión empresarial se produzcan recurrentes reducciones
de capital por razones estrictamente legales, frente a situaciones extremas de evolución del patrimonio neto de la Empresa, y realizándolo a través de un incremento de capital suficiente que tenga en cuenta los sobrecostes que se van a producir
debido a los fallos de diseño de la obra principal en uno de los centros de la Empresa (Cartagena).
10. Que el Ministerio de Industria cumpla en plazo el plan de financiación de sus programas de construcción, y lo mismo para el caso de la financiación de la obra en curso por parte de Industria puesto que su incumplimiento lleva al
agravamiento innecesario de los gastos financieros de la Empresa Navantia como consecuencia de sus resultados totales.
11. Iniciar un diálogo con la Xunta de Galicia para negociar el traspaso de las competencias exclusivas en relación a los astilleros públicos de Navantia en la Ría de Ferrol, a fin de poder diseñar un programa de desarrollo económico e
industrial propio con el objetivo de impulsar los centros gallegos de Navantia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la financiación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Como es conocido, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, es el mayor organismo público de investigación que existe en España. En la actualidad se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y
Competitividad a través de la Secretaria de Estado de Investigación. Entre sus objetivos se encuentra promover investigaciones en favor del desarrollo científico y tecnológico. En el CSIC trabajan actualmente unas 14.000 personas repartidas en 125
centros e institutos de investigación distribuidos por toda España, más otro con sede en Roma.
La viabilidad y futuro del CSIC atraviesan momentos muy delicados. Los sucesivos recortes presupuestarios y la falta de financiación han provocado una situación de quiebra técnica. A lo largo del periodo 2008-2012, el presupuesto del CSIC
ha sufrido un severo ajuste por diversas causas. La principal ha sido la disminución de las transferencias del Estado, pero también la notable disminución de los fondos destinados al Plan Nacional de I+D+i y el retraso de las convocatorias públicas
de ayudas a la investigación, así como la mengua de los ingresos derivados de la investigación contratada como fruto de la crisis económica. En julio de 2012, el retraso en las transferencias del Estado, que suponen aproximadamente la mitad de su
presupuesto, puso en grave riesgo el pago de las nominas de los trabajadores del CSIC.
Según el RD 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto, indica en la disposición transitoria primera: 'El Consejo Rector de la Agencia
Estatal CSIC deberá aprobar y remitir a los Departamentos competentes, en el plazo de tres meses, desde su constitución, la primera propuesta de Contrato de Gestión a que se refiere el artículo 24.2 del presente Estatuto. Excepcionalmente, el
primer contrato de gestión tendrá un periodo de vigencia que finalizará el 31 de diciembre de 2009. Hasta tanto se apruebe el Contrato de Gestión previsto, será de aplicación el Plan Inicial de Actuación de la Agencia contenido en la Memoria que
acompaña al presente Real Decreto'.
Desde esa fecha consta la obligación de firmar un Contrato de Gestión que permita al CSIC cumplir la normativa establecida para actuar como una verdadera Agencia Estatal, y no como otro Organismo Público de Investigación. Pero los sucesivos
gobiernos han ido retrasando la firma de este contrato, provocando una grave disfunción de la gestión de este importante organismo de investigación. Sin embargo, la entrada en vigencia del Contrato de Gestión permitiría al CSIC enfrentarse en
mejores condiciones a la difícil situación financiera en la que se encuentra sumido. En definitiva, el Contrato de Gestión le permitiría ejercer plenamente la autonomía y responsabilidad que le atribuye la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias
Estatales para la mejora de servicios públicos que, en su artículo 14, Elaboración y aprobación del Contrato de gestión, establece lo siguiente:
'1. El Consejo Rector de cada Agencia aprueba la propuesta de Contrato inicial de gestión, en el plazo de tres meses desde su constitución. Los posteriores contratos de gestión se presentarán en el último trimestre de la vigencia del
anterior.
2. La aprobación del Contrato de gestión tiene lugar por Orden conjunta de los Ministerios de adscripción, de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, en un plazo máximo de tres meses a contar desde su presentación. En el caso
de no ser aprobado en este plazo mantendrá su vigencia el contrato de gestión anterior.'
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Establecer las causas y responsabilidades por las que desde la entrada en vigor del Real Decreto 1730/2007, por el que se crea la Agencia Estatal, el CSIC no ha elaborado y presentado el Contrato de
Gestión a que viene obligado por Ley o, de haberlo presentado, por qué no lo han firmado los correspondientes organismos de la Administración.
2. Elaborar y firmar en el plazo más breve posible el obligado Contrato Plurianual de Gestión para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de modo que le permita aprovechar al máximo los recursos propios que pudiera generar y
cumplir de esta manera la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de Servicios Públicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para la equiparación del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a nivel de Máster del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Actualmente hay dos titulaciones universitarias que dan acceso a la profesión regulada de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos: el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos.
Hasta la nueva regulación consecuencia del llamado 'Plan Bolonia', el título habilitante para el ejercicio de la profesión había sido exclusivamente el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, cuya última regulación, vigente
todavía para los alumnos de las Escuelas que lo imparten, era la contenida en el Real Decreto 1425/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título universitario oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél.
Tras el proceso de convergencia del espacio universitario europeo o 'Proceso de Bolonia', y conforme con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, surge un
nuevo título habilitante de esta profesión, el Máster regulado por la Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Sin embargo e incomprensiblemente no se previó, como era lógico, la homologación de las titulaciones anteriores y posteriores al Plan Bolonia. En consecuencia, el colectivo actual de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos colegiados,
formado por más de 26.000 personas, se compone a día de hoy de un gran porcentaje de titulados en los planes pre-Bolonia cuyo título de Ingeniero no ha sido homologado con el de Máster en Ingeniería, pese a que ambos habilitan exactamente para
ejercer la misma profesión.
La profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos se caracteriza por una gran movilidad geográfica en su desempeño. Buena parte del colectivo ejerce de manera muy significativa fuera de España: de los 26.000 colegiados, cerca de
3.000 están ejerciendo su profesión en otros países. Ahora bien, mientras que fuera de España los títulos equivalentes al de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos tienen homologado el nivel de Máster, no ocurre lo mismo en España, pese a que en
la contratación privada o laboral, y muy especialmente en las licitaciones públicas a las que concursan las empresas de ingeniería civil, se exige que los Ingenieros al frente de los proyectos tengan ese nivel de titulación.
En consecuencia, la falta de homologación del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con el Máster análogo perjudica tanto la empleabilidad de los ingenieros españoles como la competitividad de las empresas españolas que
participan en concursos internacionales; estas se ven obligadas a contratar ingenieros no españoles debidamente titulados, con el consiguiente perjuicio para los titulados en España.
Por consiguiente, la homologación del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos al Máster ingeniero de Caminos, Canales y Puertos no sólo es una obligación elemental de la Administración
educativa, incomprensiblemente desatendida pese al grave perjuicio que impone a los titulados pre-Bolonia, sino que resulta trascendental tanto para el reconocimiento profesional en el extranjero de los titulados en universidades españolas
como para mejorar la competitividad de las empresas españolas en concursos internacionales donde se requiere el título de Máster.
El establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EFES) y la implantación de los planes 'Bolonia' en España ha supuesto una preterición de los títulos regulados por la legislación y normativa anterior, como sucede con el título
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Por contenido formativo, competencias y capacidades que se adquieren con las titulaciones, y duración de los estudios, el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (pre-Bolonia, regulado por el
Real Decreto 1425/1991, de 30 de agosto) es en todos los aspectos equivalente al título de Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (post-Bolonia, regulado por el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre y la Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero).
Pero el caso es que el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos pre-Bolonia, que siempre ha superado el mínimo de 300 créditos europeos (ECTS) exigidos por el art. 5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, no tiene reconocida
por ninguna norma española el nivel de Máster pese a ser obviamente del mismo nivel formativo. No hay pues ninguna objeción académica que impida la homologación automática de ambos títulos. Ambos dan acceso al doctorado, al ejercicio de la misma
profesión regulada (la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) y ostentan el máximo nivel universitario de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones
profesionales (art. 11.e) y del Real Decreto 1837/2008 que la incorpora al ordenamiento jurídico español (art.19.5 y Anexo VIII).
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, dentro de sus competencias de ordenación y regulación de la profesión, y las Universidades españolas en el ejercicio de sus competencias académicas, vienen supliendo esta falta de
homologación expidiendo documentos que certifican dicha equivalencia. En el último año, el Colegio ha expedido más de 300 certificados en tal sentido. Sin embargo estos certificados no siempre son reconocidos en el extranjero. Eso provoca obvias
desventajas para los ingenieros y para las empresas españolas que concursan en un sector altamente internacionalizado donde esas empresas españolas tienen un papel importante.
La equiparación del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos al Máster respectivo es indispensable por razones de equidad, de seguridad jurídica y de apoyo a la empleabilidad y a la competitividad de las empresas españolas. Además
es una reforma normativa sencilla y sin coste alguno para el erario.
Por otra parte, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente, recomendaba a los Estados miembros que, antes de 2010,
equipararan sus sistemas nacionales al Marco Europeo de Cualificaciones, vinculando de manera transparente sus niveles de cualificación con los niveles contemplados en el Anexo de dicha Recomendación.
España sigue pendiente de realizar y comunicar a la Comisión Europea el informe relativo a esta Recomendación. En tal informe debe figurar el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como de nivel EFQ-MEC 7. Y de acuerdo con tal
Recomendación, el Gobierno debe velar porque todos los títulos universitarios de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos contengan una referencia expresa al nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y al nivel
7 del Marco Europeo de Cualificaciones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. La homologación de la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos al nivel de Máster, mediante la inclusión de dicha titulación en el Nivel de Máster (Nivel 3) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
2. Modificar el anexo del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), incluyendo un nuevo supuesto en el
Nivel 3 (Máster) de su anexo: 'Título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de al menos 300 créditos ECTS'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los arts. 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al
Estudio y Rendimiento Académico para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Existe en la actualidad cierta preocupación y alarma social frente a las medidas que el Gobierno del Estado español está tomando para la contención del gasto público. Medidas estas, conocidas como 'recortes' que día a día van minorando los
derechos sociales de los ciudadanos.
Una de las mayores preocupaciones y alarmas entre los más jóvenes se ha dado en los últimos días ante el anuncio del Ministro de Educación del Gobierno del Estado español de un nuevo recorte europeo en las becas Erasmus 'llegará menos dinero
de Europa para las becas españolas y las universidades tendrán que ajustarse a ese presupuesto y, por lo tanto, ofertar menos plazas el curso que viene'.
A los pocos días, el Portavoz comunitario de Educación replicó al Ministro Wert desde Bruselas tildando sus afirmaciones de 'erróneas y basura', según la Comisión Europea el Estado español recibirá un 4% más de fondos comunitarios en el
próximo curso escolar.
La alarma y la incertidumbre entre los estudiantes y la comunidad educativa es máxima ante anuncios como estos por parte del Gobierno del Estado español y más aún cuando las medidas de 'recorte' se toman de la noche a la mañana mediante
Decreto-Ley y sin contar con los agentes sociales implicados, la comunidad educativa y los estudiantes.
Las becas y ayudas al estudio deben garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, así como la cohesión social y territorial favoreciendo la flexibilidad, fomentando la movilidad internacional y nacional de los
estudiantes y el aprendizaje de idiomas, promoviendo el acceso a los recursos a las personas con discapacidad, etc.
El Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre, por el que se crea el Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico, puso en marcha el Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento
Académico. La puesta en marcha de este Observatorio constituyó una medida contemplada en el Plan de Acción 2010-2011, presentado el 25 de junio de 2010 al Consejo de Ministros, y con el que el Ministerio de Educación pretendió orientar toda su
actividad a la consecución de los Objetivos de la Educación para la década 2010-2020, en torno a los que se suscitó un amplio consenso político y social que a día de hoy no existe.
El Observatorio se configuró como un órgano colegiado en el que participan no sólo representantes de los agentes sociales y de los estudiantes, como exige la citada norma legal, sino también de las Comunidades Autónomas y de las
universidades, con objeto de integrar en un mismo foro a todos los intereses concernidos por la política de becas y ayudas al estudio.
El Observatorio es un órgano de asesoramiento al que corresponde estudiar y analizar los resultados de los programas de becas y ayudas al estudio universitarios, con objeto de contribuir a la mejora de la equidad, la eficiencia, la eficacia
y la transparencia del sistema universitario del Estado español. La información que proporcione el Observatorio debe ser utilizada para mejorar la eficacia del proceso de toma de decisiones de las universidades, las Comunidades Autónomas y la
Administración General del Estado, pero también contribuir a que el colectivo de estudiantes conozca el esfuerzo económico de las Administraciones Públicas en el ámbito de las becas y ayudas al estudio.
El Grupo Vasco cree necesario abrir un proceso de diálogo y análisis serio y riguroso con los agentes educativos implicados para analizar la política de becas y las importantes reformas educativas emprendidas.
Asimismo, es necesario que se analice la política de becas del Gobierno del Estado español dentro del Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico tal y como recoge el artículo 43.3 del RD 1791/2010, 30 de diciembre, del
Estatuto del Estudiante.
Por lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado español a convocar de manera urgente y en el plazo máximo de un mes el Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios y Diputados abajo firmantes tienen el honor de dirigirse a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de ley para la defensa y la promoción de una televisión pública en valenciano y de calidad en la Comunitat Valenciana, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Consell de la Generalitat ha decidido cerrar la Radiotelevisión Pública Valenciana (RTVV) después de veinticuatro años de emisión ininterrumpida. La liquidación de esta empresa pública supondrá el despido de 1.600 trabajadores y la
destrucción de otros 3.000 empleos en el sector audiovisual valenciano. La decisión unilateral del Gobierno valenciano vulnera el derecho a la libertad de información y expresión de cinco millones de valencianos tal y como marca el Estatuto de
Autonomía y la Constitución española.
Además, la desaparición de RTVV dejará el espectro radioeléctrico valenciano sin una emisora autonómica que garantice el servicio público, fomente la información de proximidad y el uso del valenciano, lengua propia de la comunidad, tal como
recoge considerado en el Estatuto de Autonomía.
El cierre de la televisión y la radio públicas afectará directamente al derecho de los valencianos a ser informados en su lengua propia. Además, la vertebración del territorio se verá seriamente afectada porque es la única televisión y
radio públicas que informan de lo que sucede a diario en toda la Comunitat Valenciana, desde Vinaros a Pilar de la Horadada pasando por Xátiva y Requena.
Para el sector periodístico supone un golpe mortal, máxime cuando los índices de desempleo en la profesión superan el 45 % en la Comunitat Valenciana. Sólo RTVV daba trabajo a unos 450 periodistas. La pérdida de estos puestos, de trabajo
colapsará el mercado laboral ya de por sí saturado y sin visos de mejorar.
Hasta cuatro universidades públicas valencianas y una privada imparten las titulaciones de Periodismo y Comunicación Audiovisual con sus correspondientes líneas de investigación. El cierre de RTVV supondría un freno a las expectativas de
centenares de licenciados, unos 300 al año sólo en Periodismo, que podían realizar sus prácticas y aspirar a un futuro profesional en la RTVV o en el mercado secundario que genera, además de formarse para exportar su conocimiento a otras zonas de
España o al extranjero.
El cierre de RTVV supone un golpe a un sector altamente cualificado con gran capacidad de internacionalización. Estos empleos están fuertemente vinculados a la cultura y la creación de conocimiento en la Comunitat Valenciana.
La desaparición de esta radio y televisión públicas puede suponer el principio del fin de otros entes autonómicos que están considerados en sus estatutos como un servicio público para sus ciudadanos.
El sector audiovisual debe ser considerado como estratégico por la alta cualificación de los puestos de trabajo como por lo que supone de beneficio e impulso cultural para la sociedad.
Por todo ello, los Grupos Parlamentarios firmantes formulan la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias, y en colaboración con la Generalitat Valenciana, promueva todos los mecanismos necesarios que garanticen que Radio Televisión Valenciana sea viable
económicamente y un eje dinamizador del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana, tomando todas aquellas medidas necesarias que garanticen el mantenimiento RTVV, pública, en valenciano, y de calidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.-Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez,
Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-Antonio Cantó García del Moral, Diputado.- Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.-Joan Baldoví Roda, Teresa Jordà i Roura,
Pedro Quevedo Iturbe y M.a Olaia Fernández Davila, Diputados, Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley para el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU sobre
desapariciones forzadas en España, para su debate en el Pleno.
Un mes después de la visita a España del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada aprobó el 13 de noviembre
de 2013 sus Observaciones Finales.
La siguiente Proposición no de Ley recoge las recomendaciones más importantes formuladas por la ONU a nuestro Estado, en el marco de aplicación de la Convención internacional sobre Desapariciones Forzadas, de la que es parte el Reino de
España.
El informe final del organismo internacional expresa su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a 'cumplir su obligación' de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo
que recomienda al Ejecutivo que asigne 'los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes'. Actualmente no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea.
Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado españoles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones debido a la muerte de los responsables, la prescripción del delito y la ley de amnistía no han convencido a la ONU. 'El
Comité insta al Estado a que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su
identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas (...) y a que se adopten las medidas
necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía'.
El Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada también insta a España a colaborar 'en todo lo necesario' con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos, como ocurre ahora en Argentina. Naciones Unidas
manifiesta también su inquietud por el escaso alcance de la ley de memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando 'la búsqueda de las personas que han sido
sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado'.
La ONU ha dado a España un plazo de un año, 'a más tardar el 15 de noviembre de 2014' para informar al Comité de si ha hecho caso a tres de sus recomendaciones: la de adoptar las medidas
necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo; la de eliminar en la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la detención incomunicada y la de dotar
de recursos económicos, técnicos y de personal la tarea de búsqueda de desaparecidos. Para el resto de sus recomendaciones, el Comité da a España un plazo de seis años.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha las recomendaciones al Estado español aprobadas el 13 de noviembre de 2013 por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, especialmente:
1) Velar por que se garantice el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre los delitos de desaparición forzada.
2) Velar por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.
3) Asegurar que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.
4) Promover las medidas necesarias, legislativas y judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que pueden impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía.
5) Garantizar que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.
6) Garantizar que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género.
7) Promover las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas queden expresamente fuera de la jurisdicción militar en todos los casos y solo puedan ser investigadas por la justicia
ordinaria.
8) Garantizar que las personas sospechadas de haber cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir, directa o indirectamente, por si o a través de otros, obstruyendo las investigaciones. En particular,
promover una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que asegure que las fuerzas de seguridad, cuyos miembros se encuentren sospechados de la comisión de una desaparición forzada, no participen en la investigación.
9) Velar por que se asegure el auxilio judicial necesario, incluyendo el suministro de todas las pruebas que obren en su poder, a las autoridades de otros Estados partes que así lo soliciten en el marco de investigaciones de posibles casos
de desaparición forzada. En particular, velar por que las autoridades correspondientes presten todo el auxilio posible cuando reciban solicitudes en los términos del artículo 15 de la Convención internacional sobre Desapariciones Forzadas.
10) Promover la inclusión en la legislación interna española la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a una
desaparición forzada.
11) Promover medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de establecer una definición de víctima que esté en conformidad con la que figura en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención, y que asegure que toda persona física que
haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda recibir todas las medidas de indemnización y reparación previstas en el ordenamiento jurídico, aun cuando no se haya iniciado un proceso penal.
12) Promover las medidas legislativas o de otra índole necesarias con miras a ampliar las modalidades de reparación de modo que se ajusten plenamente a lo previsto por el artículo 24, párrafo 5, de la Convención, y a otros estándares
internacionales en la materia.
13) Dado que la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal, y que los familiares tienen, entre
otros, el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos, adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los
recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas.
14) Considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.
15) Prever de forma expresa el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada en línea con lo dispuesto por eI artículo 24, párrafo 2, de la Convención y a asegurarse que todas las víctimas puedan gozar plena y efectivamente de
ese derecho.
16) Considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas.
17) Promover la revisión de la legislación penal con miras a incorporar como delitos específicos las conductas descritas en el artículo 25, párrafo 1, de la Convención, que prevean penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.
18) Intensificar sus esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad de conformidad con el artículo 25, párrafo 2, de la Convención.
Al respecto, intensificar también sus esfuerzos a fin de garantizar que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados, tanto por vía administrativa como judicial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, los Grupos Parlamentarios y Diputados abajo firmantes se dirigen a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
siguiente Proposición no de Ley sobre creación de una comisión de la verdad, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
La Plataforma por la Comisión de la Verdad, compuesta por víctimas de la guerra civil y el franquismo y asociaciones representativas de las mismas, se ha dirigido a todos los grupos con representación parlamentaria para promover la
presentación de una iniciativa parlamentaria conjunta que inste al Gobierno a crear una Comisión de la Verdad que aclare lo que pasó en este país entre 1936 y 1977.
Este instrumento -la comisión de la verdad- es recomendado por la ONU para explicar el pasado y necesariamente ha de entenderse como complemento de lo que ya se ha ido haciendo, durante los últimos 35 años, tanto desde el poder legislativo
como, en menor medida por las dificultades que a nadie se le escapan, por el Poder Judicial.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha visitado recientemente España y, tras reunirse con víctimas del franquismo y sus organizaciones representativas, así como con autoridades, tanto
estatales como autonómicas, elaborará un Informe sobre la cuestión, pero ya en sus Observaciones preliminares ha manifestado que, 'dada la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas
desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura resulta esencial que el Estado actúe con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas'.
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que entró en vigor hace algo más de cinco
años, supuso un importante impulso de estas medidas.
En desarrollo y aplicación de esta ley, se han venido dictando las correspondientes normas de rango inferior y adoptando. una multitud de medidas. De esta manera, sin ánimo exhaustiva: casi 200.000 descendientes de españoles exiliados y
22 brigadistas internacionales han adquirido la nacionalidad
española; más de 2.400 Niños de la Guerra han visto reconocida una prestación económica; se han destinado más de 25 millones de euros a subvencionar 833 proyectos de localización y exhumación de restos y a recuperar documentos, homenajear
o rememorar hechos históricos de aquella época, etc.; se han reconocido más de 1.300 declaraciones de reparación y reconocimiento personal por padecer persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura entre los que destacan, como casos
más conocidos, el de Lluís Companys y el de Miguel Hernández; casi 90 personas, que no pudieron acreditar esta situación con arreglo a la normativa anterior, han recibido indemnizaciones por haber sufrido prisión tras la Guerra; se han indemnizado
casi 50 personas fallecidas o con lesiones incapacitantes en defensa de la democracia en el tardofranquismo (1968 a 1977).
No obstante, quedan aún heridas abiertas y tareas inacabadas. Como consecuencia de la Ley 52/2007, se publicó el Mapa de Fosas, un mapa integrado de todo el territorio español en el que constan los terrenos en que se han localizado restos
de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra civil o la represión política posterior. A este Mapa se incorporaron más de 2.300 lugares y se realizaron casi 6.000 exhumaciones. Pero este trabajo ha quedado truncado con la decisión del
Gobierno de poner fin a las medidas previstas en la Ley y específicamente a los créditos presupuestarios que se destinaban a estas tareas, quedando aún pendientes cerca de 2.000 fosas por abrir y decenas de miles de desapariciones forzadas por
aclarar.
Los familiares de los desaparecidos durante ese triste período de la historia de España no han visto aún satisfecho su derecho a conocer la verdad y el derecho a recuperar los restos de sus seres queridos, fusilados o enterrados en fosas
comunes. Esta tarea ha de ser encarada no sólo por particulares. Han de contar con el apoyo de las políticas públicas de recuperación de la memoria histórica.
Para restablecer estos derechos, esta proposición no de Ley propone, por un lado, la necesidad de crear una comisión de la verdad, formada por expertos independientes, que permita el conocimiento de los hechos. Se necesita alcanzar un
diagnóstico completo de las desapariciones forzadas producidas durante la Guerra Civil y el franquismo, que deberá ir acompañado de la propuesta y adopción de recomendaciones dirigidas a todos los poderes públicos.
Por otro lado, se propone restituir las partidas presupuestarias destinadas a financiar los gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007 y que se venían dedicando, fundamentalmente, a la labor de localización, exhumación e
identificación de las víctimas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo.
Finalmente se establece un plazo razonable para la apertura de las fosas pendientes y la exhumación e identificación de las víctimas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Crear una comisión de la verdad, integrada por expertos independientes, con el mandato de restablecer la verdad histórica acerca de las desapariciones forzadas ocurridas en España durante la Guerra civil y el franquismo, así como formular
las propuestas y recomendaciones a los poderes públicos para que la defensa de los derechos de las familias de las víctimas no sea sólo una tarea particular, sino una responsabilidad colectiva.
b) Recobrar las políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica y restablecer las partidas presupuestarias dedicadas a los gastos derivados de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004, de 10
de septiembre.
c) Adoptar las medidas necesarias para lograr que, en el plazo de dos años, se produzca la completa localización y apertura de las fosas pendientes, y la exhumación e identificación de las víctimas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-El Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-El Portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).- Ana María Oramas González-Moro, Pedro Quevedo Iturbe, Joan Baldoví Roda, Diputados.
162/000787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
desbloqueo de las adopciones internacionales en la Federación Rusa, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Desde el pasado mes de agosto, las adopciones internacionales de menores de nacionalidad rusa se han visto paralizadas como consecuencia de las reformas producidas recientemente en la Federación Rusa.
En el mes de julio, la Duma prohibió, a partir de ese momento, las adopciones internacionales de niños rusos por parte de familias monoparentales y exigió garantías, a los países en los que está reconocido el matrimonio entre personas del
mismo sexo, de que los niños no iban a poder ser adoptados por matrimonios de este tipo.
En aplicación de esta nueva normativa, el Tribunal Supremo ruso, en una recomendación de 29 de agosto de 2013, paralizó todos los procedimientos de adopción, aplazando los juicios ya señalados o, incluso, devolviendo el expediente a las
familias adoptantes para que vuelvan a iniciar los trámites.
La Federación Rusa ha comenzado a negociar con diversos países, entre ellos España, convenios bilaterales en materia de adopción que fijen las condiciones y requisitos que, desde el momento de su entrada en vigor, los nacionales de estos
países han de cumplir para poder adoptar a menores de nacionalidad rusa.
A principios del mes de octubre, España y la Federación Rusa llegaron a un principio de acuerdo en este tema.
Esta situación de parálisis de los procesos de adopción afecta a más de 500 familias españolas que tienen procedimientos de adopción de niños rusos iniciados pero sin concluir. Una situación más dramática si tenemos en cuenta que muchos de
ellos, en torno a 150, ya conocen al menor al que deberían adoptar, con todas las connotaciones emocionales que esto tiene. De estas familias, 60 están solo pendientes de un último trámite judicial. Además, existe el peligro cierto de que,
mientras culminan estos procesos de adopción, los niños sean entregados a familias rusas que lo soliciten, con el efecto devastador que esto tendría en los adoptantes españoles e, incluso, en los menores.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder, en el plazo más breve posible, a la culminación de las diversas fases de celebración y de entrada en vigor del Convenio bilateral entre España y la Federación Rusa.
2. Negociar con las autoridades rusas fórmulas para encontrar una solución inmediata a la situación de todas las familias españolas pendientes de la tramitación de procesos de adopción ya iniciados para que dichos expedientes sean
resueltos, incluso, sin tener que esperar a la firma del Convenio.
3. Negociar con las autoridades rusas competentes para que las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional españolas puedan seguir desarrollando sus actividades en la Federación Rusa,
4. Mantener, durante todo el proceso, puntualmente informadas a las familias, de todas las gestiones que se están llevando a cabo en este ámbito, tanto desde el punto de vista del proceso en general, incluido el contenido del convenio, como
en relación a todos y cada uno de los casos concretos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las
recomendaciones realizadas al Estado español por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Comité contra la Desaparición Forzada es un organismo de la ONU formado por expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que 40 Estados, entre ellos el Estado
español ha ratificado. El artículo 29 de la convención obliga al Gobierno a informar periódicamente al Comité de qué medidas ha adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas al ratificar la Convención.
Recientemente, la ONU ha emitido un informe contra la Desaparición Forzada en el Estado español, en el que manifiesta su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a 'cumplir su obligación' de buscar a
los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda al Gobierno que asigne 'los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes' para este cometido.
Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado españoles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones debido a la muerte de los responsables, la prescripción del delito y la ley de amnistía no han convencido a la ONU.
El Comité pide al Ejecutivo que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido. Asimismo, instan al Estado español a adoptar las medidas
necesarias, legislativas o judiciales, para superar todos los obstáculos que puedan impedir dichas investigaciones. La ONU considera que los crímenes del franquismo deben ser enjuiciados, deben declararse culpables, sancionarles y las víctimas
deben recibir la reparación adecuada.
De igual manera, el Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada también emplaza al Estado español a colaborar 'en todo lo necesario' con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos, como ocurre ahora en
Argentina.
De hecho, la juez de Buenos Aires María Servini de Cubría ha solicitado la extradición de dos acusados de torturas durante la dictadura franquista: un ex guardia civil y un ex inspector policial.
Naciones Unidas no olvida la deficiente ley de la memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando la 'la búsqueda de las personas que han sido
sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado'. El Comité de la ONU insta al Estado español a constituir 'un árgano específico' para la búsqueda de las personas desaparecidas. Incluso va más allá y
demanda al Estado español la constitución de una Comisión de la Verdad con expertos independientes para investigar las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La ONU establece un plazo de un año para que se informe al Comité sobre si se han adoptado las recomendaciones realizadas como las enumeradas anteriormente.
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Cumplir las recomendaciones realizadas al Estado español por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para que se investiguen las desapariciones y los crímenes de la dictadura franquista.
- Asignar los recursos necesarios de personal, técnicos y económicos para esclarecer las desapariciones durante la Guerra Civil y durante la dictadura.
- Adoptar las medidas legislativas o judiciales para superar todos los obstáculos que puedan impedir dichas investigaciones.
- Colaborar con otros países que tienen causas abiertas o querellas contra crímenes del franquismo, procediendo a la extradición de personas acusadas de torturas durante la dictadura.
- Crear un órgano específico para la búsqueda de las personas desaparecidas, torturadas o asesinadas durante la dictadura franquista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para evitar la percepción del subsidio de desempleo por excarcelación y otras prestaciones de carácter público por parte de terroristas que no han mostrado arrepentimiento ni colaborado con la Justicia para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley de Seguridad Social del año 1994 reconoce en el artículo 215.1.d el derecho a percibir el subsidio de desempleo a quienes hayan sido excarcelados y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad
haya sido por tiempo superior a seis meses y carezcan de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Este derecho se
desarrolla en el Real Decreto 625/1985.
Estos beneficios a cargo del erario público se conceden también a los excarcelados que fueron condenados por terrorismo y no han mostrado arrepentimiento, voluntad de reinserción o de colaboración con la Justicia, quienes, no obstante,
pueden llegar a cobrar, simultánea o consecutivamente, varias categorías de ayudas laborales o sociales a cargo del Servicio Público Estatal de Empleo y a cargo de la Comunidad Autónoma.
El asesoramiento a ex presos de ETA para obtener el cobro de subsidios y ayudas es precisamente uno de los objetivos de organizaciones instrumentarles de la banda terrorista como 'Barrera Elkartea'. Esta asociación, que califica a estos
excarcelados como 'presos políticos' y a los terroristas fugados de la justicia de 'exiliados', les facilita indicaciones para poder cobrar ese subsidio u otros similares ligados a la carencia de rentas mínimas, como evitar empadronarse en el
domicilio de los padres o familiares, que podrían suponer actuaciones en fraude de Ley.
Estos liberados de prisión no deberían poder beneficiarse del subsidio de desempleo por excarcelación o de otras percepciones a cargo del Estado u otras administraciones públicas si no muestran signos inequívocos de haber abandonado los
fines y los medios de la actividad terrorista y colaboran activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la
identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que
podría acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso
está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean. Además la Administración competente debe estar vigilante para impedir que mediante fraude de Ley o
incumpliendo los requisitos se perciban esos subsidios.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de ley
'A tal fin se presenta la siguiente Proposición no de Ley por medio de la cual el Congreso de los Diputados:
1. Constata como el testimonio ético de las víctimas, la fortaleza del Estado de Derecho, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como de los Jueces y Fiscales, han sido fundamentales para la derrota del terrorismo.
2. Reconoce la necesidad de adoptar las medidas que sean necesarias para evitar un aprovechamiento indebido de la asistencia ofrecida por el Estado, en particular el denominado subsidio de excarcelación por parte de terroristas.
Asimismo se estudiará la exigencia de nuevos requisitos a personas condenadas por delitos especialmente reprobables.
3. Insta al Gobierno a proceder a las modificaciones legales pertinentes para incorporar nuevos requisitos para la percepción del subsidio de excarcelación que incluyan la acreditación del abandono y rechazo de la actividad terrorista, la
petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos, la colaboración con la justicia y el pago de las cantidades adeudadas al Estado en concepto de responsabilidad civil. A estos efectos se podrán introducir medidas que faciliten dicho cobro
efectivo.
4. Insta al Gobierno a que estudie otras medidas para que esas mismas condiciones sean exigibles para acceder a otras ayudas públicas y/o a un empleo público.
5. Insta al Gobierno a que refuerce la vigilancia y la coordinación con otras administraciones para impedir y sancionar la percepción de tales subsidios o ayudas mediante fraude de Ley o incumpliendo los requisitos legales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley para prolongación voluntaria de la actividad del profesorado de los cuerpos
docentes universitarios más allá de su edad de jubilación, para su debate en Pleno.
El 12 de marzo de 2011, el BOE publicó la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE n° 61, páginas 27743 y siguientes). Teniendo en cuenta que la Ley 4/2011 fue publicada en el BOE del 12 de marzo de 2011, el periodo de seis meses que
en ella se establece para que se creen los mecanismos que faciliten la prolongación del servicio activo de los cuerpos docentes expiró el día 13 de septiembre de 2011.
A día de hoy, sin embargo, esta Disposición Adicional no se ha desarrollado, no por falta de acuerdo con el cuerpo docente sino por falta de interés desde el Gobierno en hacerlo. De hecho, desde diversos sectores de la docencia
universitaria se ha solicitado la aprobación de dicha medida. Cabe destacar el carácter estrictamente voluntario de la misma, que no supone en ningún caso ni el recorte de derechos, ni la imposición de peores condiciones de acceso a la jubilación,
sino la posibilidad de prolongar una actividad que puede tener un impacto positivo tanto para la comunidad universitaria, como para las personas docentes interesadas en acogerse a ello.
Por eso, no es comprensible que no se esté desarrollando el reglamento en los términos previstos. En primer lugar porque se trata del mandato de una Ley ya aprobada. En segundo lugar, por su perfil y trayectoria, estos docentes pueden ser
un polo de atracción de nuevos proyectos docentes que beneficie también a los investigadores más jóvenes. Del mismo, la experiencia y los conocimientos que pueden aportar a su alumnado son, sin duda alguna, importantes y de un alto valor añadido,
pudiendo mejorar la calidad de nuestra enseñanza universitaria.
Por todo ello, se presenta la siguiente:
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dictar el Reglamento correspondiente a la Disposición adicional segunda punto 1 de la Ley Orgánica 4/2011 de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se
modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, estableciendo los mecanismos para que los Profesores Funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes
universitarios que lo soliciten puedan acogerse, una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa, a la prolongación en la permanencia en el servicio activo por un periodo máximo, adicional, de cinco años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de ley sobre los propósitos del Gobierno en relación con la reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la
interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público
garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y
responsable, sea respetada.
Para ello, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y regula unas condiciones que la propia ley dispone que se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la
mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.
La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un importante avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos
con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y
profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así
como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.
En concreto, estas recomendaciones quedan sustanciadas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida por sus siglas en inglés, CEDAW), ratificada por España y que en su artículo 16 (e)
compromete a los Estados Partes a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar los derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los
medios que les permitan ejercer estos derechos.
El Gobierno ha venido anunciando una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir
responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Afirma que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo (IVE) que reconoce
nuestra vigente legislación, de acuerdo con los instrumentos internacionales y resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales.
2. Declara que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos poderes públicos, con equidad en el acceso a las prestaciones, en desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, para así poder contar con
una política pública, integral y preventiva de salud sexual y reproductiva.
3. Considera que debe mantenerse una legislación de plazos combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación en el derecho comparado, que asegure a las mujeres la
adopción de una decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la 'autodeterminación consciente' sin interferencia de terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
4. Rechaza la revisión de la vigente legislación en España sobre salud sexual y reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el Gobierno.
5. Insta al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir de cualquier iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, así como a garantizar el acceso a la IVE en
condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud, y en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la
integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
244/000001
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 122.3 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Congreso de los Diputados ha adoptado en la sesión plenaria celebrada el día de hoy el acuerdo de proponer a Su Majestad el
Rey el nombramiento como miembros del Consejo General del Poder Judicial de las siguientes personas:
Pertenecientes a la categoría de Jueces y Magistrados,
- Excmo. Sr. don Francisco Gerardo Martínez Tristán
- Excma. Sra. doña Carmen Llombart Pérez
- Excmo. Sr. don Juan Martínez Moya
- Excmo. Sr. don Rafael Fernández Valverde
- Excmo. Sr. don Rafael Mozo Muelas
- Excma. Sra. doña Clara Martínez de Careaga García
Pertenecientes a la categoría de abogados y juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión,
- Excmo. Sr. don Enrique Lucas Murillo de la Cueva
- Excma. Sra. doña Nuria Díaz Abad
- Excma. Sra. doña María Concepción Sáez Rodríguez
- Excmo. Sr. don Álvaro Cuesta Martínez
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 567.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Pleno del Congreso de los Diputados ha designado como suplentes para cada uno de los turnos, por el orden que se
indica, a las siguientes personas:
Pertenecientes a la categoría de Jueces y Magistrados,
- Primero: Excmo. Sr. don José Carlos Orga Larrés
- Segundo: Excmo. Sr. don Pedro Castellano Rausell
- Tercera: Excma. Sra. doña María Luz García Paredes
Pertenecientes a la categoría de abogados y juristas de reconocida competencia y con más de quince arios de ejercicio en su profesión,
- Primera: Excma. Sra. doña María Pilar Jiménez Bados
- Segunda: Excma. Sra. doña Silvia Barona Vilar
- Tercero: Excmo. Sr. don Luis Martín Contreras
Se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.