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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 360, de 18/11/2013
cve: BOCG-10-D-360
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de noviembre de 2013
Núm. 360
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, contra el embargo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra el pueblo cubano ...
161/002118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas de apoyo a los refugiados que huyen del conflicto armado en Siria ... (Página5)
161/002124 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la supervisión de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental ... (Página6)
Comisión de Justicia
161/002127 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reforma del Código Penal para incluir entre los tipos agravados de hurto los producidos en explotaciones agrícolas o ganaderas ...
(Página6)
Comisión de Interior
161/002116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la eliminación de los elementos lesivos de la valla de Melilla y la protección de los derechos humanos de las personas
migrantes ... (Página7)
161/002128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre agresiones físicas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... (Página8)
161/002134 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la equiparación salarial de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado ... (Página9)
Comisión de Economía y Competitividad
161/002110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para garantizar que se cumpla la normativa vigente sobre idoneidad de consejeros y directivos de entidades financieras ...
(Página11)
161/002117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para promover un programa de apoyo a la financiación de pequeñas y medianas empresas ... (Página13)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para salvaguardar un instrumento de difusión del valenciano manteniendo abierta la Radio Televisión Valenciana
(RTVV) ... (Página15)
Comisión de Educación y Deporte
161/002112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las condiciones de las becas Erasmus ... (Página16)
161/002113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento de las ayudas para los participantes en el programa Erasmus ... (Página17)
161/002120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los requisitos para acceder a una beca del programa ERASMUS ... (Página18)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a desestimar la ubicación de un almacén de hidrocarburos en el municipio de Pinoso ... (Página19)
161/002130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cambio de combustible de la central térmica de Gesa-Endesa (Mahón) ... (Página20)
161/002132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre fondos mineros ... (Página21)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre necesidad de clausurar totalmente el vertedero de La Murada-Abanilla, regeneración de las zonas afectadas y reparación
de los daños producidos a los afectados ... (Página22)
161/002129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al informe realizado por el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), respecto a sedimentos de cobre ... (Página25)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inclusión de la Sensibilidad Química Múltiple en la Clasificación Internacional de Enfermedades ...
Comisión de Cultura
161/002111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre desclasificación de documentos y puesta a disposición de investigadores y personas interesadas ...
161/002121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para impulsar el cine español ... (Página28)
161/002123 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección del yacimiento arqueológico de San Vitor de Barxacova ... (Página30)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002119 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre fomento de las pinturas a base de agua en el marcado de las líneas de seguridad de tráfico de las carreteras ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/001328 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre conocimiento que tiene el Gobierno del total de personal eventual y cargos de confianza existentes en los departamentos ministeriales, organismos de
estos y agencias estatales ... (Página32)
Comisión de Fomento
181/001329 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias i Arau (GC-CiU), sobre accidente ferroviario producido en la estación de Sant Andreu Arenal el día 27 de octubre de 2013 ... (Página33)
181/001332 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS), sobre fecha prevista para cumplir el Decreto 1617/2011, de 14 de noviembre, en relación a las Chumberas ... (Página33)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/001327 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (GMx), sobre conocimiento por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la propuesta del Ministerio de Educación y Deporte de utilizar personas desempleadas bajo
la fórmula de 'trabajo social' para la gestión de las becas en las universidades y opinión del mismo sobre su aplicación ... (Página33)
Otros textos
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000016 Declaración institucional de solidaridad con el pueblo filipino por la tragedia del huracán Yolanda ... (Página34)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley contra el embargo económico, financiero y comercial de Estados Unidos
contra el pueblo cubano, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Tal y como recoge el 'informe de Cuba sobre la Resolución 67/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas', publicado en julio pasado, el mantenimiento, desde hace más de 50 años, del inhumano bloqueo que lleva a cabo Estados Unidos
contra Cuba y, en general de su política de asfixia y obstaculización económica, no solo 'constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo', sino que también es 'un acto de violación del derecho
internacional, contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y una transgresión al derecho a la paz, el desarrollo y la seguridad de un Estado soberano'.
Así lo entiende la inmensa mayoría de la comunidad internacional que, año tras año, condena y pide el fin del embargo en la votación de la Resolución 67/4 en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). El año pasado, la totalidad de
los Estados miembros de la UE, junto con otros ciento sesenta y un Estados, votaron a favor de esta Resolución emplazando así al Gobierno de los EE.UU a poner fin al injusto bloqueo económico, comercial y financiero que sufre la isla desde 1962
-endurecido con las leyes Torricelli en 1992 y Helms Burton en 1996- y que se estima que ha supuesto un dramático daño económico para el pueblo cubano superior a los 1.157.327.000.000 dólares.
El pasado martes 29 de octubre de 2013, la Asamblea General de la ONU condenó abrumadoramente por vigésima segunda vez consecutiva el embargo económico de Estados Unidos a Cuba. La resolución presentada bajo el título 'Necesidad de poner
fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba', alcanzó 188 votos a favor de un total de 193 naciones.
Por último, considerando que unánimemente el conjunto de los Estados miembros de la UE se posicionan a favor de la necesidad de que se ponga fin a este injusto bloqueo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- El Congreso de los Diputados manifiesta su condena el bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene Estados Unidos sobre el pueblo cubano, en coherencia con la Resolución 67/4 sobre la 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico,
financiero y comercial que los Estados Unidos llevan imponiendo contra Cuba' apoyada el pasado 29 de octubre por 188 países de los 193 representados en la Asamblea General de Naciones Unidas.
- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que intervenga por todos los medios diplomáticos a su alcance ante el Gobierno de Estados Unidos para que respete la legislación internacional, ponga fin al bloqueo económico, financiero y
comercial que mantiene desde 1960 contra Cuba, que es una vulneración de los derechos humanos y conlleva con unas gravísimas consecuencias sobre el pueblo cubano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2013.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-Jose Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo a los refugiados que huyen del conflicto armado
en Siria, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores
La organización Amnistía Internacional ha iniciado una campaña reclamando apoyo internacional para ayudar a Jordania a poner fin a las restricciones fronterizas a los refugiados que huyen del conflicto armado de Siria. Según un nuevo
informe publicado por la organización, cientos de personas que huyen a Jordania y a otros países vecinos están siendo devueltas en la frontera. El informe destaca las crecientes dificultades a las que se enfrentan quienes tratan de escapar hacia
Jordania, y hacia otros países, del conflicto de Siria.
Además, decenas de personas han sido expulsadas del país y enviadas de vuelta a Siria. Muchas de las que consiguen quedarse tienen que luchar por el acceso a servicios básicos. Más de dos millones de refugiados han huido de Siria, dando
lugar a la crisis humanitaria más grave de la década. La mayoría ha buscado refugio en Líbano, Jordania, Turquía, Irak y Egipto. Además, al menos otros 4,25 millones de personas están desplazadas dentro de Siria.
La comunidad internacional tiene un importante papel que desempeñar para brindar apoyo a los países de la región que, hasta ahora, están soportando, con recursos mínimos, la carga de los refugiados de Siria. Deben emprenderse acciones
inmediatas para incrementar la ayuda humanitaria internacional y los programas de reasentamiento, y evitar un agravamiento de la crisis.
Mientras el conflicto en Siria prosigue, la solidaridad de otros países, y en particular de Europa, Estados Unidos y países del Golfo Pérsico, es crucial para dar respuesta a la crisis humanitaria de las personas que huyen.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Crear un Programa de Reasentamiento específico y ajustado a las necesidades, para las personas que han huido de Siria y se encuentran actualmente en los países vecinos, con prioridad para mujeres, niños y niñas en riesgo, personas con
necesidades médicas o con discapacidades y otras con necesidades especiales de protección.
2) Eliminar todo tipo de visados, incluido el visado de tránsito, para facilitar que las personas que huyen de Siria puedan recibir protección.
3) Proporcionar apoyo técnico y financiero a los países vecinos de Siria que están recibiendo a la mayor parte de las personas que huyen del país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2013.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-Jose Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la supervisión de los Derechos Humanos en el Sahara
Occidental, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En 1991, por medio de la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU, se creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), para finalizar con el enfrentamiento entre Marruecos y el Frente
Polisario y dar una salida al conflicto sobre las bases pacíficas, democráticas y del Derecho de Autodeterminación. Pero cuando se cumplen treinta y ocho años de la ocupación del Sahara Occidental, la salida al contencioso, por vía de un referéndum
de autodeterminación, no tiene visos de solucionarse a corto plazo.
Una de las necesidades de la MINURSO, continuamente señalada es la carencia de mecanismos para la supervisión de los Derechos Humanos; un hecho extraño en este tipo de misiones. En cada renovación de la Misión, los numerosos intentos de
incluir atribuciones para vigilar los DDHH en los territorios saharauis, han sido baldíos.
En estos últimos años, según es público y notorio, la situación de los DDHH está empeorando y es cada vez más preocupante. Numerosos informes tanto de la Unión Europea, Naciones Unidas o de diferentes organizaciones así lo confirman.
Concretamente, entre otras, se citan casos de torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias y muertes producidas por las fuerzas militares y policiales marroquíes.
Por todo ello, y teniendo en cuenta la responsabilidad histórica que tiene el Reino de España en la situación del pueblo saharaui.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar activamente, por vías diplomáticas, la ampliación del mandato de la MINURSO, para que esta pueda contar con mecanismos de supervisión de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental.
2. Promover, en el marco del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, resoluciones favorables a:
i. La supervisión de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental por la ONU.
ii. El nombramiento de un experto independiente que estudie la situación de los DDHH en el Sahara Occidental.
iii. La apertura de una oficina permanente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) de la ONU en el Sahara Occidental de promoción y protección de los DDHH.
3. Solicitar en el seno de la Unión Europea que la UE se ofrezca a crear temporalmente una misión para la supervisión de !os Derechos Humanos en el Sahara Occidental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2013.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Justicia
161/002127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a reforma del Código Penal para incluir entre los tipos agravados de hurto los producidos en explotaciones agrícolas o ganaderas, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2012 inició la tramitación del anteproyecto para la reforma del Código Penal.
Coincidiendo con esta reforma, se ha conocido el incremento de saqueos que están perjudicando gravemente a los agricultores y ganaderos españoles. La evolución de este tipo de hurtos en el campo es preocupante ya que, a modo de ejemplo,
según la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, en enero y febrero de 2013 este tipo de actos han aumentado un 17% respecto al mismo periodo del año anterior.
En otras zonas de España, como es el caso de Castilla-La Mancha, el constante expolio en el campo ha dado lugar a que los agricultores se vean obligados a vigilar sus propias explotaciones. Esta circunstancia ha provocado hechos graves,
como el ocurrido el 2 de diciembre de 2011, cuando varias personas, en una finca ganadera de Cinco Casas (Ciudad Real), acabaron con la vida de Pedro Fernández Hijicos.
Compartiendo el Grupo Parlamentaría Popular las inquietudes de colectivos como ASAJA y tantos otros ciudadanos perjudicados por estos hechos, considera oportuno establecer, como causa de agravante del hurto, su comisión en explotaciones
agrícolas o ganaderas.
La especial vulnerabilidad natural de las explotaciones en el campo, alejadas de las zonas pobladas, que facilita que en ellas se produzcan estos hurtos, justifica la inclusión de un tipo agravado en el Código Penal.
Además, estos robos generalmente de poco valor, producen grandes daños a las explotaciones y a los agricultores y ganaderos. Así, por ejemplo, el saqueo de bienes que son necesarios para el riego del cultivo genera unos efectos dañinos
enormes, ya que impide retomar de forma inmediata la actividad.
Por otro lado, el campo español atraviesa por una situación muy delicada, en la que cualquier protección es poca. La situación de crisis económica que atraviesa nuestro país afecta, al igual que en tantos otros sectores económicos, a la
agricultura y ganadería.
Como es evidente, aunque sea motivo de creciente preocupación, no se trata de una cuestión nueva, Por ejemplo, las Cortes Valencianas, ya en 2010, aprobaron una proposición no de ley instando al anterior Gobierno de la Nación a modificar el
tipo delictivo del hurto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la próxima reforma del Código Penal se castigue adecuadamente el hurto cometido en explotaciones agrícolas o ganaderas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/002116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la eliminación de los elementos lesivos de la valla de Melilla y la
protección de los derechos humanos de las personas migrantes, para su debate en la Comisión de Interior.
En 2007 se redujeron los elementos lesivos a lo largo de la valla que cerca el perímetro fronterizo de Melilla con Marruecos. Concretamente, se retiró el alambre de cuchillas de la valla, llamadas concertinas -'extremadamente cortante'-,
sustituyéndolo por unos flejes de acero que impedían apoyar escaleras
y aumentaban la inestabilidad de la alambrada a la hora de intentar escalarla, incluyendo la colocación de la tercera valla intermedia, inexistente hasta entonces. Además, se elevó la altura de la valla, de tres a seis metros.
Seis años después de su retirada, el Gobierno ha anunciado que instalará nuevamente el alambre de cuchillas en algunas partes de la valla, consideradas de riesgo. Esta no será la única medida que se adopte con el objeto de blindar la
frontera con Marruecos. Entre otras, también se ha anunciado la instalación de una malla metálica que impida que los inmigrantes puedan trepar la valla.
Diferentes ONG han condenado la reinstalación de cuchillas en las verjas que separan Melilla y Marruecos. En 2007 las llamadas concertinas fueron retiradas por los cortes y heridas que causaban en los inmigrantes que trataban de cruzar la
frontera. Volver a utilizar este sistema de seguridad es un retroceso en materia de derechos humanos de los inmigrantes, un paso atrás en las políticas de inmigración, que provocará importantes daños físicos, poniendo en grave riesgo la vida de los
inmigrantes.
Por último, el Gobierno tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo: derecho a asistencia letrada e intérprete, a unas condiciones de acogida o rescate
dignas, a la identificación de quienes necesitan protección internacional, incluidos quienes huyen de persecución por género (por ejemplo, víctimas de trata de seres humanos) u orientación sexual.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Eliminar cualquier elemento lesivo de la valla que cerca el perímetro fronterizo de Melilla con Marruecos, y más concretamente, las llamadas concertinas -alambres de cuchillas- que han ocasionado importantes daños físicos y riesgo para la
vida de las personas migrantes.
2) Respetar y proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en todas las acciones de control fronterizo y de política migratoria.
3) Garantizar el derecho a asistencia letrada e intérprete y a facilitar unas condiciones de acogida o rescate dignas, así como a garantizar el acceso al derecho de asilo derecho y protección internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Jose Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre agresiones físicas a los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El delito de atentado contra la autoridad viene recogido en nuestro Código Penal, concretamente en su Titulo XXII, 'Delitos contra el orden público', capítulo II, 'De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios
públicos, y de la resistencia y desobediencia'.
Así, el artículo 550 señala que 'son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se
hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas'. Mientras que el artículo 551.1 dispone que 'los atentados comprendidos en el artículo anterior serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a
seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a tres años en los demás casos'.
La necesidad de reforma del Código Penal para garantizar un apoyo legal a todas las acciones llevadas a cabo por los cuerpos policiales dentro de la legalidad y en su papel de agentes de la autoridad, es
reconocida no solo por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino por un sector muy amplio de la sociedad.
Hay que tener en cuenta que la legislación penal puede tener un efecto preventivo y disuasorio muy eficaz y que el endurecimiento de las consecuencias punitivas de ciertas acciones evitaría muchos enfrentamientos que en la actualidad
propician conflictos físicos y agresiones de considerable gravedad a los agentes de Policía y miembros de la Guardia Civil.
Aunque desde el año 2006 no existen estadísticas desglosadas de este tipo de agresiones, existe consenso general en la denuncia del incremento y gravedad de estas acciones desde el año 2000.
El Grupo Popular considera, en todo caso, que este tipo de agresiones resultan intolerables y que es necesario ofrecer una respuesta penal adecuada. Las agresiones físicas a los miembros de las FCSE no solo afectan a quienes las sufren en
concreto, sino al reconocimiento en términos generales de la labor de todos sus miembros y a la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar el agravamiento de las penas aplicables a las personas que realicen agresiones físicas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando estos estén actuando
dentro de la legalidad en su papel de agentes de la autoridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la equiparación salarial de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desempeñan en nuestra sociedad un papel fundamental en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Es evidente que un Cuerpo de Seguridad insuficientemente
retribuido constituye un Cuerpo desmotivado y corresponde a los poderes públicos cuidar con especial interés las condiciones socio-laborales de estos colectivos fundamentales en nuestro Estado de Derecho.
A día de hoy, independientemente de las congelaciones salariales de los funcionarios durante los últimos cuatro años, el salario del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dista mucho de ajustarse a lo que se les exige en
cuanto a horarios de trabajo, dedicación, responsabilidad y sacrificio.
Con todo y con eso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben hacer frente a unas diferencias salariales existentes entre los diferentes cuerpos policiales que actúan en nuestro país, siendo un ejemplo más de cómo el Estado de las
autonomías fomenta el desequilibrio, y por tanto, la desigualdad entre los diferentes territorios autonómicos.
Por poner algunos ejemplos, la diferencia de ingresos entre miembros del Cuerpo Nacional de Policía y Mossos d'Esquadra o Ertzainas puede llegar hasta los 16.000 euros anuales. Hace siete años esa diferencia media era de unos 6.000 euros
anuales, en 2011 esa diferencia se acerca a los 12.000 euros anuales en igualdad de tareas y categorías, según datos ofrecidos por sindicatos policiales. Por lo tanto, el coste medio para el Estado de un policía autonómico es de unos 10.000 euros
anuales superior al de un policía nacional o un guardia civil.
Lo cierto es que esta situación no es en absoluto nueva, ya en 2003 el entonces Consejero del Gobierno Vasco, Javier Balza, aseguraba que la Ertzaintza 'es probablemente la policía mejor pagada de toda Europa' y los datos le daban razón,
pues en aquel momento la retribución de un agente de la Ertzaintza era de 31.828 euros brutos al año, lo cual suponía un 40% más que su homólogo del Cuerpo Nacional de Policía -22.948 euros al año- o de la Guardia Civil -25.198 euros al año-.
Si bien es cierto que estas comparaciones resultan a veces complicadas -los cargos y niveles varían según el Cuerpo- a día de hoy el Cuerpo de Seguridad del Estado mejor pagado son los Mossos d'Esquadra. Solo en complementos salariales, un
mosso del nivel más bajo puede aumentar su nómina hasta 1.700 euros más al mes y facturar hasta 2.700 euros. En Cataluña, los sargentos, divididos en ocho categorías, ganan entre 2.900 y 3.500 euros. Por cada subinspector, la Generalitat paga
entre 3.500 y 3.800 euros al mes; unos 4.000 más si los trabajadores son inspectores y 4.600 euros los comisarios base.
El sueldo de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, por su parte, varía en función de la unidad donde trabaje, el lugar de destino y el nivel del puesto que ocupe, excluyendo los complementos y las horas extras. Aún así, un policía raso
gana 1.792 euros brutos mensuales (y casi 2.000 euros cada oficial), casi un 40% menos que los policías catalanes. Los subinspectores pueden ganar unos 2.200 euros brutos mensuales y más de 2.700 los inspectores que no son jefes, que reciben en
nómina un plus de 400 euros.
Un guardia civil parte de un salario básico de 720 euros, al que debe añadirle el complemento de destino (372 euros mensuales) y un complemento específico general (máximo de 451 euros). También cuentan con un extra según el lugar de
residencia (las más altas son para los que acepten irse hasta Ceuta o Melilla). Por ende, no muchos superan los 1.500 euros brutos al mes.
En el caso de los altos mandos (comisarios y comandantes) la diferencia es aún más notable. En el cuerpo policial catalán, el comisario mayor cobra más de 6.000 euros mensuales y ningún comisario percibe menos de 5.300 euros. En el Cuerpo
Nacional de Policía, el comisario principal gana 50.325 euros brutos anuales: 3.776 mensuales sin contar las pagas extras. Otro 40% menos que sus colegas catalanes.
Dada la situación de desigualdad que generan las distintas remuneraciones, es imperativa la implantación de unas condiciones laborales homogéneas, de unos derechos sociales similares para todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, así como de los Cuerpos de Seguridad autonómicos y de las Policías Locales, y una retribución equiparable entre todos ellos. Estas medidas son fundamentales si queremos que la sociedad cuente con un servicio de seguridad más
igualitario y en el que no se produzcan agravios comparativos en relación a las competencias, el territorio de origen o al nivel administrativo que pertenezca el Cuerpo de Seguridad.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Negociar con las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos policiales una mejora de las condiciones salariales equiparables al cuerpo de policía autonómica mejor remunerado.
2. Unificar las cuantías y los criterios de asignación de los complementos de productividad del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con las de resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
3. Llevar a cabo los estudios necesarios para homogeneizar los salarios, jubilaciones, las condiciones laborales y los derechos sociales de los Cuerpos de Seguridad del Estado con los autonómicos y de estos entre sí.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Economía y Competitividad
161/002110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las medidas para garantizar que se cumpla la normativa vigente sobre idoneidad de consejeros y directivos de entidades financieras, para su debate en Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Desde el inicio de la crisis financiera, que ha supuesto importantísimos desembolsos de dinero público para rescatar entidades en quiebra, existe en la comunidad internacional una seria preocupación para evitar que algo así pueda volver a
producirse y en muchos países (incluido en nuestro) se han introducido cambios legales para controlar la idoneidad y profesionalidad de los directivos que dirigen dichas entidades.
España es uno de los países del mundo que más ha sufrido la crisis financiera, lo cual le llevó a tener que realizar una petición de rescate financiero de 100.000 millones para la banca, de los cuales ha utilizado 41.300 millones, en su
mayor parte destinados a recapitalizar Bankia, que en mayo de 2012 solicitó una inyección de fondos públicos de nada menos que 23.450 millones de euros, que ha conllevado la ruina de cientos de miles de inversores y el despido de 8.200 personas.
Pues bien, a pesar de lo anterior, parece que en España nada ha cambiado y recientemente la ciudadanía se ha quedado atónita al conocer que el principal responsable de dicha hecatombe financiera, el Sr. Rodrigo Rato, tras cuyo repentino
cese se produjo la nacionalización y rescate de Bankia y que actualmente se encuentra imputado por la Audiencia Nacional, ha sido nombrado por el Banco Santander miembro de su Consejo Asesor Internacional.
Así, el que fuera exministro de Economía y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reincorpora así al puesto de asesor que ocupó entre 2008 y 2009, un año antes de ser nombrado presidente de Caja Madrid en 2010, entidad
que con Bancaja y otras pequeñas cajas fundarían Bankia, actualmente controlada por el FROB.
Tal y como han publicado diversos medios el Sr. Rato cobró por dicho cargo unos 200.000 euros anuales en el Banco Santander, que se vendrían a unir a la retribución que cobrará como asesor externo de Telefónica, firma por la que fichó en
enero de este año para los negocios de América Latina y Europa.
No vamos a entrar ahora en la inmoralidad de dicha decisión ni en el desprecio que demuestra el órgano de dirección del Banco Santander hacia sus accionistas y hacia el propio Código Unificado de Buen Gobierno, que recomienda 'que las
sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar el crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al Consejo de las causas
penales en las que aparezcan como imputados, así como sus posteriores vicisitudes procesales'.
Ahora bien, lo que no podemos pasar por alto es que la citada decisión supone además un fraude de ley respecto de la vigente normativa, que tanto el Banco de España como el Gobierno han tolerado sin hacer absolutamente nada al respecto.
En efecto, la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, atribuyó a la autoridad bancaria europea la función de
garantizar la existencia de directrices para la evaluación de la idoneidad de las personas que efectivamente dirigen la actividad de la entidad de crédito. En cumplimiento de esta previsión, la citada autoridad emitió el día 22 de noviembre de 2012
directrices en materia de gobierno corporativo de entidades de crédito.
A fin de alinear nuestra regulación financiera sobre la materia con los estándares europeos se aprobó el Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la autoridad
bancaria europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave, en el cual se dota al Banco de España de la facultad de evaluar la concurrencia de
honorabilidad comercial y
profesional de los consejeros y de los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave, de teniendo en cuenta un amplio conjunto de criterios.
En concreto, la citada normativa procede a modificar Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito, y, en concreto, su artículo 5 relativo a los 'requisitos para ejercer la
actividad', entre los que se incluye que 'todos los miembros del consejo de administración de la entidad, así como los del consejo de administración de su entidad dominante cuando exista, serán personas de reconocida honorabilidad comercial y
profesional, deberán poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad'.
Tal y como se continúa indicando, los requisitos de honorabilidad y conocimiento y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, así como en los responsables de las funciones de control interno y otros
puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad y de su dominante y para valorar dicha 'honorabilidad' se establecen, entre otros, los siguientes criterios de valoración:
- La trayectoria del cargo en cuestión en su relación con las autoridades de regulación y supervisión.
- Las razones por las que hubiera sido despedido o cesado en puestos o cargos anteriores.
- Los resultados obtenidos en el desempeño de sus responsabilidades.
- La existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como administrativo, sobre alguno de los hechos mencionados en el apartado 4.9 de la letra b), esto es, delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales,
contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
En definitiva, parece claro que el Consejo Asesor Internacional del Banco de Santander realiza una función clave en la estructura del banco, especialmente si consideramos el proceso de internacionalización emprendido. Por lo tanto, sus
consejeros o asesores internacionales deberían estar afectados por el Real Decreto 256/2013, pues es evidente que su nombramiento y actuación es susceptible de causar un grave perjuicio reputacional a la entidad (como así ha ocurrido con el
nombramiento del Sr. Rato). Su trayectoria, los lamentables resultados obtenidos en el desempeño de sus funciones previas al frente de Caja Madrid y Bankia y su imputación criminal le deberían haber impedido ostentar tal cargo, a pesar de lo cual
nada ha hecho para evitarlo el Banco de España.
Por si lo anterior no fuera suficiente, pocos días después de la promulgación de dicha normativa tuvimos conocimiento también de la imputación por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla de don Antonio Pulido, expresidente de
Cajasol y Banca Cívica (también investigada en la Audiencia Nacional), exconsejero de Caixa Bank y hoy directivo de Criteria Caixa Holding, filial de participadas de Caixabank, sin que tengamos noticia de que ni la propia entidad, ni el Banco de
España ni el propio Gobierno hayan hecho nada para provocar su dimisión o cese.
Como hemos indicado el Real Decreto 256/2013 afecta tan solo a establecimientos financieros, por lo que el nombramiento del Sr. Rato en Telefónica no quedaría en principio afectado por las exigencias de honorabilidad antes comentadas. No
obstante, no estaría de más que se pensase en un control de esta naturaleza para las grandes multinacionales españolas en general, a fin de proteger el prestigio de nuestras principales empresas que operan internacionalmente y para evitar un daño a
eso que tanto preocupa al Gobierno y que llama 'marca España'.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir expresamente, vía desarrollo reglamentario del Real Decreto 256/2013 (que a su vez modifica el Real Decreto 692/1996) o bien mediante una reforma del mismo, a los asesores internacionales y otros puestos análogos, que también
desempeñan funciones clave en las entidades financieras y sus participadas, dentro de los obligados al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad.
2. Acometer las reformas legales necesarias a fin de extender el régimen de honorabilidad establecido en el Real Decreto 256/2013 a consejeros o puestos clave de otras multinacionales españolas no dedicadas al sector financiero.
3. Incluir dentro del proyecto para el nuevo Código Mercantil alguna previsión específica para que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a dimitir en aquellos supuestos en que puedan perjudicar el crédito y
reputación de la sociedad, como por ejemplo el encontrarse incursos en causas penales por delitos económicos y societarios.
4. Adoptar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la vigente normativa que regula la idoneidad para ostentar la condición de consejero o de responsable de las funciones de control interno y otros puestos clave de entidades
financieras o de crédito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
promover un programa de apoyo a la financiación de pequeñas y medianas empresas, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
La economía española afronta un serio problema de financiación que supone hoy en día el principal cuello de botella para la recuperación de la actividad. La mala situación del sector financiero, que se encuentra inmerso en un proceso de
saneamiento de sus balances, ha propiciado que llegue poca financiación a la economía real y que no estén cubiertas las necesidades de empresas y familias.
Además, la crisis ha complicado extraordinariamente las condiciones de financiación de las empresas y hogares. Se ha reducido el volumen y se han endurecido las condiciones de acceso (por ejemplo: tipos de interés, garantías y plazos). En
el caso de las PYMES, esta situación provoca la destrucción masiva del tejido empresarial y limita la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. El número de PYMES inscritas en la Seguridad Social se ha reducido en 160.000 desde 2008 (un
-12%) y más del 75% son empresas de menos de nueve trabajadores. Ello ha provocado una pérdida de más de 1,4 millones de empleos (un -17%).
Ante esta situación, cada vez menos empresas intentan acceder a financiación externa -a finales de 2012 solo el 24% de las PYMES españolas aspiró a acceder a financiación externa frente al 51,5% que lo intentó en 2011- un dato preocupante ya
que la mayoría se están quedando excluidas de los canales de crédito y ello se está traduciendo en un incremento de la morosidad y dificultando el desarrollo de su actividad.
Entre las PYMES que persisten en su intento de acceder a los canales de financiación el problema se deriva del endurecimiento de las condiciones del crédito. En el cuarto trimestre de 2012, únicamente un 4% consiguen financiación sin
problema, un 64% de las PYMES que intentaron acceder a crédito recibieron un préstamo aunque en condiciones más duras y un 32% se quedaron sin la necesaria financiación. En particular, el volumen de financiación proporcionado por la entidad
financiera se ha reducido, se ha incrementado el coste de financiación (tipo de interés), se han encarecido los gastos y comisiones, han aumentado las exigencias de avales y garantías, se ha dilatado el plazo de la respuesta de la entidad financiera
y se les exige un plazo de devolución de la financiación más reducido.
Para dar respuesta a esta preocupante situación, es necesario instrumentar mecanismos para fomentar el acceso a la financiación al sector empresarial y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas. En la situación actual, dominada por
la falta de liquidez y crédito a las empresas, resulta prioritario facilitar financiación como elemento imprescindible para impulsar la actividad y el empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar al Banco de España, en coordinación con el Banco Central Europeo, a poner en marcha un programa de Financiación por Prestamos, inspirado en la propuesta británica 'Funding for lending scheme', con el objetivo de incentivar al
sector bancario a otorgar créditos a empresas no financieras a través de una reducción en los costes de financiación de las entidades financieras. Este esquema tendría las siguientes características:
a) Financiaría el crecimiento del crédito neto de las entidades financieras que podrían utilizar el colateral de su nuevo crédito a la economía real para tener acceso a esa línea de financiación.
b) El acceso al programa estaría condicionado al volumen y la variación del crédito concedido a pymes por parte de las entidades.
c) Las entidades que accedan al programa tendrán condiciones privilegiadas de financiación y el coste dependerá de la cantidad neta prestada, siendo menor para aquellas entidades financieras que mantengan o aumenten su crédito concedido.
d) El programa estaría en vigor por un plazo determinado de tiempo, a precisar por la autoridad bancaria en función de objetivos reales y se mantendría hasta que se recupere la actividad económica en nuestro país.
e) Los incentivos tendrían un carácter contracíclico y serían crecientes en función de la distancia a los objetivos perseguidos y disminuirían según la economía se acerque a su cumplimiento.
f) El acceso a mejores condiciones de financiación incluiría esquemas que permitan sacar del balance de las entidades financieras a los nuevos préstamos concedidos a las empresas sustituyéndolos por títulos públicos con mayores garantías.
g) Se establecerán incentivos que reconozcan públicamente la labor de aquellas entidades con mayores esfuerzos por facilitar financiación a la actividad económica.
h) El ICO reconocerá explícitamente en el acceso a sus líneas el cumplimiento de los objetivos en este programa.
2. Establecer incentivos para incrementar el volumen disponible en otros instrumentos alternativos para la obtención de financiación ajena por parte de las empresas -capital riesgo, business angels, capital semilla y préstamos
participativos- y así reducir la fuerte dependencia de la financiación bancaria.
3. En relación con el papel de ICO, se proponen las siguientes medidas:
a) Nueva definición del ICO que refuerce su papel en el mercado financiero español.
b) La línea ICO-Liquidez debería de prorrogarse mientras persistan las necesidades financieras de las PYMES y aumentar su cuantía cuando esta se agote.
c) Reforzar las líneas de crédito del ICO con asunción total o parcial del riesgo por este último frente a aquellas que dependen de la mediación de la banca comercial.
d) Ampliar las líneas ICO destinadas a reforzar el capital de determinadas empresas: i) empresas de reciente creación, en sectores con perspectivas de crecimiento elevadas; ii) empresas ya establecidas, con dificultades para
recapitalizarse y para acceder a la financiación bancaria; iii) descuento de facturas pendientes de pago por parte de las administraciones públicas.
4. Establecer medidas dirigidas directamente a fomentar el crédito bancario mediante programas de garantías a través de sociedades de garantía recíproca (SGR), para garantizar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. Con este
programa, similar al que se puso en marcha en Reino Unido en 2010, llamado Enterprise Finance Guarantee, se pretende reformar el sistema español de garantías recíprocas para aumentar la eficacia de la actuación del ICO.
5. Instrumentar líneas de crédito específicas de financiación a PYMES a través del BEI.
6. Disminuir la morosidad mediante la puesta en marcha de un paquete de medidas como las siguientes: i) el establecimiento de procedimientos de reclamación simplificados para las deudas de bajo importe; ii) avanzar en el cumplimiento de
la normativa europea y nacional en lo relativo a la morosidad, y iii) facilitar la posibilidad de que las empresas puedan compensar a través de una única cuenta con la administración pública los cobros y pagos pendientes reconocidos con la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2013.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para salvaguardar un instrumento de difusión del valenciano manteniendo
abierta la Radio Televisión Valenciana (RTVV), para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Según lo recogido en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 112006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 'La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de
las dos lenguas, y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento'. Así mismo, su artículo 56 dispone, entre otras cosas, que corresponde a la Generalitat, en el marco de las normas básicas del Estado, el desarrollo legislativo y la
ejecución del régimen de radiodifusión y televisión y del resto de medios de comunicación en la Comunitat Valenciana y que ésta podrá regular, crear y mantener televisión, radio y demás medios de comunicación social, de carácter público, para el
cumplimiento de sus fines.
En la misma dirección, la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, indica que 'el Consell de la Generalitat Valenciana velará para que el valenciano tenga una adecuada presencia en las emisoras de radio y televisión
y otros medios'. Así mismo atribuye a los medios de comunicación de titularidad pública, 'la obligación de fomentar las manifestaciones culturales y artísticas que se realizan en las dos lenguas, con especial consideración a las desarrolladas en
valenciano'. Además, se reconoce el derecho de los valencianos a 'ser informados en la lengua propia de la Comunidad, así como el derecho a utilizar el valenciano oral y escrito en los propios medios en igualdad de condiciones con el castellano'.
Hace unos meses la dirección de Radio Televisión Valenciana (RTW) promovió un ERE que afectó a un millar de empleados de los más de 1.600 trabajadores contratados. Fue tan improvisado que en verano se vieron obligados a llamar de nuevo a un
centenar y medio de técnicos porque la televisión corría el riesgo de un colapso técnico. El ERE fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que recientemente ha sentenciado la ilegalidad del expediente laboral conminando a la
reincorporación de los trabajadores despedidos.
La alegría de los trabajadores se transformó en decepción horas más tarde cuando el Gobierno de la Comunidad, en una auténtica 'cacicada' con chulería, prepotencia y ninguneo, decidió el cierre de la radio y la televisión autonómica al
afirmar que no disponía del dinero necesario para sufragar dicha reincorporación, sentenciando en un comunicado como inviable el proyecto audiovisual público, y eso que España es de los países de Europa que menos gasta en televisiones públicas y a
los que menos les cuestan las televisiones autonómicas por habitante según distintos estudios, lo que parece indicar que la verdadera causa para que la RTVV se encuentre en la situación actual ha sido la gestión nefasta del PP, plagada de corrupción
e ineficacia, como ejemplo sería interesante recordar la cantidad de dinero gastada en su día por la Generalitat Valenciana en la operación de compra de Valmor Sport (empresa que hasta ahora gestionaba el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en
Valencia) por un euro y asumiendo una deuda cercana a los 30 millones de euros.
Los ciudadanos, sean de la comunidad que sea, tienen necesidad de acceder a una programación televisiva de proximidad y alejada de prácticas manipuladoras y de censura, fundamental en un ámbito como el de la información. Tienen derecho a
disfrutar de una ventana mediática con una programación de entretenimiento, en la que vean reflejadas sus peculiaridades, las de sus conciudadanos y las de su entorno próximo, que les sirva para conocer de primera mano, entre otras cosas, decisiones
políticas que influirán en sus vidas y en las de sus familias.
Solo un servicio público como una radiotelevisión autonómica puede garantizar la prestación de estos servicios. Es una necesidad para cualquiera ciudadano en el espacio europeo del siglo XXl. Televisiones autonómicas que deben existir como
servicio público fundamental porque es una consecuencia de nuestra estructura constitucional, de nuestra estructura autonómica, en la que se otorga a las comunidades una competencia de cultura.
Además y junto a esto, las televisiones autonómicas asumen un papel fundamental como motores de la industria audiovisual de la autonomía y de la innovación audiovisual en el conjunto del país. Además, la televisión pública autonómica es el
apoyo imprescindible de la comunicación comercial de anunciantes locales que solo a través de ellas pueden transmitir sus mensajes con capacidad de competir con las grandes marcas.
Tenemos que ser conscientes de que un instrumento como la televisión, básico para el cultivo de la sensibilidad y la inteligencia de los ciudadanos, no puede caer en manos de los intereses del mercado porque hay principios elementales de la
democracia como son la libertad, el progreso, la independencia o el pluralismo, que deben ser estimulados de forma permanente y solo desde una televisión pública puede garantizarse el compromiso de fomento de algunos conceptos básicos como la
veracidad, la objetividad, la imparcialidad o la libertad de expresión.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que en colaboración con la Generalitat Valenciana se pongan en marcha los mecanismos de solidaridad oportunos para salvaguardar un instrumento de
protección del valenciano manteniendo abierta la Radio Televisión Pública Valenciana (RTVV).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Jose Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Educación y Deporte
161/002112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
las condiciones de las becas Erasmus, para su debate en la Comisión de Educación.
Exposición de motivos
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha modificado sin previo aviso los requisitos para acceder a una beca Erasmus, en línea con la política de recortes y endurecimiento de los requisitos para acceder a becas y ayudas al estudio que
el Ministerio está practicando desde hace meses.
Así, publicó una orden en el 'Boletín Oficial del Estado' el 29 de octubre según la cual los seleccionados este curso escolar 2013-2014 para la aportación complementaria del Estado para la beca Erasmus (unos 150 euros al mes), tienen que
haber sido a su vez adjudicatarios de una beca general el curso pasado. Es decir, haber estado exentos del pago de la matrícula.
Alega el Ministerio que las razones para proceder a esta modificación de condiciones en las becas Erasmus es para 'garantizar que la aportación llegue a los estudiantes participantes en el programa comunitario de movilidad con más bajos
ingresos'. Además de que el argumento resulta más que cuestionable, puesto que consiste en cerrar puertas en lugar de abrirlas en el campo de las ayudas al estudio, a estas alturas del curso escolar la mayoría de los estudiantes seleccionados por
los centros de educación superior del estado ya se han ido de Eramus sin conocer las nuevas condiciones.
Esta manera de actuar denota una total opacidad, falta de transparencia ,y pareciera que el Ministerio se mueve con nocturnidad y alevosía. Ha provocado el malestar de diversas asociaciones estudiantiles y alumnos que ya están en el
extranjero y que ahora deben hacer números por no poder contar con la parte de aportación económica del Estado.
Hasta ahora el único requisito para acceder a una beca Erasmus era el del conocimiento del idioma del país de destino, y las condiciones del centro universitario elegido para estudiar. No se exigía ninguna beca general del curso anterior
que es la nueva condición introducida por el Ministerio.
La cuantía que aporta el Estado español es complementaria a la que aporta la UE. Con la decisión del Ministerio de Educación, los alumnos que no sean beneficiarias de una beca de ayuda general sólo recibirán la parte que aporta la Comisión
Europea (unos 133 euros mensuales), y la parte que, en su caso, aporte la CC.AA. y la universidad, que podría rondar los 300 euros. Vaya por delante que muchas CC.AA. han reducido o directamente eliminado su aportación a las becas Erasmus.
Por tanto, si sumamos ahora el recorte del Estado, es fácil deducir que el Ministerio ahonda en su estrategia de complicar cada vez más el acceso a una educación de calidad a los estudiantes con menos recursos y facilitar el camino a los que
gozan de mejores condiciones económicas.
Es así que solo podrán ser Erasmus los que cuenten con una situación económica familiar buena, pero no aquellos que pertenezcan a familias con menos ingresos económicos.
La política del Gobierno en materia de becas y ayudas al estudio tiene por objeto la reducción de las mismas a la mínima expresión de modo que para los alumnos y alumnas de entornos socio-económicos más desfavorecidos será todo un reto poder
tener una beca Erasmus, o simplemente acceder a una educación pública cada vez más cara.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Anular la orden del Ministerio de Educación que modifica los requisitos para ser beneficiario o beneficiaria de una beca Erasmus y que exige haber sido perceptor en el curso anterior de una beca general, condición que perjudica de manera
importante al alumnado que ya se encuentra en los países de destino.
- Cambiar la estrategia política del Ministerio en materia de becas y ayudas al estudio consistente en una constante reducción de las cuantías y endurecimiento de los requisitos de acceso, por una política basada en el aumento de las becas y
en la mejora de los requisitos de acceso que amplíe el número de beneficiarios/as.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
mantenimiento de las ayudas para los participantes en el programa Erasmus, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El Programa Erasmus, que celebró su 25.° aniversario en 2012, tiene entre sus objetivos fomentar la movilidad de estudiantes y la cooperación en el ámbito de enseñanza superior en toda la Unión Europea, y además se trata de un programa que
contribuye al acercamiento entre estudiantes europeos, el conocimiento de otras culturas, el aprendizaje de idiomas y el intercambio de conocimientos con el resto de países participantes.
El Gobierno ha venido recortando desde 2012 las partidas presupuestarias destinadas a financiar las becas Erasmus. El presupuesto destinado a estas becas en 2011, que era de 62,84 millones, fue brutalmente reducido en el primer presupuesto
del actual Gobierno hasta los 36,84 millones y para 2014 la partida prevista es de 18 millones de euros, una reducción de más del 70%.
Pero a la reducción presupuestaria se ha venido a sumar una nueva limitación en las condiciones para ser beneficiario de estas ayudas. El 29 de octubre de 2013 se ha publicado en el 'Boletín Oficial del
Estado' la Orden ECD 1199/12013, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de universidades,
instituciones de enseñanza superior y de ciclos formativos de grado superior participantes en el programa Erasmus para el curso académico 2013-2014.
Y en el artículo 2 de esta Orden ministerial se establece que pueden ser beneficiarios de la subvención 'los estudiantes seleccionados para su participación en el programa Erasmus en el curso 2013-2014, de acuerdo con los requisitos
establecidos en la normativa reguladora del programa de Aprendizaje Permanente, publicada en el 'Diario Oficial de la Unión Europea' de 3 de agosto de 2012 (convocatoria de propuestas 2013 EAC/507/12), y que a su vez hayan sido beneficiarios de una
beca de las denominadas de carácter general concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el curso 2012-2013'.
De esta forma, para acceder a la ayuda, los estudiantes no sólo deben cumplir los requisitos en la normativa comunitaria, sino además ser beneficiarios de una beca general del Ministerio. Con esta injustificada medida, el Gobierno perjudica
además a muchos universitarios que llevan ya tiempo en su destino, contando con recibir esa ayuda, por lo que existe el riesgo en algunos casos de que tengan que renunciar a su estancia y volver a España por falta de recursos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revocar la exigencia adicional, recogida en la Orden ECD/1997/2013, de 24 de octubre, de ser beneficiario de beca de carácter general para acceder a la ayuda para los estudiantes seleccionados por las universidades e instituciones de
enseñanza superior, por su participación en la acción de movilidad para estudios o prácticas dentro del programa Erasmus, para el curso académico 2013-2014.
2. Mantener los requisitos y los créditos presupuestarios para el programa de becas Erasmus, al menos, en los términos y niveles en que se encontraban en el año 2011.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2013.-María Angelina Costa Palacios, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre los requisitos para acceder a una beca del programa Erasmus, para su debate en Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Desde hace años España, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, viene complementando las ayudas que con cargo a los fondos de la Unión Europea del programa Erasmus reciben los estudiantes, con una aportación nacional
incluida en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, ello sin perjuicio de otras aportaciones procedentes de las propias instituciones de educación superior participantes en el programa. Si bien las aportaciones presupuestarias del
Gobierno han sido menores cada ejercicio presupuestario, la mínima ayuda concedida por la Administración General ha suplido de manera significativa la reducción parcial o total de las prestaciones económicas que muchas Comunidades Autónomas
destinaban a los becados Erasmus en su territorio.
Las universidades y los centros superiores de enseñanzas artísticas han venido participando en Erasmus desde su inicio en el año 1987. Desde entonces, nuestro país ha sido uno de los Estados miembros que más estudiantes ha recibido, así
como el mayor exportador en cifras totales durante los últimos años. España es el país que más estudiantes Erasmus aporta al programa, con 36.183 becados en el curso 2010-2011. Por delante de Francia, que aporta 31.747 estudiantes, y Alemania, con
30.274. Sin embargo, a pesar de esa cantidad, la dotación económica que los becados españoles reciben es de
las más reducidas de la Unión Europea, variando significativamente de una comunidad autónoma a otra, dándose la circunstancia de que algunas comunidades autónomas como Madrid no otorgan ninguna cuantía adicional para ayudar a sus
estudiantes, mientras otras comunidades autónomas como Andalucía, otorgan unas cuantías que facilitan de manera significativa la estancia en el Estado receptor.
Sin embargo, según la Orden ECD/1997/2013, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de universidades,
instituciones de enseñanza superior y de ciclos formativos de grado superior participantes en el programa Erasmus para el curso académico 2013/2014 que el pasado 29 de octubre publicó el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno limita
el acceso a las ayudas del Gobierno, de manera significativa, de los estudiantes universitarios que deseen marcharse un año de nuestro país a otro Estado miembro de la Unión Europea a realizar una beca Erasmus.
Esta nueva orden ministerial limita la concesión de ayudas para por parte del Gobierno para el presente curso únicamente a aquellos que 'hayan sido beneficiarios de una beca de las denominadas de carácter general concedida por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte durante el curso 2012-2013'. Esta medida no sólo supone un claro retroceso en la cuantía de becas Erasmus concedidas, ya que a cada ejercicio su número desciende, sino que supone un claro agravio para aquellos
estudiantes que ya se encuentran desarrollando su actividad académica en otros Estados y que iniciaron su viaje con la convicción de poseer esta ayuda, por mínima que fuera, para afrontar los elevados gastos que supone cursar estudios superiores en
otros Estados.
Para el curso académico 2012-2013 la cuantía de movilidad por estudios a los estudiantes Erasmus otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte fue de 110 euros y los estudiantes en prácticas de 300 euros, unas cuantías que
quedan lejos de los 38 euros mensuales que el Ministro de Educación, Cultura y Deporte ha especificado en declaraciones a los medios como 1 justificación para recortar estas cuantías.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Eliminar el requisito recogido en la Orden ECD/1997/2013, de 24 de octubre, de haber sido beneficiario de una beca de carácter general concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el curso 2012/2013 para obtener la
concesión de ayuda Erasmus para el curso 2013/2014.
- Crear un fondo común, en colaboración con todas las Comunidades Autónomas, para que todos los becados del programa Erasmus posean una ayuda económica similar con independencia de la Comunidad Autónoma de residencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
desestimar la ubicación de un almacén de hidrocarburos en el municipio de Pinoso, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El Real Decreto 2121/2008, de 9 de diciembre, otorgaba permisos de investigación de hidrocarburos denominados 'Aries-1' y 'Aries-2' a la empresa Invexta Recursos, S.L., por un periodo de seis años.
Estos permisos habilitan a la empresa para investigar en el subsuelo la existencia de hidrocarburos y de almacenamiento de hidrocarburos. En este sentido, la empresa evalúa el potencial y la viabilidad de las cavernas generadas en el
diapiro de Pinoso por la actividad salinera. Este permiso es solo de investigación, no de explotación, la cual requiere de otras autorizaciones por parte del Ministerio.
El Cabezo de la Sal o diapiro Salino de Pinoso posee importantes valores naturales (biológicos y geológicos) y culturales, que han sido objeto de numerosos trabajos y publicaciones, valorando su importancia y singularidad, siendo uno de los
mejores ejemplos de España e incluso de Europa de diapiro Triásico clásico. Además del valor geológico, en él se encuentran hábitat de interés comunitario y prioritario para su conservación, bien definidos, en la que se encuentran especies de flora
endémicas e incluso catalogadas en peligro de extinción. Por todo ello, el 29 de noviembre de 2011 el Ayuntamiento de Pinoso solicitó a la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana que se iniciaran los trámites para la declaración
del Monte Cabezo como monumento natural.
La repulsa a este proyecto por parte de la ciudadanía de Pinoso, así como de la comarca del Alto y Medo Vinalopó, es muy significativo. En este sentido existen diversas plataformas en defensa de 'El Cabezo de la Sal' y el rechazo unánime
del Ayuntamiento de Pinoso, impulsado por su Alcalde. En este sentido, el Pleno ha aprobado dos mociones de rechazo con fechas 31 de enero de 2012 y 27 de marzo de 2012, ambas aprobadas por unanimidad, al proyecto de almacenamiento de hidrocarburos
en el Cabezo de la Sal.
La ubicación de almacenes de hidrocarburos tiene el sentido de dar cumplimiento a la Directiva de la Unión Europea 2009/119/CE, que en su artículo 3 determina la obligación de los Estados de disponer almacenes de reserva que atiendan las
vicisitudes del suministro de hidrocarburos.
Dada la evaluación decreciente de venta de productos petrolíferos en España y la existencia de otros almacenes que dan suficiente cobertura al cumplimiento de la Directiva europea, no se considera necesario establecer un nuevo almacén de
hidrocarburos en Pinoso. Si a esta circunstancia le unimos los valores medioambientales, sociales, históricos y culturales que tiene el Cabezo de la Sal, así como la repulsa del proyecto tanto por parte del Ayuntamiento de Pinoso y de los pueblos
de la comarca y la ciudadanía,
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se paralice este proyecto de investigación desarrollado por la empresa Invexta Recurso, S.L.,
2. Desestimar la ubicación de un almacén de hidrocarburos en el citado sitio y, por lo tanto, desestimar las peticiones de explotación que se hagan al respecto.
3. Eliminar todas aquellas actuaciones que resten valor al patrimonio medioambiental y cultural que supone el Cabezo de la Sal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2013.-Federico Buyolo García y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
cambio de combustible de la central térmica de Gesa-Endesa (Mahón), para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El gas natural es el combustible fósil con menor impacto medioambiental de todos los utilizados. Las consecuencias atmosféricas del uso del gas natural son menores que las de otros combustibles: menor
cantidad de residuos y gases contaminantes (SO2, CO2, NOx y CH4) por unidad de energía producida. Las emisiones de CO2 son un 40-50% menor que las del carbón y un 25-30% menor que las del fuel-oil.
La combustión del gas natural genera dos veces menos emisiones de NOx que el carbón y 2,5 veces menos que el fuel-oil. La producción de SO2, principal causante de la lluvia ácida, responsable de la destrucción de los bosques y la
acidificación de los lagos, es 150 veces menor a la del gas-oil, entre 70 y 1.500 veces menor que la del carbón y 2.500 veces menor que la que emite el fuel-oil.
El metano es un causante del efecto invernadero más potente que el CO2, aunque las moléculas de metano tienen un tiempo de vida en la atmósfera más corto que el del CO2 y las pérdidas directas de gas natural durante la extracción, transporte
y distribución a nivel mundial, se han estimado tan solo en 1% del total del gas transportado.
El gas natural se caracteriza por la ausencia de cualquier tipo de impurezas y residuos, lo que descarta cualquier emisión de partículas sólidas.
Informes de distintas organizaciones, relacionadas con alternativas energéticas y respeto al medio, demuestran un menor precio del gas natural en relación con el del gasóleo.
La modificación de combustible no se encarecería en relación al gasoil por su transporte, pues, habida cuenta la condición insular de la central, también el gas natural también debe ser transportado en barco.
Existía en la planificación de los sectores de electricidad y gas 2006-2018, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y. Medio Ambiente, la previsión de un gasoducto, clase B, que debía unir la isla de Mallorca (gaseoducto
Denia-Ibiza-Mallorca) con Menorca y que ahorraría el transporte.
Desde su construcción la central incorpora la tecnología necesaria para el uso indistinto de gasoil o gas.
En el vigésimo aniversario de la declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera sería deseable un paso más en la preservación ambiental de la isla.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, a la mayor brevedad, para sustituir, en la central térmica de Gesa-Endesa del puerto de Mahón, el uso de carburantes líquidos por gas natural, con el fin de
aumentar la calidad ambiental y disminuir el coste de producción de energía en la isla de Menorca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2013.-Guillem García Gasulla, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre fondos mineros, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros y pactado entre los Agentes Sociales y el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, requirió para su cumplimiento la adopción de diversas medidas normativas, así como la suscripción de acuerdos con otras administraciones con objeto de lograr la mayor eficacia en la ejecución de los proyectos.
Uno de los ejes del acuerdo era el desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el que se incluía la dotación de infraestructuras orientadas a facilitar un desarrollo alternativo al monocultivo del carbón. La ejecución de este
compromiso presupuestario se concretó en el Programa 457M del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRCM). Los
proyectos incluidos en este eje se fueron ejecutando mediante convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos de las comarcas mineras.
En dichos convenios, las administraciones firmantes asumían el porcentaje de compromiso presupuestario correspondiente. Mediante el Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público, el Gobierno de España procede a un recorte de las partidas comprometidas para este fin. Así en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado para 2012, 2013 y 2014 se redujeron considerablemente
las cantidades designadas a este programa de forma que están resultando absolutamente insuficientes para responder a los convenios firmados.
Ante esta situación de grave quebranto económico para las Administraciones contratantes de los proyectos, el Gobierno del Principado de Asturias recurrió ante el Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo el incumplimiento por parte
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los compromisos adquiridos en los correspondientes convenios, siendo estimada la demanda de la administración autonómica.
Por ello, solicitamos el cumplimiento de las obligaciones pendientes en materia de fondos mineros como consecuencia de la eliminación de las ayudas al desarrollo de las zonas explotadores de carbón en compensación por el cese de actividad.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar cumplimiento inmediato a la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo y asumir el pago de las cantidades adeuda al Principado de Asturias, en cumplimiento a los convenios firmados para la ejecución de
infraestructuras incluidas en las actuaciones de desarrollo alternativo de las comarcas mineras.
2. Reponer en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRCM) las cantidades correspondientes a los compromisos adquiridos por la Administración General del Estado en
los convenios firmados con las comunidades autónomas y los ayuntamientos de las comarcas mineras sobre proyectos incluidos en los llamados Fondos Mineros.
3. No interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con el fin de evitar más dilación en la ejecución de unas infraestructuras esenciales y provocar aún más quebranto económico en
las comarcas mineras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2013.-María Luisa Carcedo Roces y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de clausurar totalmente el vertedero de La
Murada-Abanilla, la regeneración de las zonas afectadas y la reparación de los daños producidos a los afectados, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
La planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), propiedad de la mercantil 'Proambiente, S.L.', -empresa involucrada en el llamado 'Caso Brugal'-, se encuentra situada entre los límites geográficos de los términos La Murada
(Orihuela, Alicante) y Abanilla (Murcia), concretamente en su sierra, situación territorial que ha sido utilizada en beneficio de la empresa según la circunstancia.
Hace varios años el Ayuntamiento de Orihuela encargó al Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento) la elaboración de un estudio de deslinde en la zona donde se ubica el vertedero para esclarecer
los límites de cada municipio. Dicho informe confirmó que una parte importante de las instalaciones se situaban en el término municipal de Orihuela, sin contar con autorización o permiso de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat
Valenciana para sus actividades.
A día de hoy el Ayuntamiento de Orihuela y la Generalitat Valenciana no han tramitado ni otorgado ninguna licencia o autorización para el tratamiento, gestión o depósito de residuos en las instalaciones de 'Proambiente, S.L.'.
El vertedero consta de 5 vasos distribuidos en el término municipal de Abanilla y Orihuela. El vaso inicial (denominado vaso 0) sellado desde 2010, ha seguido utilizándose ilegalmente y la estimación es que, en octubre de 2011, había
enterradas 10.800 toneladas.
En el vaso 1-2 murió un trabajador en 2005 a causa de un desprendimiento del vaso 1 sobre el vaso 2. Posteriormente se produjo un incendio que estuvo activo cerca de una semana sin control y fue denunciado por los vecinos. Este vaso fue
clausurado y sellado en 2009, sin embargo, se han vertido ilegalmente 13.500 toneladas de residuos.
El vaso 3, contaba con la declaración de Impacto ambiental favorable, sin embargo, la superficie original autorizada fue rebasada (multiplicándose por 2) invadiendo el límite del LIC de la sierra de Abanilla. La consejería de Murcia
autorizó dicha ampliación pese a la invasión del LIC de la Sierra.
El vaso 4, de construcción ilegal para propiciar los enterramientos ilegales de la zona, iba a ser regenerado según 'Proambiente'.
Por último, en el vaso 5 se encuentran más de 93.000 toneladas de residuos vertidos ilegalmente.
En 2011, los vecinos de La Murada comenzaron a observar irregularidades sobre las fincas de su entorno (presencia de fragmentos de cristales así corno material sanitario en abundancia), constatando que se trataba de residuos sólidos urbanos
y de residuos peligrosos. Tras denunciar a las autoridades dichas observaciones se realizaron catas en distintas fincas, constatando el enterramiento de residuos.
José Luis Burillo, doctor en Biología y eco toxicólogo forense del Instituto Nacional de Toxicología en Valencia, en sus respuestas al cuestionario efectuado por la jueza que instruye el caso sobre los enterramientos de residuos en las
fincas de La Murada, aseguró que en su trayectoria profesional 'nunca había visto una actuación de este tipo en cuanto a los volúmenes (de basura acumulados) y la forma de proceder en la realización de los vertidos'.
El enterramiento ilegal de residuos se ha producido al menos en 8 fincas de La Murada. Además existe el testimonio de un ex trabajador de la planta de residuos, que participó en los enterramientos y posteriormente colaboró con las
autoridades en la ubicación de las fincas afectadas. En una estimación bastante aproximada se puede cifrar la suma de los residuos enterrados solamente en dos de ellas (la 'finca Chica' y la 'finca de los corrales') en unas 388.000 toneladas.
Así mismo y como consecuencia de la deficiente impermeabilización de los vasos que contienen los residuos y la ausencia de una balsa de contención de lixiviados que impida su infiltración en el perfil del suelo evitando su contaminación
(construyéndose en la actualidad -septiembre 2013-, dadas las exigencias del plan de regeneración impuesto por la Región de Murcia), han aparecido distintos puntos de afloramiento de lixiviados a una distancia del vertedero inferior a 1 km.
Son muchas las cañadas, ramblas y barrancos que debido a los cambios de uso del suelo se han visto modificadas, llegando en algunos casos incluso a desaparecer. La ubicación de la planta de tratamiento de RSU sita en las Sierras de
Abanilla-La Murada y su defectuosa impermeabilización, favorecen la dispersión de lixiviados aguas abajo a través de estos cursos naturales. Uno de estos casos en la 'Rambla de Ramonet', donde ya han sido descubiertos lixiviados en dos puntos.
Uno de los riesgos más importantes de los lixiviados producidos por este vertedero -la emanación continua de líquido marrón oscuro que exuda de ladera de la Sierra de Abanilla- es la cercanía de la planta potabilizadora de la vega del Segura
así como el canal de abastecimiento (Taibilla) que abastece a toda la vega baja, incluso a Alicante.
En agosto de este mismo año, el propietario de una finca sita aguas abajo del primer descubrimiento de lixiviados, en la 'Cañada del Ramonet', constata la desecación de sus oliveras bicentenarias, decidiendo en un intento por salvarlas
practicar una zanja en el terreno de dos metros de profundidad por 50 cm de anchura. Con ello pretendía impedir el paso de las lixiviados que habían aparecido en las fincas situadas aguas arriba de la suya. El resultado fue la inundación de un
metro y medio de profundidad de la zanja con lixiviados en menos de 24 horas. Alarmado por el suceso, este propietario alertó a 'Vertivega' (plataforma regional que agrupa a distintos colectivos ciudadanos que tratan de conseguir la
clausura del vertedero) quien a su vez dio parte a las autoridades y contrató la realización del análisis del líquido que contenía la zanja.
Los resultados analíticos mostraron valores anómalos en particular de los parámetros, conductividad, DQO y amonio, evidenciando una elevada contaminación debida a materia orgánica, Por otra parte, los enterramientos de residuos están
desprendiendo elevadas dosis de metano, que es un gas con un efecto invernadero 20 veces mayor que el dióxido de carbono. Son muchas las denuncias realizadas por los vecinos de La Murada a las autoridades sobre el hedor procedente del vertedero que
impide abrir las ventanas de sus viviendas, especialmente por la noche.
La causa que persigue la plataforma cuenta con apoyos importantes en diversas localidades como: Orihuela, Granja de Rocamora, Cox, Crevillente, La Virgen del Camino, La Murada, Torremendo, Albatera, Benferri, Fortuna y Torrevieja, entre
otras. En la actualidad la plataforma tiene abiertos varios procesos judiciales y administrativos contra las actuaciones ilegales relacionadas con la actividad de la planta de tratamiento de RSU, no siendo el único colectivo que ha emprendido
acciones en contra del vertedero de la propiedad de 'Proambiente, S.L.', como, por ejemplo, distintas movilizaciones, así como denuncias impuestas por otras organizaciones, como las plataformas vecinales 'Asojoven' y 'Mur 92' o la organización
'Ecologistas en Acción de Murcia'.
En un informe técnico elaborado por 'Vertivega', consta que la ayuda recibida por parte de las administraciones ha sido prácticamente nula. 'Han hecho caso omiso a las quejas y denuncias impuestas por las diferentes plataformas. Han
entorpecido los procedimientos justificándose en que no era competencias de ellos debido a la ambigüedad de los límites de entre comunidades autónomas. También han entorpecido no contestando o pasándole el problema a otra administración diferente
con el fin de ralentizar el procedimiento o traspapelándolo'.
La Sierra de Abanilla y la Sierra de Crevillente forman una cadena montañosa situada en el interior de las provincias de Murcia y Alicante. La Sierra de Abanilla está catalogada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), mientras que la
Sierra de Crevillente, además de encontrarse catalogada como LIC, también lo está como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Los 'Lugares de Importancia Comunitaria' (LIC) son todos aquellos ecosistemas protegidos con objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitos naturales y de la fauna y flora silvestres en el
territorio consideradas prioritarias por la directiva 92/43/CEE de los estados miembros de la Unión Europea.
Estos lugares, seleccionados por los diferentes países en función de un estudio científico, pasarán a formar parte de las Zonas de Especial Conservación que se integrarán en la Red Natura 2000 europea.
A su vez, el entorno de la planta de tratamiento debe ser protegido y restaurado a la luz de los escándalos medioambientales denunciados. Por todo ello, consideramos que el vertedero de La Murada-Abanilla es, sin duda, uno de los mayores
desastres medioambientales que existe en España y Europa generado por una planta de tratamiento de RSU.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar y promover las acciones oportunas para clausurar totalmente, y de forma urgente, el vertedero de La Murada-Abanilla, donde está ubicada la planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), propiedad de la mercantil
'Proambiente, S.L.', entre los límites geográficos de los términos La Murada (Orihuela, Alicante) y Abanilla (Murcia).
2. Valorar el alcance de los daños producidos por el vertedero, proceder a la regeneración de las zonas afectadas y reparar los daños causados.
3. Buscar a los responsables y emprender las acciones legales oportunas para obligarles a que paguen los costes de la necesaria regeneración, así como cualquier otra responsabilidad a que pudiera dar lugar su actuación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Jose Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las diputadas Olaia Fernández Davila (BNG) y Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
Proposición no de Ley, relativa a un informe realizado por el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), respecto a sedimentos de cobre, para su debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Un informe realizado por el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), comprobaron que en los sedimentos de determinadas zonas portuarias de Galicia, se registra una alta contaminación por cobre.
Según explican los científicos, los niveles más altos están en la zona de Bouzas-Teis en la Ría de Vigo, en la zona media e interna de la Ría de Ferrol, en el área costera del puerto de Marín (Pontevedra), y en el puerto de la Ría de A
Coruña.
Una contaminación que proviene de la construcción de buques y del fondeo de los barcos. El cobre se aplica en la pintura de los cascos de los barcos para evitar que se adhieran organismos, pero deja residuos en el entorno marino y pasa al
sedimento. Los científicos explican que si bien el cobre es un micronutriente esencial para la vida, se convierte en un biocida cuando su presencia excede los niveles de referencia definidos para el sedimento marino.
El estudio ha tomando como referencia muestras recogidas desde 1999, y sus conclusiones se han publicado en la revista Scientia Marina. La investigación se llevó a cabo en 18 rías gallegas. Y los niveles más altos se detectaron en las rías
de Vigo y Ferrol. Le siguen en segundo lugar la zona costera del puerto de Marín, y el puerto de la Ría de A Coruña. Las muestras indican que en estos casos se excede en más de seis veces los contenidos naturales de cobre.
Los expertos aconsejan que se realice una investigación de nuevos compuestos para proteger los cascos de los buques, menos agresivos con el medio ambiente. Y alertan de la preocupación internacional existente sobre este tipo de datos.
Las rías gallegas poseen un gran valor desde el punto de vista medio ambiental y desde un punto de vista socio-económico por la importante dedicación a la pesca que existe en dichas zonas. Son ecosistemas de gran riqueza marisquera y
pesquera que se debe preservar porque es un medio de vida para muchas familias, sin olvidar su importancia ecológica.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Dotar de suficiente presupuesto al Centro de Investigaciones Marinas de Vigo para realizar una investigación sobre nuevos compuestos a utilizar para la protección de los cascos de los buques, y evitar así el uso de cobre debida a los altos
niveles de contaminación detectados en los sedimentos de las rías gallegas, en concreto Vigo y Ferrol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley, relativa a la inclusión de la Sensibilidad Química Múltiple en la Clasificación Internacional de Enfermedades, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple (SQM) se estima que afecta en España, dependiendo de sus distintos grados, a entre un 0,5% y un 12% de la población. Es una enfermedad provocada por una respuesta fisiológica frente a multitud de
agentes y compuestos químicos que se pueden encontrar en el medio ambiente y que limita de forma muy notable la calidad de vida de quienes la padecen.
Esta pérdida de tolerancia a agentes químicos tan diversos y comunes como los que se encuentran en productos de limpieza, colonias, disolventes, etc.., puede manifestarse mediante dolores de cabeza recurrentes, insomnio, depresión,
dificultades para respirar, palpitaciones, náuseas y vómitos, irritaciones de la piel o trastornos más serios como impotencia, diarreas recurrentes, taquicardia o hipertensión.
Es una enfermedad que se conoce desde los años 50, pero que a día de hoy aún no ha sido incluida en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), conocida como CIE-10, a pesar que el
número de afectados aumenta de forma exponencial, cada vez en edades más tempranas, y que incluso el Parlamento Europeo la incluye dentro del número creciente de enfermedades vinculadas a factores medioambientales.
Debido a esta falta de catalogación, las personas que la padecen se encuentran una situación de completa indefensión, puesto que más allá de sufrir sus dolorosos efectos, no pueden recibir por parte de los sistemas públicos de salud la
atención que merecen.
Su reconocimiento, incluyéndola dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), permitiría a sus afectados que pudieran disfrutar de los derechos básicos en materia de salud, asistencia y demás derechos derivados reconocidos
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por las Cartas Magnas de todos los países democráticos.
Existen países como Alemania, Austria y Japón donde esta enfermedad emergente ya ha sido reconocida como enfermedad física. Dado que la OMS aún no ha incluido la SQM a escala global en la CIE y que esta organización no permite que los
países puedan introducir nuevos códigos. Estos países han optado por incorporar la Sensibilidad Química Múltiple a través de un código ya existente en su CIE 10. Alemania y Austria han incluido esta enfermedad en el código T78.4 referido a
'alergia no especificada'. Es decir que cuando se realice una búsqueda por el código 78.4, el resultado no serán únicamente las SQM, sino también las alergias, reacciones de hipersensibilidad... etc., incluidas en dicho código. Japón la ha
incluido dentro del código T65.9 de la CIE-10, que se refiere a 'efectos tóxicos de sustancias no específicas'. En España, se utiliza la CIE9-MC (CIE9 modificación clínica) para los datos agregados de todos los servicios sanitarios que integran el
Sistema Nacional de Salud. En esta clasificación no está incluida la SQM. Por lo que nuestro país debería adaptar su CIE utilizando un código específico que se ajuste a la naturaleza de este problema de carácter tóxico ambiental. Con el fin de
dar un reconocimiento a esta enfermedad física asociada a la exposición a sustancias químicas tóxicas y facilitar de este modo el manejo clínico y jurídico de la misma.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar incluir, siguiendo el ejemplo y utilizando alguna de las fórmulas aplicadas en países como Alemania, Austria o Japón, la Sensibilidad Química Múltiple en la Clasificación
Internacional de Enfermedades CIE-9 MC, actualmente vigente en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/002111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la desclasificación de documentos y puesta a disposición de
investigadores y personas interesadas, para su debate en la Comisión de Cultura.
A fines de 2011, poco antes de concluir la legislatura, la ministra de Defensa, Carme Chacón, elevó propuesta de acuerdo al Consejo de Ministros para la desclasificación de 10.000 documentos declarados secretos por distintos departamentos
militares, propuesta basada en un informe elaborado por el propio Ministerio de Defensa. Los documentos, agrupados en 42 apartados, aludían a hechos relacionados con la guerra civil y la dictadura y se aclaraba que la propuesta de desclasificarlos
se debía a que ya no representaban 'riesgo alguno para la seguridad del Estado'. Sin embargo, por razones que se ignoran, la propuesta de la ministra quedó sin aprobar y el asunto pasó al nuevo gobierno entrante del PP.
En mayo de 2012, diversos medios informan que el Ministro de Defensa, Pedro Morenés, había decidido rechazar la desclasificación de 10.000 documentos declarados secretos por distintos departamentos militares españoles entre 1936 y 1968, ya
que entendía que no era 'una prioridad' y requería un 'extraordinario trabajo'.
Las afirmaciones del Ministro negaban el informe y la nota informativa de la Secretaría del Estado de Defensa cuando iniciaron la selección de archivos, los informes del JEMAD y de los Jefes de Estado Mayor identificando aquellas series
documentales cuya desclasificación no entrañaba riesgo para la Seguridad y Defensa Nacional, el informe del CNI y el acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Defensa cancelando la calificación de Secreto y/o Reservado.
El Ministerio de Defensa se reafirma en que el derecho de acceso a los archivos no constituye un derecho absoluto, mantienen que los documentos en cuestión no se hallan 'incardinados en el ámbito de un procedimiento administrativo
finalizado', interpretan que la documentación generada durante el proceso de desclasificación simplemente 'plasmaba una opinión o propósito de los diversos órganos intervinientes o asesores', declaran que el derecho de acceso 'no podrá ser ejercido
respecto de aquellos expedientes que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado' y, finalmente, recuerdan que la 'eventual decisión de cancelar la clasificación de un bloque documental de gran volumen, que arrastra tal
carácter desde hace muchos años (...), escapa a la intervención activa de los ciudadanos'.
Lo mismo puede extenderse a los documentos de indudable interés histórico declarados secretos de otros departamentos gubernamentales.
A diferencia de los países de nuestro entorno, en España un documento puede estar clasificado de manera indefinida sujeta tan solo la desclasificación al arbitrio del gobierno en cada momento, sin ninguna seguridad jurídica para los
ciudadanos y aunque hayan desaparecido las causas para su clasificación.
La desclasificación de dichos documentos tiene una gran relevancia para la investigación de la Guerra Civil así como de los primeros años de la Dictadura, no suponiendo los mismos ningún peligro para el Estado, como así aseguraba el propio
informe del Ministerio de Defensa.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Proceder, por los cauces legales correspondientes, a la inmediata desclasificación de todos los documentos declarados secretos por los distintos departamentos gubernamentales entre 1936 y 1963, para aplicar al Estado español la normativa de
archivos existente en el resto de países avanzados, donde la única limitación son 50 años transcurridos desde la emisión del documento, permitiendo el acceso a investigadores y personas interesadas. Así mismo, sea abierta la consulta de todos los
documentos que, aún no estando considerados no accesibles, no estén a disposición de los
investigadores como los archivos referentes a la Brigada Político Social u otras instituciones de la dictadura franquista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias y Ascensión de las Heras Ladera, Diputados.-Jose Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas urgentes para impulsar eI cine español, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados es el marco idóneo para plantear la exigencia al Gobierno de una rectificación sobre la errónea política que sigue hacia el Cine español, expresión de su falta de sensibilidad política
hacia la cultura en general y su desprecio al Cine en particular.
Por eso ya no nos sorprenden las recientes declaraciones del Ministro de Hacienda, Sr. Montero, convertido en experto en calidad y defensor de la ortodoxia fiscal al señalar que 'los problemas del Cine español no tienen que ver solo con las
subvenciones, también con la calidad de las películas...', una declaración irresponsable que afecta a la imagen y a los resultados económicos de la industria cinematográfica.
Tampoco nos extrañan los silencios del Ministro de Educación, Cultura y Deporte; ni la reducción sustancial en los presupuestos de su Ministerio de los diferentes tipos de ayudas a las producciones de cine y audiovisuales en España que han
pasado de 113 millones de euros en 2011 a los 50,8 previstos para 2014 (suponen un recorte superior al 50%), cifra muy alejada de la que destinan otros países de la Unión Europea y que no responde a ningún modelo; ni los impagos de las ayudas
comprometidas en el Fondo de Protección de Cinematografía a películas estrenadas dos años antes y que constituyen una deuda de Estado.
Por otro lado, ha supuesto un grave perjuicio al Cine español y a otras actividades culturales la contraproducente medida fiscal de subir el IVA del 8 al 21%, además para recaudar menos.
Los anteriores son algunos ejemplos del daño que está ocasionando el Gobierno a los diferentes sectores del mundo del cine, a una industria cinematográfica cuya cuota de recaudación es del 11,3 sobre el total de la taquilla y que necesita
nuevos apoyos para la estabilidad y competitividad del sector, tanto a nivel internacional corno en el mercado nacional para ganar cuota de pantalla.
La política seguida hasta el momento por los responsables del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte supone un empobrecimiento de nuestra vida cultural, la creación de una imagen negativa de nuestro Cine en los mercados internacionales,
dificultar el acceso de la ciudadanía a las salas de proyección y perjudicar el desarrollo del Cine español como una herramienta educativa y cultural de primer orden. Como parte de esta reflexión crítica es interesante releer el contenido de
algunos párrafos de la carta que dirigió hace unas semanas la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España al Sr. Montoro:
'Al cabo del año somos los responsables de las más o menos 200 películas que se producen en España. Entre ellas, como en todas las cinematografías del mundo hay películas malas, regulares, buenas, muy buenas e incluso algunas excelentes, y
de estas últimas muchas por descubrir, pues es bien sabido que toda obra maestra es un hijo que no se bautiza hasta la muerte del padre. Por supuesto que la intención de todos aquellos que participan en una película es la de hacer un producto
cultural (e incluso de entretenimiento) que goce del favor del público al que va destinado, e incluso de aquello que se conoce como crítica.
Y mire usted, en términos generales nos sentimos razonablemente satisfechos con el cine español. Bien es cierto que somos conscientes de que un sector de nuestra sociedad lo rechaza de forma visceral, que no racional. Son aquellos que
abominan del cine español que no ven. Y la pregunta es obvia: ¿cómo puedes rechazar aquello que no has visto? Indudablemente para ello no hay respuesta posible. Por lo tanto, debemos de dirigirnos a quienes lo ven y a quienes lo juzgan.
Resulta que nuestro cine está muy bien valorado fuera de nuestras fronteras, donde tiene una presencia cada vez mayor -véase el auge de nuestras exportaciones- y de los certámenes internacionales en los que está siempre presente y, en muchos
casos, es reconocido con los más importantes galardones.
Somos plenamente conscientes de que no siempre podemos manifestarnos con nuestro trabajo como queremos, pero sí asumimos la total responsabilidad de lo que somos. Y la verdad es que, sin falsas modestias, nos sentimos orgullosos. Nuestros
actores, nuestros técnicos, nuestros directores, nuestros guionistas, nuestros profesionales en todas las ramas son reconocidos y valorados en su justa medida allá donde se exhiben nuestras obras. Y moral y profesionalmente nos sentimos fuertes,
eso sí con un amargo sentimiento de que se nos valora más fuera que dentro de nuestras fronteras, donde ese sector visceral tiene gran fuerza mediática e incluso, lo que es mucho peor, en el poder político. Bien es cierto que no buscamos solamente
el aplauso, pues quien solo busca eso pone su porvenir y su creatividad en manos ajenas.'
Lo cierto es que en el Grupo Parlamentario Socialista somos, también, muy conscientes de la existencia de otros factores que ya venían afectando a los resultados económicos del Cine. Nos referimos a los cambios de hábitos en relación con el
ocio y el consumo cultural, los vídeo-clubs, la influencia de las nuevas tecnologías, la piratería y la crisis económico-financiera con sus secuelas en la notable disminución de la capacidad de gasto de la gran mayoría de las familias. Del mismo
modo que el insuficiente apoyo en España de las televisiones al Cine y la práctica ausencia de aportación de financiación privada, ajena al sector, a las producciones cinematográficas constituyen problemas añadidos que requieren reforzar las vías de
financiación privada sin merma de las ayudas públicas.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector del Cine y del audiovisual español es el de conseguir un incremento de la inversión privada. A pesar de que la actual coyuntura económica provoca que la liquidez financiera sea
escasa, el cine podría convertirse en un sector de actividad atractivo para el inversor siempre que se contemple como un mercado de alcance estratégico que cuente con el apoyo indudable de la Administración.
Para ello es urgente repasar la aplicación de la Ley del Cine de 2007 y presentar nuevas normas de Financiación del Cine más en línea con las vías y planteamientos existentes en otros estados de la Unión Europea corno Francia, Italia o
Alemania. Por eso, resulta una iniciativa oportuna la creación, con ocasión de un encuentro entre el Ministerio, FAPAE, AEC y PROA en el transcurso de la edición en 2012 del Festival de Cine internacional de San Sebastián, de una Comisión Mixta
para dialogar y estudiar fórmulas de cara a una posible mejora del modelo de financiación que permita una convergencia de posiciones entre los productores, distribuidores, exhibidores, Academia del Cine, televisiones y los Ministerios interesados de
Educación, Cultura y Deporte, Hacienda e Industria. Sin olvidar la necesidad de mejorar la estructura industrial del sector.
Por tanto, y antes de que sea demasiado tarde, visto el retraso del Ministerio en la presentación de la Ley de Mecenazgo, es preciso culminar en la Comisión Mixta, con decisión y acuerdo, la definición del modelo de financiación en base a
una mayor participación de la inversión privada como sustitutiva, en parte, de las cada vez más reducidas subvenciones públicas sometidas a recortes. La cifra de los incentivos fiscales y, más concretamente, el mayor porcentaje de la desgravación
por inversiones privadas de particulares y empresas en la industria cinematográfica (en la actualidad es del 18%), las aportaciones de las televisiones o los posibles nuevos criterios a aplicar en la concesión de ayudas públicas a las producciones
españolas son claves para que un modelo de financiación resulte eficiente.
Es momento de acabar con la indecisión y el recorte de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al Cine español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Expresar su inequívoco apoyo a los diferentes sectores que forman parte de la industria cinematográfica y audiovisual españolas y estimular una apuesta decidida por la calidad y la competitividad internacional.
- Duplicar, al menos, el presupuesto del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) para el ejercicio 2014 y a proceder a la modificación del actual IVA cultural pasando del 21 al IVA reducido del 10%.
- Presentar en cumplimiento de sus compromisos ante la Comisión de Cultura del Congreso, y antes de que finalice 2013, un modelo de financiación mixta pública-privada y los criterios en el reparto de las ayudas públicas para impulsar, desde
el próximo ejercicio de 2014, el Cine español de acuerdo con los sectores implicados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la protección del yacimiento arqueológico de San Vítor de Barxacova, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El origen del yacimiento arqueológico de San Vítor de Barxacova en Parada de Sil, Ourense, consiste en una necrópolis al aire libre excavada en la roca que, aunque datada entre los siglos IX y XI, pude remontarse a épocas anteriores dada la
presencia de materiales más antiguos como una tégula romana,
Algunos de los materiales encontrados más modernos, como monedas de los siglos XIII al XV, revelan la larga existencia en el tiempo de este yacimiento en el que asentaba una pequeña capilla probablemente prerrománica, hoy desaparecida, cuyos
muros aún existían a principios del siglo XX. La roca sobre la que se asienta la capilla constituía una atalaya muy posiblemente relacionada con el control sobre el cañón del río Mao.
Esta localización estaba vinculada al antiguo camino, el más importante hasta el siglo XII entre Forcas y San Lorenzo de Barxacova que llevaba al puente 'das Conceliñas', estando documentado el paso por estas tierras hacia el Sil.
Según documentación aportada por el Concello de Parada de Sil que, con la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, ha promovido las excavaciones y estudios arqueológicos, es probable que haya existido, antes de la construcción
de la necrópolis, algún tipo de construcción en época romana. Así, un minado (encontrado en Graña de Seoane), dos sillares almohadillados (encontrados en Ivil y San Lourenzo), un molino manual (encontrado en A Cal de Abaixo-Sacardebois) y la
localización de un yacimiento romano en Chandrexa de Queixa, apoyan esta teoría.
A principios del siglo XX se instaló sobre una base de hormigón, una torre eléctrica para la distribución de la energía producida en la vecina Fábrica de la Luz situada a orillas del río Mao.
Las excavaciones arqueológicas se inician en el año 2010 con el derribo de esta torre eléctrica, empezando con la limpieza de la zona que muestra ya 9 de las 35 tumbas encontradas a día de hoy.
Las tumbas alcanzan los 2.5 metros de longitud que se explica por haber sido agrandadas por la excavación de una tumba sobre otra, en una superposición de estructuras, coincidiendo los pies de la segunda sobre la cabeza de la primera,
alineadas perfectamente unas con otras.
Todos los datos que se han ido aportando a lo largo de los trabajos de excavación revelan la importancia del yacimiento y por lo tanto la necesidad de protegerlo y ponerlo en valor.
En este momento, y dado el interés de expertos y visitantes, el Ayuntamiento de Parada de Sil ya ha empezado a organizar visitas guiadas para divulgar este tesoro patrimonial, potenciando al mismo tiempo los valores paisajísticos tan
singulares que lo rodean especialmente los que genera el Cañón del Mao.
Es más, dada la preocupación por el asunto, el Ayuntamiento de Parada de Sil con el apoyo de la Diputación Provincial, ya llevó a cabo una intervención de emergencia ejecutada por la Escuela de Restauración de Pontevedra y la Universidad de
Cádiz.
Pero es obvio que la protección de este yacimiento requiere de una intervención especial que evite el deterioro que se ha detectado debido a los condicionantes meteorológicos que van erosionando las tumbas que hasta hoy habían permanecido
bajo tierra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en coordinación con la Xunta de Galicia y el Concello de Parada de Sil:
- Lleve a cabo las actuaciones necesarias de protección del yacimiento arqueológico de San Vítor de Barxacova en Parada de Sil, con las características apropiadas al entorno paisajístico y natural en el que se encuentra y que, entre otras
acciones, contemplará:
La adecuación del camino desde San Lorenzo de Barxacova.
Una pasarela perimetral de madera.
Una cubrición de vidrio sobre las tumbas.
- Estas actuaciones de protección se complementarán con medidas de promoción y puesta en valor de esta necrópolis ubicada en la Ribeira Sacra ourensana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión, ante la
Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para fomentar las pinturas base agua en el marcado de las líneas de seguridad de tráfico de las carreteras.
La protección del medio ambiente es uno de los ejes vertebradores de las políticas comunitarias, ya que la Unión Europea es una firme defensora del impulso de un modelo de desarrollo sostenible. Es por ello que la Estrategia 2020 tiene como
una de sus prioridades la lucha contra el cambio climático y la reducción significativa de las emisiones con el fin de impedir la degradación del medio ambiente.
En la actualidad, uno de los elementos que más perjudican al medio ambiente y que contribuyen a degradarlo son los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), sustancias químicas que incorporan, entre otros elementos, las pinturas y barnices con
base de disolvente.
La Directiva Europea 2004/42/CE tuvo como objeto limitar el uso de las emisiones de dichos compuestos orgánicos y, en los últimos años, ha habido algún avance, ya que el uso de dichas sustancias se ha reducido.
Sin embargo, actualmente el marcado de las líneas de seguridad de tráfico en las carreteras españolas se realiza principalmente con pinturas que contienen un alto nivel de disolventes, lo que contribuye al efecto invernadero. De acuerdo con
el Paint Quality Institute, 'estos solventes son responsables del fuerte olor percibido en los edificios o carreteras que han sido recién pintados y son potencialmente peligrosos para la salud humana y para el medio ambiente'.
En otros países, conscientes de los perjuicios que ocasionan las pinturas con alto nivel de disolventes, han reemplazado las mismas por pinturas de agua (ejemplo de ello son Suecia, Estados Unidos y Australia).
En España, viendo los éxitos que tienen dichas pinturas, que se adecuan a una gran variedad de climas y carreteras, se están empezando a utilizar de manera excepcional en autopistas privadas y en algunas carreteras dependientes del
Ministerio de Fomento y, desde hace años, es un requisito obligatorio utilizar dichas pinturas en la señalización de los aeropuertos.
Por ello, se considera necesario que se empiece a fomentar el uso de dichas sustancias más respetuosas con el medio ambiente y saludables para los ciudadanos. En este sentido, consideramos necesario que se evalúe la posibilidad de utilizar
pinturas a base de agua en la señalización de carreteras y otras vías tal y como sucede en la actualidad en la señalización de los aeropuertos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una mayor utilización de pinturas a base de agua en la señalización de las líneas de seguridad de trafico de las carreteras de su competencia, previa evolución de las ventajas que
este sistema puede comportar y de acuerdo con la experiencia de otros países que han potenciado su uso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-P.D., El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/001328
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Tiene el Gobierno conocimiento del total de personal eventual y cargos de confianza que existen en el conjunto de los departamentos ministeriales, organismos de estos y agencias estatales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión Fomento
181/001329
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Preguntas con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
¿Cuáles han sido los motivos que han provocado el accidente ferroviario producido en la Estació de Sant Andreu Arenal el día 27 de octubre?
¿Qué medidas se van a tomar para evitar que se vuelva a repetir un accidente de similares características?
¿El accidente se habría podido evitar si el servicio de Rodalia de Barcelona tuviese el sistema ERMTS?
¿La información que recibieron los pasajeros afectados tras el accidente fue la adecuada?
¿Qué protocolo de información a los pasajeros en caso de accidente se activó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2013.-Pere Macias i Arau, Diputado.
181/001332
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno cumplir el Decreto 1617/2011, de 14 de noviembre, en relación a las Chumberas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2013.-Patricia Hernández Gutiérrez, Diputada.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/001327
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña Rosana Pérez Fernández
Texto:
¿Conoce el Ministerio de Empleo la propuesta del Ministerio de Educación de utilizar personas desempleadas bajo la fórmula de 'trabajo social' para la gestión de las becas en las Universidades? ¿No considera que se están cubriendo plazas
laborales en la Administración pública de manera irregular? ¿Comparte el Ministerio esta forma de proceder cuando es evidente que se precisa más personal laboral dado que se le requiere un perfil profesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.
OTROS TEXTOS
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000016
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional de solidaridad con el pueblo filipino por la tragedia del huracán Yolanda.
'El Congreso de los Diputados quiere expresar su máxima solidaridad con el pueblo filipino ante la tragedia y devastación generada por el huracán Yolanda a su paso por Filipinas. Compartirnos el dolor ante el gran número de fallecidos y
personas que han perdido no solo a sus seres queridos, sino todo lo que representaba su forma de vida. Elevamos desde el Congreso una petición al Gobierno y a toda la ciudadanía para que respondan con la máxima generosidad y urgencia en apoyo a la
tragedia sufrida por el pueblo hermano de Filipinas.'
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.